13201200238 01 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� g� ��,�bjbjVV A�r<r<��PPPPP��ddd8�\�Td/"�LL"nnnIUa�!�!�!�!�!�!�!$�$��'��!PqIIqq�!PPnn��!��q�PnPn�!�q�!��*!v!n��PF��^B!�!�!0/"J!,(qL(v!(Pv!$i0�"��iii�!�!�:iii/"qqqq��(iiiiiiiii�$: $AUDIENCIA P�BLICA DE TR�MITE Y FALLO CELEBRADA EN EL PROCESO ORDINARIO LABORAL DE JUAN ANGEL CHARCO RODRIGUEZ contra INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y BANCOLOMBIA SA MAGISTRADO SUSTANCIADOR: DR. EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS En Bogot� D.C, a los veinti�n (21) d�as del mes de agosto del a�o dos mil trece (2013), siendo la hora se�ala en auto anterior para la celebraci�n de la presente AUDIENCIA, el Magistrado ponente la declar� abierta en asocio de los H. Magistrados con quienes integra la Sala de Decisi�n. De conformidad con el art�culo 6 de la Ley 1149 de 2007, se autoriza la grabaci�n y se extiende la anterior acta escrita, que es una s�ntesis de la Providencia. Con la comparecencia del apoderado de la parte demandante y la apoderada de BANCOLOMBIA S.A. Acto seguido el Tribunal procede en forma oral a dictar la siguiente, S E N T E N C I A DEMANDA El se�or JUAN ANGEL CHARCO RODRIGUEZ actuando mediante apoderado judicial, promovi� demanda Ordinaria Laboral de primera instancia en contra del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y BANCOLOMBIA S.A., para que mediante sentencia judicial, se condene a BANCOLOMBIA S.A. a reconocer y pagar la pensi�n de vejez a partir del 10 de octubre de 2008, junto con el retroactivo pensional, los intereses de mora y la indexaci�n de la primera mesada pensional.

De manera subsidiaria, solicita se condene al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y a BANCOLOMBIA S.A., a reconocer y pagar la pensi�n de vejez a partir del 10 de octubre de 2008, junto con el pago del retroactivo pensional, los intereses moratorios e indexaci�n, en la cuota parte que les corresponda a cada una de las entidades, costas y agencias en derecho.

Fundamenta sus peticiones en los hechos relacionados en la correspondiente demanda, visibles a folios 82 a 84 del expediente, que en s�ntesis se�alan, que labor� al servicio del Banco de Colombia hoy BANCOLOMBIA S.A. por los siguientes periodos, del 16 de mayo de 1965 al 10 de enero de 1969 en el municipio de Tabio y Tenjo y, del 9 de julio de 1969 al 11 de septiembre de 1987 en el municipio de Tabio, funciones que se desarrollaron durante 21 a�os, 9 meses y 27 d�as.

Precisa que trabaj� un total de 27 a�os, 10 meses y 27 d�as, adquiriendo un tiempo de cotizaci�n superior a las 1.447 semanas, sin embargo el ISS solo reporta un total de 840 semanas debido a que BANCOLOMBIA no realiz� los aportes comprendidos entre el 16 de mayo de 1965 y el 10 de enero de 1969. Indica que solicito ante el ISS el reconocimiento de la prestaci�n pensional, la cual fue resuelta negativamente mediante la Resoluci�n No. 07470 del 26 de febrero de 2009, confirmada mediante la Resoluci�n No. 025621 de 2010.

Manifiesta que solicit� el reconocimiento de la pensi�n de vejez ante BANCOLOMBIA S.A. por la omisi�n en el pago de los aportes pensionales, petici�n que fue decidida de manera adversa, por considerar que el ISS inicio la cobertura para los municipios de TABIO Y TENJO con posterioridad a 1972, fecha en la cual, esta empresa afili� al actor para los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

CONTESTACI�N DE DEMANDA La demandada COLPENSIONES, a trav�s de apoderado judicial, previa notificaci�n, contest� la demanda en los t�rminos visibles a folios 97 a 101, manifestando oponerse a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por considerar que lo le asiste derecho al reconocimiento de la pensi�n, por no cumplir las exigencias o requisitos que la Ley exige.

Se�ala que si bien, el demandante es beneficiario del r�gimen de transici�n, no cumple con los requisitos exigidos en el acuerdo 049 de 1990. Excepciones: propuso como excepciones, prescripci�n, inexistencia del derecho y de la obligaci�n, cobro de lo no debido, la no configuraci�n del derecho al pago de intereses moratorios, enriquecimiento sin causa.

A su turno, la demandada BANCOLOMBIA S.A., mediante apoderado judicial, previa notificaci�n, contest� el libelo demandatorio como obra a folios 189 a 207 del expediente, manifestando oponerse a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por considerar que no est� en cabeza de la demandada el reconocimiento y pago de la pensi�n de vejez, teniendo en cuenta que para la fecha en que inicio la relaci�n laboral, el ISS a�n no hab�a asumido los riesgos de vejez de invalidez, vejez y muerte en los municipios de TABIO y TENJO, contrario a lo ocurrido en el municipio de Zipaquir� donde la cobertura empez� a partir del 2 de enero de 1967 y lugar donde el demandante tambi�n labor�.

