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Magistrado ponente: MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA Proceso No. 110013103040201100518 02Clase:ORDINARIODemandante: ELVIRA BAHAM�N MOLINADemandada:GUSTAVO CASTILLA CASTILLA Y OTRO Sentencia discutida y aprobada en sesi�n No. 44 de ocho (8) de septiembre de dos mil quince (2015). Se decide el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 30 de julio de 2014, proferida por el Juzgado 4� Civil del Circuito de Descongesti�n de Bogot�, a trav�s de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES Elvira Baham�n Molina instaur� demanda contra Rodrigo y Gustavo Castilla Castilla, para que a trav�s de proceso ordinario, principalmente, se declare absolutamente simulado el contrato de compraventa del 50% del derecho de dominio de un inmueble contenido en la Escritura P�blica No. 477 de 7 de abril de 2011 otorgada ante la Notar�a 12 de esta ciudad; en consecuencia, se ordene se libren las comunicaciones al Registrador de instrumentos p�blicos para que anule las anotaciones correspondientes en el folio de matr�cula inmobiliaria; se condene a los encartados a restituir la cuota parte del inmueble objeto del convenio ineficaz a la sociedad conyugal compuesta por la actora y el se�or Rodrigo Castilla Castilla y, finalmente, se aplique a este �ltimo la sanci�n que contempla el art�culo 1824 del C�digo Civil.
En subsidio solicit� que se ordene la revocaci�n del acto mencionado, con las respectivas secuelas. La actora apoy� sus pretensiones en los hechos que resumidos son: El 8 de diciembre de 1979 la demandante contrajo matrimonio cat�lico con el se�or Rodrigo Castilla Castilla, quien present� en su contra demanda de cesaci�n de efectos civiles del mismo, la cual fue admitida el 10 de febrero de 2011 por el Juzgado 12 de Familia de la ciudad; a su vez, aquella impetr� acci�n de separaci�n de bienes, que tuvo auto admisorio el 25 de marzo del mismo a�o por parte del Juzgado 18 de la misma especialidad.
No obstante, con el fin de defraudar a su c�nyuge, el se�or Rodrigo le vendi� a su hermano (affectio) Gustavo el 50% del derecho de dominio que ten�a sobre el apartamento 102, interior 4 del Conjunto Residencial Belmira Reservado Etapa III, ubicado en la Calle 141 No. 7-71, identificado con folio de matr�cula inmobiliaria No. 50N-20025848, tal como consta en la Escritura P�blica No. 477 de 7 de abril de 2011 otorgada en la Notar�a 12 de Bogot�, inscrita el mismo d�a en la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos respectiva (tempus), por lo que se refleja que la verdadera intenci�n del ahora demandado Rodrigo Castilla fue obtener ileg�timas ventajas anticipadas a la disoluci�n de la sociedad marital que �l solicit�, pues nunca se hizo entrega material ni ejerci� posesi�n el adquirente (retentio posesionis), situaci�n que quisieron disimular los hermanos contratantes, al preconstituir el arrendamiento a favor del vendedor, consignado en la cl�usula sexta del trato de transferencia de dominio atacado (preconstitutio).
Notificados los demandados invocaron las defensas de �No es simulada ni revocable a t�tulo alguno la venta del 50% de derechos proindiviso que el demandado Rodrigo Castilla hizo a favor de su hermano Gustavo Castilla� y �ninguno de los presupuestos bajo los cuales se sustentan las peticiones de la demanda son ciertos, como indicadores de lo que all� se pretende�.
La sentencia de primera instancia. La se�ora juez a quo neg� la totalidad de lo pretendido, con base en que para el momento en que se llev� a cabo el pacto entre hermanos (7 de abril de 2011), al all� tradente no se le hab�a notificado el auto admisorio de la demanda que cursaba en el Juzgado 18 de Familia de esta ciudad, ni estaba inscrita medida cautelar alguna sobre el bien enajenado, por lo que no encontr� constatado el indicio que sugiri� la activa acerca de que la transmisi�n de la propiedad se dio en virtud de la acci�n de separaci�n de bienes, que a la postre fue desistida.
A�adi� que la realizaci�n del negocio reprochado tuvo como fundamento el elevado endeudamiento que ten�a el se�or Rodrigo Castilla con m�ltiples entidades financieras, asunto del que dieron cuenta la accionante, los testigos y las documentales allegadas al proceso, al tiempo que no se acredit� la mala fe de quienes celebraron el convenio.
El recurso de apelaci�n. Inconforme con lo decidido, la parte demandante interpuso recurso de apelaci�n, soportado en que la juez a quo se equivoc� al considerar que la falta de inscripci�n de una medida cautelar o la ausencia de notificaci�n de un auto admisorio de una demanda de separaci�n de cuerpos, impiden que se constituya la simulaci�n, puesto que si lo echado de menos, en el primer caso, fue la publicidad del embargo, en su presencia lo acaecido era que la escritura de transferencia, de 7 de abril de 2011, no se habr�a podido registrar y era inoponible ante la demandante, lo que har�a inocua la acci�n adelantada; y en el segundo evento, la juzgadora le otorg� marcada importancia a que el se�or Rodrigo Castilla desconoc�a la existencia del juicio que promovi� en su contra su c�nyuge ante el juzgado de familia cuando opt� por vender su cuota parte del bien social, pero le pareci� intrascendente, a la juez, que se ventilara para ese d�a una acci�n de divorcio instaurada por el se�or Rodrigo Castilla.
