110013103023200300707 04 · Tribunal de Bogotá

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REF. EJECUTIVO CON T�TULO HIPOTECARIO DEL BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA S.A. CONTRA ALEJA RODR�GUEZ RODR�GUEZ. RAD. 110013103023200300707 04. Magistrada Ponente. NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ Discutido y aprobado en Sala de decisi�n del 3 de diciembre de 2014. Acta N�45 I. ASUNTO Resuelve el Tribunal el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 22 de mayo de 2014, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti�n de esta ciudad, en el proceso de la referencia. II.

ANTECEDENTES 1). PETITUM: El Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., por conducto de apoderado judicial especialmente constituido para el efecto, por v�a de acumulaci�n en el juicio que entre las mismas partes cursaba ante el Juzgado Veintitr�s Civil del Circuito de esta ciudad formul� demanda ejecutiva hipotecaria contra Aleja Rodr�guez Rodr�guez, para que con su citaci�n y audiencia, previos los tr�mites legales correspondientes, se librara mandamiento de pago a su favor por los siguientes rubros: 181.074,2994 UVRS equivalentes al 15 de septiembre de 2005 a $27.594.166,00., por concepto de 55 cuotas vencidas y no pagadas, entre el 15 de marzo de 2001 al 15 de septiembre de 2005, a raz�n de 3.292,2599 UVR cada una. 662.494,9964 UVRS correspondientes al capital insoluto de la obligaci�n, equivalentes para el 15 de septiembre de 2005 a la suma de $100.958.540,00, rubro que se hace exigible a partir de la fecha de presentaci�n de la demanda por cuanto se declara vencido el plazo como consecuencia de la mora en el pago de las cuotas pactadas.

As� mismo, solicit� se librara orden de pago por 394.449,5208 UVR por concepto de intereses de plazo causados desde el 15 de marzo de 2001 hasta el 4 de octubre de 2005 liquidados a la tasa de 13.1% anual sobre el capital insoluto. Igualmente reclama se ordene el pago de los intereses moratorios liquidados respecto de las cuotas en mora y el saldo acelerado, a la tasa del 19,65% efectivo anual, desde la fecha de presentaci�n de la demanda hasta que el pago de las obligaciones insolutas se haga efectivo.

Finalmente pide se condene a la convocada al pago de las costas y agencias en derecho que se originen como consecuencia del presente asunto. 2) CAUSA: Como fundamento de las pretensiones, la parte actora expuso, en s�ntesis, los siguientes hechos relevantes: Afirma que la se�ora Aleja Rodr�guez Rodr�guez el 15 de abril de 1999 suscribi� a favor de la demandante el pagar� N� 11367 por valor de $66.031.446,00, monto que ser�a cancelando en 204 cuotas mensuales sucesivas, pagaderas a partir del 15 de mayo de 1999.

De igual forma, sostiene que en el t�tulo valor atr�s aludido se pact� que el deudor reconocer�a sobre el capital mutuado intereses remuneratorios o de plazo calculados a la tasa de la DTF incrementada en 9.5% porcentuales, que en caso de mora se reconocer�an intereses a la tasa m�xima autorizada por la ley, la cual para el caso particular equivale a 19.65%; y que en caso de mora en el pago de cualquiera de las cuotas se habilitaba al acreedor para dar por extinguido el plazo exigiendo el pago total de la obligaci�n. Que para garantizar el pago de la obligaci�n contenida en el pagar� utilizado como base de la acci�n la demandada constituy� a favor del demandante hipoteca de primer grado sobre los inmuebles distinguidos con los folios de matr�cula inmobiliaria n�meros 50N-473074 y 50N-4844330 mediante la escritura p�blica 5630 del 23 de diciembre de 1997 otorgada en la Notar�a Novena del Circulo Notarial del Bogot�, la cual se encuentra debidamente registrada.

Finalmente se�ala que atendiendo lo dispuesto en el art�culo 42 de la Ley 546 de 1999 y lo ordenado por la sentencia C-955 del 26 de julio de 2000 la obligaci�n aqu� perseguida fue objeto de reliquidaci�n arrojando un alivio de $7.813.363,70, el cual fue aplicado en forma retroactiva, por lo que considera que al ser la demandante la propietaria actual de los inmuebles hipotecados y la existencia de una obligaci�n clara expresa y actualmente exigible a su favor acude a la presente v�a procurando su recaudo. 3).

ACTUACI�N PROCESAL: Por auto del 25 de mayo de 2006 corregido mediante providencia del 28 de junio siguiente el Juzgado de conocimiento libr� mandamiento ejecutivo accediendo por completo a los pedimentos de la demanda, ordenando su notificaci�n a la pasiva mediante anotaci�n en estado, quien dentro de la oportunidad correspondiente tach� de falso el t�tulo y formul� las excepciones de m�rito que denomin� �prescripci�n de la acci�n cambiaria�, �cobro de lo no debido y pago parcial de la obligaci�n� y �excepci�n de inconstitucionalidad�.

Las referidas defensas fueron sometidas a la debida contradicci�n, y luego de rituada a cabalidad la instancia el 22 de mayo de 2014 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti�n de Bogot� dict� sentencia, por medio de la cual, declar� probada la excepci�n de �cobro de lo no debido�, disponiendo la terminaci�n del proceso y adoptando las dem�s determinaciones que decisi�n en tal sentido implica condenando en costas al demandante.

Inconforme con lo as� resuelto el apoderado judicial del extremo actor formul� recurso de apelaci�n, el cual fue concedido en el efecto de ley, motivo por el cual se encuentra el presente asunto ante esta Corporaci�n. III.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA El juez de primera instancia tras exponer los antecedentes del caso e historiar lo relativo al tr�mite del proceso, se�al� que si bien junto con la demanda se alleg� un pagar� suscrito por la demandada en ejercicio de su autonom�a, no se debe perder de vista que atendiendo los pronunciamientos efectuados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado con relaci�n a los cr�ditos otorgados para la adquisici�n de vivienda �no se afect� la existencia y validez de la acreencia que sirve de soporte a los pedimentos del demandante, ni se mut� la condici�n de acreedor y deudor que subyace este tipo de v�nculos sustanciales, se vari� la forma de la determinaci�n del objeto de la prestaci�n dineraria debida, todo con el deber, claro est�, de que se redenominar� y nuevamente se reliquidar� el cr�dito y, de ser el caso, se aplicaran los abonos que aquella ley preve�a�.

Posteriormente, luego de referirse a los par�metros a tener en cuenta para liquidar obligaciones c�mo la aqu� pretendida y las medidas que deb�an adoptarse para ajustarlas a la legalidad, determin� que �la deudora contrajo con la aqu� demandante el cr�dito el 15 de abril de 1999, y por tanto, de antemano asumieron una contingencia, un alea, como consecuencia de la desvalorizaci�n real del poder adquisitivo del peso y connatural al fen�meno inflacionario, en cuanto la inflaci�n pod�a ser m�s o menos elevada, por ende sujet�ndose a que tal cr�dito pudiese ser reliquidado con ocasi�n de la multicitada Ley, operaci�n aritm�tica que deb�a por supuesto cumplir con ciertos criterios, los cuales al momento de ser analizados se enfocaran con referencia al dictamen pericial aportado, del cual se hace evidente el cobro en exceso realizado por la actora, como lo permite entrever el auxiliar de la justicia designado (fl.153), quien manifiesta que efectivamente, por parte del Banco demandante pretende recaudar con exuberancia el Monto inicialmente pactado en la obligaci�n que se ejecuta. �En resumen como ac� planteo la pasiva se demostr� que las circunstancias se�aladas por esta permiten inferir sin lugar a dudas que realmente la obligaci�n que se ejecuta estuvo mal liquidada por parte de la entidad financiera y que la intervenci�n del perito designado permiti� evidenciar tal situaci�n, a trav�s del dictamen arrimado, situaci�n que no pudo ser desvirtuada por la actora, lo que conlleva de contera a que declare probada la excepci�n formulada por la pasiva, esto es, cobro de lo no debido, por lo que el despacho se abstendr� de realizar pronunciamiento alguno sobre los dem�s medios exceptivos propuestos, esto de conformidad con lo establecido en el inciso 2� del art�culo 306 del C�digo de Procedimiento Civil�, por lo cual concluye declarando terminado el proceso y condenando en costas a la demandante.

IV. LA APELACI�N El recurrente luego de recordar los antecedentes del juicio, los fundamentos de la sentencia y realizar un recuento de las conclusiones a las que lleg� el perito en el dictamen que tuvo como soporte el juez en su determinaci�n, afirm� que dicha conclusi�n no es adecuada, pues, a su juicio la experticia contiene contradicciones, por cuanto est� aplicando criterios que s�lo pod�an aplicarse a obligaciones surgidas con posterioridad a la expedici�n de la Ley 546 de 1999, desconociendo las condiciones pactadas por las partes y que se encuentran incorporadas en el t�tulo utilizado como base de la acci�n, as� mismo existe una equivocaci�n en la medida que se parte de la premisa que el valor mutuado fue de $50.000.000,00 cuando el t�tulo tiene como importe $66.031.445,00.

