11001 3103 008 2010 00674 03 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� {~��z��a� ��hbjbj[[ A�9bE\9bE\�`F��nn�� 8A��D D*v) ) ? ? ? �!�!�!�)�)�)�)�)�)�)$�,�p/z�)��!�!�!�!�!�)��? ? H�)�$�$�$�!��? �? �)�$�!�)�$�$�&�&? ��՝��#^�&�)*0D*�&�/o#|�/�&�/��&��!�!�$�!�!�!�!�!�)�)�#��!�!�!D*�!�!�!�!��/�!�!�!�!�!�!�!�!�!nM�: $ TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT� SALA DE DECISI�N CIVIL Magistrado Ponente OSCAR FERNANDO YAYA PE�A Bogot� D. C., quince de marzo de dos mil diecisiete (aprobado en sala de la misma fecha) 11001 3103 008 2010 00674 03 Decide la Sala la apelaci�n que formul� la demandada (y demandante en reconvenci�n) Elsa Morales Quinche contra la sentencia que el 15 de junio de 2016 profiri� el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogot�, en el proceso ordinario promovido por Palmenio Aguilar Jim�nez contra los herederos determinados e indeterminados de Luis Guillermo Ospina (entre ellos Jaime Orlando Ospina Valbuena) y los de Nepomuceno Morales D�az, y personas indeterminadas.

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA SUBSANADA. Con su escrito radicado el 8 de noviembre de 2010, el libelista pidi� que se declare que �l adquiri�, por prescripci�n extraordinaria, el dominio del inmueble ubicado en la Carrera 69 # 74 B � 63 de Bogot�, identificado con la matr�cula No. 50C-289884. Relat� el demandante que en el proceso de sucesi�n de Nepomuceno Morales D�az y Mar�a In�s Pedraza de Morales (propietarios inscritos del inmueble), se reconoci� a Luis Guillermo Ospina como cesionario de los derechos litigiosos que de all� se pudieran derivar (negocio jur�dico en cuya virtud el se�or Ospina empez� a poseer el inmueble desde 1982); que, tras el fallecimiento de dicho cesionario (que ocurri� antes de que se le hubiera adjudicado el inmueble en el tr�mite sucesoral), su hijo, Jaime Orlando Ospina Valbuena, tom� posesi�n del predio, se�or�o que detent�, �en forma pac�fica, tranquila e ininterrumpida�, hasta el 8 de mayo de 2008, cuando �celebr� con el se�or Palmenio Aguilar Jim�nez un contrato de compraventa de posesi�n del inmueble�; que desde esta �ltima calenda, y hasta la fecha de formulaci�n de la demanda, el se�or Aguilar Jim�nez es quien �viene ocupando el predio� y que sumadas esas posesiones (la propia, y las de los se�ores Ospina y Ospina Valbuens), se satisface �el tiempo legal necesario para ejercitar la acci�n de pertenencia�. 2.

LAS CONTESTACIONES. Los curadores ad litem de los herederos y personas indeterminadas, contestaron la demanda sin proponer excepciones. H�ctor Jos� Morales Quinche (a quien se reconoci� como heredero de Nepomuceno Morales D�az), guard� silencio. Elsa Morales Quinche (tambi�n heredera reconocida del se�or Morales D�az), excepcion� �falta de elementos sustanciales de la prescripci�n extraordinaria�; �inexistencia de suma de posesiones�; �indebida posesi�n por mala fe�; �titularidad de los derechos sucesorales�; �carencia de justo t�tulo�; �prescripci�n de la acci�n�; �interrupci�n de la prescripci�n� y �posesi�n efectiva�.

Los herederos determinados de Manuel Guillermo Ospina Valbuena (quien a su vez era heredero de Luis Guillermo Ospina) excepcionaron �inexistencia de los elementos de la posesi�n�; �nulidad del contrato-escritura p�blica de compraventa de posesi�n�; �temeridad� y �falsedad ideol�gica del documento p�blico�.