Adujo que el fallo es incongruente, toda vez que no se hizo un pronunciamiento expreso sobre cada uno de los indicios puestos en su conocimiento, entre los que, al igual que en el libelo introductor, destac� la causa simulandi, que finc� en el af�n del vendedor por sacar de su patrimonio el conocido apartamento; el v�nculo afectivo entre las personas que concurrieron a suscribir el concurso de voluntades; el que dicho convenio haya sido efectuado al encontrarse en curso el proceso judicial de divorcio, ya que con ello se sustrajo el bien de la sociedad conyugal para evitar las posibles consecuencias que la liquidaci�n traer�a; la inexistente entrega material al comprador; la elaboraci�n de un contrato de arrendamiento para justificar el anterior indicio; la forma de pago del precio, sin transferencia de dinero en el acto, a cambio de asumir las deudas del vendedor, de lo que no hubo comprobaci�n, y cancelar el saldo a cuatro (4) a�os.
CONSIDERACIONES Los consabidos presupuestos procesales se hallan reunidos en el caso, motivo por el cual la actuaci�n se ha desarrollado normalmente y tampoco observa la Sala causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, de modo que ello, aunado a lo anterior, conlleva a la presente decisi�n, en los t�rminos y limitaciones que establece el art�culo 357 del C. de P.C. y la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Sea lo primero se�alar que aun cuando los demandados replicaron la alzada en el sentido de que el extremo actor �omiti� demandar� lo que �era indispensable para la prosperidad de� sus pretensiones, esto es, �que el 50% del apartamento vendido por Rodrigo nunca sali� de su patrimonio, o que s� sali� pero a t�tulo de donaci�n hecha a favor de Gustavo�, lo que supondr�a respetar el marco del proceso delineado por la accionante, pas� por alto el extremo pasivo precisamente el hecho 5� de la demanda seg�n el cual el precitado Rodrigo, �con el �nico prop�sito de defraudar a su c�nyuge� (lo que depara, indefectiblemente, en la manifestaci�n impl�cita de la imposibilidad de haber salido el aludido porcentaje del patrimonio de aqu�l), �transfiri� o dijo trasferir en favor del se�or Gustavo, a t�tulo de venta, el cincuenta por ciento del dominio que ostentaba sobre el apartamento�, afirmaci�n que tras poner en duda la enajenaci�n, supone en forma t�cita la existencia de una donaci�n. De ah� la pretensi�n tendiente a que �se declare que el demandado Rodrigo distrajo u ocult� dolosamente el 50% del derecho de dominio sobre el apartamento� materia de litigio.
Por lo dem�s, el Tribunal es del criterio que la providencia censurada debe revocarse y, en su lugar, declarar absolutamente simulada la venta contenida en la Escritura P�blica No. 447 de 7 de abril de 2011, otorgada ante la Notar�a 12 de Bogot�, junto con la consecuente imposici�n de la sanci�n que regula el art�culo 1824 de la norma sustantiva, por certificarse cada uno de los elementos de la acci�n, tal como pasa a exponerse: En efecto, han se�alado la jurisprudencia y la doctrina que por acto simulado ha de entenderse el concierto aparente de las partes, concebido para crear ante terceros la imagen formal de un negocio jur�dico que en la realidad no existe, el que es absolutamente fingido cuando sus intervinientes nunca quisieron realizar pacto alguno, y ser� relativamente simulado, cuando el negocio realmente querido se oculta a terceros tras el velo de un acto distinto, por ejemplo cuando se dice vender y se materializ� una donaci�n. Para el buen suceso de la acci�n propuesta es menester: 1.
Que est� probado el contrato tildado de simulado; 2. Que quien demanda est� legitimado en la causa; 3. Que se demuestre plenamente la existencia de la simulaci�n. Respecto a los dos primeros presupuestos, la Sala considera que ninguna duda existe en torno a su configuraci�n, dado que, en primer lugar, obra a folios 3 a 12 del cuaderno 1 copia aut�ntica de la compraventa que el 7 de abril de 2011 hicieron los hermanos Castilla Castilla y, en segundo, al ser la esposa del vendedor quien aqu� acciona, se avista que goza de un leg�timo inter�s en que se descubra la realidad contractual, puesto que la convenci�n aludida puede afectar gravemente su patrimonio, en tanto se comprob� que el se�or Rodrigo (ahora demandado) impetr� una demanda de cesaci�n de efectos civiles del matrimonio cat�lico, antes de ser presentada la que ahora ocupa la atenci�n de esta Corporaci�n. En este sentido: �la jurisprudencia de la Corte ha precisado que �ese inter�s jur�dico debe estar vinculado a la disoluci�n de bienes, como acontece cuando el c�nyuge ha demandado la separaci�n de bienes, la separaci�n de cuerpos, el divorcio, la nulidad del matrimonio, etc.�, lo que significa que solo un libelo presentado con ese objetivo compromete la existencia de la sociedad y le confiere al c�nyuge el inter�s para demandar la simulaci�n, nunca la simple separaci�n de hecho ( )�.
Al amparo de las disertaciones transcritas, no cabe duda de la legitimaci�n que por activa tiene la se�ora Elvira Baham�n Molina. Ahora, para que en el extremo activo surja el inter�s que lo habilite para demandar la simulaci�n, ha dicho la misma Corte, �es necesario que sea actualmente titular de un derecho cuyo ejercicio se halle impedido o perturbado por el acto ostensible, y que la conservaci�n de ese acto le cause un perjuicio�, el que en sentir de la Sala se materializ� en la desaparici�n de parte del patrimonio de la sociedad con el �nico prop�sito de defraudar a la c�nyuge.