Excepciones: Propuso como excepciones buena fe, inexistencia de la obligaci�n, falta de t�tulo y causa en el demandante, cobro de lo no debido, pago, prescripci�n, compensaci�n, enriquecimiento sin justa causa y, todas aquellas que resulten probadas dentro del tr�mite del proceso. DECISI�N DE PRIMERA INSTANCIA Luego de surtido el debate probatorio, el Juzgado 13� Laboral del Circuito de Bogot�, en audiencia celebrada el 1� de agosto de 2013, resolvi�:

PRIMERO: ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy en liquidaci�n, representado en COLPENSIONES y, a BANCOLOMBIA S.A., de todas las peticionas incoadas en su contra por el demandante JUAN ANGEL CHARCO RODRIGUEZ SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante de conformidad con lo ya dicho. Lo anterior por considerar, que BANCOLOMBIA S.A. no se encontraba en la obligaci�n de realizar aportes para pensi�n, cuando el demandante labor� en los municipios de Tabio y Tenjo, pues para la data de la prestaci�n del servicio, no exist�a cobertura del ISS en dichos municipios.

En lo que respecta a las pretensiones subsidiarias, manifest� que de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, el actor no resulta ser beneficiario del r�gimen de transici�n y por lo tanto, su derecho pensional debe ser estudiado bajo la normatividad vigente, esto es, el art. 33 de la Ley 100 de 1993, sin que cumpla las semanas de cotizaci�n para el a�o 2008, motivo por el cual, absuelve a las demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACI�N La parte demandante interpone recurso de apelaci�n, por considerar si bien no se encuentra en controversia la relaci�n laboral suscrita con Bancolombia y los lugares donde se prest� el servicio, as� como la determinaci�n de que la pasiva no ten�a la obligaci�n de realizar los aportes, lo cierto que de conformidad con el art. 48 de la Constituci�n Pol�tica y los tratados internacionales, prima el derecho a la seguridad social y el pago de la pensi�n de vejez del demandante, pues conforme a reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, en especial la sentencia T-878 de 2010 se debe dar aplicaci�n al principio de igualdad.

Vista la actuaci�n y como la Sala no advierte causales de nulidad que Invaliden lo actuado, se procede a decidir, previas las siguientes, CONSIDERACIONES RECLAMACI�N ADMINISTRATIVA La parte actora cumpli� con el requisito de procedibilidad contemplado en el art�culo 6� del C.P.L. y de la S.S., modificado por el art�culo 4� de la Ley 712 de 2001, conforme se desprende de la Resoluci�n No. 07470 de 2009 proferida por el Instituto de los Seguros Sociales (fl.60), en igual sentido, se evidencia la reclamaci�n administrativa radicada ante BANCOLOMBIA S.A. el d�a 17 de febrero de 2010 (fl.73 a 77).

PROBLEMA JURIDICO De conformidad con las pretensiones invocadas en la correspondiente demanda, los planteamientos de primer grado y los argumentos esbozados por el recurrente en la sustentaci�n del recurso de alzada, esta instancia se permite determinar c�mo problema jur�dico a resolver, si procede la condena a BANCOLOMBIA S.A. por el reconocimiento y pago de la pensi�n de vejez del se�or Juan �ngel Charco Rodr�guez, lo anterior, por no haber efectuado el pago de aportes a pensi�n, por el periodo laborado en los municipios de Tabio y Tenjo, ya que no exist�a cobertura del ISS para los riesgos del IVM para la �poca.

El Actor no interpuso recurso de apelaci�n frente a la absoluci�n de COLPENSIONES, pero si frente a BANCOLOMBIA S.A. Para desatar el citado interrogante, es del caso se�alar que al analizarse todos los medios probatorios, de conformidad con el art�culo 60 y 61 del C.P.L. y de la S.S., en especial, certificado de existencia y representaci�n judicial de la demandada (fl.2 a 40), copia del registro civil de nacimiento y documento de identificaci�n del demandante (fl.45 y 46), copia del reporte de semanas cotizadas en pensiones (fl.47 a 51 y 58), copia de relaci�n de novedades (fl.52 a 56), copia de informaci�n de afiliado (fl.57), copia de la Resoluci�n No. 007470 de 2009 (fl.60), documento de fecha 19 de agosto de 2009 (fl.61), copia de recurso de reposici�n y en subsidio de apelaci�n (fl.62 a 64), copia de la Resoluci�n No. 025621 del 26 de agosto de 2010 (fl.65 y 66), copia de certificado laboral expedido por BANCOLOMBIA S.A. (fl.67 y 68), copia de derecho de petici�n radicado ante la pasiva (fl.69 y 60), copia de certificaci�n de vinculaci�n detallada (fl.71 y 72), reclamaci�n administrativa presentada ante BANCOLOMBIA S.A. (fl.73 a 77), comunicado de fecha 31 de marzo de 2010 (fl.78 y 79), certificaci�n de fecha 25 de octubre de 2010 (fl.80), copia del expediente administrativo obrante en COLPENSIONES (fl.110 a 174), copia del expediente administrativo allegado por BANCOLOMBIA S.A. (fl.208 a 259), se colige, que el actor cumpli� los 60 a�os de edad el d�a 9 de octubre de 2008, por haber nacido el mismo d�a y mes del a�o 1948 (fl.46), igualmente que prest� sus servicios a la demandada Bancolombia S.A. por el lapso del 16 de mayo de 1965 al 11 de septiembre de 1987, periodos laborados que se desarrollaron por dos etapas, a saber, del 16 de mayo de 1965 al 10 de enero de 1969 en los municipios de Tabio y Tenjo (Cundinamarca) y, del 9 de julio de 1969 al 11 de septiembre de 1987 en los municipios de Zipaquir� y Tabio (Cundinamarca), ejecutando como �ltimo cargo el correspondiente a administrador, tal como obra a folio 71 y 72, de manera similar se encuentra acreditado que el se�or CHARCO RODRIGUEZ cotiz� un total de 849 semanas al Instituto de los Seguros Sociales (fl.47).

