Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 110013103015201100211 01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Juan Pablo Suárez Orozco

Fecha: 2017-08-03

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MAGISTRADO PONENTE: JUAN PABLO SU�REZ OROZCO RADICACI�N: 110013103015201100211 01 PROCESO: VERBAL DEMANDANTE: MUNICIPIO DE CHISCAS DEMANDADOS: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA ASUNTO: IMPUGNACI�N SENTENCIA. Discutido y aprobado por la Sala en sesi�n de dos (2) de agosto de dos mil diecisiete (2017), seg�n acta N� 027 de la misma fecha. Atendi�ndose a lo normado en el art�culo 373, numeral 5�, inciso 3�, del C�digo General del Proceso, decide el Tribunal el recurso de apelaci�n interpuesto por los extremos de la litis, en contra de la sentencia de siete (7) de marzo de dos mil diecisiete (2016), proferida en el sub-judice por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia.

ANTECEDENTES 1. Pretende el actor que se declare civilmente responsable al demandado, por la p�rdida de $249�700.000,oo, dinero que fue debitado, sin autorizaci�n de su titular, de la cuenta corriente No. 01514000315 del Banco Agrario de Colombia S.A., la cual fue �aperturada por el Municipio de Chiscas�; en consecuencia, se le condene a reintegrar la anterior suma, debidamente indexada, de acuerdo al �ndice de precios al consumidor. 2.

Como soporte de sus aspiraciones, adujo que el 30 de octubre de 2015, Edelmira Su�rez Leal, en su condici�n de Tesorera General del Municipio de Chiscas, denunci� ante la Fiscal�a General de la Naci�n, �el presunto delito de hurto por medios inform�ticos y semejantes�, pues de la cuenta referida en l�neas precedentes, intentaron extraer $269�890.000, transacci�n que fracas�, ante la no autorizaci�n de la citada funcionaria, dada la advertencia del Banco, realizada mediante llamada telef�nica.

En ese sentido, indic� que a pesar de la anterior alerta y �de existir graves indicios de estarse fraguando una escalada de hurtos electr�nicos, dicho intento de robo se repiti� el d�a veintisiete (27) de Noviembre del a�o 2015, solo que para infortunio de la entidad territorial, (�) se materializ� por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MOLLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($249.700.000) MCTE, siendo afectada la misma cuenta que [hab�a sido] atacada (�) con tan solo un mes de diferencia con el intento inicial de hurto.�, hecho criminal que fue puesto en conocimiento del correspondiente ente investigativo.

Adem�s, se�al� que el mismo 27 de noviembre de 2015, recibieron �correos electr�nicos con los datos relacionados por la Profesional Universitaria de la Gerencia Nacional de Seguridad Bancaria � Vicepresidencia Administrativa, del Banco Agrario de Colombia ANGELA MENDEZ Y M�NICA GARC�A GALVIS, en el que se pone de presente los datos del fraude de ingresos Cesi�n IVA Chiscas (Municipio de Chiscas) de la cuenta corriente 015140003151.� De igual modo, la transferencia �ilegal y fraudulenta�, fue comunicada a la tesorera de esa �poca a las 01:10 p.m., �cuando la transacci�n se materializ� seg�n el informe que se anexa a las 09:18:44� Asimismo, manifest� que el Alcalde de la �poca, el 30 de noviembre de 2015 elev� petici�n al Banco demandado para que le informar�: (i) los movimientos financieros efectuados los d�as 28 de octubre y 27 de noviembre de ese a�o, referentes a la cuenta corriente 01514000315-1;

(i) los movimientos financieros realizados el 27 de noviembre del 2015, indic�ndose, de manera clara, el n�mero de la cuenta receptora, la identidad del titular de la cuenta, la cuant�a de cada uno de estas transferencias, al igual que el procedimiento, es decir, cada una de las etapas que se llevan a cabo, cuando se realiza una transacci�n por Banca Virtual;

(iii) las condiciones espec�ficas de tiempo, modo y lugar, que dieron origen a la transacci�n financiera efectuada el 27 de noviembre de 2015 sobre la cuenta corriente 01514000315-1, por valor de $249�700.000,oo; y (iv) las acciones que despleg� el Banco Agrario de Colombia, relacionados con los hechos ocurridos el d�a 28 de octubre de 2015, en los cuales se intent� �hakear la cuenta corriente 01514000315-1�.

Tambi�n, explic� que el 13 de enero de 2016, el Gerente del Banco Agrario, Sucursal de Chiscas, pidi� colaboraci�n al ente territorial, con el fin de obtener un �pantallazo donde se evidencia la direcci�n IP de cada uno de los equipos de c�mputo de donde se realizaron ingresos a la banca virtual de municipio adem�s de qu� tipo de antivirus se maneja, si se maneja Ingeniero Interno o Empresa Externa y cuantas personas manejan los equipos de c�mputo, si externos al Banco los utilizan�; sin embargo, esa informaci�n no fue posible suministrarla, �por cuanto la CPU de la Tesorer�a del Municipio de Chiscas (periodo 2012-2015), fue entregada a la Fiscal�a General de la Naci�n, (�) para que dicho elemento y la informaci�n que sobre �ste se realice, obren por la denuncia por hurto por medio inform�ticos y semejantes (�).� Posteriormente, y ante la negativa del establecimiento bancario en brindar una respuesta de fondo a los planteamientos esbozados en el escrito de petici�n, el Municipio de Chiscas promovi� acci�n de tutela, la cual fue resuelta favorablemente por el Juzgado Promiscuo de esa localidad, el 29 de enero de 2016, teniendo que presentar, incluso, incidente de desacato para el cumplimiento del mandato constitucional.

Finalmente, el 16 de febrero de la anualidad pasada, la Gerencia del Servicio al Cliente del Banco Agrario de Colombia inform� al ente territorial que �(�) despu�s de surtir el efecto de investigaci�n y seg�n Acta No. 01-DG-2016 del 3 de febrero de 2016, nuestra entidad determino NO reintegrar el valor de la transacci�n reclamada, teniendo en cuenta que la misma se realiz� con las claves de la Alcald�a, las cuales son confidenciales y de �nico conocimiento de los funcionarios que la crearon.� 3.

Dentro de la oportunidad concedida, la entidad financiera se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y, para tal efecto, formul� las siguientes excepciones de m�rito: (i) �Cumplimiento de obligaciones contractuales y legales por parte del Banco Agrario. Debida diligencia�, al estimar que actu� con �la debida diligencia en el desarrollo de sus obligaciones legales y contractuales frente al Municipio de Chiscas�, porque entreg� la informaci�n y recomendaciones pertinentes para el uso adecuado del servicio de Banca Virtual, am�n de que el extremo actor acept� la �asignaci�n de usuarios y claves respectivas para generar y autorizar las transacciones�, los cuales �son secretos, personales e intransferibles, y fueron autenticados en forma adecuada y efectiva al momento de la ocurrencia de las transacciones�, (ii) �Responsabilidad del demandante frente a la transacci�n desconocida� porque �en su cabeza recae la obligaci�n de manejar los productos y servicios financieros siguiendo las instrucciones y reglamentos que el Banco establece (�)�, y en �el caso que nos ocupa se evidenci� que la transacci�n no reconocida por el demandante fue efectivamente realizada a trav�s del servicio de banca virtual con el lleno de los requisitos y procedimientos establecidos; su creaci�n y autorizaci�n se llev� a cabo con la autenticaci�n positiva de los datos y claves de los usuarios autorizados para tales efectos, lo que implica que quienes la efectuaron contaban con toda la informaci�n del cliente.� Adicionalmente, el Municipio de Chiscas �no contaba con el servicio gratuito de (�) �Autenticaci�n fuerte�, por tanto quien contaba con la informaci�n de los usuarios y claves logr� acceder al servicio de banca virtual y realizar transacciones desde cualquier equipo.� II.

