Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 110013103039201000146 05

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Clara Inés Márquez Bulla

Fecha: 2014-04-07

Sujetos procesales: ARTURO BOLÍVAR OÑATE GARZÓN Y OTROS / NEANDER LTDA Y ALCAZAR BARÚ S.A.

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IDENTIFICACI�N DEL PROCESO Magistrada Ponente: CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA Radicaci�n: 110013103039201000146 05 Procedencia: Juzgado 18 Civil del Circuito de Descongesti�n de Bogot� D.C. Demandantes: Arturo Bol�var O�ate Garz�n y otros Demandados: Neander Ltda y Alcazar Bar� S.A. Proceso: Ordinario Recurso: Apelaci�n de Sentencia Discutido y Aprobado en Salas de Decisi�n del 28 de agosto y 11 de diciembre de 2013.

Actas 35 y 52. 2. PROP�SITO DE LA DECISI�N Se dirimen los recursos de apelaci�n interpuestos por las partes contra la sentencia de diecinueve (19) de marzo de dos mil trece (2013) proferida por el Juzgado Dieciocho (18) Civil del Circuito de Descongesti�n de Bogot� D.C., dentro del proceso ORDINARIO promovido por JULIO MU�OZ MART�N, OTTO LUIS NASSAR MONTOYA y BOL�VAR O�ATE GARZ�N contra las sociedades ALCAZAR BAR� S. A. y NEANDER LTDA. 3.

ANTECEDENTES Julio Mu�oz Mart�n, Otto Luis Nassar Montoya y Bol�var O�ate Garz�n presentaron demanda contra las sociedades Alcazar Bar� S. A. y Neander Ltda., para que previos los tr�mites de un proceso ordinario de mayor cuant�a se hicieran los siguientes pronunciamientos: 3.1. La demanda 3.1.1 Pretensiones Principales Declarar la simulaci�n absoluta del contrato de compraventa celebrado por Alcazar Bar� S. A., y Neander Ltda., elevado a escritura p�blica 6476 el 31 de diciembre de 2009 otorgada en la Notaria Treinta y seis (36) del C�rculo de Bogot�, D. C., registrada en los folios de matr�cula inmobiliaria 060-151011, 060-91344 y 060-151012, a trav�s de la cual, la primera de las mencionadas transfiri�, a t�tulo de venta real y efectiva, a favor de la segunda, el derecho de dominio y la posesi�n plena sobre los siguientes predios: Centro Am�rica, Guayac�n y Bella Vista �antes Centro Am�rica-, situados en la isla Bar�, corregimiento de Santa Ana, municipio de Cartagena, departamento de Bol�var.

Ordenar como consecuencia de lo anterior, se informe a la Notaria tomar nota de la decisi�n que se adopte, as� mismo, a la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos de Cartagena, para la cancelaci�n de la inscripci�n del citado documento p�blico en los folios de matr�cula inmobiliaria aludidos. Condenar a las sociedades Alcazar Bar� S. A., y Neander Ltda., al pago de los da�os y perjuicios causados al extremo demandante, por la conducta asumida. 3.1.2.

Pretensiones Primeras Subsidiarias Declarar la simulaci�n relativa del contrato de compraventa celebrado por Alcazar Bar� S. A., y Neander Ltda., elevado a escritura p�blica 6476 de 31 de diciembre de 2009 otorgada en la Notaria Treinta y Seis (36) del C�rculo de Bogot�, D.C., registrada en los folios de matr�cula inmobiliaria 060-151011, 060-91344 y 060-151012, a trav�s de la cual, la primera de las mencionadas transfiri�, a t�tulo de venta real y efectiva, a favor de la segunda, el derecho de dominio y la posesi�n plena sobre los siguientes predios: Centro Am�rica, Guayac�n y Bella Vista �antes Centro Am�rica- situados en la isla Bar�, corregimiento de Santa Ana, municipio de Cartagena, Departamento de Bol�var.

Determinar que el v�nculo jur�dico que lig� a tales contratantes fue una donaci�n entre vivos realizada por la sociedad Alcazar Bar� S. A., a favor de Neander Ltda. Precisar que el negocio jur�dico de la donaci�n s�lo es v�lido hasta el monto permitido por la ley, por tanto, el excedente degenera en nulidad por ausencia de insinuaci�n. Disponer como consecuencia, que la sociedad Neander Ltda., debe restituir a la persona jur�dica Alcazar Bar� S. A., el exceso de la donaci�n. Informar a la Notaria que tome nota de la decisi�n que se adopte, para su correspondiente inscripci�n marginal en la escritura p�blica 6476 de 31 de diciembre de 2009; as� mismo, a la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos de Cartagena, para la cancelaci�n de la inscripci�n del citado documento p�blico en los folios de matr�cula inmobiliaria 060-151011,060-91344 y 060-151012.

Condenar a las sociedades Alcazar Bar� S. A., y Neander Ltda., al pago de los da�os y perjuicios causados al extremo demandante, como consecuencia de la conducta asumida por las dos personas jur�dicas. 3.1.3. Pretensiones Segundas Subsidiarias Declarar la rescisi�n por lesi�n enorme del contrato de compraventa celebrado por Alcazar Bar� S. A., y Neander Ltda., elevado a escritura p�blica 6476 de 31 de diciembre de 2009 otorgada en la Notaria Treinta y seis (36) del C�rculo de Bogot�, D. C., registrada en los folios de matr�cula inmobiliaria 060-151011, 060-91344 y 060-151012, a trav�s de la cual, la primera de las mencionadas transfiri�, a t�tulo de venta real y efectiva, a favor de la segunda, el derecho de dominio y la posesi�n plena sobre los siguientes predios: Centro Am�rica, Guayac�n y Bella Vista -antes Centro Am�rica- situados en el corregimiento de Santa Ana, municipio de Cartagena, departamento de Bol�var.

Disponer como consecuencia de lo anterior, que Neander Ltda., debe restituir los inmuebles objeto del negocio jur�dico a la sociedad Alcazar Bar� S. A., junto con sus componentes, anexidades, mejoras y usos, libres de hipotecas u otros derechos reales. 3.2. Los hechos 3.2.1. La demanda se sustent� en que la sociedad Alcazar Bar� S. A., en su condici�n de vendedora y Neander Ltda., en su calidad de compradora, celebraron contrato de compraventa a trav�s de la escritura p�blica 6476 del 31 de diciembre de 2009, otorgada en la Notar�a Treinta y Seis (36) del C�rculo de Bogot� D. C., registrada en los folios de matr�cula inmobiliaria 060-151011, 060-91344 y 060-151012, en tanto que, los bienes objeto de esa negociaci�n fueron: Centro Am�rica, Guayac�n y Bella Vista -antes Centro Am�rica-, situados en la isla Bar�, corregimiento de Santa Ana, municipio de Cartagena de Indias, departamento de Bol�var.

El precio dado por las sociedades demandadas a los predios fue de $1.074�698.000,00 recibido en dinero en efectivo por la vendedora; respecto a la entrega se afirm� en el documento p�blico haberse realizado a la compradora y que los mismos se destinar�an al proyecto �Alcazar Bar��, ��consistente en un proyecto tur�stico y residencial atendiendo el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena� y el proyecto Alcazar Bar� Golf��.

