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MAGISTRADA PONENTE: CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA Discutido y Aprobado en Sala de Decisi�n del primero (1) de abril de dos mil nueve (2009). Acta 14. 1. IDENTIFICACI�N DEL PROCESO: Radicaci�n: 110013103028200500169 01 Procedencia: Juzgado Veintiocho Civil del Circuito Demandante: Jorge Enrique Espejo Delgado Demandado: Luis Alberto Espejo Delgado Proceso Abreviado Asunto: Apelaci�n de Sentencia
2. OBJETO DE LA DECISI�N: Corresponde al Tribunal conocer del recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de octubre treinta y uno de dos mil ocho proferida por el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso Abreviado de RENDICION PROVOCADA DE CUENTAS instaurado por JORGE ENRIQUE ESPEJO DELGADO contra LUIS ALBERTO ESPEJO DELGADO, en virtud a que el tr�mite que le es propio a esta instancia se ha agotado. 3.
ANTECEDENTES 3.1. La pretensi�n En el libelo incoativo de la presente acci�n de rendici�n provocada de cuentas, pretende JORGE ENRIQUE ESPEJO DELGADO por conducto de gestor judicial legalmente constituido para la litis, se ordene a LUIS ALBERTO ESPEJO DELGADO en su condici�n de copropietario del 70% del inmueble ubicado en la carrera 19 n�mero 49-40/46 de esta localidad, rendir cuentas respecto del otro 30% del bien, del cual es copropietario el demandante, respecto de los frutos civiles (c�nones de arrendamiento) producidos por el bien durante los a�os de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, otorg�ndole para ello un t�rmino prudencial; cuentas que se estiman bajo juramento en la suma de $60�000.000.oo.
Finalmente se solicita la respectiva condena en costas. 3.2. Los hechos: Los se�ores Jorge Enrique Espejo Delgado, demandante y, Luis Alberto Espejo Delgado demandado, adquirieron el derecho de posesi�n y pleno dominio del lote junto con la construcci�n ubicada en la carrera 19 n�mero 49-40/46 de esta ciudad, en proporci�n del 30% para el primero y 70% para el segundo, que consta de cuatro pisos, debidamente descrito por sus linderos en el escrito introductorio.
Los dos locales del primer piso est�n arrendados desde el a�o de 1999, tiempo durante el cual han producido un valor de aproximadamente $128�000.000.oo., sumas que han sido canceladas al demandado Luis Alberto Espejo Delgado, de las cuales no ha rendido cuentas al actor. El segundo nivel consta de un apartamento habitado por Jorge Enrique Espejo Delgado, el cual de haberse arrendado a un particular hubiese producido desde 1999 a la fecha la suma de $38�735.664.oo. aproximadamente por concepto de c�nones, cantidad que el actor est� dispuesto a debitar de lo que se le reconozca por su derecho.
El tercer nivel consta de un apartamento similar al del segundo, encontr�ndose arrendado a la se�ora Myriam Le�n, bien que a la fecha ha producido de igual manera la cantidad de $38�735.664.oo., monto que ha sido cancelado al extremo pasivo, sin que �ste haya rendido cuentas tampoco sobre el particular. El cuarto piso, que fue rehabilitado por el actor, se halla arrendado desde el 24 de enero de 2005 con un canon mensual de $350.000.oo., habiendo producido a la fecha de presentaci�n de la demanda la cantidad total de $1�050.000.oo., rubro que JORGE ENRIQUE ESPEJO est� dispuesto a reembolsar en el 70% al demandado.
Ha transcurrido un t�rmino de cinco (5) a�os sin que LUIS ALBERTO ESPEJO DELGADO rinda cuentas a su hermano como copropietario del 30% del inmueble, a sabiendas que ese bien ha producido $167�000.000.oo., junto con los intereses causados, sin incluir $39�000.000.oo. de c�nones que deben ser cancelados por el demandante, por residir el mismo inmueble.
