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ANTECEDENTES 1. Actuando por intermedio de apoderado judicial LEASING SUDAMERIS S.A promovi� demanda ordinaria contra el INSTITUTO MEDICO T�CNICO SANICOL S.A. EN LIQUIDACI�N OBLIGATORIA, con el fin que se hicieran las siguientes declaraciones: Que el contrato de compraventa celebrado entre la demandante y la demandada respecto de tres inmuebles que consta por escritura p�blica es perfecto seg�n el art�culo 1857 del c�digo C.C, por cuanto vinculan y obligan a las partes a cumplir sus prestaciones.
Que la parte actora cumpli� sus obligaciones como compradora, por cuanto pag� el precio y recibi� los inmuebles de la compraventa. Que el contrato de leasing sobre los tres inmuebles descritos �se perfeccion� con el acuerdo de los contratantes� de una parte la Leasing en calidad de arrendador y Sanicol en su calidad de arrendataria. Que la demandante entreg� la tenencia y el uso de los tres inmuebles a la arrendataria y recibi� los c�nones correspondientes a quince mensualidades.
Que como no se han podido registrar la escrituras p�blicas, por la raz�n expresada por la Oficina de Registro de instrumentos P�blicos, se hace necesaria cumplir con esta obligaci�n a cargo de la demandada, que se encuentra en liquidaci�n obligatoria desde el 21 de julio de 1998. Que en consecuencia el liquidador de la demandada, debe suscribir las correspondientes escrituras p�blicas de aclaraci�n y su posterior inscripci�n en la Oficina de Instrumentos P�blicos, tres d�as despu�s de la ejecutoria de la sentencia que as� lo disponga.
Que una vez cumplida con la suscripci�n de las escrituras p�blicas y su inscripci�n en la Oficina de Registro, dicho bienes deben ser excluidos del patrimonio en liquidaci�n que lleva en curso la Superintendencia de Sociedades. Que los c�nones de arrendamiento pagados por la demandada a la demandante, por concepto de arrendamiento financiero, constituyen c�nones del contrato por ellas suscrito y que los arriendos causados y no pagados deban ser cancelados por la demandada.
Que las partes en el contrato de leasing deben terminar de cumplir las obligaciones del contrato. Que se condene en costas a la demandada. 2. Como hechos de las s�plicas demandadas se invocaron los que a continuaci�n se resumen: Que el INSTITUTO MEDICO T�CNICO SANICOL, en adelante SANICOL, solicit� a la sociedad EUROLEASING S.A, Compa��a de financiamiento comercial, hoy LEASING SUDAMERIS S.A. Compa��a de financiamiento comercial, en adelante LA LEASING, la celebraci�n de una operaci�n de lease back sobre tres inmuebles de su propiedad identificados con los folios de matr�cula inmobiliaria n�meros 50C-34797, 50C-106634 y 50C-902517.
Que la leasing aprob� la celebraci�n de la operaci�n de lease back con SANICOL, y para desarrollar dicha operaci�n celebraron contrato de compraventa sobre los inmuebles referidos en el literal anterior, como consta en la escritura p�blica No. 4657 de 16 de octubre de 1996, corrida en la Notar�a Quinta de Bogot�, ratificado y convalidado por escritura p�blica No. 4725 del 21 de octubre de 1996 de la misma notar�a. Que la Leasing cumpli� con sus obligaciones como compradora en el contrato de compraventa, por cuanto recibi� los inmuebles y pag� el precio de la compraventa.
Que entre Sanicol y la Leasing celebraron el contrato de leasing inmobiliario sobre los inmuebles descritos, la demandada pag� a la demandante trece cuotas o c�nones por concepto de la tenencia y uso de los inmuebles vinculados, pagando la primera el 20 de noviembre de 1996 y la �ltima el 20 de diciembre de 1997. Que Campo El�as Mora Sabogal, quien suscribi� una promesa de compraventa con SANICOL respecto de los inmuebles vinculados a la operaci�n de lease back, pag� a La Leasing por cuenta de Sanicol, la suma de $50.000.000, los cuales fueron aplicados a las cuotas o c�nones Nos. 14 y 15 y que Sanicol no realiz� pagos distintos a los informados por lo tanto se encuentra en mora desde el 21 de febrero de 1998.