Finalmente, se evidenci� que el actor al 1 de enero de 1967, hab�a laborado al servicio de Banco de Colombia hoy Bancolombia S.A. por el tiempo de 1 a�o, 6 meses y 14 d�as, supuestos f�cticos respecto de los cuales no existe discusi�n entre las partes procesales, en esta segunda instancia. Previo a resolver el sub judice, resulta necesario precisar, tal como lo establece el Juez de Conocimiento, que la subrogaci�n del riesgo de vejez fue establecida por el art�culo 72 de la Ley 90 de 1946, al indicar:

ARTICULO 72. �Las prestaciones reglamentadas en esta ley, que ven�an caus�ndose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguir�n rigiendo por tales disposiciones�hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo se�alado para cada caso. �Desde esa fecha empezar�n a hacerse efectivos los servicios aqu� establecidos, y dejar�n de aplicarse aquellas disposiciones anteriores.

Y ello fue as�, dado que con antelaci�n y, conforme al art 259 y 260 del CST, era el empleador quien se encontraba en la obligaci�n de suplir las prestaciones econ�micas propias del acaecimiento de la vejez en sus trabajadores, reconociendo las prestaciones pensionales previ� el cumplimiento de los requisitos de Ley. Sin embargo, la subrogaci�n de esta prestaci�n a cargo del Instituto de los Seguros Sociales, solamente tuvo su acaecimiento con la expedici�n del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de esa anualidad, que instaur� la normatividad propia para los riesgos del IVM y la obligatoriedad en la afiliaci�n, lo propio para los trabajadores que tuvieran un tiempo de servicios inferior a 10 a�os, contabilizados entre el inici� de la relaci�n laboral y hasta el 1� de enero de 1967, sin olvidar que esta afiliaci�n se desarroll� de manera gradual en el territorio colombiano. En esa medida, ha ense�ado la H. Corte Suprema de Justicia interpretando el primer r�gimen de transici�n del Sistema de Seguridad Social, entre otras en la sentencia rad. 38225 del 13 de marzo de 2012 con ponencia del H. M. Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas, que se presentaron diferentes supuestos jur�dicos para los trabajadores, dado el tiempo laborado al 1 de enero de 1967, a raz�n que los mismos fueron diferenciados en tres grupos, a saber: �Puestas as� las cosas, cabe recordar que es cierto que la Corte, en sentencia de 6 de mayo de 1998 (Radicaci�n 10.557), explic� la situaci�n de los trabajadores particulares para cuando el I.S.S. asumi� en el pa�s el cubrimiento del riesgo de vejez, en los siguientes t�rminos: �Pues ciertamente este tambi�n ha sido el criterio reiterado de la Corte sobre el particular, seg�n el cual es bueno recordar que cuando el I.S.S. asumi� el riesgo de vejez,, el derecho a la pensi�n de jubilaci�n o de vejez dividi� a los trabajadores en tres grupos, as�: 1.

Trabajadores que no hab�an completado los diez a�os de servicios continuos o discontinuos para un mismo patrono, y trabajadores que llevaban cualquier tiempo pero prestaban servicios a empresas cuyo capital no alcanzaba a $800.000.oo. 2. Trabajadores que ya hab�an completado los diez a�os, pero no hab�an llegado a los veinte al servicio de un mismo patrono con capital superior a $800.000.oo. 3.

Trabajadores que ya hab�an cumplido los 20 a�os de trabajo, continuos o discontinuos, al servicio de un mismo empleador con capital superior a $800.000.oo. �El primer grupo de trabajadores qued� excluido del derecho a la pensi�n consagrado en el art�culo 260 del C�digo Sustantivo del Trabajo y qued� sujeto a las normas que regulan el derecho a la pensi�n de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales. �El tercer grupo continu� con su derecho en los t�rminos del mencionado art�culo 260, a cargo del patrono, toda vez que el Instituto no asumi�, respecto de �stos, el riesgo de vejez. �Y los trabajadores del segundo grupo conservaron el derecho a la pensi�n de jubilaci�n tal y como estaba consagrado en el C�digo Sustantivo del Trabajo, pero el empleador puede continuar las cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales para que, cuando se cumplan los requisitos del caso, el I.S.S. comience a pagar la pensi�n de vejez correspondiente y el empleador solo quede obligado con la parte de la pensi�n que no alcance a cubrir el I.S.S.; es la que com�nmente se conoce con el nombre de pensi�n compartida. �En tales condiciones, el cargo se desestima�.

No obstante, tambi�n lo es que en fallo del 28 de septiembre de 2005 (Radicaci�n 25.759), precis� que la subrogaci�n del riesgo no ocurri� de manera inmediata, ni tampoco absoluta, pues el hecho de que el I.S.S. hubiera asumido a nivel nacional la cobertura de dichas contingencias no derivaba necesariamente y de forma inexorable, en que el trabajador que hubiera prestado el tiempo de servicios suficiente para adquirir el derecho, en t�rminos de equivalencia con las llamadas semanas de cotizaci�n, pudiera aspirar v�lidamente a la pensi�n por vejez, dado que, dependiendo de una situaci�n que por lo dem�s siempre le resultaba ajena, como fue la gradualidad de dicha cobertura atendidas las diferentes �reas y regiones donde alcanz� su plena operaci�n, pod�a cumplir o no la densidad de cotizaciones exigidas por la entidad de seguridad social.� (Resalta de la Sala) En esa medida y como lo ha precisado la Corte, es necesario establecer en el caso de autos, el tiempo de prestaci�n de servicios con el que contaba el actor a la entrada de cobertura de los riesgos del IVM por el Seguro Social y, a su vez, determinar en qu� lugar del territorio colombiano laboraba el se�or Charco Rodr�guez.

