11001 3103 002 2012 00635 01 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� bjbjT~T~ 766X�"*��PP�R�<uuu��8�� 4|�!�!�!�!�!$$$s4u4u4u4u4u4u4L7��9xu4u$�#�#"$$u4%%�!�!d�49)9)9)$�%�!%8�!s49)$s49)9)=+]e+�!��V��'�U+_4�40�4]+f:](�f:e+e+�f:u?, $$9)$$$$$u4u49)$$$�4$$$$��f:$$$$$$$$$P ]: $TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT� SALA S�PTIMA DE DECISI�N CIVIL Magistrado Ponente OSCAR FERNANDO YAYA PE�A Bogot� D. C., veinticinco de mayo de dos mil quince (aprobado en sala extraordinaria de 20 de mayo de 2015) 11001 3103 002 2012 00635 01 Se deciden los recursos de apelaci�n que interpusieron las demandadas contra la sentencia que el 8 de julio de 2014 profiri� el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot�, en el proceso ordinario promovido por Arcadio Hern�ndez de la Fuente, Ana Lucila Ulloa de Hern�ndez, Marta Luc�a Hern�ndez Ulloa, Juan Pablo y Diego Felipe Hern�ndez Arcila, Ingrid Adriana Fajardo Bejarano, Ingrid Tatiana Hern�ndez Fajardo y Juan Sebasti�n Hern�ndez Barbosa contra M�dicos Asociados S.A. y Salud Total EPS S.A.

ANTECEDENTES 1. LA DEMANDA. Reclamaron los actores que se declare que su contraparte es civil y solidariamente responsable �de los hechos y omisiones que condujeron al fallecimiento de Alfonso Hern�ndez Ulloa ocurrido el 27 de octubre de 2006 en la Cl�nica Federm�n de Bogot� y en consecuencia, que se condenara a las demandadas a pagar el lucro cesante y da�o moral ($40�000.000 y 100 SMMLV para cada uno de ellos).

En s�ntesis, relataron los demandantes que a las 8:00 p.m. del 22 de octubre de 2006, �el se�or Hern�ndez Ulloa, con 46 a�os de edad, es atendido por urgencias en la Cl�nica Federm�n por padecer molestias estomacales, donde se le formul� Buscapina Compuesta, sin practicar los ex�menes de rigor, ni desarrollar una consulta responsable�; que �en horas del medio d�a del 23 de octubre, el se�or Hern�ndez Ulloa debi� regresar a la Cl�nica Federman registrando un elevado nivel de fiebre, no puede orinar ni defecar, ni permanecer erguido por causa del dolor abdominal� y que all�, �s�lo hasta las horas de la tarde le realizan los ex�menes y determinan que deben operar por diagn�stico de peritonitis aguda y siendo aproximadamente las 17:00 le operan�.

A�adieron que, �desde las 11:00 a.m. del martes 24, el m�dico tratante advierte que la situaci�n del paciente es complicada y que debe practic�rsele una cirug�a urgente de lavado, dejarlo abierto y esperar su evoluci�n (pese a lo cual) s�lo hasta las 4:30 p.m. lo operan, siendo reiterativa la conducta hostil, displicente e irresponsable del personal de la Cl�nica�; que desde las 8:00 p.m. del mismo 24 de octubre (hora en que �el m�dico informa que en la segunda cirug�a a Alfonso le fue bien y que no estaba tan infectado como cre�an�) no volvieron a recibir noticia de la evoluci�n del paciente, sino hasta el jueves 26 de octubre, �cuando los atiende un m�dico en una sala de la Cl�nica y les informa que la junta m�dica no acept� aplicar medicamento que se utiliza en pacientes con elevado nivel de asepsia.

Afirma que se encuentra en un estado de asepsia (�) y que se decidi� cambiar el antibi�tico y no aplicar la inyecci�n por el riesgo de una hemorragia y que el paciente tiene muy comprometido el ri��n y les permiten entrar a verlo, a quien encuentran sumamente hinchado y entubado� y que, �el d�a siguiente, viernes 27 de octubre, el paciente fallece siendo las 4:10 horas�.

Acotaron, finalmente, que una vez puestos los hechos en conocimiento de la Fiscal�a General de la Naci�n, �la cl�nica afirmaba que el paciente no hab�a ingresado el domingo 22 y s�lo por insistencia de los investigadores del CTI al momento del levantamiento del cad�ver de exigir cuidadosamente los registros, entregan el reporte que comprueba que su ingreso efectivamente hab�a sido el domingo 22�. 2.

LA CONTESTACI�N. M�dicos Asociados S.A. excepcion� �obligaciones de medio y no de resultado en el ejercicio m�dico�; e �inexistencia de la obligaci�n de indemnizar�. Por su parte, Salud Total EPS excepcion� �los hechos de la demanda no son de responsabilidad de la EPS, dado el cumplimiento de esta de sus obligaciones como Entidad Promotora de Salud�; �la solidaridad no se presume, debe probarse�; �falta de legitimidad por pasiva de Salud Total�; �M�dicos Asociados, como propietaria de la Cl�nica Federman, se hace responsable de los da�os que se produzcan en el cumplimiento del contrato de servicios de salud�; �inexistencia de nexo causal entre la conducta y el da�o�; �la IPS no tiene vinculo de subordinaci�n con Salud Total EPS�; �indebida o ausencia de formulaci�n de la causa que da origen a las pretensiones o condenas de la demanda�; �excesiva tasaci�n en los perjuicios�; �inexistencia del da�o material reclamado por la actora y ausencia de prueba de su cuant�a�; �los servicios de salud suministrados en la Cl�nica Federman fueron acordes a la lex artis�; �no se configuran los elementos de la responsabilidad civil� y �la muerte del se�or Hern�ndez Ulloa no se debi� a falla en la prestaci�n de los servicios suministrados en la Cl�nica Federman�.