Que la leasing envi� a Sanicol las escrituras de la compraventa para su correspondiente tramite ante la oficina de Registro de Instrumentos P�blicos de Bogot�, esta oficina rehus� el registro con fundamento en que el �cambio de �rea y linderos que conlleve aumento respecto de los registrados debe hacerse con base en la certificaci�n o resoluci�n de Catastro y/o Agust�n Codazzi elevada a escritura p�blica� y �falta citar el t�tulo por el cual se adquiri�- Quien transfiere no es titular de derecho de dominio (Dcto.
Ley 1250/70 Art.52; Art. 669 del C�digo Civil) � este no ha sido registrado.� Que la Leasing tramit� ante Catastro Distrital y obtuvo la informaci�n y la certificaci�n sobre las �reas y los linderos actualizados de los inmuebles vinculados al lease back en junio de 1997, con base en estas elabor� minutas de aclaraci�n de las escrituras de compraventa y de arrendamiento financiero y se las remiti� a Sanicol para la formaci�n de las correspondientes escrituras p�blicas, que habilitar�n el competente registro de dichas escrituras, no obstante requerimientos de la Leasing la demandada no tramit� las escrituras p�blicas de aclaraci�n lo que impidi� el registro de las escrituras de compraventa y del arrendamiento financiero, por lo que no ha cumplido con la obligaci�n de trasmitir la propiedad de los inmuebles por ella enajenados.
Que mediante auto 410-5767 del 21 de julio de 1998, la Superintendencia de Sociedades decret� la apertura del tr�mite liquidatorio de la demandada y ofici� al Registrador de Instrumentos P�blicos y Privados para que se inscribiera el embargo de los inmuebles antes mencionados. Que la Leasing no fue reconocida en el tr�mite liquidatorio de Sanicol, y como los inmuebles referidos no fueron excluidos del patrimonio a liquidar por omisi�n del liquidador en cumplimiento de las obligaciones sociales pendientes, y en dichas circunstancias y estado de liquidaci�n, procedi� su enajenaci�n en desmedro de los derechos jur�dicos y patrimoniales de la demandante, por lo que se present� demanda para que se declarara la existencia de tales derechos; la Superintendencia de Sociedades manifest� que esta situaci�n no generaba una obligaci�n clara y expresa, para hacerse parte dentro del tr�mite liquidatorio, y que era necesario previamente un proceso ordinario para tener certeza de la existencia del derecho en raz�n de la cual esa entidad no estaba facultada para invadir la competencia atribuida a los jueces dada por la constituci�n y la ley.
Que la leasing por conducto de otro apoderado inici� proceso ejecutivo por obligaci�n de hacer contra la parte pasiva, dicho proceso se adelanta en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot� y el despacho no libr� el mandamiento de pago deprecado, raz�n por la cual dicho apoderado present� los recursos de ley. 3. Admitida la demanda y notificada la demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formul� las excepciones de m�rito que denomin�: �Acci�n inadecuada�, �Imposibilidad jur�dica de la liquidadora para suscribir las escrituras aclaratorias solicitadas por la actora�, �Cosa Juzgada� y la gen�rica. 4.
Culmin� la primera instancia con decisi�n de fondo en la que se declar� oficiosamente probada la excepci�n de caducidad, neg� las pretensiones de la demanda, decret� el levantamiento de la medida cautelar ordenada y conden� en costas a la demandante, con apoyo en que la demandante no fue diligente para que la demandada cumpliera todas sus obligaciones, dejando pasar 21 meses desde a la fecha en que fue rechazada la inscripci�n en la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos, que en el entretanto Sanicol entr� en proceso de liquidaci�n, y por no haber tenido t�tulo suficiente para ser reconocida como acreedora, ni haber iniciado proceso que hubiese permitido se hicieran las reservas necesarias para atender el resultado del litigio, se produjo la caducidad de la acci�n. Inconforme con lo as� resuelto la parte actora interpuso recurso de apelaci�n, aduciendo que el proceso ordinario impetrado por la Leasing era procedente por no contrariar los alcances de los art�culos 99 y 151-6 de la Ley 222 de 1995, y que con �l se pretend�a completar la operaci�n negocial celebrada con SANICOL, la exclusi�n de los tres inmuebles del tramite liquidatorio; igualmente que est� acreditado el incumplimiento de la liquidadora al no concluir la indiscutible operaci�n social pendiente al tiempo de la apertura del tr�mite liquidatorio, es decir, la operaci�n negocial celebrada con la leasing, seg�n y como lo ordena el art�culo 166 de la ley 222 de 1995.
