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ANTECEDENTES La petici�n Los esposos Evelia Robayo D�az y Raimundo D�az Soler, actuando por conducto de apoderado judicial, acudieron ante la jurisdicci�n para que por el tr�mite del proceso ordinario se hicieran las siguientes declaraciones y condenas en contra de Clara In�s D�az Robayo y Jorge Enrique Quevedo Romero: a) Se declare que los demandante son los verdaderos compradores del inmueble identificado con el folio de matr�cula inmobiliaria No. 50N- 631126 de la Oficina de Instrumentos P�blicos de Bogot�. b) Se ordene a la se�ora Clara In�s D�az de Robayo cumplir la obligaci�n derivada del contrato celebrado con el se�or Raimundo D�az Soler y en tal raz�n, se le ordene a la primera transmitir a favor de los demandantes el derecho de dominio y propiedad sobre el inmueble materia de la litis.
B. Los hechos A. En sustento de las anteriores pretensiones se adujo en el escrito de la demanda que en el a�o 1982, Raimundo D�az Soler obtuvo una suma de dinero con motivo de una sentencia judicial que le result� favorable. En raz�n a que no sab�a leer ni escribir, y en un acto de confianza, confi� el dinero a su hija Clara In�s Diaz de Robayo, con el prop�sito de que lo administrara y en virtud de la misma, las partes no fijaron honorarios ni se firm� documento alguno en que constara tal acuerdo.
B. Manifiesta que con parte de este dinero, Clara In�s D�az Robayo, adquiri� a su nombre, por compra hecha mediante escritura p�blica No. 652 de 31 de marzo de 1986 otorgada en la Notar�a Octava de Bogot� a Inversiones Ortiz Ltda, el inmueble identificado con el folio de matr�cula No. 50N- 631126, ubicado en la calle 156� No. 19�-13. C. Adujo que entre Raimundo D�az Soler y Clara In�s D�az Robayo, acordaron verbalmente que en la escritura de compraventa del inmueble, se hiciera figurar como compradora a Clara In�s D�az Robayo, no obstante carec�a ella de dinero propio para realizar dicha compra, entendiendo de esta forma que los verdaderos propietarios eran los aqu� demandantes.
D. Se�ala que Clara In�s D�az Robayo qued� obligada a restituir al demandante, o a �ste y a la se�ora Evelia Robayo el derecho de propiedad del mencionado inmueble, en el momento en que aquel se lo solicitara. E. Posteriormente, los demandantes se trasladaron a vivir al inmueble junto con sus hijos, al que le practicaron diversas mejoras, entre otras, la construcci�n de tres alcobas, dos ba�os, una cocina, una Sala comedor, paredes y techos pa�etados y pintados, ocupando el segundo piso y destinando el primero para arriendo.
F. A petici�n de la se�ora Clara In�s D�az de Robayo, quien pasaba por una dif�cil situaci�n econ�mica, se le permiti� vivir en el primer piso junto con su esposo Jorge Enrique Quevedo y su menor hijo Jorge Leonardo Quevedo D�az desde hace m�s de 13 a�os, mientras que sus padres y hermanos continuaban habitando el segundo piso del predio.
G. Aduce que la demandada se ha negado poner la escritura p�blica a nombre de los demandantes, raz�n por las cual se dispusieron a verificar en el certificado de tradici�n y libertad del inmueble, encontrando que los demandados Clara In�s D�az Robayo y Jorge Enrique Quevedo afectaron a vivienda familiar el inmueble materia de este litigio, cuando los verdaderos propietarios son los esposos Raimundo D�az Solano y Evelia Robayo de D�az.
C. Lo acreditado en la instancia En auto de 19 de enero de 2004 se admiti� la presente demanda ordenando su notificaci�n al extremo demandado, diligencia que se surti� personalmente seg�n se constata en acta de 30 de abril del a�o 2004 (fl. 39 C. 1) y, actuando por conducto de apoderado judicial dieron contestaci�n a la demanda pronunci�ndose sobre cada uno de los hechos y proponiendo como medios de defensa las excepciones que denomin�: �Carencia de derecho para formular las pretensiones de la demanda e inexistencia de la obligaci�n deprecada�.