3. LA DEMANDA EN RECONVENCI�N. Elsa Morales Quinche pidi� que se declarara que, por ser heredera leg�tima de Nepomuceno Morales D�az, ella tiene derecho de dominio sobre el inmueble en disputa y que, en consecuencia, se condene al demandante principal a restituir dicho predio, junto con �el valor de los frutos civiles, tanto los percibidos, como los que el propietario hubiera podido percibir con mediana inteligencia y cuidado�. 4.

LA CONTESTACI�N. Palmenio Aguilar Jim�nez excepcion� �falta de legitimaci�n en la causa por activa�; �mala fe� y �prescripci�n�.

5. EL FALLO APELADO. El juez a quo acogi� la demanda principal y deneg� la de reconvenci�n. Sostuvo que �el bien objeto de la declaraci�n de pertenencia es de propiedad privad y no se encuentra dentro del cat�logo de bienes imprescritibles�; que �se logr� ubicar el inmueble a partir de la direcci�n indicada en la demanda, la cual, adem�s coincide con la estipulada en el folio de matr�cula y la que se estableci� en la inspecci�n judicial y en el dictamen pericial�; que �tambi�n se logr� establecer el puente o v�nculo sustancial entre el poseedor sucesor y sus antecesores (�), as� como que en la actualidad el demandante posee el inmueble de manera p�blica e ininterrumpida (�) y que Luis Guillermo Ospina y Jaime Orlando Ospina Valbuena detentaron la posesi�n real y material del inmueble, el primero desde 1982 y el segundo con posterioridad al deceso de su padre� y que, dichos se�or�os, �sumados, dan un total de 28 a�os, lo que lleva a tener por consolidado el t�rmino prescriptivo�.

A�adi� que �no existe prueba de la supuesta mala fe con que el demandante quiso desconocer la existencia de la heredera Elsa Morales Quinche�; que �la prescripci�n que extingue las acciones s�lo opera en los casos en que una persona haya dejado de ejercer durante alg�n tiempo ciertas acciones o derechos, y en el presente caso, el ejercicio de la posesi�n no ha sido en ning�n momento por el demandante�; que �el tr�mite, mediante el cual la interviniente Morales Quinche quiso abrir un nuevo proceso de sucesi�n intestada de los causantes Morales D�az y Pedraza de Morales, fue terminado por cuanto se configur� la causal de nulidad, vale decir, la de revivir un proceso legalmente concluido�; que �el tipo de prescripci�n invocado es el extraordinario y no el ordinario, por lo que las pretensiones no dependen de la existencia de un justo t�tulo�; que �brilla por su ausencia cualquier elemento de juicio que permita establecer el ejercicio de la posesi�n endilgada a Fanny Valbuena Larrota�; que �en el derecho colombiano, es posible que una persona, pese a carecer del dominio inscrito, detente la cosa con �nimo de se�or y due�o�; que �a ninguno de los testigos que comparecieron les consta que el comprador no hay apagado el precio de venta estipulado en la escritura p�blica, por lo que no se halla ninguna prueba sobre la �falsedad ideol�gica� de ese t�tulo� y que, �en cuanto a la demanda de reconvenci�n, pronto se advierte su fracaso, por cuanto ya a estas alturas del discurso se sabe que la se�ora Morales Quinche no es titular del derecho real de dominio del bien en disputa, requisito inexorable para el triunfo de la acci�n de reivindicaci�n�. 4.

LA APELACI�N. Aleg� la se�ora Morales Quinche que �el fallo atacado desconoci� la ausencia de prueba fehaciente en torno a los elementos que configuran la posesi�n�; que �entre el presunto poseedor y quien aparentemente lo precedi� en dicha condici�n, no se acredit� una atadura jur�dica que permitiera predicar que su relaci�n fuese estrictamente relacionada con la venta de unos derechos posesorios�; que �el fallo omiti� razonar en punto a los requisitos que gobiernan la suma de posesiones�; que �la sentencia tuvo por hecho una situaci�n que no est� consolidada, como lo es la adjudicaci�n sucesoral del bien a favor del aparente cedente de los derechos posesorios�; que �el fallo obvi� en su valoraci�n, el adecuado c�mputo de tiempo de aquellos actos que fueron erradamente considerados como de estirpe posesoria�; que �se valor� como prueba el testimonio de un deponente que era demandado en este proceso, a saber, Jaime Orlando Ospina Valbuena, lo cual vicia lo actuado�; que �se omiti� dar respuesta a la no interrupci�n de la prescripci�n propuesta como excepci�n� y que �en la providencia no se pronunci� de fondo frente a la demanda de reconvenci�n�.

