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ANTECEDENTES Solicit� la accionante, en nombre propio y en representaci�n de su menor hijo, Joan Sebasti�n Zuleta M�ndez, que en protecci�n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci�n, se ordene al juzgado accionado anular la sentencia proferida el 20 (sic) de agosto de 2008 por tener �vicios de ilegalidad�; subsidiariamente solicit� se ordene al juzgado accionado conformar el litisconsorcio necesario en el proceso ejecutivo que adelanta la Unidad Residencial Avenida D�cima en su contra y de Elmer Zuleta, as� como la nulidad de la notificaci�n efectuada sobre este �ltimo por presentar una incapacidad para ese momento, orden�ndole a la parte demandante modificar la demanda por cuanto dicho demandado no es copropietario del apartamento 303, ubicado en la calle 1 C sur No. 9-27, bloque 4, interior 1, de esta ciudad.
Como sustento de sus pretensiones, luego de referir que en el proceso rese�ado algunos propietarios resultaron beneficiados con el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas en dicho tr�mite, adujo que la notificaci�n del se�or Elmer Zuleta no fue realizada en legal forma, en atenci�n a que el funcionario encargado de tal cometido, en lugar de dirigirse directamente al inmueble, para saber si dicho demandado se encontraba o no en el mismo, dej� en la porter�a del edificio dicha notificaci�n para que fuera agregada al casillero, desatendiendo que el portero de la copropiedad, por ser nuevo en el cargo, desconoc�a el estado de salud de dicho demandado, el que, para dicha data se encontraba hospitalizado.
Agreg� que el se�or Zuleta permaneci� internado en la Cl�nica Jorge Pi�eros hasta el 4 de julio de 2008, fecha en la que falleci�, situaci�n que, a pesar de haberla informado al proceso, no fue registrada, en la medida que dicho demandado sigue vinculado a la tramitaci�n; de igual manera, se�al� que el juzgado demandado tampoco ha atendido la actuaci�n que ha desplegado en nombre de su menor hijo, en ejercicio de la patria potestad que ostenta sobre el mismo, desatendiendo las normas legales aplicables a dicha causa.
Mediante prove�do del 28 de enero de 2013 (fl. 19 C. 1) se admiti� la demanda orden�ndose la notificaci�n del despacho accionado, as� como la vinculaci�n de Wilson y Diana del Pilar Arango M�ndez, con el prop�sito de que se pronunciaran sobre los planteamientos expuestos en el libelo genitor. La vinculada Diana del Pilar M�ndez manifest� que junto con su hermano Wilson, solicitaron el levantamiento del embargo y secuestro que recae sobre el inmueble precitado, petici�n que, adujeron, fue atendida por el juzgado encartado mediante providencia con la cual quedaron excluidos del proceso, lo que justifica que no hayan podido intervenir en el mismo con posterioridad a dicha actuaci�n; indic� que su se�ora madre no respondi� las pretensiones de la demanda por estar acompa�ando al se�or Elmer Zuleta en las diligencias relacionadas con los quebrantos de salud que este �ltimo presentaba, los cuales finalmente lo llevaron a la muerte el 4 de julio de 2008; as� mismo, refiri� que Joan Sebasti�n Zuleta M�ndez quiso intervenir en dicho proceso a trav�s de la accionante, sin �xito, como quiera que el juzgado demandado nunca lo reconoci� en el referido asunto.
El titular del despacho accionado luego de aceptar parcialmente algunos hechos expuestos en la demanda de tutela se�al� que, al pronunciarse sobre los incidentes de nulidad formulados por la accionante, desat� las inconformidades ahora planteadas por esta v�a, la que, considera, no est� prevista para convertirse en una instancia adicional cuando las solicitudes elevadas dentro de un proceso no han sido atendidas favorablemente; por tanto, solicit� denegar el amparo tras considerar que no se configuran las causales que le abran paso como instancia adicional a las legalmente previstas en el proceso ejecutivo citado del cual conoce.