Por lo anterior se�ala que �el perito confunde y entremezcla datos e informaciones del pagar� base de recaudo con otro t�tulo valor anterior, suscrito igualmente por la misma demandada en el a�o 1998, que fuera pactado en Unidades de Poder Adquisitivo de Valor Constante UPAC, cuyo pagar� se distingue con el No. 2000-00366019, pactado a un plazo de 168 cuotas, y con un inter�s del 11% efectivo anual.

Por estas circunstancias, al confundir indebidamente las condiciones y menciones literales del cr�dito base de recaudo con otro extra�o a esta ejecuci�n, las conclusiones financieras de ese dictamen resultan distorsionadas e inv�lidas para el caso.� Posteriormente y luego de citar normas y jurisprudencia en torno a la forma en que se deben liquidar los cr�ditos destinados a la adquisici�n de vivienda otorgados con anterioridad a la expedici�n de la Ley 546 de 1999, afirma que para el presente asunto se debi� tener en cuenta lo previsto en la Resoluci�n 07 de 2000 y el Decreto 2702 de 1999.

Finalmente se�al� que rechaza las �conclusiones del juzgador de instancia, en cuanto acoge como ciertas la conclusiones erradas y financieramente inexactas del experticio realizado por el perito designado en esta actuaci�n, como demostrativas del presunto cobro de lo no debido, al declarar probada esta excepci�n, y negar consiguientemente las pretensiones de la demanda; omitiendo que el monto del presunto cobro en exceso, en ning�n caso fue superior a los valores cobrados en el libelo, sino que a manera de observaci�n dicho exceso (por $13.619.024,79 M/cte. seg�n concluye a folio 153 de la aclaraci�n del dictamen rendido), no permite ni supone extinci�n total de la obligaci�n materia de recaudo; sino apenas implicar�a una mera reducci�n del quantum de las pretensiones cobradas; y por consiguiente dar�a lugar a la continuidad de la ejecuci�n de la diferencia. Y al no proceder de esta manera, el juzgado de instancia incurre en evidente yerro jur�dico que debe ser corregido��.

Concluye solicitando �revocar en su integridad el fallo impugnado, y en su lugar ordenar seguir adelante la ejecuci�n, declarando consecuencialmente impr�speras las excepciones de m�rito propuestas por la parte demandada�. V. CONSIDERACIONES PRESUPUESTOS PROCESALES: Sea lo primero, advertir la presencia de los presupuestos procesales necesarios para considerar v�lidamente trabada la relaci�n jur�dico- procesal.

En efecto, le asiste competencia al Juez de primer grado para conocer del proceso y al Tribunal para resolver la alzada; las personas enfrentadas en la litis ostentan capacidad para ser parte y procesal, dada su condici�n de personas naturales en ejercicio de sus derechos; por �ltimo, la demanda re�ne los requisitos m�nimos de ley. Por lo dem�s, no se vislumbra vicio de nulidad que afecte la actuaci�n surtida, o que de haberse presentado no hubiere sido saneada, supuestos estos que permiten decidir de m�rito.

Por su parte, la legitimaci�n en la causa, tanto activa como pasiva se encuentra acreditada con los documentos arrimados con el libelo introductorio, pues la parte actora alleg� instrumento que demuestra la existencia de un t�tulo ejecutivo a su favor y a cargo de la demandada. En efecto, con la demanda acumulada se aport� como t�tulo base de la ejecuci�n el pagar� n�mero 462000011367, por valor de $66.031.446,00 de fecha 15 de abril de 1999, pagadero en 204 cuotas la primera desde el 15 de mayo de 1999, reconociendo intereses de plazo a la tasa del DTF efectivo anual m�s 9.5 puntos y moratorios a la m�xima autorizada, el cual en principio cumple con las exigencias de los art�culos 621 y 709 del C�digo de Comercio, se encuentra a cargo de la demandante y a favor del Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. Tambi�n se hace valer primera copia de la Escritura P�blica N� 5630 del 23 de diciembre de 1997 otorgada ante la Notar�a Novena del C�rculo Notarial de Bogot�, contentiva del gravamen hipotecario constituido por Aleja Rodr�guez Rodr�guez a favor del Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., sobre los inmuebles de su propiedad, ubicados en la Avenida 116 N� 14A � 50 apartamento 501 y Garaje S1-08, identificados con los folios de matr�cula inmobiliaria Nos. 50N-473074 y 50N-484330 respectivamente, con la constancia de ser la primera que presta m�rito para exigir el cumplimiento de las obligaciones en ella contempladas, cumpliendo as� con las exigencias del art. 42 del Decreto 2163 de 1970.

Satisfechos entonces los presupuestos de los art�culos 488 y 497 del C.P.C., resultaba procedente aceptar la acumulaci�n de la demanda y, por ende, la iniciaci�n y tr�mite de la presente ejecuci�n, sin embargo ante las excepciones perentorias esgrimidas por la pasiva, se hace necesario verificar si con ellas y las pruebas allegadas se logr� enervar parcial o totalmente, las pretensiones de la demanda, de cuyo examen se ocupa inmediatamente la Sala.

DEL PROCESO EJECUTIVO Se ha dicho de manera reiterada por la doctrina y jurisprudencia nacional que el proceso ejecutivo tiene por finalidad la satisfacci�n de la prestaci�n no cumplida voluntaria y extrajudicialmente por el deudor; su objeto es la realizaci�n de un derecho privado reconocido en sentencia de condena o en otro t�tulo que lleve �nsita su ejecutividad, es una coacci�n dirigida a lograr el cumplimiento de la obligaci�n. Por la naturaleza misma de este tipo de juicio el t�tulo es el presupuesto o condici�n de la ejecuci�n y consiste necesariamente en un documento contentivo de la voluntad concreta, de la cual resulte a cargo del demandado o de su causante una obligaci�n expresa, clara y exigible a favor del demandante; trat�ndose de t�tulos contractuales o declaraciones unilaterales deben provenir del deudor o de su causante y estar dotados de autenticidad, sin perjuicio de la presunci�n que respecto de esto �ltimo ha conferido el legislador a partir de la expedici�n de la Ley 446 de 1998.

Como puede anotarse es presupuesto esencial de la ejecuci�n la existencia de un documento que re�na a cabalidad las exigencias del art. 488 del C.P.C., en virtud del cual pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra �l, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicci�n, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contenciosos- administrativos o de polic�a aprueben liquidaci�n de costas o se�alen honorarios de auxiliares de la justicia. Se evidencia de lo expuesto que nuestro legislador no hace una enunciaci�n taxativa de los documentos que pueden servir de t�tulo de ejecuci�n, de suerte que podr�n utilizarse para tal fin cualquier instrumento contentivo de un negocio jur�dico que versen sobre intereses patrimoniales de los celebrantes, entendido �ste como el instrumento que el derecho le otorga a las personas para la disposici�n de intereses tendiente a un efecto jur�dico el cual puede ser la creaci�n, modificaci�n o extinci�n de una situaci�n de derecho, siempre que del mismo emerjan las caracter�sticas que pregona el art�culo 488 del C.P.C., entre los que se cuentan con car�cter especial los t�tulos valores dadas las especiales caracter�sticas que los regentan LOS T�TULOS VALORES En este orden de ideas podemos afirmar que los t�tulos valores son negocios jur�dicos consensuales de forma espec�fica, pues la voluntad de obligarse debe estar contenida en un documento de las caracter�sticas que prev� el art�culo 619 y dem�s espec�ficos del mismo ordenamiento, so pena de ineficacia de suerte que en virtud de su suscripci�n surge entre las partes contratantes la denominada relaci�n cambiaria, la cual es definida como el v�nculo jur�dico que existe entre el leg�timo tenedor de un t�tulo- valor y los obligados cambiarios, cuyas obligaciones incorporadas en el t�tulo corresponden a los derechos exigibles por ese legitimo tenedor.

