��ࡱ�>�� pr����o��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 ��zVbjbj���� 0z����Rm������lrrrrrrr����8�T�X$ff"���ccc�������$| �"h�rccccc��rr������c�r�r���c��@�r��rr��Z�Ⱨ���,�)o�L(0X}#)�#����rrrr� REVISI�N OFICIOSA DEL T�TULO EJECUTIVO AL MOMENTO DE PROFERIR SENTENCIA. � el art�culo 497 del C�digo de Procedimiento Civil contempla que el juez debe proferir la orden de apremio en la forma pedida, �o en la que aqu�l considere legal�, se�alando la jurisprudencia que la sentencia de seguir adelante la ejecuci�n conlleva la revisi�n oficiosa del t�tulo en que se funda y al efectuar ese examen observa la Sala que de conformidad con la carta de instrucciones el monto ascend�a a la suma de $15.704.000.00, declarando que se hab�an cancelado �6 cuotas de las 60 pactadas para el plan aludido�, por lo que a la fecha de firma de esa carta �el citado adjudicatario adeuda a AUTOFINANCIERA 54 cuotas, liquidadas seg�n lo previsto en los referidos contratos�, documento que se firm� el 2 de noviembre de 1995.�ART�CULO 1117 DEL C.C. ART�CULO 1580 DEL C.C. ART�CULO 497 DEL C.P.C. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D. C. SALA CIVIL Bogot�, D. C., veintid�s (22) de junio del a�o dos mil siete (2007) REF: Sentencia. Ejecutivo Mixto.
SOCIEDAD AUTOFINANCIERA contra HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE OMAR ENRIQUE PALACIOS SUAREZ. Magistrada Ponente LUZ MAGDALENA MOJICA RODRIGUEZ Discutido y aprobado en Sala de junio 20 de 2007 Se procede a decidir el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelaci�n propuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de esta ciudad, en el proceso de la referencia.
ANTECEDENTES 1. Auto financiera Colombia S. A., por intermedio de apoderada judicial, promovi� demanda ejecutiva contra Omar Enrique y Juli�n David Palacios C�rdenas, representados por Gloria Consuelo C�rdenas Robayo; Daniela del Mar Palacios Cubides representada por Heny Alcira Cubides Ria�o; Jorge Enrique Palacios Heredia representado por Marlen Heredia Fiallo y, Omar Felipe Palacios C�rdenas representado por Luz Fabiola C�rdenas Hern�ndez, en su calidad de herederos determinados, as� como contra los herederos indeterminados del causante Omar Enrique Palacios Su�rez, para obtener mandamiento de pago por las siguientes cantidades: a.- Por la suma de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
($16.502.684.00), como capital representado en el pagar� No. 2035 NF. b. Por los intereses moratorios a la tasa de inter�s mensual autorizada por la Superintendencia Bancaria sobre la precedente cantidad, desde septiembre 9 de 1996 y hasta que se satisfaga la obligaci�n. 2. Como sustento f�ctico present� el que a continuaci�n se compendia: 2.1.
Que Omar Enrique Palacios Su�rez suscribi� como deudor solidario a favor de Autofinanciera S. A. el pagar� No. 2035 NF por $16.502.684.00, con espacios en blanco, los que se diligenciaron de acuerdo con las instrucciones y atendiendo lo previsto en el art�culo 622 del C�digo de Comercio. 2.2. Que para respaldar la obligaci�n contra�da constituy� prenda abierta �de Primer Registro� sobre el veh�culo automotor camioneta de servicio p�blico, marca Ford, modelo 1994, placas SGM-369. 2.3.
Que Omar Enrique Palacios Su�rez falleci� en el municipio de Anapoima, el 20 de octubre de 1996, tramit�ndose en el Juzgado Once de Familia de Bogot� el proceso sucesorio, despacho que reconoci� como sus herederos a los menores Omar Enrique Palacios C�rdenas, Juli�n David Palacios C�rdenas, Daniela del Mar Palacios Cubides, Jorge Enrique Palacios Heredia y Omar Felipe Palacios C�rdenas, cada uno representado por su respectiva progenitora. 3.