(Fl. 79-83 C.1). Como fundamento de lo anterior, se adujo que la demandada Clara In�s D�az Robayo, compr� el inmueble de marras cuando a�n era soltera con el producto de la compraventa de otro inmueble de su propiedad mediante escritura p�blica No. 781 de 24 de mayo de 1984 de la Notar�a Veintiocho de Bogot�, sumado a los ingresos que en el ejercicio de su profesi�n ha recibido.
Manifiesta que como buena hija ha permitido que sus padres habitaran el segundo piso del inmueble, no obstante los maltratos y amenazas que recibe de aquellos, circunstancia que motiv� la querella policiva ante la Estaci�n Primera de Usaqu�n. Tras el fallecimiento de la demandante Evelia Robayo de D�az, oper� la sucesi�n procesal por activa, en diligencia de 26 de octubre de 2004 se llev� a cabo la audiencia de que trata el art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil, sin que se obtuvieran resultados apreciables en derecho (fl. 162 C. 1).
Precluido el per�odo probatorio se corri� traslado para alegar de conclusi�n, facultad de la que hicieron uso ambos extremos del litigio. D. La sentencia apelada En sentencia de 15 de diciembre de dos mil seis, el fallador de primera instancia resolvi� declarar no probadas las excepciones de fondo propuestas por la pasiva y, en consecuencia, declar� que la demandada Clara In�s D�az Robayo obr� como mandataria oculta de los se�ores Evelia Robayo de D�az (fallecida) y Raimundo D�az Soler, en la suscripci�n de la escritura p�blica No. 652 de 31 de marzo de 1986 otorgada en la Notar�a Octava del C�rculo de Bogot�, por medio de la cual la precitada demandada adquiri� de la Sociedad denominada INVERSIONES ORTIZ LTDA, el inmueble urbano individualizado en dicho instrumento notarial.
Asimismo orden� a la demandada transferir a nombre de los demandantes el inmueble materia del mandato oculto dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria del citado fallo y, por consiguiente, no tiene ning�n derecho a conservar como propio el inmueble descrito en el premencionado instrumento, por lo que proceder� a entregarlo a la parte actora en el estado en que se encuentre, una vez en firme el presente fallo.
Finalmente orden� la cancelaci�n de la inscripci�n de la demanda que origin� el presente proceso y la cancelaci�n de la inscripci�n de la afectaci�n a vivienda familiar efectuada por los demandados, mediante escritura p�blica No. 012 de 16 de enero de 2001 de la Notar�a �nica de la Calera- Cundinamarca. En sustento de lo anterior adujo, en s�ntesis, que existi� un contrato de mandato oculto pactado en forma verbal, en el que actuaron como partes los demandantes en calidad de mandantes y la demandada Clara In�s D�az Robayo en calidad de mandataria, como personas plenamente capaces conforme a lo dispuesto en el art�culo 1504 del C�digo Civil.
Se�al� que la mandataria celebr� el contrato de compraventa del inmueble materia del litigio en su propio nombre, pero su intenci�n fue la de obtener resultados concernientes a intereses patrimoniales ajenos, que son los de sus mandantes de quienes provino el patrimonio para efectuar dicho negocio jur�dico y por el cual no hubo contraprestaci�n alguna debido a la relaci�n misma de los contratantes, es decir padres e hija.
