Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 11001 3103 030 2001 00909 02

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Oscar Fernando Yaya Peña

Fecha: 2015-01-27

Sujetos procesales: MAURICIO PAZ MATUK Y NATHALIE DEL SOCORRO RIVERA CARREÑO / BANCO CENTRAL HIPOTECARIO -BCH-.

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ANTECEDENTES 1. Con su demanda (subsanada), plantearon los libelistas, como pretensi�n principal, que �se declare que el BCH incumpli� el contrato de mutuo entre ellos suscrito, por haber desbordado los l�mites de la obligaci�n inicialmente pactada, y ser contrario a los postulados de justicia y equidad de la Constituci�n Pol�tica� y en consecuencia, que �se ordene al demandado (previa indexaci�n) devolver la totalidad de las sumas entregadas por la parte actora en desarrollo del contrato�, mas sus intereses corrientes y que se le condene a pagar $10�000.000, como perjuicios morales, �por la p�rdida de su vivienda�.

En subsidio, pidieron que �se decrete la rescisi�n del contrato, por lesi�n enorme, conforme a los t�rminos de la sentencia T-578 de 2001� y que se ordene al BCH restituir �una vivienda de similares caracter�sticas y valor equivalente del inmueble que se entreg� en daci�n en pago, comprendiendo su indexaci�n e intereses al m�ximo legal permitido�.

En s�ntesis, relataron los demandantes que para financiar la adquisici�n del inmueble con matricula No. 370-475581 de la ciudad de Cali, el BCH les otorg� un cr�dito hipotecario �por el sistema UPAC, por valor de $40�593.000�; que todos esos negocios jur�dicos (la compraventa, el mutuo y la hipoteca) quedaron instrumentados en la escritura p�blica No. 3321 del 25 de octubre de 1995 de la Notar�a 14 de Cali, en la que se acord� �que el pr�stamo se otorgaba con un inter�s de 7.50 puntos *DTF y con un plazo de 15 a�os� y que para el a�o de 1999, los deudores hab�an pagado �como abono al pr�stamo concedido, un total de $26�257.821�, pese a lo cual �el saldo de capital para esa �poca ten�a un valor de $67�974.195�.

A�adieron que, �fue hecho notorio y p�blico que las cuotas de cr�ditos hipotecarios durante el periodo de 1995 a 1999 subieron de manera s�bita, desproporcionada y casi en progresi�n geom�trica, mientras los salarios no subieron�, por lo que se vieron en la necesidad de �entregar el inmueble en daci�n en pago al BCH, a trav�s de la escritura No. 2124 del 10 de junio de 1999 de la Notar�a 11 de Cali (�), perdiendo as� la totalidad del dinero que hab�an entregado para la adquisici�n de su vivienda�.

Acotaron, finalmente, que �con la sentencia C-747 de 1999, la Corte Constitucional, mientras estuvo en vigencia el referido cr�dito hipotecario, declar� inconstitucional la capitalizaci�n de intereses en cr�ditos de financiaci�n de vivienda a largo plazo (�) por lo que los soportes jur�dicos que daban estructura al sistema de financiaci�n de vivienda quedaron sin vigencia de tal manera que los pagos que hicimos constituyeron un pago de lo no debido�. 2.

LA CONTESTACI�N. El BCH excepcion� �imposibilidad del BCH de violar la ley vigente�; �la ignorancia de la Ley no sirve de excusa� e �imposibilidad del BCH de expedir o modificar las normas que ordenaban liquidar los cr�ditos UPAC�. 3. Por auto del 10 de septiembre de 2003, el juez a quo dispuso vincular, como litisconsorte necesario, a los herederos de Lauro Fidel Rivera Ord��ez (copropietario del inmueble que garantiz� el cumplimiento del rese�ado contrato de mutuo), cuyo curador ad litem dijo atenerse a lo que resultara probado.

4. EL FALLO APELADO. El juez de primera instancia desestim� las pretensiones. Sostuvo que �nos encontramos ante una pretensi�n de revisi�n del contrato de mutuo (�) y en este asunto no se demostr� que efectivamente sucedieron circunstancias imprevistas y extraordinarias que no estaban latentes al momento de adquirir el cr�dito y que hayan generado una excesiva onerosidad para los deudores (�), pues a los demandantes no les era extra�a la forma en que habr�an de calcularse las cuotas, ni c�mo operaba el sistema de amortizaci�n escogido para su cr�dito�; que �por estar cancelado totalmente el cr�dito por daci�n en pago, no es posible la revisi�n� y que �no aparece acreditado el fen�meno de la lesi�n enorme (�), pues no se evidencia claramente cu�l es el valor comercial que correspond�a al predio al momento de efectuar la daci�n en pago�. 5.