Previamente a la orden de apremio el a-quo dispuso para los efectos previstos en el art�culo 1434 del C�digo Civil la notificaci�n personal de los t�tulos a los herederos determinados y, a los indeterminados a trav�s de emplazamiento, citaci�n edictal que se cumpli� en debida forma, sin que concurriera persona alguna, por lo que se les design� curador ad-litem para que los representara, auxiliar a quien se le enter� de la existencia de los t�tulos base de la ejecuci�n y quien se notific� del auto que orden� dicho procedimiento.
(fls. 18 a 30) 3.1. Surtidas las diligencias propias se obtuvo la notificaci�n personal de los menores Jorge Enrique Palacios C�rdenas a trav�s de su representante Marlen Arlen Heredia Fiallo y de Daniela del Mar Palacios por medio de su progenitora Heny Alcira Cubides Ria�o. (fls. 23 y 32) 3.1.1. Respecto a los otros herederos determinados inform� el empleado encargado de poner en su conocimiento la existencia de los t�tulos que las direcciones no exist�an, por lo que la apoderada de la actora solicit� su emplazamiento afirmando que desconoc�a otra direcci�n y que no aparec�an en el directorio telef�nico, petici�n a la cual accedi� el juzgado por lo que se procedi� en la forma prevista por el art�culo 318 del C�digo de Procedimiento Civil y cumplidas las formalidades, sin que comparecieran, se les design� al auxiliar que ya actuaba como curador ad-litem, a quien se le puso en conocimiento la existencia del t�tulo base de la ejecuci�n. 3.2.
Encontr� el juzgado de conocimiento reunidos los requisitos legales, por lo que procedi� a dictar mandamiento ejecutivo en la forma deprecada, ordenando notificar a los ejecutados en la forma prevista en el art�culo 505 del Estatuto Procesal Civil. (fl. 55) 3.2.1. Al menor Jorge Enrique Palacios Heredia se le intim� personalmente de la orden de apremio, a trav�s de su representante legal, guardando silencio en el t�rmino legal.
(fl. 62) 3.2.2. Intentadas las diligencias previstas en el art�culo 320 del C�digo de Procedimiento Civil en las direcciones aportadas para ese efecto, no se logr� la notificaci�n de los dem�s ejecutados por las razones expuestas en los respectivos informes, raz�n por lo cual la apoderada de la parte actora solicit� su emplazamiento, como tambi�n el de los herederos indeterminados, el cual se llev� a cabo en los t�rminos del art�culo 318 ejusdem y ante su incomparecencia se les nombr� a una auxiliar de la justicia para que los representara, con quien se surti� la notificaci�n personal del auto ejecutivo, curadora que propuso la excepci�n de �PRESCRIPCION DE LA ACCION�, fundada en que de conformidad con el art�culo 789 del C�digo de Comercio ocurri� el mencionado modo de extinci�n porque hab�an transcurrido m�s de tres a�os desde la exigibilidad de la obligaci�n, sin que la demanda hubiera interrumpido el t�rmino, seg�n lo dispuesto en el art�culo 90 del C�digo de Procedimiento Civil, porque la notificaci�n a los ejecutados no se surti� dentro de los 120 d�as siguientes.
(fls. 55 al 92 C. 1). 3.2.3. Corrido el traslado de la defensa de fondo propuesta por el extremo ejecutado, con oposici�n de la ejecutante, se abri� el proceso a pruebas y una vez vencido el t�rmino probatorio se dio oportunidad a las partes para que presentaran alegatos de conclusi�n, derecho del cual hizo uso la actora para insistir en sus pretensiones. 3.3.