CONSIDERACIONES Los presupuestos procesales se encuentran acreditados en el presente proceso, y adem�s, no se observa causal de nulidad que pueda invalidar la actuaci�n. En el caso sub-examine, solicita la parte demandante como pretensiones que se declare que el contrato de compraventa realizado sobre los inmuebles identificados con folios de matr�cula Nos. 50C-34797, 50C-106634 y 50C-902517 es perfecto; que el contrato de leasing se perfeccion� con el acuerdo de los contratantes, y que como quiera que las escrituras p�blicas no se han podido registrar se hace necesario que la demandada cumpla con dicha obligaci�n suscribiendo la escritura p�blica de aclaraci�n orden�ndose su registro y su consiguiente exclusi�n de los referidos bienes de la liquidaci�n obligatoria de la sociedad demandada.
Como el a-quo reconoci� de oficio la caducidad de la acci�n, con fundamento que en el proceso de liquidaci�n obligatoria �y solo all� a donde pod�a haber hecho efectivo el t�tulo que luego trat� tard�amente de obtener por medio de la sentencia que aqu� nos ocupa�, se impone analizar en primer lugar tal aspecto. La caducidad consiste en la determinaci�n de plazos establecidos por la ley para el ejercicio de una acci�n o de un derecho.
Este fen�meno extintivo que se presenta cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del t�rmino fijado por el legislador para ello, permite presumir la falta de inter�s de las partes para la reclamaci�n de sus derechos, principalmente del demandante que deja transcurrir y vencer los plazos fijados en aquella sin iniciar el proceso. Sobre el particular recu�rdese que �hay caducidad cuando no se ha ejercido un derecho en el t�rmino que ha sido fijado por la ley para su ejercicio, teniendo en cuenta �nicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del t�rmino prefijado, prescindiendo de la raz�n subjetiva, negligencia del titular y a�n la imposibilidad de hecho� (C.S.J., 19 de noviembre de 1976).
De otra parte, la caducidad extingue la acci�n, y puede ser declarada de oficio, a�n en el mismo momento del ejercicio de �sta (art. 85 C.P.C.), pues deviene de un t�rmino establecido en la ley positiva para la realizaci�n de un acto jur�dico, el cual no contempla la posibilidad de ser ampliado, de suerte que el t�rmino fijado para su ejercicio indica el l�mite de tiempo dentro del cual debe, perentoriamente, intentarse una acci�n o ejercerse un derecho, por ello se afirma que la caducidad es de orden p�blico.
De suerte que, si en la caducidad de las acciones, es la ley la que se encarga de determinar los plazos improrrogables en que se deben intentar algunas de ellas, para el caso que se analiza el art�culo 158 de la Ley 222 de 1995, reza: �A partir de la providencia de apertura del tr�mite liquidatorio y hasta el vig�simo d�a siguiente al vencimiento del t�rmino de fijaci�n del edicto, los acreedores deber�n hacerse parte personalmente o por medio de apoderado, presentando prueba siquiera sumaria de la existencia de sus cr�ditos�.
El art�culo 159 ibidem establece que: �Si la obligaci�n es diferente a la del pago de sumas de dinero, el acreedor al hacerse parte deber� solicitar los perjuicios compensatorios, estim�ndoles y especific�ndolos bajo juramento, si no figuran en el t�tulo, en una cantidad como principal y en otra como tasa de inter�s mensual�. Luego, es claro que en las normas transcritas el legislador no estableci� un t�rmino para ejercer un tipo de acci�n ordinaria como la aqu� promovida, como tampoco en ninguna otra; por ende, en tales circunstancias la declaratoria de caducidad oficiosa que hizo el a quo por resultar equivocada debe revocarse, para en su lugar entrar en el an�lisis de las s�plicas demandadas, que como atr�s se anot� buscan que se declare el perfeccionamiento de los negocios jur�dicos integrantes de la operaci�n de l�ase back especificados en el libelo demandatorio, y como consecuencia se ordene la suscripci�n de las correspondientes escrituras p�blicas de aclaraci�n y correcci�n, que posibiliten su posterior inscripci�n en la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos de Bogot�, as� como la exclusi�n de los bienes a que ellas aluden del proceso de liquidaci�n de la demandada ante la Superintendencia de Sociedades.