CONSIDERACIONES 1. Verificada la ausencia de irregularidades que impidan proferir decisi�n de fondo, la Sala estima importante advertir de entrada que, contrario a lo que sostuvo la censura, la sentencia apelada si contiene un pronunciamiento frontal sobre la suerte de la demanda de reconvenci�n que formul� la se�ora Morales Quinche, providencia en la que el juez de primera instancia desestim�, expresamente, esa contrademanda, tras considerar que, �a estas alturas del discurso se sabe que la se�ora Morales Quinche no es titular del derecho real de dominio del bien en disputa, requisito inexorable para el triunfo de la acci�n de reivindicaci�n� (fl. 341).

Precisado lo anterior, anuncia el Tribunal que confirmar� el fallo de primera instancia, por encontrar de recibo sus principales argumentaciones f�cticas y jur�dicas, especialmente por lo que ata�e a la concurrencia de los presupuestos que contempla el ordenamiento jur�dico para la prosperidad de la declaraci�n judicial de prescripci�n extraordinaria adquisitiva de dominio (arts. 2518, 2531 y 2532, con las modificaciones introducidas por la Ley 791 de 2002). 2.

Contrario a lo que sostuvo la recurrente, el juez de primera instancia s� repar� en los �los requisitos que gobiernan la suma de posesiones�, y fue precisamente en ese escenario que coligi�, en forma expresa, que en este litigio s� hacen presencia los requisitos que previ� el legislador para la viabilidad de la suma de posesiones que el demandante invoc� en su favor.

Tal conclusi�n la comparte la Sala, en tanto que la foliatura refleja en forma suficientemente di�fana el se�or�o que, seg�n la demanda principal, ejercieron sobre el inmueble en disputa los se�ores Luis Guillermo Ospina y Jaime Orlando Ospina Valbuena (desde el a�o 1982, hasta el 18 de mayo de 2008), as� como aquel que el actor se atribuy� sobre ese predio (desde mayo de 2008, hasta la fecha de presentaci�n de la demanda), lo mismo que los t�tulos jur�dicos entre dichos poseedores que facultan al se�or Aguilar Jim�nez a prevalerse del tiempo por el que sus predecesores detentaron materialmente ese lote de terreno. 2.1 En consideraci�n a que Luis Guillermo Ospina encabeza la cadena de posesiones que el demandante invoc� en su favor, aqu� no era indispensable demostrar la existencia de un t�tulo jur�dico que antecediera y legitimara la posesi�n que a aquel se le atribuy� en la demanda, es decir, que en este asunto no ofrec�a mayor utilidad entrar a establecer si, en el juicio sucesoral de Nepomuceno Morales D�az y Mar�a In�s Pedraza de Morales, a dicho poseedor se le reconoci� como �sucesor� de los causantes, o si, finalmente, se le adjudic� ese inmueble.

Para que el eslab�n posesorio del se�or Ospina hubiera servido a los prop�sitos del demandante, bastaba con que las pruebas recaudadas evidenciaran que aquel s� fungi� como un verdadero poseedor del predio de marras (por el tiempo que se se�al� en la demanda), y que transfiri� ese se�or�o a su hijo (Jaime Orlando Ospina Valbuena), mediante un t�tulo jur�dico, cuya existencia tambi�n se hubiera demostrado.