Pues bien, tal como se dej� sentado en l�neas precedentes, el actor ejecut� sus funciones al servicio de Bancolombia S.A., en una primera oportunidad, por el lapso del 16 de mayo de 1965 al 10 de enero de 1969, en los municipios de Tenjo y Tabio (Cundinamarca), territorios que conforme a la documental a folio 219 a 225 iniciaron su cobertura a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, pues con antelaci�n no registra su ingreso en los municipios con llamado a inscripci�n conforme al art. 27 del Decreto 3063 de 1989, tal como obra en la Circular 180 de 1992 (fl.219 a 225) y en la Cartilla Gu�a No. 2 sobre apertura de cada municipio del pa�s - fecha de que inicio el riesgo IVM expedido por el Instituto de los Seguros Sociales (fl.228 a 255) Motivo por el cual, sobra advertir que del 16 de mayo de 1965 (inicio de la relaci�n laboral) al 1 de enero de 1967, no exist�a la obligaci�n de afiliaci�n al ISS, pues se reitera, esta surgi� el 1 de enero de 1967 con la expedici�n del Decreto 3041 de 1996, ahora, del 2 de enero de 1967 al 19 de enero de 1969 (1 a�o, 6 meses y 14 d�as), el empleador Bancolombia S.A. no se encontraba obligado o en mora de afiliaci�n y cotizaci�n, pues tal como se se�al�, en los municipios de Tabio y Tenjo a�n no se hab�a implementado la cobertura para los riesgos del IVM, estatuida por el Decreto 3041 de 1966.

En lo que respecta a la segunda vinculaci�n, correspondiente al 9 de julio de 1969 al 11 de septiembre de 1987, se tiene seg�n certificado a folio 78 y 79, que: Por el periodo del 9 de julio de 1969 al 1 octubre de 1972 (3 a�os, 2 meses y 20 d�as), el actor labor� en el municipio de Tenjo, sin existir obligaci�n en la afiliaci�n (fl.78) Del 2 de octubre de 1972 (fl.227) al mes de enero 1975, (2 a�os, 3 meses) fue trasladado al municipio de Zipaquir� (Cundinamarca), territorio que inici� su cobertura a pensi�n por el ISS el d�a 2 de enero de 1967 (fl.219 y 230) y, fue por dicha raz�n, que la entidad bancaria afili� al actor a Seguro Social, folio 47.

Por el lapso del mes de enero de 1975 al 8 de abril de 1980 (5 a�os, 4 meses y 8 d�as), folio 47, el se�or Juan Charco prest� sus servicios nuevamente y, por decisi�n de la pasiva, en el municipio de Tenjo (Cundinamarca). Finalmente, por el periodo del 9 de abril de 1980 al 11 de septiembre de 1987 (7 a�os, 5 meses y 2 d�as) fecha de finalizaci�n del contrato de trabajo, el actor labor� en el municipio de Zipaquir� (Cundinamarca).

As� las cosas, se evidencia en primera medida, que el total de tiempo servido por el se�or Juan Charco Rodr�guez al servicio de BANCOLOMBIA S.A., desde el 16 de mayo de 1965 a la fecha de su afiliaci�n al Seguros Social (2 de octubre de 1972), lo fue por un total de 7 a�os, encontr�ndose inmerso en el grupo No. 1 de trabajadores, a saber trabajadores que no hab�an completado los diez a�os de servicios continuos o discontinuos para un mismo patrono, quedando as� excluido del derecho a la pensi�n consagrada en el art. 260 del CST y sujeto a las normas que regulaban el derecho a la riesgos de vejez a cargo del ISS, en teor�a, pues dadas las particularidades propias de este proceso, lo que evidencia esta Sala de Decisi�n, es que si bien el actor puede ser beneficiario de la pensi�n de vejez por parte del Seguro Social, lo cierto es que dada la falta de legislaci�n e implementaci�n de los riesgos del I.V.M. en todo el territorio Nacional, se colige una flagrante vulneraci�n a los derechos propios a la seguridad social para los trabajadores, pues en principio no pueden acceder a los derechos estatuidos en el art. 260 del CST ni a los derechos pensionales a cargo de la Entidad Administradora del R�gimen de Prima Media con Prestaci�n Definida, de que trata el Decreto 3041 de 1966, quedando totalmente desprotegidos en su derecho fundamental.

Suma precisar, tal como se estableci� en l�neas anteriores, que el actor inici� su cobertura para los riegos de la vejez al ser trasladado al municipio de Zipaquir� el d�a 2 de octubre de 1972 y, que posterior a ello, fue nuevamente el reubicado al Municipio de Tenjo en el mes de enero de 1975 al 8 de abril de 1980, ello es, por 5 a�os, 4 meses y 8 d�as, encontr�ndose ya afiliado a los riesgos del IVM.

De los anteriores supuestos facticos, evidencia esta Colegiatura, que en principio no existir�a obligaci�n a la pasiva en el reconocimiento y pago de la pensi�n de vejez, pues se reitera, no exist�a la obligaci�n de afiliaci�n y cotizaci�n al Seguro Social en los municipios de Tenjo y Tabio, de no ser, porque la actual modulaci�n de la Corporaci�n de cierre de la Jurisdicci�n Laboral, entre otras, rad. 38225 del 13 de marzo de 2012 con ponencia del H. M. Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas, ense�an que si el trabajador ya se encontraba afiliado al sistema de seguridad social y, �ste es trasladado nuevamente a un territorio en el cual no exist�a cobertura por el ISS, �l accionante tiene derecho a su pensi�n de vejez, pues se evidencia una vulneraci�n al derecho a la seguridad social del trabajador, as� estableci� la Alta Corte: �Y frente a tan particular situaci�n consider� la jurisprudencia bien podr�a caber responsabilidad al empleador, cuando quiera que la dicha falta de cotizaciones para la obtenci�n del derecho pensional por parte del trabajador, que cumpli� con toda suficiencia los tiempos de servicios frente aqu�l, los cuales antes de la subrogaci�n del riesgo por parte del I.S.S., le hubieran dado el derecho pensional sin lugar a discusi�n, no le fuera en manera alguna imputable al mentado trabajador.

