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D.C., treinta (30) de abril de dos mil diez (2010). REF: ORDINARIO DE CLAUDIA MARCELA ORTEGA RUEDA Y OTRO Vs. BANCO GRANAHORRAR. RAD. 3200300660 01. MAGISTRADA PONENTE: NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ. Discutido y aprobado en Sala de abril 21 de 2010. Acta N� 016. ASUNTO: Procede la Sala a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 31 de julio de 2007, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso de la referencia.
ANTECEDENTES: PETITUM: CLAUDIA MARCELA ORTEGA RUEDA y FERNANDO GARC�A MATAMOROS, mediante apoderado judicial, presentaron demanda contra el BANCO GRANAHORRAR, para que previos los tr�mites del proceso ordinario de mayor cuant�a, se hagan los siguientes pronunciamientos: Que se declare que la demandada, en su calidad de cesionaria del cr�dito N� 18014465-3, proveniente del Banco Central Hipotecario hoy en liquidaci�n, estaba obligada a respetar las condiciones del contrato de mutuo celebrado, �por las comunicaciones del alivio acreditando un abono que hizo el representante legal de la entidad cedente, mediante nota del 17 de marzo de 2000, en cuant�a de $4.043.965,07, y las �ltimas facturas de �AVISO DE VENCIMIENTO Y PAGO� tambi�n presentadas por el B.C.H., sobre las cuales los demandantes cancelaron, en forma anticipada al plazo, la totalidad del saldo de la deuda�.
Que se declare que la demandada, por cuenta de la cancelaci�n total de la obligaci�n, estaba obligada al levantamiento del gravamen hipotecario que garantizaba la deuda. Que se declare que la demandada, abus� de su posici�n dominante en el contrato de mutuo, al reversar, sin estar facultada para ello, el alivio concedido por el B.C.H, efectuando un cobro indebido y report�ndolos injustamente ante las centrales de riesgo.
Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la pasiva, al pago de los perjuicios materiales ocasionados por la p�rdida de oportunidad que sufrieron al no poder comprar las acciones de la casa de cambio CAMBIAMOS S.A. y que estiman en la suma de $100.000.000 o la que se demuestre en la actuaci�n. Que se condene a la demandada al pago de los perjuicios ocasionados por la p�rdida de las arras por el incumplimiento al contrato de promesa de venta sobre el inmueble hipotecado y que estiman en la suma de $23.000.000, o la que se demuestre en el proceso.
Que se condene a la demandada, al pago de los perjuicios causados por la p�rdida de rentabilidad que les hubiera generado la venta del inmueble, que estiman en la suma de $15.000.000, o la que se demuestre en el proceso. Que se condene a la demandada, al pago de los perjuicios causados por el da�o al buen nombre de los accionantes, los que estiman en la suma de $10.000.000 o la que se demuestre en el proceso.
Que se condene a la demandada, al pago de perjuicios morales ocasionados con sus acciones y omisiones y que estiman en valor de $66.400.000 o el que se demuestre en el proceso. CAUSA: Como fundamentos f�cticos de las pretensiones, la parte actora expuso, en s�ntesis, los siguientes hechos relevantes. En el mes de junio de 1994, celebraron contrato de mutuo con inter�s con el Banco Central Hipotecario hoy en liquidaci�n, en UPAC, por la suma de $8.300.000, para ser cancelados en un plazo de 15 a�os en 180 cuotas mensuales sucesivas, cr�dito al que se le asign� el N� 18014465-3.
Para garantizar el cumplimiento de la obligaci�n constituyeron hipoteca abierta a favor de la actora, mediante Escritura P�blica N� 2005 de la Notar�a 36 de �ste C�rculo, suscrita el 03 de junio de 1994, sobre el inmueble de su propiedad ubicado en la Calle 147 N� 27-67 apartamento 301. Mediante comunicaci�n calendada el 17 de marzo de 2000, el Representante Legal del B.C.H., les inform� que les concedi� un alivio por valor de $4.004.886,43, y la cesi�n del cr�dito efectuada a favor del Banco Granahorrar, entidad a la que deber�an hacer los pagos sucesivos.
Con base en lo anterior, les fue remitida la factura sin n�mero denominada �AVISO DE VENCIMIENTO Y PAGO�, con fecha de vencimiento del 02 de junio de 2000, en el que se refleja como �ltimo pago recibido, el valor del alivio, por valor de $4.043.965,07, saldo de capital de $10.109.437,69 y, el cobro de una cuota de $162.079,56, factura sobre la que efectuaron el pago extempor�neo de $163.000 el 09 de junio de dicha anualidad.
Recibieron tard�amente una factura que se�alaba un saldo a pagar de $454.297,85 y saldo total de $9.986.116,29, con base en la cual, el 14 de septiembre de 2000 cancelaron la suma de $9.900.000 adeudando, por ende, s�lo el monto de $86.116,29. Nuevamente recibieron la cuenta correspondiente al mes de octubre de dicha anualidad, en la que el B.C.H. cobraba la suma de $171.092,26 como cuota mensual y un saldo total de $342.950,35, que califican como excesiva, no obstante, cancelaron $345.000,00 y $2.000,00 el 17 de octubre de 2000, para cubrir cualquier margen de error, saldando as�, completamente la obligaci�n. Sin embargo, el Banco Granahorrar, a quien le fue cedido el cr�dito, abusando de su posici�n dominante y desconociendo las facturas por ella emitidas, continu� cobrando sumas no adeudadas, pues en el mes de diciembre de 2000, recibieron el �extracto de cr�dito hipotecario�, indicando que se hallaban en mora por la suma de $43.474,04 desde el 04 de ese mes y a�o y que antes de esa fecha deb�an pagar $138.284 de un saldo total al 10 de noviembre de $4.721.250, momento a partir del cual, rechazaron el cobro de dichas sumas, tras considerar que la demandada, no se hallaba facultada para modificar el valor del cr�dito y del alivio aplicado, solicitando, a su vez, una explicaci�n sobre ese punto, as� como la extinci�n de la obligaci�n y la hipoteca, sin encontrar una respuesta satisfactoria.
Ante el requerimiento efectuado por los deudores, la entidad crediticia explic� que se efectu� la reversi�n del alivio, por encontrarse en la base de la Superintendencia Bancaria recibiendo otro beneficio, de la misma naturaleza, con el Banco Colmena, afirmaci�n a la que replicaron indicando que, en virtud de lo dispuesto en la Ley 546 de 1999, escogieron el presente cr�dito para la aplicaci�n del alivio, excluyendo el adquirido con el Banco Colmena, no obstante, el 20 de marzo de 2002, el B.C.H. en liquidaci�n, les se�al� que no aplic� el beneficio del alivio, �por cuanto la Superintendencia Bancaria elimin� el mencionado valor por haberse beneficiado de un abono de igual causa�.