Por su parte, el vinculado Wilson Arango M�ndez refiri� que la copropiedad ejecutante desde hace varios a�os no lo cita a las asambleas que realiza porque no es propietario, impidi�ndole delegar tal facultad en otras personas; indic� que, seg�n lo manifestado por otras personas, la demanda ejecutiva en comento fue instaurada en forma ilegal debido a que el se�or Elmer Zuleta no era propietario del inmueble, esto es, que la copropiedad all� demandante debi� demandarlo junto con su se�ora madre y hermana como propietarios leg�timos inscritos en el Folio de Matricula Inmobiliaria del inmueble afectado con las cautelares ordenadas en el citado proceso.
El a quo neg� el amparo deprecado tras considerar que las actuaciones desplegadas por el juzgado accionado al interior del proceso ejecutivo promovido en contra de la accionante y el se�or Elmer Zuleta no merecen reparo alguno, considerando que en dicho asunto no se encuentra demostrado en manera alguna su fallecimiento; en consecuencia, refiriendo que las alegaciones referentes a las circunstancias en que se desarroll� la notificaci�n de dicho sujeto procesal no est�n soportadas en prueba fehaciente, encuentra justificado que el despacho demandado haya declarado infundado el incidente de nulidad instaurado por la promotora del amparo al interior del proceso ejecutivo rese�ado.
Inconforme con la anterior determinaci�n, la accionante la impugn� insistiendo en los argumentos presentados en el escrito genitor y en los ventilados dentro del proceso ejecutivo aludido, refiriendo, adicionalmente, que contrario a lo expuesto por el fallador de instancia, acredit� en debida forma el fallecimiento del se�or Zuleta por medio del respectivo Registro Civil de Defunci�n; refiri� que las circunstancias justificantes de su inactividad en el proceso ejecutivo instaurado en su contra, est� explicada y demostrada en las solicitudes elevadas por los vinculados antes de quedar ejecutoriada la sentencia de agosto de 2008, as� como en las actuaciones posteriores mediante las cuales solicit� al juzgado accionado declarar la nulidad del proceso.
CONSIDERACIONES La acci�n de tutela, cuando tiene por fin controvertir actuaciones judiciales, s�lo deviene procedente si ellas constituyen lo que se ha denominado v�a de hecho, entendi�ndose por tal aquella acci�n u omisi�n jurisdiccional que carece de fundamento jur�dico y que, por lo mismo, se muestra ostensiblemente arbitraria y caprichosa, siempre y cuando el interesado no disponga de otros medios de defensa id�neos para la reparaci�n de sus derechos, en raz�n a que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero a trav�s del cual debe obtenerse la protecci�n, o el restablecimiento, de los derechos superiores amenazados, o efectivamente conculcados por los jueces.
Del mismo modo resulta pertinente memorar que, en lo que ata�e al debido proceso, la acci�n de tutela como mecanismo de protecci�n de los derechos fundamentales, tampoco admite su consideraci�n como una tercera instancia para controvertir nuevamente los supuestos de hecho y de derecho, respecto de los cuales ya hubo pronunciamiento por los jueces naturales del caso.
Pese a ello, en los precisos casos en que el funcionario judicial incurre en una v�a de hecho, vale decir, cuando su proceder es arbitrario y distante de toda razonabilidad, sin que el afectado cuente con otro medio de protecci�n judicial, puede intervenir el juez de tutela, �nica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci�n o amenaza.
Lo anterior, por cuanto la v�a excepcional y subsidiaria de la acci�n de tutela, no puede considerarse como una instancia adicional para controvertir las decisiones que han sido resueltas en las instancias legalmente establecidas para ello, menos a�n, bajo el argumento de que el juzgado ha aplicado indebidamente la ley, o realizado una valoraci�n probatoria inadecuada, pues es claro que la decisi�n judicial goza prima facie de la presunci�n de veracidad y acierto.