El actor hace una estimaci�n bajo juramento de las cuentas a rendir en un quantum de $60�000.000.oo. que corresponden al 30% en su condici�n de copropietario. 3.3. Lo demostrado en la instancia Por encontrar que la demanda reun�a los requisitos pertinentes, el a quo la admiti� mediante providencia del 5 de abril de 2005 (folio 17), se dispuso darla en traslado a la parte demandada por el t�rmino legal, quien se notific� personalmente en diligencia practicada el 16 de mayo de 2005, tal como consta a folio 21 del expediente.
Dentro de la oportunidad respectiva el demandado LUIS ALBERTO ESPEJO DELGADO concurri� al proceso por conducto de apoderada judicial, dando contestaci�n a los hechos y pretensiones de la demanda. En punto de los primeros acept� unos parcialmente y neg� otros, afirmando que los dos locales del primer piso o nivel fueron constru�dos por el demandado y que si bien es cierto los mismos han producido arrendamientos en cuant�a de $53�000.000.oo., esa suma corresponde al se�or Luis Alberto Espejo quien es titular y poseedor del 70% del inmueble; aunado a ello, �l es el due�o de las mejoras.
Aduce que no es administrador del bien, sino por el contrario, propietario y poseedor del 70% del mismo, correspondi�ndole por ende los frutos generados. Expres� su oposici�n a las pretensiones del libelo, sosteniendo que no est� obligado a rendir cuentas, de lo pose�do y mejorado por �l, pues es el �nico que ha invertido en el bien, pagando igualmente los impuestos.
Con fundamento en lo anterior, plante� como medios exceptivos los que denomin�: �INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI�N DE RENDIR CUENTAS; EL DEMANDADO ES PROPIETARIO Y POSEEDOR DE LAS MEJORAS LEVANTADAS EN EL PRIMERO Y CUARTO PISO, ASI COMO DEL DERECHO DE CUOTA EN UN 70% y MALA FE DEL ACTOR�. El primero lo respalda en que el demandado es titular del dominio y posesi�n material del 70% del inmueble, raz�n por la cual no est� obligado a rendir cuentas a su contraparte.
La segunda defensa se apoya en argumentos similares a la primera, agregando a ello, que su hermano ha usufructuado desde 1982 todo el segundo piso a sabiendas de que solo es titular del 10% del inmueble. La mala fe se hace consistir, en que al actor no le asiste derecho alguno a pedir cuentas, toda vez que es el demandado quien ha venido mejorando el inmueble y, que, de otro lado, ha instaurado varios procesos en su contra a sabiendas que el inmueble no es divisible.
Finalmente impugna la estimaci�n de cuentas realizada por el demandante, reiterando que no est� obligado a presentarlas, toda vez que no es administrador, sino que por el contrario propietario y poseedor del bien en un 70%. En escrito separado formul� excepciones previas, las cuales despu�s de recibir el tr�mite pertinente se decidieron, adversamente a su proponente.
(cuaderno. 2). Descorrido el traslado pertinente del escrito de excepciones, se abri� a pruebas el proceso, etapa dentro de la cual se tuvieron como tales las documentales allegadas por las partes, decret�ndose igualmente el interrogatorio de parte al demandante JORGE ENRIQUE ESPEJO DELGADO el cual no se evacu� por inasistencia de la parte solicitante de la prueba (folio 172), as� como del demandado LUIS ALBERTO ESPEJO DELGADO a quien se declar� confeso (folio 183), y una serie de testimonios de los cuales no se evacu� ninguno por las circunstancias consignadas dentro del expediente; medios probatorios sobre los cuales tendr� oportunidad la Sala de referirse y analizar en apartes posteriores de esta decisi�n.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Preclu�do el per�odo probatorio y o�das las alegaciones de las partes, la Juez de Conocimiento puso fin a la primera instancia con el fallo que ahora ocupa la atenci�n del Tribunal, declarando probada la excepci�n de �inexistencia de la obligaci�n de rendir cuentas� formulada por la parte demandada y, como consecuencia de ello deneg� las pretensiones del libelo, condenando en las costas del proceso a la parte demandante.