E. La apelaci�n Inconforme con la determinaci�n del fallador de primera instancia, el gestor judicial del extremo pasivo del litigio interpuso recurso de apelaci�n a fin de obtener su revocatoria. En sustento de la anterior petici�n, se puso de presente que no obra en el plenario prueba fehaciente de que el se�or Raimundo haya entregado a su hija Clara In�s la suma de $40.000.000,oo, ni mucho menos del contrato de mandato a que alude el art�culo 2177 del C�digo Civil, pues no se preconstituy� la prueba de confesi�n a que alude el art�culo 2177 del C�digo Civil, ni de las pruebas testimoniales se desprende una verdad de apremio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Los presupuestos jur�dico-procesales que reclama la codificaci�n adjetiva para la correcta conformaci�n del litigio se establecieron a plenitud, como lo comprendiera el sentenciador de primer grado, por lo que la resoluci�n deb�a ser, como lo fuera, necesariamente de m�rito. 2. En aras de desatar la censura que ahora ocupa la atenci�n del Tribunal, el punto cardinal llamado a ser analizado, tiende a establecer si en el caso sub jidice efectivamente oper� un contrato de mandato oculto o sin representaci�n entre las partes, actuando los se�ores Raimundo D�az Soler y Clara In�s Robayo de D�az (q.e.p.d) como mandantes y Clara In�s D�az Robayo como mandatarios. 2.1.
Consagra el art�culo 2142 del C�digo Civil que �El mandato es un contrato en que una persona conf�a la gesti�n de uno o m�s negocios a otra, que se hace cargo de ello por riesgo y cuenta de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general, mandatario.� 2.2.
A su turno, el art�culo 2156 de esa normatividad y cuyo enunciado es claro: si el mandato comprende uno o m�s negocios �especialmente determinados se llama especial; si se da para todos los negocios del mandante, es general, y los ser� igualmente si se da para todos, con una o m�s excepciones determinadas�. �El mandato puede ser general, para todos los negocios del mandante -en palabras de la H. Corte Suprema- o puede estar m�s o menos restringido a uno o varios negocios, o a determinada gesti�n de naturaleza m�s o menos transitoria o duradera.
En todo caso es un mandato, llamado tambi�n poder, porque da la facultad de obrar comprometiendo al mandante� (sent. 21 de marzo de 1938. G.J. t, XLVI, 259). 3. Del contenido del art�culo 2142 de la codificaci�n civil sustantiva, se desprende que en el ejercicio de su encargo el mandatario puede obrar de dos maneras, a saber: a) En representaci�n del mandante, es decir, asumiendo su personer�a como si �ste fuera el que ejecutara o celebrara con terceros el acto o contrato; b) o en su propio nombre, sin representar al mandante, no dando noticias a terceros de la calidad en que obra.
Tambi�n a esta figura se le conoce como mandato oculto. �En el primero de estos dos supuestos �en palabras de la H. Corte Suprema- se trata del mandato representativo, que est� destinado a producir efectos no s�lo entre las partes que lo celebran sino tambi�n ante terceros, seg�n lo establece el art�culo 1505 del C�digo Civil. En el segundo, en cambio, el mandato no confiere representaci�n y por tanto sus efectos se limitan a los contratantes, seg�n el principio del efecto relativo de los contratos a que alude el art�culo 1602 ejusdem�. 3.1.
Es preciso dejar sentado, desde un comienzo, que el mandato es un contrato consensual por excelencia en el cual, previo un acuerdo de voluntades, una parte conf�a a la otra la gesti�n de uno o m�s negocios y �sta se obliga a su ejecuci�n por cuenta y riesgo de la primera, tal como lo define el precitado art�culo 2142 del C�digo Civil. Ese acuerdo apareja un verdadero contrato de mandato que podr� ser ya civil o ya comercial seg�n sea la naturaleza del acto que se va a celebrar. 3.2.
Entonces, como en todo contrato, el mandato requiere de un acuerdo de voluntades, acuerdo que se produce cuando el mandatario acepta el encargo que le otorga el mandante, lo que no quiere decir, que la declaraci�n de voluntad o consentimiento del mandante est� sometida a alg�n tipo de formalidad, tal y como lo contempla el art�culo 2149 de la ley sustancial, as� como tampoco la voluntad del mandatario se encuentra restringida a ning�n tipo de formalidad.