En el presente asunto, una vez confrontados los fundamentos f�cticos y jur�dicos que soportan el ejercicio de la acci�n instaurada con los medios de pruebas allegados al proceso, advierte la Sala que la decisi�n cuestionada est� llamada a ser revocada, como quiera que las actuaciones surtidas al interior del proceso ejecutivo implicado denotan que el juzgado no se ha pronunciado frente a las solicitudes que ha presentado la accionante poniendo de presente no solo las circunstancias que rodearon la notificaci�n del demandado Elmer Zuleta, a las cuales se refiri� sino tambi�n el fallecimiento de este �ltimo.
En efecto, v�ase que aun cuando la actora se opuso a la diligencia de secuestro realizada el 24 de julio de 2008, por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Descongesti�n de esta ciudad, manifestando que el demandado Elmer Zuleta hab�a fallecido el d�a 4 de ese mismo mes y a�o, argumentos que reiter� mediante solicitud de nulidad presentada el 27 de agosto de esa anualidad, el juzgado accionado omiti� pronunciamiento alguno al respecto; as� mismo, las actuaciones surtidas al interior de la tramitaci�n examinada denotan que la accionante, nuevamente, interpuso incidente de nulidad el 3 de junio de 2011 (fl. 1 C. 2 incidente de nulidad), manifestando la imposibilidad de continuarse con el tr�mite del proceso sin adoptar los correctivos del caso, como consecuencia del fallecimiento del se�or Zuleta, oportunidad en la cual el despacho accionado rechaz� de plano tal solicitud, aduciendo que los hechos y fundamentos que la soportaron no se encontraban enunciados y ajustados a las causales previstas en el art�culo 140 del estatuto procesal civil (Cfr. fl. 8 ib.) contrariando, precisamente, lo all� previsto, petici�n reiterada el 6 de marzo de 2012 (folios 1 y 2 C. 4) la que termin� siendo rechazada bajo la consideraci�n de tratarse de hechos que ya hab�an sido objeto de pronunciamiento (folio 6 C. 4).
En ese orden de ideas, salta a la vista que el despacho aqu� demandado no se ha pronunciado de fondo en cuanto tiene que ver con la aplicaci�n del art�culo 1434 del C�digo Civil al caso sub examine, con base en las puntuales circunstancias registradas al interior de dicho asunto, a pesar que la accionante ha elevado m�ltiples solicitudes con miras a obtener la nulidad del proceso; por tanto, se impone, en amparo a los derechos invocados, ordenar al juzgado pronunciarse sobre los escritos mediantes los cuales la se�ora Rosalba M�ndez �vila requiri� la declaratoria de nulidad al interior del proceso ejecutivo No. 2007-1521, con sustento en el fallecimiento del demandado, ocurrido con antelaci�n al proferimiento de la sentencia que dispuso seguir adelante la ejecuci�n. DECISI�N En m�rito de lo expuesto la Sala Civil de Decisi�n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. - REVOCAR la sentencia de fecha y procedencia anotadas, conforme lo expuesto en l�neas anteriores. SEGUNDO.- CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales invocados por ROSALBA M�NDEZ AVILA y JOAN SEBASTIAN ZULETA M�NDEZ. En consecuencia, se ordena al Juzgado 23 Civil Municipal de Bogot�, pronunciarse respecto de las solicitudes de nulidad radicadas por la demandada Rosalba M�ndez �vila, con sustento en el fallecimiento del demandado.
TERCERO. - Notif�quese lo aqu� resuelto a las partes, y, en oportunidad, rem�tase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi�n. Devu�lvase el expediente al juzgado de origen. NOTIF�QUESE Los Magistrados, ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO Rad. No. 110013103006201300059 01 HILDA GONZ�LEZ NEIRA Rad. No. 110013103006201300059 01 LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Rad.
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