Con fundamento en lo anterior, enviaron comunicaci�n con destino a la citada entidad p�blica, quien respondi� que �en virtud de lo expuesto, fuerza concluir que esta Superintendencia en ning�n momento ha expedido acto administrativo alguno ordenando eliminar el resultado de la reliquidaci�n efectuada por el B.C.H., por el contrario, la labor de la Superintendencia es verificar el cumplimiento de la normatividad existente sobre la materia�.
Mediante comunicaciones del 15 de agosto de 2002, dirigidas al Banco Granahorrar y B.C.H., la Superintendencia antes referida, solicit� darle aplicaci�n al respectivo alivio, situaci�n que adem�s fue informada por el deudor Garc�a Matamoros, quien, junto con su codeudora, procedieron a diligenciar la �solicitud minuta de cancelaci�n total obligaci�n largo plazo� aportando la documentaci�n respectiva, sin embargo, en las oficinas de la demandada no fue recibida para su radicaci�n, aduciendo una deuda total de $6.923.264. 15 de noviembre de 2002, recibieron de Granahorrar, comunicaci�n en la que les inform� que el B.C.H. hab�a realizado una reliquidaci�n de la cartera cedida, arrojando un valor de $3.885.887,78 aplicado el 27 de septiembre con retroactividad al 01 de enero de 2000, decisi�n que resulta contradictoria con las anteriores.
Luego de m�ltiples requerimientos, la demandada revoc� unilateralmente el alivio liquidado para pasarlo de $4.004.886,83 a $3.885.887 y, luego, con una operaci�n de retroactividad, a $1.909.483, no obstante, luego de m�ltiples reclamaciones e intercambio de comunicaciones, les fue remitida factura de cobro por valor cobrado de $672.103 y saldo de capital de $613.994 para el 10 de enero de 2003.
Alegan que por el reporte que efectuara la enjuiciada a las centrales de riesgo, resultaron ampliamente afectados, as� como por el incumplimiento al contrato de promesa de venta celebrado sobre el inmueble gravado con garant�a hipotecaria, lo que les gener� la p�rdida del dinero entregado por concepto de arras, doblado. En el mes de julio de 2003, recibieron una propuesta verbal de parte de la entidad demandada, de cancelar el saldo de la obligaci�n, una vez aplicado el valor del alivio por $3.885.887, efectuada con retroactividad al 17 de octubre de 2000, con la condonaci�n de los intereses de mora, monto total que, junto con la correcci�n monetaria, ascend�a a $115.513, que fue efectivamente cancelado por ellos el 23 de dicho mes y a�o, para obtener el levantamiento del gravamen hipotecario, sin que ello implique transacci�n o acuerdo sobre las pretensiones de la demanda.
ACTUACION PROCESAL. El 02 de septiembre de 2003 (fl. 31 Cd. 1), se admiti� la demanda, ordenando su notificaci�n a la demandada, acto que se surti� el 01 de marzo de 2004 (fl. 233 Cd. 1), quien contest� oponi�ndose a la pretensiones y promoviendo las excepciones de m�rito que denomin�, �Ausencia de Responsabilidad del BANCO GRANAHORRAR frente a los supuestos Perjuicios Materiales y Morales alegados por los demandantes� y �Pago de la Ley de Vivienda�, (fls. 259 Cd. 1) Igualmente, acudi� al llamamiento en garant�a a cargo del B.C.H. en liquidaci�n, figura que fue admitida mediante prove�do del 19 de mayo de 2004, en el que se impuso la notificaci�n a la citada entidad, cumplido lo cual, compareci� al proceso contestando la demanda principal y el tr�mite por el que fue citada, oponi�ndose a sus pretensiones y formulando las defensas que nomin� �Pago total � compensaci�n�, �Ausencia de da�o�, �Inexistencia de causa para demandar al Banco Central Hipotecario, por cuanto este cumpli� con las obligaciones que ten�a como cedente� y �Enriquecimiento sin causa a favor de los demandantes�.
Rituada la instancia en debida forma, se profiri� sentencia el 31 de julio de 2007 (fl. 515 Cd. 1), en la cual se declar� la prosperidad de las excepciones de m�rito y se negaron las pretensiones de la demanda, por lo que se conden� en costas a la parte actora. Inconforme con la decisi�n de instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelaci�n, el cual se concedi� en el efecto de ley (fl. 542 Cd. 1), motivo por el cual se encuentra la actuaci�n ante esta Corporaci�n.
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA: La Falladora de instancia, tras relatar la normatividad aplicable a los cr�ditos de vivienda, indic� que no existi� una �ilegal reversi�n� del alivio al cr�dito otorgado por el B.C.H., pues efectivamente, ese beneficio fue aplicado en forma autom�tica por el Banco Colmena y reversado s�lo hasta el 15 de agosto de 2002, por lo que concluy� que la conducta desplegada por la pasiva, no desbord� los l�mites legales.
ALEGACIONES DE LAS PARTES: Los demandantes, a trav�s de su apoderado judicial, se�alaron como sustento de la alzada b�sicamente, que el A-quo interpret� erradamente el contenido de los art�culos 40 y 41 de la Ley 546 de 1999, como quiera que los deudores no se hallaban obligados a notificar al B.C.H., ni a Colmena sobre el cr�dito elegido para la aplicaci�n del alivio, pues fue la misma ley la que estableci� el procedimiento en caso de que estos guardaran silencio al respecto, debiendo imputarse al cr�dito de mayor cuant�a. Agreg� que la responsabilidad endilgada contra la pasiva, radica en la �desidia e indolencia con que respondieron a las reclamaciones de mis representados que exig�an a �sta el debido respeto por el acto propio, la comunicaci�n del alivio por parte del representante legal a los deudores, como lo ha definido la Corte Constitucional en las m�ltiples sentencias de tutela�, se�alando que si existiera una justificaci�n en la reversi�n del alivio, lo que se espera de una entidad que maneja recursos monetarios es la reivindicaci�n de los derechos, rectificando sus registros de cobro de lo no debido y notificando a las centrales de riesgo, acto contrario al ejercido por la enjuiciada quien continu� consider�ndolos como morosos.
Indic�, que la autoridad de primer grado omiti� valorar que Granahorrar no tom� ninguna medida para enmendar el error en que incurri�, por cuanto s�lo hasta el 05 de mayo de 2003, fecha en que se celebr� la audiencia de conciliaci�n, cancel� la hipoteca y retir� los nombres de los demandantes de las centrales de riesgo, luego de ocurridos los perjuicios por el uso indebido de su buen nombre.
