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Fuente: Art�culo 530 del C.P.C. REP�BLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� - SALA CIVIL Bogot� D.C., diecis�is (16) de enero dos mil catorce (2014). REF. PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO DE GRANAHORRAR BANCO COMERCIAL S.A. CONTRA GLADYS CARRE�O PE�A RAD. 110013103009199600213 03 Magistrada Sustanciadora.
NANCY ESTHER ANGULO QUIR�Z I. ASUNTO Decide el Tribunal el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandada contra el numeral octavo del auto de 23 de agosto de 2013, dictado por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot� D.C. II.
ANTECEDENTES 1. Agotado el tr�mite de ley por auto de 13 de junio del 20013 se se�al� fecha para llevar a cabo la diligencia de remante de los bienes cautelados en la presente ejecuci�n, la cual se llev� a cabo el d�a 23 de agosto del mismo a�o, en la cual hizo la mayor oferta el ciudadano Luis Fernando Tamayo Valencia por la suma de $135.620.000,00, a quien le fue adjudicado el apartamento 502 de la carrera 7-C No. 130-A-21 de esta ciudad objeto de la subasta. 2.
Cancelado oportunamente el saldo del precio del remate y el impuesto de que trata el art�culo 7� de la Ley 11 de 1987, mediante el prove�do de 23 de agosto de 2013, se aprob� la subasta, adoptando all� las restantes determinaciones que decisi�n en tal sentido implican y que ordena el art�culo 530 del C.P.C., entre ellas �que de los dineros producto del remate grav�menes que por concepto de impuestos, servicios, administraci�n, servicios p�blicos y dem�s grav�menes que hayan sido cancelados y acreditados oportunamente por �ste, se reintegren al rematante, bajo los apremios del art. 530 del C.P.C.� 3.
Inconforme con tal determinaci�n la ejecutada interpuso recurso de reposici�n y en subsidio de apelaci�n, pues considera que la determinaci�n debe modificarse a fin de que previamente se la se le d� traslado de los recibos o facturas cuyo reembolso se pretende�, toda vez que la acci�n de cobro del impuesto predial de los a�os 1996 a 2008 se encuentra prescrita, por lo tanto NO es admisible el reintegro de las sumas pretendidas por tal concepto, como tampoco lo es, en lo atinente al pago del impuesto predial en el periodo comprendido entre el 13 de agosto al 31 de diciembre del a�o 2013, ya que en ese periodo debe cancelarlo quien tenga la calidad de propietario; calidad que no tiene� como consecuencia del remate�. 4.
El recurso principal no logr� modificar la decisi�n impugnada por lo que se concedi� el subsidiario que ocupa la atenci�n de la Corporaci�n y que es del caso resolver previas las siguientes, III. CONSIDERACIONES Sabido es que desde anta�o ha sido motivo de discusi�n el derecho que le asiste al rematante de obtener el reembolso de las sumas que llegare a cancelar por concepto de las cargas fiscales que graven el bien licitado, los servicios p�blicos o gastos de administraci�n, al considerar que no exist�a disposici�n legal que as� lo autorice.
Sin embargo, atendiendo lo que de manera reiterada indic� la jurisprudencia patria referente a que el remate, corresponde a una venta en la que, por fuerza de la ley, el juez que lo practica act�a en representaci�n del vendedor y, por ende, debe velar por que, como en toda enajenaci�n se cumpla no solo la obligaci�n de saneamiento su cargo sino que tambi�n a �l le tocan los costos que se hicieren para poner la cosa en disposici�n de entregarla, es decir que el bien sea entregado al comprador (rematante) libre de todo gravamen.
De suyo, por eso, se ha entendido que los valores correspondientes a los impuestos causados antes de la subasta respecto de la cosa vendida, son de cargo del enajenante y que si el rematante, con miras a obtener la aprobaci�n del remate, paga y acredita la cancelaci�n de los mismos, debe reintegrarse a �l las sumas que por tal concepto sufrag�, del precio mismo del remate.
Incluso la jurisprudencia constitucional de vieja data indic� que as� debe ordenarlo el juzgador, precisando al respecto dicha Corporaci�n lo siguiente: ��si bien dicho estatuto procesal regula la diligencia de remate dentro de un proceso ejecutivo hipotecario, no hay una previsi�n expresa sobre a qui�n corresponde pagar los impuestos y grav�menes que pesan sobre el inmueble rematado.
