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MOTIVO DE DECISI�N: APELACI�N SENTENCIA DECISI�N: REVOCA Decidido en Sala de 5 de junio de 2007 Seg�n acta N� 23 de la misma fecha. Resuelve la Sala el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 20 de mayo de 2005, por el Juzgado 20 Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso de la referencia.
ANTECEDENTES 1. La demanda. El se�or JOS� AGUST�N SU�REZ ALBA formul� demanda contra FABIO ALONSO HIGUERA SU�REZ y la ORGANIZACI�N JUR�DICA E INMOBILIARIA A. RODR�GUEZ Y CIA. LTDA., para que mediante el tr�mite del proceso ordinario de mayor cuant�a se hicieran las siguientes declaraciones y condenas. 1.1. Declarar que, FABIO ALONSO HIGUERA SU�REZ y la ORGANIZACI�N JUR�DICA E INMOBILIARIA A. RODR�GUEZ Y CIA. LTDA., son solidariamente responsables de los perjuicios morales y materiales causados al se�or JOS� AGUST�N SU�REZ ALBA, por haber dado en arrendamiento el local comercial ubicado en la carrera 91 No. 140-60, del cual es copropietario �ste �ltimo. 1.2.
Declarar que, en consecuencia, FABIO ALONSO HIGUERA SU�REZ y la ORGANIZACI�N JUR�DICA E INMOBILIARIA A. RODR�GUEZ Y CIA. LTDA., deben cancelar al demandante las siguientes cantidades: a) 1.000 gramos oro por concepto de perjuicios morales. b) $1�250.000,oo mensuales desde agosto de 1999 hasta que se verifique la entrega material del inmueble y, $30�000.000,oo, m�s la correcci�n monetaria, correspondientes a los perjuicios materiales. c) Los perjuicios materiales, �consistentes en la renta o canon mensual, aumentada anualmente en un veinticinco por ciento (25%) por todo el tiempo que a t�tulo de administrador detente el inmueble la sociedad� demandada. 1.3.
Condenar en costas a la parte demandada. 2. Hechos Con base en los hechos que a continuaci�n se resumen, la parte actora formul� sus pretensiones: 2.1. El demandante es propietario en com�n y proindiviso con el se�or FABIO ALONSO HIGUERA SU�REZ, del inmueble ubicado en la carrera 91 No. 140-60 de Bogot�. 2.2. El se�or FABIO ALONSO HIGUERA SU�REZ entreg� el referido inmueble en administraci�n a la ORGANIZACI�N JUR�DICA E INMOBILIARIA A. RODR�GUEZ IZQUIERDO Y CIA. LTDA., en forma unilateral, sin estar facultado o autorizado para ello por el demandante. 2.3.
La ORGANIZACI�N JUR�DICA E INMOBILIARIA A. RODR�GUEZ IZQUIERDO Y CIA. LTDA., pese a percatarse que el inmueble tambi�n era de propiedad del se�or JOS� AGUST�N SU�REZ ALBA, no tuvo inconveniente en suscribir el contrato de administraci�n y recibir el inmueble en virtud del mismo. 2.4. La sociedad demandada dio el referido bien inmueble en arrendamiento sin autorizaci�n del demandante, caus�ndole de esa manera perjuicios materiales y morales; los primeros porque a pesar de estar arrendado el bien, no ha sido llamado a recibir cuentas y perdi� el derecho a disponer de aqu�l; y, los segundos, por la angustia y desaz�n ocasionada con esa determinaci�n inconsulta y perjudicial. 3.
Tr�mite 3.1. La demanda correspondi� por reparto al Juez 20 Civil del Circuito de esta ciudad, quien mediante auto de 25 de enero de 2000 dispuso su admisi�n. 3.2. La sociedad demandada fue notificada del referido auto admisorio, en forma personal a trav�s de su representante legal, quien oportunamente contest� la demanda y propuso la excepci�n de �ausencia de causa para demandar�, mientras que el enteramiento del demandado FABIO ALONSO HIGUERA SU�REZ tuvo lugar por intermedio de curador ad litem, quien dio contestaci�n al libelo sin formular excepciones. 3.3.