CONSIDERACIONES DE LA SALA: Sea lo primero advertir, la presencia de los presupuestos procesales necesarios para considerar v�lidamente trabada la relaci�n jur�dico- procesal. En efecto, le asiste competencia al Juez de primer grado para conocer del proceso y al Tribunal para resolver la alzada; las personas enfrentadas en la litis ostentan capacidad para ser parte y procesal, dada su condici�n de personas jur�dicas y naturales en ejercicio de sus derechos; por �ltimo, la demanda re�ne los requisitos m�nimos de ley.
Por lo dem�s, no se vislumbra vicio de nulidad que afecte la tramitaci�n, supuestos estos que permiten decidir de m�rito. En la presente acci�n, se pretende principalmente la declaratoria de responsabilidad civil contractual, por el cobro indebido del cr�dito hipotecario adquirido por los demandados, inicialmente con el Banco Central Hipotecario y cedido a la demandada Banco Granahorrar, por el reporte injustificado como morosos ante las centrales de riesgo y la reparaci�n de los perjuicios que con tales actos ocasion�.
Para determinar la viabilidad o no de los argumentos enfilados por el extremo apelante, estima pertinente la Sala hacer un an�lisis de los distintos t�picos que como consecuencia del litigio planteado, se presentan, como es lo relacionado con la voluntad como fuente de las obligaciones, el manejo de los cr�ditos de vivienda y lo relacionado con la responsabilidad por el reporte indebido ante las centrales de riesgo.
DEL ACUERDO DE VOLUNTADES COMO FUENTE DE OBLIGACIONES Atendiendo los fundamentos de hecho en que se sustentan las pretensiones, debe se�alarse que en trat�ndose de la autonom�a de la voluntad privada, los sujetos tienen la facultad de celebrar un determinado negocio jur�dico o dejar de hacerlo, elegir con quien realizarlo y estipular las cl�usulas llamadas a regular la relaci�n as� creada, sin perjuicio de comportamientos irregulares que eventualmente pudieran darse con ocasi�n del ejercicio del llamado poder de negociaci�n, por parte de quien encontr�ndose, de hecho o derecho, en una posici�n dominante en el trafico de capitales, bienes y servicios, no s�lo ha se�alado desde un principio las condiciones en que se celebra determinado contrato, sino que en la fase de ejecuci�n o cumplimiento de �ste �ltimo, le compete el control de dichas condiciones.
En lo que hace alusi�n al ejercicio del derecho a la libre autodeterminaci�n de la voluntad frente a las relaciones con las Entidades Financieras, son los deudores quienes, dentro de las distintas modalidades que ofrecen dichas instituciones, escogen los sistemas de financiaci�n para la adquisici�n de cr�ditos, de manera, que una vez celebrado el contrato el mismo es ley para las partes, y si la obligaci�n queda incorporada en un t�tulo valor quedar� obligado conforme el tenor literal del mismo.
Debe recordarse, que la actividad bancaria es un servicio p�blico en si mismo considerado, sometido a la vigilancia y control de las autoridades, en la cual el poder de negociaci�n y de disposici�n de intereses est� limitado a las directrices que en relaci�n con la materia emitan las autoridades monetarias. Tal custodia genera, que para la ejecuci�n de sus actos, la autonom�a de la voluntad negocial de las entidades financieras, en muchos aspectos, est� m�s restringida que la del resto de particulares, pues, se encuentra especialmente limitada en raz�n a la funci�n que desempe�an, la especialidad de la actividad y su condici�n de instrumento para garantizar derechos individuales, como quiera que la libertad negocial tambi�n se limita por la prohibici�n de afectar desproporcionadamente derechos fundamentales y por el impedimento del abuso del derecho propio.
En tal virtud, las partes del contrato de mutuo, -en especial las entidades financieras-, se limitan a cumplir lo reglamentado, esto es a adecuar su escasa libertad negocial a los par�metros legales existentes, so pena de ser dr�sticamente sancionadas por la entidad de control y vigilancia creada al efecto, como lo es la Superintendencia Bancaria -hoy Superfinanciera-.
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL La Codificaci�n Sustantiva Civil, regula la responsabilidad civil contractual y la extracontractual en el Libro Cuarto, T�tulos XII y XXXIV; surgiendo la primera, cuando se causa da�o por el incumplimiento de una obligaci�n que se origina en un contrato, convenio o convenci�n celebrado entre el causante del perjuicio y la v�ctima; la segunda, cuando se infiere da�o a otro por culpa o dolo, sin que entre las partes medie la relaci�n jur�dica anterior.
De lo cual fluye que entre las dos existe notoria diferencia, fundamentalmente en cuanto a su origen y tratamiento jur�dico. Ahora bien, el incumplimiento de una obligaci�n contractual, puede generar el deber de indemnizar los perjuicios causados al acreedor, pero a �ste le corresponde acreditar plenamente su ocurrencia y cuant�a. Los art�culos 1604 y 1616 del Estatuto Sustantivo Civil, consagran las reglas generales sobre la responsabilidad del deudor por incumplimiento de sus obligaciones, siendo modificadas unas veces por v�a legal, otras convencional, bien sea para agravar esa responsabilidad, atenuarla y a�n eximir de ella al mismo obligado, con las limitaciones que imponen el orden p�blico y las buenas costumbres.
Jurisprudencialmente, se ha establecido que los presupuestos axiol�gicos para la viabilidad de la acci�n indemnizatoria de perjuicios causados por responsabilidad contractual, son: a) Existencia de una obligaci�n que goce de plena eficacia jur�dica y, por lo mismo, protegida por la ley que deba ser cumplida por el deudor. b) Incumplimiento culposo del deudor, esto es, que el obligado falte a la ejecuci�n de lo debido y que tal incumplimiento le sea imputable, entendi�ndose que lo es, cuando se produce por un hecho dependiente de su voluntad y no por fuerza mayor o caso fortuito, correspondi�ndole al deudor acreditar que el incumplimiento no le es imputable. c) El perjuicio que el incumplimiento del deudor le caus�; entendi�ndose por tal la lesi�n o menoscabo que sufre el patrimonio del acreedor, a consecuencia inmediata o directa del incumplimiento, debiendo ser cierto y no simplemente eventual o hipot�tico, comprendiendo tanto el da�o emergente como el lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligaci�n, de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento (Art. 1613 C.C.), y su cuant�a debe ser igual a la p�rdida o perjuicio que el acreedor experimenta, debiendo existir entre �ste y el incumplimiento, una relaci�n de causa y efecto.
