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SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 110013103041200600371-01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Ana Lucía Pulgarín Delgado

Fecha: 2006-08-30

Sujetos procesales: LUIS ALFREDO MARTÍN RAMIREZ / JUEZ 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA.

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MAGISTRADA PONENTE: ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO RADICACI�N: No. 110013103041200600371-01. RAD. INTERNA 1099. ACCIONANTE: LUIS ALFREDO MART�N RAMIREZ Y/O. ACCIONADO: JUEZ 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA. CLASE DE PROCESO: ACCI�N DE TUTELA. FECHA DISCUSI�N Y APROBACI�N PROYEC- TO: 3-agosto-2006. ASUNTO Procede la Sala a proferir el respectivo fallo por el cual se resuelve la impugnaci�n al de primera instancia, proferido por el Juzgado 41 Civil del Circuito de la ciudad, el d�a 1� de agosto de 2006, dentro de la acci�n de tutela de la referencia. SUJETOS PROCESALES / DERECHOS MENCIONADOS COMO VULNERADOS O AMENAZADOS / SUSTENTO F�CTICO Los se�ores LUIS ALFREDO y MARIA DEL CARMEN MART�N RAMIREZ, por medio de apoderado, instauraron acci�n de tutela contra LA JUEZ 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA, con el fin de que se les protejan los derechos fundamentales al debido proceso, que comprende los derechos y principios a la defensa y a la doble instancia, as� como el derecho de retenci�n sobre un bien inmueble, cuya promesa de compraventa, en la que fungi� LUIS ALFREDO MART�N RAM�REZ como promitente comprador, fue declarada nula judicialmente por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogot�, reconoci�ndosele tal derecho, en un proceso ordinario adelantado por �l contra la promitente vendedora M�NICA DEL PILAR BERNAL MURILLO; todo dentro del proceso de ejecuci�n con garant�a hipotecaria que contra la promitente vendedora del inmueble MONICA DEL PILAR BERNAL MURILLO, adelanta el se�or NOLBERTO LARA SAAVEDRA, a quien se le adjudic� el inmueble, al declararse desierto el remate por falta de postores; juicio de ejecuci�n en el que se considera ha existido fraude procesal por parte de los extremos de litigio, con el fin de burlarle el derecho de retenci�n reconocido, efectuando maniobras tendentes a lograr una indebida notificaci�n en legal forma, neg�ndose el incidente de nulidad que por tal circunstancia fue propuesto, secuestrar indebidamente el inmueble en cuanto a una plena y real identificaci�n, y finalmente el juez accionado rechazarle el incidente de oposici�n a la diligencia de entrega del bien al rematante, desconoci�ndole el derecho de retenci�n que le fuera otorgado, neg�ndole a su vez el recurso de apelaci�n por considerar, erradamente, que se trataba de un proceso de �nica instancia, incurriendo en v�as de hecho que hacen procedente el amparo constitucional reclamado (folios 91 a 104 C.1).

El a quo admiti� la acci�n de tutela mediante prove�do del 21 de julio de 2006, en el que se dispuso la notificaci�n a la autoridad demandada, solicitando su pronunciamiento sobre los puntos materia de tutela, as� como informar el estado del proceso objeto de la misma, as� mismo dispuso notificar a las partes dentro del proceso ejecutivo que motiva la acci�n de tutela para que ejercieran su derecho de contradicci�n y defensa (folio 106 C.1).

