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REF. PROCESO VERBAL DE PROTECCI�N AL CONSUMIDOR DE HERCY �LVAREZ RODR�GUEZ CONTRA HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A Y OTRA. RAD. 110013199001201312107 01 Magistrada Ponente. NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ Discutido y aprobado en Sala del 28 de enero de 2015 Acta N� 03 I. ASUNTO En Bogot� D.C., a los veintiocho (28) d�as del mes de enero del dos mil quince (2015), siendo las ocho y treinta (08:30) de la ma�ana, fecha y hora se�aladas en auto del 18 de diciembre de 2014, la suscrita Magistrada Ponente Nancy Esther Angulo Quiroz, en asocio de los Magistrados Clara In�s M�rquez Bulla y Jorge Eduardo Ferreira Vargas, se constituyeron en audiencia p�blica, con el fin de resolver el recurso de apelaci�n que la parte demandante interpuso contra la decisi�n del 17 de julio de 2014 proferida por la Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el asunto de la referencia, en la cual act�a como Secretario ad hoc John Edwin Casadiego Parra, auxiliar del Despacho, dejando constancia que se hicieron presentes las siguientes personas: la apoderada judicial de la Sociedad Auto Uni�n S.A., la Dra. Luz Amparo Jim�nez Rodr�guez distinguida con la c�dula de ciudadan�a n�mero 41.661.549 y T.P. No. 29.805 del Consejo Superior de la Judicatura y el apoderado judicial de la sociedad Hyundai Colombia Automotriz S.A. el Dr. Juan Miguel Eslava Lozzi identificado con la C�dula de Ciudadan�a No. 1.020.722.922 y T.P. No. 205.141.
II.
ANTECEDENTES 1). PETITUM: La se�ora Hercy �lvarez Rodr�guez, por medio de apoderado judicial, formul� demanda contra Auto Uni�n S.A. y Hyundai Colombia Automotriz S.A., ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que previo los tr�mites del proceso verbal sumario previsto para protecci�n a los consumidores, se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: Se declare que las sociedades comerciales demandadas son responsables por publicidad enga�osa, en virtud de la publicaci�n del anuncio efectuado el 4 de abril de 2009, a trav�s del peri�dico El Tiempo.
Que como consecuencia de la anterior declaraci�n, se condene a las demandadas al pago de los perjuicios sufridos por la demandante en la siguiente proporci�n, por da�o emergente: I). $105.600.000 por concepto del pago de los intereses efectuados por la demandante en raz�n a la constituci�n de la hipoteca con cuant�a indeterminada a favor de �lvaro Abonado Pereira;
II) $1.000.000 por los gastos Notariales efectuados por la demandante para la constituci�n de la anterior hipoteca y; III). $65.720.000 derivados de la resta del valor total que se pag� por parte de la demandante para adquirir la propiedad del veh�culo y el porcentaje que perdi� al efectuar la venta a la sociedad comercial denominada Maquinaria y Equipos BYV S.A.S. De igual forma solicita que a t�tulo de Lucro Cesante se ordene a las demandadas cancelar $745.113.600 derivados de $37.255.680 mensuales dejados de percibir por la demandante, en el periodo comprendido entre el 31 de agosto de 2009, fecha de compra de la volqueta y el mes de abril �poca para la cual se vendi� a la sociedad Maquinaria y Equipo BYV S.A.S. Igualmente reclama se condene a las demandadas a cancelar �las sumas que resulten, teniendo en cuenta que la indemnizaci�n debe producir una reparaci�n integral, y su monto debe obedecer a criterios t�cnicos actuales al momento en el cual sea proferida la respectiva sentencia�.
Finalmente solicita se condene a las demandadas �a una multa de hasta por 150 salarios m�nimos legales mensuales vigentes por la publicidad enga�osa realizada y el incumplimiento en sus obligaciones contractuales y legales�, ordenando a las convocadas al pago de las costas del proceso. 2). CAUSA: Como fundamentos f�cticos de las peticiones, la parte actora expuso los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio: Afirma que el d�a 4 de abril de 2009 las sociedades Hyundai Colombia Automotriz S.A. y Auto Uni�n S.A., en el diario El Tiempo publicaron un aviso que se�alaba textualmente �GRANDES INVERSIONISTAS REALICEN SU MEJOR NEGOCIO HYUNDAI CON OPCI�N DE TRABAJO PAGO CON FIDUCIA ENTREGA INMEDIATA�.