La forma en que vienen propuestas las diferentes pretensiones pone de presente que el fracaso de cualquiera de ellas, lleva al traste todas las subsiguientes, dado el orden l�gico como est�n integradas; de ah� que en primer lugar se haga indispensable examinar el porqu� de la negativa de la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos de Bogot�, para registrar el contrato de compraventa sobre los inmuebles descritos en los folios de matr�cula inmobiliaria n�meros 50C-34797, 50C-106634 y 50C-902517.
El fundamento que esgrimi� dicha oficina para rehusar el registro de las escrituras p�blicas No. 4657 de 16 de octubre de 1996 y 4725 del 21 de octubre de 1996, corridas en la Notar�a Quinta de Bogot�, consisti� en el �CAMBIO DE AREA Y LINDEROS�, y en que �FALTA CITAR TITULO POR EL CUAL SE ADQUIRIO, QUIEN TRANSFIERE NO ES TITULAR DEL DERECHO DE DOMINIO� (fs.22 y 56 c. 1).
Esa conducta de la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos no fue cuestionada ni reprochada por los interesados, al punto que la sociedad actora acudi� al Departamento Administrativo de Catastro Distrital a tramitar la informaci�n y certificaci�n sobre �reas y linderos de los tres inmuebles, cuesti�n que deja en claro dos cosas, por una parte el proceder leg�timo de la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos y debidamente sustentado en las disposiciones que cit�, y por la otra, una actuaci�n defectuosa dada la falta de idoneidad de las escrituras que imposibilitaron su registro.
Entonces, si las escrituras no se registraron cuando fueron presentadas para realizar la tradici�n, ello obedeci� exclusivamente a circunstancias generadas por la conducta inadecuada de las propias partes contratantes, que no tuvieron el suficiente cuidado y previsi�n para evitar las falencias puestas de presente por la oficina de registro al momento de su calificaci�n. Ahora bien, si antes de que se hubiesen superado los defectos advertidos que impidieron el registro de las escrituras, se materializ� el embargo dentro del proceso de liquidaci�n obligatoria en que se vio envuelta la sociedad demandada de los bienes inmuebles involucrados en la operaci�n de leasing materia, obviamente esa situaci�n no tiene porqu� repercutir con efectos retroactivos sobre lo dispuesto en el proceso concursal dado el orden cronol�gico en que ocurrieron los hechos, en efecto: La circunstancia enrostrada a la sociedad demandada en el sentido que el incumplimiento de la obligaci�n de trasmitir la propiedad de los inmuebles por ella enajenados, pese a que la actora tramit� ante Catastro Distrital y obtuvo la informaci�n y la certificaci�n sobre las �reas y los linderos actualizados de los inmuebles vinculados al lease back en junio de 1997, para la elaboraci�n de las minutas de aclaraci�n de las referidas escrituras, las que le remiti� para la formaci�n de las correspondientes escrituras p�blicas que habilitaran su registro, lo que al no ocurrir impidi� el registro de aquellas, y posibilit� el embargo de dichos inmuebles ordenada en auto 410-5767 del 21 de julio de 1998, de la Superintendencia de Sociedades, que decret� la apertura del tr�mite liquidatorio de la demandada, La inscripci�n de la demanda que produce como efecto para quien adquiera los bienes bajo tal circunstancia, que debe someterse a los resultados de la sentencia, pues en el caso que esta sea favorable al demandante en ella debe ordenarse la cancelaci�n de los registros de las transferencias de propiedad, grav�menes y limitaciones del dominio efectuadas despu�s de la inscripci�n a quienes perjudica el fallo, no acarrea la desaparici�n del embargo registrado antes de la inscripci�n de la demanda.
Debe anotarse que el embargo Las medidas cautelares son generalmente un procedimiento accesorio a los procesos de cognici�n o ejecuci�n del que no es posible separarlas. La acci�n cautelar busca los medios de lograr el objetivo perseguido, asegurando una situaci�n de hecho y jur�dica que tienen por fin satisfacer anticipadamente el derecho controvertido mientras se decide lo principal.