Por supuesto que en el presente caso asoma con car�cter definido una amenaza grave, cierta y actual a los derechos de la demandante, toda vez que, sin lugar a dudas, como lo ha sostenido la Corte, �la preservaci�n del negocio simulado acarrea una mengua a sus derechos� en la sociedad conyugal, misma oportunidad en la que destac� que: �el derecho de libre disposici�n derivado del r�gimen legal vigente de la sociedad conyugal, se encuentra fuera de toda discusi�n en relaci�n con los actos en que el c�nyuge dispone real y efectivamente de los bienes que, asumiendo la condici�n de sociales al momento de la disoluci�n, le pertenecen.
Empero, otro debe ser el tratamiento, cuando uno de los c�nyuges ha celebrado dichos actos de manera aparente o simulada pues en esta hip�tesis la situaci�n habr� de abordarse de distinta manera, dado que en su impugnaci�n, por tan espec�fico motivo, ya no se enjuicia propiamente el ejercicio del comentado derecho de libre disposici�n, sino el hecho de si fue cierto o no que se ejerci� ese derecho, todo en orden a verificar que los bienes enajenados mediante actos simulados, no hayan dejado de formar parte del haber de la sociedad conyugal, para los consiguientes prop�sitos legales�.
(CSJ. Sentencia de 7 de abril de 2015, Rad. 2001-00509-01; se resalta). En ese orden, resta analizar si se demostr� la simulaci�n, o si contrario sensu, este �tem qued� hu�rfano de demostraci�n, y se logr� desdecir cada uno de los indicios invocados por el extremo actor. Para ello es pertinente memorar que la norma adjetiva en lo civil consagra el principio de libertad probatoria.
A su vez, el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil precis�, que en materia simulatoria, para que se abra paso lo perseguido: �(�) pueden las partes o los terceros, in abstracto, acudir a toda clase de medios de prueba, dado el sigilo y la audacia con que los contratantes suelen actuar para disfrazar el acto urdido en la penumbra (actus clam et occulte celebratus), aun cuando en la praxis la prueba indirecta es la m�s socorrida, particularmente la indiciaria, dada la dificultad probatoria que campea en esta materia (difficilioris probationes)�.
A la luz de esos preceptos, se resalta que la doctrina ve como indicios reveladores de ese fen�meno el parentesco, la retenci�n de la posesi�n del bien por parte del enajenante, la amistad �ntima, la falta de capacidad econ�mica del adquirente, el comportamiento de las partes al efectuar el negocio, el precio exiguo, estar amenazado el deudor del cobro de obligaciones vencidas, la disposici�n de todos o buena parte de los bienes, la carencia de necesidad del vendedor para disponer de sus bienes, la forma de pago, etc.
En el caso que se analiza, no se discute que el precio de la venta por el 50% del apartamento 102, interior 4 del Conjunto Residencial Belmira Reservado Etapa III, ubicado en la Calle 141 No. 7-71 de esta ciudad, que era de propiedad del demandado Rodrigo, correspondi� a $190�000.000,oo, seg�n se deduce de la escritura p�blica de 2011 que recogi� ese negocio (fl. 3 c. 1), cifra que confrontada con el aval�o que para ese a�o gravable registraba esa fracci�n el impuesto predial unificado ($97�874.500,oo), no permitir�a sostener la existencia de un precio exiguo.
Tampoco se discute que la disposici�n se hizo respecto de una parte de los bienes (el porcentaje -50- que le correspond�a al demandado Rodrigo del apartamento), que no de todos (Finca �El Oasis� y dos veh�culos, seg�n se infiere de la demanda de divorcio que �l mismo impetr�). Sin embargo, a ello no le sigue que no se encuentren acreditados los dem�s indicios de la simulaci�n, entre ellos, la denominada �causa simulandi� o m�vil para la simulaci�n; el tiempo sospechoso del negocio; la ausencia de movimientos de las cuentas bancarias; el precio no entregado de presente; el lugar �sospechoso� del negocio, documentaci�n y precauciones �sospechosas�, y la no justificaci�n dada al precio recibido.
En el de marras, se plantearon los siguientes: i) Causa Simulandi: Fundada en que el accionado Rodrigo, en abierta contradicci�n con su propio proceder inicial (haber presentado demanda de divorcio con miras a la disoluci�n del 100% de los bienes que all� relacion�), cambi� abruptamente su comportamiento al sustraer del haber de la sociedad conyugal el 50% del dominio sobre el apartamento mencionado, para obtener como ventaja la exclusi�n de esa fracci�n con la posterior liquidaci�n del v�nculo marital.
Al respecto cabe anotar que obra en copia sellada por el juzgado de conocimiento, el expediente del proceso de cesaci�n de efectos civiles de matrimonio cat�lico que cursa ante el Juzgado 12 de Familia de Bogot�, en el que inicialmente, el 25 de enero de 2011, se solicit� el embargo y secuestro de la totalidad del bien objeto de esta demanda y en la subsanaci�n ordenada, se destac� que �la sociedad conyugal nacida por el hecho del matrimonio de los se�ores Rodrigo Castilla Castilla y Elvira Baham�n Molina se encuentra vigente.