Surtido el traslado de las excepciones, se se�al� fecha y hora para realizar la audiencia de que trata el art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil, dentro de la cual se declar� superada la etapa de conciliaci�n por estar uno de los demandados representado por curador ad litem, por tanto, en auto posterior se abri� el periodo probatorio decretando las pruebas solicitadas por las partes. 3.4.
Posteriormente se corri� traslado para alegar de conclusi�n y una vez fenecido dicho t�rmino, el a quo profiri� sentencia, en la cual declar� no probada la excepci�n propuesta por el extremo pasivo, neg� las pretensiones de la demanda y conden� a la demandante a pagar las costas causadas. 4. La sentencia Precis� el a quo que el demandante tiene la calidad de copropietario del inmueble, y como tal, no pudo expresar su voluntad para usufructuarlo o explotarlo, por lo que concluy� que le asist�a causa para demandar; pese a lo cual consider�, que no se prob� el hecho da�ino que justifique la indemnizaci�n de perjuicios, pues el simple hecho que un comunero haya dado el bien com�n en administraci�n, no implica da�o o perjuicio, en la medida que no hay norma que imponga al condue�o pedir autorizaci�n del otro comunero para darlo en corretaje.
Adem�s, se�al� que para que se cause el perjuicio es necesario que el bien se entregue gratuitamente o en corretaje inocuo, sin respaldo y fundamento suficiente, pues no hay norma que obligue a la entidad administradora a recibir autorizaci�n de todos los condue�os para celebrar el contrato. Agreg� que la ocurrencia del perjuicio se desvirtu� con la declaraci�n de Pilar del Tr�nsito Hern�ndez Garc�a, quien se�al� que de acuerdo con el contrato de administraci�n, el producto del arrendamiento deb�a ser dividido entre los condue�os. 5.
El recurso El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelaci�n contra la anterior decisi�n, aduciendo para ello que si el fallador declar� infundada la excepci�n planteada por el extremo pasivo, ha debido resultar victoriosa la pretensi�n, lo cual no sucedi�. Adem�s, refiri�ndose a cada uno de los elementos de la acci�n de responsabilidad, se�al� que: a) el hecho da�ino consisti� en que el demandado FABIO ALONSO HIGUERA entreg� dolosamente a la ORGANIZACI�N JUR�DICA E INMOBILIARIA A. RODR�GUEZ IZQUIERDO Y CIA. LTDA., el inmueble en administraci�n, aduciendo que actuaba en representaci�n del demandante JOSE AGUST�N SU�REZ ALBA, sin que �ste le haya otorgado poder para ese fin, por lo que tan s�lo estaba facultada para entregar en administraci�n su cuota parte y no la totalidad del inmueble, de lo que concluy� que su conducta era dolosa y tuvo como fin defraudar los intereses del demandante; b) que el da�o se ocasion�, pues las mesadas no han ingresado al patrimonio del actor y �ste no se encontraba obligado con el negocio jur�dico suscrito entre los demandados, por lo que no es aceptable el argumento de acuerdo con el cual �l ha debido acercarse a retirar el 50% producto del arrendamiento.
Finalmente, adujo que el juzgador con su decisi�n desconoci� los derechos de propiedad, disposici�n y uso del inmueble de propiedad del demandante. Una vez rituados los tr�mites en esta instancia procede la Sala a resolver la alzada. CONSIDERACIONES 1. Presupuestos Procesales: No encuentra reparo la Sala en el cumplimiento de los presupuestos procesales, por cuanto las partes tanto por activa como por pasiva ostentan la capacidad procesal requerida, la demanda fue debidamente presentada y tramitada sin vicios de nulidad por el Juez competente, situaci�n que permite a este Tribunal proferir decisi�n de fondo sobre el mismo. 2.
El cuasicontrato de comunidad. Se demanda ante la jurisdicci�n en el presente asunto, la indemnizaci�n de los perjuicios causados al demandante con ocasi�n del contrato de administraci�n celebrado entre FABIO ALONSO HIGUERA y la ORGANIZACI�N JUR�DICA E INMOBILIARIA A. RODR�GUEZ IZQUIERDO Y CIA. LTDA., respecto del inmueble de propiedad de JOS� AGUST�N SU�REZ ALBA y FABIO ALONSO HIGUERA, as� como del subsiguiente contrato de arrendamiento celebrado por la anotada inmobiliaria sobre dicho bien inmueble.