LA APELACI�N. La parte actora aleg� que �por disposiciones de la Corte Constitucional, los cr�ditos hipotecarios, casi de oficio, tuvieron que ser reliquidados por los jueces que conoc�an de procesos ejecutivos hipotecarios con el fin de que quienes hab�an adquirido su vivienda a trav�s del sistema UPAC pudieran conservar su vivienda�; que �los deudores que se vieron obligados a entregar el inmueble en daci�n en pago, no pudieron acceder a ese derecho, toda vez que la orden de reliquidaci�n impartida por la Corte fue posterior�, y que �los jueces que han conocido de procesos ejecutivos hipotecarios en raz�n del sistema UPAC han desplegado toda su actividad para equilibrar las relaciones contractuales de los antiguos usuarios del sistema UPAC, aspecto que no se llev� a cabo en este proceso�.

CONSIDERACIONES 1. La Sala confirmar� el fallo apelado, pero por razones distintas de las que esgrimi� el juez de primera instancia. 2. Por regla general (a la que no escapa el asunto sub examine), en litigios como el que ahora ocupa la atenci�n de la Sala (de naturaleza eminentemente civil), el juez de conocimiento se encuentra limitado en sus competencias en raz�n del principio de congruencia, por cuya virtud, �la sentencia deber� estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda� y, por lo mismo, �no podr� condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en �sta� (art. 305, C. de P. C.).

Es por ello que se ha dicho que la demanda �es el acto b�sico del proceso, no s�lo porque lo incoa materialmente, sino porque constituye su fundamento jur�dico�, y adem�s, porque �la demanda circunscribe las cuestiones de una litis que entran en el proceso, o sea que delimita la pretensi�n y fija sus alcances� y que �el juez no puede invadir los dominios del demandante para poner en ella lo que �ste no plante�, pues con tal proceder el Juez desplaza a la parte en su actividad, irrumpe ileg�timamente en la esfera de la autonom�a privada y menoscaba el principio dispositivo que ilustra el sistema procesal civil�.

Precisado lo anterior, observa la Sala que contrario a lo que sostuvo el juez de primera instancia, en la demanda no se pidi� la �revisi�n� de la condiciones econ�micas del contrato de mutuo que los demandantes celebraron con el BCH en el a�o 1995, sino que se reclam�, en forma di�fana, que se declarara la resoluci�n -por incumplimiento del banco demandado- de ese v�nculo negocial, con la consecuente restituci�n de las prestaciones que satisfizo la parte actora (pretensi�n principal), o la rescisi�n -por lesi�n enorme- de la daci�n en pago que los extremos de este litigio suscribieron el 10 de junio de 1999 (pretensi�n subsidiaria). 3.

Ahora, aunque no anduvo muy afortunado el juez de primera instancia al interpretar la demanda incoativa, la Sala refrendar� el despacho adverso que dicho juzgador le imprimi� a todas las providencias, en tanto que aqu� no concurren los presupuestos que prev� el ordenamiento jur�dico para la procedencia de las acciones (de �resoluci�n� y �rescisi�n�) que formularon los hoy recurrentes en sus pretensiones principales y subsidiarias. 4.

En cuanto a las pretensiones principales, ha de recordarse que �la facultad de resolver los contratos por incumplimiento requiere la presencia de varios presupuestos o requisitos�, entre ellos, �la existencia de un contrato bilateral v�lido�. En este litigio, el negocio jur�dico cuya resoluci�n persigue la parte actora, ni exist�a para la �poca en que se radic� la demanda, ni tampoco era de aquellos que la ley distingue como bilaterales. 4.1.

Ciertamente, una de las caracter�sticas que singularizan al contrato de mutuo (como aquel que celebraron los aqu� litigantes en el a�o 1995) es la unilateralidad, por cuya virtud �el �nico que est� obligado (al tenor del v�nculo contractual) es el mutuario, quien debe hacer la restituci�n� de las cosas que le fueron entregadas para su consumo.

Por tal motivo, las obligaciones que se derivan del contrato crediticio en comento, en principio, s�lo se radican en cabeza del mutuario, quien, una vez perfeccionado el contrato con la entrega, queda comprometido a �devolver otras tantas el mismo g�nero y calidad y de pagar, en el evento de que se hubieran pactado, intereses�. En ese escenario, las pretensiones principales estaban destinadas a ser desatendidas desde los albores del proceso, ya que para ello ser�a menester, por lo menos, la presencia de una obligaci�n susceptible de ser incumplida, predicamento que no tiene cabida en el asunto en estudio.