Valga decir se ha concebido como fuentes de las obligaciones a los hechos y actos jur�dicos en la medida que son base de su origen, su presupuesto y condici�n, respecto de las obligaciones cambiarias existen innumerables tesis entre ellas la unilateralista, seg�n la cual la voluntad unilateral es la fuente de la obligaci�n cambiaria. El librador, lo mismo que el endosante, avalista, girador, etc., asume por su sola voluntad la obligaci�n de pagar el t�tulo valor destinado a circular, a la persona determinada sino determinable, es decir, a quien al vencimiento aparezca como tenedor leg�timo requiriendo en todo caso las obligaciones cambiarias para su validez la concurrencia de ciertos elementos fundamentales sin los cuales carecen de validez como son capacidad, consentimiento, objeto y causa Los t�tulos valores se encuentran regidos por los principios de literalidad, incorporaci�n y legitimaci�n, como se desprende del contenido del art�culo 619 del C�digo de Comercio, seg�n el cual: �Los t�tulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y aut�nomo que en ellos se incorpora��, siendo de especial inter�s para el caso de autos, los dos primeros, que han sido entendidos por la doctrina de la siguiente manera: a) Literalidad: Hace referencia al contenido impreso en el t�tulo, la cual debe examinar tanto desde el punto de vista activo como pasivo, pues conforme al primero, el tenedor de un t�tulo valor no podr� invocar m�s derechos de los que aparecen en el documento, ni puede pretender exigir derechos distintos de los all� insertados y desde el pasivo, el obligado en un t�tulo valor no podr� ser forzado a atender prestaciones distintas de las que reza el documento y cumplir� su obligaci�n en la medida que pague la prestaci�n que describe el mismo t�tulo, sin perjuicio del derecho que le asiste a �ste �ltimo de procurar contra la literalidad cuando el debate se susciten entre quienes fueron parte del negocio causal cuando quiera que el t�tulo no ha circulado. b) Incorporaci�n: Esta caracter�stica busca poner de presente la inseparabilidad, la indisoluble uni�n que en materia de t�tulos valores se presenta entre el derecho y el documento, toda vez que no podr� existir derecho sin documento que lo contenga.

Estos postulados son recogidos en el Estatuto Mercantil al establecer que toda obligaci�n cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un t�tulo valor y de su entrega con la intenci�n de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulaci�n, presumi�ndose la entrega cuando el t�tulo se halle en poder de persona distinta del suscriptor (art�culo. 625 C. de Co.), quien por su parte, quedar� obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia (art�culo 626 ib�dem).

De lo anterior se desprende que el derecho cambiario acepta que los t�tulos valores tienen una causa es decir se parte del supuesto que toda emisi�n de un t�tulo valor tiene como origen la celebraci�n de un negocio jur�dico, llamado relaci�n fundamental o subyacente siendo por regla general el contrato la raz�n primitiva de la deuda que se refuerza y adquiere la movilidad que le imprime la condici�n cambiaria, pero cualquiera de las fuentes de las obligaciones puede constituir la base de la relaci�n originaria, motivo por el cual el ordenamiento ha previsto como causal de excepci�n cambiaria precisamente las derivadas del negocio jur�dico que dio origen a la creaci�n del t�tulo contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio por ejemplo la ineficacia, incumplimiento etc, a fin de enervar las pretensiones y liberarse del cumplimiento de la obligaci�n demandada.

T�TULOS VALORES EN BLANCO O CON ESPACIOS EN BLANCO, SUS INSTRUCCIONES Y ALTERACI�N �Puede darse el caso de un t�tulo valor formal pero no completo; es lo que sucede con los llamados tambi�n incoados o empezados, que son aquellos en los que el suscriptor solo ha puesto su firma dejando en forma deliberada, total o parcialmente espacios en blanco para ser llenados por el tenedor leg�timo, de acuerdo con las instrucciones dadas a �ste �ltimo.

El t�tulo en blanco es un t�tulo en formaci�n que tiene plena validez una vez sea completado en armon�a con el acuerdo de emisi�n� (Cesar Dar�o G�mez, T�tulos Valores). El art�culo 622 del C�digo de Comercio regula lo referente a los t�tulos en blanco y ense�a en su inciso primero que: �Si en el t�tulo se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legitimo podr� llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el t�tulo para el ejercicio del derecho que en �l se incorpora, pero al propio tiempo indica que en las instrucciones dadas por el suscriptor no pueden existir dichos vac�os, toda vez que el t�tulo debe ser llenado de acuerdo con las indicaciones expresas que �ste otorgue y no a criterio del tenedor, es decir, la labor de complementaci�n debe ser hecha estrictamente de acuerdo con las instrucciones recibidas, pues en tales condiciones es aceptado por el derecho cambiario, pero cuando se sale de las marcas de la autorizaci�n, le resta eficacia jur�dica de suerte que expresa el mismo mandato "Para que el t�tulo, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en �l han intervenido antes de completarse, deber� ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorizaci�n dada para ello".

Se advierte entonces que nuestra ley mercantil otorga protecci�n a quien entrega un t�tulo valor en blanco, al consagrar que el tenedor leg�timo �nicamente estar� facultado para llenarlo si sigue estrictamente las instrucciones de quien lo entreg�, las cuales no se podr�n plasmar en el documento escrito en forma imprecisa o indeterminada y deber�n contener los requisitos m�nimos y las caracter�sticas propias del t�tulo valor de que se trate, en consecuencia, el llenar el t�tulo contrariando las instrucciones respectivas puede dar lugar a responsabilidades tanto civiles como penales.

En raz�n de lo anterior las directrices para llenar el t�tulo no requieren una forma especial para otorgarlas, pudiendo en consecuencia darse verbalmente o por escrito, pero a efectos de evitar conflictos jur�dicos es preferible que se confieran de �sta �ltima forma, a fin de facilitar la constataci�n de que se han seguido de manera exacta; las cuales por dem�s deber�n ser precisas o determinadas, esto es, carentes de ambig�edad, como ser�a �como quiera� o, �con plenas facultades�, entre otros de similar alcance y deber�n contener los requisitos m�nimos y las caracter�sticas propias del t�tulo valor de que se trate, toda vez que conforme las previsiones del art�culo 631 del C�digo de Comercio cuando quiera que se presente alteraci�n material de un t�tulo valor �los signatarios anteriores se obligan conforme al texto original y los posteriores conforme al alterado�.

No significa lo anterior que en caso contrario, esto es, en el evento que no se sigan estrictamente las instrucciones ello conlleve de manera inexorable en todos los casos a la ineficacia del instrumento, como a bien lo ha sostenido el doctor Bernardo Trujillo Calle, quien resalta esta situaci�n como elemento vital de la reforma introducida al ordenamiento mercantil, habida consideraci�n que en vigencia de la Ley 46 de 1923 se contemplaba como sanci�n en caso de alteraci�n de un t�tulo valor el descargo del instrumento, es decir lo dejaba sin efecto alguno, mientras que actualmente, como pudo apreciarse del contenido del art�culo 631 arriba citado la situaci�n tiene una soluci�n distinta encaminada en todo caso a preservar el derecho cartular.

Conforme lo anotado, existe alteraci�n material cuando los espacios en blanco se llenan contrariando la autorizaci�n dada por el aceptante u otorgante, es decir, cuando se infringe el pacto que se hace al momento de suscribir el respectivo t�tulo valor, circunstancia que, como se anot�, si bien no siempre afecta la eficacia del instrumento cartular obliga a que acreditado el desconocimiento se ajuste el documento a los t�rminos originalmente convenidos entre suscriptor y el tenedor, con las limitaciones se�aladas en el referido art�culo 631.

Sin embargo, quien alegue que se desconocieron las instrucciones impartidas tiene a su haber la carga de la prueba, a fin de demostrar que suscribi� el t�tulo con espacios en blanco, que imparti� determinadas instrucciones para su complementaci�n y que �stas fueron incumplidas. Ahora bien trat�ndose de t�tulos valores suscritos en blanco a favor de entidades financieras se ha venido se�alando por parte de la autoridad encargada de vigilar su actividad comercial que necesariamente la carta de instrucciones se debe realizar por escrito, obligaci�n que data desde anta�o. En efecto la Superintendencia Bancaria expidi� la Circular 075 del 3 de octubre de 1978 en la cual estableci� que las instrucciones ��deber�n constar siempre por escrito cuando se expidan pagar�s que revistan esta modalidad�, con posterioridad la misma autoridad a trav�s de la Circular Externa DB-010 del 31 de enero de 1985, ratific� la instrucci�n se�alando los requisitos m�nimos que deb�a contener el escrito entregado por el suscriptor del t�tulo valor en blanco, instrucciones que para la �poca que se suscribi� el pagar� utilizado como base de la presente acci�n ya hab�a sido impuestas mediante la Circular Externa DB-10 de 1985 en el numeral 7 del Cap�tulo Primero del T�tulo II de la Circular B�sica Jur�dica (Circular Externa 007 de 1996 Superbancaria) expedida por la Superintendencia Financiera que prescribe: �7.OPERACIONES CON T�TULOS VALORES EN BLANCO Este Despacho se permite impartir las siguientes instrucciones a efectos de que los establecimientos de cr�dito efect�en una correcta utilizaci�n de los pagar�s firmados en blanco por sus deudores: 7.1 Condiciones El art�culo 622 del Estatuto Mercantil establece la posibilidad de crear t�tulos valores con espacios en blanco, pero al propio tiempo prev� que en las instrucciones dadas por el suscriptor no pueden existir vac�os, toda vez que el t�tulo s�lo puede ser diligenciado de acuerdo con las instrucciones expresas de su creador y no a criterio del tenedor del mismo, en este caso de las instituciones financieras.