3. EL FALLO RECURRIDO. El juez a quo declar� civil y solidariamente responsables a las demandadas �de los da�os ocasionados por la muerte del se�or Alfonso Hern�ndez Ulloa� y, en consecuencia, las conden� a pagar las siguientes sumas: NOMBRE LUCRO CESANTE DA�O MORAL 1ARCADIO HERN�NDEZ DE LA FUENTE � $ 30.000.000 2ANA LUC�A ULLOA DE HERN�NDEZ � $ 35.000.000 3INGRID ADRIANA FAJARDO BEJARANO � $ 35.000.000 4MARTHA LUC�A HERN�NDEZ ULLOA � $ 35.000.000 5DIEGO FELIPE HERN�NDEZ ARCILA $ 15.300.771,06 $ 30.000.000 6JUAN PABLO HERN�NDEZ ARCILA $ 16.541.373,37 $ 30.000.000 7JUAN SEBASTI�N HERN�NDEZ BARBOSA $ 27.716.015,84 $ 40.000.000 8INGRID TATIANA HERN�NDEZ FAJARDO $ 48.650.562,27 $ 45.000.000 Sostuvo, con relaci�n a la atenci�n m�dica que se le dispens� al se�or Hern�ndez Ulloa el 22 de octubre de 2006, que �se evidencian dos elementos constituyentes de la culpa del m�dico tratante de urgencias: imprudencia al recetar un analg�sico contraindicado con lo mandado por el protocolo m�dico (Buscapina Compuesta) y negligencia al no formular u ordenar ex�menes paracl�nicos, con el fin de descartar patolog�as que tienen sintomatolog�a com�n, habida cuenta que el paciente era una persona de dif�cil diagn�stico� y que �de haber sido atendida la apendicitis que padec�a el se�or Hern�ndez Ulloa el 22 de octubre, es l�gico inferir que no se habr�a desarrollado la peritonitis aguda que avanz� a perforada y purulenta, la cual tiene un alto �ndice de morbilidad mucho mayor que la apendicitis�.

A�adi� que �la preparaci�n acad�mica del se�or Hern�ndez Ulloa permite establecer que se encontraba en etapa productiva y los testimonios recaudados dan cuenta que velaba por la manutenci�n de sus hijos, por lo que se asumir� (que devengaba) el salario m�nimo mensual vigente�; que �seg�n la Resoluci�n No. 0110 de enero 22 de 2014 de la Superintendencia Financiera, un hombre de 45 a�os de edad tiene una expectativa de vida de 79 a�os y por tanto resulta procedente liquidar el lucro cesante para cada uno de los hijos del causante hasta el momento de cumplir 25 a�os (�) descontando un 25% que corresponde a lo que destinaba a sus gastos personales� y que �como quiera que los demandantes son las personas que sufren la consecuencia del deceso del se�or Hern�ndez Ulloa, es de concluir que se encuentran legitimados para solicitar los perjuicios morales�. 4.

LAS APELACIONES. M�dicos Asociados aleg� que �el juez a quo toma como �nica prueba para condenar una valoraci�n sesgada y parcializada del testimonio del m�dico tratante del paciente en urgencias el 22 de octubre de 2006, omitiendo valorar en conjunto lo anotado por el testigo y la explicaci�n que gener� al evento del porqu� y con qu� fundamento diagnostic� al paciente no con apendicitis sino con intoxicaci�n alimentaria�; que �el paciente no presentaba irritaci�n en zona abdominal, ni dolor o sensibilidad al tacto o palpaci�n, pod�a caminar sin dificultad, y manifest� haber ingerido abundante comida, ten�a el abdomen blando y gases intestinales, por lo que el m�dico concluy� que no cursaba con signos de apendicitis�; que �en la sentencia se reconoce a la esposa del difunto la suma de $55�000.000 y all� mismo reconoce en favor de la compa�era permanente la suma de $35�000.000, siendo que la esposa no figura como demandante en este asunto y la compa�era permanente no aport� sentencia judicial en la que se le reconociera tal condici�n� y que �en la sentencia se aprecia una ilegal acumulaci�n de condenas, ya que se ordenan intereses durante 95 meses fuera de la indexaci�n previamente decretada�.

Por su parte, Salud Total aleg� que no se demostr� que �las presuntas fallas m�dicas fueron las causantes del deterioro del paciente�; que �en el caso de Hern�ndez Ulloa no se tiene probado que con sus s�ntomas se pudiera sospechar un abdomen agudo y por ende no era necesario realizar ex�menes diferentes a la auscultaci�n�; que �el uso de analg�sicos en pacientes con abdomen agudo no est� contraindicado�; que �no hay claridad en que el paciente presentara un cuadro de apendicitis para el 22 de octubre de 2006 ya que, como lo indica la literatura m�dica, una apendicitis puede evolucionar a peritonitis en horas�; que �era muy probable que los ex�menes m�dicos que se echaron de menos no fueran predictores de la presencia de una apendicitis�; que �correspond�a a los demandantes probar que la atenci�n m�dica se prest� en virtud de afiliaci�n a la EPS o la codemandada deb�a probar que dicha atenci�n fue cubierta por la EPS�, lo que no ocurri� y que �en el contrato celebrado entre Salud Total y M�dicos Asociados se pact� que la responsable directa de las atenciones suministradas a los pacientes de la EPS ser�a esta �ltima�.