El embargo como medida coercitiva o de apremio que es presupuesto sine que non del remate de los bienes del deudor para con su producto satisfacer la obligaci�n perseguida, asegura la eficacia de la demanda del acreedor, contra actos del acreedor que al enajenar o gravar sus bienes reduce o hace desaparecer el respaldo de sus obligaciones, dicho de otra manera es la afectaci�n de un bien del deudor al pago del cr�dito de ejecuci�n que transforma la prende general (art. 2488 C.C.) en prenda espec�fica, y tiende a la realizaci�n pr�ctica de la ley, al asegurar la indisponibilidad del bien materia del mismo Por medio del embargo se colocan los bienes fuera del comercio, y una consecuencia de este hecho para lo que ac� interesa, es la nulidad de la enajenaci�n de lo embargado por haber objeto il�tico, adem�s que el registro de transferencias o grav�menes de inmuebles no puede hacerse.
El embargo tiene finalidades asegurativas porque el deudor no puede enajenar ni gravar los bienes respectivos, y est� dotado de objetivos asegurativos para la justicia, ya que asegura por anticipado el cumplimiento de la providencia judicial que ordena el pago, pues el ejecutado pierde al menos, mientras no se levante, a favor del estado, el derecho de disponer del bien embargado, a fin de que el �tlimo pueda rematarlo para satisfacer la obligaci�n Es cierto que el embargo es compatible con la inscripci�n de la demanda porque esta no extrae los bienes del comercio como aqu�l. Pero si antes del remate finaliza el proceso en que se decret� la inscripci�n y el bien se declara de propiedad del actor, este podr� lograr el desembargo (681-1), y si termina despu�s del remate, el t�tulo del rematante se cancela, porque surgi� despu�s de la inscripci�n de la demanda.
Conforme al art�culo 95 de la Ley 222 de 1995, mediante la liquidaci�n obligatoria, se realizan los bienes del deudor, para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su cargo. El proceso liquidatorio tiene como prop�sito fundamental la protecci�n de los acreedores ante la falencia del deudor, y la declaratoria del estado de liquidaci�n produce inmediatamente entre otros efectos, la formaci�n de la masa de bienes de la liquidaci�n, integrada por todos los bienes embargables del deudor, como universalidad que es, en procura de solucionar las obligaciones acorde con la prelaci�n de cr�ditos.
En la providencia de apertura del tr�mite de liquidaci�n obligatoria se ordena el embargo, secuestro y aval�o de todos los bienes embargables del deudor, medidas que prevalecen sobre los embargos y secuestros que se hayan decretado y practicado en otros procesos en que se persiga bienes del deudor. �La inoponibilidad no conduce a la desaparici�n del negocio, sino que neutraliza la producci�n de los efectos del mismo en frente de alquien, todo bajo el entendido de que su validez entre las partes resulta incontrovertible.
En este caso, el negocio es, en s� mismo, v�lido pero es la expansi�n de sus efectos propios la que se ve disminuida ante quienes de otro modo, ser�an sus destinatarios naturales. O lo que es igual, la inoponibilidad hace siempre relaci�n a alquien que, por determinadas circunstancias, suscitadas en su propia g�nesis, no es afectado por el negocio.
Pero como �ste, entre quienes le dieron origen, no tiene ning�n reproche, sigue siendo v�lido y por ende eficaz. La declaratoria de nulidad, en cambio, sea relativa o absoluta, genera la extinci�n del negocio y sus efectos, no s�lo frente a las partes, sino tambi�n frente a terceros� (Cas. 20 nov.1994). Si la escritura no es perfecta y por lo mismo no se pudo registrar, porque resulta que el acto de venta que ella contiene fue acordado defectuosamente, vale decir, sin la plenitud de las formalidades es elemental y l�gico que no pueda, despu�s de estar fuera del comercio, perfeccionarse.
Los hechos atinentes a que la sociedad actora no haya sido reconocida en el tr�mite liquidatorio de Sanicol; que los inmuebles referidos no hayan sido excluidos del patrimonio a liquidar; que dentro del proceso ejecutivo por obligaci�n de hacer promovido contra la demandada en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot� se haya negado librar el mandamiento de pago deprecado; apuntan a establecer que la sociedad actora intent� dentro del proceso liquidatorio de la demandada solucionar lo que ahora pretende por la v�a ordinaria.
De conformidad con el art�culo 1857 del C�digo Civil: �La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes: La venta de los bienes ra�ces y servidumbres y la de una sucesi�n hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura p�blica.