LA SENTENCIA APELADA 1. La juzgadora de primer, tras declarar civil y contractualmente responsable al Banco Agrario de Colombia S.A. de los perjuicios sufridos por el Municipio de Chiscas con la transferencia de efectuada el 27 de noviembre de 2015, con cargo a los recursos depositados en su cuenta corriente, en cuant�a equivalente al 70% de tal transacci�n, conden� a la entidad financiera demandada a pagar al ente territorial demandante, la suma de $174�790.000.oo, debidamente actualizada a la fecha del pago y desde el 27 de noviembre de 2015, suma que, a la fecha, asciende a $189�777.576,77. 2.

Para arribar a esa decisi�n, precis�, entre otras cosas, que no era objeto de discusi�n la titularidad de la cuenta corriente IVA CHIP, terminada en 315-1 del Banco Agrario de Colombia, producto financiero desde el cual se realiz� una transferencia, que curs� por internet, canal que le permit�a al municipio realizar pagos a terceros, con lo recursos all� depositados, en los t�rminos y condiciones establecidos en el contrato celebrado entre las partes, convenio enmarcado en las disposiciones de los art�culos constitucionales 78, relativo al derecho del consumidor, y 335 referente al servicio de la actividad financiera de evidente inter�s p�blico, cuyos riesgos, como la p�rdida por transacciones electr�nicas, corren por cuenta de los establecimientos bancarios y no de los usuarios, que han confiado en la seguridad que aquellos les ofrecen, tal como lo puntualiz� la Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento de 23 de diciembre de 2016; de all� que sea necesario adoptar un conjunto de medidas tuitivas de precauci�n e informaci�n, por virtud los art�culos 38 de la Ley 153 de 1887, 871 del C�digo de Comercio y el T�tulo Primero de la Ley 1328 del 2009, que son correlato de los derechos de los usuarios, seg�n los literales a) del art�culo 5 y b) del art�culo 7 de la �ltima ley citada, que impone deberes a los consumidores financieros. �De esta manera, corresponde a la entidad que ejerce la actividad que constitucionalmente se encuentra protegida, acreditar, para lo cual ha recibido una autorizaci�n legal, no solamente que ha cumplido con sus obligaciones contractuales, sino que cualquier hecho da�oso que afecte los dep�sitos corresponde a un incumplimiento de su consumidor o al usuario que determina la concreci�n del da�o. Un incumplimiento o una culpa o una actividad culposa concreci�n del da�o. Bajo este marco procede la Delegatura a revisar, con fundamento en la prueba allegada, valorada con el principio de comunidad de la prueba, y con los criterios de la sana cr�tica, como operaba, como se dio la operatividad del canal entre las partes de este proceso: El municipio demandante era usuario frecuente de la banca virtual del Banco Agrario de Colombia.

Extracto que da cuenta de las operaciones realizadas desde el 1 de septiembre hasta el 27 de noviembre del a�o 2015, obra a folios 137 a 138 del plenario. Igualmente, los testimonios escuchados (�), que corresponde a quien fung�a como tesorera en su momento, y do�a Edelmira Su�rez Leal y Aymer Ru�z Carre�o que ten�a la calidad de Alcalde Municipal para la �poca de los hechos.

Dentro de esa frecuencia en el uso de la banca virtual, se realizaban transacciones a terceros. Bien, no obstante que el banco allegara un pantallazo en el registro de par�metro de personalizaci�n, consistente en la impresi�n de un pantallazo obtenido del sistema COBIS del banco, a folio 147 y 148, que para el banco da cuenta de la parametrizaci�n de la cuenta con n�mero m�ximo de treinta y cinco operaciones diarias y un monto de $250�000.000, informaci�n que igualmente fuera corroborada por la representante legal de la entidad en el informe rendido bajo juramento, a folio 193 y 194, no se observa documento adicional alguno que provenga del municipio, que indique que en efecto as� fuera la parametrizaci�n acordada entre las partes.

Por otro lado, el municipio manifiesta que esa parametrizaci�n la defini� el Banco y que se trata de operaciones diarias m�ximo a un mismo proveedor, que no pod�a exceder de $50.000.000, previa inscripci�n mediante formulario f�sico y firmado por el Alcalde y la Tesorera, para efectuar pagos a terceros; es decir, no se cuenta en el plenario sino con estas versiones, sin documento alguno que permita establecer cual fue realmente la parametrizaci�n de la cuenta.

Lo que s� se observa, en el folio 137, es que, contrario a lo manifestado por el municipio, existen transferencias a terceros por sumas superiores a $50.000.000, en particular la efectuada el 9 de septiembre del a�o 2015. Tambi�n, resulta relevante que para octubre y noviembre del a�o 2015, eran necesarios, para efectuar transferencias a terceros de la cuenta corriente del municipio, (�) un usuario autorizado preparador y autorizador; se necesitaban 2 usuarios, se necesitaban claves transaccionales para cada uno de estos usuarios; es decir, se trata de un control dual, y as� qued� claro en los informes juramentados de la dos partes, tanto del municipio como del Banco Agrario y as� lo escuchamos en los testimonios rendidos por el se�or Ruiz Carre�o y la se�ora Su�rez Leal.

Para la misma �poca, a�o 2015, ten�an la calidad de usuarios, el entonces alcalde, el se�or Ruiz Carre�o y la tesorera, la se�ora Edelmira Su�rez Leal; as� lo declar� el se�or alcalde, en el momento de rendir informe juramentado, folio 189, y lo escuchamos de los testimonios recepcionados en la fecha. Sin embargo, consta en el informe de investigaci�n de 27 de enero de 2016, realizado por la Gerencia de Seguridad Bancaria de la entidad financiera demandada, a folio 142, que igualmente se encontraba autorizado para acceder al canal de la banca virtual, en calidad de usuario u originador, el se�or Javier Antonio Barrera Cuadros, quien, conforme lo confirmaron los testigos (�) hab�a laborado con anterioridad como tesorero y no se encontraba vinculado con la Administraci�n entonces vigente.

Entre el 17 de febrero, (recu�rdese que (�) estamos haciendo un recuento de como operaba el canal, con fundamento en las pruebas allegadas), entre el 17 al 27 de noviembre del a�o 2015, en 24 oportunidades, al se�or Alcalde, y en 40 oportunidades a la se�ora Tesorera, el Banco solicit� al municipio el servicio de registro de ID de las m�quinas como mecanismo de autenticaci�n fuerte ante los sistemas del banco, que consiente en restringir el ingreso a los usuarios al portal transaccional, solo desde unos equipos registrados de tal forma que si se intenta ingresar a trav�s de equipos diferentes, el acceso ser�a rechazado por el sistema; as� consta en el informe juramentado a folio 199.