En cuanto al consentimiento del mandatario, �ste resulta ser requisito sine quanom para el perfeccionamiento del contrato de mandato, seg�n lo precept�a el art�culo 2150, el cual reza: �El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptaci�n del mandatario. La aceptaci�n puede ser expresa o t�cita. Aceptaci�n t�cita es todo acto en ejecuci�n del mandato�.
En consecuencia, el consentimiento del mandatario, puede manifestarse expresamente, es decir, haciendo una declaraci�n directa de que acepta, o en forma t�cita, ejecutando actos que conlleven su voluntad de aceptar el encargo, sin embargo, para que se tenga por manifestada la aceptaci�n del mandatario, se requiere de un acto positivo de �ste que exteriorice su voluntad. 4.
No obstante, con arreglo al art�culo 2149 del C�digo Civil, el acto de apoderamiento puede consistir incluso en �la t�cita aquiescencia de una persona a la gesti�n de sus negocios por otra�, por ello, la contemplatio domini como deber del agente, puede ser ir in re ipsa o darse per facta concludentia. En estos casos, el dominus confiere poder a una persona para que celebre por �l, a nombre propio, uno o varios negocios jur�dicos.
Entonces el agente, siguiendo sus instrucciones, obra a su nombre, pero por cuenta ajena, sin embargo, puede suceder que al desarrollar su gesti�n representativa, omita declarar que obra a nombre y por cuenta ajena, present�ndose la figura de la representaci�n indirecta, que en contraposici�n a la directa, donde el representado se convierte en parte sustancial del contrato, asumiendo la titularidad de la relaci�n, en �sta, el representado por regla general, no hace parte del contrato. 5.
En torno a los efectos del mandato sin representaci�n, la Corte ha dicho que la acci�n conocida en el derecho romano como la actio mandati directa de que dispone el mandante para que el mandatario le traspase los bienes provenientes del negocio sustitutivo es de naturaleza personal y no real; es decir, que le corresponde al primero iniciar aquella acci�n tendiente a que por la jurisdicci�n se le reconozca su derecho y consecuencialmente, el sustituto cumpla con la obligaci�n derivada del contrato de mandato.
En conclusi�n, aunque se reconozca al mandante como due�o, la obligaci�n del mandatario, que surge del mandato, es de hacer, y trat�ndose de una compraventa de un bien para el mandante que no quiere transferirle el mandatario, la acci�n de aqu�l solo tiene por finalidad que �ste cumpla la obligaci�n derivada del contrato de mandato, que es la transferencia del bien adquirido en virtud del negocio y no la declaratoria como due�o del mismo del mandante.
Como lo ha sostenido la H. Corte Suprema de Justicia, 'la acci�n para hacer efectivo el derecho del mandante en el caso de que el mandatario haya estipulado y adquirido en su propio nombre y se niegue a trasmitirle el derecho adquirido, la concede el art�culo 2177 del C�digo Civil al permitir el mandato oculto; nace de la celebraci�n misma del contrato y es una acci�n personal contra el apoderado para que se declare, a trav�s de un adecuado establecimiento probatorio del mandato, que los efectos del mandato corresponden al mandante y a �l lo benefician exclusivamente" (CLII, 153). 6.
Resulta oportuno recordar que el mandato oculto, al igual que la simulaci�n, dif�cilmente puede demostrarse con prueba directa, por cuanto lo que se busca con el ejercicio de la pretensi�n respectiva es descubrir la existencia de una autorizaci�n secreta, que usualmente no es expresa sino impl�cita, raz�n por la cual el interesado en evidenciarlo dispone de todos los elementos de prueba que puedan llevarle al juez la convicci�n de su ocurrencia, " no solo porque en tal supuesto lo que se busca es la demostraci�n de un contrato de mandato, el cual en nuestro derecho es t�picamente consensual, sino tambi�n y fundamentalmente porque no se trata en tal hip�tesis de acreditar las obligaciones generadas de un acto jur�dico solemne, otorgado con intervenci�n de un testaferro, sino el acuerdo preexistente entre �ste y el verdadero interesado en la negociaci�n" (Cas.