CONSIDERACIONES 1. Verificada la ausencia de irregularidades que comprometan la validez de la actuaci�n, anuncia la Sala que, salvo el ajuste que se efectuar� en materia de perjuicios, seg�n despu�s se expondr�, el fallo apelado ser� confirmado, en tanto que los elementos de juicio que se recaudaron llevan a colegir que en la noche del 22 de octubre de 2006, las entidades demandadas dejaron de brindar al se�or Alfonso Hern�ndez Ulloa, una atenci�n m�dica con la diligencia y precauci�n que la lex artis impon�a para el particular cuadro cl�nico que presentaba el paciente, lo que retard� injustificadamente la identificaci�n de la apendicitis que, agravada por la falta de un tratamiento adecuado y oportuno, deriv� en la peritonitis que, a la postre, produjo su fallecimiento. 2.

Es sabido que �trat�ndose de la responsabilidad directa de las referidas instituciones (EPS e IPS), con ocasi�n del cumplimiento del acto m�dico en sentido estricto, ellas se ver�n comprometidas cuando lo ejecutan mediante sus �rganos, dependientes, subordinados o, en general, mediando la intervenci�n de m�dicos que, dada la naturaleza jur�dica de la relaci�n que los vincule, las comprometa.

En ese orden de ideas, los centros cl�nicos u hospitalarios incurrir�n en responsabilidad en tanto y cuanto se demuestre que los profesionales a ellos vinculados incurrieron en culpa en el diagn�stico, en el tratamiento o en la intervenci�n quir�rgica del paciente. Por supuesto que, si bien el pacto de prestaci�n del servicio m�dico puede generar diversas obligaciones a cargo del profesional que lo asume, y que atendiendo a la naturaleza de �stas depender�, igualmente, su responsabilidad, no es menos cierto que, en trat�ndose de la ejecuci�n del acto m�dico propiamente dicho, deber� indemnizar, en l�nea de principio y dejando a salvo algunas excepciones, los perjuicios que ocasione mediando culpa, en particular la llamada culpa profesional, o dolo� (sentencias de 5 de marzo de 1940, 12 de septiembre de 1985, 30 de enero de 2001, entre otras).

Tambi�n se ha dicho que �el diagn�stico, es una tarea compleja, en la que el m�dico debe afrontar distintas dificultades, como las derivadas de la diversidad o similitud de s�ntomas y patolog�as, la atipicidad e inespecificidad de las manifestaciones o sintom�ticas, la prohibici�n de someter al paciente a riesgos innecesarios, sin olvidar las pol�ticas de gasto adoptadas por los �rganos administradores del servicio (�) y, en tal medida, como la ciencia m�dica ni quienes la ejercen son infalibles, ni cosa tal puede exig�rseles, s�lo los yerros derivados de la imprudencia, impericia, ligereza o del descuido de los galenos dar�n lugar a imponerles la obligaci�n de reparar los da�os que con un equivocada diagnosis ocasionen (�)�.

Ahora, ante la ostensible dificultad que reviste la adecuada valoraci�n de discusiones como la aqu� planteada, es inocultable la utilidad que para el juez representan los dict�menes y testimonios t�cnicos que para el efecto alleguen las partes, pues si bien a los temas atinentes a la responsabilidad civil m�dica no les es ajeno el principio de libertad probatoria (art. 175, C. de P. C.), tampoco puede desconocerse, y menos en forma irrestricta, la verdad que arrojen tales declaraciones de terceros, en tanto que, �cuando de asuntos t�cnicos se trata, no es el sentido com�n o las reglas de la vida los criterios que exclusivamente deben orientar la labor de b�squeda de la causa jur�dica adecuada, dado que no proporcionan elementos de juicio en vista del conocimiento especial que se necesita, por lo que a no dudarlo cobra especial importancia la dilucidaci�n t�cnica que brinde al proceso esos elementos propios de la ciencia ( ).

En otras palabras, un dictamen pericial, un documento t�cnico cient�fico o un testimonio de la misma �ndole, entre otras pruebas, podr�n ilustrar al juez sobre las reglas t�cnicas que la ciencia de que se trate tenga decantadas en relaci�n con la causa probable o cierta de la producci�n del da�o que se investiga�. 3. En el decurso de la primera instancia, se recaud� un dictamen pericial (que no fue objetado por las partes) que practic� el m�dico Rub�n Caicedo Beltr�n (Director del Departamento de Cirug�a de la Universidad Nacional), quien �despu�s de revisar la historia cl�nica del occiso Alfonso Hern�ndez Ulloa�, manifest� que �se trata de un paciente de 46 a�os, obeso que pesaba m�s de 100 kilos y que presentaba dolor abdominal con un tiempo corto de evoluci�n�; que �un diagn�stico de apendicitis es dif�cil y puede confundirse con otras patolog�as con s�ntomas similares, como ocurri� en este caso en que se hizo el diagn�stico inicial de intoxicaci�n alimenticia� y que �en estas situaciones de diagn�stico dif�cil, con alta sospecha de abdomen agudo quir�rgico se debe buscar apoyo en ex�menes paracl�nicos a fin de aclarar el diagn�stico� (fl. 70).

Las precitadas conclusiones no fueron rebatidas por ninguno de los extremos de este litigio. De hecho, tanto en sus alegatos de conclusi�n, como al sustentar su apelaci�n, las demandadas destacaron una y otra vez la dificultad que, en el caso particular del se�or Hern�ndez Ulloa, representaba un diagn�stico temprano de apendicitis (ver, por ejemplo, fls. 19 y 47, c. 8), tanto as� que a su memorial de apelaci�n, Salud Total EPS alleg� lo que anunci� como un art�culo investigativo, denominado �tiempo de evoluci�n de la apendicitis y riesgo de perforaci�n�, en el que se resalta, entre otras cosas, que �la apendicitis es la condici�n quir�rgica m�s com�n a la que se ven enfrentados el m�dico de urgencias y el cirujano. El diagn�stico actual de la enfermedad sigue siendo un reto dada la diversidad de manifestaciones con las que puede cursar� (fl. 27).