Como en su momento lo advirti� el juez de primera instancia, el usucapiente s� cumpli� con ese gravamen demostrativo, pues, de un lado, los testigos Luis Carlos Albarrac�n Carre�o y Luis Felipe Ar�valo manifestaron, con suficiente claridad, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que el se�or Ospina detent� materialmente el inmueble (con �nimo de se�or y due�o), por lo menos desde el a�o 1980 y hasta la fecha de su deceso (30 de junio de 1996), �poca durante la cual, seg�n los deponentes, el se�or Ospina explot� econ�micamente el inmueble (sin reconocer dominio ajeno), y asumi�, a nombre y por cuenta propios, la conservaci�n, mantenimiento, impuestos, y dem�s erogaciones que el mismo gener� (fls. 300 a 302).

En ese mismo sentido se pronunci� (en calidad de testigo) Jaime Orlando Ospina Valbuena, declarante que, tambi�n en forma puntual, relat� la manera en que su padre obtuvo la posesi�n del inmueble (con motivo de la cesi�n de derechos sucesorales que en su favor efectuaron dos de los herederos de los se�ores Morales D�az y Pedraza de Morales) y la forma en que su padre obten�a provecho econ�mico de ese lote, mediante la celebraci�n de contratos de arrendamiento y del servicio de �parqueadero� (fl. 299 y 300).

No sobra destacar (por ser otro de los temas a que aludi� la recurrente), que si bien es cierto que el se�or Ospina Valbuena integra la parte demandada de este litigio, tal circunstancia, por s� sola, no impide valorar las declaraciones que (como testigo) aquel ofreci� en esta actuaci�n, ni mucho menos compromete la validez de lo actuado en primera instancia (como lo sugiri� la censura).

Lo anterior, en consideraci�n a que, de un lado, ese efecto procesal no lo previ�, expresamente, el legislador, contingencia que abre paso al par�grafo del otrora vigente art�culo 140 del C. de P. C., por cuya conformidad, �las dem�s irregularidades del proceso (es decir, aquellas que no est�n previstas como causales de anulaci�n), se tendr�n por subsanadas, si no se impugnan oportunamente, por medio de los recursos que este c�digo establece�.

Adem�s, ha de tenerse en cuenta que el art�culo 196 del precitado C. de P. C., impone valorar como �testimonio de tercero�, aquellas manifestaciones que alguna de las partes (como integrante de un extremo procesal en el que se configure un litisconsorcio necesario, como es el caso del se�or Ospina Valbuena, seg�n lo previsto en art. 407, C. de P. C.), haga a tono con los intereses de su contraparte, que fue lo que, en �ltimas, aqu� ocurri�. 2.2 Demostrado, entonces, el se�or�o que, por casi 14 a�os, ostent� Luis Guillermo Ospina sobre el disputado inmueble, el acta de defunci�n que, de dicho poseedor, se alleg� con la demanda, resultaba suficiente para tener por acreditado el puente que permite sumar esa detentaci�n material, al tiempo por el cual Jaime Orlando Ospina Valbuena (hijo de Luis Guillermo) hubiera fungido como poseedor, pues, en atenci�n a las pautas del art�culo 757 del C�digo Civil, ha de presumirse que, desde la fecha del �bito de Luis Guillermo Ospina (30 de junio de 1996, fl. 19), su heredero (es decir, Jaime Orlando Ospina Valbuena) asumi� la �posesi�n legal� de la masa sucesoral de su progenitor.

Y es que, como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia en el fallo de casaci�n civil a que se hizo alusi�n el juez de primera instancia, �para los prop�sitos de sumas a la posesi�n de unos herederos demandantes la ejercitada por el de cujus, no necesariamente debe demostrarse, y menos exigirse, la respectiva adjudicaci�n a aquellos en la sucesi�n de este, para tener por cumplido el presupuesto relativo a la vinculaci�n de los diversos actos posesorios que se pretendan a�adir, como quiera que, conforme a los art�culos 778 y 2521 (del C�digo Civil), cuando en las circunstancias anotadas se aspire efectuar esa especie de agregaci�n, basta acreditar que los actores, a ra�z del deceso del antecesor, adquirieron la posesi�n que ese causante ven�a ejecutando, por haberles sido transmitida a t�tulo universal, por herencia, o singular, por contrato� (LX, p�g. 810).