Al efecto, as� asent� la Corte: �De acuerdo con lo acotado, a primera vista se podr�a pensar que tiene sustento la postura del recurrente, por virtud de que siendo la fecha de ingreso del actor el 18 de noviembre de 1963, y que conforme se desprende de la certificaci�n de folio 64, el Instituto de Seguros Sociales di� inicio a la cobertura en el Municipio del Espinal (Tolima) a partir del d�a 2 de febrero de 1970, lugar donde en un principio el trabajador prest� sus servicios, �ste se ubica dentro del grupo de trabajadores con menos de 10 a�os de servicios, y por consiguiente su derecho pensional estar�a sujeto en su integridad a los reglamentos de ese Instituto, quedando subrogada la pensi�n de jubilaci�n, aunado a que durante el tiempo que aquel trabaj� en Melgar (Tolima), no hab�a en ese sitio cubrimiento y por tanto no exist�a la posibilidad de cotizar para el riesgo de vejez, dado que como se lee en la citada certificaci�n, all� la cobertura tuvo lugar mucho tiempo despu�s del retiro del trabajador, espec�ficamente desde el 1� de abril de 1994. �Empero en el asunto bajo examen, nos encontramos frente a un caso especial�simo no regulado en los acuerdos o reglamentos del Instituto de Seguros Sociales sobre el r�gimen de la pensi�n de vejez a cargo de esa entidad, puesto que de los 25 a�os de servicios continuos e ininterrumpidos que el demandante le prest� al banco demandado, solamente cotiz� entre el 2 de febrero de 1970 y 16 de octubre de 1974, esto es, es algo m�s de 4 a�os, y luego a partir del 1� de enero de 1982 con intervalos de tiempo y solamente en algunos ciclos habidos hasta cuando se produjo su retiro que lo fue el 19 de noviembre de 1988, seg�n consta en la historia laboral emanada del ISS obrante a folio 65 y 66. �Acogiendo los supuestos f�cticos indiscutidos en el proceso, encontramos que el accionante se vincul� al BANCO DE COLOMBIA S.A. y comenz� a laborar el 18 de noviembre de 1963 en la ciudad del Espinal (Tolima), donde se llam� a inscripci�n s�lo a partir del 2 de febrero de 1970, fecha en la cual a �ste se le afiliado al ISS, alcanzando a cotizar en esa regi�n hasta el 16 de octubre de 1974, pues a partir de ese momento su empleador lo traslad� al Municipio de Melgar (Tolima) en el que no exist�a cobertura, y en tales condiciones prest� sus servicios hasta su retiro definitivo (19 de noviembre de 1988), dejando claro que a partir del a�o 1982 se hicieron algunos aportes espor�dicos efectuados en otra ciudad, seg�n la correspondiente historia laboral. �En los t�rminos anotados, no resulta l�gico, razonado, ni justo entender que un trabajador con 25 a�os de servicios a un mismo patrono, no tenga derecho a su pensi�n, por el hecho de no encuadrar su situaci�n en alguna de las alternativas que le permitan que la demandada o la entidad de seguridad social asuman el riesgo de vejez, con el argumento de que por el tiempo de servicios que ten�a al momento de la afiliaci�n al Seguro Social (menos de 10 a�os), sumado a la falta de cobertura en el �ltimo lugar donde labor�, se entrar�a a exonerar de responsabilidad a su empleador; y a su turno, por no tener las semanas de cotizaci�n suficientes, el ISS no estar�a en la obligaci�n de reconocer esa carga prestacional; dejando al empleado en una posici�n de inequidad, al tener que sufrir injustificadamente unas consecuencias frente a las que no tiene culpa alguna. �En el anterior orden de ideas, estima la Sala que por virtud de la finalidad que deben tener las normas protectoras de la seguridad social, antes y despu�s de la reforma introducida por la Ley 100 de 1993, la inscripci�n o afiliaci�n al sistema debe tener vocaci�n de permanencia, pues no tiene ning�n sentido que a un trabajador que prest� sus servicios por espacio ininterrumpido de 25 a�os a un empleador bajo un mismo contrato de trabajo, donde parte de su vida laboral permaneci� por fuera de la cobertura del ISS, se le impida tener derecho a la pensi�n, y con mayor raz�n como sucede en el sub lite, que la p�rdida al beneficio de la seguridad social fue propiciada por el patrono al trasladarlo a una zona sin cobertura social. �La verdad es que, ese traslado del lugar de trabajo, a uno donde no hay cobertura, de una persona que ven�a gozando de afiliaci�n, sin que se entrara a garantizar el derecho a la seguridad social protegido legal y constitucionalmente (art�culos 48 y 53 de la Constituci�n Pol�tica), as� se aduzca la no responsabilidad del empleador arguyendo no estar obligado a cotizar por falta de cobertura, no tiene la identidad suficiente que conlleve a evitar que el trabajador afectado pueda reclamar la pensi�n a su patrono, que cuando se presenta controversia como en el asunto de marras sea el operador judicial quien defina el derecho seg�n lo acontecido. �Es que habr�a que entender a m�s de lo anterior, que es razonable concluir, que para efectos de la seguridad social, cuando el trabajador es trasladado bajo un mismo contrato de trabajo a un municipio donde no exista cobertura del ISS, teniendo en su haber solamente una cotizaci�n temporal y no permanente, precaria para la obtenci�n de una pensi�n de vejez, que se pueda considerar nuevamente para esos precisos fines, como si la relaci�n laboral se reiniciara, pues no es l�gico que en esa otra etapa se mantenga por m�s de 10 a�os sin seguridad social, antes de que se pueda presentar en el nuevo lugar de trabajo el llamado a inscripci�n, sin que le asista responsabilidad alguna a ese empleador, como se pretende sostener que fue lo que finalmente tuvo ocurrencia en el sub examine, en donde se dej� de cotizar permanentemente entre el 16 de octubre de 1974 y el 19 de noviembre de 1988, esto es, por m�s de 14 a�os. �Por todo lo acotado, la soluci�n que dio el fallador de alzada a la presente controversia es la que m�s se aviene en estricto derecho a la luz de la ley y la Constituci�n, lo cual no va en contrav�a de los pronunciamientos jurisprudenciales anteriores que se mantienen vigentes, como es el caso de la sentencia del 8 de noviembre de 1976 radicado 6508 y por tanto la obligaci�n pensional a favor del demandante, mientras el Instituto de Seguros Sociales no asuma el riesgo, en justicia debe quedar a cargo del empleador llamado al proceso�.