Dict� el a-quo sentencia en la que resolvi�: �1. Declarar infundada la excepci�n de prescripci�n propuesta por la curadora de los herederos demandados, teniendo en cuenta para ello las razones anotadas en esta motiva. �2. Como consecuencia, SIGASE adelante con la ejecuci�n a favor de la demandante y en contra de los herederos demandados, de conformidad con las pautas se�aladas en la motivaci�n de esta fallo. �3.
Como consecuencia, DECRETASE el remate, previo aval�o, de los bienes embargados y que en el futuro se lleguen a embargar dentro de la presente ejecuci�n, para que con su producto se pague el valor del cr�dito y las costas. �4. Liqu�dese la obligaci�n en los t�rminos del art�culo 521 del CPC., en la cual habr�n (sic) de tenerse los lineamientos se�alados por el art�culo 111 de la Ley 510 de 1999, es decir, con las fluctuaciones peri�dicas que certifica la Superintendencia Bancaria, sin que en ning�n momento excedan la tasa se�alada en el mandamiento de pago. �5.
Costas a cargo de la parte demandada. T�sense por la Secretar�a del Juzgado. �6. Cons�ltese. (fls. 105 a 109 C. 1) 5. Decisi�n recurrida en apelaci�n por el heredero determinado Omar Felipe Palacios C�rdenas, a trav�s de su representante legal y por medio de apoderado judicial, recurso que una vez concedido y agotado el curso condigno a esta instancia compete resolver a la Sala, al igual que la revisi�n de la citada sentencia en v�a de consulta, satisfecho como se encuentra el tr�mite de instancia. EL RECURSO 6.
Se interpuso sin sustentaci�n alguna, por lo que se desconocen los motivos de inconformidad. CONSIDERACIONES Preceptuaba el art�culo 386 del C�digo de Procedimiento Civil que deb�an ser consultadas con el superior las sentencias que fueren adversas a quien estuvo representado por curador ad-litem durante el proceso, por lo que este Tribunal es competente para decidir sobre la legalidad de la providencia dictada en esta litis en relaci�n con los herederos determinados e indeterminados de Omar Enrique Palacios Su�rez, dada la oportunidad en que se orden� y admiti� ese grado jurisdiccional.
De la revisi�n procesal emerge que los presupuestos procesales se hallan cabalmente cumplidos, como que las partes tienen capacidad para comparecer al proceso, pues los menores en su calidad de herederos del ejecutado actuaron por intermedio de sus representantes legales, la demanda se present� en legal forma y tanto el a-quo como esta Sala son los competentes para conocer del presente asunto.
As� mismo no se evidencia causal de nulidad que haga nugatoria la actuaci�n, por lo que procede dictar sentencia de m�rito. El proceso ejecutivo, como es el que ocupa a la Sala, reclama desde su inicio un t�tulo que contenga una obligaci�n clara, expresa, exigible y proveniente del deudor, porque como se ha dicho la ejecuci�n fundamentalmente se caracteriza por la certeza y determinaci�n del derecho sustancial pretendido en la demanda, certidumbre que la da el documento del que ella emana.
En el sub-judice se alleg� como t�tulo ejecutivo un pagar�, el que se ajusta a las formalidades de los art�culos 621 y 709 de la legislaci�n mercantil y contiene una obligaci�n clara, expresa, actualmente exigible y proveniente del causante, como lo exige el art�culo 488 del C�digo de Procedimiento Civil, t�tulo cuya existencia se notific� a los herederos determinados e indeterminados del deudor Omar Enrique Palacios Su�rez, d�ndose con ello cumplimiento al art�culo 1434 del C�digo Civil.
Cumplido el tr�mite preliminar y siguiendo lo previsto en el art�culo 497 ejusdem se profiri� la orden de apremio por reunir la demanda las exigencias legales y prestar m�rito ejecutivo el documento allegado como base de la ejecuci�n. Para enervar la acci�n cambiaria, que es la que aqu� se ejerce, la curadora ad-litem formul� la excepci�n �PRESCRIPCI�N�, aduciendo que han transcurrido m�s de tres a�os desde la fecha en la cual se hizo exigible la obligaci�n, hasta la data en la cual se notific� el mandamiento de pago, sin que haya operado la interrupci�n de dicho t�rmino con la presentaci�n de la demanda �por cuanto el mandamiento de pago no se notific� dentro de los ciento veinte (120) d�as de que trata el Art. 90 del C. P. C.�.