Fundamenta el demandante su pretensi�n indemnizatoria en el denominado cuasicontrato de comunidad, al cual, al margen de la controversia doctrinal sobre su naturaleza y su car�cter de fuente obligacional, el art�culo 2322 del C�digo Civil se refiere se�alando que �la comunidad de una cosa universal o singular, entre dos o m�s personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad, o celebrado otra convenci�n relativa a la misma cosa, es una especie de cuasicontrato�.
Dicho cuasicontrato de comunidad se diferencia del contrato de sociedad: a) por cuanto la comunidad nace de una situaci�n ocasional, mientras que la sociedad surge de un pacto entre los asociados; b) la sociedad forma una persona diferente de sus socios, en tanto que la comunidad carece de existencia jur�dica independiente de los comuneros; c) el asociado pierde el derecho de dominio sobre los bienes dados al haber de la sociedad y s�lo adquiere derecho personales contra aquella, mientras que el comunero conserva su derecho real de dominio sobre la cosa; d) a diferencia de la sociedad, los comuneros no se encuentran obligados a permanecer en la indivisi�n. Entonces, siendo asunto indiscutible que la comunidad no constituye una persona jur�dica, los copropietarios de una cosa indivisa no se representan unos a otros, ni a la comunidad.
Frente al punto, la Corte Suprema de Justicia dijo: �El art�culo 2323 del C�digo Civil significa que del dominio de cada uno de los condue�os de las cosas comprendidas en la comunidad le resultan derechos al uso de la cosa com�n y a sus frutos como tambi�n obligaciones en cuanto a deudas y reparaciones de la comunidad. �sta, a diferencia de lo que acontece con la sociedad, no constituye una persona jur�dica distinta de los socios, personalmente considerados, ni es due�a tampoco, de un patrimonio propio.
La cuota que corresponde a los comuneros en la cosa com�n pertenece al patrimonio particular de cada uno de ellos. Los comuneros no son distintos due�os de una cosa, y como copropietarios no se representan unos a otros, ni tienen particularmente la representaci�n de la comunidad de modo que pudiera ser demandada eficazmente en la persona de cualquiera de los part�cipes.
Desde el punto de vista del derecho de propiedad indivisa existente en el cuasicontrato de comunidad carece de todo sentido el concepto de administraci�n rec�proca de los comuneros.� (C.S.J., sentencia julio 26 de 1939). En torno a la responsabilidad de los comuneros, el art�culo 2326 del C�digo Civil prev� �cada comunero debe a la comunidad lo que saca de ella, incluso los intereses corrientes de los dineros comunes que haya empleado en sus negocios particulares, y es responsable hasta la culpa leve por los da�os que haya causado en las cosas y negocios comunes�.
Seguidamente, dispone el art�culo 2328 de la misma codificaci�n que �los frutos de la cosa com�n deben dividirse entre los comuneros a prorrata de sus cuotas�. 3. Caso concreto 3.1. En el presente asunto, se le endilga a FABIO ALONSO HIGUERA haber dado en administraci�n el bien inmueble a la sociedad demandada, sin autorizaci�n del comunero JOS� AGUST�N SU�REZ ALBA, punto en torno al cual debe recordarse que, de conformidad con la jurisprudencia en cita, ninguno de los comuneros puede actuar como representante de la comunidad, a menos que se le haya otorgado la administraci�n del bien com�n. 3.1.1.
Del acervo probatorio como primera medida se tiene que, Fabio Alonso Higuera Su�rez y Jos� Agust�n Su�rez Alba son titulares del derecho de dominio en comunidad del inmueble distinguido con el n�mero 140-60 de la carrera 91 de Bogot� D.C., tal como consta en el folio de matr�cula inmobiliaria No. 50N-948754 visto a folio 8 del cuaderno 1; y en segundo lugar, que el 1� de septiembre de 1999, el demandado FABIO ALONSO HIGUERA suscribi� un contrato de administraci�n con la ORGANIZACI�N JUR�DICA E INMOBILIARIA A. RODR�GUEZ IZQUIERDO Y CIA. LTDA., aduciendo que obraba �en nombre propio y en representaci�n de JOSE AGUST�N SU�REZ�, el cual ten�a por objeto la administraci�n del inmueble ubicado en la carrera 91 No. 140-60, local No. 1 de Bogot� (fls. 42 y 43, cdno. 1).