Ahora bien, para el presente caso ya se dijo, sin controversia alguna en el recurso, que el actor prest� sus servicios al hoy recurrente por t�rmino de 20 a�os y 317 d�as entre el 20 de septiembre de 1963 y el 6 de agosto de 1984; que fue afiliado al I.S.S. por su empleador cuando dicha entidad inici� la asunci�n de riesgos en el pa�s; que entre el 20 de septiembre de 1963 y el 1� de enero de 1967, esto es, 3 a�os, 3 meses y 11 d�as, �, en otros t�rminos, durante 171.29 semanas estuvo sin afiliaci�n ni cotizaci�n a seguridad social por no tener su empleador la obligaci�n legal de hacerlo, y que por prestar dichos servicios al mismo empleador en zonas geogr�ficas donde no hab�a cobertura del I.S.S. para la �poca, no cotiz� 5 a�os, 6 meses y 16 d�as, �, en otras palabras, 290 semanas, las cuales, de haberse podido contabilizar en su momento, en atenci�n a lo previsto por los art�culos 10 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por Decreto 3041 del mismo a�o, y 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 0758 de esa misma anualidad, le hubieran permitido acceder a la pensi�n de vejez por contar con m�s de 500 semanas durante los 20 a�os anteriores al cumplimiento de la edad (1972-1992), a las que s� cotiz� al servicio del demandado seg�n la Resoluci�n 005181 de 1993 (folio 8), en n�mero de 363, lo que le hubiera dado un total de 653 semanas cotizadas.

De suerte que, si bien no es dable calificar el proceder del empleador como jur�dicamente �omisivo�, habida cuenta de que la falta de cotizaci�n por el actor al I.SS., se deber�a al hecho de que en el �rea o localidad donde se cumpl�a el trabajo pod�a no haber cobertura por parte de la entidad de seguridad social, tampoco pod�a desconocerse que al ser propiciada por el ejercicio de una facultad patronal, como lo es el ius variandi, que se traduce en la potestad de reubicaci�n del trabajador de acuerdo a las necesidades y conveniencias de su empleador, con ella se perjudicar�a al trabajador, como aqu� en efecto ocurri�.

En tal sentido fue que la Corte en la sentencia de 28 de septiembre de 2005 tom� camino por la aplicaci�n de cometidos superiores, teniendo en cuenta, se repite, que la gradualidad regional en la cobertura por parte del I.S.S., y el mismo ejercicio del ius variandi laboral, en manera alguna tocan con la individual libertad y voluntad del trabajador, pero, como en este caso, si ese ejercicio lo afecta en un derecho que est� respaldado y protegido por principios propios y de mayor envergadura como lo son los de la seguridad social, hay en ello raz�n suficiente para que el empleador deba asumir la prestaci�n hasta que el Instituto de Seguros Sociales otorgue la de vejez cuando se cumplan los requisitos de sus pertinentes acuerdos en atenci�n a la particular situaci�n del actor.� (Resalta de la sala) En el mismo sentir, en sentencia Rad. 25759 del 29 de septiembre de 2005 con ponencia del H. M. Dr. Luis Javier Osorio L�pez, la Corte Suprema de Justicia en un proceso de similares caracter�sticas y contra la misma entidad accionada BANCOLOMBIA S.A., resolvi� bajo los mismos presupuestos jur�dicos antes relatados y conden� al reconocimiento y pago de la pensi�n de vejez conforme el Acuerdo 049 de 1990, de conformidad con el art. 72 de la Ley 90 de 1946.

As� las cosas, esta colegiatura acoge los planteamientos jurisprudenciales de la Alta Corporaci�n en aplicaci�n al principio de obligatoriedad del precedente y la aplicaci�n de la jurisprudencia por extensi�n de que tratan los arts. 2 a 10 y 102 del nuevo C�digo Contencioso Administrativo, proceder� a condenar a BANCOLOMBIA S.A. al reconocimiento y pago de la pensi�n de vejez del se�or Juan �ngel Charco Rodr�guez, en el entendido que se vulner� su derecho a la seguridad social, por hab�rsele imposibilitado para continuar con las cotizaciones a pensi�n, pues el traslado del lugar de trabajo a un municipio donde no exist�a cobertura del ISS, por el lapso de 5 a�os, 4 meses y 8 d�as, lo que corresponde a 278.34 semanas cuando ya gozaba con una afiliaci�n, afecta tajantemente su derecho prestacional propio, m�s a�n, cuando labor� al servicio de la pasiva por m�s de 21 a�os, 6 meses y 5 d�as.