En efecto, el art�culo 530 del CPC al establecer el contenido del auto aprobatorio del remate guarda silencio al respecto y en las disposiciones siguientes tampoco contempla este extremo. Ante la ausencia de regulaci�n expresa cabr�an en principio dos posibles interpretaciones: Que el rematante deba cancelarlos de su propio peculio, o que el juez ordene su pago del producto del remate.
No obstante, el aparente vac�o legal puede ser colmado mediante la interpretaci�n sistem�tica de los art�culos 741 y 1884 del C�digo Civil, hecha por los tribunales superiores de distrito judicial, pues como es sabido en este tipo de procesos no hay recurso extraordinario de casaci�n y, en principio, la Sala de Casaci�n Civil de la Corte Suprema de Justicia no tiene oportunidad de pronunciarse al respecto, como �rgano m�ximo de la jurisdicci�n ordinaria en materia civil, aunque como se ver� m�s adelante si lo ha hecho en sede de tutela.
As�, por ejemplo, la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot� ha sostenido: �Se sabe que todos los actos de disposici�n o gravamen de bienes inmuebles deben hacerse por escritura p�blica. Y, en trat�ndose de ventas realizadas en p�blica subasta, igualmente se conoce que la protocolizaci�n del acta y de su auto aprobatorio ha de cumplirse en una notar�a del lugar del proceso (Arts. 12 Decreto 960 de 1970 y 530.3 del C. P. C.).
Es claro que los notarios, so pena de ser sancionados legalmente, no deben otorgar instrumentos p�blicos que graven o cambien la propiedad de bienes ra�ces, sin que se presente el respectivo paz y salvo de los impuestos prediales y dem�s contribuciones causadas (Art. 26 Ley 1� de 1943). Ahora bien, el remate �como lo tienen dicho a jurisprudencia y la doctrina nacionales- equivale a una venta forzada en p�blica subasta de los bienes del deudor ejecutado, con intervenci�n del juez, para que con su producto se pague el valor de una deuda en ejecuci�n. Y esa es la raz�n para que las normas que gobiernan la venta de bienes y las de car�cter tributario no le sean ajenas, al punto que ese acto tiene naturaleza sustantiva y procesal, como tambi�n lo ha expresado la jurisprudencia. El remate conduce a transferir el dominio que tiene el ejecutado sobre la cosa rematada a favor del rematante.
Por tanto, si para ello es menester el pago de los impuestos causados al rematante, como ya se expres�, de inmediato ha de concluirse que la cancelaci�n de los impuestos mencionados debe efectuarse de los dineros recaudados en subasta p�blica, a prop�sito que es el tradente, en este evento obligado, a quien corresponde asumir su cancelaci�n y por ende constituye una evidente reducci�n del valor del recaudo en el remate�.
( ) �existen incluso pronunciamientos de la Sala de Casaci�n Civil de la Corte Suprema de Justicia. As�, ha sostenido el m�ximo tribunal de la jurisdicci�n civil ordinaria en sede de tutela: �Para efectos del presente caso, la Sala ha tenido oportunidad de recordar que el remate de bienes corresponde a una venta en la que, por fuerza de ley, el juez act�a en representaci�n del vendedor, y como tal debe velar porque, al igual que en cualquier enajenaci�n, el objeto sea entregado al comprador libre de todo gravamen o carga, cuyos costos, salvo pacto en contrario, deben ser cubiertos por el vendedor, pagos que para estos peculiares eventos pueden efectuarse con el producto de la explotaci�n econ�mica de los bienes o de la respectiva subasta.
Y tanto m�s cabe predicar lo anterior cuando del pago de los impuestos de la cosa rematada se trata, como es el impuesto predial, que no es un gasto de administraci�n cualquiera sino una carga fiscal de claro origen legal, que no admite esguinces y debe quedar a salvo en cualquier negociaci�n que llegare a efectuarse respecto de los inmuebles sujetos al mismo.
( ) As� puestas las cosas, aflora que la decisi�n aqu� cuestionada, consistente en negarse el juez accionado a autorizar el pago del impuesto predial con el dinero producto del remate, seg�n criterio que reiter� al replicar esta acci�n, transita por el sendero de arbitrariedad, ya que conlleva el desconocimiento de las reglas legales sobre el remate de bienes secuestrados y las cargas fiscales ciertas que los gravan.