La sociedad conyugal no ha sido disuelta ni liquidada�. No obstante, admitida la demanda (10 de febrero de 2011, fl. 30 c.copias 201100044) y antes de ser notificada a la all� demandada, pasada la fecha de enajenaci�n que a favor del se�or Gustavo Castilla Castilla hiciera su hermano y esposo de la se�ora Baham�n Molina de la mitad del inmueble ya conocido (7 de abril de 2011), el 5 de mayo de 2011, se pretendi� la imposici�n de tales medidas, pero solamente sobre el 50% de la propiedad de la aqu� actora, sin que pueda alegar el se�or Rodrigo Castilla su desconocimiento de tal hecho, como quiera que el memorial a trav�s del cual se pidi� lo referido est� suscrito por �l y su gestora judicial, lo que deja entrever que lo que busc� fue desmejorar su patrimonio personal a sabiendas de la existencia del proceso de divorcio que adelant�, para que a la hora de liquidar la sociedad le pudiera corresponder la mitad de lo que le pertenece a su c�nyuge, por lo que el indicio alegado sale avante, debido a la preexistencia del m�vil para la simulaci�n. ii) Affectio: Con los respectivos registros civiles de nacimiento, fue acreditado el v�nculo de consanguinidad entre quienes acudieron a la notar�a a rubricar el acuerdo tildado de simulado, lo que a pesar de no estar prohibido por la ley, hace un tanto sospechoso el negocio jur�dico celebrado, ya que la cercan�a y los afectos que crea la familia, facilitan la colaboraci�n ante una necesidad de quienes la integran. iii) Tempus: Es el desarrollo del componente temporal de la causa simulandi ya estudiada, puesto que en aquella se indic� la finalidad de sustracci�n que comport� dicho acuerdo de voluntades entre los hermanos Castilla Castilla (evitar que la porci�n del esposo ingresara a la liquidaci�n inminente de la sociedad conyugal), y en este caso lo que se pone de relieve es que su realizaci�n coincidi� con la existencia de la acci�n de divorcio, lo que a la luz de lo analizado en precedencia encuentra asidero f�ctico, sin que la pasiva haya logrado desdecir tal argumento.
A este respecto, cabe resaltar, que examinado el folio de matr�cula inmobiliaria del apartamento donde reside la actora y sus hijos, fue adquirido por los esposos Castilla-Baham�n el 20 de junio de 1990, o sea casi 20 a�os antes de la venta que ahora se ataca, sin que lo mencionado por el se�or Rodrigo Castilla Castilla al absolver interrogatorio de parte reste validez al indicio expuesto por la activa, en tanto en la mentada diligencia manifest�, de un lado, que ante la imposibilidad de registrar el acuerdo suscrito en una notar�a, previa amenaza de su esposa por ser dejado �en la calle�, fue que opt� por �vender el apartamento, porque en cualquier momento qui�n sabe ella qu� hac�a� (fl. 139), y de otro, que las vicisitudes dinerarias que le forzaron a enajenar, comenzaron en el a�o 2009, pero s�lo hasta despu�s de acudir al aparato judicial para disolver la uni�n con su esposa fue que decidi� desprenderse del bien que estaba libre de grav�menes. iv) Retentio Possesionis: La adquisici�n del dominio de un inmueble destinado a vivienda urbana, desprovisto de la entrega material del mismo, invita a pensar en la ausencia de inter�s del comprador por hacerse al aludido derecho real, m�s cuando se tienen en cuenta las complicaciones que apareja hacer efectivos los atributos de uso, goce y disposici�n, por no ser propietario exclusivo y ser condue�o con una persona con quien el enajenante, familiar del adquirente, ha tenido divergencias de tal envergadura que los llevan a poner fin a la relaci�n afectiva; por ende, luce poco cre�ble que alguien que tenga los recursos para invertir en finca ra�z, lo haga precisamente en medio de un conflicto matrimonial y �nicamente por el 50%, en clara renuncia al ejercicio individual de las atribuciones que ofrece la tradici�n total, lo que pone en duda la veracidad de las manifestaciones contenidas en la Escritura P�blica No. 477 de 7 de abril de 2011. v) Preconstitutio y provisio: Aleg� la accionante que el querer verdadero de los hermanos Castilla (defraudar el haber social) se ocult�, igualmente, tras la elaboraci�n y suscripci�n de un pacto de arrendamiento, en la misma escritura de compraventa, del derecho adquirido por Gustavo Castilla, dado que esto refleja que se anticiparon a neutralizar el indicio de retentio posesionis, que acarreaba la imposibilidad f�ctica de entrega.
A este tenor cabe mencionar, que efectivamente de la literalidad de la cl�usula sexta se colige una entrega tan alternativa como inusual, en la medida en que se consign�: �la entrega al comprador del inmueble se efectuar� en las siguientes hip�tesis: primera, el d�a 6 de abril de 2015 al momento del pago del saldo del precio de venta, o antes, en el momento en que el comprador cancele la totalidad del precio de venta a su cargo.
Segunda, en caso de que el comprador opte por adelantar proceso divisorio o de venta de la cosa com�n, la entrega se efectuar� al momento en que se realice dicha venta y a quien la adquiera. PAR�GRAFO: Mientras el compareciente vendedor efect�a la entrega del inmueble, queda en calidad de arrendatario y se obliga a cancelarle al comprador, por la cuota parte del inmueble, un canon de arriendo de $700.000 mensuales, mes vencido�.
La voluntad de trocar dinero por una adquisici�n diferida a 4 a�os (7 de abril de 2011 a 6 de abril de 2015), supone, en este caso, la presencia de una ficci�n en el trato. As� mismo, el desear y llevar a cabo la compra de unos derechos para disputar judicialmente la divisi�n del bien sobre el que recaen o su venta forzosa, incrementan las dudas acerca de si es una manifestaci�n cierta la inscrita, toda vez que se torna a�n m�s indeterminable el d�a que ello tendr�a lugar.