Al ser preguntado al se�or alcalde actual, folio 192, sobre las razones por las cuales no se aceptaron las medidas de seguridad (�) pedidas, en varias oportunidades, por el banco, (�) indic� que �por manifestaci�n de la Tesorera, para la �poca de los hechos, no se pudo acceder a la autenticaci�n fuerte de la banca virtual, por cuanto las caracter�sticas del equipo utilizado no permitieron la instalaci�n del programa Java; de ello tiene conocimiento la oficina del Banco Agrario del Municipio de Chiscas.� Esta versi�n es corroborada por los testimonios recepcionados en esta misma audiencia. Y en la transferencias del 27 de noviembre que se disputa gener� una alerta en los sistemas del banco, como se puso de manifiesto en el informe de investigaci�n SBDG 003 del 27 de enero de 2016, que obra a folio 145 del plenario; se indica, en dicho informe que, con posterioridad a la operaci�n cuestionada, 9:17 am, se gener� una alerta a las 9:18:44, un mensaje de texto al celular de la Tesorera a las 12:24, y dos llamadas al mismo n�mero, a las 13:11 y a las 13:27; estas mismas circunstancias fueron ratificadas en la declaraci�n de la Tesorera y en la verificaci�n de los mensajes de texto que se encontraban en su tel�fono celular.

Sin embargo, solo hasta que se produjo la primera de las llamadas del Banco, la se�ora Tesorera se enter� de la realizaci�n de la transferencia, reconociendo desde la denuncia penal por ella presentada, con ocasi�n de este mismo hecho, el mismo 27 de noviembre del a�o 2015, a las 16:48 horas que, textual, de la denuncia: �yo no hab�a hecho hoy nada porque la banca virtual hab�a estado molestando mucho y no me hab�a dejado hoy entrar, y me sacaba cuando iba a insertar el NIT del municipio y el n�mero de c�dula para darle ingresar a la banca y de inmediatamente me sacaba; y �l me dijo que si le pod�a enviar un pantallazo, y se lo enviara, que �l era el de seguridad bancaria y le dije que no, que yo estaba haciendo otras cuentas de egresos y no ten�a el pantallazo y me dijo que me remitiera la Directora del banco de Chiscas; yo le llam� al Gerente del Banco Agrario, al se�or Luis Carlos Olivos Lozano que nos hab�an �jaqueado� (�); yo me voy para el banco, voy a llamar con seguridad bancaria a ver que sucedi�, no sab�a el valor de la transferencia hasta despu�s de hablar con �l, revis� el celular y fue cuando vi el mensaje que me hab�a enviado el banco, y era por un valor de $249.700.000 a la cuenta de ahorros terminada en 6776 de nombre Jos� Barros.� As� consta en la denuncia que obra a folios, en copia, 36, 36 vuelto y 37 del plenario, (�) ratificado (�) por ella en su testimonio (�).

Las partes, tambi�n surge como conclusi�n del material probatorio, no acordaron como par�metro transaccional una direcci�n IP fija; as� consta en el registro de par�metros de personalizaci�n, a folio 88; y no obstante lo declarado por la Tesorera y el Alcalde de la �poca, en el informe de investigaci�n de la Gerencia Bancaria, se da cuenta de ingresos desde diferentes IP, contrario a lo manifestado por la Tesorera y el Alcalde (�) que declararon que solo se transaba desde el computador de la oficina de tesorer�a. Finalmente, la transferencia que hoy se reclama por el Municipio, se realiz� desde la direcci�n IP 191.102.73.39, conforme al informe de seguridad a folio 142, misma direcci�n IP desde la cual se efectu� el 27 de octubre del a�o 2015 una operaci�n no reclamada por el Municipio por la suma de $142.000.000,oo, reconocida por la Tesorera y se encuentra registrada en el respectivo extracto de la cuenta del mes de octubre del a�o 2015.

De lo anterior se concluye que el Banco identific� las costumbres y h�bitos transaccionales del municipio de Chiscas, ente territorial que igualmente hab�a definido los par�metros dentro de los cuales operar�a, y que deber�an tenerse, para efectos de la ejecuci�n del contrato, como habituales y normales, no por lo que hubiera parametrizado al momento de aperturar la cuenta, sino por el uso permanente del respectivo canal.

Asimismo, el banco al identificar estos h�bitos y costumbres transaccionales de su cliente procedi� a confirmar con su cliente la transferencia de marras por haber generado alerta en su sistema, inicialmente mediante un mensaje de texto y luego por dos llamadas telef�nicas; sin embargo, debe entenderse que el mensaje de texto tenga la virtualidad de una confirmaci�n oportuna, como lo exigen los requerimientos m�nimos de seguridad.

El an�lisis efectuado del material probatorio evidencia que la trasferencia reclamada cumpli� con los pasos de autenticaci�n acordados entre las partes, y que el Municipio, ciertamente, no notific� oportunamente al Banco sobre la desvinculaci�n de uno de los funcionarios autorizados para gestionar operaciones a trav�s del portal, obligaci�n contractual conforme con la cl�usula segunda en el documento �T�RMINOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE BANCA VIRTUAL, CONTACTO BANAGRARIO, (TEL�FONO (IVR)) Y PAGOS ELECTR�NICOS (PEB) (USOS DE CANALES ELECTR�NICOS), APLICA PARA PERSONAS NATURALES Y JUR�DICAS�, que obra a folios 167 a 170, prueba documental que no fue desconocida dentro del plenario, incumpliendo que, con su aquiescencia, expuso a que personas extra�as tuvieran acceso al uso de sus recursos.

En la misma l�nea desatendi� las recomendaciones de seguridad dadas por la entidad financiera, como una buena pr�ctica de protecci�n consistente en registrar los ID de los equipos de c�mputo desde los cuales se transaba, como se lo recomend�, en repetidas oportunidades la entidad financiera y que de haber sido atendida hubiera podido minimizar el riesgo propio de la actividad, lo que conlleva a encontrar acreditado que en el resultado da�oso existi� culpa del ente territorial demandante.

No obstante, la entidad financiera no logr� acreditar que con tal preceder, el ente territorial hubiere determinado la producci�n del resultado da�oso que reclama, y que conforme a la sentencia de diciembre de 2016 (�) de la Corte Suprema de Justicia (�), era un deber inexcusable de la entidad financiera precaverlo. En efecto, los riesgos propios de la entidad financiera, cuando adem�s del profesionalismo que les asiste en el ejercicio la actividad de inter�s p�blico, ponen a disposici�n de los consumidores los canales trasnacionales, han de ser asumidos por la entidad bancaria, m�xime si como en el presente caso: primero, conoci� de un intento de fraude anterior, circunstancia que igualmente tampoco fue atendida por el municipio (�); segundo, conoc�a -hablo del Banco-, la vulnerabilidad de la cuenta corriente de la entidad territorial, conocimiento que igualmente le resulta aplicable al municipio, a cuyos recursos se acced�a solo con usuario y clave, en control dual, sin herramientas adicionales -esto es un conocimiento del banco-, sin herramientas adicionales que hubieran podido dotar de mayor seguridad al canal ya en riesgo; y tercero, incumpli� los requerimientos m�nimos de seguridad se�alados (�) en la Circular B�sica Jur�dica 029, cuando no confirm�, oportunamente, con su cliente una transacci�n ajena a su perfil transaccional.