La autoridad judicial demandada contest� el requerimiento informando sobre la existencia de los procesos civiles en menci�n; que la orden de entrega fue dispuesta en la sentencia del 14 de octubre de 2003; que la notificaci�n a los demandados se efectu� a trav�s de la correspondiente empresa postal; que en providencia de 17 de septiembre de 2003, se tuvo por notificada a la demandada del mandamiento de pago, quien no propuso excepciones, dando lugar a la sentencia mencionada, sin oposici�n; que la diligencia de secuestro del inmueble fue legalmente realizada; que el 18 de enero de 2005 se llev� a cabo la diligencia de remate, adjudic�ndose al demandante mediante providencia del 9 de junio de 2005, comision�ndose para la diligencia de entrega del inmueble; que los accionantes, por intermedio de apoderado, se opusieron a la diligencia de entrega del inmueble, mediante incidente, el cual fue rechazado de plano por auto del 6 de octubre de 2005, pues en esa clase de diligencia no est� contemplada la oposici�n conforme lo dispuesto en el art�culo 531 del C�digo de Procedimiento Civil; que los mismos accionantes, al cuaderno 4, iniciaron incidente de nulidad, del cual se corri� traslado por auto del 24 de agosto de 2005, abri�ndose a pruebas por auto del 6 de octubre del mismo a�o; que en la diligencia de secuestro del bien no se presentaron oposiciones, por lo que el fallo, remate y adjudicaci�n del inmueble se ajustan a derecho, situaci�n que si bien resulta desafortunada para los accionantes, de manera alguna es el resultado de v�as de hecho, ni violaci�n de derechos fundamentales, sino el resultado de una actuaci�n procesal que se defini� en la sentencia ajustada a derecho (folios 109 a 112 C.1).

Por su parte, el se�or NOLBERTO LARA SAAVEDRA, demandante en el proceso de ejecuci�n referido, a trav�s de apoderado concurri� a esta causa constitucional, manifestando que el proceso ejecutivo hipotecario se tramit� conforme a derecho, siendo debidamente adjudicado el bien hipotecado; que los accionantes pretenden que se les ampare el derecho de retenci�n sobre el mismo bien, manifestando la posible comisi�n de hechos punibles por parte de la demandada en ejecuci�n, asuntos que no deben afectar al demandante, quien es el actual propietario inscrito del bien rematado; que en el folio de matr�cula inmobiliaria no existe ninguna inscripci�n de demanda de los aqu� tutelantes en contra de la demandada, por lo que la sentencia no puede surtir efectos frente a terceros de buena fe, como lo es el demandante en ejecuci�n; por lo anterior solicit� negar el amparo constitucional reclamado (folios 114 a 117 C.1).

LA DECISI�N IMPUGNADA Mediante fallo del 1� de agosto de 2006, luego de rese�ar los hechos que motivan la acci�n de tutela, de precisar los principios y fundamentos legales que la rigen e inspiran, as� como el car�cter fundamental de los derechos invocados por la actora, su car�cter residual o subsidiario, el a quo neg� la protecci�n solicitada por los accionantes al considerar que en el caso de autos no se le han violado sus derechos fundamentales, toda vez que de la revisi�n de la causa civil que la motiva, en s�ntesis se establece que el proceso se tramit� conforme a derecho, el incidente de nulidad fue tramitado en debida forma y as� mismo fue decidido, y el rechazo a la oposici�n en la diligencia de entrega fue bien negado, por lo cual no se presenta la v�a de hecho aducida; que situaci�n diferente es la negativa de otorgar el recurso de apelaci�n, decisi�n que no se comparte por cuanto el proceso es de menor cuant�a, pero igualmente el accionante omiti� acudir al recurso de queja para que el superior considerara la posibilidad de otorgar la apelaci�n con la cual omitieron los accionantes ejercer el mecanismo de defensa judicial, lo que torna en improcedente la acci�n de tutela (folios 118 a 129 C.12).

LA IMPUGNACI�N La apoderada de los accionantes impugn� el fallo de primera instancia, insistiendo en los planteamientos hechos en el escrito de tutela, en cuanto al fraude procesal gestado en contra de sus representados, tendientes a lograr una notificaci�n en legal forma, neg�ndose el incidente de nulidad que por tal circunstancia fue propuesto, secuestrar indebidamente el inmueble en cuanto a una plena y real identificaci�n, y finalmente el juez accionado rechazarle el incidente de oposici�n a la diligencia de entrega del bien al rematante, desconoci�ndole su derecho de retenci�n, incurriendo en v�as de hecho que hacen procedente el amparo constitucional reclamado; aduciendo adem�s que la juez accionada se sustent� en normas inaplicables para rechazar la oposici�n a la entrega (art�culo 531 de C�digo de Procedimiento Civil), ya que debi� tenerse en cuenta el art�culo 339 del C�digo de Procedimiento Civil que ampara el derecho de retenci�n; que existe arbitrariedad al negarse el acceso a la doble instancia, en virtud del recurso de apelaci�n negado, e igualmente se suma a la arbitrariedad del juez de tutela de primera instancia, el indicar que como no se hab�a presentado el recurso de queja, entonces no proced�a la tutela por improcedente, dado el car�cter residual que rige a la misma, ya que se est� presentando tutela es contra el indebido obrar de la Juez 54 Civil Municipal de Bogot�, y no de la apoderada, por negativa al principio de la doble instancia, pues no se puede tapar la arbitrariedad de un juez con la decisi�n de un apoderado de no presentar el recurso de queja, para negar el amparo que solicita (folios 10 a 18 de este cuaderno).