En relaci�n al contrato de arrendamiento se vislumbran las siguientes situaciones que cuestionan razonablemente la intenci�n de sus intervinientes, principalmente del arrendador. La primera, es que en caso de incumplimiento del arrendatario -quien no vive all�-, el eventual proceso de restituci�n de inmueble no le ser�a extensivo a quienes habitan el bien, debido a que una de ellas es copropietaria y a que ninguno de ellos, incluidos los hijos, adquiri� obligaciones rec�procas con el otro condue�o, quien pese a ser profesional del derecho no repar� en esa eventual complicaci�n. La segunda, consiste en que se muestra inveros�mil que el saldo del precio expresado en el literal b de la cl�usula segunda de la compraventa, por $50�003.100,oo, se pague cuatro a�os despu�s y en su lugar no se pactaran compensaciones mensuales a la obligaci�n, o lo que es igual, que cada 30 d�as se descontara, en virtud de la renta que ha de pagar Rodrigo Castilla, los $700.000,oo que cuesta, que al cabo de 4 a�os habr�an de reducir considerablemente la acreencia que Gustavo a t�tulo de enajenaci�n del dominio tiene con aquel, m�s cuando la supuesta motivaci�n de �ste �ltimo concurso de voluntades, fue que a trav�s de la subrogaci�n de las deudas de Rodrigo a Gustavo, el vendedor mejorar�a su estado financiero, pero de lo relatado por ellos mismos, en comuni�n con los elementos de juicio hasta aqu� examinados, se colige que adquiri� fue otra prestaci�n mensual a su cargo, por lo que no son de recibo para la Sala las aseveraciones que para derruir el indicio hicieron los encartados. vi) Pretium confesus: Se�al� la actora que la falta de entrega de dinero a favor de quien dijo transferir la propiedad adherida a que la satisfacci�n del faltante se hiciera 4 a�os m�s tarde, es un indicio m�s de la ficci�n montada por los se�ores Castilla Castilla.
Para desentra�ar lo planteado, es menester acudir a lo rotulado por los accionados: �SEGUNDO: Que el precio de venta de la totalidad de los derechos en com�n y proindiviso sobre los inmuebles anteriormente especificados es de $190�000.000 (CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS), cantidad que el comprador se obliga a pagar de la siguiente forma: La suma de $139�996.900 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS) mediante la figura de asumir, hasta por dicho monto, a pesos de esta fecha y en los t�rminos y condiciones que adelante se relacionan, obligaciones que el vendedor tiene para con las entidades financieras que adelante se relacionan; y b) El saldo de $50�003.100 (CINCUENTA MILLONES TRES MIL CIEN PESOS), en la modalidad de obligaci�n facultativa de las que trata el art�culo 1562 del C�digo Civil, a elecci�n del comprador, pagando en dinero dicha suma m�s un incremento igual al del �ndice de Precios al Consumidor por cada a�o trascurrido desde la fecha de esta escritura hasta el d�a 6 de abril de 2015, fecha de exigibilidad de esta parte de la obligaci�n, o asumiendo o pagando en cualquier momento nuevas obligaciones a cargo del vendedor por igual monto�.
Ante las caracter�sticas de satisfacci�n de la carga del comprador, no es convincente la disposici�n de abstenerse de recibir, en un t�rmino de 4 a�os, la cifra restante del precio, equivalente a $50�003.100,oo, si as� lo quisiera el adquirente, en dinero o con la prestaci�n de las cargas que con entidades financieras, tuviera para esa �poca el se�or Rodrigo Castilla.
En efecto, no puede pasarse por alto que el par�grafo 6 de la cl�usula sub examine, menciona que �no obstante la forma de pago aqu� estipulada, el compareciente vendedor renuncia a la condici�n resolutoria que de ella se deriva y hace firme e irresoluble la presente venta�, lo que deja ver, que sin importar que el se�or Gustavo Castilla se sustrajera del cumplimiento de las prestaciones a su encargo, las cuales se extienden prolongadamente, ninguna herramienta jur�dica subsistir�a para el se�or Rodrigo Castilla en pro de hacer efectivo su cumplimiento o deb�a perseverar en la venta, incluso si desde el primer momento se demostrara desinter�s del comprador, indicador �ste de que lo pactado no atiende a la voluntad real, determinante y libre de un lado de transferir el dominio y de otra de adquirirlo.
En este orden, al tener como pilar de las excepciones de m�rito las negaciones de cada uno de los indicios que se analizaron l�neas arriba y los cuales mantuvieron su firmeza es preciso advertir que tales medios defensivos ser�n declarados impr�speros, no sin antes aseverar, que la acci�n promovida no exige como elemento para su fertilidad, que haya un detrimento patrimonial cuantificable, de proporciones grandes, medias o peque�as, sino que se establezca el fingimiento del acto jur�dico, por lo que las lucubraciones que respecto al estado de p�rdidas y ganancias de la accionante presentadas en la contestaci�n, con ocasi�n de la venta, en nada modifican lo aqu� decidido.
Expuesto esto, resta decir que le asiste raz�n al extremo actor acerca de que la falta de notificaci�n personal de un auto admisorio de demanda de separaci�n de bienes o la no inscripci�n de una medida cautelar, no son argumentos suficientes para relevarse del estudio de los elementos de juicio y los hechos y excepciones que frente a la acci�n simulatoria se invocan.
Al fin y al cabo, �antes de esa disoluci�n puede existir ya el inter�s jur�dico en uno de los c�nyuges para demandar la simulaci�n de un contrato celebrado por el otro sobre bienes adquiridos por �ste a t�tulo oneroso durante el matrimonio cuando la demanda de simulaci�n es posterior a la existencia de un juicio de separaci�n de bienes, o de divorcio�, como en este caso, �los cuales al tener �xito, conllevan la disoluci�n de la sociedad conyugal� (G. J. CLXV 211).