Los frutos y flores pendientes, los �rboles cuya madera se vende, los materiales de un edificio que va a derribarse, los materiales que naturalmente se adhieren al suelo, como piedras y sustancias minerales de toda clase, no est�n sujetos a esta excepci�n�. Sobre la norma en cita la jurisprudencia ha precisado que: �En la compra de bienes inmuebles, de servidumbres y de derechos herenciales, es preciso distinguir dos actos distintos y sucesivos: el contrato en s� mismo y el registro.
La perfecci�n del acto solemne se agota por la escritura p�blica. El registro efect�a la tradici�n del dominio. Cada uno de estos actos tiene su propia finalidad, como ya se dijo. El primero solemniza el acuerdo de voluntades y crea el v�nculo de derecho y las obligaciones respectivas entre los contratantes. Verifica la tradici�n el segundo. Se ve por lo anterior que ser�a violatorio del art�culo 1857 del C�digo Civil exigir para el perfeccionamiento de los contratos a que esa norma se refiere, no s�lo la solemnidad que de suyo ostenta la escritura p�blica, sino, adem�s, su registro, instituido por el legislador como medio de transferir el dominio.
Y si el contrato es perfecto y su clase o tipo el de bilateral, est� protegido por las acciones previstas por el art�culo 1546 del ordenamiento civil, en el supuesto, como ocurre en el presente caso, que el vendedor incumpla la obligaci�n de transferir el dominio a que lo obliga el art�culo 1880 del C�digo Civil. La falta de registro de la escritura p�blica de venta de inmuebles, que es el medio para verificar la tradici�n del dominio, no enerva la acci�n de resoluci�n de un contrato que adquiri� perfecci�n por la escritura p�blica, medio id�neo impuesto por la ley para el caso".
(CSJ, Cas. Civil, Sent. jul. 28/85) Se advierte que el contrato de compraventa se perfeccion� al otorgarse las escrituras p�blicas Nos. 4657 y 4725 de 16 de octubre y 11 de noviembre de 1996, respectivamente, de la Notar�a Quinta del C�rculo de esta ciudad, ya que recu�rdese que la perfecci�n del acto solemne se agota con el otorgamiento de la escritura p�blica, conforme la preceptiva del art�culo 1857 del C.C., situaci�n distinta sucede con el registro de �stas, el que no fue posible por �CAMBIO AREA Y LINDEROS CONLLEVE AUMENTO RESPECTO DE LOS REGISTRADOS DEBE HACERSE CON BASE EN CERTIFICACI�N O RESOLUCION DE CATASTRO Y/O AGUSTIN CODAZZI ELEVADA A ESCRITURA P�BLICA� (fl. 22).
Aduce la demandante que como no fue posible la inscripci�n de la escritura se requiere que la liquidadora de la entidad demandada suscriba la escritura de aclaraci�n, y su posterior registro, pero se advierte que: Por auto de 410-5767 de 21 de julio de 1998 la Superintendencia decret� la apertura del tr�mite de la liquidaci�n obligatoria de la sociedad demandada, fij�ndose el edicto emplazatorio el 28 de julio de 1998 y se desfij� el 11 de agosto del mismo a�o, venciendo el t�rmino para presentar cr�ditos el 9 de septiembre de 1998, el cr�dito de la entidad demandante no fue tenido en cuenta en la liquidaci�n obligatoria de la sociedad demandada por cuanto no se alleg� prueba siquiera sumaria de su existencia (fl 15 a 28 C2), ni se emiti� concepto favorable para la exclusi�n de los bienes inmuebles objeto del proceso (fl. 330 a 340 C.2), decisi�n contra la cual se interpuso recurso de reposici�n, siendo resuelta por la Superintendencia de Sociedades mediante auto 440-18421 en el que se afirm� que �Por otra parte, hay situaciones que en si mismas no generan una obligaci�n clara, expresa y actualmente exigible, que requieren de un pronunciamiento por parte de la justicia ordinaria, por tratarse de hechos que necesitan que se declare el derecho; en tales eventos, es muy importante establecer que v�nculos jur�dicos son claros, expresos y actualmente exigibles y cuales no, para proceder ya sea: hacerse parte dentro del tr�mite liquidatorio, presentando la prueba de la existencia de una obligaci�n que re�na las caracter�sticas anotadas o iniciar el correspondiente proceso ordinario en los eventos en donde no se cuenta con la certeza de la existencia del derecho, comunicando a este despacho de conformidad con lo establecido en el art�culo 158 de la Ley 222 de 1995, de la iniciaci�n del proceso, para que se disponga de la reserva necesaria con el fin de atender las resultas del mismo cuando sea proferida la sentencia correspondiente, por lo tanto este despacho no es competente para declarar situaciones de competencia de la justicia ordinaria o mejor atendiendo el derecho al juez natural de las partes� y la demanda se present� el 8 de febrero de 2000 (fl. 96 C.1).