En ese mismo sentido, la Corporaci�n en cita tambi�n precis� en �poca m�s reciente (en sentencia de casaci�n civil del 22 de octubre de 2004, exp. 7757), que �en cuanto tiene que ver con la agregaci�n de la posesi�n por causa de muerte, el hecho que se erige en detonante jur�dico de la floraci�n de ese ligamen o v�nculo, lo constituye, de un lado, el fallecimiento del poseedor anterior y, del otro, la inmediata delaci�n de la herencia a sus herederos (art. 1013 C.C.), porque es, en ese preciso instante, en que el antecesor deja de poseer ontol�gica y jur�dicamente y en el que sus causahabientes, seg�n sea el caso, contin�an poseyendo sin soluci�n de continuidad, merced a una ficci�n legal, vale decir sin interrupci�n en el tempus.

No en vano, quien sucede, lato sensu, se sit�a en el lugar de otra que ha fallecido, haci�ndose a sus derechos y prerrogativas, lo que permite, en esta hip�tesis, preservar inc�lume el tiempo de la posesi�n antecedente�. Ya en lo que concierne propiamente con la posesi�n del se�or Ospina Valbuena, cumple anotar que los testigos Luis Carlos Albarrac�n Carre�o y Luis Felipe Ar�valo, dieron cuenta cabal que dicho demandado detent�, en forma pac�fica e ininterrumpida, el inmueble sobre el que recaen las pretensiones, desde el fallecimiento de Luis Guillermo Ospina, y hasta la fecha en que enajen� esos derechos posesorios a Palmenio Aguilar Jim�nez, �poca durante la cual, seg�n los declarantes en cita, los vecinos del sector reconocieron al se�or Ospina Valbuena como el verdadero propietario, exclusivo y excluyente, del predio, por ser �l quien asumi� los gastos que el mismo generaba y percibi� los frutos civiles derivados de los contratos de locaci�n que hab�a suscrito su padre (fls. 300 a 302). 2.3 Tambi�n se arrim� al proceso (y en ella repar� frontalmente el juez de primera instancia), copia aut�ntica de la escritura p�blica No. 615 del 8 de mayo de 2008, mediante la cual Jaime Orlando Ospina Valbuena vendi� sus derechos de posesi�n sobre el inmueble, a Palmenio Aguilar Jim�nez (demandante principal), documento en el que las partes expresamente indicaron que, desde la aludida fecha, �el vendedor le hace entrega simb�lica y material del inmueble al comprador, junto con todos sus usos, costumbres, que legalmente corresponden, sin reserva ni limitaci�n alguna, y en el estado en que se encuentra� (fl. 5).

A esa probanza (que, por s� sola, es suficiente para tener por demostrado el t�tulo jur�dico requerido para agregar a la posesi�n del demandante, el se�or�o que ostentaron sus predecesores), se sumaron varios elementos de juicio que, con todo vigor, demostraron el �nimo de se�or y due�o con que el se�or Aguilar Jim�nez detent� materialmente el bien (en forma exclusiva y excluyente) desde mayo de 2008, hasta la fecha en que se instaur� la demanda de pertenencia. Ciertamente, los testimonios recogidos durante la instancia inicial (a los que ya se hizo alusi�n, y al que se a�ade el de H�ctor Vanegas Guti�rrez), reportan con suficiencia que, una vez celebr� la susodicha escritura p�blica de compraventa, el se�or Aguilar Jim�nez despleg� actos inequ�vocos de se�or�o respecto del inmueble, al asumir no s�lo su mantenimiento y conservaci�n, sino tambi�n al promover la instalaci�n de servicios p�blicos, poner al d�a las obligaciones tributarias que hasta ese momento estaban pendientes de pago, e incluso, construir un segundo piso a la edificaci�n que all� se hab�a levantado.