Sin embargo, no se aport� prueba del poder otorgado por el se�or JOS� AGUST�N SU�REZ ALBA a FABIO ALONSO HIGUERA para que suscribiera el referido contrato de administraci�n en su nombre, as� como tampoco aparece ratificado en forma expresa o t�cita ese convenio por parte del ac� demandante, de lo que se deduce que dicho contrato no obligaba en forma alguna al se�or SU�REZ ALBA.
Err� entonces el a quo al concluir que no se produjo una conducta por parte de uno de los comuneros en desmedro de los intereses del otro y que con ella tampoco se ocasion� un perjuicio al demandante, argumento que fund� en la declaraci�n de la se�ora PILAR DEL TR�NSITO HERN�NDEZ PRADO, en cuanto dicha testigo se�al� que la inmobiliaria giraba dos cheques diferentes a nombre de cada uno de los comuneros, para cancelar el producto del arrendamiento, pues ni siquiera se acredit� que esos dineros fueron girados a �rdenes del demandante y que �ste tuviera conocimiento de esa circunstancia. Ahora bien, no estando facultado el demandado FABIO ALONSO HIGUERA para contraer obligaciones a nombre de la comunidad, precisamente por no haber sido designado administrador de la misma, debe responder por �los dineros comunes que haya empleado en sus negocios particulares� (art. 2326, C.C.), en la medida que �los frutos de la cosa com�n deben dividirse entre los comuneros a prorrata de sus cuotas� (art. 2328, ib.), no siendo admisible entonces que tan s�lo uno de ellos perciba todos los frutos producidos por el bien. 3.1.2.
As� las cosas, como quiera que tanto el contrato de administraci�n como el de arrendamiento se suscribieron el 1� de septiembre de 1999, es a partir de esa fecha que el demandado FABIO ALONSO HIGUERA deber� responder por los frutos al demandante. Y para determinar la fecha hasta la cual deber�n cuantificarse aquellos, no puede la Sala pasar inadvertido el contrato de arrendamiento suscrito por los dos comuneros el 8 de febrero de 2001, respecto del inmueble ubicado en la carrera 91 No. 140-60 de Bogot� (fls. 64 a 70, cdno. 1), not�ndose que en �l no se especific� si correspond�a a un solo local o a todo el inmueble, en la medida que ni siquiera se hizo referencia a los linderos del bien objeto del contrato; situaci�n de la que debe concluirse, que el contrato vers� sobre todo el bien.
Res�ltese que en la cl�usula d�cima octava de dicho contrato se indic�, que �este contrato no afecta la actuaci�n procesal que cursa en el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito, proceso radicado bajo el n�mero 992170, iniciado por el doctor JOSE AGUSTIN SUAREZ ALBA contra FABIO HIGUERA SUAREZ E INMOBILIARIA ROERIGUEZ IZQUIERDO Y COMPA��A�, manifestaci�n que no habr�a sido necesaria si el contrato versara sobre un local o un inmueble diferente al que se refiere el libelo introductorio, por lo que es incuestionable que se trata del mismo bien, de lo que deviene que tales frutos deber�n liquidarse hasta el d�a anterior a la fecha en que se entreg� el inmueble en arrendamiento por parte de ambos comuneros, esto es, el 1� de marzo de 2001. 3.1.3.
Con miras a cuantificar los frutos dejados de percibir por el se�or JOS� AGUST�N SU�REZ ALBA, se practic� el dictamen obrante de folio 135 a 154 del cuaderno principal, cuya aclaraci�n obra a folios 160 a 164, de acuerdo con el cual el valor dejado de percibir por el demandante asciende al 50% de $800.000,oo mensuales entre septiembre de 1999 y agosto de 2000 y de $960.000,oo mensuales entre septiembre de 2000 y febrero de 2001.