En raz�n a dicha publicaci�n Camilo Ernesto G�mez hijo de la demandante se acerc� al concesionario Hyundai m�s cercano a su lugar de residencia, ubicado en la Autopista Norte No. 127D � 18 de Bogot� donde le atendi� el vendedor Germ�n Ribon Correa, quien realiz� la correspondiente cotizaci�n de la volqueta ofrecida en el aviso; posteriormente y atendiendo los ofrecimientos de las demandadas la demandante celebr� contrato de compraventa sobre el veh�culo Marca Hyundai, modelo 2008, l�nea doble troque volqueta HD270/cami�n, de placas USE-784 y dem�s caracter�sticas indicadas en la demanda.
Sostiene que el vendedor le manifest� que el veh�culo lo entregaban con una vinculaci�n contractual fija y segura con la Multinacional Glencor, donde los pagos de dicha relaci�n contractual se efectuar�an a trav�s de una fiducia, todo lo cual qued� consignado en la Cotizaci�n No. 6451 del 6 de abril de 2009, por lo cual el 20 de mayo de 2009 se celebr� el contrato 2009-02-102.
Que atendiendo lo se�alado por las demandadas en la publicidad efectuada en el peri�dico el tiempo supuestamente el veh�culo ser�a utilizado en un �contrato de cuant�a indefinida transporte de carb�n, en el departamento del Cesar�, generando una rentabilidad mensual por la explotaci�n econ�mica de $37.255.680, sin embargo dicho contrato jam�s se materializ�.
Posteriormente y en consideraci�n a los ofrecimientos hechos por las entidades demandadas celebr� el respectivo contrato de compraventa, dentro del cual junto con el veh�culo las sociedades convocadas se comprometieron a obsequiar �tapetes-Radio MP3-Kit carretera� cumpliendo la se�ora Hercy �lvarez Rodr�guez con lo de su obligaci�n pagando el precio, sin embargo las convocadas se demoraron m�s de dos meses en efectuar la entrega del automotor a pesar de los m�ltiples requerimientos.
Que finalmente cuando la demandada Hyundai Colombia Automotores entreg� el veh�culo, lo hizo sin los elementos que dijeron ser�an obsequiados, ni dicho rodante se encontraba vinculado contractualmente a la Multinacional Glencor, por lo cual las demandadas han incurrido en publicidad enga�osa. Adujo que el valor pagado para la adquisici�n del veh�culo fue de $205.720.000, que para el pago del aludido precio se vio en la obligaci�n de contraer un cr�dito por $120.000.000 hipotecando el inmueble identificado con el folio de matr�cula inmobiliaria No.50C-637249 de su propiedad, pagando intereses a raz�n de $2.400.000 mensuales habiendo cancelado hasta la fecha de presentaci�n de la demanda la suma de $105.600.000.
Teniendo en cuenta que las demandadas incumplieron el contrato con lo referente a la vinculaci�n contractual de la volqueta con la Multinacional Glencor, la demandante se vio obligada a vender el rodante a la sociedad Maquinarias y Equipos BYV S.A.S. en la suma de $140.720.000 perdiendo $65.720.000. Finalmente afirm� que a pesar de que en el anuncio se avizora el logo de Hyundai Colombia Automotriz S.A. y Auto Uni�n S.A., ninguna de las sociedades cumpli� con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad incurriendo en publicidad enga�osa.
III. ACTUACI�N PROCESAL La demanda as� formulada se admiti� por auto No. 31848 del 4 de octubre de 2013 y de la misma se dispuso traslado a las personas que conforman el extremo demandado, quienes luego de notificarse en debida forma, contestaron el libelo inicial oponi�ndose a las pretensiones y formulando excepciones de la siguiente forma: Auto Uni�n S.A. plante� las de �falta de jurisdicci�n y competencia�; �prescripci�n� y la �gen�rica�, en tanto que Hyundai Colombia Automotriz S.A. adujo las de �prescripci�n de la acci�n�; �falta de legitimaci�n en la causa por pasiva�; �Inexistencia del bien objeto de reclamaci�n, y la falta de legitimaci�n en la causa por activa�; �cobro de lo no debido�; �ausencia de relaci�n de consumo y falta de competencia por parte de esa entidad� y la �gen�rica o innominada�.