Cabe anotar que, por ser, de anta�o, vecinos del sector, los prenombrados declarantes han de suponerse conocedores, por percepci�n directa, de las circunstancias que han afectado el predio durante las �ltimas dos d�cadas, a lo que se a�ade que la parte opositora (incluida la hoy apelante) no tach� de sospechosos a los testigos en comento, ni tampoco puso en tela de juicio lo que ellos narraron en punto al origen y desarrollo de la posesi�n que aleg� el usucapiente.

Conviene agregar que dichos testimonios acompasan no s�lo con lo que se manifest� en la demanda principal, sino tambi�n con lo que sobre el particular se estableci� en la diligencia de inspecci�n judicial (fl. 298), y con lo que, sobre estos respectos, se consign� en el dictamen pericial durante la primera instancia (fls. 319 a 323). T�ngase en cuenta que �la posesi�n se configura cuando aparecen cabalmente evidenciados los dos elementos que la estructuran, esto es, el animus y el corpus, significando aqu�l -elemento subjetivo-, la convicci�n o �nimo de se�or y due�o de ser propietario del bien desconociendo dominio ajeno, en tanto que el segundo -material o externo-, ocupar la cosa, lo que se traduce en la explotaci�n econ�mica de la misma, con actos tales como levantar construcciones, arrendarla, usarla para su propio beneficio, entre otros hechos de parecida significaci�n� (CSJ., sent. de 3 de septiembre de 2010, exp. 00429). 3.

Visto, como qued�, que en esta actuaci�n s� se demostr� el se�or�o que en la demanda se le atribuy� a Luis Guillermo Ospina (desde 1982, hasta el 30 de junio de 1996), a Jaime Orlando Ospina Valbuena (desde el 30 de junio de 1996, hasta el 8 de mayo de 2008) y a Palmenio Aguilar Jim�nez (de la �ltima de las referidas calendas, hasta la fecha de presentaci�n de la demanda, es decir, el 8 de noviembre de 2010), as� como tambi�n se prob� la existencia de los t�tulos jur�dicos que sirvieron de puente entre los prenombrados poseedores, sin mayor dificultad se colige que el juez de primera instancia no incurri� en los errores que le endilg� la apelante, respecto del c�mputo del tiempo necesario para adquirir por usucapi�n, pues, sumados esos tres periodos (que transcurrieron en forma ininterrumpida), el demandante principal logr� acumular a su favor, un tiempo de posesi�n que incluso super� el t�rmino veintenario que exige el art�culo 2532 del C�digo Civil, para la viabilidad de la prescripci�n extraordinaria de dominio. 4.

Cumple a�adir, como quiera que no deja de ser una cuesti�n relevante en esta clase de asuntos, que la demanda de pertenencia en estudio recae sobre el lote de terreno ubicado en la carrera 69 # 74 B � 63 de Bogot�, con matr�cula No. 50C-289884, vale decir, un bien particular (inmueble), que corresponde a aquel sobre el cual el se�or Aguilar Jim�nez prob� su se�or�o, susceptible de ser adquirido por la v�a de la usucapi�n y que se identific�, a cabalidad, por su ubicaci�n, linderos y nomenclatura (ver lo se�alado a estos respectos en la demanda, en el acta que recogi� la consabida diligencia de inspecci�n judicial y en el dictamen pericial que para el efecto se practic�). 5.

En el escenario que as� se configur�, colige la Sala que anduvo afortunado el juez de primera instancia al acoger la demanda principal, entre otras cosas, porque ninguna de las excepciones que formul� la hoy apelante logr� enervar los fundamentos f�cticos y jur�dicos de esos pedimentos, incluida aquella defensa en la que insisti� la recurrente, denominada �no interrupci�n de la prescripci�n (extintiva de la acci�n de usucapi�n)�, sobre la que, dicho sea de paso, s� se pronunci� el juez de primera instancia, al desestimar la excepci�n de m�rito que esa misma litigante intitul� �prescripci�n de la acci�n�.