La conducta ejercida por el se�or Hernando Pryor Var�n, en su calidad de ��representante legal, impostor, de la sociedad vendedora y compradora, s�lo que en esta �ltima ante la imposibilidad jur�dica, lo represent� (sic) sus hijos, as� como la de �stos �ltimos,�� ocasion� grandes p�rdidas econ�micas al proyecto de Alcazar Bar� S. A. y en especial a las personas interesadas en la demanda, derivadas en que la demora y traslado de los inmuebles no ha permitido concretar las negociaciones de la venta del proyecto.

Las sociedades actuaron de mala fe, colusi�n y fraude inducido a defraudar a los socios reales y acreedores de la misma. 3.2.2. El inter�s que les asiste a los integrantes de la parte demandante se resumen, as�: Julio Mu�oz Mart�n fung�a como representante legal de Alcazar Bar� S. A. y oficiaba como Presidente de la Junta Directiva ��hasta cuando en forma ilegal, contrariando los estatutos legales el se�or Hernando PRYOR VAR�N, logr� registrar nueva junta y por supuesto nombr�ndose �l mismo como representante legal��; y, de esa forma traspasar los bienes inmuebles objeto de este asunto.

El se�or Mu�oz Mart�n accionista de la aludida persona jur�dica, ten�a la expectativa de la venta del proyecto y de la negociaci�n con Hernando Pryor Var�n ��quien para frustrar toda negociaci�n, dej�ndola sin piso opt� por desaparecer los bienes de la sociedad, esto es haciendo su traspaso a una sociedad compuesta por su familia��; Otto Luis Nassar Montoya suplente del Gerente hasta cuando hicieron los registros fraudulentos por parte de Pryor Var�n, tambi�n ostentaba su condici�n de accionista, lideraba la venta del proyecto y las negociaciones con el se�or en menci�n. Bol�var O�ate Garz�n es acreedor de la sociedad Alcazar Bar� S. A., de acuerdo con el contrato de prestaci�n de servicios de fecha 15 de julio de 2008, m�s a�n, cuando ha visto disminuida su posibilidad de pago ante la desaparici�n de los inmuebles de la sociedad, precisamente por el accionar de Pryor Var�n. 3.2.3 La sociedad Alcazar Bar� S. A., es propietaria de los inmuebles a que se contrae la escritura p�blica 6476 del 31 de diciembre de 2009, destinados al proyecto tur�stico comentado, as� se recoge en la licencia, resoluci�n y en el proyecto concebido para dicho prop�sito ��y en esas condiciones en cierta medida, son prenda de garant�a para los acreedores de dicha sociedad, y a toda negociaci�n que pudiera hacer la sociedad an�nima��. 3.2.4.

El se�or Hernando Pryor Var�n con el fin de ver truncadas las iniciativas de venta del proyecto, las cuales fueron en abundancia, empez� a dilatar la negociaci�n de pago del saldo correspondiente a la compraventa, y al mismo tiempo desarrolla conductas il�citas, aprovechando la confianza que le hab�an dado los accionistas reales, v. gr., se apropi� de la sociedad Alcazar Bar� S. A., designando a su acomodo la Junta Directiva ��que nada tiene que ver con el proyecto ni con la sociedad, imponiendo nuevos accionistas que coloca al azar, que en forma simulada se prestaron, y que coadyuvan con la ilicitud desplegada,��.

Entre las conductas que pueden tildarse de fraudulentas por Hernando Pryor Var�n, est�n: El cambio de la Junta Directiva, tanto los principales como los suplentes, la imposici�n de nuevos accionistas ��que salieron de la nada�� y el haberse nombrado como Presidente, representante legal de tal sociedad y desde all� �defraudar a los accionistas verdaderos, como a los acreedores de la sociedad� y una vez en esa calidad traspasar los bienes antes descritos a favor de Neander Ltda., ��en donde, igualmente, se registra como representante legal, y como socio junto con sus hijos��. 3.2.5.

La simulaci�n se configura con el nombramiento de la Junta Directiva y de la representaci�n legal por Hernando Pryor Var�n, para ocultar los inmuebles e imposibilitar las acciones de los acreedores y de la negociaci�n futura, realizar el traspaso de tales bienes ra�ces mediante la escritura p�blica 6476 del 31 de diciembre de 2009 en la Notar�a 36 del C�rculo de Bogot� D. C., inscrita en los folios de matr�cula inmobiliaria 060-151011, 060-151012 y 060-913444.

La sociedad compradora Neander Ltda., no ten�a capacidad econ�mica para realizar en ese momento la compra, sus libros contables y sus cuentas bancarias no reflejan dicha prestaci�n dineraria, de manera que, la estipulaci�n relacionada con la suma de $1.074�698.000,00 de la cual se desprendi� �sta a favor de Alcazar Bar� S. A., es totalmente falsa.

Entre el se�or Hernando Pryor Var�n y los socios de Neander Ltda., �hijos de Pryor Var�n�, existe un parentesco, ��la firma de la mentada escritura de compraventa la firmaron los hijos de aqu�l, esto es, Germ�n PRYOR ALGARRA y Juan Camilo PRYR (sic) ALGARRA, segundo suplente del gerente y primer suplente del gerente de la sociedad NEANDER LTDA��.

Los socios de Neander Ltda., liderada por Hernando Pryor Var�n, conoc�an de antemano con amplitud la negociaci�n que se ven�a dando y sobre la frustraci�n ideada por el padre de los accionistas. La posesi�n de los bienes ra�ces continu� en cabeza de la sociedad Alcazar Bar� S. A., como si no se hubiera realizado ning�n contrato de compraventa; igualmente, se le siguieron cancelando a los vigilantes y trabajadores de los inmuebles comprometidos por parte de la misma sociedad.

La ligereza con que actuaron las dos partes, se deja ver por la falta de un acuerdo previo, esto es, de la promesa de compraventa; incluso, la premura los llev� a cometer errores en el documento p�blico �por ejemplo� estipularse como si se tratase de un solo bien, la no relaci�n de la hipoteca que pesaba sobre los inmuebles y no se determin� individualmente la cuant�a de los bienes ��lo que har�a que se est� ante una falta de requisito esencial y sustancial del contrato de compraventa, con lo que podr�a vislumbrarse una nulidad absoluta por falta de determinaci�n del precio, y por tanto la oficiosidad del juez emerger�a en su momento oportuno��.

El 15 de enero de 2009, un autoaval�o, imponiendo para tal fin los siguientes precios: inmueble Bellavista con folio de matr�cula inmobiliaria 060-913444 por $4.800�000.000,00, Centro Am�rica con folio de matr�cula inmobiliaria 060-151011 por $7.600�000.000,00; y, Guayac�n con folio de matr�cula inmobiliaria 060-151012 por $7.600�000.000,00, ��sin contar el precio comercial��.

La enajenaci�n no tuvo prop�sito distinto al de sacar los bienes del patrimonio de Alcazar Bar� S. A., con el fin de que no sirvieran de garant�a de las distintas obligaciones determinadas y exigibles, as� tambi�n evitar la venta del proyecto con claras repercusiones para los accionistas reales, am�n de poder hacer exigencias econ�micas que nunca se acordaron al inicio de la negociaci�n que pretend�a Hernando PRYOR VAR�N aprovecharse ante la confianza y la buena aceptaci�n del proyecto a realizar.