Rituada en debida forma la instancia, la Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, profiri� sentencia el 18 de julio de 2014, en la que se negaron las pretensiones de la demanda condenando en costas a la actora. Inconforme con la anterior determinaci�n, la demandante interpuso recurso de apelaci�n, el cual fue concedido en el efecto de ley, motivo por el cual se encuentra la actuaci�n ante esta Corporaci�n. IV.- LA SENTENCIA IMPUGNADA El a-quo luego de historiar el proceso y memorar los presupuestos necesarios para la procedencia de la acci�n invocada, se�al� que el presente asunto deb�a ser ventilado bajo los par�metros del Decreto 3466 de 1982 advertida la �poca de celebraci�n del contrato, posteriormente y luego de citar los elementos necesarios para la configuraci�n de afectaci�n del consumidor por publicidad enga�osa, determin� que en el presente asunto las pretensiones no pod�an salir adelante, por cuanto la se�ora Hercy �lvarez Rodr�guez respecto del bien no acredit� la condici�n de consumidora porque el veh�culo adquirido est� destinado a ser explotado econ�micamente.
IV. LA APELACI�N El apoderado judicial del demandante sustenta su inconformidad con la sentencia de primera instancia alegando que contrario a lo determinado por el juez de primer grado la demandante frente al rodante s� tiene la condici�n de consumidora, y que al neg�rsele sus pretensiones en la presente acci�n se estar�a vulnerando su derecho fundamental al trabajo; adicionalmente, adujo que la decisi�n resulta equivocada porque en el plenario no se demostr� que el bien adquirido estuviera destinado a ser explotado econ�micamente.
Igualmente insiste en que en el caso bajo estudio existe una relaci�n de consumo entre la demandante y las demandadas porque el bien estaba destinado a suplir las necesidades de vida actuales de la compradora, pues, con lo que se esperaba que �ste produjera se procuraba cancelar gastos de manutenci�n y educaci�n de su hijo. Finalmente cuestiona que el a-quo hubiere soportado la sentencia en la factura allegada al plenario, lo cual a su juicio result� desacertado porque el aludido documento no cumple con los requisitos previstos en el ordenamiento para que pueda ser considerado un t�tulo valor; por lo que concluye solicitando que la sentencia objeto de alzada sea revocada en su integridad para en su lugar acceder completamente a las pretensiones que se formularon.
IV.- CONSIDERACIONES 1).PRESUPUESTOS PROCESALES: Procede esta Corporaci�n a decidir de m�rito el asunto planteado, habida cuenta que se encuentran configurados los presupuestos procesales que reclama la legislaci�n adjetiva para la correcta conformaci�n del litigio, necesarios para la existencia jur�dica y validez formal del proceso, toda vez que se cuenta con una demanda en forma, capacidad para ser parte, capacidad procesal y competencia del Juez de primera instancia para conocer del proceso y de esta Corporaci�n para resolver la alzada, y m�s puntualmente por la competencia asignada por el art�culo 31 del C�digo General del Proceso (Ley 1564 de 2012), adem�s de no observarse motivo de nulidad que invalide lo actuado, que por no haberse saneado haga perentoria la aplicaci�n de los arts. 145 y 358 del C.P.C. En primer t�rmino ha de precisarse que la ley aplicable en el presente asunto en cuanto a la presunta afectaci�n del consumidor por publicidad enga�osa es el Decreto 3466 de 1982 porque �En todo contrato se entender�n incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebraci�n. Except�anse de esta disposici�n: 1.
Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato��; y en lo concerniente al procedimiento es el se�alado en la Ley 1480 de 2011, teniendo en cuenta que dicha disposici�n ya se encontraba vigente para el momento en que se present� la reclamaci�n objeto del presente recurso. 2). DEL CONSUMIDOR Y SU PROTECCI�N: Nuestro Legislador consciente de que los productores y distribuidores de bienes o servicios, en algunos eventos pueden incurrir en pr�cticas poco ortodoxas con la cuales los consumidores podr�an ver afectados sus derechos, les otorg� mecanismos de car�cter jurisdiccional y administrativos expeditos, encaminados a restablecer el equilibrio que en no pocas ocasiones se ve afectado debido al tr�fico comercial y las condiciones del mercado.