Adem�s, como en ese punto no fue objetada la experticia, la misma deber� ser acogida por la Sala, en la medida que se encuentra en un todo de acuerdo con el contrato de arrendamiento suscrito respecto del bien objeto de controversia, convenio en el cual se acord� que el canon de arrendamiento fijado inicialmente en $800.000,oo, ascender�a anualmente en un 20% (cl�usula tercera, nums. 3.1. y 3.2; fl. 44, cdno. 1).
En ese orden de ideas, para cada periodo el valor dejado de recibir queda resumido as�: $ 800.000,oo X 12 = $ 9�600.000,oo $ 960.000,oo X 6 = $11�520.000,oo SUBTOTAL = $21�120.000,oo TOTAL 50% = $10�560.000,oo De lo anterior puede concluirse que hasta el 28 de febrero de 2001, el desmedro ascendi� a $10�560.000,oo, suma que deber� actualizarse hasta el momento que se verifique su pago. 3.1.4.
En la demanda tambi�n se reclaman las sumas de $30�000.000,oo correspondientes al costo de oportunidad y 1.000 gramos oro por concepto de perjuicios morales. Sin embargo, en cuanto al primer monto reclamado, ni por asomo aparece la prueba de una posible negociaci�n adelantada por el actor frente al inmueble dado en arrendamiento y menos a�n que �sta haya resultado fallida con motivo de la relaci�n arrendaticia, para de all� arribar a la condena indemnizatoria.
N�tese que el demandante se limita a afirmar que �la oportunidad de vender, permutar, hipotecar el inmueble de su propiedad, ha sido violentado por la ocupaci�n del inmueble� y, que por esa raz�n valora el costo de oportunidad en la suma de $30�.000.000,oo, sin que dicha aseveraci�n y cuantificaci�n tenga sustento probatorio alguno; de donde no estando acreditado el perjuicio, mal puede condenarse al demandado.
En lo que toca con los perjuicios morales, afirma el recurrente que los mismos tuvieron origen en la angustia y desaz�n producida con la conducta perjudicial de la parte demandada, a lo cual acota la Sala, que no presumi�ndose los perjuicios morales en eventos como el que nos ocupa, los mismos han debido probarse, y al echarse de menos medios de convicci�n que a ello apunten, es incuestionable que acert� el a quo al negar su reconocimiento.
As� tenemos entonces, que no hay lugar al pago de perjuicios morales, ni al reconocimiento de suma alguna por concepto del costo de la oportunidad. 3.2. De otro lado, se adujo en la demanda que la ORGANIZACI�N JUR�DICA E INMOBILIARIA A. RODR�GUEZ IZQUIERDO Y CIA. LTDA. recibi� en administraci�n del se�or FABIO ALONSO HIGUERA el inmueble de propiedad del demandante JOS� AGUST�N SU�REZ ALBA y del referido demandado, a pesar de estar enterada de que ese bien era de propiedad de dos personas y no s�lo de quien lo dio en administraci�n y, pese a ello, procedi� a darlo en arrendamiento sin autorizaci�n del demandante.
De los hechos que se imputan a la inmobiliaria demandada, no se advierte el surgimiento de obligaciones a cargo de �sta y a favor del demandante, con ocasi�n del cuasicontrato de comunidad, pues es claro que el tan referido inmueble fue dado en administraci�n por uno de los copropietarios a dicha entidad, aduciendo para ello que actuaba en representaci�n del otro comunero; situaci�n que descarta el que, en virtud de la comunidad, se le reclame a la sociedad demandada el cumplimiento de prestaci�n alguna, en la medida que aquella no obliga a �ste, ni menos por el hecho de haber celebrado el contrato de administraci�n con uno s�lo de los propietarios, pues en verdad, no existe disposici�n legal alguna que imponga que dicho contrato �nicamente puede celebrarse con quien o quienes detenten el derecho de dominio, como equivocadamente parece entenderlo el demandante. 4.