Al respecto, (�) como lo reconociera el mismo Banco, (�), y lo declararan los testigos, quienes, para la �poca de los hechos, eran los encargados del manejo de los recursos del Municipio, las �nicas transacciones que superaban los $200.000.000, por dar una cifra cercana a la que es materia de reclamaci�n, correspond�an a transferencias entre sus propias cuentas, no obstante, lo cual era informado mediante mensaje de texto, de manera casi simult�nea, con la transacci�n. Sin embargo, como lo explicita el Banco en su tan citado informe de seguridad de investigaci�n, a folio 145, la operaci�n repudiada se realiz� a las 9:17 a.m., su sistema alert� a las 9:18:44 y solamente hasta las 12:24 se envi� el mensaje, tres horas despu�s, por lo que su responsabilidad contractual no puede ser exonerada, m�xime si como lo se�ala el mismo informe de seguridad, los dineros fueron retirados de la cuenta destino hacia las 11:45 de la ma�ana; 11:45:43, hora de retiro, es decir que el Banco cont� con tiempo, entre las 9:17 y 11:45, para realizar la gesti�n que le correspond�a como profesional en la materia, por haber puesto, adicionalmente, a disposici�n los canales y el conocimiento del resigo al que ya se encontraba expuesta la cuenta.

Se evidencia, entonces, un incumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco Agrario de Colombia S.A., la cual hubiera podido minimizarse si el municipio de Chiscas hubiera atendido las recomendaciones de seguridad de la entidad bancaria, m�xime si se tiene en cuenta el antecedente del 28 de octubre del a�o 2015, cuya ocurrencia igualmente fue relevada de prueba en la etapa procesal respectiva, pues los requerimientos m�nimos de seguridad est�n previstos para logar la confirmaci�n o el bloqueo oportuno, es decir, aquello que ocurre en tiempo, y es oportuno si se cumple con la finalidad de evitar la defraudaci�n de los dineros que se reciben en raz�n de la confianza p�blica; circunstancia a la que se habr� de aunar el hecho de que los dineros depositados en la cuenta terminada 315-01 de titularidad del municipio de Chiscas son dineros p�blicos, circunstancia que igualmente era conocida por el Banco Agrario de Colombia, lo que exig�a a �ste un deber superlativo de cuidado, como lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casaci�n Civil, en sentencia del 16 de diciembre de 2005, con ponencia del Magistrado Edgardo Villamil Portilla, reiterado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, Sala S�ptima Civil de Decisi�n, mediante sentencia de 30 de octubre de 2013, con ponencia del Magistrado Germ�n Valenzuela Valbuena, dentro del expediente de esta Delegatura 2012-0129; mismo cuidado que se le exige a su administrador, a la alcald�a del municipio de Chiscas.

As� las cosas, el comportamiento contractual de ambas partes y la conducta procesal de cada una de ellas, pues el Alcalde de Chiscas se contradijo en m�ltiples respuestas, y el banco no colabor� con la pr�ctica de las pruebas, pues no suministr� las grabaciones de las llamadas telef�nicas, medio probatoria que habr�a contribuido a dilucidar lo acontecido en la fecha de la transferencia reclamada, que conlleva a determinar que ambas culpas, de manera concurrente, aunque en diferente grado, se muestran determinantes del da�o analizado (�).� 3.

En consecuencia, declar� �(�) parcialmente probada la excepci�n de RESPONSABILIDAD DEL DEMANDANTE A LA TRANSACCI�N DESCONOCIDA� y �no probada la excepci�n de CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES POR PARTE DEL BANCO AGRARIO. DEBIDA DILIGENCIA.� (Audiencia de 7 de marzo de 2017. fl. 233, cd. ppal.). III. LA IMPUGNACI�N 1. El promotor del litigio censur� la decisi�n del a quo, con fundamento en las siguientes razones: �Como se manifest� en los alegatos de conclusi�n y qued� acreditado con los testimonios de la se�ora Edelmira, las IPs que fueron utilizadas el 27 de octubre de 2015 y el 27 de noviembre de 2015 no corresponden a las mismas tal como lo sostiene la Delegatura, teniendo en cuenta que dentro del mismo informe se advierte que la IP de donde se origin�, si bien tienen el n�mero 39, no corresponde o no es una IP univoca con la IP de la transacci�n realizada o no reconocida por el municipio por cuarenta y dos millones el 25 de octubre; se menciona en dicho informe que el 27 de noviembre se origina la transacci�n desde la IP 181.136.39.156 con los usuarios A y B, que ya conocemos y en el folio siguiente se determina que la IP desde la que se efectu� la transacci�n no reclamada es 191.173.39, por lo que no concuerda ni existe similitud entre las dos IPs.

Por otro lado, (�) en cuanto a la responsabilidad del Banco Agrario de Colombia en el presente evento, si bien se avizora, a todas luces, una serie de incumplimientos del Municipio de Chiscas, en particular, en lo que respecta a la autenticaci�n fuerte, del escrito de septiembre de 2015, se manifiesta, de manera expresa, que dicho servicio gratuito es un servicio adicional del que puede hacer uso el municipio, como persona jur�dica y m�s a�n por ser una entidad oficial.

Sin embargo, dentro de los criterios que (�) ten�a fijado el Banco Agrario de Colombia para esa �poca para definir o establecer el perfil transaccional, se tiene que ellos ten�an una campa�a de montos mayores que buscaba monitorear la banca oficial y su comportamiento transaccional, los criterios definidos (�) eran la frecuencia, el valor de los cuales son comparados con un hist�rico transaccional y eso era lo que eventualmente generaba el valor porcentual de la probabiliad de fraude; entre m�s alto el valor, mayor la probabilidad de fraude, y de esa manera identificaban las inusualidades de cada uno de los municipios; ellos estaban en la obligaci�n de ponerse en contacto telef�nico y confirmar la transacci�n, cosa que en el presente evento, como lo acredit� correctamente la Delegatura, no ocurri�, gener�ndose un incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Al no estar dentro de las obligaciones contractuales de principales de la entidad territorial, la obligaci�n de acoger ese servicio de autenticaci�n fuerte, no puede, en la misma medida y en el mismo grado imput�rsele una concurrencia de culpas con relaci�n al Banco Agrario, quien asume, por disposici�n legal y constitucional, el desarrollo de la activad financiera establecida como una actividad riesgosa, y en ese sentido no podr�a, bajo ninguna circunstancia, mirarse a la entidad p�blica, al municipio de Chiscas, por el simple hecho de ser una entidad de derecho p�blico, con el mismo racero que el incumplimiento contractual por parte de la entidad financiera, teniendo en cuenta los sendos precedentes judiciales verticales, de obligatorio cumplimiento tanto para las autoridades p�blicas como para los operadores jur�dicos.