Civ. de 17 de mayo de 1976 - G.J. Tomo CLII. p�g. 154) 7. De acuerdo a los par�metros indicados en el art�culo 177 del C�digo de Procedimiento Civil, corresponde el peso de la prueba de la existencia del contrato de mandato al demandante. En la valoraci�n del testimonio debe aplicar el sentenciador, en esencia, las reglas de la sana cr�tica, que constituyen la llamada apreciaci�n racional de la credibilidad a que alude el art�culo 187 de la codificaci�n procesal civil, y cuyo valor demostrativo no se puede hacer depender exclusivamente del libre albedr�o judicial o de la soberan�a absoluta del juez en la apreciaci�n de esa prueba, en virtud a que el texto mismo dispone valorar la evidencia disponible en su conjunto, otorgando �razonablemente el m�rito que le asigne� a cada medio.
Lo que en esta materia conduce a afirmar que han de tomarse en consideraci�n las condiciones morales y sociales del testigo, las condiciones del objeto a que se refiere el testimonio, las circunstancias en que se haya percibido y aquellas en que se rinda la declaraci�n. Depurado de sus vicios se conocer� �la ciencia� del dicho del testigo, esto es, el grado de veracidad de que est� rodeada, la credibilidad que merezca luego de conocida �sta y el apoyo que al testimonio puedan prestarle otros elementos demostrativos contestes.
Es, en realidad, la �ciencia del dicho del testigo�, referida a la fuente de conocimiento que tenga respecto a los hechos sobre los cuales depone, uno de los principales derroteros encaminados a brindar al juez un seguro elemento de juicio para valorar el alcance probatorio del testimonio. Existe diferencia, y nada despreciable, entre �conocer los hechos con ciencia propia por haberlos percibido con los sentidos�, a dar informaci�n de ellos por referencia. ( ) La manifestaci�n del que tuvo bajo la directa inspecci�n de los sentidos, las circunstancias narradas en su testimonio tiene, sin lugar a dudas, mayor entidad evidenciadora que la de aquel que s�lo las deduce para la �ndole de los hechos que le son detallados en el interrogatorio o por el dicho de otros, y es justamente por esto que las normas de procedimiento se ocupan de se�alar, como uno de los requisitos para que la prueba por testigos pueda quedar revestida de eficacia, que estos den siempre raz�n fundada de la ciencia de cuanto declaran, es decir, que expresen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurri� el hecho, junto con las explicaciones atinentes al lugar, tiempo y modo como tuvieron conocimiento del mismo, imponi�ndole a su vez a los funcionarios al deber, hoy en d�a definido de manera categ�rica por el numera 3� del art�culo 228 del C�digo de Procedimiento Civil, de tomar especial empe�o en que el testimonio sea responsivo, exacto y completo ( )� (Corte Suprema de Justicia. Sent. 7 de septiembre de 1993.
M.P. Dr. Carlos Jaramillo Schloss). 7.1. Especial significaci�n revisten estas apreciaciones en torno al examen del grupo de testigos citados por la actora, en virtud a que �stos carecen de todo valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 228 del C�digo de Procedimiento Civil, toda vez, que en parte alguna especifican las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la demandada recibi� el encargo, cuales fueron las instrucciones en que se otorg�, en que lugar y fecha le fueron entregados los dineros por parte del demandante para llevar a cabo la gesti�n del negocio de la compraventa, s�lo afirman que el demandante es poseedor del predio objeto del proceso, quien lo habita y le ha realizado mejoras. 7.2.
En el interrogatorio de parte que absolviera la demandada Clara In�s D�az Robayo, manifest� que el dinero para adquirir el predio materia del litigio lo obtuvo de los ingresos percibidos durante el tiempo que se desempe�� como secretaria en la Compa��a Ericsson de Colombia y la Agencia Mercantil Ltda. en la cual devengaba aproximadamente un salario m�nimo para el a�o 1983 y de la comisi�n obtenida por la venta del lote ubicado en la Carrera 5� No. 129-18, respecto de la cual s�lo especifica que la adquiri� del se�or �Pepe Soto�.