La intenci�n de las sociedades demandadas fue defraudar a los acreedores y a los accionistas reales de la sociedad Alcazar Bar� S. A. y pretender aprovechar la posici�n de Pryor Var�n para sacar un lucro econ�mico que en ning�n momento le correspond�a, al darse cuenta de la abundancia de propuestas dadas alrededor del proyecto. Si se llegare a establecer que se quiso donar, dicho negocio jur�dico se tornar�a nulo ante la falta de insinuaci�n, la cual no hicieron las sociedades demandadas de conformidad con la ley que la regula. 3.2.6.

La lesi�n enorme se cristaliza por cuanto las sociedades le dieron a los inmuebles un valor de $1.074�698.000,00 cifra que ni siquiera compensa con la mitad de uno solo de ellos. Si se aceptara esa cuant�a cada inmueble tendr�a un valor de $358�232.666,00 lo que es irrisorio, cuando de acuerdo al autoaval�o el precio es mucho mayor. El valor comercial de los bienes para el d�a de la compraventa � 31 de diciembre de 2009� era como sigue: Bellavista $6.800�000.000,00, Centro Am�rica $10.600�000.000,00 y Guayac�n $ 10.600�000.000,00.

Aunado a ello, el incremento se ha dado por el desarrollo del proyecto a realizar, adem�s, porque en la regi�n se empezaron a llevar a cabo otras inversiones de la misma �ndole, adem�s de las infraestructuras realizadas por las autoridades de la regi�n, que han visto all� un polo de desarrollo urban�stico de proporciones may�sculas. 3.3. Tr�mite Procesal El libelo correspondi� por reparto al Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot�, D. C., Despacho que lo admiti� a tr�mite mediante auto de 26 de mayo de 2010 y all� dispuso la notificaci�n al extremo pasivo. �folios 285 Cuaderno 1-.

La demandada Neander Ltda., se notific� por medio de apoderado judicial, el 23 de junio de 2010 y la persona jur�dica Alcazar Bar� S. A., por conducta concluyente el 21 de octubre de 2010. Oportunamente se opusieron a las pretensiones, aceptaron como ciertos algunos hechos, otros los negaron y formularon las excepciones de m�rito que denominaron �FALTA DE LEGITIMACI�N EN LA CAUSA DE LOS DEMANDANTES, LEGALIDAD DEL NEGOCIO DE COMPRAVENTA, CARENCIA DE DERECHO DE LOS DEMANDANTES y TEMERIDAD� la primera.

Por su parte, Alcazar Bar� S.A., se�al� algunos hechos como ciertos otros no constarle, interpuso la excepci�n de m�rito de �FALTA DE LEGITIMACI�N EN LA CAUSA DE LOS DEMANDANTES�. Convocadas las partes a la audiencia prevista en el art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil, se declar� fracasada la etapa de conciliaci�n, en su momento se resolvieron las excepciones previas propuestas y mediante sentencia anticipada, en audiencia, declar� probada la falta de legitimaci�n en la causa de los demandantes Julio Mu�oz Mart�n y Otto Luis Nassar Montoya.

Respecto de �stos termin� el proceso. Para Arturo Bol�var O�ate Garz�n la consider� improbada. Por auto de 14 de marzo de 2008, se abri� a pruebas el proceso y practicadas en la medida posible, mediante prove�do de fecha 4 de agosto de 2011 se otorg� traslado a las partes para alegar de conclusi�n, derecho ejercido por los extremos del litigio. �folios 168- 170; 278 a 299 cuaderno 1-.

Apelada la decisi�n adoptada, esta agencia judicial, la confirm� en providencia del 20 de enero de 2012 �folios 16-21 cuaderno 4-. Surtidas las restantes etapas del proceso, el a-quo dict� sentencia de primera instancia en la que desestim� las pretensiones del libelo genitor y conden� en costas al extremo demandante. Formulado recurso de apelaci�n, se concedi� en prove�do del 11 de abril de 2013.

4. LA SENTENCIA IMPUGNADA Previo recuento de los antecedentes del litigio y el tr�mite procesal, sostuvo el Juez de primer grado que v�a jurisprudencial se ha puntualizado que terceras personas bajo el condicionamiento de abrogarse un inter�s jur�dico, pueden demandar la simulaci�n y, en el sub lite, el actor Bol�var O�ate act�a en calidad de acreedor de la sociedad Alc�zar Bar� Ltda. -Hoy S. A.-, en virtud del contrato de prestaci�n de servicios p�blicos profesionales de abogado tributario acordado con el representante legal de la mencionada persona jur�dica en julio de 2008.

Seguidamente, hizo �nfasis en la mixtura que presenta la excepci�n de falta de legitimidad, en la medida de su proposici�n conductual como previa ora como enervante de m�rito y bajo esa connotaci�n habilit� el estudio al establecer que en Bol�var O�ate existe para procurar la acci�n de simulaci�n y, por supuesto, la restante presentada de lesi�n enorme.

En esa medida, hizo gala de su calidad de acreedor con fundamento en un t�tulo cuya memoria aparece en el expediente. Agreg�, que inicialmente �en la audiencia del art�culo 101� se dedujo del contrato de prestaci�n de servicios visible a folios 143 y siguientes, el inter�s jur�dico de O�ate; sin embargo, dicho negocio fue maltrecho en su existencia y efectos por la demandada bajo el atisbe de que ��en primer lugar la fecha de suscripci�n del mismo es motivo de duda, ya que si bien su tenor literal se�ala que se suscribi� el 15 de julio de 2008, la autenticaci�n que se hizo del mismo, fue realizada hasta el d�a 10 de marzo de 2010�, es decir, tres d�as antes de presentarse la demanda��.

Centr� su an�lisis en el t�tulo ejecutivo para determinar la calidad de acreedor atribuible al actor, dada la diferencia entre el aspecto formal frente al material del instrumento; bajo ese sentir, pese a la presencia del documento, sostuvo su inexistencia material, en la medida que el actor no exhibi� para su pago el mismo ni ejerci� la calidad de acreedor, carga que en el expediente no aparece configurada o acreditada, incluso, se hubiese satisfecho con la exhibici�n de la factura desde julio de 2008.

Concluye que el demandante no busc�, por alg�n medio, obtener el pago antes o despu�s de efectuarse la compraventa presumiblemente simulada. Adicionalmente, no se demostr� que hubiere confeccionado dictamen, informe o t�tulo en virtud de su cargo, del cual se pueda derivar obligaci�n de Alc�zar Bar� a favor del actor, m�s a�n cuando el inter�s se funda en un contrato sin acreditar que la prestaci�n se gener� y que a la fecha se adeuda su pago.

Agreg�, que la pretensi�n se prolonga al reconocimiento de obligaciones futuras que no constituyen acreencia en procura del petitum demandatorio, aseveraci�n que la percibi� del interrogatorio cuando expres� �� se extender�n en tanto que persistan las obligaciones fiscales de la empresa, respecto de la DIAN y los entes territoriales��. Como punto final, juzg� que en la hip�tesis que el contrato hubiese sido demostrado al interior de Alc�zar Bar� S. A., en todo caso, las obligaciones crediticias, no se constituyen con la sola suscripci�n, sino que requieren, para este caso, de la estructuraci�n de la obligaci�n ejecutiva, pues, a lo sumo dar�a fe del pacto de unos servicios, requiri�ndose adicionalmente las facturas de cobro provenientes del acreedor conforme la cl�usula 6� y, solo as�, se deriva la concreci�n del derecho y por supuesto se tendr� certeza de una deuda cierta, es decir, del quantum adeudado y la fecha desde la que se debe. 5.