De manera reiterada la jurisprudencia y la doctrina nacional han puntualizado, que dada la naturaleza de la acci�n indemnizatoria, para que haya lugar a indemnizaci�n con ocasi�n a un da�o, tiene que haber perjuicios, pues sin estos, la misma resulta inane, toda vez que la referida acci�n, no puede ser causa de enriquecimiento, sino de simple restablecimiento de las cosas en el patrimonio del acreedor, quien debe quedar indemne. Valga decir, que para tener derecho a tal resarcimiento, quien lo reclame debe probar ante todo el da�o y su quantum, o sea el menoscabo sufrido y la cantidad de dinero en que estima los perjuicios sufridos, el lucro o utilidad de que ha sido privado (arts. 1613 y 1614 del C.C.), y que los mismos sean ciertos y reales y no meramente hipot�ticos, lo cual deber� quedar plenamente establecido en el juicio donde se reclamen.
CR�DITOS EN UPAC Y SU RELIQUIDACI�N Dado el desequilibrio que se present� en los cr�ditos otorgados en UPAC, al atar el c�lculo en pesos de �sta unidad de cuenta a la DTF, se expidieron una serie de decisiones judiciales que consideraron, finalmente, que las disposiciones que regulaban dicho sistema eran contrarias a la Carta Pol�tica, por lo que se declar� en algunos la nulidad de los actos y en otros la inexequibilidad de las disposiciones.
Como consecuencia de tales decisiones, se extingui� el SISTEMA DE UNIDAD DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE, el cual vino suplir r�pidamente el Legislador con el SISTEMA DE UNIDAD DE VALOR REAL, que qued� completamente regulado en la Ley 546 de 1999. La referida ley estableci� pautas precisas para el manejo de los cr�ditos de vivienda a largo plazo, consagrando la obligaci�n a cargo de las entidades financieras de redenominar y reliquidar las obligaciones, tanto las que estuvieran al d�a como en mora, disponiendo en su art�culo 41 los par�metros generales con que deb�a realizarse esta labor, siendo se�alada la metodolog�a mediante la Circular Externa 07 de 2000, en la cual referente a los cr�ditos otorgados indic� expresamente que se aplicar� la f�rmula contenida en el Decreto 2702 de 1999.
Previendo en todo caso, la coexistencia de varias acreencias destinadas a la financiaci�n de vivienda, bien con una misma entidad o con varias, la citada normativa consagr�: ��Par�grafo 1�. Los abonos a que se refiere el presente art�culo solamente se har�n para un cr�dito por persona. Cuando quiera que una persona tenga cr�dito individual a largo plazo para m�s de una vivienda, deber� elegir aquel sobre el cual se har� el abono e informarlo al o a los respectivos establecimientos de cr�dito de los cuales sea deudor.
Si existiera m�s de un cr�dito para la financiaci�n de la misma vivienda, el abono podr� efectuarse sobre todos ellos. En caso de que el cr�dito haya sido reestructurado en una misma entidad, la reliquidaci�n se efectuar� teniendo en cuenta la fecha del cr�dito originalmente pactado. Par�grafo 2�. Quien acepte m�s de un abono en violaci�n de lo dispuesto en este numeral, deber� restituir en un t�rmino de treinta (30) d�as los abonos que hubiera recibido en desarrollo de lo dispuesto en esta ley y los decretos que la desarrollen; si no lo hiciere incurrir� en las sanciones penales establecidas para la desviaci�n de recursos p�blicos.
La restituci�n de las sumas abonadas por fuera del plazo antes se�alado deber� efectuarse con intereses de mora, calculados a la m�xima tasa moratoria permitida por la ley.� (Subraya ajena al texto). DEL RESPETO POR EL ACTO PROPIO, SUS IMPLICACIONES. Esta tem�tica, ha sido considerada como desarrollo del postulado de la buena fe que gobierna las relaciones contractuales, en virtud del cual, en este tipo de relaciones, a nadie le est� dado variar de comportamiento injustificadamente de manera unilateral e inconsulta, menos, cuando con ocasi�n al mismo, ha generado en otros una expectativa de comportamiento futuro, pues de hacerlo, violar�a los principios de buena fe, confianza leg�tima y debido proceso.
Las Altas Corporaciones de Justicia, se han pronunciado de manera reiterada al respecto, en especial en el manejo que en su momento dieron las Entidades Financieras a las reliquidaciones de los cr�ditos de vivienda, cuando quiera que se presentaran inconvenientes en relaci�n al monto y aplicaci�n del alivio, para puntualizar en la obligaci�n de las entidades de procurar, en tales eventos, el consentimiento del deudor para solucionar las diferencias, o en caso de no lograrse �ste, la de acudir a los organismos judiciales para que estos adopten la decisi�n que en derecho corresponda.
Se�al� la Jurisprudencia Constitucional, que el respeto por el acto propio opera en las siguientes condiciones: (i) se ha proferido un acto o una serie de actos que revelen una actitud determinada que genere confianza por parte de un tercero sobre esa situaci�n subjetiva concreta y verificable. Esa primera conducta debe ser jur�dicamente eficaz;
(ii) la emisi�n de una nueva conducta o acto revocando la primera decisi�n sin estar autorizado por el ordenamiento para ello y con base en par�metros irrazonables o desproporcionados y (iii) la identidad entre el sujeto que emite la decisi�n y su beneficiario, tanto en la disposici�n inicial como en la posterior que la modifica, a la vez que ambos actos regulen la misma situaci�n jur�dica subjetiva.
La misma Corporaci�n, frente al conflicto suscitado en relaci�n a la reliquidaci�n de los cr�ditos otorgados en UPAC, an�logo al que gener� el proceso que ahora ocupa la atenci�n de la Sala, enfatiz�: �5. El consentimiento expreso del usuario y la necesidad de acudir a la jurisdicci�n ordinaria cuando no es posible obtenerlo Ahora bien, se ha sostenido que en virtud de esa relaci�n contractual entre acreedor y deudor ser�a posible que bajo la propuesta del primero y con la anuencia del segundo se convenga realizar una nueva reliquidaci�n del cr�dito, en el evento en que se adviertan inconsistencias o errores en la primera reliquidaci�n. As� mismo, que en caso de que el deudor no emita su consentimiento al respecto, ser� necesario acudir al juez ordinario para dirimir la controversia.
Sobre este punto es necesario precisar varios aspectos: En primer lugar, es absolutamente claro que con la reliquidaci�n inicial la entidad ha creado una situaci�n particular y concreta en favor del deudor, la cual ha generado una confianza leg�tima sobre tal proceder. Por tal motivo, es imprescindible que para que tal reliquidaci�n pueda reversarse el deudor emita su consentimiento.