La acci�n cambiaria constituye el ejercicio del derecho incorporado en el t�tulo valor, dirigida esencialmente a obtener su pago, cuando �ste no ha sido satisfecho, para la cual se encuentra legitimado quien posee el t�tulo de acuerdo con la ley de su circulaci�n. Acci�n que puede ser enfrentada con las defensas que contempla la ley, entre ellas, la de prescripci�n contemplada en el numeral 10 del art�culo 784 del C�digo de Comercio, figura que define el C�digo Civil en su art�culo 2512 como "un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse pose�do las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los dem�s requisitos legales." A su vez el art�culo 2535 del C�digo Civil precept�a que "La prescripci�n que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones.
"Se cuenta este tiempo desde que la obligaci�n se haya hecho exigible." Modo de extinci�n que, seg�n el art�culo 2539 ejusdem, puede interrumpirse natural o civilmente. Lo primero, cuando el deudor t�cita o expresamente reconoce la deuda; lo segundo "por la demanda judicial". La acci�n cambiaria directa, seg�n el art�culo 730 del C�digo de Comercio "prescribe en tres a�os a partir del d�a del vencimiento�.
Descendiendo al evento que ocupa la atenci�n de la Sala se observa que el pagar� base del cobro coercitivo se suscribi� por Luz Fabiola C�rdenas Hern�ndez y Omar Enrique Palacios Su�rez, como otorgantes, impartiendo como instrucci�n, en punto a su vencimiento, que �ser� cualquier fecha posterior al vencimiento de una o varias de las obligaciones patrimoniales a cargo del adjudicatario mencionado�, espacio que llen� la ejecutante con la data de exigibilidad 9 de septiembre de 1996, sin que tal fuera objeto de discusi�n, de lo cual se deduce que el t�rmino prescriptivo de la acci�n cambiaria ejercida en el sub � ex�mine empieza a contarse a partir de la fecha de vencimiento consignada en dicho t�tulo valor, esto es; el 9 de septiembre de 1996.
Data desde la cual se predic� el incumplimiento de la obligaci�n contenida en dicho pagar� y cuyo vencimiento origin� esta ejecuci�n, la que se introdujo el 25 de junio de 1998, esto es cuando a�n no se encontraban superados los tres a�os que contempla la ley para que opere su prescripci�n, de donde objetivamente resulta que la acci�n ejecutiva incoada se impetr� antes de la ocurrencia de la prescripci�n. Corresponde, entonces, averiguar si la prescripci�n se interrumpi� desde el acto de la presentaci�n de la demanda o si por el contrario la presentaci�n no tuvo ese efecto, ni acaeci� otro suceso que tuviera esa consecuencia dando paso a la extinci�n de la obligaci�n, indagaci�n para la cual se acude a las constancias procesales y en ellas aparece que el auto de apremio se profiri� el 20 de agosto de 1999 y se notific� en el estado del 24 de agosto de 1999, notando que los ejecutados se notificaron de la orden de apremio as�: el menor Jorge Enrique Palacios Heredia a trav�s de su representante legal Marlen Heredia Fiallo el 16 de noviembre de 1999, tal como se establece a partir del acta de notificaci�n personal militante a folio 62 del expediente; los menores Omar Enrique Palacios C�rdenas y Juli�n David Palacios C�rdenas representados por Gloria Consuelo C�rdenas Robayo, la menor Daniela del Mar Palacios Cubides representada por Heny Alcira Cubides Ria�o, el menor Omar Felipe Palacios C�rdenas representado por Luz Fabiola C�rdenas Hern�ndez en su calidad de herederos determinados y los indeterminados el 13 de julio de 2000, a trav�s de la curadora ad litem designada para el efecto.