Nuestra Ley Mercantil otorga protecci�n a quien entrega un t�tulo valor en blanco, al consagrar que el tenedor leg�timo �nicamente estar� facultado para llenarlo si sigue estrictamente las instrucciones de quien lo entreg�, las cuales no se podr�n plasmar en el documento escrito en forma imprecisa o indeterminada y deber�n contener los requisitos m�nimos y las caracter�sticas propias del t�tulo valor de que se trate.

En consecuencia, adem�s de las que los clientes consideren necesario introducir, el escrito de instrucciones deber� contener: - Clase de t�tulo valor; - Identificaci�n plena del t�tulo sobre el cual recaen las instrucciones; - Elementos generales y particulares del t�tulo, que no consten en �ste, y para el cual se dan las instrucciones; -Eventos y circunstancias que facultan al tenedor leg�timo para llenar el t�tulo valor.

Copia de las instrucciones debe quedar en poder de quien las otorga. En virtud de lo expuesto este Despacho considera, al tenor del literal a), numeral 5o. del art�culo 326 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, como pr�ctica insegura y no autorizada la inobservancia de las instrucciones impartidas anteriormente. Igualmente, se permite recordar a las entidades que el llenar el t�tulo contrariando las instrucciones contenidas en la ley puede dar lugar a responsabilidades tanto civiles como penales.� En resumen del punto que se viene tratando si bien es cierto no es obligatorio cuando se suscriban t�tulos valores en blanco que las instrucciones sean dadas por escrito, la Superintendencia Bancaria hoy Financiera ha impuesto que dicha formalidad se cumpla cuando el instrumento se otorgue a favor de una Entidad Financiera, ello con el prop�sito de garantizar la no incursi�n en pr�cticas inseguras.

DE LA PRESCRIPCI�N: La prescripci�n puede presentar dos modalidades, la adquisitiva y la extintiva, siendo esta �ltima la que interesa para el caso de autos, y que ha sido definida por el Legislador como el modo de extinguir las acciones o derechos ajenos, por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo (Art. 2512 C.C.).

Ahora bien, la prescripci�n se puede interrumpir natural o civilmente, la primera por reconocer el deudor la obligaci�n y la segunda por la demanda judicial, (Art. 2539 C. C.), sin embargo, para que esta �ltima forma de interrupci�n se produzca es necesario que el auto admisorio o el mandamiento de pago, seg�n el caso, se notifique al demandado en el t�rmino perentorio que consagra el legislador en el art�culo 90 del C.P.C., de igual modo la misma una vez configurada puede ser renunciada por la persona a quien beneficia de acuerdo con lo establecido en el Art. 2514 del C�digo Civil.

DEL PAGAR� Y SU PRESCRIPCI�N. El pagar�, es un instrumento de car�cter crediticio que contiene una promesa incondicional de quien lo emite de pagar una suma determinada de dinero a su vencimiento, a favor del tomador o beneficiario o del leg�timo tenedor del documento. Es as� que quien hace uso de dicho instrumento, deber� ce�irse a cumplir todos los requisitos intr�nsecos y extr�nsecos para su eficacia y validez, estando entre �stos �ltimos la menci�n del derecho que en �l se incorpora as� como las condiciones de presentaci�n para su cobro, respetando los t�rminos que la ley le impone al efecto, que en caso de omisi�n acarrear�a las sanciones establecidas, como son la caducidad y/o prescripci�n de la acci�n cambiaria, siendo ambos fen�menos sanciones impuestas al titular de la acci�n o beneficiario o tenedor por su inactividad para el ejercicio del derecho, motivo por el cual, la legislaci�n mercantil ha previsto para que se configure la prescripci�n de �ste instrumento cartular un t�rmino de tres (3) a�os, contados desde la fecha de su vencimiento (art. 789), debi�ndose en todo caso para efecto del c�mputo del referido t�rmino tomar en consideraci�n la forma de vencimiento estipulada en el instrumento.

Dadas las distintas formas de vencimiento que se pueden acordar en este tipo de t�tulo valor, -entre las cuales est� �con vencimientos ciertos y sucesivos�, tambi�n llamado por instalamentos, en virtud del cual se permite exigir la satisfacci�n de la obligaci�n durante determinados periodos que se suceden unos a otros (bien puede ser mensual, semestral o como acuerden las partes)-, al analizar lo atinente a la excepci�n de prescripci�n debe tenerse en cuenta que el t�tulo que soporta la obligaci�n contenga o no la llamada cl�usula aceleratoria o facultad que se otorga al acreedor para declarar vencido el plazo y, por tanto, para exigir de inmediato la integridad de la obligaci�n, siempre que el deudor incumpla el pago de cualquiera de �stas o se d� otra circunstancia previamente acordada para su aplicaci�n. Lo anterior por cuanto en esta modalidad de pago cada una de las cuotas constituyen obligaciones independientes, aunque emanadas de un mismo t�tulo, cuyo t�rmino de prescripci�n corre separadamente para cada una de ellas a partir de su exigibilidad, no obstante, para las cuotas no vencidas cuyo pago se acelera en raz�n a la aplicaci�n por parte del acreedor de la cl�usula aceleratoria acordada, el t�rmino de prescripci�n corre desde el momento en que se declara la extinci�n anticipada del plazo, porque al tenor del art�culo 789 de C. de Co., antes citado el punto de partida de la prescripci�n extintiva del derecho incorporado en los t�tulos valores es la exigibilidad de la obligaci�n que, en caso de operar la mencionada estipulaci�n se produce de forma prematura.

Siendo la presentaci�n de la demanda manifestaci�n indiscutible de la voluntad del acreedor del ejercicio de su facultad de dar por vencido el plazo respecto a las cuotas no vencidas, por tanto, es a partir de tal fecha en donde surge la exigibilidad de las cuotas o instalamentos futuros, particularmente en aquellos cr�ditos otorgados para la adquisici�n de vivienda dada la limitaci�n que frente a este tipo de estipulaci�n consagra la Ley 546 de 1999.

Deviene de lo expuesto que para evitar que, eventualmente, resulte nugatorio el ejercicio de la acci�n cambiaria, indistintamente a la forma de vencimiento convenida, la demanda ejecutiva se debe presentar antes que opere el t�rmino prescriptivo para el respectivo t�tulo y el ejecutante se allane al cabal cumplimiento de la carga procesal que le impone el art. 90 del C.P.C., -de enterar al ejecutado de la orden de pago librada en su contra en el preciso t�rmino que consagra dicha disposici�n-, sin perjuicio de que, quien se hubiera beneficiado con el fen�meno extintivo renuncie expresamente a �l. No obstante lo anterior, pertinente resulta recordar que el inciso final del art. 2536 del C�digo Civil, ense�a que �una vez interrumpida o renunciada una prescripci�n, comenzar� a contarse nuevamente el respectivo t�rmino�; precepto que si bien se consagr� s�lo con la Ley 791 de 2002 (Art. 8�), el efecto �til que all� previ� el legislador ya hab�a sido decantado con anterioridad por la Corte Suprema de Justicia, al decir que ��Con todo, como la renuncia, a semejanza de lo que ocurre con la interrupci�n, conlleva a contabilizar un nuevo t�rmino de prescripci�n, la Corte tiene averiguado que el �resultado de la renuncia, igual que la interrupci�n, es la prescindencia de todo el tiempo de inercia corrido hasta entonces, de modo que el c�mputo se reinicia, con posibilidad pr�cticamente indefinida de que se repitan los fen�menos, hasta que el t�rmino respectivo transcurra �ntegro nuevamente.( Sentencia de 28 de febrero de 1984, G. J. Tomo CLXXVI, p�g. 55)� CASO CONCRETO: En el caso que concita la atenci�n de la Sala, deviene necesario para efecto de la decisi�n a adoptar iniciar el examen de la instancia con el estudio de la excepci�n de cobro de lo no debido que se dio por probada por el a quo y gener� consecuentemente la terminaci�n de la ejecuci�n y que en estrictez se sustent� en que el pagar� fue llenado por valores superiores a los realmente adeudados como consecuencia de errores aritm�ticos e interpretaci�n err�nea de normas en la conversi�n de las tasas efectivas anuales equivalentes a las mensuales correspondientes a la correcci�n monetaria y la intermediaci�n; que al �comparar toda la documentaci�n surge a las claras que se han consignado �en el pagar�-, valores fechas y condiciones que bajo ninguna circunstancia obedecen a la autorizaci�n que tiene el Banco en la carta de instrucciones para llenar los espacios en blanco de los t�tulos valores�.

El recurrente reclama la revocatoria de la sentencia porque a su juicio la prueba pericial recaudada al interior del proceso no tiene la contundencia para quebrar la ejecuci�n, y que si eventualmente �sta se acogiera la misma conllevar�a a declarar probada la excepci�n pero de forma parcial, puesto que la obligaci�n perseguida no se encuentra completamente extinta, porque existe un saldo insoluto.