LA APELACI�N La decisi�n de primera instancia fue opugnada por ambas partes, la demandante principalmente y, la pasiva, adhesivamente, cuyas bases argumentativas se abordar�n en la parte motiva. 6. CONSIDERACIONES 6.1. En el caso en estudio, los requisitos establecidos por la ley como necesarios para la regular formaci�n y perfecto desarrollo del proceso se encuentran presentes.

En efecto, esta Sala Civil del Tribunal es competente para decidir los recursos de apelaci�n que se formularon contra la sentencia del juez de primera instancia, la demanda observ� en su estructuraci�n las formalidades de ley; la actuaci�n recibi� el tr�mite del proceso ordinario de mayor cuant�a, as� mismo, la capacidad para ser parte y para comparecer al proceso est�n presentes, de este asunto conoci� la autoridad judicial competente, no solo por la naturaleza jur�dica de la acci�n, sino tambi�n por el domicilio de las partes. 6.2.

Sea lo primero precisar que la persona jur�dica Neander Ltda., formul� con fecha 23 de mayo de esta anualidad apelaci�n adhesiva, buscando se aumente el quantum de las agencias en derecho fijadas en el ordinal 2� de la providencia cuestionada. Si bien en auto de 29 mayo de este a�o, se admiti� y se le imprimi� curso legal a dicha alzada, lo anterior no es �bice para precaver su presentaci�n prematura no respecto a la postulaci�n en tiempo bajo los acordes del art�culo 353 inciso 1� de la Ley Adjetiva Civil que s�, en relaci�n con la postura material del escrito, v. gr., se busc� un aumento en las agencias en derecho cuantificadas por el Juez de Conocimiento en $26�750.000,00, sin persuadirse el inconforme adhesivo, en que el ejercicio de contradicci�n concreta en ese punto, impone una fase procesal especial distinta a la escogida, esto es, �mediante objeci�n a la liquidaci�n de costas� bajo los lindes del canon 393 numeral 4 ib�dem, raz�n impositiva de la antelaci�n con que se present�, m�s a�n cuando por obvias razones no est�n liquidadas a�n. 6.3.

Efectuadas las anteriores precisiones, cabe recordar que en el libelo introductorio se pretendi� por los se�ores Julio Mu�oz Mart�n, Otto Luis Nassar Montoya y Bol�var O�ate Garz�n, como petitum principal la simulaci�n absoluta del contrato de compraventa celebrado entre la sociedad Alc�zar Bar� S. A. y Neander Ltda., contenido en la escritura p�blica 6476 de 31 de diciembre de 2009 otorgada en la Notar�a Treinta y seis (36) del C�rculo de Bogot�, D. C., registrada en los folios de matr�cula inmobiliaria 060-151011, 060-91344 y 060-151012; como pretensi�n primera subsidiaria se busc� la simulaci�n relativa y como segunda subsidiaria la lesi�n enorme �folios 250-255 cuaderno 1-. 6.4.

El apelante dedic� parte de su espacio a la sentencia anticipada que se dict�, para desde all� indicar que prima facie se le reconoci� a Bol�var O�ate Garz�n inter�s leg�timo para abrir la puerta de la acci�n de simulaci�n. No obstante, afirm� que el juzgador de instancia dej� de pronunciarse sobre las pruebas documentales, es m�s, no hizo memoria de los contratos de prestaci�n de servicios existentes con Alc�zar Bar� S. A., y los integrantes de la parte demandante, siendo los mismos que se ten�an con Bol�var O�ate.

Tild� que esa conducta del a-quo no honra la buena fe, contrario sensu, tuvo como prop�sito auxiliar los intereses de la demandada. Adicion� su dicho, en que con la demanda refulge el inter�s econ�mico reconocido por la parte pasiva en relaci�n con Julio Mu�oz Mart�n, persona que tuvo la representaci�n legal de Alc�zar Bar� S. A.; respecto de Otto Nassar se reconoci� su condici�n de sub-gerente, quien realiz� algunos convenios con Hernando Pryor Var�n referidos a los bienes ra�ces materia del libelo.

En lo que respecta al se�or O�ate est� probado con el contrato de prestaci�n de servicios, negocio jur�dico que no fue desconocido por el Juez de primera instancia �y que ahora lo hace parecer como carente de inter�s jur�dico serio�. Entiende el recurrente que tan s�lo con una operaci�n aritm�tica, es suficiente para entra�ar �su cuant�a may�scula, sin importar si hay o no factura, pues ese no es requisito para probar la obligaci�n existente�.

Reiter� la existencia de una inclinaci�n del a-quo en favorecer a la demandada. Afianz� su argumento en los certificados de C�mara de Comercio de Alc�zar Bar� S. A., donde se prob� la condici�n de Gerente y subgerente de Julio Mu�oz y Otto Nassar, en su orden; el documento aut�ntico de 25 de junio de 2009 suscrito por Pryor traspasando las acciones de Neander Ltda., al se�or Nassar Montoya, demostr�ndose su condici�n de accionista; los documentos donde aparecen los diferentes compromisos de la sociedad Alc�zar Bar� S. A., -por ejemplo- el plan de negocios de Dinamos Consultores -del 2 de noviembre de 2008- y los diferentes documentos originados por Pryor relacionados con la negociaci�n, pago de los inmuebles, tal como el del 7 de diciembre de 2009, demostrativos de la relaci�n, as� como el inter�s entre los actores y Pryor.

Todo ello para respaldar la legitimaci�n de los se�ores Mu�oz, Nassar y O�ate en demandar la simulaci�n. En fin, lo anterior para concluir el restablecimiento del derecho de los demandantes para ser leg�timos contradictores, ��pues la sentencia anticipada y no definitiva no puede ser obst�culo para volver a valorar la situaci�n jur�dica presentada, as� como no lo fue para el juez al volver a tocar el tema con relaci�n a Bol�var O�ate �. 6.5.

D�gase inicialmente que las excepciones que se califican como mixtas, atienden a ese apelativo en la medida que se erigen en un mecanismo de proposici�n por doble partida, como previa o de m�rito, pues, as� se estableci� en el art�culo 6� de la Ley 1395 de 2010. Sin embargo, en los efectos decisorios indic� una marcada distinci�n que, por supuesto, implica para el sub lite unas connotaciones especiales.

Si el juez encuentra probada cualquiera de las defensas del inciso in fine del art�culo 97 deber� dictar sentencia anticipada, circunstancia que de contera permite una conclusi�n obligada, cual es que, si no est� llamada a prosperar su pronunciamiento debe adoptarse por auto interlocutorio. As� las cosas, una sentencia anticipada de las connotadas caracter�sticas, no es una decisi�n �no definitiva� como lo indic� el apelante, todo lo contrario, constituye un aspecto sobre el cual no puede volverse, pues, se cerr� toda discusi�n cuando cobr� ejecutoria, hace tr�nsito a cosa juzgada material, luego, en el plenario, ante la deserci�n del recurso de apelaci�n conforme se consider� en auto del 10 de febrero de 2012, se ultim� ese aspecto de la legitimaci�n en la causa de Julio Mu�oz Mart�n y Otto Luis Nassar Montoya.