En raz�n a lo anterior se expidi� el Decreto 3466 de 1982, norma que obliga a que toda la publicidad que se efect�e debe ser veraz y corresponder a la idoneidad y calidad de los productos o servicios ofertados, particularmente el art�culo 16 con relaci�n a la propaganda comercial con incentivos se�al� que: �sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 77 del C�digo de Comercio, los productores ser�n responsables ante los consumidores, en los t�rminos de los art�culos 31. y 32 de este decreto, por la propaganda comercial que se haga por el sistema de incentivos al consumidor, tales como el ofrecimiento de rifas, sorteos, cupones, vales, fotos, figuras, afiches, im�genes o cualquier otro tipo de representaci�n de personas, animales o cosas y el ofrecimiento de dinero o de cualquier retribuci�n en especie, en los siguientes casos: a) Cuando dicha propaganda no corresponda a la realidad, lo cual se entiende por el hecho de que no se satisfagan los incentivos al consumidor en la oportunidad indicada para ello o, a falta de indicaci�n precisa de la oportunidad para su satisfacci�n, dentro del plazo en el cual se utilice este tipo de propaganda comercial y b) Cuando con la propaganda de que trata el presente art�culo, se induzca o pueda inducirse a error al consumidor respecto del precio, calidad o idoneidad del bien o servicio respectivo, lo cual se entender� por el hecho de que, simult�neamente con el ofrecimiento de los incentivos y hasta seis (6) meses despu�s del retiro del ofrecimiento de �stos, se aumente el precio del bien o servicio, as� como por el hecho de que por el incentivo o a la par con �ste, se afecte desfavorablemente la calidad o la idoneidad del bien o servicio.
Para efectos de lo dispuesto en este art�culo, en la propaganda se indicar� la fecha exacta hasta la cual ser� v�lido el ofrecimiento de los incentivos.� En resumen de conformidad con la norma en cita si el productor o distribuidor publica ofertas acompa�adas de incentivos, los cuales influyen en el consumidor a tal punto que lo lleven a adquirir el bien o servicio en consideraci�n a lo ofreciendo, y luego se encuentra que lo publicitado no corresponde a la realidad, el usuario cuenta con acciones expeditas en contra de dicho comerciante bien para que cumpla la oferta, se resuelva el contrato devolviendo el dinero pagado, e incluso repare los perjuicios ocasionados.
Sin embargo es indudable que quienes se encuentran en posibilidad de reclamar por �ste procedimiento breve y sumario no son otros diferentes que los consumidores, definiendo el Decreto en cita que tendr�n la condici�n de tales �Toda persona, natural o jur�dica, que contrate la adquisici�n, utilizaci�n o disfrute de un bien o la prestaci�n de un servicio determinado, para la satisfacci�n de una o m�s necesidades�, previ�ndose de forma m�s reciente en el nuevo Estatuto que consumidor es �Toda persona natural o jur�dica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacci�n de una necesidad propia, privada, familiar o dom�stica y empresarial cuando no est� ligada intr�nsecamente a su actividad econ�mica.
Se entender� incluido en el concepto de consumidor el de usuario.�. Por su parte la Ley 1480 de 2011 art�culo 58 ense�a que �los procesos que versen sobre violaci�n a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales en todos los sectores de la econom�a, a excepci�n de la responsabilidad por producto defectuoso y de las acciones de grupo o las populares, se tramitar�n por el procedimiento verbal sumario.
Se�ala la mentada normativa en su art�culo 58: 3. Las demandas para efectividad de garant�a, deber�n presentarse a m�s tardar dentro del a�o siguiente a la expiraci�n de la garant�a y las controversias netamente contractuales, a m�s tardar dentro del a�o siguiente a la terminaci�n del contrato, En los dem�s casos, deber�n presentarse a m�s tardar dentro del a�o siguiente a que el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamaci�n. En cualquier caso deber� aportarse prueba de que la reclamaci�n fue efectuada durante la vigencia de la garant�a. Procedimiento y requerimientos que a pesar de la modificaci�n legislativa en esencia no cambi� pues igualmente el Decreto 3466 de 1982 en su art�culo 29 dispon�a que �En caso de incumplimiento total o parcial de la garant�a m�nima presunta o de las dem�s garant�as de un bien o servicio, el consumidor afectado podr� solicitar que se obligue al proveedor o expendedor respectivo a hacer efectiva la garant�a o garant�as o, si fuere procedente de acuerdo con el art�culo 13 del presente decreto, a cambiar el bien por otro o, si se manifestare que se desea desistir de la compraventa del bien o de la obtenci�n del servicio, a reintegrar el precio pagado por el bien o servicio.