Y con ello gener� una vulneraci�n del debido proceso del accionante, quien como adquirente del bien en subasta tiene derecho a que se le entregue el mismo libre de la carga fiscal causada� ( ) �De esta regla sustancial ha entendido la jurisprudencia antes relacionada que se desprende la obligaci�n a cargo del juez (como representante del deudor) de pagar el impuesto predial y las contribuciones que pesan sobre los bienes rematados.
Adicionalmente, es claro que esta regla ha sido aplicada de manera reiterada, pues han entendido las autoridades judiciales que su desconocimiento implica la vulneraci�n del derecho al debido proceso del rematante�. Cualquier discusi�n que pudiera persistir entonces en relaci�n a ese deber de saneamiento a cargo del vendedor �juez en representaci�n del deudor-, debe entenderse superada con ocasi�n a la reforma que introdujo la Ley 1395 de 2010 al art�culo 530 del C.P.C., al imponer de manera taxativa que en los eventos en que el bien rematado est� en poder del demandado �el producto de remate s�lo se entregar� al ejecutante cuando aquel haya sido entregado al rematante y se le haya reembolsado lo que hubiere pagado por impuestos, servicios p�blicos cuotas de administraci�n y gastos de parqueo o dep�sito, causados hasta la fecha de la entrega, a menos que hayan transcurrido m�s de quince d�as desde la aprobaci�n de remate sin que el rematante haya solicitado la entrega o el reembolso de gastos�; disposici�n legal que se fundamenta en que el remate es una compraventa forzada de naturaleza compleja, en la que el juez como se anot� act�a en representaci�n legal del propietario del bien como vendedor, de acuerdo con la expresi�n literal del inciso 3� del art�culo 741 del C�digo Civil y en esa condici�n deber� cumplir las obligaciones que se imponen a �ste por el legislador, entre ellas las contenidas en los art�culo 1880 y 1881 �dem.
Atendiendo lo anotado en precedencia y como quiera que el rematante en este asunto acredit� debida y oportunamente la cancelaci�n de las obligaciones fiscales que afectaban el predio rematado, el cual fue dejado en tenencia del deudor, es de rigor por imperativo legal, al haber deprecado dentro del t�rmino de ley su reembolso, proceder de conformidad descontando dichos valores del producto del remate y reintegrarle a �ste la cantidad de dinero que fue pagada para liberar al inmueble adquirido en la subasta de los mentados grav�menes que pesan sobre �l; m�xime que dicho pago lo exige el art�culo 45 del Decreto 2163 de 1970 para la expedici�n del paz y salvo notarial requerido para la protocolizaci�n del remate y su aprobaci�n, con lo cual se perfecciona la venta forzada, resultando irrelevante quien hizo el pago.
De igual forma carece de relevancia para el reembolso reclamado el hecho que eventualmente las cargas fiscales canceladas por el rematante pudieran haber prescrito por causa del tiempo transcurrido desde su causaci�n, por cuanto no puede olvidarse que quien pretenda beneficiarse de la prescripci�n debe alegarla y as� no procedi� la inicial obligada �demandada-, quien no puede imponer ahora v�lidamente al juez de la ejecuci�n o al adquirente la carga de asumir un litigio para tal fin, que en todo caso mientras se surta no har�a posible la expedici�n de los paz y salvo correspondientes que permitan protocolizar el acto de adquisici�n ante el notario y consecuentemente la tradici�n. Deviene de lo expuesto que era imperativo al juzgador acorde con las previsiones de ley ordenar el reembolso censurado por la recurrente sin condicionamiento alguno para liberar el bien de las cargas fiscales, esto es, lo correspondiente al impuesto predial de los a�os gravables 1996 a 2013, seg�n lo acreditado dentro del proceso (fl. 33 a 50), cuya cuant�a asciende a $10.612.000,00, no as� el gravamen por valoraci�n cancelado en cuant�a de $621.900,00, dado que es de p�blico conocimiento que el mismo ha de ser objeto de devoluci�n por la administraci�n Distrital y, por tanto, por esa v�a obtendr� el rematante el reembolso de dicho rubro, situaci�n que habr� de tener en cuenta el juzgador de instancia al momento de materializar los reembolsos ordenados en el prove�do impugnado.