En ese mismo sentido se pronunci� tambi�n el m�dico que atendi� al se�or Alfonso Hern�ndez Ulloa en la noche del 22 de octubre de 2006 (Jes�s Antonio Marulanda P�ez), quien, al ofrecer su declaraci�n testimonial en este proceso, y tras advertir que �determinar una intoxicaci�n alimenticia significa excluir los otros s�ntomas, excluir el abdomen agudo, la palpaci�n de la parte pendicular en la fuerza iliaca derecha, donde no encontramos los s�ntomas de una apenditicis� (min. 29:38, cd. visible a fl. 76, c. 2) y que �es posible confundir una intoxicaci�n alimentaria con una apendicitis y con algunas muchas otras patolog�as como problemas cardiacos, problemas de trombosis pulmonar, etc.� (min. 32:30, ib.), manifest� que �la �nica manera de determinar la apendicitis es, primero, un cuadro hem�tico (examen de sangre), segundo radiograf�as y en donde esto no arroje resultado, entonces se hace una laparotom�a (abrir el abdomen y mirar qu� es) y se puede detectar que es una apendicitis de una posici�n aberrante, la ap�ndice tiene muchas posiciones, es una terminal del intestino grueso que puede estar hacia arriba, hacia un lado y de acuerdo con esa posici�n y con la inflamaci�n uno determina si es una apendicitis o no, porque una ap�ndice retrocecal, que est� por ejemplo bien hacia arriba y hacia atr�s puede tener la misma sintomatolog�a de una afecci�n de la ves�cula biliar, entonces yo me inclino por la ves�cula biliar y ordeno otra clase de ex�menes que me van a decir si tiene la ves�cula inflamada.

Ahora �ltimamente con la radiograf�a y la ecograf�a abdominal se detecta muy f�cilmente cu�l es el origen de un dolor de estos� y concluy� que, �cuando un paciente refiere dolor abdominal no es suficiente auscultarlo para que el m�dico pueda determinar si tiene apendicitis o peritonitis, se requiere entonces los ex�menes adicionales como el cuadro hem�tico, rayos x, etc.� (mins. 34:00-35:40, ib.).

En el escenario que as� se configur�, la Sala coincide con el juez de primera instancia en que no se observa ajustado a la lex artis que en la noche del 22 de octubre de 2006, la entidad M�dicos Asociados (por conducto del m�dico Jes�s Antonio Marulanda P�ez) y frente al episodio de dolor abdominal intenso que para ese d�a presentaba Alfonso Hern�ndez Ulloa, se hubiera conformado con la anamnesis (relato de la sintomatolog�a efectuado por el mismo paciente) y con un simple �examen f�sico� (auscultaci�n), para descartar que el paciente presentara un cuadro de apendicitis y para dictaminar que tan s�lo se trataba de un episodio de �intoxicaci�n alimentaria� que no requer�a hospitalizaci�n y que pod�a sortearse f�cilmente con una �buscapina compuesta�.

Las pruebas t�cnicas a que reci�n se hizo alusi�n evidencian que en el caso del se�or Hern�ndez Ulloa (paciente obeso de m�s de 100 kilos de peso), el diagn�stico de una eventual apendicitis presentaba especial dificultad, por lo que no era suficiente la �palpaci�n abdominal� que regularmente se hace en otra clase de situaciones. Tal contingencia, contrario a lo que sugirieron las excepcionantes, lejos de salvar la responsabilidad del m�dico de turno, exig�a del mismo (por su condici�n de profesional en esos menesteres), un grado mayor de precauci�n y vigilancia, lo que implicaba, en resumidas cuentas, acometer oportunamente an�lisis y ex�menes adicionales que le suministraran mejores elementos de juicio para llegar a una diagnosis m�s precisa.

Sin embargo, lo que refleja el expediente es que el m�dico tratante del 22 de octubre de 2006, en vez de extremar precauciones en la fase de diagn�stico del se�or Hern�ndez Ulloa, se limit� a recibir las declaraciones que efectu� el paciente en punto a sus s�ntomas y a efectuar una simple auscultaci�n, sin ordenar, siquiera, la pr�ctica de la radiograf�a o ecograf�a, con que, seg�n aqu� lo sostuvo el galeno Marulanda P�ez, �se detecta muy f�cilmente cu�l es el origen de un dolor abdominal� (min. 34:00-35:40, ib.). 3.1 Adem�s, las demandadas no demostraron (como era de su resorte, art. 177, C. de P. C.) que, seg�n lo alegaron en sus escritos de excepciones, la especial sintomatolog�a con que el se�or Hern�ndez Ulloa lleg� al centro de urgencias de la Cl�nica Federman el 22 de octubre de 2006, guardaba correspondencia con un cuadro t�pico de intoxicaci�n alimentaria y que, en esa medida, resultaban completamente innecesarios los ex�menes de diagn�stico adicionales que ech� de menos el experto Rub�n Caicedo Beltr�n. En ninguna de las dos copias de la historia cl�nica que se recaudaron, figura anotaci�n sobre los espec�ficos s�ntomas que el se�or Hern�ndez Ulloa habr�a presentado el 22 de octubre de 2006.