(fl. 90, c.1) Frente a la interrupci�n del mencionado fen�meno el art�culo 90 del C�digo de Procedimiento Civil preve�a, antes de la vigencia de la Ley 794 de 2003, que la prescripci�n se deten�a siempre y cuando la notificaci�n del mandamiento de pago se efectuara a la parte ejecutada dentro de los 120 d�as siguientes a la comunicaci�n que por estado se realizara al extremo activo del mencionado prove�do, de lo contrario tendr�a ocurrencia con la notificaci�n que de ese auto se realizara al extremo pasivo.
En el sub-lite ese lapso, descontando los d�as inh�biles y los de vacancia judicial, venc�a el 8 de marzo de 2000, oportunidad para la cual, como viene de verse, ya se hab�a intimado de la orden de pago a uno de los herederos determinados, lo que conduce a afirmar que ese acto tuvo la virtualidad de interrumpir el t�rmino prescriptivo desde la fecha de presentaci�n de la demanda y por contera evit� se consumara la prescripci�n de la acci�n cambiaria.
Ello, porque trat�ndose de procesos ejecutivos no puede predicarse la existencia de un litisconsorcio entre los herederos, pues tal intervenci�n a t�rminos del inciso 4� del art�culo 52 del C�digo de Procedimiento Civil s�lo �es procedente en los procesos de conocimiento, mientras no se haya dictado sentencia de �nica o de segunda instancia�.
De suerte que lo que se tiene es que el lugar del deudor fallecido lo ocupan sus herederos, quienes lo representan y deben responder por la totalidad de la deuda, como hubiera respondido el causante. As� emerge de lo previsto por el art�culo 1155 del C�digo Civil que reza �Los asignatarios a t�tulo universal, con cualquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos; representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles�.
A su vez el art�culo 1580 ejusdem prev� �Los herederos de cada uno de los deudores solidarios son, entre todos, obligados al total de la deuda; pero cada heredero ser� solamente responsable de aquella cuota de la deuda que corresponda a su porci�n hereditaria.� De esta forma, desde el punto de vista sustancial, los herederos del causante llamados al proceso fungen como representantes o continuadores de la personalidad jur�dica de aqu�l, de tal manera que conjuntamente deben responder por la totalidad de la prestaci�n cobrada, lo que de suyo permite advertir que la notificaci�n que interrumpe la prescripci�n frente a uno de ellos, tambi�n logra la detenci�n del tiempo respecto de los dem�s herederos, m�xime si, como en el sub-iudice, previamente fueron enterados de la existencia del cr�dito contra el causante, sin que desconocieran el t�tulo que conten�a la prestaci�n coercitivamente cobrada.
S�guese, entonces, que interrumpida la prescripci�n por la notificaci�n al menor Jorge Enrique Palacios Heredia representado por Marlen Heredia Fiallo en su calidad de heredero determinado del causante Omar Enrique Palacios Su�rez, se detuvo el tiempo tambi�n para los dem�s herederos del causante, por lo que la excepci�n de prescripci�n resultaba impr�spera, como lo decidiera el a-quo en la sentencia impugnada.
Con todo, el art�culo 497 del C�digo de Procedimiento Civil contempla que el juez debe proferir la orden de apremio en la forma pedida, �o en la que aqu�l considere legal�, se�alando la jurisprudencia que la sentencia de seguir adelante la ejecuci�n conlleva la revisi�n oficiosa del t�tulo en que se funda y al efectuar ese examen observa la Sala que de conformidad con la carta de instrucciones el monto ascend�a a la suma de $15.704.000.00, declarando que se hab�an cancelado �6 cuotas de las 60 pactadas para el plan aludido�, por lo que a la fecha de firma de esa carta �el citado adjudicatario adeuda a AUTOFINANCIERA 54 cuotas, liquidadas seg�n lo previsto en los referidos contratos�, documento que se firm� el 2 de noviembre de 1995.