As� las cosas, es admisible afirmar que si existe mutuo consentimiento de ambas partes puede, entonces, lograrse tal objetivo. Empero, ese consentimiento debe ser libre, claro y expreso, y debe constar en un documento que, firmado por ambas partes, refleje sin lugar a equ�vocos ese deseo del deudor de acogerse a la propuesta hecha por la entidad.
No son admisibles los acuerdos impl�citos o simplemente deducidos por la entidad, esto es, no basta con que el deudor env�e una carta se�alando que no adeuda esa suma de dinero sino otra, o que �ste realice un abono a su cr�dito. No puede la entidad valerse de tales manifestaciones o actuaciones para concluir que existe muto acuerdo entre las partes.
En segundo lugar, el s�lo documento en el que conste el muto consentimiento no genera per se un nuevo t�tulo ejecutivo. Es necesario que se constituya uno nuevo, toda vez que el anterior al haberse verificado el pago se extingui�. Ello es as� por cuanto la reliquidaci�n -como se afirm�- opera por virtud de la ley y si de esa reliquidaci�n resulta que la obligaci�n contra�da qued� en cero, la consecuencia directa es el pago de la obligaci�n, con lo cual el t�tulo ejecutivo no tiene raz�n de ser.
Seg�n lo dispuesto en el art�culo 1625 del C�digo Civil, una de las formas de extinguir las obligaciones es el pago, el cual forzosamente no debe provenir siempre del deudor, puesto que cualquier persona en su nombre puede realizar el pago, como en efecto se admite en el art�culo 1630 del C�digo Civil. De manera que es v�lido el pago que se efect�a como consecuencia de un alivio ordenado en la ley y �ste genera iguales efectos.
El simple acuerdo entre las partes no crea una obligaci�n hipotecaria y por contera un t�tulo ejecutivo. Es imperativo que se constituya uno nuevo para efectos de acudir luego a un proceso de ejecuci�n. En tercer lugar, si no se constituye un nuevo t�tulo ejecutivo, deber� en todo caso la entidad acudir ante el juez ordinario para que a trav�s de un proceso declarativo se exprese la existencia de la obligaci�n. S�lo luego de obtenido el fallo correspondiente se podr� acudir a la v�a ejecutiva para obtener el pago.
Ha de recordarse que �nicamente pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que provengan del deudor o su causante y que constituyan plena prueba contra �l o las que emanen de una sentencia judicial (art. 488 del C�digo de Procedimiento Civil). De tal manera que cuando se trata de una hipoteca deber� presentarse el t�tulo ejecutivo cuyo pago est� garantizando aquella.
Por consiguiente, si el pago ya se verific� el pagar� firmado adolece de una de los requisitos necesarios para constituirse en t�tulo ejecutivo: su exigibilidad. No es admisible que la entidad, luego de extinguida la obligaci�n, cree obligaciones a cargo del deudor fundament�ndose en un v�nculo jur�dico que ya se extingui� y fije unilateralmente nuevamente t�rmino de la obligaci�n, intereses y fecha en la cual la misma es exigible.
Tales pretensiones deben plantearse ante la jurisdicci�n ordinaria para que s�lo despu�s del cumplimiento de las garant�as procesales se declare, si es del caso, la existencia de la obligaci�n, y �nicamente realizado lo anterior puede procederse a la ejecuci�n forzada. Finalmente, si la entidad bancaria procede al cobro por v�a ejecutiva de tal obligaci�n sin que se hubiere constituido un nuevo t�tulo ejecutivo, es decir, exhibiendo el pagar� inicialmente firmado, ese proceso es nulo por cuanto esa no era la v�a procesal adecuada para obtener lo pretendido �. (Negrillas fuera de texto).
Deviene entonces de lo apuntado, que cuando en desarrollo del proceso de reliquidaci�n, una vez que su aplicaci�n ha consolidado una situaci�n a favor del deudor, al acreedor le est� vedado realizar cualquier modificaci�n sin el consentimiento previo del obligado. RESPONSABILIDAD POR EL REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO FINANCIERO. Sobre este especial aspecto, resulta importante recordar que las instituciones financieras, se hallan facultadas para suministrar informaci�n comercial de sus clientes, a efectos de conocer la correcci�n y la solvencia econ�mica de los aspirantes a usar los servicios que estos prestan, objetivo que, en parte, se logra con la recepci�n del dato de los consumidores, para cuya labor es necesario puntualizar su limitaci�n, que se concreta en la transmisi�n de una informaci�n veraz y objetiva sobre el reporte; circunstancias que resaltan el car�cter relativo de este derecho, que no puede ser utilizado �para revelar datos que lesionen la honra y el buen nombre de las personas.
La informaci�n en los t�rminos del ordenamiento superior, debe corresponder a la verdad, debe ser ver�dica e imparcial, pues no existe derecho a dirigir informaciones que no sean ciertas y objetivas. En este sentido, a juicio de la Corte, mientras las informaciones sobre un deudor sean fidedignas, ver�dicas y completas, no se puede afirmar que el suministro y la circulaci�n de los datos a quienes tienen un inter�s leg�timo en conocerlos vulnere el buen nombre de su titular� (Sentencia T-527 de 2000).
EL CASO CONCRETO En el caso que ocupa la atenci�n de la Sala, constituye un hecho pac�fico la adquisici�n del cr�dito N� 18014465-3 por parte de los se�ores ORTEGA RUEDA y GARC�A MATAMOROS con el Banco Central Hipotecario, hoy en liquidaci�n, en el mes de junio de 1994, en Unidades de Poder Adquisitivo Constante UPAC, destinado a adquisici�n de vivienda, pagadero en 180 cuotas mensuales sucesivas, siendo tema obligado de an�lisis, la procedencia de la aplicaci�n del alivio establecido en el art�culo 40 de la Ley 546 de 1999, por constituir el aspecto medular para la resoluci�n de la cuesti�n litigiosa.
En este orden, resulta dable predicar que, al tratarse de un cr�dito que cumple con las condiciones consagradas por el citado Estatuto de Vivienda para ser cobijado por el mismo, en virtud del r�gimen de transici�n, era pasible, en l�nea de principio, ser beneficiario del aludido alivio, como a bien lo consider� y as� se lo comunic� su entonces acreedor, conforme se desprende de la misiva que milita a folio 45 del expediente, decisi�n que se reflej� en el extracto del cr�dito con corte al 30 de agosto de 2000, seg�n el cual, el saldo total adeudado para esa fecha, era de $9.986.116,29, lo que motiv� a los deudores a cancelar el monto de $9.900.000 el 14 de septiembre de dicha anualidad, que al ser imputado a la deuda gener� la expedici�n de la factura de cobro pagadera el 02 de octubre de 2000, por valor total de $342.950,35, de los que pagaron $345.000 el 17 siguiente, considerando con ello extinguida totalmente la obligaci�n, desarrollo comercial que tuvo ocurrencia cuando ya se hab�a verificado el contrato de cesi�n de activos y pasivos entre el B.C.H. y el Banco Granahorrar, e incluso, superado el cronograma estipulado para la verificaci�n de la cesi�n de activos (fl. 255 Cd.1).