El embargo es una medida establecida para asegurar la eficacia de la demanda del acreedor, es una afectaci�n de un bien del deudor al pago del cr�dito de ejecuci�n, o sea que lo transforma de prenda general en prenda espec�fica para el efectivo cumplimiento de la obligaci�n perseguida, al colocarlo por fuera del comercio, luego como corolario de esta situaci�n, la enajenaci�n del bien embargado acarrea su nulidad por objeto il�cito.
Consecuencia la realizaci�n pr�ctica. Por lo que advierte la Sala que las pretensiones no est�n llamadas a prosperar ante la imposibilidad jur�dica de darse cumplimiento a �stas, por las razones que a continuaci�n se indican: a) Exist�a imposibilidad de darse cumplimiento a las pretensiones de la demanda, ya que �sta se formul� cuando hab�a fenecido el t�rmino establecido en el art�culo 158 de la Ley 222 de 1995, el que si bien no es un t�rmino de caducidad en estricto sentido de la palabra, si establece las oportunidades en que los acreedores de la sociedad en liquidaci�n obligatoria pueden ejercer sus derechos, ya que recu�rdese que "la liquidaci�n de una sociedad es la extinci�n de la misma, para lo cual se deben surtir una serie de operaciones necesarias para extinguir todo v�nculo jur�dico tanto con los socios como con terceros " (Superintendecia de Sociedades, concepto 220-30705). b) Al momento de proferirse el fallo la Superintendencia de Sociedades declar� terminado el proceso concursal de liquidaci�n de la sociedad mediante resoluci�n No. 440-010404 del 3 de julio de 2002 (fls. 358 y s.s. C.1), y por ende, la sociedad desapareci� como sujeto de derechos y obligaciones. c) No es posible excluir bienes de la masa de la liquidaci�n, como quiera que �stos fueron objeto de la daci�n en pago. d) Alega el recurrente que al existir la inscripci�n de la demanda los terceros adquirentes quedaban sujetos a lo que se resolviera en este proceso, pero an�tese igualmente que con anterioridad a que se inscribiera tal medida, el bien se encontraba fuera del comercio por disposici�n de la Superintendencia de Sociedades, lo que implica que la sociedad demandante quedaba sujeto a lo que sucediera en el proceso de liquidaci�n. Puestas as� las cosas, se debe revocar el numeral primero de la sentencia censurada y confirmarla en cuanto neg� la prosperidad de las pretensiones.
DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: Revocar el numeral primero de la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito. En su lugar declarar probada la excepci�n de imposibilidad jur�dica de la liquidadora para suscribir las escrituras aclaratorias solicitadas por la actora�.
SEGUNDO: Confirmar en lo dem�s la sentencia objeto de apelaci�n.