Vuelve y se insiste, el contrato de pr�stamo de consumo es de naturaleza unilateral, lo que a voces del art�culo 1496 del C�digo Civil implica que solo �una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligaci�n alguna�. 4.2. De otro lado, ha de memorarse que los hoy recurrentes, en ejercicio de la prerrogativa que les confer�a el Decreto 2331 de 1998, decidieron extinguir el contrato de mutuo que otrora los ligaba con el BCH, mediante la entrega (a t�tulo de daci�n en pago), del inmueble para cuyo financiamiento hab�an adquirido dicho pr�stamo de dinero (fls. 142 y 143), aserto que encuentra respaldo en la copia aut�ntica que aqu� se alleg� de la escritura p�blica No. 2124 del 10 de junio de 1999 de la Notar�a 11 de Cali, en la que los aqu� litigantes instrumentaron la referida daci�n en pago y acordaron que con esa negociaci�n �se cancela totalmente la obligaci�n que adquiri� la parte deudora a favor del Banco Central Hipotecario� (cl�usula sexta, fl. 73).

As� las cosas, fuerza colegir que para la �poca en que se radic� la demanda ordinaria (10 de septiembre de 2001, fl. 149), el contrato de mutuo sobre el que versa este litigio, ya se hab�a extinguido desde hac�a m�s de dos a�os, con motivo de la daci�n en pago a que ya se hizo alusi�n, contingencia que, por s� sola, resulta suficiente para justificar el fracaso de la acci�n �resolutoria� que invoc� la parte actora.

Y es que, si se repara en que la resoluci�n �no es otra cosa que la destrucci�n de un contrato por incumplimiento de las obligaciones contra�das�, ha de convenirse en que el �xito de dicha acci�n est� supeditado, como m�nimo, a que el negocio jur�dico que se pretende resolver, exista para el momento en que se pide su fulminaci�n, pues, en estricta l�gica, no se puede terminar lo terminado. 4.3.

Aunque lo anotado en precedencia resulta suficiente para confirmar el despacho adverso que el juez de primera instancia le imprimi� a las pretensiones principales, tampoco sobra a�adir que las �irregularidades� que denunci� la parte actora respecto del contrato de mutuo que ella celebr� con el BCH (incremento �progresivo y desproporcionado� de las cuotas peri�dicas de capital), no tiene la virtud de comprometer la legalidad de ese negocio jur�dico.

T�ngase en cuenta que en la �poca en que se celebr� ese contrato de mutuo (octubre de 1995) y hasta el 20 de junio del a�o 2000, el ordenamiento jur�dico permit�a la capitalizaci�n de intereses en trat�ndose de cr�ditos de vivienda, acorde con la normatividad que reg�a en esa �poca (Ley 31 de 1992; Resoluciones Externas 26 de 1994 y 18 de 1995, del Banco de la Rep�blica).

Adem�s, es sabido que la normatividad y la jurisprudencia que dieron al traste con la unidad de cuenta UPAC (Ley 546 de 1999, la providencia del Consejo de Estado de mayo 21 de 1999 -Rad. 9280- y las sentencias C-383 de 1999, C-700 de 1999, C-747 de 1999, SU-846 de 2000 y C-955 de 2000 de la Corte Constitucional), no contemplan efectos retroactivos, situaci�n que no llama a asombro, en tanto que, seg�n autorizada doctrina, �la nueva Ley no puede desconocer derechos, hechos y relaciones jur�dicas v�lidamente formados bajo el imperio de una Ley anterior�, prohibici�n que tiene asiento en el principio de seguridad jur�dica y en la confianza leg�tima de los particulares que act�an siguiendo las pautas previstas en el ordenamiento jur�dico vigente. 5.

Tampoco pod�a prosperar la pretensi�n subsidiaria que formularon los demandantes, con miras a que se declarara la rescisi�n �por lesi�n enorme- de la daci�n en pago que suscribieron quienes aqu� contienden el 10 de junio de 1999. Lo anterior, por cuanto �la lesi�n enorme fue legislada en Colombia frente a determinados tipos negociales, todo a tono con su car�cter excepcional y no general, circunstancia que explica la aplicaci�n expresa de la misma frente a contados y espec�ficos eventos, quedando al margen todos los contratos no exceptuados, en cuyo caso tendr� cabida la regla global, ya se�alada (�).

As� las cosas, si la compraventa �en su justa dimensi�n- no es un negocio jur�dico arquet�picamente af�n a la daci�n en pago, ni siquiera de cara a la fase de ejecuci�n de esta �ltima, stricto sensu, y si la lesi�n enorme, adem�s, es en Colombia instituci�n excepcional en el r�gimen general de la contrataci�n, fuerza colegir que no hay manera de aplicar por analog�a �o por mecanismo pr�ximo o similar- a la daci�n en pago, v�lidamente, las reglas sobre lesi�n enorme que informan el contrato de compraventa�. 6.