Si bien no se acredita, (�) la parametrizaci�n de la banca virtual, bajo el entendido de que solo se permit�an transacciones por un valor del 50%, pero que no fue acreditado ni desvirtuado por el Banco Agrario, ni por la misma demandante, lo cierto es que si verificamos juiciosamente los extractos y el hist�rico de las transacciones, porcentualmente hablando, nos encontramos frente a una manifiesta y ostensible transacci�n inusual, que deber�a generar para el Banco un alertamiento de manera inmediata, lo cual no ocurri�; el hecho de que la se�ora Tesorera no haya acudido, de manera inmediata, al Banco cuando fue contactado v�a telef�nica a las 13:10 de la tarde, en nada modifica el hecho da�o y la consumaci�n del fraude electr�nico, habida consideraci�n que el mismo, como ya qued� acreditado en esta audiencia, tuvo lugar a las 9:18 y a las 11:45, como lo manifest� la Delegatura, fue que se materializ� su retiro.

En ese orden de ideas, se genera un incumplimiento absoluto y no una correlaci�n o concurrencia de culpas, teniendo en cuenta que, como lo manifest� la Delegada, en virtud del fallo de la Corte Suprema del 2016, lo manifestado por la entidad actora se presume que tales dichos se hacen en virtud y en garant�a del principio de la buena fe exenta de toda culpa.

As� las cosas, teniendo en cuenta los par�metros, y las decisiones precedentes emitidas por esta Delegatura, debe manifestarse que el conducto regular que debi� asumir el Banco en aquella oportunidad, teniendo en cuenta el antecedente (�) de intento de fraude de octubre, bajo la misma cuenta, debi� ser una conducta no diferente a bloquear la cuenta corriente objeto del fraude, cuantas veces hubiera sido necesario, teniendo en cuenta la cuant�a del transacci�n que se ( ) materializ� el 27 de noviembre, y en ese orden de ideas, solicito que se modifique la decisi�n adoptada por esta Delegatura y en su defecto se proceda a acceder, de manera absoluta, a las pretensiones perseguidas por el municipio de Chiscas, es decir, al pago y reconocimiento del monto de los $249.7000.000, habida consideraci�n que no tengo reparo alguno y que esta deviene como una consecuencia l�gica de la declaratoria de responsabilidad contractual de la entidad financiera que aqu� se convoca.� (Audiencia de 7 de marzo de 2017. fl. 233, cd. ppal.).

El municipio impugnante complement� sus inconformidades en escrito obrante a folios 238 a 251, del cuaderno principal, exponiendo que es necesario poner en una balanza el comportamiento del banco, entidad que, en su sentir, desentendi� sistem�ticamente las obligaciones derivadas del contrato celebrado entre las partes, como las contenidas en los numerales 1.5, 2 y 4.11, en cuya virtud el demandado podr�a suspender servicios por motivos de seguridad y definir l�mites de montos m�ximos por cada transacci�n, situaci�n que impon�a sopesar tales deberes contractuales, pues la operaci�n no reconocida por el municipio se hizo a una cuenta de un tercero no autorizado, y la autenticaci�n fuerte era un servicio adicional, por lo que era facultativo del cliente aceptarlo o no, pero incluso de haberse implementado o si la tesorera se hubiera comunicado despu�s de recibir el mensaje de datos, ninguna incidencia habr�a tenido, puesto que el fraude ya se hab�a materializado, y a pesar de la vulnerabilidad de la cuenta corriente, la entidad financiera no adopt� las medidas necesarias para impedir la transacci�n fraudulenta, no analiz� el hist�rico trasnacional del demandante, lo que impidi� identificar la inusual transacci�n, por lo que no puede hablarse de concurrencia de culpas. �Todo lo anterior compromete la responsabilidad contractual ABSOLUTA y no compartida del Banco Agrario, por incumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato y por inobservancia inexcusable de las condiciones de seguridad estatuidas en la Circular B�sica Jur�dica No. 029 de 2014.� 2.

A su turno, la apoderada de la entidad bancaria demandada interpuso recurso de apelaci�n en lo que resulta contrarios a los intereses de su representada, manifestando que sustentar�a por escrito el recurso, dentro del t�rmino legalmente establecido, como en efecto lo hizo en memorial visible a folios 233 a 235, del cuaderno principal, manifestando que �entreg� informaci�n en forma expresa, clara y suficiente a la demandante acerca de las condiciones contractuales de manejo de las claves y las medidas de seguridad que deb�a adoptar para efectos de utilizar el servicio de banca virtual, as� se demostr� con los documentos aportados y lo afirm� el que fuera el Alcalde del Municipio de Chiscas para la �poca de ocurrencia de los hechos objeto de discusi�n. Estableci� adem�s los procedimientos y mecanismos de seguridad para la prestaci�n del servicio de Banca Virtual: validaci�n de datos, asignaci�n de claves para ingreso al portal, as� como para realizar transacciones (claves que son personales e intransferibles y que deben ser custodiadas por los clientes), validaci�n de datos para materializar las transacciones, procedimiento para el registro de cuentas de terceros, recomendaciones para el uso del servicio.

Agreg� a su reparo que las �transacciones objeto de discusi�n se llevaron a cabo cumpliendo con todos los procedimientos y mecanismos de seguridad establecidos por el Banco. Quien efectu� las transacciones contaba con toda la informaci�n del cliente, informaci�n que fue debidamente validada al momento en que ocurrieron dichas transacciones.

El Banco Agrario de Colombia S.A. dio a la demandante las instrucciones y recomendaciones respecto del uso del servicio de banca virtual para su debida protecci�n y el efectivo ejercicio de sus derechos, las cuales infortunadamente no fueron atendidas por la demandante, a pesar de contar con las calidades y capacidades para el efecto�. Frente a la decisi�n, en virtud de la cual, se declar� parcialmente probada la excepci�n de responsabilidad del demandante, puso de relieve que: �El deber de diligencia en el caso del Municipio de Chiscas era superior al que se puede exigir a un consumidor financiero com�n. En su caso, no se trata de un consumidor cualquiera, ni de dineros de uso privado respecto de los cuales se puede dar un manejo informal.

El Municipio es una entidad que est� en la obligaci�n de velar por el debido cuidado y uso de los recursos. Fue el Municipio y sus funcionarios, por su negligencia, quienes pusieron en riesgo los recursos p�blicos de la entidad: a) No se utilizaron los usuarios en forma adecuada, tal y como qued� evidenciado con las declaraciones del que fuera el Alcalde y la se�ora Tesorera.

Incluso mantuvo vigentes las claves de un funcionario que para la �poca en que ocurrieron los hechos no estaba ya en ejercicio de su cargo. No se siguieron los protocolos de seguridad. Se desconocieron reiteradamente las recomendaciones de activar el servicio de autenticaci�n fuerte. Los equipos estaban desactualizados. Los funcionarios autorizados no guardaron la debida reserva de sus claves (que eran personales e intransferibles para cada uno de ellos) pues como lo manifest� la Tesorera, ella era la encargada de llevar a cabo todos los pasos de las transacciones (creaci�n de la transacci�n y aprobaci�n de la misma), a pesar de haberse acordado un control dual de estas transacciones.