De hecho, las �nicas observaciones que de ese d�a aparecen registradas son dos anotaciones de enfermer�a (fls. 129 y 130, c. 6), que, adem�s de tener por �hora� la 1:40 y 3:30 p.m. (es decir, cuando ni siquiera el paciente hab�a ingresado al centro de urgencias de la Cl�nica Federman), nada refieren sobre el estado cl�nico del se�or Hern�ndez Ulloa (en ellas s�lo se consignaron las expresiones �sonda foley #16; cistoflo; 5x10 CC; �yelco #8 dificil; yelco #20 acceso y equipo CBS macro�, cuya conexi�n con los hechos de incidencia en este litigio brilla por su ausencia. 3.2 A lo anterior se suma que el juez de primera instancia orden� expresamente a M�dicos Asociados que �en cumplimiento de lo ordenado mediante auto de 13 de septiembre de 2011, allegue con destino al proceso de la referencia los documentos faltantes que tienen que ver con la parte de la atenci�n del paciente Alfonso Hern�ndez Ulloa que fue atendido el 22 de octubre de 2006� (fl. 26, c. 6), requerimiento frente al cual dicha demandada se limit� a aportar una nueva reproducci�n fotost�tica de la historia cl�nica que ya obraba en el expediente, en la que ninguna anotaci�n se plasm� sobre la atenci�n que se le dispens� al paciente el 22 de octubre de 2006 (fls. 27 a 181, ib.).

A la luz de los art�culos 249 del C. de P. C. y 36 de la Ley 23 de 1981, la falta de prueba documental que se observa con relaci�n a los s�ntomas que presentaba el se�or Hern�ndez Ulloa el primer d�a en que acudi� al centro de urgencias de la Cl�nica Federman, lo mismo que respecto al tratamiento m�dico que a �l ese d�a se le brind�, redunda en perjuicio de las demandadas, pues era a ellas a quienes correspond�a velar por el cabal diligenciamiento de la historia cl�nica.

H�se dicho que la historia cl�nica �tiene un significado probatorio en las causas judiciales, habida cuenta que, dadas las obligaciones que el ordenamiento impone respecto de su diligenciamiento, ella debe contener una descripci�n detallada de antecedentes personales y familiares del paciente, s�ntomas referidos por �ste, resultados del examen f�sico, impresi�n diagn�stica, las derivaciones, an�lisis, estudios, etc. requeridos para determinar el diagn�stico definitivo, el tratamiento brindado, el seguimiento de la dolencia -progresos, retrocesos, etc.-, las intervenciones quir�rgicas, secuelas y los dem�s aspectos espec�ficos para el caso.

Desde esa �ptica el juez, como ya se dijera, la valorar� conforme a las reglas de la sana cr�tica, sin dejar de advertir que su autor�a corresponde o puede corresponder a una de las partes de la relaci�n jur�dica, circunstancia que reclama del juzgador, especial ponderaci�n. Como quiera que en un momento dado puede consistir en la �nica prueba a favor del paciente, no son pocos los eventos en los que la ausencia del aludido documento o su diligenciamiento incorrecto o incompleto puede comportar en alguna medida un cercenamiento de las expectativas probatorias de aquel.

En esa perspectiva la ausencia de historia o su elaboraci�n incompleta puede eventualmente, dependiendo de las circunstancias de cada caso, aparejar secuelas para quien debiendo diligenciarla no lo hizo o lo hizo inexactamente, supuesto que puede generar un grave indicio en contra del profesional�. 3.3. La Sala tampoco puede pasar por alto, como conducta contraria a la ciencia m�dica que compromete la responsabilidad civil de las apelantes, que, adem�s de no realizar los ex�menes de diagn�stico que el caso ameritaba, y de no consignar en la historia cl�nica las anotaciones de rigor, el m�dico Jes�s Antonio Marulanda P�ez recet� Buscapina al se�or Hern�ndez Ulloa (fl. 5, c. 3), medicamento analg�sico que, dada su capacidad para �enmascarar� los s�ntomas del paciente y, por ende, de dificultar la etapa de diagn�stico, no es recomendable para los casos de dolor abdominal severo, seg�n lo manifest� el mismo Marulanda P�ez en la declaraci�n testimonial que rindi� en este proceso (min 39:46, fl. 76).

No olvida la Sala que, con su memorial de apelaci�n, Salud Total alleg� copia de un art�culo cient�fico publicado en la Revista M�dica de la Universidad de Antioquia en el mes de marzo de 2006 intitulado �analgesia en el paciente con abdomen agudo: �persiste el peligro? (fls. 34 a 44, c. 8), con el que quiso demostrar que �el uso de analg�sicos en pacientes con dolor abdominal no est� contraindicado y su uso en pacientes sospechosos de abdomen agudo es aceptado por la ciencia m�dica� (fl. 47, ib.).

La publicaci�n en comento no es incompatible con las declaraciones que efectu� el galeno Marulanda P�ez, en punto a que los analg�sicos obstaculizan la fase de diagn�stico de un paciente con dolor abdominal. De hecho, en ese estudio se reconoce que �en los pacientes con dolor abdominal, esta restricci�n de la analgesia obedece a la preocupaci�n acerca del posible enmascaramiento que los analg�sicos podr�an ejercer sobre algunos s�ntomas clave para un diagn�stico oportuno y acertado, lo que conlleva un riesgo potencial para el paciente por cuanto un retraso en el diagn�stico puede acarrear complicaciones graves en algunas entidades que cursan con dolor abdominal como s�ntoma principal� (fl. 35, ib.) y concluye que, en consideraci�n a que el analg�sico no complica la sintomatolog�a del paciente (aserto que nadie discute en este litigio), tales medicamentos pueden llegar a suministrarse a pacientes con dolor abdominal (�nicamente como medida paliativa) siempre y cuando, de acuerdo con el art�culo cient�fico en cita, sean acompa�ados de un �proceso de diagn�stico y terap�utico� constante (fl. 40), que fue, precisamente, lo que aqu� no acometieron las demandadas (apelantes). 3.4 De lo hasta aqu� expuesto colige la Sala que anduvo afortunado el juez de primera instancia al tener por demostrado el hecho imputable da�oso que se endilg� a las demandadas.