Para llegar a esa conclusi�n advirti� el juez de instancia, que el demandante no demostr� en el debate probatorio que el demandado Luis Alberto Espejo Delgado hubiese actuado como administrador de la copropiedad, raz�n por la cual la excepci�n reconocida estaba llamada a prosperar. Inconforme con esa decisi�n, la parte demandante interpuso recurso de apelaci�n, con argumentos a los cuales tendr� oportunidad la Sala de pronunciarse en apartes posteriores de esta providencia.
5. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 5.1. No encuentra la Corporaci�n reparo en cuanto a los llamados, por la doctrina y la jurisprudencia, presupuestos jur�dico procesales como son capacidad para ser parte; capacidad para comparecer al proceso; demanda en forma y competencia. Adem�s, de la actuaci�n vertida en el plenario no se vislumbra vicio con capacidad de anular en todo o en parte lo actuado, siendo viable emitir un pronunciamiento de fondo. 5.2.
Es evidente que el proceso de rendici�n provocada de cuentas tiene como objeto espec�fico, que todo el que conforme a la ley est� obligado a rendir cuentas de su administraci�n lo haga, si espont�nea o voluntariamente no ha procedido a ello. As� las cosas, el mandato legal descansa, de suyo, en la norma positiva que impone tal carga, pero referida al contrato del cual emana, por lo que es el destinatario de las cuentas el que, por ley o por virtud de la relaci�n contractual, est� legitimado para demandar a quien debe rendirlas.
El proceso abreviado de rendici�n de cuentas previsto en los art�culos 418 y 419 del Estatuto Procesal Civil (provocado y espont�neo), presenta dos etapas suficientemente claras, a saber: en la primera etapa el actor debe probar que el demandado tiene la obligaci�n de rendirle las cuentas que pretende (provocada) o que el demandado est� obligado a recibir las presentadas por el demandante (espont�nea), mientras que en la segunda, luego de proferida la sentencia o alguno de los autos de que tratan los numerales 2� y 3� del art�culo 418 e inciso 3� del art. 419 ib�dem, se entra a determinar las sumas correspondientes junto con los respectivos soportes.
Como lo tiene dicho la doctrina de la Corte, es un proceso destinado a definir entre las partes, por raz�n de la administraci�n que una de ellas ha tenido de los bienes de la otra, "�qui�n debe a qui�n y cu�nto ". Sin embargo, la cumplida demostraci�n de esos elementos estructurales de la rendici�n de cuentas no es suficiente para que quien reclame judicialmente la imposici�n a su demandado la obligaci�n de rendirlas obtenga el despacho favorable a sus s�plicas; es necesario, adem�s, que previamente establezca la concurrencia de los elementos o requisitos de la acci�n -entendida en este caso como sin�nimo de pretensi�n- entre los cuales indubitablemente se halla la legitimaci�n en causa, que consiste, b�sicamente, en la facultad legal que tiene una persona para demandar justamente frente a quien legalmente debe ejercitarse una pretensi�n como demandado o, como alguna vez lo dijo la Corte haciendo suyo un concepto de Chiovenda, " en la identidad de la persona del actor con la persona a la cual se concede la acci�n (legitimaci�n activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acci�n (legitimaci�n pasiva) ". 5.3.
Al observar la Sala la raz�n por la cual depreca la parte demandante frente al demandado esta rendici�n de cuentas, esto es, debido a que se encuentra usufructuando el inmueble objeto de la copropiedad, lo cierto es que por esta sola raz�n efectivamente no pod�an prosperar las s�plicas del acto introductorio, como pasa a explicarse. Refiri�ndonos a la comunidad, es inobjetable que todos los comuneros tienen un derecho sobre la cosa com�n, por lo que es evidente que gozan de las prerrogativas o facultades que la ley les concede para intervenir en su administraci�n. De all� que sea f�cilmente explicable el por qu� los actos de esa naturaleza deben adoptarse de com�n acuerdo, e igualmente cada comunero est� en el derecho de oponerse a lo realizado por los restantes copart�cipes o que pretendan hacerlo, salvo los de la mera conservaci�n de la cosa.