Conforme a lo probado en el proceso la Tesorera solo contaba con usuario y contrase�a para elaborar las transacciones y deb�a ser otro funcionario el que las autorizara. No se tomaron las medidas de segundad requeridas para proteger la informaci�n, pues como lo declar� la Tesorera, el computador desde el cual se efectuaban las transacciones estaba a la vista y a �l pod�a acceder cualquier persona. f) El Municipio no contaba con correos institucionales, sino que sus funcionarios utilizaban sus correos personales para efectuar las comunicaciones del Municipio. g) Conoc�an perfectamente el riesgo, pues en el mes de octubre de 2015 se hab�a presentado un incidente, y a pesar de esto no tomaron medidas adicionales para proteger las transacciones, sino que por el contrario las siguieron realizando con el desconocimiento de los protocolos de seguridad aceptados por ellos.� Y concluy� que �(�) las transacciones objeto de discusi�n, pudieron efectuarse porque se ten�a la informaci�n, porque se ten�a conocimiento de los procedimientos de creaci�n y aprobaci�n de las transacciones, y porque el actuar del Municipio y de sus funcionarios fue negligente.

Cualquier medida adoptada por el Banco Agrario de Colombia S.A. result� o habr�a resultado inocua en el presente caso y por tanto la responsabilidad respecto de la p�rdida de los dineros en discusi�n recay� en su totalidad en cabeza del Municipio y sus funcionarios�. IV. CONSIDERACIONES 1. Delanteramente, comporta anotar que el art�culo 78 de la Carta Pol�tica protege los derechos del Consumidor, que en materia financiera es definido como �todo cliente, usuario, o cliente potencial de las entidades vigiladas�, de conformidad con el art�culo 2, liberal d), de la Ley 1328 de 2009, disposici�n legal que �(�) al consagrar la definici�n de consumidor financiero, no hizo cosa diferente que enfocar la noci�n cardinal de consumidor, a los sujetos eventuales o potenciales de bienes y servicios que ofrecen las entidades de los sectores bancario, financiero, asegurador y de valores, vigiladas por la Superintendencia Financiera, conforme al mercado en el que participan, en calidad de productor/proveedor (entidades vigiladas) y consumidor (cliente o usuario),� propio de la actividad econ�mica que protege la Constituci�n, pero� con las connotaciones ya esbozadas en ac�pites anteriores.�Sin embargo, los componentes de desigualdad y asimetr�a, advertidos por [la Corte Constitucional] en punto a los extremos de negocios, con fundamento en los postulados del art�culo 78 superior, no suponen una aplicaci�n diferenciada�frente al consumidor nato o al calificado, como para entender excluidos de la noci�n de consumidor, a actores de una u otra condici�n o caracter�stica, por eventuales supuestos de igualdad y/o correspondencia en la relaci�n de consumo, dado que lo importa y trasciende no es exactamente esa condici�n o caracter�stica, sino el reconocimiento que ha dado el derecho constitucional de las hondas desigualdades o desequilibrios inmanentes al mercado y al consumo en las diversas actividades econ�micas, a partir de la mencionada relaci�n productor/proveedor - consumidor o usuario.� 2.

En esa l�nea conceptual, viene bien recordar que debido que a las actividades propias de las entidades bancarias trascienden �(�) la esfera privada de las empresas que intervienen en las operaciones de captaci�n y de colocaci�n de los recursos del p�blico, (�) [e]sa circunstancia, impone a las instituciones financieras el deber de actuar con un grado especial de diligencia en el desarrollo de las operaciones comerciales que constituyen su objeto social, pues la infracci�n de una cualquiera de las normas legales o estatutarias llamadas a gobernarlas, no s�lo puede repercutir en el patrimonio de las personas directamente vinculadas a la respectiva operaci�n de cr�dito, sea ella activa o pasiva, sino tambi�n en el de terceros (�)�.

El memorado deber de cuidado se extrema cuando el banco, en cumplimiento del art�culo 7, literal l), de la Ley 1328 de 2009, entre otras normativas, pone a disposici�n del consumidor financiero medios electr�nicos para la realizaci�n de operaciones legalmente autorizadas y la ejecuci�n de actividades conexas a �stas, circunstancia de donde surge la obligaci�n a cargo de la entidad crediticia, de aumentar las alertas y controles que permitan garantizar el correcto manejo de los productos y servicios suministrados a sus clientes y usuarios; lo que �(�) no encarna el r�gimen objetivo de responsabilidad (�) pues en la determinaci�n de ese llamado a la reparaci�n debe analizarse la culpa de la entidad bancaria en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, caracter�stica que la enmarca dentro del r�gimen subjetivo, en el que al demandante le compete demostrar el hecho da�ino, el nexo causal y la culpa.� Frente a esa suma diligencia reclamada a los bancos, al consumidor financiero, de manera correlativa a sus derechos (art. 5, ib�dem), tambi�n le es exigible un actuar cuidadoso en sus �relaciones con las entidades de cr�dito, por lo que debe adoptar pr�cticas de protecci�n propias para la �ptima administraci�n de los productos o servicios proporcionados por aqu�llas, (art. 5, ejusdem), tales como observar las instrucciones y recomendaciones que se le imparta sobre el manejo de los mismos, tales como resguardo de toda informaci�n sensible, relacionada, fundamentalmente, con los elementos de autenticaci�n necesarios para acceder a sucursales virtuales y realizar transacciones a trav�s de medios electr�nicos, etc. 3.

Destacadas las anteriores precisiones normativas y jurisprudenciales, cumple acotar que, en esencia, la pilastra cardinal del debate puesto en conocimiento del Tribunal, radica en establecer si los perjuicios ocasionados al Municipio de Chiscas con la transferencia fraudulenta realizada el 27 de noviembre de 2015, por el monto de $249.7000.000.oo, con cargo a los recursos depositados en su cuenta corriente del Banco Agrario de Colombia S.A., No. 01514003151, no fueron ocasionados por la conducta culposa de ambos externos del litigio, como lo concluy� el a quo, sino por el comportamiento exclusivo de una de las partes, al inobservar sus obligaciones contractuales y los requerimientos de seguridad transaccional para la utilizaci�n del canal virtual de la entidad financiera demandada. 4.

Alinderada en esos t�rminos la alzada, se impone destacar que los recurrentes no discuten que el 28 de octubre de 2015 tuvo lugar un intento de retiro desde la referida cuenta bancaria, a trav�s del canal virtual, por valor de $239.890.000.oo, conato que result� frustrado ante la llamada telef�nica del banco. Tampoco, es punto de apelaci�n que, posteriormente, el 27 de noviembre siguiente, se efectu� una trasferencia fraudulenta desde el mismo producto financiero a la cuenta destino 036600026776 de la oficina de Urumita, tambi�n del establecimiento de cr�dito convocado, por la suma de $249.7000.000,oo, a las 9:17 a.m.; situaci�n que origin� una alerta en la entidad bancaria a las 9:18:44 a.m., un mensaje de SMS, a las 12:24, al celular 3115134605, a cargo de la Tesorera del ente territorial accionante; registr�ndose, adem�s, dos llamadas telef�nica al mismo n�mero, a las 13:11 p.m. y a las 13:27 p.m., eventos ante los cuales aqu�lla desconoci� la transferencia materializada, por lo que autoriz� el correspondiente bloqueo.