Ahora bien, para esta Colegiatura procede la declaraci�n de simulaci�n absoluta del acuerdo ya mencionado, por lo que se revocar� en este sentido la providencia y se impondr� la sanci�n de que trata el art�culo 1824 del C�digo Civil, con base en lo siguiente. Frente a la figura anotada ha se�alado la Corte en pret�ritas ocasiones: �El art�culo 1824 del C. Civil dispone lo siguiente: Aquel de los dos c�nyuges o sus herederos, que dolosamente hubiere ocultado o distra�do alguna cosa de la sociedad, perder� su porci�n en la misma cosa, y ser� obligado a restituirla doblada�.
La sanci�n prevista en el precepto transcrito es la condigna de una intenci�n fraudulenta o dolosa atribuida a uno de los c�nyuges, orientada a hacer que el otro no tenga o se le dificulte tener - lo que le corresponda a prop�sito de la liquidaci�n de la sociedad conyugal. Ese proceder se refleja en la ocultaci�n o distracci�n de alguna cosa perteneciente al haber social.
Ocultar algo, seg�n el Diccionario de la Real Academia Espa�ola, es "esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista, callar advertidamente lo que se, pudiera o debiera decir; o disfrazar la verdad� y distraer significa "divertir, apartar, desviar, alejar�. Atendida, pues, la regla de hermen�utica consistente en que "las palabras de la ley se entender�n en su sentido natural y obvio, seg�n el uso general de las mismas palabras� -art. 28 C. C.-, se infiere - que la sanci�n de la que se trata est� destinada a reprimir aquella conducta dolosa del c�nyuge con la que se busca defraudar al otro con desmedro de sus intereses en la partici�n de los bienes sociales vali�ndose ya de actos u omisiones que se acomodan al significado de la ocultaci�n, u ora distrayendo bienes, esto es, alej�ndolos de la - posibilidad de ser incorporados en la masa partible, como se puede considerar todo acto de disposici�n de los mismos que conduzca a disminuir la masa de bienes sociales o a hacer dispendiosa o imposible su recuperaci�n por parte del c�nyuge afectado.
De all� que el acto fraudulento no siempre tiene que ser oculto. Tambi�n puede proyectarse la defraudaci�n con actos reales o aparentes que obren en instrumentos que tengan el car�cter de p�blicos, y que, celebrados dolosamente, apartan un bien del haber conyugal con desmedro o menoscabo de los intereses del c�nyuge v�ctima de ellos. En el caso sub judice es evidente que el sentenciador, tanto en su propia argumentaci�n, como al prohijar lo dicho por el a quo, dej� de aplicar el citado art�culo 1824 con la reflexi�n escueta de que la venta realizada por la c�nyuge no fue oculta, dado que el contrato destinado a la enajenaci�n del inmueble ac� disputado, perteneciente al haber de la sociedad conyugal, obra en escritura p�blica debida mente registrada, por lo que el conocimiento general del negocio - descarta su secreto.
Empero, ignorando los hechos respectivos, pas� de largo ante la otra hip�tesis que contiene la norma sobre que la sanci�n tambi�n es imponible al c�nyuge que dolosamente distrae un bien de la masa partible. En verdad, si el sentenciador dio por sentado que el inmueble del que ac� se trata pertenece al haber conyugal y que la sociedad de bienes se hallaba disuelta y en estado de liquidaci�n, no queda duda sobre que la demandada lo vendi� sin ser suyo, m�s esa venta de cosa ajena, v�lida y legitima en frente del comprador, de por s� no excluye que tal acto jur�dico sea el que haya servido de instrumento para que el c�nyuge vendedor, de ese modo colocado en la posici�n de distractor, concluyera su itinerario fraudulento, por lo que en relaci�n con el c�nyuge que tiene derechos sobre el mismo objeto sea dable imponerle la sanci�n contemplada en el art. 1824�.
Tanto del aparte jurisprudencial como del literal del art�culo 1824 del C�digo Civil, se colige que el destinatario de la sanci�n no es cualquier sujeto, sino que es calificado, y as� mismo lo es la conducta que debe desplegar para ameritar tal consecuencia, como quiera que se refiere, en primer t�rmino, a �cualquiera de los dos c�nyuges�, y en segundo lugar, le exige que �dolosamente� hubiera ocultado o distra�do alguna cosa de la sociedad.
En ese orden, se vislumbra que el presupuesto f�ctico est� dado en la medida en que el se�or Rodrigo Castilla Castilla, esposo de la actora, fingi� la enajenaci�n de los derechos que pose�a sobre el apartamento, despu�s de incoar y haberse admitido la acci�n de divorcio, con un claro objetivo, cual era sustraer de la liquidaci�n de la sociedad patrimonial la porci�n que a �l le correspond�a sobre el mismo y sacar ventaja, dado que obtendr�a derecho a percibir la mitad de la cuota de propiedad de la se�ora Baham�n Molina.
Es evidente la premeditaci�n del actuar de quien vendi� (intenci�n de da�ar), en tanto no es resultado de azar que se acuda al aparato judicial en aras de disolver el v�nculo marital (acto voluntario y consciente) y a la vez se efect�e un concurso de voluntades tendiente a defraudar el haber social (acto voluntario y consciente), al dar apariencia de transmisi�n del dominio, por lo que es meritoria la penalidad que consagra la norma bajo examen.