Por consiguiente, ese lindero de la alzada no tiene asidero jur�dico. 6.6. El debate restante plantea un primer interrogante y es si, declarada la improsperidad de una de las excepciones mixtas, puede volverse sobre ella, en la decisi�n de fondo, o si por el contrario, al igual que cuando se dicta sentencia anticipada, adquiere firmeza y ese punto jur�dico no puede volverse a desabrigar so pretexto de la aducci�n de medios de prueba cuya valoraci�n impone una situaci�n distinta de la sugerida con antelaci�n. La respuesta encuentra temprana soluci�n y es que si, en la medida que precisamente por la mixtura de la excepci�n, permite su postulaci�n y resoluci�n en dos escenarios procesales distintos, es por esa circunstancia que puede palparse el punto en la sentencia, cuando la naturaleza misma de la acci�n de simulaci�n impone una fase de atisbo de sus presupuestos axiol�gicos entre ellos la titularidad del derecho de quien precave la pretensi�n simulandi.

Ha de comenzar esta Sala entonces por se�alar que, la titularidad de un derecho lleva �nsita la posibilidad de ejercerlo, porque la raz�n natural lo impone y la ley sustancial lo faculta. Por ello, s�lo el titular de un derecho, por mediar una relaci�n sustancial con �l, tiene la facultad de demandar en nombre propio, y s�lo quien ostenta una relaci�n con el mentado derecho lo puede disputar mediante la contradicci�n. Lo anterior constituye la legitimaci�n en la causa, que seg�n el pensamiento de la honorable Corte Suprema de Justicia, no es m�s que ��un fen�meno sustancial que consiste en la identidad del demandante con la persona a quien la ley concede el derecho que reclama y en la identidad del demandado con la persona frente a la cual se puede exigir la obligaci�n correlativa��.

En relaci�n con la legitimaci�n de la parte actora para impetrar la acci�n de simulaci�n deben recordarse las ense�anzas que sobre el particular han impartido tanto la jurisprudencia patria como la doctrina, en el sentido de que la acci�n simulatoria puede ser ejercida ya por los contratantes simuladores, ora por sus herederos, as� como por los causahabientes a t�tulo particular de las partes, y por los acreedores de los contratantes.

Al respecto ha considerado: �� por la naturaleza ya analizada de la acci�n de simulaci�n y lo que se pretende con su ejercicio, est� legitimado para interponerla cualquiera que se vea afectado en forma directa por el acto con el que se oculta la verdad, criterio as� sostenido por esta Corporaci�n en sentencia del 16 de mayo de 1.990: En las convenciones simuladas, no s�lo est�n legitimados por activa para alegar la simulaci�n las partes que en ella intervinieron o participaron, sino tambi�n los terceros, cuando ciertamente el acto fingido les acarrea un perjuicio cierto y actual.

Precisamente, la jurisprudencia nacional, en el punto ha sostenido lo siguiente: ��La Corte reitera el criterio que existe en derecho seg�n el cual sin inter�s jur�dico no hay acci�n. Este postulado es de recibo cuando se ejercita la acci�n de simulaci�n, o sea, que cualquiera que tenga leg�timo inter�s en la declaraci�n de simulaci�n, por recibir un perjuicio cierto y actual con el negocio fingido, puede impugnar esa convenci�n �.

As� mismo ha determinado que: ��las partes contratantes, sus causahabientes a t�tulo universal o herederos y en general toda persona que tenga un inter�s protegido por la ley en que prime el acto secreto sobre el p�blico, como son los acreedores de los contratantes, todos ellos tienen la acci�n de simulaci�n: (�) en el de la noci�n disfrazada de venta, si con ella se menoscaba la herencia de un legatario (ah� s� hay fraude, que afecta al heredero), �ste frente a los dem�s herederos, es tercero y puede desconocer y atacar el acto simulado de su causante que lo perjudica y va contra la ley��.

Tambi�n agreg� ��Trat�ndose de ejercitar la acci�n de simulaci�n, es decir de pedir la prevalencia del acto oculto sobre el acto ostensible, ella puede ejercitarse por la misma persona que celebr� el contrato simulado. Los herederos del que celebr� el contrato pueden ejercitar la misma acci�n puesto que ocupan el mismo lugar que aqu�l. Tambi�n puede ejercitar la acci�n de simulaci�n todo el que tenga inter�s jur�dico en obtener la prevalencia del acto oculto sobre el ostensible.

Para el efecto, pues, de tener la acci�n y de poderla invocar, no hay diferencia entre la parte misma y los terceros. El inter�s de distinguir entre la parte misma y los terceros no existe sino desde el punto de vista de la prueba o pruebas a que puedan acudir unos y otros��. �Negrilla fuera del texto-. 6.7. Vistas las explicaciones de la Corte, de entrada debe decirse que, la sentencia de primera instancia debe confirmarse, pero por las siguientes razones: El asunto del inter�s jur�dico, es objetivo de an�lisis bajo los contenidos f�cticos de cada caso y el negocio jur�dico de que se trate, con el firme prop�sito de establecer de all�, la legitimaci�n del actor para proponer la acci�n de simulaci�n, v. gr., para el sub examine, indiscutiblemente debe hacerse referencia al documento visible a folios 145 a 155 del cuaderno uno, as� como los distintos elementos de persuasi�n que obran en el diligenciamiento para definir con grado de convicci�n si el actor ostenta verdaderamente la calidad de acreedor con antelaci�n al adelantamiento de la escritura que se tilda de simulada.

En el punto la jurisprudencia ha expresado: ��En raz�n de la naturaleza de la acci�n simulatoria puede decirse entonces que podr� demandar la simulaci�n quien tenga inter�s jur�dico en ella, inter�s que �debe analizarse y deducirse para cada caso especial sobre las circunstancias y modalidades de la relaci�n procesal que se trate, porque es �sta un conflicto de intereses jur�dicamente regulado y no pudiendo haber inter�s sin interesado, se impone la consideraci�n personal del actor, su posici�n jur�dica, para poder determinar, singulariz�ndolo con respecto a �l, el inter�s que legitima su acci�n� (G.J. tomo LXXIII, p�g. 212) � Desde anta�o la honorable Corte Suprema de Justicia, trat�ndose de la legitimaci�n que le asiste a los acreedores para adelantar la acci�n de simulaci�n contra los actos de los deudores en detrimento de la prenda general, ha puntualizado: "�Pero si antes de 1924, no se reconoc�a personer�a a los acreedores para entablar la acci�n de simulaci�n contra los actos de los deudores se�alados con esta tacha, despu�s de esa fecha ese reconocimiento no entra�a ejercicio de una acci�n de simulaci�n irrestricta e ilimitada, o sea que todo acreedor por el mero hecho de serlo pueda intentarla.

No. Tal acci�n est� condicionada por ciertos y determinados factores. Por eso dijo la Corte: 'M�s por aparecer, como de mayor amplitud el ejercicio de esa acci�n que se viene estudiando (simulaci�n), respecto de la pauliana ello no quiere decir que un acreedor la pueda ejercitar de un modo irrestricto e ilimitado, puesto que tambi�n est� circunscrita a ciertas circunstancias que se cifran en el perjuicio de los acreedores, consistente en disminuir o suprimir bienes del patrimonio de un deudor.