Asimismo, no involucra inconformidad que la transacci�n objeto de reclamo, fue realizada desde la IP 181.136.39.156, distintas a las reportadas al banco, estos es, 192.168.9.81, 192.168.9.68 y 192.168.9.33 con los usuarios registrados 516554656 (A), asignado a Su�rez Leal Edelmira (Tesorera), y 716750 (B), asignado a Ruiz Gerson Aymer (Alcalde); evidenci�ndose que el d�a de la defraudaci�n electr�nica, el municipio activante no contaba con IPs fijas para el manejo de las operaciones virtuales, pese a que �(�) desde el 17 de noviembre hasta el 27 de noviembre en 24 oportunidades (al usuario 7167503 que corresponde a RUIZ CARRE�O GERSON AYMER) y 40 (al usuario 51655465 que corresponde a SU�REZ LEAL EDELMIRA) [el banco llamado juicio] les ofreci� el servicio de registro de ID de las m�quinas y los dos usuarios vigentes para el manejo de la banca virtual nunca la aceptaron, en su mayor�a desde las IPs 191.102.73.207, 191.102.72.121 y 191.102.73.145 (Ips que se suponen pertenecen al Municipio de Chiscas).� 5.

Puesta de ese modo la situaci�n litigiosa, se exige poner de presente que la jurisprudencia vern�cula tiene decantado que trat�ndose de recursos oficiales, manejados por los servidores p�blicos, el ordenamiento jur�dico patrio dispone una serie de procedimientos de planeaci�n, contrataci�n y ejecuci�n, pues el manejo del erario involucra el inter�s general, por cuanto, adem�s de ser un aporte de todos los contribuyentes, su destinaci�n implica el cumplimiento de los fines del Estado; condici�n que sujeta la gesti�n de tales recursos, al control fiscal asignado constitucionalmente a la Contralor�a General de la Rep�blica, comoquiera que el patrimonio p�blico, entendido como derecho colectivo, resulta afectado no solo porque los dineros estatales se destinen a gastos diferentes a los expresamente se�alados en las normas jur�dicas, sino, tambi�n, por la negligente o ineficiente administraron de los mismos. 6.

En el contexto descrito con antelaci�n, es f�cil advertir que, en el asunto examinado por esta Sala de Decisi�n, tanto al Municipio de Chiscas como al Banco Agrario de Colombia les asist�a el deber de custodiar y manejar, con suma diligencia, los recursos p�blicos depositados en la cuenta corriente terminada en 3151, m�xime si previamente a la ocurrencia de la transacci�n cuestionada, ya hab�a sido truncado un desfalco mediante el canal virtual, hecho que conminaba, categ�ricamente, a ambas partes por igual, a reforzar los mecanismos y procedimientos de seguridad, para mantener en buen resguardo la hacienda de la municipalidad.

No obstante, tal obligaci�n fue desatendida, de un lado, por el ente territorial, pues, como lo manifest� Edelmira Su�rez Leal, al rendir su testimonio, nunca se hizo parametrizaci�n de la cuenta, ni se adoptaron medidas de seguridad sobre el equipo de tesorer�a; desidia agravada con la no implementaci�n de una autenticaci�n fuerte, a fin de restringir las transacciones a IPs fijas, omisi�n que posibilitaba la realizaci�n de operaciones electr�nicas desde cualquier computador de la alcald�a, pese a que dicho servicio fue ofrecido, en m�ltiples oportunidades, por el banco demandado, y que conforme al art�culo 6, literal c) de la Ley 1328 de 2009, constituye buena pr�ctica de protecci�n propia por parte de los consumidores financieros, �[o]bservar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros.�; desobediencia que se hizo extensiva a los �T�RMINOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE BANCA VIRTUAL, CONTACTO BANAGRARIO, (TEL�FONO (IVR) Y PAGOS ELECTR�NICOS (PEB) (USO DE CANALES ELECTR�NICOS) APLICA PARA PERSONAS NATURALES Y JUR�DICAS�, particularmente a lo reglado por el numeral 4.4. que dispone: �Dar cumplimiento al Manual de PEB � CLIENTE, BANCA VIRTUAL CONTACTO BANAGRARIO (TELEFONO (IVR)) y a cualquier otra instrucci�n que EL BANCO imparta por escrito para mejorar la operaci�n (�)�; aun as�, lo evidenciable, en este caso, es que el olvido comentado no tuvo influencia causal directa en la realizaci�n del da�o originado con la transferencia dineraria denunciada.

De otro lado, la entidad financiera tampoco increment� los controles id�neos para brindar eficiente seguridad a las transacciones instrumentadas a trav�s de la banca virtual, a tono con lo dispuesto en el art�culo 7, literal q), de la Ley 1328 de 2009, a pesar de tener conocimiento sobre la vulnerabilidad inform�tica de la cuenta corriente del municipio, pues permiti� que la trasferencia de $249.7000.000.oo se materializara, comportamiento descuidado que, ciertamente, fue el factor determinante de la generaci�n del da�o ocasionado a las arcas del Municipio de Chisca, pues no puede perderse de vista que, seg�n las directrices jurisprudenciales, �(�) de todos los antecedentes y condiciones que confluyen a la producci�n de un resultado tiene la categor�a de causa aqu�l que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido com�n la l�gica de lo razonable) sea el m�s 'adecuado el m�s id�neo para producir el resultado.� En efecto, la Gerencia de Seguridad del extremo pasivo, puso de manifiesto, en su �Informe de Investigaci�n SBDG 003� de 27 de enero de 2016, visible a folios 140 a 146 del cuaderno principal, que el plurimentado movimiento electr�nico se llev� a cabo a las 9:17 A.M., con hora de alerta a las 09:18:44 A.M, y transcurridas tres horas, es decir, a las 12:24 del mediod�a, se envi� el mensaje de texto al celular de la Tesorera, registr�ndose dos comunicaciones telef�nicas a las 13:10 y 13:27, con el fin de confirmar la transacci�n, acci�n tard�a, si en mente se tiene que, los recursos ya hab�an sido retirados de la cuenta destino hacia las 11:45:43 de la ma�ana; debito cuyo acaecimiento pudo ser fallido, de haber sido atendidas, prontamente, la se�ales de alerta por parte del banco convocado, empero �ste soslay� que la Circular B�sica Jur�dica (C.E. 029/14), en su canon 2.3.3.1.12., impone a todas las entidades sometidas a la inspecci�n y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, �[e]stablecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realizaci�n de operaciones, cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten (�).�; preceptiva que, no obstante ser una obligaci�n especial del establecimiento crediticio accionado, por disposici�n expresa del numeral 7, literal u), de la Ley 1328 de 2009, fue abiertamente desacatada, considerando que la operaci�n fraudulenta materia de reclamaci�n, fue perpetrada entre dos cuentas pertenecientes a la red de los servicios financieros del Banco Agrario, elemento factual que le facilitaba al demandado controlar, y, por ende detener, cualquier movimiento sospechoso que se pudieran fraguar en su portal transaccional, debiendo, para el efecto, adoptar, con un grado especial de diligencia, medidas de protecci�n para salvaguardar el inter�s p�blico que la actividad bancaria comporta, y en particular los dineros estatales dejados a su cuidado. 7.