El juez de primera instancia para adoptar su determinaci�n se fund� en el dictamen adosado a folios 118 a 136 del cuaderno de la demanda acumulada, el cual ajuicio del a-quo acredita la extinci�n de la obligaci�n, sin embargo, revisando dicha experticia de forma prematura observa la Sala que tal conclusi�n devino desacertada; primero porque de ser acogida las conclusiones del auxiliar, ninguna apunta a que la obligaci�n aqu� perseguida se encuentre satisfecha, pues, obs�rvese que por el contrario, particularmente en la metodolog�a, donde realiza la liquidaci�n siguiendo estrictamente las pautas fijadas por las partes en el pagar� base de la acci�n al margen de los valores que seg�n su criterio hab�a cobrado en exceso la entidad hasta 21 de abril de 2001, el saldo de la obligaci�n por concepto de capital a esa data era de $46.800.227,69, lo que adicionalmente resulta contradictorio cuando refiere que el valor total pagado por la clienta fue la suma de $24.889.700,00, lo que resta precisi�n a los fundamentos que soportan las conclusiones.

Dicha labor pericial adicionalmente no puede ser acogida, por cuanto la misma parte de un presupuesto errado, cual es que el valor inicial de la acreencia era de $50.000.000, desconociendo la literalidad del t�tulo distinguido con el n�mero 462000011367 que contiene como importe la suma de $66.031.446,00, sin que se dieran elementos de juicios que enervaran o confirmaran el valor que se dice adeudado; entendiendo la Sala que el perito consider� que el pagar� base de la acci�n se otorg� en raz�n de la restructuraci�n del cr�dito contenido en el t�tulo distinguido con el n�mero 00366019 y que fue girado igualmente por la demandada como consecuencia del cr�dito otorgado para la liberaci�n del gravamen hipotecario que la misma hab�a constituido a favor de Concasa, sus operaciones y conclusiones devienen igualmente equivocadas porque aquel instrumento fue otorgado por 4.266,7067 UPAC, que para el momento de desembolso equival�a a $50.000.000,99, pero por la naturaleza de dicho sistema de financiaci�n si bien el n�mero de unidades mes a mes haciendo honor a su nombre se pod�a mantener constante ora disminuir, seg�n el plan de amortizaci�n escogido, en su equivalencia en pesos sufr�a un incremento permanente, debido a las f�rmulas utilizadas para su c�lculo y que finalmente fueron las que conllevaron a su decaimiento, de suerte que deb�a tenerse presente el saldo real de la acreencia en la referida unidad al momento de la restructuraci�n para poder hacer la equivalencia de rigor, as� como fue desacertado en todo su ejercicio el manejo de las tasas de inter�s, en la medida que utiliz� unas inferiores a las pactadas, cuando incluso la misma Superintendencia Bancaria en las directrices que imparti� en su momento para efecto de la reliquidaci�n fue precisa al se�alar que deb�an respetarse las pactadas.

Adicionalmente, el auxiliar de la justicia en la ejecuci�n del dictamen confunde los conceptos de reliquidaci�n y restructuraci�n limitando su ejercicio a la primera que m�s all� de las falencias antes anotadas constitu�a un imperativo legal para los cr�ditos de vivienda que fueron otorgados en UPAC o en peses pero atados a la DTF y desconoce los alcances que tiene la restructuraci�n de las obligaciones en el manejo de los cr�ditos cuya naturaleza es completamente distinta como a bien ha tenido oportunidad de se�alarlo la Superintendencia Financiera que en relaci�n al tema ha dicho lo siguiente: ��Sobre este tema es pertinente se�alar que no existe definici�n legal sobre lo que debe entenderse por reestructuraci�n de un cr�dito.

Sin embargo, dentro de nuestra competencia, la Superintendencia Bancaria en el subnumeral 2.2.1.1 del Cap�tulo Segundo de la Circular Externa 100 de 1995 (Circular B�sica Financiera y Contable) define la anterior figura en los siguientes t�rminos, aclarando el subnumeral siguiente que no se consideran reestructuraciones los alivios crediticios ordenados por las leyes como sucedi� con los ordenados por la Ley 546 de 199920.

"Se entiende por reestructuraci�n de un cr�dito cualquier mecanismo excepcional, instrumentado mediante la celebraci�n y/o ejecuci�n de cualquier negocio jur�dico, que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atenci�n adecuada de su obligaci�n ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago.

Para estos efectos, se consideran reestructuraciones las novaciones". Tal como se desprende de la definici�n transcrita, la refinanciaci�n o reestructuraci�n de cr�ditos constituye un negocio jur�dico en el cual deben intervenir las partes contractuales (acreedor y deudor), ya que tiene como finalidad la modificaci�n de alguna o varias de las condiciones contenidas en el contrato inicialmente celebrado.

En punto a los cr�ditos otorgados para la financiaci�n de vivienda individual a largo plazo, debe tenerse en cuenta que a partir de la expedici�n de la Ley 546 de 1999, el art�culo 20 impuso a los establecimientos de cr�dito la obligaci�n de enviar a todos sus deudores de cr�ditos individuales hipotecarios para vivienda una informaci�n clara y comprensible en la cual se incluya, como m�nimo, una proyecci�n21�de los intereses del cr�dito a pagar en el pr�ximo a�o y los que se cobrar�n con las cuotas mensuales, de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia Bancaria de Colombia22.

Adicionalmente, se�al� la norma en menci�n que con base en la anterior informaci�n y durante los dos primeros meses de cada a�o, los deudores podr�n solicitar a la instituci�n financiera respectiva la reestructuraci�n del cr�dito23. Respecto de la citada norma se pronunci� la Corte Constitucional en Sentencia C-955 de 200024 en cuya parte resolutiva declar� su exequibilidad "en el entendido de que la reestructuraci�n del cr�dito pedida por el deudor dentro de los dos primeros meses de cada a�o, si hay condiciones objetivas para ello, debe ser aceptada y efectuada por la instituci�n financiera.

En caso de controversia sobre tales condiciones objetivas, decidir� la Superintendencia Bancaria". Atendiendo lo dispuesto por la citada Corporaci�n y en desarrollo de la facultad de instrucci�n se�alada en la ley, esta Superintendencia estableci� en el numeral 12 del Cap�tulo Cuarto, T�tulo Tercero de la Circular B�sica Jur�dica -Circular Externa 007 de 1996- los supuestos que deben verificar las entidades al evaluar las solicitudes de reestructuraci�n de cr�dito que presenten los deudores en los siguientes t�rminos: "Para el ejercicio por parte de los deudores de la prerrogativa prevista en el art�culo 20 de la Ley 546 de 1999, norma cuya exequibilidad fue condicionada por la Sentencia C-955/2000 proferida por la H. Corte Constitucional, la entidad acreedora al momento de hacer la evaluaci�n de la solicitud de reestructuraci�n de una obligaci�n de este tipo, deber� verificar que se cumplan los siguientes requisitos para que resulte viable la reestructuraci�n: a) Que la primera cuota del cr�dito una vez reestructurado, que est� dispuesto a pagar el deudor, en ning�n caso represente m�s del treinta por ciento (30%) de los ingresos familiares, de conformidad con el Decreto 145 de 2000. b) Que el saldo de la obligaci�n a la fecha de solicitud de la reestructuraci�n no exceda el setenta por ciento (70%) del valor del inmueble o el ochenta por ciento (80%) trat�ndose de vivienda de inter�s social.

El valor del inmueble se establecer� mediante aval�o t�cnico realizado por profesionales, personas naturales o jur�dicas, inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores conformado por la lista de las entidades autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el Decreto 422 de 2000. c) Que el plazo contemplado para reestructurar la obligaci�n no supere treinta (30) a�os, contados a partir de la fecha del desembolso del cr�dito. d) Que el reporte de endeudamiento con el sector financiero permita concluir que el deudor est� en capacidad de cumplir con la obligaci�n hipotecaria de vivienda. e) (�)25.

El requisito establecido en este literal no se encuentra vigente dado que fue declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 27 de noviembre de 2002, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta, C. P. Ligia L�pez D�az (Rad. 11001-03-27-000-2000-0913-01-11354). f) Que no existan embargos sobre la garant�a a la fecha de solicitud de la reestructuraci�n. g) Que el deudor no se encuentre tramitando un proceso concursal. h) Que la solicitud de reestructuraci�n del cr�dito sea presentada dentro de los dos primeros meses de cada a�o calendario y sea suscrita por todos los obligados, as� como los documentos a trav�s de los cuales se instrumente la obligaci�n. Lo anterior, debe entenderse sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad acreedora de acordar con sus deudores reestructuraciones de un cr�dito en cualquier momento, de acuerdo con la percepci�n de riesgo que en cada caso se tenga".