CONSIDERACIONES El art�culo 86 de la Constituci�n Nacional consagra la acci�n de tutela como la facultad que tiene toda persona de acudir ante los jueces de la Rep�blica, para pedir la protecci�n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados, con la acci�n o la omisi�n de cualquier autoridad p�blica; y dispuso que la ley establecer�a los casos en que la misma proceder�a contra los particulares encargados de la prestaci�n de un servicio p�blico o cuya conducta afecte grave y directamente el inter�s colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinaci�n o indefensi�n. Al efecto, el Decreto 2591 de 1.991, por el cual se desarroll� la norma constitucional citada, consagra: Art�culo 1. �Toda persona tendr� acci�n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s� misma o por quien act�e a su nombre, la protecci�n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que �stos resulten vulnerados o amenazados por la acci�n o la omisi�n de cualquier autoridad p�blica o de los particulares en los casos que se�ala este decreto �.

Art�culo 2. �La acci�n de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. Cuando una decisi�n de tutela se refiera a un derecho no se�alado expresamente por la Constituci�n como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dar� prelaci�n a la revisi�n de esta decisi�n�.

Art�culo 5. � La procedencia de la tutela en ning�n caso est� sujeta a que la acci�n de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jur�dico escrito�. Art�culo 6. � La acci�n de tutela no proceder�: �1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios ser� apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (Inexequible sentencia C 531 de Nov.11 de 1.993). �2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus. �3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos �4. Cuando sea evidente que la violaci�n del derecho origin� un da�o consumado, salvo cuando contin�e la acci�n o la omisi�n violatoria del derecho. �5.

Cuando se trate de actos de car�cter general, impersonal y abstracto�. Art�culo 8. �Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial la acci�n de tutela proceder� cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez se�alar� expresamente en la sentencia que su orden permanecer� vigente s�lo durante el t�rmino que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acci�n instaurada por el afectado. �En todo caso el afectado deber� ejercer dicha acci�n en un t�rmino m�ximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela�. �Si no la instaura, cesar�n los efectos de �ste�.

El derecho al debido proceso, que comprende el de la defensa y a la doble instancia, invocados por los peticionarios, no merece reparo alguno respecto a que tiene el car�cter de fundamental, seg�n lo ha decantado la doctrina y jurisprudencia constitucional. Con relaci�n al derecho de retenci�n es un derecho de rango legal, no fundamental, por ende no cobijado con la protecci�n especial de este mecanismo de control constitucional, no obstante al aducirse su vulneraci�n con la actuaci�n surtida dentro del tr�mite del proceso ejecutivo de marras, de lograrse la protecci�n reclamada al derecho fundamental al debido proceso, lograr�a indirectamente su protecci�n por esta v�a judicial, lo que o amerita mayor an�lisis, ni debate jur�dico.

As� mismo, atendiendo la funci�n jurisdiccional que desarrolla la autoridad accionada, es procedente la acci�n de tutela para propender por la defensa, protecci�n y promoci�n de tales derechos. De acuerdo con la revisi�n de la causa, encuentra la Sala que raz�n le asiste al juez del conocimiento para negar el amparo constitucional deprecado, en cuanto a la existencia de otros medios de defensa judicial y no presentarse un eventual o inminente perjuicio irremediable, por lo que la sentencia impugnada deber� ser confirmada.