No obstante lo anterior, sin que mediara comunicaci�n previa del B.C.H. ni del Banco Granahorrar, cesionaria de la acreencia, sobre la necesidad u obligaci�n de reversar el alivio reconocido, notificado y aplicado a la deuda a cargo de los demandantes, �sta �ltima remiti� cuenta de cobro N� 100401284351, con fecha de corte 10 de noviembre de 2000, relatando un �SALDO FINAL� de $4.721.250, de los cuales registra mora sobre $43.474,04; posici�n que fue reiterada en los posteriores extractos enviados, explicando para ello, frente a los reclamados de los actores, que �Como quiera que los anteriores procesos [reliquidaci�n y redenominaci�n] tienen vigencia a partir del 1 de enero de 2000, el comportamiento del cr�dito ha variado con respecto a la informaci�n suministrada inicialmente en cuanto a saldos y liquidaci�n de cuotas, es decir, que el crecimiento del saldo ha sido proporcional a la variaci�n de la UVR y en tal sentido el valor de la cuota se ha incrementado para as� cubrir el monto de los interese (sic) liquidados y adem�s amortizar el capital de acuerdo con el nuevo sistema� (�) �Igualmente le informamos que la responsabilidad sobre la reliquidaci�n de su cr�dito es del B.C.H., por lo tanto hemos trasladado su petici�n a esa entidad para que procedan a efectuar los tr�mites correspondientes seg�n lo establecida en la cl�usula sexta del contrato de cesi�n celebrado entre Granahorrar y el B.C.H.� Puestas as� las cosas, para la Sala es claro que existi� por parte de la entidad demandada, desconocimiento absoluto de una situaci�n f�ctica consolidada a favor de los deudores (demandantes), concretamente en relaci�n al alivio aplicado previamente por la cedente del cr�dito, -que se halla debidamente detallado en el �resumen del movimiento procesado�, enviado a los demandantes por �sta �ltima -, y que se reflej� en las facturas de cobro (EXTRACTOS DEL CR�DITO) a que se ha hecho referencia, muy a pesar que en el interrogatorio de parte, la representante legal de la pasiva hubiere respondido negativamente a la pregunta formulada en tal sentido, pero que en puridad, resulta contradictoria con la afirmaci�n inicial que asent� sobre el supuesto que, al momento de recibir el cr�dito, el BCH ya hab�a aplicado el alivio por valor de $4.004.886,43, por lo que, no llama a dudas que, efectivamente, dicho monto fue reversado para aplicar, muy posteriormente, uno inferior por $3.885.888, en un acto que, con abierta independencia de la legalidad de la decisi�n, desconoci� el principio del respeto al acto propio, pues contrario a la realizaci�n de una actuaci�n unilateral y autom�tica, debi� acudir, bien al consentimiento de los deudores, a efectos de proceder a la referida reversi�n, en caso de observar que el mismo no era procedente de cara a la citada legislaci�n, o ya, a la correspondiente acci�n judicial que le facultara para proceder en esos t�rminos. En efecto, emerge del acervo probatorio que la entidad inicialmente acreedora, B.C.H. hoy en liquidaci�n, aplic� el alivio que arroj� el proceso de reliquidaci�n, por valor de $4.004.886,43, suma en la que se ampararon los deudores para proceder a la cancelaci�n del saldo total resultante de dicha imputaci�n, apoyados en los extractos remitidos del cr�dito, centrando, entonces, su confianza, en la informaci�n que le fuera suministrada y que, no resultaba pasible de ser modificada en la forma en que procedi� la enjuiciada, quien, en virtud del contrato de cesi�n celebrado, se hallaba �ntimamente ligada a los t�rminos del cr�dito objeto de compra, en virtud del traspaso de derechos y obligaciones propio de este contrato y en tal medida, obligada a respetar el reconocimiento que hiciera el B.C.H., y en todo caso, llamada a solucionar de manera c�lere, cualquier diferencia que con ocasi�n a ello se pudiera presentar con los deudores, a fin de permitir hacer efectivos sus derechos.
Al punto conviene, entonces, se�alar que no obstante el contenido de la cl�usula sexta del contrato de cesi�n, seg�n la cual, �En cuanto a la cartera hipotecaria de cr�ditos para la financiaci�n de vivienda individual a largo plazo objeto de la cesi�n, GRANAHORRAR, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 887 del C�digo de Comercio, sustituye al BCH en parte de las relaciones derivadas de los respectivos contratos, en cuanto que el BCH contin�a con las obligaciones establecidas en el cap�tulo VIII de la Ley 546 de 1999, especialmente en lo relacionado con la reliquidaci�n de los cr�ditos.
El BCH es responsable frente a los deudores y a GRANAHORRAR de los perjuicios que se puedan ocasionar por no hacer las correspondientes reliquidaciones en la forma y oportunidades determinadas en la citada ley, en la Carta Circular No. 007 de 2000 de la Superintendencia Bancaria y dem�s normas concordantes�, y pese a que en la cl�usula novena de la Escritura P�blica de constituci�n de hipoteca (fl. 41 Cd.1) acept� expresamente la cesi�n que hiciera el establecimiento bancario, es lo cierto, que la disposici�n anteriormente transcrita, no puede reflejarse en un impacto negativo a cargo de los deudores, al tratarse de un aspecto que debe ser dirimido entre cedente y cesionaria, y no, trasladarlo al deudor cuya voluntad estuvo ausente en el citado acuerdo de voluntades.
Se concluye, que al percatarse la pasiva cesionaria del presunto yerro cometido por parte del cedente en la aplicaci�n del alivio, por cuenta de la existencia de otro beneficio de las mismas caracter�sticas, en los t�rminos del art�culo 40 de la Ley Marco de Vivienda, la cesionaria- demandada debi� acudir al recaudo de la voluntad de los actores, a efecto de obtener su correcci�n, o ya, a la Justicia Ordinaria para los mismos fines, sin que, entonces, resulte de recibo, el acto autom�tico que modific� en grado sumo las condiciones del cr�dito y a las que acudieron los deudores para contar con el pleno convencimiento de la cancelaci�n total de la obligaci�n, cuyo acto debi� merecer el respeto de su cocontratante.