En todo caso se podr� tambi�n solicitar la indemnizaci�n de los da�os y perjuicios a que hubiere lugar. De las normas en cita se concluye que se podr�n ejercer acciones de protecci�n al consumidor cuando el afectado, bien con las condiciones de calidad e idoneidad del producto o por una publicidad enga�osa tiene dicha condici�n, porque de lo contrario para su reclamaci�n deber� acudir a las normas generales y a trav�s de la v�as jurisdiccionales ordinarias; por ello los presupuestos necesarios para el ejercicio de la presente acci�n es que el afectado, I. hubiere presentado reclamaci�n directamente ante el productor o vendedor y II.
Que el afectado sea un consumidor. 3). CASO CONCRETO: Aplicado el anterior marco conceptual al presente asunto de forma prematura advierte esta Corporaci�n que el recurso planteado por el apoderado de la demandante se encuentra condenado al fracaso; porque si bien no hay discusi�n que se cumpli� el primero de los requisitos previstos por el Estatuto del Consumidor para acudir a la presente v�a, cual es haber presentado reclamaci�n formal ante las demandadas, habida cuenta que �se dar� por cumplido el requisito de procedibilidad de reclamaci�n directa en todos los casos en que se presente un acta de audiencia de conciliaci�n emitida por cualquier centro de conciliaci�n legalmente establecido� -Art.58 Num.5 G-, diligencia agotada por el extremo actor conforme da cuenta el documento que milita a folios 31-32 cuaderno 1.
Sin embargo no ocurre lo mismo con el segundo de los presupuestos, porque la se�ora Hercy �lvarez Rodr�guez conforme lo estim� el a quo no detenta frente a Hyundai Colombia Automotriz S.A. y Auto Uni�n S.A. la condici�n de consumidora, pues obs�rvese que conforme se afirm� en la demanda, el bien comprado es un �DOBLE TROQUE VOLQUETA HD270/CAMI�N� veh�culo que indudablemente por su propia naturaleza quien lo adquiere no lo hace con la intenci�n de satisfacer una necesidad domestica, sino con fines eminentemente comerciales, pues por las condiciones del mismo se parte de la base que en principio ser� explotado econ�micamente.
Conclusi�n a la que se llega no solo de la valoraci�n del documento que milita a folio 27 en el cual se bas� el a-quo para soportar su decisi�n, pues independientemente que dicho instrumento cumpla o no los postulados previstos en la Ley 1231 de 2008 y el C�digo de Comercio para que pueda ser considerado un t�tulo valor, el mismo fue aportado por la propia demandante y como prueba documental puede ser valorado conforme lo ense�a el Ordenamiento Procesal �Art.251 y siguientes-, lo que hace que el argumento as� planteado por el recurrente se encuentre condenado al fracaso.
Ahora si el documento atr�s referenciado no fuere valorado, la conclusi�n en el sub-lite ser�a id�ntica, porque s�lo teniendo en cuenta las afirmaciones que se hicieron en la demanda por parte del apoderado de Hercy �lvarez Rodr�guez con fuerza de confesi�n, se desprende que el veh�culo estaba destinado a ser explotado econ�micamente, es decir ejercer una actividad comercial con la expectativa de obtener un ingreso promedio mensual de $37.255.680, a m�s de ser tal el reproche que se hace a la convocada la imposibilidad que se present� de poder darle la destinaci�n espec�fica para la cual se adquiri�, como se advierte en el �contrato de cuant�a indefinida para transporte de carb�n, en el Departamento del C�sar�, donde se estipul�: 14.
El objeto del contrato era �contrato de cuant�a indefinida para transporte de carb�n, en el Departamento del C�sar�. 15. La rentabilidad mensual y por tanto el valor que recibir�a mensualmente mi defendida, por la explotaci�n econ�mica de la volqueta pluricitada, ascend�a a treinta y siete millones doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta pesos moneda legal ($37.255.680), lo cual se desprende de la lectura del contenido del acuerdo de voluntades mencionado. 16.