En resumidas cuentas, se confirmar� el fallo apelado dada la improcedencia de las pretensiones (principales y subsidiarias) que formularon los demandantes. Las primeras, por cuanto recayeron sobre un contrato de mutuo que ya se hab�a extinguido para la �poca en la que inici� este litigio, negocio jur�dico que, adem�s, era de naturaleza unilateral y, por lo mismo, incompatible con la �acci�n resolutoria� que incoaron los libelistas.

Las segundas, por cuanto el ordenamiento jur�dico no contempla la �acci�n de rescisi�n� por lesi�n enorme para la daci�n en pago. 7. No prospera, por ende, la apelaci�n en estudio. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley CONFIRMA la sentencia que el 29 de julio de 2014 profiri� el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogot�, en el proceso ordinario seguido por Mauricio Paz Matuk y Nathalie del Socorro Rivera Carre�o contra el Banco Central Hipotecario.

Sin costas de segunda instancia, por no aparecer causadas. Notif�quese Los Magistrados OSCAR FERNANDO YAYA PE�A GAMAL MOHAMMAND OTHMAN ATSHAN RUBIANO GERM�N VALENZUELA VALBUENA  CURSO DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Parte General, Hernando Morales Molina, 8� edici�n, Ed. ABC, p�g. 309.  CSJ., sentencia de 24 de septiembre de 2004, exp. 7491.  Ver folios 152 a 155  CSJ., sent. de diciembre 18 de 2009, exp. 09616  ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto.

Contratos Mercantiles. Tomo II. Bogot�: Legis, 13a ed., p�g. 472.  BONIVENTO FERN�NDEZ, Jos� Alejandro. Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales. Bogot�: Librer�a Ediciones del Profesional, 18a ed., p�g. 688.  CANOSA TORRADO, Fernando, La Resoluci�n De Los Contratos, 6� edici�n, Ed. Doctrina y Ley Ltda., p�g. 38.  Fecha en la que cobr� eficacia lo que, a esos respectos, dispuso la Corte Constitucional en la sentencia C-747 de 1999.  VALENCIA ZEA, Arturo y ORTIZ MONSALVE, �lvaro.

Derecho Civil - Parte General. Ed. Temis, Bogot�. 2002, p. 201.  CSJ., sent. de 6 de julio de 2007, Exp. 1998 00058 01, refrendada en providencia del 1� de diciembre de 2008, exp. 2002-00015     OFYPVS 2001 00909 02  PAGE 9  3o{~�����������������    0 2 6 C X Z � � � �     �������������պպպպլ�����������������uhE�h$�5�OJQJhE�h��5�CJOJQJ\�hE�h$�5�CJOJQJ\�h0]S5�CJOJQJhE�h$�5�CJOJQJhE�h��OJQJh�K|OJQJh��OJQJhE�h$�OJQJhE�h$�CJhE�h$�CJOJQJh�dECJOJQJ)34G`a�����    u ����������������$� dh1$7$^� a$dh  �0��`� ��d��`�� $��dh`��a$d�$a$$a$gd�2l$dha$  �C�"gd�2l �dh  / 0;

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Fdh@&a$5CJOJQJ\h@h �|)T�tulo 2$$ & Fdh�0�@&`��a$5CJOJPJQJ\^JNA`���N Fuente de p�rrafo predeter.Ri���R 0 Tabla normal�4� l4�a�,k ���, 0 Sin lista P�o���P �|)Fuente de p�rrafo predeter.18)@�8 �|)N�mero de p�ginaH�O�H �|)S�mbolo de nota al pieH*XU�!X �|) Hiperv�nculo(5�6�>*B*CJOJQJ\�]�aJph�B&`��1B �|)Ref. de nota al pieH*F* ��AF �|)Ref. de nota al finalH*B�/��QB �|)S�mbolo de nota finalV�rV �|) Encabezado1 $���xCJOJPJQJ^JaJNB@rN �|)Texto independientea$OJQJ*/q�* �|)Lista^JB��B �|)Etiqueta  $�x�x 6]^J0��0 �|)�ndice $^J6>@�6 �|)T�tuloa$ 5CJ\BJ@rB �|) Subt�tulo �<a$ OJQJ^JB @�B �|) Pie de p�gina �C�"<@�< �|) Encabezado �C�"R�O�R �|)Texto independiente 21 d��x@@@ �|)Texto nota pie CJaJf�f �|)Sangr�a 2 de t. independiente1!d��x^�4�"4 �|)Lista 21 "^�6`���RC2R �|)Sangr�a de texto normal #�x^�l�1Bl �|)&Texto independiente primera sangr�a 21$`��B�qRB �|)Contenido del marco%D�o��aD ��Ref. de nota al pie1H*2X@�q2 �K|@�nfasis 5�6�\�]��O�� �K|st1PK!����[Content_Types].xml���j�0E����ж�r�(��΢Iw},��-j��4 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