En todo caso, si bien es cierto que el art�culo 1 de la Ley 28 de 1932 se�ala que la administraci�n y disposici�n con la que cuenta cada c�nyuge sobre los bienes que ten�a antes de contraer nupcias y los que adquiri� con posterioridad a ello solo cesa al disolverse la uni�n, tambi�n lo es que la intenci�n del legislador al establecer una sanci�n al comportamiento da�oso y ajeno a la buena fe, no fue exclusivamente el de infundir miedo a los pretensos distractores de bienes, sino que su teleolog�a es fijar a la autonom�a privada los l�mites m�nimos que ha de atender para que los terceros de buena fe no vean afectado su patrimonio con actos desprovistos de transparencia contractual, por lo que ante la inobservancia de ello, es decir, ocurrido el enga�o y el ocultamiento, sea castigado su autor, aun sin que se haya disuelto la sociedad, pero en condiciones tan latentes de su acaecimiento como aqu� pasa, porque se itera, se confunde en la persona del se�or Rodrigo Castilla Castilla una triple condici�n que no permite advertir una incertidumbre sobre si se disolver�a o no el ligamen cat�lico, las cuales son: i) Demandante de la cesaci�n de efectos civiles.
De all� que ante la inminente llegada del impedimento para disponer de su cuota parte, y con base en tal saber decidi� fraguar y ejecutar el convenio discordante con la realidad, para sacar jur�dicamente parte del patrimonio del haber com�n. Adem�s, de ese proceder se infiere l�gicamente que su pretensi�n era alcanzar la sentencia declarativa de la extinci�n del matrimonio, ya que ella representaba el blindaje y raz�n de ser del negocio ama�ado, por tanto no desistir�a de la misma, por lo que luce redundante subordinar la sanci�n a la existencia de la disoluci�n, cuando, a riesgo de fatigar, es n�tido que tendr�a lugar. ii) Vendedor dentro de la transferencia simulada. iii) Demandado en el litigio que busc� la declaraci�n de simulaci�n del pacto de compraventa.
De los roles desempe�ados por el accionado Rodrigo Castilla Castilla, en las �pocas y orden ya conocidos, encuentra asidero la solicitud de aplicar los efectos que contiene el art�culo 1824 del C�digo Civil, por lo que se le condenar� a perder la porci�n que le correspond�a sobre el apartamento 102, interior 4 del Conjunto Residencial Belmira Reservado III Etapa, ubicado en la calle 141 No. 7-71, identificado con folio de matr�cula inmobiliaria No. 50N-20025848 y a restituirla doblada.
En conclusi�n, est�n configuradas las circunstancias que la doctrina ha considerado como indicios reveladores del fen�meno de la simulaci�n de los contratos relacionados en este prove�do, los cuales son graves, concordantes y convergentes, y analizados en su conjunto y en relaci�n con las dem�s pruebas que obran en el proceso, como lo exige el art�culo 250 del C. de P. C., lo que permite concluir que el contrato de compraventa en menci�n, no da cuenta de una intenci�n real para su celebraci�n por parte de los contratantes, por lo que se revocar� en su integridad la sentencia apelada y en su lugar se declarar�n improbadas las excepciones presentadas por la pasiva, y prosperas las pretensiones simulatorias, con la consecuente sanci�n que trata el art�culo 1824 del C�digo Civil, por lo cual se ordenar� oficiar al Registrador de Instrumentos P�blicos y a la Notar�a respectivos para que efect�en las anotaciones del caso, y se impondr� la correlativa condena en costas de las dos instancias a la enjuiciada (art 392 C.P.C.).
En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot� en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE Primero. Revocar la sentencia de fecha y origen anotados. Segundo. Declarar impr�speras las excepciones de m�rito invocadas por la pasiva. Tercero. Declarar absolutamente simulado el contrato de compraventa contenido en la Escritura P�blica No. 477 de 7 de abril de 2011 otorgada ante la Notar�a 12 de �sta ciudad.
Cuarto. En consecuencia, se ordena librar las comunicaciones pertinentes a la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos y a la Notar�a respectivas para que, en aquella se anule la anotaci�n correspondiente en el folio de matr�cula inmobiliaria, y en esta, se realicen las anotaciones marginales a la mencionada escritura p�blica. Quinto. Se condena a los encartados a restituir la cuota parte del inmueble objeto del convenio aqu� referido a la sociedad conyugal Castilla Baham�n. Sexto. Se condena al se�or Rodrigo castilla Castilla a perder la porci�n que le correspond�a sobre el apartamento 102, interior 4 del Conjunto Residencial Belmira Reservado III Etapa, ubicado en la calle 141 No. 7-71, identificado con folio de matr�cula inmobiliaria No. 50N-20025848 y a restituirla doblada.
S�ptimo. Costas de ambas instancias a cargo de la pasiva. El Magistrado sustanciador se�ala, la suma de $2�500.000.oo, por concepto de agencias en derecho de esta instancia. NOTIF�QUESE Los magistrados, MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA (Rad. 110013103040201100518 02) JORGE HERN�N VARGAS RINC�N (Rad. 110013103040201100518 02) �SCAR FERNANDO YAYA PE�A (Rad. 110013103040201100518 02) Ver folios 92 a 111 del cuaderno 1. Ver folios 414 a 435 del cuaderno 1. Ver folios 5 a 16 del cuaderno 2. C.S.J., sentencia del 28 de junio de 2013, expediente 11001-31-03-014-1998-05970-01, Magistrado ponente.
JES�S VALL DE RUT�N RUIZ. Ver folio 21 de esta encuadernaci�n. Ver folio 28 ib. Ver folio 22 del cuaderno 1, Registro Civil de Matrimonio, como lo regula expresamente el Decreto 1260 de 1970. �Es cierto que el demandado Rodrigo castilla instaur� demanda de divorcio (cesaci�n de efectos civiles) de su matrimonio cat�lico y que ( ) tambi�n resulta cierto que el Juzgado 12 de Familia, al admitir la demanda de divorcio mediante autos de febrero 10 y mayo 13 de 2011 ( )�.