Dicho contrato jam�s se materializ�, por lo tanto mi representada nunca recibi� suma alguna de dinero por tal contrato. Situaci�n anterior que a no dudar desdibuja respecto de la demandante con relaci�n al bien objeto de reclamaci�n la condici�n de consumidora, pues, recu�rdese como se expuso en l�neas precedentes quienes tienen dicha calidad son aquellas personas naturales o jur�dicas que como �destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacci�n de una necesidad propia, privada, familiar o dom�stica y empresarial cuando no est� ligada intr�nsecamente a su actividad econ�mica�.
Si bien aqu� Hercy �lvarez Rodr�guez afirm� en el interrogatorio dedicarse a la prestaci�n de servicios m�dicos cual es su especialidad profesional, dicha circunstancia por s� sola no la habilita para acudir al presente medio de protecci�n afirmando que su actividad profesional no tiene nada que ver con el transporte de carga pesada, porque it�rase con la adquisici�n del doble troque materia del contrato en ning�n momento se est� buscando satisfacer una necesidad personal, dom�stica o familiar, advirti�ndose por el contrato celebrado, que la finalidad de la adquisici�n lig� el bien a una actividad productiva.
Lo anterior es as� porque como se afirm� en la demanda, lo reconoci� la demandante en el interrogatorio y lo manifest� el testigo, con la compra del bien materia de discusi�n se procuraba mejorar sus ingresos, circunstancia que conlleva concluir que el veh�culo tipo �doble troque/cami�n� estaba destinado a ser explotado econ�micamente, por ello el presente conflicto no se encuadra dentro de los asuntos susceptibles de ser amparados mediante el procedimiento especial asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco del Decreto 3466 de 1982, ni en la Ley 1480 de 2011.
Finalmente y si bien es cierto no se desconoce la relaci�n que existe entre la se�ora �lvarez Rodr�guez y las demandadas particularmente con Auto Uni�n S.A., sin embargo, el incumplimiento de las prestaciones debidas a cargo de esta �ltima es un conflicto contractual, que para su debida resoluci�n resulta imperioso y necesario que la demandante acuda ante la justicia ordinaria a debatir sus diferencias y que sea el Juez quien dirima este conflicto, al no ser viable que la Superintendencia en ejercicio de la facultad jurisdiccional asuma una competencia que la ley tiene reservada exclusivamente a la justicia ordinaria.
En consecuencia de lo expuesto hasta aqu� se tiene que las pretensiones planteadas por la demandante no estaban llamadas a tener �xito por esta v�a, y como a id�ntica conclusi�n lleg� el funcionario de primer grado, se impone la confirmaci�n de la sentencia que as� lo resolvi�. V. DECISI�N POR LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, D.C., EN SALA DE DECISI�N CIVIL, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REP�BLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,
RESUELVE
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia n�mero 653 proferida el 17 de julio de 2014, por la Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones anotadas en precedencia. SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo del apelante. Por secretar�a liqu�dense incluyendo la suma de $1.200.000,00, por concepto de agencias en derecho.
TERCERO. - Devu�lvase el expediente a la Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, para lo de su competencia. No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma por quienes en ella intervinieron NOTIF�QUESE Y C�MPLASE, LOS MAGISTRADOS, NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS CLARA IN�S MARQU�Z BULLA DRA. LUZ AMPARO JIM�NEZ RODR�GUEZDR. JUAN MIGUEL ESLAVA LOZZIApoderada Sociedad Auto Uni�n S.A.,Apoderado de Hyundai Colombia Automotriz S.A.JOHN EDWIN CASADIEGO PARRA Secretario ad hoc Folio 117 Cd.1. Art�culo 38 de la Ley 153 de 1887. Norma que prev� �Responsabilidad de los productores en raz�n de las marcas, las leyendas y la propaganda comercial Todo productor es responsable por las marcas y leyendas que exhiban sus productos (bienes o servicios), as� como por la propaganda comercial de los mismos, cuando su contenido no corresponda a la realidad o induzca a error al consumidor.