Sobre este aspecto el art�culo 2323 del C�digo Civil prev� que: ��El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa com�n, es el mismo que el de los socios en el haber social��. Lo que en sentir de la Corte significa que aunque los � comuneros no son distintos due�os de una cosa, y como copropietarios no se representan unos a otros ni tienen tampoco particularmente la representaci�n de la comunidad, de modo que pudiera ser demandada eficazmente en la persona de cualquiera de los part�cipes.
Desde el punto de vista del derecho de propiedad indivisa existente en el cuasicontrato de comunidad carece de todo sentido el concepto de administraci�n rec�proca de los comuneros �. Dicho como est� que hay copropiedad cuando una misma cosa pertenece en su conjunto a varias personas, de suerte que al quedar esta noci�n ligada necesariamente a la instituci�n jur�dica de la comunidad de que trata el art�culo 2322 y siguientes del C�digo Civil y la Ley 95 de l890, debe enseguida afirmarse que estas normas vienen a indicar, por un lado, ese derecho de propiedad ejercido en com�n por distintos titulares sobre un mismo bien y, de otro, los derechos y deberes de cada uno de los cond�mines respecto de la cosa.
En este orden de ideas, primeramente incumbe observar que en esta propiedad indivisa cada comunero es due�o de un derecho pero no de todo el bien ni de una parte determinada del mismo, o sea, de una cuota num�rica considerada como ente abstracto o ideal. Corolario de lo expresado, es que en virtud de este especialis�mo r�gimen legal cada uno puede obrar por su propia cuenta, por lo que, pese a la asimilaci�n prescrita por el art�culo 2323 ib�dem, no puede entenderse la comunidad como persona jur�dica diferente de sus condue�os, como tampoco titular de un patrimonio aut�nomo o independiente.
En este sentido ha dicho la Corte que " del dominio de cada uno de los condue�os de las cosas comprendidas en la comunidad le resultan derechos al uso de la cosa com�n y a sus frutos como tambi�n obligaciones en cuanto a deudas y reparaciones de la comunidad. Esta, a diferencia de lo que acontece con la sociedad, no constituye una persona jur�dica distinta de los socios, personalmente considerados, ni es due�a tampoco de un patrimonio propio.
La cuota que corresponde a los comuneros en la cosa com�n pertenece al patrimonio particular de cada uno de ellos. Los comuneros no son distintos due�os de una cosa, y como copropietarios no se representan unos a otros ni tienen tampoco particularmente la representaci�n de la comunidad de modo que pudiera ser demandada eficazmente en la persona de cualquiera de los part�cipes.
Desde el punto de vista del derecho de propiedad indivisa existente en el cuasicontrato de comunidad carece de todo sentido el concepto de administraci�n rec�proca de los comuneros.". De ah� que aunque en principio cada comunero ha de limitarse a explotar por su cuenta la parte abstracta que le corresponde y que, as� mismo, lo que sobrepase su derecho requiere del consentimiento de los restantes copropietarios, a quienes debe lo extra�do de m�s en la cosa com�n, en todo caso, como la legitimaci�n en la causa para reclamar entre ellos lo obtenido en exceso por quien est� ejerciendo actos de administraci�n no nace de la simple comunidad, t�rnase necesario, para finiquitar las cuentas respectivas, que los mismos hayan delegado en legal forma dicha funci�n, tal cual lo prev�n los art�culos l6 a 27 de la ley 95 de l890.