As� mismo el art�culo 530 atr�s citado, dispone que los emolumentos a devolver son los �� causados hasta la fecha de la entrega, �� del inmueble al adquirente, situaci�n que impone que m�s all� a que el remate se hubiera realizado en agosto de 2013, el derecho al reembolso se har� extensivo hasta tanto se verifique la entrega, bien en esa anualidad o con posterioridad, sin que haya lugar a fraccionamiento alguno como pretende la recurrente, habida consideraci�n que es una carga que debe satisfacerse por anualidad y en los eventos de las ventas debe soportarla quien para el inicio del periodo y/ al momento del negocio jur�dico ten�a la titularidad del dominio y no para quien pretenda adquirirlo, iterase en virtud de la obligaci�n de saneamiento que a aqu�l se impone.
Corolario de lo expuesto la decisi�n impugnada est� ajustada a derecho lo que impone su confirmaci�n. IV. DECISI�N EN M�RITO DE LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� D.C., SALA CIVIL,
RESUELVE
PRIMERO. - CONFIRMAR el numeral 8� del auto dictado el 23 de agosto de 2013 por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot�, por lo anotado en precedencia. SEGUNDO.- REQUERIR al despacho de primer grado para que previa verificaci�n de la fecha de entrega del bien subastado al licitante, de ser necesario, haga el descuento del pago del impuesto a que haya lugar.
TERCERO. - SIN COSTAS en esta instancia por no aparecer causadas. CUARTO.- REM�TASE la actuaci�n al juzgado de origen. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE, NANCY ESTHER ANGULO QUIR�Z MAGISTRADA Art. 741 C.C. ��En las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petici�n de un acreedor, en p�blica subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente, y el juez su representante legal. ARTICULO 1880.
C.C. OBLIGACIONES DEL VENDEDOR. Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradici�n, y el saneamiento de la cosa vendida. ARTICULO 1881. C.C. ASIGNACION DE LOS COSTOS DE ENTREGA Y TRANSPORTE. Al vendedor tocan naturalmente los costos que se hicieren para poner la cosa en disposici�n de entregarla, y al comprador los que se hicieren para transportarla despu�s de entregada. C.S.J. Sentencia de tutela de 18 de febrero de 1999 M.P. Dr. Nicol�s Bechara Simancas Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot�, Sala Civil, Auto de octubre 5 de 1995, M. P. Alfonso Guar�n Ariza.
Exp. Proceso hipotecario de Banco Central Hipotecario vs. Guillermo Gait�n Orteg�n y otra. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, Sentencia de 15 de enero de 2003. M. P. Dr. Manuel Ardila Vel�squez, Exp. No.13001213000200200134. Sentencia T-216/05. M. P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. RI. 13434 Rad. 110013103009199600213 01 Ref.
Proceso Ejecutivo de Granahorrar Banco Comercial S.A contra Gladys Carre�o Pe�a. ------------------------------------- PAGE PAGE 6 RI. 13434 :GHIQij����������� ���������ɯ���sbTbTbCbCb hD�h"s�CJOJQJ^JaJh�P�CJOJQJ^JaJ hD�h�XCJOJQJ^JaJ2hD�h�X5�@���CJOJQJ]�^JaJmH sH hD�h�X5�CJOJQJaJ#hD�h�X5�CJOJQJ^JaJ3jhD�h�X5�CJOJQJUaJmHnHu&hD�h�X5�CJOJQJ]�^JaJh7CJaJhvCCJaJhbh�x�CJaJh�x�CJaJJj������� r � � � � ������������������$ �`dha$gd]/ $dha$gd]/ $dha$gd]/$ ��dh*$a$gd]/ $dha$gd]/$ �� Ddha$gd]/gd�x� ' 3 � � � � � � � � � � " - @ H I J O T u | ��Ͻ�����x�k^Q^D^k^k^k^hD�h�A�CJOJQJhD�h"s�CJOJQJhD�hV CJOJQJhD�h�XCJOJQJ hD�h�X>*CJOJQJaJ hD�h�XCJOJQJ\�aJ&hD�h�X5�>*CJOJQJ^JaJ hD�h�A�CJOJQJ^JaJ#hD�hW965�CJOJQJ^JaJ#hD�h�X5�CJOJQJ^JaJ hD�h�XCJOJQJ^JaJh�&MCJOJQJ^JaJ� � � � � � � � � � x y ���tu����������������$��dh1$`��a$gd�&M$��dh`��a$gd�&M��`��gd�&M$��dh`��a$gd�&M ��dh`��gd�&M ��dh`��gd�&M��`��gd�&M$ �.��dh`��a$gd�&M| � � � � � ` u � � � � � � � � � �����ι������ud�d�d�dSdSE�hD�CJOJQJ^JaJ hD�h��CJOJQJ^JaJ 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