Siendo ello as�, resulta claro que la pasiva incurri� en el incumplimiento pregonado por los demandantes, sin que puedan abrirse paso las defensas enfiladas, que se centran en la ausencia de responsabilidad, por cuenta del contenido del contrato de cesi�n celebrado, que en esos precisos aspectos no les resulta oponible. El argumento soportado en el pago consagrado por la Ley de Vivienda, ante la aplicaci�n efectiva del alivio acaecida en el mes de julio de 2003, de manera retroactiva, est� llamado igualmente al fracaso, habida consideraci�n que, de un lado, lejos de obedecer a la mera liberalidad de la entidad crediticia, constituye la irrestricta aplicaci�n del mandato legal que amparaba el cr�dito adquirido por los demandantes, y de otro, estaba ligado a las reclamaciones encaminadas a obtener la devoluci�n o indemnizaci�n por concepto de las liquidaciones de los pagos efectuados amortizar o cancelar las cuotas (art�culo 43 Ley 546 de 1999), que por dem�s tiene un car�cter relativo de acuerdo con lo se�alado por la Corte Constitucional en la sentencia C-1140/00 al examinar la exequibilidad de dicha disposici�n, esto es, dicha exceptiva est� �ntimamente ligada a los saldos a deber en la obligaci�n, evento que dista en forma significativa del asunto que en este juicio se debate.
Ahora bien, establecida la conducta inapropiada de la pasiva, se hace necesario analizar las peticiones indemnizatorias deprecadas en el libelo, para lo cual, de manera inicial, esta Corporaci�n centrar� la atenci�n en las relativas a p�rdida de oportunidad e incumplimiento en el contrato de venta, contenidas en las pretensiones cuarta a sexta, que soportaron los demandantes en que, a causa del reporte ante las centrales de riesgo como deudores morosos, se vieron en imposibilidad de hacerse acreedores a un cr�dito, con el que adquirir�an acciones de la entidad financiera CAMBIAMOS S.A. CASA DE CAMBIOS, y el pago de la suma de $40.000.000 por concepto de arras, ante el incumplimiento al contrato de promesa de venta que celebraron sobre el inmueble gravado con garant�a hipotecaria.
No llama a dudas que, en el caso de autos, el Banco accionado procedi� al reporte de los se�ores GARC�A MATAMOROS y ORTEGA RUEDA, en Datacr�dito, tal como expresamente lo inform�, en comunicaci�n del 19 de marzo de 2002 (fl.123 Cd.1), que justific� en que el mismo �obedece a los valores cobrados por concepto de mora, que han sido producto de los vencimientos sin cancelar presentados por su cr�dito a partir del 2 de febrero de 2001��, sin que para ello, existiere un soporte legal, en tanto, como se explicara, al momento en que los demandados recibieron las respectivas facturas, cancelaron la totalidad de la obligaci�n el 17 de octubre de 2000, sin que, por ende, pudieran presentar un estado de mora sobre la misma, con posterioridad a esa data, menos a�n, podr�an ellos suponer el resultado de un segundo proceso de reliquidaci�n que fue aplicado hasta mediados del a�o 2003, para efectos de la cancelaci�n de las sumas restantes e impedir el referido reporte, hecho que adem�s tampoco hubiere sido de recibo por la enjuiciada, quien reclam�, durante el interregno entre el referido pago y el d�a de aplicaci�n del alivio, la cancelaci�n de la totalidad del cr�dito, sin atender al mencionado alivio.
Sin embargo, es lo cierto que el extremo demandante, no cumpli� con la carga probatoria, consagrada en el art�culo 177 Adjetivo, tendiente a acreditar, en primer t�rmino, que el reporte a las centrales de riesgo, hubiere sido la causa �nica y determinante del Banco de Cr�dito para negar el otorgamiento del cr�dito perseguido, supuesto que tampoco se desprende de la comunicaci�n obrante a folio 191 del encuadernamiento, en la que, la citada entidad exige, de parte del beneficiario del cr�dito, la remisi�n de notas aclaratorias respecto del cr�dito que constituye el actual reclamo judicial, pero adem�s, de los que identific� con los N� 8127011 de Bancaf� y Tarjeta de Cr�dito N� 1744776 de la misma Corporaci�n, de las cuales la primera se allan� a la cancelaci�n del registro, en tanto que respecto del correspondiente a la tarjeta de cr�dito, no se acredit� haber sido beneficiado con paz y salvo, que alterara favorablemente su historia crediticia, al punto de permitir sin reparos el otorgamiento del cr�dito solicitado.
De su parte, del estudio del contrato de promesa de venta que milita a folios 192 a 194 del cuaderno principal celebrado el 28 de noviembre de 2002, resulta importante destacar, que para la �poca de su celebraci�n el inmueble objeto del mismo se hallaba gravado con hipoteca, habi�ndose comprometido los ahora demandantes a �entregar al PROMITENTE COMPRADOR, a m�s tardar el d�a 9 de diciembre de 2002, los documentos del BANCO GRANAHORRAR relacionados con el levantamiento de ese gravamen hipotecario, a fin de que la PROMITENTE COMPRADORA pueda tramitar un pr�stamo para el �ltimo pago convenido�, obligaci�n sometida a condici�n que, en �ltimas no result� cumplida, lo que gener� que se causaran las sanciones en �l acordadas por incumplimiento.
A juicio de la Sala, la carga a la que voluntariamente se acogieron los propietarios del predio, no resultaba de estricta certeza para los obligados, como quiera que no obedec�a a una situaci�n inequ�voca que permitiera comprometerse en los t�rminos contenidos en el contrato de promesa, debido a la existencia del conflicto que frente a la obligaci�n con ella garantizada, exist�a con la aqu� demandada �que ni a�n se pod�a generar con el sometimiento de la demanda judicial que apuntara a tal objeto-, de donde resulta dable concluir, que el riesgo por el posible incumplimiento de ese compromiso, fue libremente asumido por los promitentes vendedores, sin que, entonces, puedan sus efectos ser trasladados a la entidad demandada, lo que de contera genera el decaimiento del reclamo relacionado con la no venta del inmueble.
Por lo expuesto, resulta claro que la parte enjuiciada no concurri� a nutrir la actuaci�n, con suficiente material probatorio que demostrara los perjuicios econ�micos deprecados, pues ni el dictamen pericial recaudado permite su estudio, en tanto que -con abierta independencia de la existencia o no de los errores endilgados por los extremos procesales, que ser�an susceptibles de ser analizados si el fallador no encuentra falencias que impidan su restante evaluaci�n- no se ciment� en bases s�lidas, tal como se desprende del estudio anteriormente referido, limit�ndose a la cuantificaci�n, partiendo de las documentales que, como se explic�, no permiten concluir en el desmedro reclamado, lo que impone que dicho experticio, no pueda ser acogido en esta instancia. Igual orfandad probatoria, se deduce en relaci�n con el pedimento elevado consistente en la reparaci�n de los perjuicios materiales, ocasionados por el da�o al buen nombre de los demandantes, que estimaron en cuant�a de $10.000.000 �o en la que se demuestre en el proceso�, pues brilla por su ausencia material, que permita inferir la ocurrencia del menoscabo sufrido por tal situaci�n, que no logra deducirse, de suyo, del mero reporte injustificado, toda vez que no puede olvidarse que �Es verdad averiguada que para el reconocimiento de un perjuicio se requiere, adem�s de ser cierto y, en l�nea de principio, directo, que est� plenamente acreditado, existiendo para ello libertad de medios probatorios� (se subraya) (CSJ.