Desde esa perspectiva, se patentiza, sin asomo de duda, la responsabilidad de la instituci�n financiera llamada a estas diligencias, toda vez que, adem�s de incumplir su obligaci�n de garantizar la seguridad de la transferencia realizada, a trav�s de su canal virtual, por la municipalidad promotora del litigio, no demostr� que las omisiones en que incurri� dicho ente territorial, tuvieran jur�dicamente la idoneidad o aptitud para producir el resultado da�oso, cuya reparaci�n ahora se depreca, carga que pesaba sobre sus hombros, en los t�rminos del art�culo 167 del C�digo General del Proceso, y la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Civil, seg�n la cual �(�) queda claro en el caso de defraudaci�n por transacciones electr�nicas, dado que tal contingencia o riesgo es inherente a la actividad bancaria la cual es profesional, habitual y lucrativa, cuya realizaci�n requiere de altos est�ndares de diligencia, seguridad, control, confiabilidad y profesionalismo, que tambi�n tienen que ser atendidos en materia de seguridad de la informaci�n que sea transmitida por esa v�a, siendo innegable e ineludible su obligaci�n de garantizar la seguridad de las transacciones que autoriza por cualquiera de los medios ofrecidos al p�blico y con independencia de si los dineros sustra�dos provienen de cuentas de ahorro o de cuentas corrientes.

De ah� que atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece; el inter�s p�blico que en ella existe; el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de p�rdida por transacciones electr�nicas corren por su cuenta, y por lo tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materializaci�n de esos riesgos a trav�s de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligaci�n es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional.

Desde luego que consumada la defraudaci�n, el Banco para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurri� por culpa del cuentahabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues am�n de que es este quien tiene el control de mecanismo que le permiten hacer seguimiento inform�tico a las operaciones a trav�s de controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue (art. 835 C.Co.), pues se presume la buena fe �a�n la exenta de culpa�.� (Negrillas fuera de texto). 8.

De todo lo discurrido en p�rrafos precedentes, se desprende la modificaci�n de la sentencia confutada, para declarar no probada la excepci�n denominada �RESPONSABILIDAD DEL DEMANDANTE A LA TRANSACCI�N DESCONOCIDA, y declarar civilmente responsable al Banco Agrario de Colombia S.A. de los perjuicios sufridos por el Municipio de Chiscas con la transferencia efectuada el 27 de noviembre de 2015, con cargo a los recursos depositados en su cuenta corriente, en cuant�a equivalente al 100% de tal transacci�n. En consecuencia, se condenar� a la entidad financiera demandada a pagar al ente territorial demandante, la suma de $249.700.000.oo, debidamente actualizada desde el 27 de noviembre de 2015 hasta el momento en que se produzca el pago.

Asimismo, se impondr� condena en costas de ambas instancia a cargo la parte vencida, de conformidad con la regla primera del 365 del CGP. V. DECISION: En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - MODIFICAR la sentencia de fecha y procedencia prenotadas, de conformidad con los razonamientos esgrimidos, la cual quedar� as�: �PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de m�rito denominadas �CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES POR PARTE DEL BANCO AGRARIO. DEBIDA DILIGENCIA� y �RESPONSABILIDAD DEL DEMANDANTE FRENTE A LA TRANSACCI�N DESCONOCIDA�, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR civilmente responsable al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA. S.A. de los perjuicios sufridos por el MUNICIPIO DE CHISCAS con la transferencia efectuada el 27 de noviembre de 2015, con cargo a los recursos depositados en su cuenta corriente No 015140003151, en cuant�a equivalente al 100% de dicha transacci�n.

TERCERO: CONDENAR al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. a restituir al MUNICIPIO DE CHISCAS, dentro de los treinta d�as siguientes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($249�700.000,oo.) M/CTE., debidamente actualizados desde el 27 de noviembre de 2015, hasta el momento en que se efect�e el pago.

Sobre dicha suma de dinero se causar�n intereses de mora a la tasa legalmente permitida, a partir del vencimiento del plazo anteriormente enunciado.� SEGUNDO.- CONDENAR al extremo pasivo a pagar las costas, en ambas instancias. El Magistrado Ponente fija como agencias en derecho la suma de $1�000.000,oo. TECERO.- Devolver, en oportunidad, el expediente a estrado de origen.

NOTIF�QUESE JUAN PABLO SU�REZ OROZCO Magistrado (00320160077101) NUBIA ESPERANZA SABOGAL VAR�N Magistrada (00320160077101) LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Magistrado (00320160077101)  Asunto tambi�n llevado a salas del 5 y 26 de julio de 2017.  Sentencia C-909/12  C.S.J. Cas. Civil. 3 ago. 2004. Exp. No. 7447.  Tribunal Superior de Bogot�, Sala Civil.

Sentencia de 7 d octubre de 2016. Ex. 01-2014-01269-01. M.P. Lu�s Roberto Su�rez Gonz�lez.  �Informe de Investigaci�n SBDG 003� (fls 140 a 146, cd. ppal)  Corte Constitucional, Sentencia C-127/03  Corte Constitucional, Sentencia C-543/01  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci�n Tercera. Decisi�n de 8 de junio de 2011.

Rad. 25000-23-26-000-2005-01330-01(AP)  Folios 167 a 170 del cuaderno principal  CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 26 de septiembre de 2002, Exp. No. 6878, reiterada en sentencia de 15 de enero de 2008, Exp. No. 11001-3103-037-2000-67300-01  Ley 1328 de 2009 establece: �ART�CULO 7o. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS ENTIDADES VIGILADAS. Las entidades vigiladas tendr�n las siguientes obligaciones especiales: (�) u) Las dem�s previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio prestado a los consumidores financieros, as� como de las instrucciones que emita la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de sus funciones y los organismos de autorregulaci�n en sus reglamentos.� (Negrillas fuera de texto).  CSJ.

Cas. Civil. Sentencia SC18614-2016 de 19 de diciembre de 2016. Rad. 05001-31-03-001-2008-00312-01     Verbal 110013199003201600771-01 del Municipio de Chiscas-Boyac� en contra del Banco Agrario de Colombia S.A. PAGE 6 PAGE \* MERGEFORMAT2 $%&_`qrsty�����  ���쮠����s�a��M8)hx$hx$5�CJOJQJ\�]�^JaJ&hx$hx$CJOJQJ\�]�^JaJ#hx$hx$5�CJOJQJ^JaJh�CJOJQJ^JaJ hx$hx$CJOJQJ^JaJh�gCJOJQJ^JaJh�CJOJQJ^JaJ#hx$hx$CJOJQJ\�^JaJ hx$hx$CJOJQJ^JaJ4jhx$hx$CJOJQJU^JaJmHnHu&hx$hx$5�CJOJQJ\�^JaJ$&H_`����! P � � � ���������������$���dh^��`�a$gdx$$�L���dh^�L`���a$gdx$ � dh1$`� gdx$$� dh`� a$gdx$ $dha$gdx$*$gdx$ $dh*$a$gdx$ $dha$gdx$$a$gdx$ ! 8 9;

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