Sobre este �ltimo tema, es importante destacar que, como lo manifest� el aludido juzgador en el fallo cuya apelaci�n hoy se decide, la posesi�n sobre cuya base se formularon las pretensiones, segu�a transcurriendo, incluso, para la fecha en que se formul� la demanda de pertenencia con que tuvo su inicio esta actuaci�n, por manera que, para ese momento, no pudo siquiera haber empezado a transcurrir el t�rmino de prescripci�n �extintiva� de esa acci�n declarativa, escenario en el que resulta inane la �no interrupci�n� que, respecto de ese fen�meno extintivo, aleg� la excepcionante. 6.

Resta advertir (para ofrecer un pronunciamiento completo frente a los reparos concretos que la se�ora Morales Quinche formul� frente al fallo de primera instancia, en la oportunidad prevista por el art�culo 322 del C. G. del P.), que, como se advirti� desde el inicio de las presentes consideraciones, el juez de primera instancia si se pronunci� expresamente sobre la suerte de la demanda de reconvenci�n, pues, tras exponer, a espacio, las razones por las cuales acogi� la demanda principal de pertenencia, dicho juzgador neg� la aludida contrademanda, por cuanto �ya a estas alturas del discurso se sabe que la se�ora Morales Quinche no es titular del derecho real de dominio del bien en disputa, requisito inexorable para el triunfo de la acci�n de reivindicaci�n� (fl. 341).

Tal determinaci�n la comparte el Tribunal, en tanto que, en �ltimas, el �xito de la demanda principal (esto es, la prescripci�n adquisitiva), extingui� cualquier eventual derecho real que se hubiera invocado como fundamento de la acci�n de dominio, y lo radic� (en virtud de un t�tulo originario de dominio) en cabeza del usucapiente. RECAPITULACI�N Se confirmar�, entonces, la sentencia apelada en virtud de las precedentes consideraciones, las cuales involucran un despacho general frente a todos los motivos de inconformidad que esgrimi� la recurrente y contienen, a su vez, las razones por las cuales, a juicio de la Sala, aqu� s� concurrieron los presupuestos previstos por el ordenamiento jur�dico para la viabilidad de la demanda de pertenencia (formulada con base en una suma de posesiones).

No prospera, por ende, la alzada en estudio. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot�, Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia que el 15 de junio de 2016 profiri� el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogot� en el proceso ordinario de la referencia. Costas de segunda instancia a cargo de la recurrente.

Liqu�dense por el juzgado de primera instancia, incluyendo como agencias en derecho la suma de $1�500.000, seg�n lo estima el Magistrado Ponente. Rem�tase el expediente al Juzgado de origen. Notif�quese Los Magistrados, OSCAR FERNANDO YAYA PE�A MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA GERM�N VALENZUELA VALBUENA OFYPVZ 2010 00674 03 PAGE \* MERGEFORMAT 14 6mnry|�� G b u � � � � � � � ��λ��o��λ\��o��o��$h<DhP$=CJOJQJaJmH $sH $$h<Dha*CJOJQJaJmH $sH $$h<Dh��CJOJQJaJmH $sH $$h<Dh�2�CJOJQJaJmH $sH $$h<Dh�G�CJOJQJaJmH $sH $$h<Dhp�CJOJQJaJmH $sH $'h<Dhp�5�CJOJQJaJmH $sH $h<Dhp�CJOJQJaJh<DhB7MCJOJQJaJ#67Jcd�� $$a$$��d�`��gd[hx$$��d�`��a$gd[hx$dha$$a$gd[hx$��`��a$gd�+&$a$gd�+&$dha$$� k � � � � � � � � � � � � � � � � !$+,?DZ^u}��Ǵ��ue��e�eU�e�U�e�U�ue�U�h<Dha*5�CJOJQJaJh<Dh1�5�CJOJQJaJh<Dh�oS5�CJOJQJaJh<Dh 4U5�CJOJQJaJh<Dhp�CJOJQJaJh<Dhp�5�CJOJQJaJ$h<Dhp�CJOJQJaJmH $sH $$h<Dh�2�CJOJQJaJmH $sH $$h<Dh��CJOJQJaJmH $sH $$h<Dh�LCJOJQJaJmH $sH $!��$ % A U h � � 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