S-56 de abril 4 de 2001). Instaron tambi�n los accionantes, la reparaci�n de los da�os morales que se duelen haber sufrido por las acciones de cobro desmedidas, efectuadas por los agentes de cobranza de la enjuiciada, resultando, entonces, importante recordar que, a voces de la jurisprudencia patria, �ste �configura una t�pica especie de da�o no patrimonial consistente en quebranto de la interioridad subjetiva de la persona y, estricto sensu, de sus sentimientos y afectos, proyect�ndose en bienes de inmesurable valor, insustituibles e inherentes a la �rbita m�s �ntima del sujeto por virtud de su detrimento directo, ya por la afectaci�n de otros bienes, derechos o intereses sean de contenido patrimonial o extrapatrimonial�, agregando la Alta Corporaci�n que �la reparaci�n del da�o causado y todo el da�o causado, cualquiera sea su naturaleza, patrimonial o no patrimonial, es un derecho leg�timo de la v�ctima y en asuntos civiles, la determinaci�n del monto del da�o moral como un valor correspondiente a su entidad o magnitud, es cuesti�n deferida al prudente arbitrio del juzgador seg�n las circunstancias propias del caso concreto y los elementos de convicci�n�.
Sin embargo, no puede perderse de vista que a�n cuando � el derecho lastimado de las v�ctimas se restablece no propiamente con la cabal reparaci�n del mismo, por ser inconmensurable, sino con una equitativa satisfacci�n el llamado pretium doloris, no busca tanto reparar ese perjuicio cabalmente, resarcimiento que es el objetivo de toda indemnizaci�n, sino procurar algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido, permitiendo a quienes han sido v�ctimas de sufrimiento, hacerles, al menos, m�s llevadera su congoja�, es lo cierto, que en sub judice, no se trata de aquellos en que tal disminuci�n de la salud moral de los demandados se presuma por el hecho del reporte efectuado ante las centrales de riesgo, la remisi�n de los extractos de cr�dito cobrando la obligaci�n o la negativa al levantamiento del gravamen que garantiz� el cr�dito que se tiene por finiquitado �da�o moral subjetivo-, al tratarse de un reclamo que toca una �rbita netamente patrimonial, por incumplimiento contractual, por lo que era indispensable su acreditaci�n, a trav�s de cualquiera de los medios probatorios autorizados en el Ordenamiento Adjetivo, a efecto de informar al funcionario, sobre el citado menoscabo.
Corolario de lo expuesto es que, muy a pesar de tenerse por acreditado el comportamiento indebido por parte de la entidad crediticia demandada, frente al manejo de la obligaci�n a cargo de los actores y su reporte negativo en las centrales de riesgo, no se demostraron los da�os ciertos e indiscutibles que tal proceder les gener� y menos a�n, la afectaci�n moral que estos les causaron, que como antes se apunt�, no son susceptibles de presumirse, dada la fuente de la cual se pretende emanar el mismo, lo que hac�a impr�speras las pretensiones indemnizatorias reclamadas.
Baste entonces lo anterior para CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las razones aqu� esbozadas. DECISI�N: En m�rito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT�, EN SALA CIVIL DE DECISI�N, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REP�BLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY
RESUELVE
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia dictada el 31 de julio de 2007 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot� D.C, dentro del presente proceso ordinario, pero por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.- COSTAS en �sta instancia a cargo del recurrente. T�sense TERCERO.- DEVU�LVASE al juzgado de origen para lo de su tr�mite y competencia. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE Los Magistrados, NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS JULIA MAR�A BOTERO LARRARTE �(..) la finalidad de la indemnizaci�n no es ni mucho menos el enriquecimiento de la v�ctima, sino la compensaci�n de los da�os sufridos, en raz�n que indemnizar es compensar o pagar el da�o ocasionado, o en otras palabras restablecer el equilibrio patrimonial roto con el hecho da�oso.
La persona que es indemnizada no se enriquece, no aumenta su patrimonio, solo compensa el da�o sufrido. Mart�nez Rave Gilberto. Responsabilidad Civil Extracontractual [Corte Constitucional. Sentencias T-295 del 4 de mayo de 1999 M.P. Alejandro Mart�nez Caballero. Corte constitucional Sentencia T-1034/05. M.P. Dr. Jaime C�rdoba Trivi�o. Documento obrante a folio 50 del cuaderno N� 1 Documento obrante a folio 49 del cuaderno N� 1 Contrato celebrado el 04 de febrero de 2000 obrante a folios 238 a 258 Cd. 1. Documento obrante a folio 51 Cd.1 Ver los extractos del cr�dito obrantes a folios 78-81, 83, 91-94, 105, 109-112, 122, 147-150, 163, Cd. 1, en los cuales, ante la no cancelaci�n por parte de los demandantes de las sumas reclamadas, aumentan paulatinamente los saldos reclamados. Ver folio 85 Cd.1 Ver folio 76 Cd.1 Folio 242 Cd.1 Acto que, debe precisarse, ocurri� luego de casi tres a�os desde la indebida reversi�n relatada en l�neas anteriores, lapso durante el cual, tuvieron ocurrencia los supuestos f�cticos que constituyen el soporte de las pretensiones del libelo, que no resultaron reparados con la aplicaci�n del beneficio. Cl�usula Sexta Par�grafo Primero. C.S.J. Sentencia del 18 de septiembre de 2009.
M.P. William Namen Vargas C.S.J. Sentencia de agosto 9 de 1976. El cual ni siquiera se muestra imperioso cancelar ante la extinci�n de la obligaci�n N� 18014465-3, pues tal gravamen se constituy� en la modalidad de �abierta y de cuant�a indeterminada�, sin que en este juicio se hubiere acreditado que a cargo de �stos en aquella �poca, no existieran otras acreencias pendientes por pagar-, PAGE 1 R.I. 11964 Rad. 11001310300320030066001 Proceso Ordinario de Claudia Marcela Ortega Rueda y otro VS Banco Granahorrar. 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