Respecto a la norma pensional y, seg�n lo establecido por la jurisprudencia de precedencia, ha de acogerse el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad, vigente y aplicable por transici�n al actor dada la naturaleza de la entidad donde ejecut� sus servicios, conforme al art. 36 de la Ley 100 de 1993, pues a la fecha de entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral (1 de abril de 1994) contaba con 45 a�os de edad (fl.46).

Sin que encuentre acierto esta Sala de Decisi�n en la manifestaci�n del Juez de Conocimiento al se�alar que no cuenta con las 750 semanas que establece el Acto Legislativo No. 01 de 2005 al 25 de julio de 2005, pues el se�or Juan Charco supera ostensiblemente ese quantum. Aunado a lo anterior, suma advertir la imposibilidad en aplicar el art. 260 del CST, pues el mismo fue derogado por expresa remisi�n del Decreto 3041 de 1966, para los trabajadores que contaban con menos de 10 a�os de labores a la fecha de inicio de cobertura del ISS en el territorio donde prestaban sus servicios, tal como qued� establecido al inicio de esta providencia y, seg�n lo decidido en la sentencia 38225 del 13 de marzo de 2012.

As� las cosas, siendo que BANCOLOMBIA S.A. cotiz� al Seguro Social para los periodos del 1 de noviembre de 1972 al 1 de noviembre de 1975, del 9 de abril de 1980 al 30 de septiembre de 1982 y del 1 de octubre de 1982 al 31 de agosto de 1987 un total de 542.43 semanas (fl. 47), como trabajador dependiente al servicio Tito Ra�l Charco Rodr�guez el total de 306.57 semanas y, sumadas a las 278.34 semanas por no cotizaci�n de la demandada BANCOLOMBIA S.A. por el lapso del 5 a�os, 4 meses y 8 d�as, nos da un total de 1.127 semanas aportadas para los riesgos de I.V.M., igualmente se acredit� que el actor cumpli� los 60 a�os de edad el d�a 9 de octubre de 2008, por haber nacido el mismo d�a y mes del a�o 1948 (fl.46).

Evidenci�ndose el cumpliendo de los requisitos establecidos por el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, que indic�: �ART�CULO

12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendr�n derecho a la pensi�n de vejez las personas que re�nan los siguientes requisitos: a) Sesenta (60) o m�s a�os de edad si se es var�n o cincuenta y cinco (55) o m�s a�os de edad, si se es mujer y, b) Un m�nimo de quinientas (500) semanas de cotizaci�n pagadas durante los �ltimos veinte (20) a�os anteriores al cumplimiento de las edades m�nimas, o haber acreditado un n�mero de un mil (1.0.00) semanas de cotizaci�n, sufragadas en cualquier tiempo.� Respecto a la fecha de reconocimiento de la pensi�n de vejez, esta Sala de Decisi�n ha de aplicar el art. 13 de la normatividad en cita, que establece que para la liquidaci�n de la prestaci�n ha de tenerse en cuenta todas las semanas aportadas, previo el retiro del sistema, que para el caso de autos lo fue el 1 de julio del 2010 (fl.47).

Efectuados los correspondientes c�lculos aritm�ticos, con apoyo del Grupo Liquidador de la Rama Judicial, prorrogado mediante el Acuerdo PSAA 13- 9963 de 2013, se condena a BANCOLOMBIA S.A. al reconocimiento y pago de la pensi�n de vejez del se�or Juan �ngel Charco Rodr�guez a partir del 1 de julio de 2010 en cuant�a inicial de $841.993.66, hasta la fecha en que el Seguro Social subrogue la pensi�n de vejez, cuando se cumplan los requisitos de sus pertinentes acuerdos en atenci�n a la particular situaci�n del actor.

Al respecto, es del caso se�alar que en el caso de autos, no puede aceptarse la tesis o la interpretaci�n, de que los trabajadores asuman la p�rdida del derecho a la jubilaci�n o al riesgo de vejez por la circunstancia de que el ISS, �nica entidad que asumi� los riesgo del I.V.M. en la d�cada del 1966 lo haya hecho en forma deficiente, inoperante hasta el punto que no tuvo cobertura nacional, y por ende, los trabajadores, no puedan adquirir el citado derecho por haber prestado sus servicios en territorios donde no cotizaban por falta de cobertura del ISS hoy en sucesi�n procesal COLPENSIONES En efecto, las fallas de los servicios p�blicos, en especial de la seguridad social, no se pueden trasladar a los usuarios, en este caso los trabajadores, pues sostener lo contrario, vulnera lo establecido por el art. 48 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia seg�n el cual el derecho a la seguridad social es irrenunciable, a m�s de que tampoco tiene presentaci�n de que las normas de seguridad social y de la pensi�n de jubilaci�n, no se apliquen a una persona que ha prestado sus servicios personales para una entidad con el fin de construir una pensi�n de jubilaci�n o un riesgo de vejez, pues ser�a dar una interpretaci�n contraria al principio �INDUBIO PRO OPERARIO�, reglado en el art. 25 de Constituci�n Pol�tica, art 21 del CST y desarrollado en las decisiones de la H. Corte Constitucional C- 168/95 y T 519/00 y T 883/06, como ser�a en el caso de autos, al no permitir establecer una subrogaci�n de la pensi�n de jubilaci�n por el riego de vejez, ni tampoco aceptar una pensi�n de jubilaci�n por tiempo servido a cargo de su empleador, pues la calidad de trabajador no solamente es el derecho a la estabilidad y su remuneraci�n sino tambi�n lleva impl�cito las prestaciones ordinarias y especiales a que le asisten por Ley, y la protecci�n a la vejez es un derecho laboral a que tiene derecho todo trabajador, sostener lo contrario es coartarle el derecho adquirido, o la mera expectativa para adquirir su protecci�n legal, raz�n por la cual, deber� condenarse a la citada pensi�n de vejez a BANCOLOMBIA S.A, mientras es subrogado por COLPENSIONES, acorde con la argumentaci�n jurisprudencial de la Corporaci�n de cierre de la Jurisdicci�n Laboral, ya trascrita en algunos ac�pites en este decisi�n. (ver entre otras, la sentencia de la H. Corte Constitucional C-787 de 2010 y art. 72 de la Ley 90 de 1946) PRESCRIPCI�N Precisa la Sala que frente a los conflictos de que conoce la jurisdicci�n ordinaria laboral, los art�culos 151 del CPL y SS y el 448 del CST, disponen que las acciones que emanen de las leyes sociales prescriben en tres a�os, y que el simple reclamo escrito que realice el trabajador recibido por el patrono, o en el evento de la seguridad social la reclamaci�n escrita que eleve el interesado ante la entidad.