Conclusi�n Como corolario de lo anterior, deber� condenarse al demandado FABIO ALONSO HIGUERA a pagar al demandante JOS� AGUST�N SU�REZ ALBA, la suma de $10�560.000,oo, correspondiente a los frutos dejados de percibir entre el 1� de septiembre de 1999 y el 28 de febrero de 2001, suma �sta que deber� ser actualizada conforme al IPC desde la fecha en que deb�a cancelarse cada mesada de arrendamiento y hasta el momento en que se produzca su pago.
DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley RESUELVE Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el 20 de mayo de 2005, por el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogot� dentro del proceso ordinario de la referencia; y en su lugar, se dispone: a) DECLARAR probada la excepci�n de �ausencia de causa para demandar� propuesta por la ORGANIZACI�N JUR�DICA E INMOBILIARIA A. RODR�GUEZ Y CIA. LTDA. b) En consecuencia, negar las pretensiones formuladas frente a la ORGANIZACI�N JUR�DICA E INMOBILIARIA A. RODR�GUEZ Y CIA. LTDA. c) DECLARAR que el comunero FABIO ALONSO HIGUERA es responsable de los frutos dejados de percibir por el se�or JOS� AGUST�N SU�REZ ALBA, con ocasi�n de haber dispuesto la entrega en arrendamiento del local comercial ubicado en la carrera 91 No. 140-60 de esta ciudad, del cual son comuneros. d) En consecuencia, CONDENAR a FABIO ALONSO HIGUERA a pagar al demandante JOS� AGUST�N SU�REZ ALBA, la suma de $10�560.000,oo, correspondiente a los frutos dejados de percibir entre el 1� de septiembre de 1999 y el 28 de febrero 2001, suma �sta que deber� ser actualizada conforme al IPC desde la fecha en que deb�a cancelarse cada uno de las mesadas de arrendamiento y hasta el momento en que se produzca su pago. e) NEGAR las pretensiones relativas a costo de oportunidad y perjuicios morales.
Segundo.- Condenar en costas de ambas instancias en un 50% a al demandado FABIO ALONSO HIGUERA a favor del demandante. Por secretar�a del Tribunal liqu�dense las correspondientes a esta instancia. Tercero.- Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandante a favor de la sociedad demandada. Por secretar�a del Tribunal, liqu�dense las correspondientes a esta instancia. NOTIF�QUESE RICARDO ZOP� M�NDEZ Magistrado 2170 MARCO ANTONIO �LVAREZ G�MEZ Magistrado 2170 RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS Magistrado 2170 PAGE PAGE PAGE 2 '*23>?KLwxy��������������������ĵ����|pcSFSFSFSFScFSh�q�5�CJOJQJaJh�q�hM !5�CJOJQJaJh�qe5�CJOJQJaJh�qehM !5�OJQJh� �5�OJQJhfI�hfI�5�CJOJQJaJhfI�h�q�5�CJOJQJaJhfI�hM !5�CJOJQJaJh�q�hM !CJOJQJaJh�q�hM !6�OJQJaJh�q�h�q�5�CJOJQJaJh�q�5�CJOJQJaJh�q�hM !5�CJOJQJaJ3>?xy����+ ] e � � � � � � � � ��������������������$��dh`��a$gd�"�$�dh^�a$gd�QZ $dha$gd�QZdhgd�"�gd�"� $dha$gd�"�D]j]��� * / 1 4 5 ? @ J K M N R S Y d e y � � � � � � � � � � � � � � � 5 �������������������������������{�lh�q�hM !CJOJQJaJh�q�h5/i5�CJOJQJaJh�q�hY4p5�CJOJQJaJh�QZ5�CJOJQJaJh�qe5�CJOJQJaJh�qehM !5�OJQJh�QZ5�OJQJh�qeh�qe5�OJQJh�qeh�q�5�OJQJh�q�hM !5�CJOJQJaJh�q�5�CJOJQJaJ$5 @ A U ` w � � � � � � � � � � � $%,������� �������ӻ�Ǟ�ӫӏ�����q�q�q�bVh�rCJOJQJaJh�x�h�buCJOJQJaJh�x�h5/iCJOJQJaJh�x�hM !CJOJQJaJh�x�h�qeCJOJQJaJh�q�5�CJOJQJaJh�q�hM 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