TERCERO. CONDENAR en costas al apelante. T�sense. C�piese, notif�quese y c�mplase. Los Magistrados, EDGAR CARLOS SANABRIA MELO Ref: 00-05398 LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Ref: 00-05398 ?@K[acrsw�����������rz{�u|���D � � ! 9LNdw����� ]#���������������չմ���������������������\�5�\�6�CJ OJQJ]�5�6�CJ OJQJ\�]�5�CJ OJQJ\� CJ OJQJ6�mH sH 5�CJ OJQJ\�aJ 5�OJQJaJ OJQJ\�aJ CJ OJQJaJ OJQJ5�OJQJ\�aJ OJQJaJ jOJQJUaJ 2@KLZ[s��� ��������������������������� dh1$7$8$H$$dha$ $�7dh`�7a$ �S�^�S`�dh $�7dh`�7a$�d�`�dh�y����tuC D � � � � ! u����������������� �o�8�dh^�8`� �o�T���dh^�T`��� & F �8dh$dha$$�T���dh^�T`���a$dh & F $ & F dha$uv����]^cd����������������� �o��dh`�� �o�����dh^��`��� �o� �>@ @�����������������������dh�dh`� $��dh`��a$ $��dh`��a$$ �'�7dh*$`�7a$ @�A�A5E6E)G*GHG�G�HK2L�M�O�O[P�Q+S,S�V�V�W�W�Y�Y�Z�Z�������������������������� $��dh`��a$ �o�dh`�dh�ZD[G\H\�\q]�`/b0b1b�d�d�e�eWmXmoo o5o�o�o�r�s����������������������� $�7dh`�7a$ $�7�7]�7^�7a$ $��dh`��a$$�7�7dh]�7^�7a$ b.b0b1b�d�dZk�kXmo�q�q�q�r�u�u�v�v�v�vwwwpwxwywzw�w/x�x�x�x�����ҶҧҜ����ug�ăăb[�ăR��CJ OJQJaJ @���CJ aJ CJ aJ 5�@���CJ OJQJ\�aJ 6�@���CJ OJQJ]�aJ @���CJ OJQJaJ 5�CJ OJQJ\�^JaJ CJ OJQJ^JaJ 5�@���CJ OJQJ\�]�aJ 5�@���CJ OJQJ]�aJ 5�@���CJ OJQJ\�aJ @���CJ OJQJ]�aJ mH sH @���CJ OJQJ]�aJ mH sH CJ OJQJaJ mH sH �s 9����s��C��.��jEM�� `J�g�ш��w��� ����Q��t�`av��֥-��l?�=�D��%{@��_�� P �����+�������j��ǥ�W���Ot�U/���� ��;�Zm]E� ��Ho&��ψ� �����n���᧾����"�LW��4mG�v6���>��{ﲜߏp�t`���N����U�F�gJe�P{z��vw���� �W�iAN��#�{��J�T Qؙ#3.��%��ur�cP�2y����bHe�G�u�q˴�.�;�(�z����i" 0�~ѫ,�(�nQ|� ؗ(����@G-��3�O !��)��1W��NC�,!O# ��uV� ���I�N�S��ACO�! D���B/!%�0[E�������1� ]nSml����e*���Ҋ�ofk$� &�#�G�D ��R� (�r*B� � �&��� qv��s�N�/*K�Џ%�� �7Yb�l�X�k;���yՕq�P}��� �HzϤE������ 6�+�T -x��kN�4ſ,x\fc0��� ca�9� ��0��1s ��7��� ��w;-��q ��f�� ��L�b�]h����N�t)�� �:� ��c��3�xqh��l�'�_����=n � 5�_,xj�eK�ֱ"�I�AV�sm@�v���6 )qC���,L��)> ? 8w0�8�9(�����ڔ� c5I垨}I��v~�V����Y˜$l4v,�T�m#�Ѱ���]�����ҹ�x� � �,���� +����"���0`8x��O�?�J�֗nz6����[��.� �=W8L�Z����4�u`:�OZ��=�j1���謏E�����7��ePjڝ�q��@:;��!�����;T��M��3'P-��Q��s�Y��`�6\2f ^2�R�ɥ�u\F���4����9���[�$��l�I9�����'�� �ۅ�J�%�8�Ѵq�)C���;]��-R1g��%��+ ��J ����5�|L k�����= �j���{ ��$2[��S�v�k� 0�����Yz%qշCϻ��R������N��q��r�^�cu���M����o����z��P���'�@�y��S�3`�5k^6T������{�7����� ��Sps���d��7�o,|����FWQ�+��!���P�n�֦�O���9>�w�Ƿ��.ͽ�� -��l���= ����������7b4D�Q]gIEND�B`� i8@��8 NormalCJ_HaJmH sH tH:`: T�tulo 1$$@&a$ 5�CJ \�@`@ T�tulo 2$$@&a$CJ OJQJ^JF`F T�tulo 3$$@&a$5�CJ OJQJ\�^J@`@ T�tulo 5$dh@&5�CJ OJQJFA@���F Fuente de p�rrafo predeter. `� @ABDEFHJ�y?SV[^�� 2A20343P3\3(8*89 9�=�=�>�>\?a?b?f?A"A�F�F�F�F�G�GPH\H�H�H�I�IfLrL1O?O�O�O�P�PQQ�R�R%T1T5T ���������ZB9��������������UJ:V��9����������]' ?@ABCDEFGHIJK����MNOPQRS����UVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �F ��]�Q���Data ������������L1Table��������TkWordDocument����.�SummaryInformation(�������������DocumentSummaryInformation8���������CompObj����kObjectPool������������ ��]�Q� ��]�Q������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8�9�q