Esa ley, en efecto, se�ala la forma de dirimir las dificultades que puedan surgir de la administraci�n del bien com�n, y para ello contempl� el nombramiento de un administrador en el evento en que los comuneros no se avinieren en cuanto al goce de los bienes comunes; aqu�l para esta precisa hip�tesis, agrega la ley, deber� ser nombrado de consuno, pero si ello no fuere posible, cualquiera de �stos puede solicitar al juez que los convoque y que bajo su presencia efect�e la designaci�n o que, en su defecto, la realice �l. En este sentido, en consonancia con la doctrina, seg�n la cual, "el administrador de una comunidad tiene la personer�a de ella representa, por lo tanto, a los copropietarios activa y pasivamente", la jurisprudencia de la Corte tiene expuesto que "�el �nico medio para impedir que un comunero tenga un aprovechamiento superior a su cuota, es provocar el nombramiento de administrador de la comunidad o pedir su partici�n�".
Por tanto, como en la situaci�n aqu� planteada, la verdad es que la obligaci�n de rendir cuentas no nace de la comunidad, ni del hecho de que un comunero, con exclusi�n de otro, est� ejecutando actos de administraci�n, pues para ello resulta necesario proceder en la forma prevista por la ley citada, por estas razones, impon�ase desestimar las pretensiones formuladas por el demandante contra su copropietario y hermano Luis Alberto Espejo Delgado.
En efecto no siendo el demandado administrador del bien respecto del cual se reclaman las cuentas, no est� obligado a rendir las mismas por cuanto el hecho de la comunidad, seg�n se vio no implica de por s� administraci�n rec�proca. Es evidente que por lo que se ha dejado consignado, los planteamientos que hace el apelante en la sustentaci�n de la impugnaci�n no son de recibo, debido a que no siendo admisible lo relativo a la administraci�n t�cita, a t�rminos del art�culo 17 de la ley 95 de 1890, todo comunero inconforme en el manejo de la cosa com�n o con el nombramiento del administrador, tiene permanentemente a su disposici�n la acci�n divisoria o la oportunidad para solicitarle al juez la designaci�n del administrador por fuera de ese proceso.
En consecuencia, como la decisi�n no pod�a ser otra que la adoptada en el sub lite por el juzgado, consistente en declarar probada la excepci�n planteada por el extremo pasivo, ha de confirmarse el fallo materia de la apelaci�n, con la consecuente condena en costas para el recurrente. 6. DECISI�N En virtud a lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D. C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,
RESUELVE
6.1. CONFIRMAR la sentencia de octubre treinta y uno de dos mil ocho, que en v�a de apelaci�n se ha revisado, proferida por el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de esta ciudad, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia. 6.2. CONDENAR en costas de esta instancia a la parte apelante. T�sense en su debida oportunidad.
NOTIFIQUESE CLARA INES MARQUEZ BULLA Magistrada. LUZ MAGDALENA MOJICA RODRIGUEZ Magistrada. CARLOS JULIO MOYA COLMENARES Magistrado. Gaceta Judicial tomo CXIII, p�gina: 247. Casaci�n Civil del 4 de diciembre de 1981; Gaceta Judicial tomo CLXVI, p�gina: 636. Corte Suprema de Justicia, Sentencia julio 26 de 1939. Gaceta Judicial tomo, XLVIII, p�gina: 428- Valencia Zea Arturo, Derecho Civil, Tomo II, p�gina: 218. Gaceta Judicial tomo, LX, p�gina: 55. PAGE 11 200500169 01 67CDFGp�������� O X Z �����ଙ��rgr�\TLD\hqF)CJ^Jh07 CJ^Jh=P�CJ^Jh=P�5�CJ\�^JhqF)5�CJ\�^Jh07 h07 5�CJ\�^Jh07 h=P�5�CJ\�^Jh07 h=P�CJ^J$h07 h=P�5�6�CJ\�]�^JaJh07 h=P�/j��J h07 h=P�5�6�CJUV\�]�^J)jh07 h=P�5�6�CJU\�]�^J h07 h=P�5�6�CJ\�]�^Jh07 h=P�CJOJQJ^J6Gp~����������Y Z [ z { | ���������������������dhgd=P�dhgd�l &dP��gd=P�gd=P�$a$gd=P�gd=P�$�2dh]�2a$gd=P�gd=P�4Q�R�R���Z [ z { | � � � � � � � � � � � 6 7 > ? H P S i j k l � � � � � � � � !;
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