Significa lo anterior que la cantidad de $16.502.684.00 no encuentra apoyo en el documento referido, por lo que se modificar� la orden de apremio para que en su lugar se siga la ejecuci�n por la cantidad de $15.704.000.00, descontando las cuotas que hab�a cancelado el adjudicatario para el 2 de noviembre de 1995 y las pagadas hasta el d�a en que se aleg� la mora � 9 de septiembre de 1996 -, para lo cual la parte ejecutante, de conformidad con lo previsto en el art�culo 521 del C�digo de Procedimiento Civil deber� presentar la liquidaci�n del cr�dito con los soportes correspondientes a los instalamentos cancelados.
Modificaci�n que permite realizar el grado de consulta que se surte, por la competencia panor�mica que tal otorga a esta Sede Judicial. DECISI�N Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D. C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE MODIFICAR la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de esta ciudad en el proceso de la referencia, la que quedar� as�:
PRIMERO. CONFIRMAR los numerales primero (1�), tercero (3�), cuarto (4�) con la advertencia realizada en los considerandos de esta providencia en punto al deber que le asiste a la parte actora, quinto (5�) y sexto (6�) de la parte resolutiva de la sentencia impugnada.
SEGUNDO. REFORMAR el numeral segundo (2�) para ordenar que siga adelante la ejecuci�n por la cantidad de QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE ($15.704.000.00), suma de la cual se deben descontar todas las cuotas canceladas por el adjudicatario, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Para la liquidaci�n de la tasa de inter�s se tendr� en cuenta lo dispuesto por el a-quo en punto a las fluctuaciones peri�dicas.
TERCERO: CONDENAR en costas al apelante. T�sense. (art. 392 del C. de P.C.) NOTIF�QUESE Y CUMPLASE, Los Magistrados, LUZ MAGDALENA MOJICA RODR�GUEZ CARLOS JULIO MOYA COLMENARES HUMBERTO A. NI�O ORTEGA T.S.B.S. Civil Exp. No.11001310303519980429 01 PAGE PAGE 13 )+ptuvw��� � [� ��)19B\d�ms���#�#=%>%I%�%�%z&�&�(�(2+<+f-m-p-q-T.������ƽƽƽ��н��������������ƽƽt�нннн6�CJOJQJ\�]�^JOJQJCJOJQJ^JCJOJQJ^JaJmH sH CJOJQJ]�^J6�CJOJQJ]�^JOJQJ^JaJCJOJQJ^J5�CJOJQJ^J6�CJOJQJ^J j5�@���CJOJQJU^JCJOJQJ\�^JCJOJQJ\�^J-*+BYqr������BZ$$If�F�����,r�0�������6��������4� Fa�X$$If�F����,r�0�������6��������4� Fa� $$Ifa$VyV��rsuw��������������� �����������������������$��dh`��a$$��dh^��a$$��^��a$$a$$dha$$a$� � � � � � � � Z[ � � =>�����������������������������$a$$��`��a$$dha$$��dh`��a$�������^_��@ A !!�!�!=#>#�#�#�#�����������������������$�N`�Na$$a$ 5$7$8$9DH$$��dh`��a$$dha$$��dh`��a$�#�#=%>%I%J%�%�%�%�%�%�%�%�%�'�'�)�)++������������������$�3��dh]�3`��a$$��dh`��a$$ ��@dha$$�3dh]�3a$$�3dh]�3a$$��dh`��a$$dha$$dha$++,+--..0011�2�2�344�4�4[5\5M8N8�9��������������������� $ �0�dh*$a$$ �0���dh*$`��a$$ 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LUZ M\2007-01 A 08 MRLM\SENTENCIAS V\19980429 01 EJECUTIVO MIXTO CONSULTA Y APELACION.docCSJ�C:\TRIBUNAL 2007\SALA CIVIL\PROVIDENCIAS\MOJICA R. 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