Ciertamente, qued� visto que el m�dico que atendi� al se�or Hern�ndez Ulloa en la noche del 22 de octubre de 2006 inobserv� una obligaci�n de resultado, en cuanto dej� de practicar los ex�menes m�dicos que la lex artis impon�a para eliminar la posibilidad de que el cuadro cl�nico que presentaba el paciente no fuera atribuible a una apendicitis (como en efectu� ocurri�), y al recetar medicamentos cuyo suministro obstaculizaba la labor de diagn�stico que requer�a el paciente.

Del nombrado galeno, era de esperar un comportamiento m�s consecuente con la necesidad de evitar, o por lo menos de no incrementar, los riesgos que la situaci�n de marras involucraba frente a la salud del se�or Hern�ndez Ulloa, de conformidad con lo que consagran los art�culos 10 y 15 de la Ley 23 de 1981, que rezan que, �el m�dico dedicar� a su paciente el tiempo necesario para hacer una evaluaci�n adecuada de su salud e indicar los ex�menes indispensables para precisar el diagn�stico y prescribir la terap�utica correspondiente�, y que �no expondr� a su paciente a riesgos injustificados�.

Bueno es insistir en que el hecho da�oso que compromete la responsabilidad patrimonial de las demandadas, no es propiamente que el m�dico que atendi� al se�or Hern�ndez Ulloa el 22 de octubre de 2006 se hubiera equivocado en el diagn�stico a que lleg�. Como ya se advirti�, la medicina no es una ciencia exacta y, por ende, tal clase de precisi�n no puede exig�rsele a quienes la practican.

Lo que s� resulta reprochable, es que no se hubieran empleado las herramientas t�cnicas que el galeno ten�a a su alcance (y que la lex artis recomendaba), con miras a obtener un diagn�stico m�s adecuado. Es m�s, seg�n muestra la foliatura, el padecimiento que para ese entonces presentaba el paciente no era de dif�cil (y mucho menos imposible) identificaci�n con los mecanismos de an�lisis adecuados (examen de sangre, radiograf�as, ecograf�as, etc.), tanto as� que fueron, precisamente, esos ex�menes los que les permitieron a los m�dicos de turno del d�a siguiente (23 de octubre de 2006) identificar la patolog�a que presentaba el se�or Hern�ndez Ulloa, cuando ya la apendicitis hab�a derivado en peritonitis. 4.

Como a lo anterior se a�ade que en el asunto sub examine se estableci� que el deceso del se�or Hern�ndez Ulloa se gener� a causa de la �apendicitis aguda gangrenosa perforada� (fl. 207, c. 6) y que las demandadas no demostraron, como era de su incumbencia (art. 177, C. de P. C.) que a igual resultado se hubiera llegado de haber sido detectada oportunamente la apendicitis que presentaba el paciente desde el 22 de octubre de 2006, concluye la Sala que dichas litigantes han de responder civilmente, no por la simple �p�rdida de oportunidad� a que aludi� Salud Total, sino por los perjuicios que el fallecimiento del se�or Hern�ndez Ulloa ocasion� a la parte actora.

No se olvide que �en la forma en que lo tiene establecido la doctrina y la jurisprudencia, en el campo de las responsabilidad civil el acto m�dico puede generar para el profesional que lo ejercita obligaciones de car�cter indemnizatorio por perjuicios causados al paciente, como resultado de incurrir en yerros de diagn�stico y de tratamiento, ya porque act�e con negligencia o impericia en el establecimiento de las causas de la enfermedad o en la naturaleza misma de esta, ora porque a consecuencia de aquello ordene medicamentos o procedimientos de diversa �ndole inadecuados que agravan su estado de enfermedad, o bien porque ese estado de agravaci�n se presenta simplemente por exponer al paciente a un riesgo injustificado o que no corresponda a sus condiciones cl�nico-patol�gicas�. 5.

Tambi�n memora la Sala que Salud Total EPS aleg� insistentemente que, por no haber sido ella quien directamente ejecut� el acto m�dico en que se incurri� en la culpa que aqu� se reprocha (sino la IPS a trav�s de uno de sus m�dicos adscritos), no es ella la obligada a responder por los perjuicios que esa negligencia hubiere ocasionado. Sin embargo, esa discusi�n ya fue zanjada por la Corte Suprema de Justicia en un caso que guarda similitud con el que hoy se resuelve, oportunidad en la que dicha corporaci�n precis� que �la prestaci�n de los servicios de salud garantizados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), no excluye la responsabilidad legal que les corresponde cuando los prestan a trav�s de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) o de profesionales mediante contratos reguladores s�lo de su relaci�n jur�dica con aqu�llas y �stos.

Por lo tanto, a no dudarlo, la prestaci�n del servicio de salud deficiente, irregular, inoportuna, lesiva de la calidad exigible y de la lex artis, compromete la responsabilidad civil de las Entidades Prestadoras de Salud y prest�ndolos mediante contrataci�n con Instituciones Prestadoras de Salud u otros profesionales, son todas solidariamente responsables por los da�os causados, especialmente, en caso de muerte o lesiones a la salud de las personas�.

A lo anterior se a�ade que la parte actora demostr� que para la �poca de los hechos que aqu� interesan, el se�or Hern�ndez Ulloa estaba afiliado al sistema de seguridad social en salud a trav�s de Salud Total EPS (ver certificado obrante a fl. 35, c. 1) y que fue, precisamente, en raz�n de esa afiliaci�n que la IPS M�dicos Asociados atendi� al paciente en la noche del 22 de octubre de 2007 (en virtud del �contrato para la prestaci�n de servicios de salud �modalidad para pago por evento-�, fls. 320 a 332), contingencias estas que imponen colegir que la prenombrada EPS s� estaba llamada a soportar las condenas que impuso el juez de primera instancia. 6.