Respecto al dinero que obtuvo el demandante, se�al� que �l y una hermana obtuvieron un dinero por concepto de cosechas y cercamientos hechos a unos lotes, los cuales los utiliz� el se�or D�az en la compra de una volqueta, afirmando que nunca adquiri� un apartamento con dichos dineros. (fls. 181 a 182 C. 1). Del interrogatorio absuelto por la demandada, no puede deducirse confesi�n alguna que lleve al Juez a la convicci�n o certeza de que �sta haya celebrado contrato de mandato alguno con los demandantes para llevar a cabo en su nombre y representaci�n la compraventa del inmueble objeto del proceso, todo lo contrario, la absolvente afirm� que compr� dicho inmueble, con recursos propios y por su propia cuenta y n� por encargo que le hicieran sus se�ores padres y aqu� demandantes. 7.3.
De la lectura de la Escritura P�blica No. 652 de 31 de marzo de 1986, no existe duda alguna que el inmueble ubicado en la calle 156� No. 19A-13, objeto del presente litigio, fue adquirido a t�tulo de compraventa, obrando la demandada Clara In�s D�az Robayo como �nica compradora y la Sociedad Inversiones Ortiz Ltda como vendedora (fls. 4-10 C. 1), sin que en modo alguno se involucraran los se�ores Raimundo D�az Soler y Evelia Robayo de D�az (q.e.p.d). 7.5.
Igualmente, en la Escritura P�blica No. 012 de 16 de enero de 2001 de la Notar�a �nica de La Calera, por medio de la cual la se�ora Clara In�s D�az Robayo y Jorge Enrique Quevedo Romero, constituyeron Afectaci�n a Vivienda Familiar, sobre el inmueble mencionado en los t�rminos de los art�culos 1� y 2� de la Ley 258 de 1996, acto en el cual figura como �nica titular del dominio la se�ora Clara In�s y en el cual tampoco se advierte la presencia de los demandantes. 8.
Suficientes son las anteriores razones para concluir que la sentencia impugnada ha de mantenerse inc�lume. III. DECISI�N En virtud a lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia que por v�a de apelaci�n ha revisado.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandada. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y DEVU�LVASE Los Magistrados, ARIEL SALAZAR RAM�REZ 2003 04533 01 EDGAR CARLOS SANABRIA MELO 2003 04533 01 LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ 2003 04533 01 PAGE 15 (Oad}~������W��� $ % ) f k ������;?����.1�������� #*#+#�%����������������������������������������������mH $sH $@�mH sH CJOJQJaJmH sH 5�6�\�]�5�\�CJOJQJaJmH sH 5�CJOJQJ\�aJ6�CJOJQJ]�aJCJOJQJaJ5�6�CJOJQJ\�]�aJ6�]�=(7NO~��DW����*+� ����������������������$a$dh$ &Fdha$$dha$��^��$�����^��`���a$$a$$a$d��]�]�� $ % f g ������:;��01���������������������������������$dha$$a$�������./�� k!l!##*#+#�%�%�%�%�&[(������������������������ &F��^��$��dh`��a$dh$dha$���`���%�%�%�%�%�%�&�&m'x'\(b(�(�)�)l,�,�,l.T0[0?2@2E2W4c4�4z5{5|5�6�6�6�6e7�7�7�7�78 8#8:8A8�:�:�:�������������̳����ՠ������|̠�����������̠�aJmH $sH $6�CJOJQJ]�aJmH sH CJOJQJaJmH sH $5�6�CJOJQJ\�]�aJmH sH CJOJQJaJmHsH6�CJOJQJ]�aJCJOJQJaJ5�6�CJOJQJ\�]�aJ5�CJOJQJ\�aJ5�CJOJQJ\�aJmH 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