En efecto, el tr�mite de la diligencia de entrega, de la que finalmente se duelen los accionantes para lograr la protecci�n del derecho de retenci�n reclamada, se adelant� con su intervenci�n, escuch�ndolos en sus manifestaciones, garantiz�ndoles de este modo su derecho de contradicci�n y defensa, de ah� que si, como lo determin� el a quo y lo sostiene la impugnante, en realidad se trata de un proceso de ejecuci�n de menor cuant�a, que goza del beneficio de la doble instancia, y por expresa disposici�n constitucional y legal: "Toda decisi�n judicial podr� ser apelada, salvo las excepciones que consagre la ley" (art�culo 31 de la Constituci�n Pol�tica, en concordancia con los art�culos 14 y 351 del C�digo de Procedimiento Civil), es evidente que al no haberse hecho uso del recurso de queja contra la decisi�n que neg� la apelaci�n contra el auto que rechaz� de plano la oposici�n a la diligencia de entrega, no puede acudirse a la acci�n de tutela, en forma alternativa o paralela al proceso civil de que se trata, ya que conforme a las normas que consagran y desarrollan la acci�n de tutela, la doctrina y jurisprudencia constitucional, la misma no se instituy� para subsanar los errores menores de los procesos, la inactividad de las partes, o la desidia para no intentar las acciones legales, sino como �nico medio ante los vac�os o deficiencias que se puedan presentar en nuestro ordenamiento jur�dico, aqu� no presentes; vale decir, que en este caso le correspond�a dilucidar y decidir dicha negativa al juez natural y competente, en sede de segunda instancia, sin que le est� permitido al juez constitucional invadir �rbitas ajenas de competencia, dada la autonom�a e independencia del juez del conocimiento de la causa civil.

DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, en Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - CONFIRMAR el fallo impugnado de fecha y procedencia preanotadas, por las consideraciones antecedentes. SEGUNDO.- NOTIF�QUESE la presente decisi�n a las partes e intervinientes, por el medio m�s id�neo y eficaz, dejando las constancias de rigor. TERCERO.- REM�TASE el presente fallo, dentro del t�rmino consagrado en la parte final del inciso segundo del art�culo 32 del Decreto 2591 de 1.991, a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisi�n. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE.

Los Magistrados, ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO RAD. No. 110013103041200600371-01. MYRIAM IN�S LIZARAZU BITAR RAD. No. 110013103041200600371-01. EDGAR CARLOS SANABRIA MELO RAD. No. 110013103041200600371-01. PAGE 7 �����/��N����������>?q���� /F�$�$�$�<�<�=�=�=�=!>">#>8>�>�>�?�?�?�?�?�?�?8@[@y@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������������������������������������������uPaP uDPU�]c]cU�]c]cU�]c U�]c33>?@rst�����Mr��������������           ��������������������������������������������, ���������-./0FGHI����������$�$�$�$�$�$�$�$9':';'�'��������������������������������������������,�'�'�'�'h)i)j)k)l)m)n)o)�*�*�*p+q+r+�+�+�+---e-f-g-�-�-�-5.6.7.�.�.�.=0>0?0@0A0B0C0D0�������������������������������������������777+D0E0F0�0�0�0�0�0�0�3�3�3�4�4�4�;�;�;�;�;�;�;�;�<�<�<�<�<�<�=�=�=�=�=�=">#>�>�>�?���������������������������������������,,/,/3777'�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?@8@[@\@]@^@y@�@�@�@�@�@�@�@�������������������������`��,K@��Normala "A@���"Default Paragraph Font)@�� Page Number @ Header C�""B@" Body Text]c�=�@���� �@! �'D0�?�@"#$%&�= !�����@@�Times New Roman �Symbol "�ArialR�Algerian"�����FA��f@��f���2�l�=TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTAFE DE BOGOTACONSEJO SUPERIOR JUDICATURACONSEJO SUPERIOR DE LA JIDICA  !"#$%&'(��������-����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �F`f���,WordDocument����SPCompObj������������jSummaryInformation(������������ ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.6�9�q�������Oh��+'��0�����$0@ ht � � � ������>TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTAFE DE BOGOTAmCONSEJO SUPERIOR JUDICATURANormalCONSEJO DocumentSummaryInformation8������������ �������������������������������������� ���� �FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8�9�q��JUZGADO 53 PENAL DEL CIRCUITOl >TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTAFE DE BOGOTASUPERIOR DE LA JIDICA277Microsoft Word for Windows 95Rm@0��@�W���@��O���@6�����2����՜.��+,��0�@Hpx �� ��JUZGADO 53 PENAL DEL CIRCUITOl >TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTAFE DE BOGOTA