PERJUICIOS. En cuanto a esto, de las dos apelantes la �nica que formul� un reparo frontal frente al fallo de primera instancia fue M�dicos Asociados, quien aleg�: (i) que �en la sentencia se reconoce a la esposa del difunto (Janeth Barbosa) la suma de $55�000.000 y all� mismo reconoce en favor de la compa�era permanente (Ingrid Adriana Fajardo Bejarano) la suma de $35�000.000, siendo que la esposa no figura como demandante en este asunto y la compa�era permanente no aport� sentencia judicial en la que se le reconociera tal condici�n� y (ii) que �en la sentencia se aprecia una ilegal acumulaci�n de condenas, ya que se ordenan intereses durante 95 meses fuera de la indexaci�n previamente decretada�. 6.1 Sobre lo primero, ha de precisarse que en la parte resolutiva del fallo de primera instancia no se hizo reconocimiento alguno en favor de Janeth Barbosa (quien ni siquiera fungi� aqu� como demandante), debi�ndose a�adir que en el expediente brilla por su ausencia partida del registro civil que demuestre que dicha se�ora, para el 27 de octubre de 2006, era la c�nyuge del se�or Hern�ndez Ulloa.

En lo que s� le asiste raz�n a la apelante, es en que no acert� el juez de primera instancia al dar por demostrado que entre el se�or Hern�ndez Ulloa e Ingrid Adriana Fajardo Bejarano hubiera existido una uni�n marital de hecho, pues ni as� se dijo en la demanda, ni tampoco de ello dan cuenta las probanzas que se recaudaron. Por el contrario, las testigos Nancy Jeaneth Triana Acero (amiga cercana de Hern�ndez Ulloa);

Aura Mar�a Esteban Tarazona (cu�ada de la se�ora Farjardo Bejarano) y Carmen Graciela Bejarano Moreno (madre de la prenombrada litigante), coincidieron en manifestar que entre el occiso y esta �ltima existi� apenas una �relaci�n de noviazgo� desde el a�o de 1999 y que, para la �poca en que tuvieron ocurrencia los hechos que ofrecen incidencia en este litigio, ellos dos ni siquiera compart�an el mismo techo (pues el se�or Hern�ndez Ulloa viv�a con sus padres e hijos), contingencias estas que no acompasan con el criterio de �permanencia� que se requiere para la conformaci�n de la uni�n marital de hecho que encontr� acreditada el juez a quo (art. 1�, L. 54 de 1990), de la cual, tampoco, se tiene noticia que hubiera sido declarada judicialmente.

Sin embargo, el vac�o probatorio que se comenta, no es �bice para que se reconozca a la se�ora Fajardo Bejarano una compensaci�n por el dolor que tuvo que soportar con ocasi�n de la muerte de su pareja y padre de su hija Ingrid Tatiana Hern�ndez Fajardo (fl. 12, c. 3). Ni la ley, ni la jurisprudencia establecen que ese espec�fico perjuicio (trat�ndose de personas que mantienen una relaci�n afectiva, sin compartir v�nculos de parentesco) s�lo es susceptible de indemnizaci�n en la medida en que se le cause al esposo o compa�ero permanente de la v�ctima.

Adem�s, las testigos arriba citadas dieron cuenta, en t�rminos generales, del nivel de afectaci�n que produjo en la se�ora Fajardo Bejarano la muerte de quien fue su compa�ero sentimental por m�s de 7 a�os y con quien tuvo una hija, de lo cual colige el Tribunal que s� hab�a lugar a un reconocimiento por da�o moral, s�lo que por cuant�a menor de la que dispuso el juez de primera instancia, quien por este concepto, aplic� el mismo monto con el que favoreci� a la madre, hermana y algunos hijos del occiso (de quienes es de esperar un grado mayor de afectaci�n, dado el parentesco cercano que los un�a).

As� las cosas, se modificar� el fallo de primera instancia, para reconocer a la se�ora Fajardo Bejarano $8�000.000 por perjuicio moral, compensaci�n que se estima suficiente por el dolor que ella tuvo que padecer con motivo de los hechos que dieron origen a este litigio. 6.2 Ya en lo que ata�e al segundo de los reparos que, en materia de perjuicios, formul� M�dicos Asociados, baste se�alar que los �intereses� que reconoci� el juez a quo por el lucro cesante a que conden� a las demandadas, fueron �nicamente los �legales�, previstos en el art�culo 2232 del C�digo Civil (6% anual), los cuales, por no involucrar componentes de actualizaci�n, pueden ser reconocidos junto con la respectiva indexaci�n. Ha precisado autorizada doctrina que �trat�ndose de actos il�citos, el da�o indemnizable causa intereses compensatorios desde el momento de su ocurrencia, hasta aquel en que se profiera la sentencia condenatoria.

Desde luego, no se trata de intereses moratorios, puesto que estos solo se causan cuando haya una deuda cierta, l�quida y exigible a cargo del responsable y ello solo se produce a partir del fallo (�). Si la distinci�n se hace, entonces es f�cilmente entendible la justificaci�n legal del inter�s compensatorio antes del fallo. Pues la v�ctima tiene derecho a reclamar indemnizaci�n de todos los perjuicios sufridos por la acci�n da�ina del responsable.

Y precisamente uno de esos perjuicios consiste en la privaci�n del rendimiento o inter�s que sufre la v�ctima por no poner a producir las sumas que perdi� tanto por el da�o emergente como por el lucro cesante�. Seg�n el mismo autor, �desde el punto de vista lucrativo, el dinero produce una tasa de inter�s fija que, seg�n el art�culo 1617 del C�digo Civil, es de 6% anual.