Ahora bien, en el asunto de la referencia, y en raz�n a que la pasiva, en el escrito contestatario propone la excepci�n de prescripci�n, se tiene que la accionante present� ante BANCOLOMBIA S.A. reclamaci�n de la pensi�n de vejez el 16 de febrero de 2010 (fl.73 a 77) y, hasta el 26 de marzo de 2012 (fl.91) present� la demanda en la jurisdicci�n ordinaria laboral, motivo por el cual, evidencia esta instancia que no oper� el fen�meno del trienio prescriptivo.

Motivo por el cual, se condena al retroactivo pensional por las mesadas causadas con posterioridad al 1 de julio de 2010, suma que al 31 de julio de 2013 asciende a $38�897.719.93. COSTAS. Se revoca la liquidaci�n de costas efectuada en primera instancia, para en su lugar condenar en costas a la parte demandada BANCOLOMBIA S.A., t�sense por el A-quo.

En esta segunda instancia sin costas dado el resultado de la alzada. En m�rito a lo expuesto EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C., SALA LABORAL, Administrando Justicia en Nombre de la Rep�blica de Colombia y por Autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 13� Laboral del Circuito de esta ciudad, celebrada en audiencia p�blica el d�a 1 de agosto de 2013, en el proceso ordinario de la referencia, para en su lugar, CONDENAR a BANCOLOMBIA S.A., a reconocer y pagar la pensi�n de vejez al se�or JUAN ANGEL CHARCO RODRIGUEZ a partir del 1 de julio de 2010, en cuant�a inicial de ochocientos cuarenta y un mil, novecientos noventa y tres pesos con sesenta y seis centavos ($841.993.66) y, hasta la fecha en que el Seguro Social subrogue la pensi�n de vejez, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a BANCOLOMBIA S.A. a reconocer y pagar a la activa el retroactivo pensional, suma que asciende al 31 de julio de 2013 al monto de treinta y ocho millones, ochocientos noventa y siete mil setecientos diecinueve pesos con noventa y tres centavos ($38�897.719.93).

TERCERO: DECLARAR NO PROBADA la excepci�n de prescripci�n, propuesta por la parte demandada BANCOLOMBIA S.A.

CUARTO: CONFIRMAR la absoluci�n en lo que respecta a COLPENSIONES.

QUINTO: COSTAS. Se revoca la liquidaci�n de costas efectuada en primera instancia, para en su lugar condenar en costas a la parte demandada BANCOLOMBIA S.A., t�sense por el A-quo. En esta segunda instancia sin costas dado el resultado de la alzada. El anterior fallo, queda legalmente notificado en ESTRADOS a las partes. EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS MILLER ESQUIVEL GAITAN LILLY YOLANDA VEGA BLANCO PAGE PAGE 17 Rep�blica de Colombia 13201200238 01 Tribunal Superior Bogot� Sala Laboral EXP.99170407 T Rv�� NOPbclu�� "#01��Ǳ��ul`U`Ul`MU`lhY^�mH sH h� �hY^�mH sH h� �hY^�5�mH sH hY^�5�mH sH h� �hY^�CJaJh<ChY^�mH sH hY^�CJaJh� �hY^�^JhY^� hY^�^Jh� �hY^�mH sH *h<ChY^�5�6�CJOJQJaJmH sH 'h<ChY^�6�CJOJQJaJmH sH !hY^�6�CJOJQJaJmH sH hY^�5�h� �hY^�5�h� �hY^�� NOPbckl��$dh@&a$gdY^�gdY^�$a$gdY^� $dha$gdY^� $dha$gdY^�$a$gdY^�$dh&d*$P��a$gdY^�1235^euvwxy{/ � � � 45��,,n{��J��*67Xmt�� 6�� HI}�>@��ƵƵƵƵƵ�Ƶ��ƹ��ƵƵƵhY^�h� �hY^�5� hY^�5�h� �hY^�hY^�mH sH h� �hY^�mH sH h� �hY^�5�\�hY^�5�mH sH h� �hY^�5�mH sH G��|}��."/"�"�"�"�"�"�$�� $dha$gdY^�$ �dha$gdY^� $dha$gdY^�dhgdY^�$dh@&a$gdY^�@��%*+8GHj��CEcl��;Cm��|}��͸��͸��͸��͗�t h� �hY^�CJOJQJ^JaJ#h� �hY^�5�CJOJQJ^JaJhY^�5�CJOJQJ^JaJ"hY^�CJOJQJ^JaJmH sH (h� �hY^�CJOJQJ^JaJmH sH +h� �hY^�5�CJOJQJ^JaJmH sH h� �hY^�5�^Jh� �hY^�5�hY^�h� 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