Ver contestaci�n de la demanda folios 93 y 94 del c.1. C.S.J., sentencia del 7 de abril de 2015, expediente 0526631030022001-00509 01, Magistrado ponente: FERNANDO GIRALDO GUTI�RREZ. G. J. CXIX, p�g. 149. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Civil. Sent. febrero 15 de 2000. Exp. 5438. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Ver folio 14 del cuaderno de copias del proceso 201100044, hoja de reparto.
Igualmente, t�ngase presente que los hermanos Gustavo y Rodrigo, al contestar la demanda, confesaron judicial y espont�neamente el hecho de presentaci�n de ese libelo -numeral 2 literal a); fl. 93 cdno. 1-. �VI. MEDIDAS CAUTELARES: De conformidad con lo dispuesto en el art. 444 del C.P.C., solicito a Ud. Decretar las siguientes medidas cautelares de embargo y secuestro de los siguientes bienes: 5.1) Apartamento 102 ubicado en Bogot�, Cundinamarca, en la calle 140A No. 7-98, Bloque 4, con matr�cula inmobiliaria 005020025848�; ver folios 12 y 13 del cuaderno de copias del proceso 201100044. Ver folios 19 y 20 del cuaderno de copias del proceso 201100044. Ver folio 31 del cuaderno de copias del proceso 201100044. Ver folios 25 y 26 del cuaderno 1. Anotaci�n No. 3, folio de matr�cula inmobiliaria 50N-20025848, ver folio 13 del cuaderno 1. �las condiciones que me llevaron a la venta fue la situaci�n econ�mica familiar (�) por la que est�bamos atravesando, situaci�n donde los gastos eran muy superiores a los ingresos que se estaban recibiendo (�) el problema inicial estaba que por all� en el a�o 2009 yo trabajaba en Buenaventura con una asignaci�n mensual de $14�900.000 (�) mis condiciones laborales no fueron las ofrecidas y por distintos inconvenientes me vi obligado a retirarme de la empresa donde afortunadamente logr� volverme a vincular con la empresa Coviandes, pero con una asignaci�n mensual que escasamente sobrepasaba los ocho millones, me parece que a finales de 2009 o en los primeros meses de 2010 fue que me volv� a vincular a Coviandes, lo cual me caus� el traumatismo econ�mico que a la postre se me volvi� como una bola de nieve, donde cada mes se me estaban aumentando las deudas y se me aumentaban y no ten�a como trancarlas (�) estaba cancelando las cuatro tarjetas de cr�dito que usufructuaba la se�ora Elvira Baham�n, que para esa �poca de 2010�, ver folios 137 a 140 del cuaderno 1. Ver folio 10 del cuaderno 1. �abogado titulado (�) la segunda condici�n era la de celebrar (�) un contrato de arrendamiento con el prop�sito que sus dos hijos continuaran viviendo en el apartamento con su madre (�) el hecho evidente es que en la escritura p�blica de transferencia del 50% suscrib� un contrato de arrendamiento con mi hermano RODRIGO con el prop�sito de que sus hijos continuaran viviendo en el apartamento donde vive su madre, obviamente ese apartamento est� compartido como lo acabo de expresar, con la demandada.
Canon de arrendamiento que ha venido pag�ndome en la cuant�a prevista en la escritura de $700.000 pesos mensuales (�)�. Ver interrogatorio de Gustavo Castilla folios 134 a 140 c.1. Aunque pretendan desnaturalizarla los demandados en el par�grafo 3 de la cl�usula segunda. �Durante el matrimonio cada uno de los c�nyuges tiene la libre administraci�n y disposici�n tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a �l, como de los dem�s que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolusi�n del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al C�digo Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerar� que los c�nyuges han tenido esta sociedad desde la celebraci�n del matrimonio, y en consecuencia se proceder� a su liquidaci�n�. art�culo 152 ib�dem, �El matrimonio civil se disuelve (�) Los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesar�n por divorcio decretado por el juez de familia o promiscuo de familia.
En materia del v�nculo de los matrimonios religiosos regir�n los c�nones y normas del correspondiente ordenamiento religioso�. Sentencia en el proceso No. 110013103040201100518 02 Clase: Ordinario ----------------------- PAGE \* MERGEFORMAT9 /023@A�ηΛ|bB|b%b9h�3gh�f5�6�CJ OJPJQJ\�aJ mH nH sH tH ?jL��V h�3gh�f6�CJ OJPJQJUaJ mH nH sH tH 3h�3gh�f6�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH <jh�3gh�f6�CJ OJPJQJUaJ mH nH sH tH 6h�3gh�f5�6�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH -h�f5�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH 3h�3gh�f5�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH -h�'�5�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH 3Ai������� ��������������$d��$Ifa$gd�� d��gd�f$d��a$gd�f$d��a$gd�f$$ ���d��@&a$gd�f$d����<5$7$8$9D@&H$a$gd�f$d����<5$7$8$9D@&H$a$gd�fAhinv{��������������������{dMd{6{6{�{�-h�f6�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH -he �6�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH -h�G6�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH 3h�3gh�f6�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH 0h�3gh�fCJ OJPJQJaJ mH nH sH tH 0h�N�5�6�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH 9h�3gh�f5�6�CJ OJPJQJ\�aJ mH nH sH tH 6h�3gh�f5�6�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH �� & 1 2 ? @ U V W a b � � � � � � � � � � � � � �����������簚~eL~L~L~L0h�f6�CJ OJPJQJ\�aJ mH nH sH tH 0h�`{6�CJ OJPJQJ\�aJ mH nH sH tH 6h�3gh�f6�CJ 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