Como se deduce del anterior entorno legal, los deudores de los cr�ditos otorgados para financiaci�n de vivienda individual a largo plazo se encuentran facultados para solicitar la reestructuraci�n de sus acreencias dentro del plazo fijado en la norma, pero solamente en el evento en que se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por la circular transcrita para determinar la viabilidad de la reestructuraci�n, las entidades deber�n proceder a reestructurar el cr�dito, conforme al pronunciamiento de la Corte Constitucional en Sentencia C-955 de 2000 a que antes se aludi�.�� Es indudable entonces, que la restructuraci�n es completamente distinta a la reliquidaci�n, pues la misma constituye un verdadero negocio jur�dico en el cual las partes mancomunadamente acuerdan modificar una o varias de las condiciones que reg�an la acreencia, bien sea modalidad del sistema de financiaci�n, de amortizaci�n, plazos o tasas de inter�s y en general cualquier otra que permita en todo caso que el deudor pueda regularizar sus pagos para atender debidamente su acreencia. En el sub judice de acuerdo con la documental aportada, en especial aquellos exhibidos por la entidad demandante en la diligencia del 18 de junio de 2008, se desprende que el t�tulo valor utilizado como base de la presente acci�n se otorg� como consecuencia de la reestructuraci�n del mutuo suscrito entre las partes el 28 de febrero de 1998, destinado a la compra de cartera atr�s aludida, por 4.266,7067 UPAC que para la �poca equival�an a $50.000.000 y objeto de reliquidaci�n, pero adem�s, que debido a su incumplimiento en el pago de las cuotas de amortizaci�n pactadas �antes de la inexequibilidad del sistema y de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999-, la demandada acord� con la entidad financiera una RESTRUCTURACI�N del cr�dito, en virtud de la cual se le ofreci� a la se�ora Aleja Rodr�guez Rodr�guez entre dos posibilidades para normalizar la obligaci�n que la misma se ajustara a un �nuevo sistema en pesos con cuota fija�, que deb�a abonar un m�nimo de $1.128.175,00, de la mora causada y �el resto de la mora le ser� sumada al saldo de capital, para que su cr�dito quede al d�a�, lo que a no dudar implica que el valor adeudado por capital se incrementar�a a partir de la capitalizaci�n de los valores en mora, lo que por dem�s constitu�a una pr�ctica legitima hasta ese momento.

Se indica en dicha comunicaci�n como instrucciones para acoger tal sistema en el literal B �diligencie el formato denominado �OPCIONES Y ACTUALIZACI�N DE DATOS� que encontrar� adjunto.�, y en el C que �dentro de los tres (3) d�as h�biles siguientes a la fecha de recibo de esta comunicaci�n, todos los obligados deben presentarse personalmente con esta comunicaci�n, recibo de haber efectuado el pago, el formato anterior (B) ya diligenciado, y las c�dulas, a los centros de atenci�n de COLPATRIA en su ciudad, se�alado(s) en el �VOLANTE DE OFICINAS� anexo, para firmar PAGAR� Y CARTA DE INSTRUCCIONES� (Negrillas de la Sala),obrando igualmente el documento titulado �OPCIONES Y ACTUALIZACI�N DE DATOS� en el cual se indica que la demandada acogi� dicha propuesta o lo que es lo mismo los nuevos t�rminos que regir�an su obligaci�n cual es el �nuevo sistema de pesos en cuota fija� a un plazo de 204 cuotas.

Esa restructuraci�n la ratifica el testimonio del se�or Luis Eduardo Chiquiza Ar�valo, quien afirm� haber sido funcionario del Banco Colpatria durante m�s de 9 a�os y con relaci�n al t�tulo base de la presente acci�n, cuando se le puso de presente se�al� que �se puede deducir se trata de un pagar� suscrito en virtud de una negociaci�n efectuada en el a�o de su otorgamiento es decir en el a�o 1999, mediante la cual se convino o se autoriz� por parte de la se�ora ALEJA RODR�GUEZ RODR�GUEZ la conversi�n de un cr�dito hipotecario en UPAC a pesos� afirma posteriormente y con relaci�n a la pregunta de c�mo dio lugar la expedici�n del t�tulo, �recuerdo que para el a�o 1999 el banco ten�a varias estrategias de negociaci�n, entre ellas �sta para lo cual se contactaban los clientes y estos en forma voluntaria decid�an acogerse a una u otra negociaci�n. Tal como est�n los documentos la cliente opt� por esta estrategia convirtiendo su obligaci�n de UPAC a pesos� c�mo consta en los documentos que obran en el proceso as� es, la cliente concurri� al banco y suscribi� los respectivos documentos de la negociaci�n entre ellos el pagar� que aqu� no ocupa� concluyendo el testigo de su dicho y luego de tener de presente los documento aportados en la diligencia de exhibici�n y afirmando con relaci�n a los mismos �toda la documentaci�n aportada corresponde a los formatos utilizados por el banco y al parecer las firmas corresponden a la titular del cr�dito o deudora�� Se colige de lo expuesto que las conclusiones financieras del perito son err�neas al no haber considerado los alcances de la restructuraci�n realizada e impiden que partir de �l se pueda concluir un cobro excesivo por parte del demandante, y ante la ausencia de otros elementos probatorios que revelen la inexistencia de la obligaci�n como tampoco de su satisfacci�n total resultaba infructuosa la defensa de cobro de lo no debido alegada por la pasiva, que impone la revocatoria de la decisi�n de instancia que le dio acogida, siendo entonces necesario que esta Corporaci�n aborde el estudio de las restantes excepciones que se plantearon en la instancia y no fueron examinadas por el juez de primer grado (Art. 306 inciso segundo C.P.C.).

En este orden de ideas tenemos que lo dicho en precedencia sirve igualmente para resolver de manera adversa a los intereses de la parte demandada la tacha de falsedad que formul�, pues es lo cierto que a m�s que no se hizo reclamo alguno en relaci�n a la autenticidad del t�tulo, lo que permite mantener inc�lume la presunci�n legal de que el mismo proviene de la deudora y en esa condici�n hace plena prueba en su contra de la obligaci�n que se reclama, ni demostr� el desconocimiento de las instrucciones para diligenciar el pagar�.

De acuerdo con el documento denominado distribuci�n de pagos arrimado al juicio (fl. 137), se advierte el movimiento que tuvo la obligaci�n desde su origen hasta el momento de realizar la restructuraci�n, la cual arroja un total insoluto para esa calenda de $66.031.445,12, rubro que coincide con el importe del cartular que soporta la ejecuci�n y frente al cual la deudora en su momento no solicit� correcci�n o formul� reparo alguno, dando as� por aceptados tales montos, sin que pueda ahora v�lidamente pretender desconocer los efectos de dicha negociaci�n, alegando que el cartular no se llen� conforme a las instrucciones impartidas, m�xime que no se ados� prueba alguna que pudiera demostrar que los valores por los cuales se acord� la restructuraci�n fueran menores, lo que lleva al traste la tacha propuesta.

Ello es as� en la medida en que pese a que no exista duda en cuanto a que el t�tulo se suscribi� con espacios en blanco, debiendo ser diligenciado conforme a las instrucciones impartidas, que como atr�s se vio deb�an constar por escrito, que el importe del t�tulo no pod�a exceder los saldos realmente adeudados por la demandada, ni el demandante pod�a capitalizar intereses en data posterior al 1 de enero de 2000, que con la demanda no se alleg� la respectiva carta de instrucciones, ni la ejecutada arrim� la que eventualmente pudiera tener en su poder acorde con las directrices de la Circular Externa DB-10 de 1985 en el numeral 7 del Cap�tulo Primero del T�tulo II de la Circular B�sica Jur�dica (Circular Externa 007 de 1996 Superbancaria), esta puntual omisi�n �carta de instrucciones-, conforme lo ha expuesto de forma reiterada la jurisprudencia no invalida el t�tulo, o lo anula, ni tampoco hace inane la ejecuci�n, pero s� obliga a que se ajuste a las directrices dadas por el deudor, pues recu�rdese que �(i) la carta de instrucciones no es imprescindible, ya que puede haber instrucciones verbales, o posteriores al acto de creaci�n del t�tulo o, incluso impl�citas, y, (ii) la ausencia de instrucciones o la discrepancia entre �stas y la manera como se llen� el t�tulo valor, no necesariamente le quitan m�rito ejecutivo al mismo, sino que impone la necesidad de adecuarlo a lo que efectivamente las partes acordaron�.