Es claro que no habiendo perjuicio, no cabe la acci�n y que el perjuicio a que se alude ha de ser la imposibilidad para el acreedor de hacer efectivos sus derechos. De modo, pues, que no es cualquier acreedor el que tiene derecho a ejercitar la acci�n que se viene estudiando, que no est� condicionada a un concepto eventual, sino que para que prospere, el inter�s jur�dico debe ser actual, o sea que se debe tratar de un inter�s protegido por la ley, que es burlado o desconocido por la colusi�n entre el deudor y el tercero'.

Cree �sta oportuno exponer toda la tesis sobre la materia que viene tratando. En primer t�rmino, por lo que ya se explic�, el acreedor que ejercita la acci�n de simulaci�n, debe tener ese car�cter cuando naci� el acto que ataca de simulado; pero no le basta esto �nicamente para que su acci�n pueda prosperar, sino que es necesario que demuestre que por ese acto simulado, el patrimonio de su deudor se menoscab� o disminuy� de tal modo y en tal forma, que su inter�s protegido por la ley, el del acreedor, ha sido desconocido por ese acto simulado, y que la prenda gen�rica, mejor la garant�a consagrada por el art�culo 2488 ha desaparecido.

As� pues, si un deudor ejecuta un acto simulado, pero se demuestra que no obstante esa simulaci�n, dentro de su patrimonio existen bienes suficientes para pagar sus deudas, el acreedor no podr�a entablar la acci�n de simulaci�n, por lo mismo que el acto simulado, en el caso puesto como ejemplo, no menoscaba su inter�s protegido por la ley�". -Negrillas fuera del texto original-.

En la misma l�nea, la Alta Corporaci�n en otro pronunciamiento se�al� que para el buen suceso de la causa, es necesario ser titular de derechos subjetivos u ostentar determinadas posiciones jur�dicas en el negocio cuestionado, que se enlistan as�: ��a) Que quien impugne el contrato en procura de lograr que sea reconocida la anomal�a de la cual adolece, sea titular de un derecho visible y presente respecto de cuyo contenido y ejercicio a plenitud, dicho contrato se ofrezca, al momento de ser entablada la acci�n, como un hecho �obst�culo que lo impide o estorba,� b) Que la consolidaci�n de la simulaci�n ocasione, adem�s, un perjuicio cierto a quien ejercit� la acci�n, siendo entendido que la simple posibilidad de que se produzcan da�os en el futuro y como consecuencia de no descubrirse mediante sentencia la farsa, no es suficiente elemento para justificar el inter�s y la consiguiente legitimaci�n por activa para deducir con �xito la ameritada acci�n. En otras palabras, la sola existencia de aquel derecho no es bastante en verdad para alcanzar este cometido, habida consideraci�n que es indispensable, pero suficiente a la vez, que la eficacia de dicho derecho resulte actualmente afectada por la situaci�n an�mala emergente del fen�meno simulatorio, principio �ste de �ndole conceptual del que se desprende, entre otras cosas, que no es acertado sostener que la acci�n de simulaci�n hecha valer por terceros tenga cabida, �nicamente, cuando el acto impugnado entra�e fraude pauliano, es decir �redunde en desmedro de los derechos de quienes hayan adquirido el car�cter de acreedores con anterioridad a la celebraci�n del negocio simulado,� cuando la segunda de tales acciones es empleada por un acreedor como medio de reintegraci�n del patrimonio de su deudor, agente en la simulaci�n, forzoso es que demuestre la existencia del derecho con anterioridad al acto tachado y que los efectos de este �ltimo le perjudican por la dificultad en el recaudo que conllevan��.

Lo anterior cobra relevancia con el m�s reciente pronunciamiento, al reiterar que ��En cuanto a la �legitimaci�n del acreedor� para demandar la �simulaci�n� frente a un determinado �acto o contrato�, deriva de la existencia o vigencia del cr�dito para cuando promueva la acci�n y el �inter�s jur�dico� se lo otorga el perjuicio cierto y actual irrogado por el �acuerdo simulado�, ya sea porque le imposibilite u obstaculice la satisfacci�n total o parcial de la �obligaci�n�, o por la disminuci�n o el desmejoramiento de los �activos patrimoniales� del deudor��. 6.8.

Teniendo como derroteros los anteriores lineamientos, se advierte que las pretensiones principal y primera subsidiaria, no est�n llamadas a ser acogidas, pues aunque en principio podr�a aceptarse que Bol�var O�ate estaba legitimado para demandar, en el entendido que adujo un documento denominado �CONTRATO DE PRESTACI�N DE SERVICIOS JUR�DICO TRIBUTARIOS� en procura de enarbolar exitosamente sus s�plicas, el mismo no es suficiente para establecer el segundo presupuesto aludido, en cuanto no demostr� que los efectos del negocio jur�dico le perjudiquen por tener a su favor una acreencia actual de dif�cil recaudo.

En efecto, el evocado documento privado que data del 15 de julio de 2008, da cuenta de haberse celebrado un contrato de la naturaleza que viene de comentarse, entre Julio Mu�oz Mart�n y D. Otto Nassar Montoya, en nombre y representaci�n de la compa��a mercantil Alc�zar Bar� Limitada -hoy sociedad an�nima-; y, de otra parte, Arturo Bol�var O�ate Garz�n, cuyo objeto se estableci� en la cl�usula primera (1�), cifrado en que �ste asum�a, entre otros aspectos, ��el encargo profesional consistente en el asesoramiento jur�dico tributario de la propia sociedad como de su gesti�n a lo largo del desarrollo urban�stico del lote �BARڒ y las asesor�as��. La retribuci�n a favor de O�ate Garz�n se acord� expresamente en $10�000.000,00 mensuales m�s IVA, ��pagaderos por mes vencido contra la presentaci�n de la factura��. �negrilla fuera del texto-.

Tal como se juzg� en el auto del 20 de enero de 2012, dicho documento en principio revela la calidad de acreedor del actor, empero, trat�ndose de la existencia cierta y actual del monto presuntamente adeudado, encuentra la Sala que carece de la entidad jur�dica para cristalizar los elementos axiol�gicos de la reclamaci�n, debiendo quedar claro que la insuficiencia probatoria en este aspecto gravita en contra del demandante con fundamento en el postulado consagrado en el art�culo 177 del C�digo de Procedimiento Civil.

Desde esta perspectiva, se vislumbra que el pluricitado instrumento en s� mismo no demuestra con grado de certeza la existencia de una obligaci�n insatisfecha a cargo de Alc�zar Bar� Ltda y a favor de O�ate Garz�n, toda vez que es patente que conforme la cl�usula memorada era necesario presentar para su pago, el correspondiente documento, el cual brilla por su ausencia en el plenario, al no ser suficientes sus afirmaciones en el interrogatorio de parte absuelto, pues se limit� a decir que hab�a presentado cuentas de cobro que �deben obrar en los archivos de la empresa� �folio 16 cuaderno de excepciones previas-, sin que adujera soporte alguno, como lo ser�a la contabilidad de la misma; o, lograr por la v�a pertinente acreditar que en el pasivo de la sociedad se le reconoc�a como tal, con anterioridad a la celebraci�n del negocio jur�dico que se ataca en el sub-examine.