Esa es la utilidad que genera un capital. En una econom�a no inflacionaria esa tasa de inter�s no deber�a producir mayores oscilaciones. Por el contrario, y es lo que ocurre actualmente en la mayor�a de los pa�ses, las tasas de inter�s aumentan al ritmo de la inflaci�n: por ello vemos grandes diferencias entre el inter�s legal y el corriente y comercial, bancario o extrabancario.

En el fondo, estos �ltimos contienen no solo el inter�s lucrativo o puro, sino tambi�n el equivalente de la p�rdida del valor adquisitivo del capital. As� lo ha entendido la doctrina contempor�nea. De all� se desprende que el inter�s lucrativo o puro es compatible con la indexaci�n, pues ambos cumplen funciones distintas; como ya dijimos, el primero es la utilidad del dinero, en tanto que la segunda busca mantener su valor de cambio�. 7.

Las precedentes consideraciones, que involucran un despacho general frente a todos los motivos de informidad que esgrimieron las apelantes, contienen, a su vez, las razones por las cuales, a juicio de la Sala, no era atendible ninguna de las excepciones que las demandadas formularon en sus escritos iniciales de defensa. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, MODIFICA el numeral 2� de la sentencia que el 8 de julio de 2014 profiri� el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot�, en el proceso ordinario de la referencia, para disponer que, por perjuicios morales, �nicamente se reconoce a favor de Ingrid Adriana Fajardo Bejarano la suma de $8�000.000.

En lo dem�s, el fallo permanece inc�lume. Costas de segunda instancia a cargo de las demandadas. Liqu�dense por la Secretar�a de este Tribunal, incluyendo como agencias en derecho la suma de $5�500.000, seg�n lo estima el Magistrado Ponente. Cumplido, rem�tase el expediente al juzgado de origen. Notif�quese y c�mplase Los Magistrados OSCAR FERNANDO YAYA PE�A MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA JORGE HERN�N VARGAS RINC�N CSJ., sent. de 26 de noviembre de 2010, citada en fallo de la misma corporaci�n del 8 del 8 de agosto de 2011, exp. 00778 CSJ, sent. de septiembre 26 de 2002, exp. 6878. V�ase que es punto pac�fico entre quienes aqu� contienden que el se�or Hern�ndez Ulloa habr�a ingresado al centro de urgencias de la Cl�nica Federman entre las 8 y 10 de la noche del 22 de octubre de 2006 (ver hecho 1� de la demanda y el correlativo pronunciamiento de las demandadas, fls.70, 89 y 361). El Juez podr� deducir indicios de la conducta procesal de las partes. �ART�CULO�36.

En todos los casos la historia cl�nica deber� diligenciase con claridad. Cuando quiera que hay cambio de m�dico, el reemplazo est� obligado a entregarla conjuntamente con sus anexos a su reemplazante.� CSJ., sent. 28 de junio de 2011, exp. 1998 00869 CSJ., sent. de 13 de septiembre de 2002, exp. 6199 CSJ., sent. de noviembre 17 de 2011, exp. 00533 fls. 204 y 205, c. 2 Cfr. minutos 36:36; 39:10; 43:13 y 45:29 del CD visible a folio 52 del cuaderno 2. Ver, por v�a de ejemplo, las declaraciones que a estos respectos ofreci� Aura Mar�a Esteban Tarazona, min. 47:30, ib. TRATADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, Javier Tamayo Jaramillo, T.II, ed. 2010, editorial Legis, p�g. 788 y 789. Tamayo Jaramillo, Ob. cit. p�g. 725 y 726. OFYPVZ 2012 00635 01 PAGE 21 <rsw�� ' < P W X ] b v ~ � � � � 1 3 P s z � � � � � � � � � � (��Ƚ��ӵ��浽Ƚ�Ƚ��潢��Ƚ��hTb�h�W�5�CJaJh�{CJaJhTb�hk�CJaJh{fgCJaJhTb�h$�CJaJhTb�haw�CJaJho.CJaJhTb�h!gCJaJhTb�h�W�CJaJhTb�h�W�CJOJQJaJ;;<Ohi�� $��dh1$7$`��a$gd-ol$ &F �dha$gd-ol$a$gd-ol��`��gd)C#$a$gd)C#$dha$ �C�"gd)C# &F �dh(7IOZl FTV[bpy��0��ĸĩĩĚĚĚ�|m^m^m^OhTb�h%YuCJaJmH sH hTb�hBu�CJaJmH sH hTb�h��CJaJmH sH hTb�h��CJaJmH sH hTb�h�f�CJaJmH sH hTb�h*s#CJaJmH sH hTb�hc/CJaJmH sH h{fgCJaJmH sH hTb�h$�CJaJmH sH hTb�hk�CJaJmH sH hTb�haw�CJaJmH sH hTb�h�W�CJaJmH sH ��/0��mn��s $dh1$7$a$gd�yb $dh1$7$a$gd�7P $1$7$a$gd� W $dh1$7$a$$��d�1$7$`��a$gd� W$��dh1$7$`��a$gd��$��d�1$7$`��a$gd�>#$��dh1$7$`��a$gd�-8$��d�1$7$`��a$gdj{9��;cu��PS��,0:DEJ��ĵĵĵĵĵĵ��ĵ��yjhTb�hc/CJaJmH sH hTb�h�W�CJaJmH sH hTb�h&CJaJmH sH hTb�h1 �CJaJmH sH hTb�hJ�CJaJmH sH hTb�h�FCJaJmH sH hTb�h�M�CJaJmH sH hTb�h%YuCJaJmH sH hTb�hBu�CJaJmH sH hTb�h�92CJaJmH sH $��;=jklmn*��⦗��xiZK<hTb�h,rCJaJmH sH hTb�h�W�CJaJmH sH hTb�h=H�CJaJmH sH 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