Revisando las probanzas allegadas al plenario se advierte que el monto demandado efectivamente es superior al adeudado por la demandada, circunstancia que conlleva la prosperidad de la defensa esgrimida en esa direcci�n denominada pago parcial, conclusi�n a la que se arriba sin ser necesarias muchas elucubraciones, en la medida que atendiendo lo indicado en precedencia el valor por el cual se diligenci� el pagar� corresponde al saldo que la propia entidad acredit� correspond�a a los valores adeudados al momento de realizar la restructuraci�n de la obligaci�n (15 de abril de 1999), de suerte que como se afirma en el libelo inicial con fuerza de confesi�n la se�ora Aleja Rodr�guez incurri� en mora desde el 15 de marzo de 2001, dando as� carta de pago a las prestaciones peri�dicas anteriores, en modo alguno el monto adeudado puede corresponder al inicialmente establecido, pues, al mismo impone la l�gica deben descontarse las cuotas causadas desde la suscripci�n del t�tulo hasta el momento de la cesaci�n de pagos, m�xime que en el mentado cartular no se acord� capitalizaci�n de intereses y para la �poca que se denuncia la mora estaba proscrita esta pr�ctica para los cr�ditos destinados a la financiaci�n de vivienda, lo que abre paso a dicha defensa, como se ha de disponer en la resolutiva de esta providencia. Lo propio ocurre con la exceptiva de �prescripci�n de la acci�n cambiaria�, que se deprec� por la pasiva, respecto de algunas de las cuotas adeudadas de acuerdo al marco conceptual atr�s expuesto debido a que en el caso sub-judice el actor adujo que la demandada incurri� en mora en el pago de las cuotas generadas a partir del 15 de marzo de 2001 y si la demanda acumulada se formul� el 5 de octubre de 2005, libr�ndose orden de pago el 5 de mayo de 2006, decisi�n notificada tanto al demandante, como a la demandada mediante anotaci�n por estado, sin que el actor hubiere acreditado interrupci�n o renuncia por parte de la deudora a dicho fen�meno, se tiene que para esa data �la de presentaci�n de la demanda- ya hab�a operado el fen�meno extintivo respecto de las siguientes cuotas: la generada el 15 de marzo de 2001 que prescribi� el 15 de marzo de 2004, en tanto que la causada el 15 de abril prescribi� el 15 de abril de 2004 y as� sucesivamente hasta la causada y no pagada el 15 de septiembre de 2002 la cual prescribi� el 15 de septiembre de 2005 (Art�culo 789 del C. de Co.).

No ocurriendo esto respecto de las cuotas reclamadas que se causaron a partir del 15 de octubre de 2002, por cuanto para �stas se cumpli� el presupuesto previsto por el art�culo 90 del C�digo de Procedimiento Civil, de enterar al convocado de la orden de apremio dentro del a�o siguiente a la notificaci�n del mismo al demandante, de suerte que la presentaci�n de la demanda tuvo la virtualidad de interrumpir los t�rminos de prescripci�n, de donde se concluye que para el momento de presentaci�n de la demanda se hallaban prescritas 19 cuotas de las 55 que se denunciaron en mora, lo que hac�a prospera parcialmente dicha exceptiva como habr� de declararse.

Por otra parte y al margen del fracaso que pudieron tener algunas de las defensas esgrimidas por la ejecutada o la prosperidad parcial de otras, no puede la Sala soslayar que como ha quedado expuesto ampliamente la presente ejecuci�n se soporta en un pagar� otorgado por la demandada en pesos (por valor de $66.031.446,00), lo que imped�a al demandante que a su antojo lo redenominara en UVR, pues m�s all� de la obligaci�n que se impon�a de reliquidar los cr�ditos que fueron otorgados en pesos y atados a la DTF, la normativa no establec�a dicha redenominaci�n de suerte que en modo alguno pod�a reclamar el pago de la obligaci�n en unidades de cuenta como aqu� ocurri�.

Empero como as� procedi� el ejecutante compet�a al juzgador incluso desde los albores del juicio en acatamiento de las previsiones que contiene el art�culo 497 del C.P.C., ajustar la orden de apremio a los rubros que legalmente all� proced�an teniendo en cuenta la demanda y el importe del pagar�, pero como tampoco se hizo en esa oportunidad resulta imperativo que se proceda de conformidad en la sentencia. Se tiene entonces que si en el presente asunto el pagar� fue fruto de la restructuraci�n de la obligaci�n, seg�n la cual el valor adeudado era de $66.031.446,00, el cual se pagar�a en 204 cuotas mensuales sucesivas que inclu�an capital e intereses a partir del 15 de mayo de 1999 y se denuncia mora desde el 15 de marzo de 2001, se infiere que la demandada cancel� regularmente 22 cuotas que al no indicarse expresamente el valor de cada una, de conformidad con lo previsto en el art. 1651, se tienen que las mismas por capital ascienden a $323.683,55, lo que arroja un total de $7.121.038,29, que deben deducirse de la acreencia demandada como consecuencia del pago parcial realizado dejando un saldo insoluto de $58.910.407,70, que era el valor por el que debi� librarse el mandamiento de pago, m�s los intereses conforme fueron reclamados, sin que en todo caso pudieran exceder los m�ximos autorizados para este tipo de acreencias.

Sin embargo, ese no puede ser el valor por el cual pueda continuarse la ejecuci�n, habida consideraci�n que la se�ora Rodr�guez aleg� la extinci�n de la obligaci�n por el modo de la prescripci�n extintiva, que como qued� visto tiene vocaci�n de prosperidad respecto de las 19 cuotas causadas y no pagadas entre el 15 de marzo de 2001 y el 15 de septiembre de 2002, al haberse vencido respecto de las mismas el trienio que el Estatuto Mercantil ha previsto respecto de los t�tulos valores como el que se ejecuta para la prescripci�n de la acci�n cambiaria; cuotas que a partir del valor de cada una de las demandadas da un total de $6.149.987,45, que indiscutiblemente habr� de descontarse del valor a pagar por la demandada.

Siendo as� las cosas, si con ocasi�n de la prosperidad de la excepci�n de pago parcial acogida el capital qued� reducido a la suma de $58.910.407.70, al descontar de dicho valor la suma correspondiente a las cuotas que fueron cobijadas por la prescripci�n que ascienden a $6.149.987,45, la acreencia queda con un saldo insoluto por capital de $52.760.420,25, que ser� el valor por el cual habr� de seguir la acci�n coercitiva.

Deviene como conclusi�n de lo brevemente expuesto el desacierto de la decisi�n de instancia que impone su revocatoria, para en su lugar realizar las determinaciones que frente a las defensas planteadas se se�alaron en l�neas precedentes y, consecuentemente, disponer seguir adelante la ejecuci�n, pero solo por los rubros atr�s se�alados. VI.

DECISI�N EN M�RITO DE LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� D.C., EN SALA DE DECISI�N CIVIL, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REP�BLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia proferida el 22 de mayo de 2014, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti�n de Bogot� D.C. por lo anotado en precedencia y en su lugar se declara no probadas la excepci�n de cobro de lo no debido, en tanto que se acogen de forma parcial las excepciones de �pago parcial de la obligaci�n� y de �prescripci�n de la acci�n cambiaria� esta �ltima respecto de las cuotas causadas y no pagadas entre el 15 de marzo de 2001 y 15 de septiembre de 2002.

SEGUNDO. Declarar no probado el incidente de tacha que se plante� por el demandado, por lo dicho en precedencia.

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior se ordena seguir adelante la ejecuci�n pero s�lo por la suma de $52.760.420,25, por concepto de capital, de los cuales $11.976.291,35, corresponden a cuotas causadas y no pagadas y $40.784.128,90 a capital acelerado, de conformidad con lo expuesto en precedencia, m�s los intereses de mora a la tasa del 19.65% efectivo anual, liquidados desde que cada una de las obligaciones se hizo exigible, sin que se exceda el m�ximo legal autorizado para este tipo de acreencia.

CUARTO. Decretar la venta en p�blica subasta de los bienes que se llegaren a embargar en este asunto y con su producto p�guese el cr�dito y las costas causadas en el proceso a los ejecutantes a prorrata de sus derechos.

QUINTO. Practicar la liquidaci�n del cr�dito, de conformidad con el art�culo 521 del C.P.C. SEXTO.- Sin costas en esta instancia ante la prosperidad del recurso. S�PTIMO.- Devu�lvase el expediente al despacho de origen, para lo de su tr�mite y competencia. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE, LOS MAGISTRADOS, NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA COBRO DE LO NO DEBIDO Respecto de la excepci�n de cobro de lo no debido que descansa en el cobro de valores que su excesivo de los intereses contraviniendo las disposiciones legales considera el despacho importante a De otra parte, se tiene que existe alteraci�n material cuando los espacios en blanco se llenan contrariando la autorizaci�n dada por el aceptante u otorgante, es decir, cuando se infringe el pacto que se hace al momento de suscribir el respectivo t�tulo valor, circunstancia que, como se anot�, si bien no siempre afecta la eficacia del instrumento cartular obliga a que acreditado el desconocimiento se ajuste el documento a los t�rminos originalmente convenidos entre suscriptor y el tenedor, con las limitaciones se�aladas en las normas atr�s aludidas.