En consecuencia, aunque se pact� una remuneraci�n por los servicios profesionales, las partes en ejercicio de su autonom�a privada y libertad contractual, estipularon que el pago de la obligaci�n se supeditaba a una condici�n �presentaci�n de la factura-, lo cual no se demostr�, entonces, v�lido resulta afirmar que qued� suspendida en los t�rminos del art�culo 1536 del C�digo Civil, de donde se infieren dos situaciones jur�dicas, la suspensiva y la resolutiva.

En la primera, el derecho est� en pendencia a la verificaci�n de la condici�n, y la segunda, por su parte, el cr�dito se hace exigible un vez que vislumbre el cumplimiento de �sta. En esta direcci�n, comporta resaltar lo consignado por la honorable Corte Suprema de Justicia: ��La jurisprudencia excluye al acreedor cuyo cr�dito est� sujeto a condici�n suspensiva en pendencia (Cas.

Civ. sentencias de 22 de agosto de 1967, G.J. CXIX, p. 191 y ss., de 13 de noviembre de 1968, G.J. CXXIV, p�g. 375 y de 14 marzo de 1984, G.J. CLXXVI, p. 85 y ss., entre otras), por cuanto ex art�culo 1536 del C�digo Civil, suspende la adquisici�n del derecho, o sea, no se adquiere mientras est� pendiente sino una vez verificada la condici�n (Cas.

Civ. sentencia de 8 de agosto de 1974, G.J. CXLVIII, p�g. 192 y ss.). �.mientras un derecho est� sujeto a cualquier contingencia, futura e incierta, ning�n perjuicio podr�a experimentarse. Asimismo, como la acci�n procura la inoponibilidad del acto fraudulento y perjudicial hasta concurrencia del detrimento al acreedor conservando efectos en el exceso, es personal, subordinada y procede cuando se frustra la principal��.�negrillas fuera del texto-.

Bajo estos lineamientos, la pretensi�n subsidiaria de simulaci�n relativa tampoco tendr�a prosperidad. 6.9. Finalmente, acerca de la lesi�n enorme, conforme al mandato contenido en el art�culo 1947 del C�digo Civil, el vendedor la sufre cuando el rubro que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; en tanto que el comprador la padece cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del que paga por ella, refiri�ndose aqu�l, al que corresponda al tiempo del contrato, de donde se deduce, en l�nea de principio, que s�lo est�n habilitados para su ejercicio, las partes contratantes En torno a dicho instituto ense�a la jurisprudencia nacional, � se trata de una figura de ordinario excepcional y de alcance particularmente restringido, salvo en buena parte de los reg�menes de los siglos XX y XXI, en los que, por expreso e inequ�voco querer legislativo, se ha prohijado una concepci�n de m�s amplio espectro.

Excepcional, porque el r�gimen general de la contrataci�n privada que consagran los C�digos Civil y de Comercio colombianos, por v�a de ilustraci�n, se erige en claro respeto a la autonom�a privada y a la libertad de configuraci�n negocial, entre otros postulados, sin perjuicio de la entronizaci�n de l�mites y naturales barreras; restringido, porque �nicamente procede en aquellos eventos en que el legislador expresamente la autoriza, por manera que mientras no conste o exista la excepci�n correspondiente, hay que estarse a lo que dispone la regla general (Regulae inhaerendum est, donec de fallentia constet), so pena de erosionar la seguridad jur�dica y de ensanchar el norte de un instituto que, por excelencia, ministerio legis, es muy limitado, conforme se anticip� �.

Igualmente, afirma la doctrina autorizada que la lesi�n enorme no es otra cosa que un vicio objetivo, por el rompimiento del equilibrio en las relaciones contractuales, y cuando se confiere a cualquiera de las partes lesionadas la acci�n pertinente, rescisoria por lesi�n enorme, es precisamente porque se ha roto la simetr�a en las prestaciones.

De tal suerte, los presupuestos que deben acreditarse para su prosperidad, que por lo dem�s se erigen concurrentes implicando la ausencia de uno solo el fracaso de las s�plicas, se sintetizan seg�n la jurisprudencia en los siguientes: ��a) Que se trate de ventas en que la ley la admite, vale decir, que no sean de aquellas realizadas por ministerio de la justicia, ni de bienes muebles (art�culo 32 Ley 57 de 1887). �b) Que exista una desproporci�n econ�mica entre el justo precio y el efectivamente recibido o pagado por la cosa vendida o comprada. �c) Que la pretensi�n se reclame dentro del t�rmino que la ley concede para el efecto (art�culo 1954). �d) Que la cosa se conserve en poder del comprador. �e) Que no se trate de una compraventa aleatoria��.

Con base en esta �ptica, el se�or Arturo Bol�var O�ate Garz�n, no le asiste inter�s, por la pot�sima raz�n que no es parte en la relaci�n contractual que se cuestiona, raz�n que resulta suficiente para desestimar el petitum en tal sentido. As� las cosas, se modificar� la determinaci�n impugnada en el sentido de declarar probada de oficio la excepci�n de FALTA DE DEMOSTRACI�N DE INTER�S JUR�DICO ACTUAL POR PARTE DE ARTURO BOL�VAR O�ATE GARZ�N PARA DEMANDAR LA SIMULACI�N DEL CONTRATO y la de FALTA DE LEGITIMACI�N EN LA CAUSA del demandante respecto de la lesi�n enorme, alegada.

Se confirmar� en lo dem�s la sentencia censurada con la consecuente condena en costas a los recurrentes. 7. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D.C. en Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

7.1. MOFIFICAR la sentencia de fecha 19 de marzo de 2013, proferida por el Juzgado Dieciocho (18) Civil del Circuito de Descongesti�n de Bogot�, D.C., en el sentido de declarar probada de oficio la excepci�n de FALTA DE DEMOSTRACI�N DE INTER�S JUR�DICO ACTUAL POR PARTE DE ARTURO BOL�VAR O�ATE GARZ�N PARA DEMANDAR LA SIMULACI�N DEL CONTRATO y la de FALTA DE LEGITIMACI�N EN LA CAUSA del demandante respecto de la lesi�n enorme alegada.

CONFIRMAR en lo dem�s la providencia censurada. 7.2. CONDENAR en costas de la instancia a los recurrentes. Liqu�dense en la forma prevista por el art�culo 393 del C�digo de Procedimiento Civil, incluyendo la suma de $1�500.000, como agencias en derecho para cada uno. 7.3. DEVOLVER el expediente a su Despacho de origen. Of�ciese y d�jese constancia. NOTIF�QUESE, CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA Magistrada NANCY ESTHER �NGULO QUIROZ Magistrada JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS Magistrado (con salvamento de voto)  ��por cuanto la acogida del proyecto y su realizaci�n con claras ganancias para los demandantes y socios reales eran may�sculas, como quiera que en el estudio que hizo DINAMO CONSULTORES, serio, y sobre el cual se estaba negociando con los inversionistas, se habla de cifras de $350.000�000.000 de pesos M/Cte�.�.  ��consistente esta �ltima, no solo en la acreditaci�n f�sica del documento como aqu� ocurre, sino de la demostraci�n de la eficacia que �ste haya tenido para poder considerar como deudor al contratante.�.-Folio 468 Cuaderno 1-.  Sentencia del 19 de marzo de 1992.  Sentencia del 30 de mayo de 1987.