Se consideran contrarias a la realidad o que inducen a error, las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no correspondan, en todo o en parte, a las condiciones de calidad e idoneidad registradas, o a las contenidas en las licencias expedida o en las normas t�cnicas oficializadas, o a las reconocidas ordinaria y habitualmente cuando se trate de bienes y servicios cuya calidad e idoneidad no hayan sido registradas, no siendo obligatorio su registro.� Art�culo que se�ala �Sanciones administrativas relacionadas con la responsabilidad de los productores en raz�n de las marcas, la leyendas y la propaganda.
En todo caso que se compruebe, de oficio o a petici�n de parte, que las marcas, la leyendas y la propaganda comercial de bienes o servicios no corresponden a la realidad o inducen a error, la autoridad competente impondr� la multa de que trata la letra a) del art�culo 24o. y ordenar� al productor, en ejercicio del poder de polic�a, la correcci�n de la respectiva marca, leyenda o propaganda comercial y que se tomen las medidas necesarias para evitar que se incurra nuevamente en error o que se cause da�o o perjuicio a los consumidores.
Para tal efecto, en la misma providencia se indicar� un plazo razonable a juicio de quien la expida y se indicar� que se causa una multa en favor del Tesoro P�blico, equivalente a una s�ptima parte del salario m�nimo legal mensual vigente en Bogot�, D.E., al momento de la expedici�n de aquella providencia, por cada d�a de retardo en su cumplimiento.
A la actuaci�n se aplicar�n las normas procedimentales previstas en el art�culo 28. El productor s�lo podr� ser exonerado de responsabilidad cuando demuestre que la marca, la leyenda o la propaganda comercial fue adulterada o suplantada sin que hubiese podido evitar la adulteraci�n o suplantaci�n.� Literal C Art.1� del Decreto 3466 de 1982. Numeral 3 Art�culo 5 Ley 1480 de 2011. Hecho 6 de la demanda -fl. 13 Cd.1- Hecho 15 y pretensi�n 3.1 del libelo. PAGE RI. 13597 Rad.110013199001201312107 01 Ref.
Proceso Verbal de Protecci�n al Consumidor de Hercy �lvarez Rodr�guez contra Hyundai Colombia Automotriz S.A. y Otra. PAGE PAGE 12 RI.13597 fgt~������������' ( 4 6 7 B F Z ������������������vgXvXvXv� h *CJOJQJaJh kZCJOJQJ^JaJhnBfCJOJQJ^JaJh c�CJOJQJ^JaJ hN^ h *CJOJQJaJh *CJOJQJaJ"hm�h *CJOJQJaJh�yRCJOJQJ^JaJh2OSCJOJQJ^JaJh�h�CJOJQJ^JaJh�k�CJOJQJ^JaJh�z�CJOJQJ^JaJ �"$$%% % %8(9( *CJOJQJ^JaJ h4l=h�uFCJOJQJaJh3lvCJOJQJaJ h4l=h *CJOJQJ^Jh *CJOJQJaJ"h�'�h *CJOJQJaJh A?AEAPAQARA������������ͯٯ��裗�sg[gg[g[h��CJOJQJaJhl�CJOJQJaJhJYCJOJQJaJh1NCJOJQJaJhoCJOJQJaJh�ldCJOJQJaJh� �CJOJQJaJ#jh�l�0JCJOJQJUaJhUO�CJOJQJaJh�l�CJOJQJaJ h��h��CJOJQJaJh��CJOJQJaJh�`�CJOJQJaJ#@�@�@�B�B F F�G�G�G�G�G�I�I�L�LO O/O0O7R8R�T����������������������$��dh`��a$gdXlY$��dh`��a$gd� �$��dh`��a$gd� �$��dh`��a$gd��RAlA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�ABB.B9BXBZBrBuBvBxB}B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B3C6C9CKCNCmCnCoCpC�C�C�C=D�����������������ĸĸĸĬ��������ܠܠܔ�������y h�l�h�l�CJOJQJaJh z-CJOJQJaJh+KCJOJQJaJh�l�CJOJQJaJh�$ CJOJQJaJhVY.CJOJQJaJh�4�CJOJQJaJhqU�CJOJQJaJh��CJOJQJaJh1NCJOJQJaJhl�CJOJQJaJ/=D\D]D^D�D�D�DFF F F F 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