La demandada se opuso a las pretensiones formulando tacha y la excepci�n de �cobro de lo no debido y pago parcial de la obligaci�n� argumentando b�sicamente que el t�tulo base de la acci�n lo suscribi� en blanco y que el acreedor Banco Colpatria lo diligenci� de forma caprichosa. Analizando el material probatorio adosado al plenario prontamente se advierte que en efecto el pagar� distinguido con el n�mero 462000011367 fue suscrito por Aleja Rodr�guez Rodr�guez en blanco por lo que la entidad financiera para su diligenciamiento y presentaci�n para el cobro, debi� diligenciarlo siguiendo estrictamente las condiciones que pactaron las partes, allegando la respectiva carta de instrucciones, lo cual no cumpli�.

A la anterior conclusi�n se arriba si en cuenta se tiene que en el sub-lite est� acreditado que entre las partes actualmente existen dos acreencias, de las cuales una corresponde a la obligaci�n que se persigue en la demanda principal y la otra es la aqu� cobrada la que de acuerdo a lo se�alado por las partes surgi� como consecuencia de la compra de un cr�dito hipotecario efectuada por el Banco Colpatria S.A. a Concasa.

Obligaci�n que si bien es cierto no se acredit� con ning�n elemento de prueba que su monto hubiere sido igual o inferior a $50.000.000, aunado que solo hasta despu�s de expedida la ley 546 de 1999 en cr�ditos como el otorgado a la convocada era permitido la capitalizaci�n de intereses, sin embargo, tampoco lo es menos y no puede soslayar la Sala que el pagar� base de la acci�n conforme dan cuenta los distintos documentos adosados al plenario incluso por la demandante que se suscribi� en blanco. Folios 25 y 29 Cd.1. Aun cuando en claro desconocimiento de las reglas que regentan la ritualidad de la acumulaci�n de demandas, pues al momento de proferirse la sentencia ya hab�a sido subastado el inmueble objeto de hipoteca y cancelado con su producto el cr�dito de la demanda principal, as� como el gravamen que respaldaba las acreencias demandadas y que en este juicio se pretend�a hacer valer. Folios 29-47 Cd.1. Trujillo Calle Bernardo.

De Los T�tulos Valores Manual Te�rico y Pr�ctico parte general Tomo I Editorial Librer�a El Foro de la Justicia P�gs. 360. Se hace alusi�n a t�tulos suscritos en blanco. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil. Magistrado Ponente. Dr. Jos� Fernando Ram�rez G�mez, sentencia de 3 de mayo de 2002. Exp. 6153. Seg�n una de las metodolog�as utilizadas $23.534.727,73 y en la otra $22.488.77,07 20 En efecto, el subnumeral 2.2.1.2 del Cap�tulo Segundo de la Circular Externa 100 de 1995 proferida por esta Entidad dispone: "No se considerar�n reestructuraciones los alivios crediticios ordenados por leyes, como fue el caso de los establecidos en la Ley 546 de 1999". 21 De acuerdo con el art�culo 20 en menci�n, dicha proyecci�n se debe acompa�ar de los supuestos que se tuvieron en cuenta para efectuarla, indicando expresamente que "los cambios en tales supuestos, implicar�n necesariamente modificaciones en los montos proyectados". 22 Las instrucciones en esta materia se encuentran contenidas en el numeral 6.3 del Cap�tulo Cuarto, T�tulo Tercero de la Circular Externa 007 de 1996 - Circular B�sica Jur�dica 23 De acuerdo con la norma tal solicitud debe tener como prop�sito ajustar el plan de amortizaci�n a la real capacidad de pago del deudor para lo cual se podr� ampliar el plazo inicialmente previsto para el pago de la obligaci�n hasta treinta (30) a�os. 24 En cuanto a la citada norma la Corte manifiesta en el an�lisis que lleva a cabo en la parte considerativa lo siguiente: "El precepto debe ser entendido y aplicado en armon�a con la parte final del art�culo 20 de la Ley 546 de 1999, y con el condicionamiento que a �l introduce esta Corporaci�n. All� se indica que, con base en la informaci�n clara y comprensible que deber�n recibir los deudores de cr�ditos individuales hipotecarios, en la cual est� comprendido el tema de los intereses a pagar anualmente, los que se cobrar�n con las cuotas mensuales en el mismo per�odo, podr�n solicitar a los establecimientos de cr�dito acreedores, durante los dos primeros meses de cada a�o calendario, la reestructuraci�n de sus cr�ditos para ajustar el plan de amortizaci�n a su real capacidad de pago, pudi�ndose, de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su cancelaci�n total.

Lo cual condicionar� esta Corte, en punto de su exequibilidad, en el sentido de que las entidades financieras no pueden negarse a la reestructuraci�n solicitada si se dan las condiciones objetivas para ello"). 25 Se�alaba el literal e) lo siguiente: "Que la entidad no haya presentado demanda ejecutiva en contra del deudor por la obligaci�n respecto de la cual se solicita la reestructuraci�n". Concepto de la Superintendencia Financiara N� 2005017144-1 del 8 de abril de 2005. Folios 66-77 del cuaderno de tacha. Folio 68 Ib�dem. Seg�n se indica en la certificaci�n que obra a folio 15 del cuaderno de acumulaci�n. Seg�n el documento obrante a folios 75 a 76 del cuaderno de tacha, aportado por la demandante en la diligencia de exhibici�n, en el cual Colpatria Folio 77 Cuaderno de tacha. Folios 85-86 Ib�dem. La tacha de falsedad y las excepciones de �prescripci�n de la acci�n cambiaria�, �cobro de lo no debido y pago parcial de la obligaci�n� Capital Insoluto $61.354.744,20 Capital vencido 1.717.490,79 Sub total $63.072.234,99 Intereses de mora 9.821,72 Intereses Vencidos 1.956.920,47 Sub total $65.038.977,18 Seguros 992.467,99 TOTAL INSOLUTO REESTRUCTURADO $66.031.445,12 Sentencia T-968 del 16 de diciembre de 2011, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, expediente T-3.128.732. Ver sello del juzgado en el memorial que milita a folio 1 y 18 Cd.

Demanda acumulada. FECHA CUOTAPERIODO FECHA PRESCRIPCI�N mar-013 A�OS mar-04abr-013 A�OS abr-04may-013 A�OS may-04jun-013 A�OS jun-04jul-013 A�OS jul-04ago-013 A�OS ago-04sep-013 A�OS sep-04oct-013 A�OS oct-04nov-013 A�OS nov-04dic-013 A�OS dic-04ene-023 A�OS ene-05feb-023 A�OS feb-05mar-023 A�OS mar-05abr-023 A�OS abr-05may-023 A�OS may-05jun-023 A�OS jun-05jul-023 A�OS jul-05ago-023 A�OS ago-05sep-023 A�OS sep-05 Aplicable por la remisi�n expresa que hace el art. 555 del C.P.C. ARTICULO 1651.

PAGO DE OBLIGACI�N A PLAZOS. Si la obligaci�n es de pagar a plazos, se entender� dividido el pago en partes iguales; a menos que en el contrato se haya determinado la parte o cuota que haya de pagarse a cada plazo $66.031.446,00 / 204 = 323.683,55 $323.683,55 X 22 = 7.121.038,29 $66.031.446,00 � 7.121.038,29 = $58.910.407,70 $323.683,55 X 19 = $6.149.987,45 Cuotas pagadas entre el 15 de mayo de 1999 y el 15 de febrero de 2001 $58.910.407,70 � 6.149.987,45 = $52.760.420,25 $323.683.55 X 37 =$11.976.291,35 (cuotas entre octubre de 2002 y octubre de 2005. $52.760.420,25, - 11.976.291,35 = $40.784.128,90 Resultado que se obtiene de la siguiente operaci�n aritm�tica: 291.841,62 (Valor capital de cuota) x 19 (Cuotas prescritas) = 5.544.990,78. 53.115.175,51 (capital insoluto al 15 de marzo de 2001) - 5.544.990,78 = 47.570.184,73. RI. 13605 Rad. 110013103023200300707 04 Ref.

Proceso Ejecutivo con T�tulo Hipotecario de Banco Colpatria Red Multibanca S.A. vs. Aleja Rodr�guez Rodr�guez. PAGE \* MERGEFORMAT 27 RI.13605 'Pghuy{|��Ĳ��ppp��aQA h�e*h� �5�CJOJQJaJ h�e*h��5�CJOJQJaJ h�e*h`AkCJOJQJ^J h�e*ha �CJOJQJ^Jh?\LCJOJQJ^J h�e*h��CJOJQJ^J.h�e*h��5�6�@��CJOJQJ^JmH sH "h�e*h��5�6�CJOJQJ^J#h�e*h��6�CJOJQJ^JaJ/jh�e*h��6�OJQJUaJmHnHu"h�e*h��5�6�OJQJ^JaJ%&'Phi�� 9:; j k l � � � ��$��dh`��a$gd�H�#dhgd�H� $dha$gd�H�$ ��dh*$a$gd�H��^�gd�H� $dha$gd�H�� ) 7 9;

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