Gaceta Judicial-Tomo CLXXXVIII, p�gina 232  C.S.J. Casaci�n de 2 de septiembre de 1966. Gaceta Judicial Tomo CXVII, p�gina. 240.  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Civil. Sentencia de agosto 27 de 2002. Expediente 6926. Magistrado Ponente: Jorge Santos Ballesteros.  Sala de Casaci�n Civil, sentencia del 10 de agosto de 1943 Gaceta Judicial 2001, ratificada el 3 de marzo de 1956 con ponencia del doctor Julio Pardo D�vila.

Gaceta Judicial 2165 y 2166.  Sentencia del 1 de marzo de 1993. Expediente 3546. Magistrado Ponente, doctor Esteban Jaramillo Schloss.  Sala de Casaci�n Civil. Sentencia del 2 de agosto de 2013. Expediente 13001-3103-005-2003-00168-01. Magistrada Ponente, doctora RUTH MARINA D�AZ RUEDA  Gerente.  Suplente.  (a) Asesor�a tributaria de la sociedad ALCAZAR BAR� LIMITADA, ante la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales, (b) Asesor�a tributaria ante la Direcci�n de Impuestos Distritales, (c) Asesoramiento jur�dico tributario, mediante la asistencia a reuniones y la constante evaluaci�n de consultas telef�nicas y escritas, especialmente en asuntos tributarios, incluyendo la planificaci�n tributaria integral, entre otras - folios 146 -148 Cuaderno 1 -  Folios 16-21 cuaderno 4.  Sala de Casaci�n Civil.

Sentencia del 14 de octubre de 2010. Expediente 11001-3101-003-2001-00855-01. Magistrado Ponente, doctor WILLIAM NAM�N VARGAS.     ordinario 2010 00146 05 PAGE  PAGE 30 6789:byz����Ӷ�ӂgV�D/(hL�h?CJOJQJ^JaJmH sH "hYx�CJOJQJ^JaJmH sH hL�h�8\CJOJQJ^JaJ4hL�h�8\5�6�CJOJQJ\�]�^JaJmH sH 4hL�h�8\5�6�CJOJQJ\�]�^JaJmH sH 1hL�h�8\B*CJOJQJ^JaJmH ph���sH 8jhL�h�dCJOJQJU^JaJmHnHtH $u(hL�h�8\CJOJQJ^JaJmH sH.hL�h�8\6�CJOJQJ]�^JaJmH sH 679:byz���� + �������������� $ � ��L� � �\ dh1$7$8$H$a$gdL�$ �� dh1$7$8$H$a$gdL�$dh1$7$8$H$a$gdL�$dh1$7$8$H$a$gdL�$ �� !dh1$7$8$H$a$gdL������������ 9: B E X y � � � � � � � � / 0 A N c m n q v w x ������믛����n�����]�į������� hL�h�;�CJOJQJ^JaJ(hL�h�PCJOJQJ^JaJmH sH.hL�h�8\5�CJOJQJ\�^JaJmH sH &hL�h�8\5�CJOJQJ\�^JaJ(hL�h�8\CJOJQJ^JaJmH sH (hL�h?CJOJQJ^JaJmH sH "hYx�CJOJQJ^JaJmH sH (hL�h�;�CJOJQJ^JaJmH sH $+ y � � �   x y � � # $ 4 5; *CJOJQJ^JaJ#hL�h�6�5�CJOJQJ^JaJ hL�h�;�CJOJQJ^JaJ hL�h]`sCJOJQJ^JaJ#hL�h�;�5�CJOJQJ^JaJ#hL�h�8\5�CJOJQJ^JaJ hL�h�8\CJOJQJ^JaJ hL�hVoCJOJQJ^JaJ hL�ht�CJOJQJ^JaJ#hL�h�7�5�CJOJQJ^JaJL M l m !MN����lm��,-��%������������������������$ ����, �dh1$a$gdL�$ ����, �dh1$a$gdL�� � ���������    !()*:IMBJKLMNVX���������ͼͼ��ͼ�޼�����͚͋z�izizZ hL�h� 3OJQJ^JaJ hL�h� 3CJOJQJ^JaJ hL�h>Y�CJOJQJ^JaJ hL�h@+OJQJ^JaJ hL�h�8\CJOJQJ^JaJ hL�h�YCJOJQJ^JaJ hL�hNB CJOJQJ^JaJ hL�h*A�CJOJQJ^JaJ hL�h�6�CJOJQJ^JaJ hL�h0/�CJOJQJ^JaJ"��  ��DIJO-\de��������m��̻۪������������w�f��UCU#hL�hz �6�CJOJQJ^JaJ hL�hz �CJOJQJ^JaJ hL�h�YCJOJQJ^JaJ hL�h�3jCJOJQJ^JaJ hL�hNB CJOJQJ^JaJ hL�ht�CJOJQJ^JaJ hL�hJ�CJOJQJ^JaJ hL�h>Y�CJOJQJ^JaJ hL�hJ�OJQJ^JaJ#hL�hJ�5�CJOJQJ^JaJ#hL�h>Y�5�CJOJQJ^JaJmu������#$%7;����� QS   +,-5������޻ުޜ��ުު�|�ުު�k�k�k�kZ�k�k hL�h�YCJ OJQJ^JaJ hL�h�YCJOJQJ^JaJ hL�hL�OJQJ^JaJ hL�hL�CJOJQJ^JaJhz �CJOJQJ^JaJ hL�h�4PCJOJQJ^JaJ hL�h�3jCJOJQJ^JaJ#hL�hz �6�CJOJQJ^JaJ hL�hz �CJOJQJ^JaJ hL�h>Y�CJOJQJ^JaJ#���%&./@MN_jHw��������� � � � ��̺���t��t�tctctct�tctR�t̗ hL�hL�CJ OJQJ^JaJ hL�h (=CJOJQJ^JaJ hL�h�F:CJOJQJ^JaJ#hL�h�F:5�CJOJQJ^JaJ hL�h�4PCJOJQJ^JaJ#hL�h�Y>*CJ OJQJ^JaJ#hL�h�Y5�CJOJQJ^JaJ#hL�h�4P5�CJOJQJ^JaJ hL�hz �CJ OJQJ^JaJ hL�hz �CJOJQJ^JaJ %&��� � � e f !! # #�#�#�#�#t%u%�'�'�(�(�*����������������������� ���1$gdL�$ ����, �dh1$a$gdL�$ ����, �dh1$a$gdL��  F � � �  a b � � � � � � � $ & @ J l m � � � �  5 K ~ � ����ͼ޼���������������x�g�x�x�xV hL�hV�CJOJQJ^JaJ hL�h�3jCJOJQJ^JaJ hL�hG]�CJOJQJ^JaJ hL�h�I&CJOJQJ^JaJ hL�h�2=CJOJQJ^JaJ hL�h 5�CJOJQJ^JaJ hL�hK$@CJOJQJ^JaJ hL�h�F:CJOJQJ^JaJ hL�h (=CJOJQJ^JaJ hL�h�8\CJOJQJ^JaJ!� � � a!b! 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