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Magistrado Ponente: JOSE ELIO FONSECA MELO. Dec�dese el recurso de apelaci�n interpuesto por las partes contra la sentencia de 19 de diciembre de 2005, proferida por el Juzgado 06 Civil del Circuito de Bogot�, dentro de este proceso.
ANTECEDENTES: La Sociedad Fomex de Colombia Ltda. instaur� demanda ejecutiva contra la sociedad Defence Systems de Colombia S.A. seg�n los hechos que resumidos son: 1. El 19 de noviembre de 2001 celebraron un contrato que denominaron �Acuerdo de Confidencialidad�, orientado a abstenerse de publicar, divulgar y utilizar �para s� mismas u otras personas�, secretos comerciales, datos t�cnicos o de negocios y materiales confidenciales de su contraparte o de cualquier otra persona a quien esta deba confidencialidad. 2.
En la cl�usula cuarta de dicho contrato manifestaron que, una vez terminado su objeto, las partes deber�an devolver en forma inmediata los materiales previa solicitud de la otra. 3. As� mismo, en la cl�usula quinta pactaron que en caso de incumplimiento la parte infiel pagar�a a la otra la suma de US$200.000 reducidos a pesos colombianos sin necesidad de requerimiento judicial. 4.
El 26 de marzo de 2002 la Sociedad demandante solicit� a la demandada la devoluci�n de los materiales que hicieron parte de la propuesta de protecci�n de los Well Pads, de manera que el 09 de abril siguiente recibi� como respuesta que �las maquetas de proyectos presentadas por ustedes fueron destruidas e igualmente toda la informaci�n triturada�, respuesta ratificada en los mismos t�rminos el 12 de abril. 5.
En estas condiciones la Sociedad demandada incumpli� la obligaci�n de devolver los materiales que recibi�, raz�n por la cual se impone a su favor la cl�usula penal pactada, a efecto de resarcir los perjuicios que padeci�. Con fundamento en estos hechos la Sociedad demandante solicit� mandamiento de pago por la suma de US$200.000 por concepto de la cl�usula penal pactada traducidos a pesos en el momento �del cumplimiento de la obligaci�n� y los intereses moratorios se�alados por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica en trat�ndose de una obligaci�n contra�da en moneda extranjera.
Tras el reconocimiento del contrato base del cobro ejecutivo por la sociedad ejecutada, el Juzgado por auto de 06 de febrero de 2003 libr� mandamiento de pago en la forma pedida en la demanda, y en cuanto a los intereses de mora, los fij� a la tasa del 25% anual �desde el 9 de abril de 2002 hasta cuando su pago total se verifique�. La Sociedad ejecutada recibi� notificaci�n del auto de apremio el 19 de febrero de 2003, y luego de las vicisitudes que padeci� el proceso y que en aras de la brevedad se omiten, contest� el libelo proponiendo en su defensa las siguientes excepciones de fondo: �Ausencia de causa� apoyada en que toda obligaci�n tiene �una raz�n, un motivo�, pero en este asunto la obligaci�n ejecutada carece de estos, dado que la destrucci�n de los materiales en cuesti�n no significa divulgaci�n de secretos o t�cnicas confidenciales. �No cumplimiento de la condici�n� fundada en la cl�sica divisi�n de las obligaciones en puras y simples y condicionales, de suerte que sometida la obligaci�n que se ejecuta a una condici�n suspensiva, no habr�a manera de decir que naci� puesto que la Sociedad demandada no ha divulgado los secretos y t�cnicas mencionados en el aludido Acuerdo. �Falta de t�tulo ejecutivo� basada en esencia en que el Acuerdo de confidencialidad debe relacionarse con el negocio que medi� entre las partes y que se recogi� en el documento adosado al proceso, consistente en el compromiso asumido por la demandante de proporcionarle unas alarmas que �ven�an con una maqueta muy modesta en icopor y con unas instrucciones en papel ordinario�, de suerte que es falso que se haya suministrado informaci�n sometida al mencionado Acuerdo. �Cl�usula penal exorbitante y lesiva.
Obligaci�n del Juez de reducirla� sustentada en el art�culo 1601 del C�digo Civil, pues en su decir la Sociedad ejecutada adquiri� cinco alarmas cuyo costo ascendi� a US$1.948.80, suma insignificante frente a la cl�usula penal objeto de ejecuci�n. �Caducidad del acuerdo de confidencialidad� soportada en que el acuerdo ten�a una duraci�n en el tiempo de 19 de noviembre de 2001 a 19 de marzo de 2002, lapso dentro del que no se produjo la violaci�n a tal Acuerdo, pues la destrucci�n de las maquetas ocurri� luego del vencimiento de aqu�l t�rmino. Trabada en esta forma la relaci�n jur�dico procesal se abri� a pruebas el proceso, de modo que con la documental acercada y las especies recogidas en la etapa probatoria, el Juzgado de conocimiento mediante sentencia de 19 de diciembre de 2005 declar� probada la excepci�n que toca con la cl�usula penal excesiva, y en consecuencia, redujo la obligaci�n a la suma de US$50.000.
Inconforme con esa decisi�n las partes al tiempo interpusieron recurso de apelaci�n, el que rituado en instancia, la Sala procede a resolver. SE CONSIDERA: 1. Presupuestos Procesales. Los consabidos presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad de parte, capacidad procesal y competencia se hallan reunidos en el presente caso, motivo por el cual el proceso se ha desarrollado normalmente, y por ende, se impone una decisi�n de fondo.
Desde el punto de vista de la actuaci�n tampoco observa la Sala causal de nulidad que pueda invalidar el proceso, de modo que ello aunado a lo anterior, conlleva a una decisi�n de esa naturaleza. 2. La Sentencia del A quo. El Juzgado de conocimiento, tras historiar los antecedentes del proceso abord� una a una las excepciones, de manera que las neg� en su mayor�a con fundamento en los siguientes argumentos: En torno a la excepci�n �Ausencia de Causa�, luego de teorizar sobre la causa como requisito para la validez de los contratos, el Juzgado al aterrizar sostuvo sin m�s que �no hubo una conducta infidente, que conllevase a que se hubiesen divulgado secretos�.
En relaci�n con la excepci�n de �No cumplimiento de la condici�n�, luego de divagar en el terreno de las obligaciones sometidas a condici�n, el Juzgado viene a concluir que �la multa (sic) pactada en el Acuerdo de Confidencialidad nace en el momento mismo en que la demandada no devolvi� los materiales que hicieron parte del contrato�, y no obstante que no lo dijo expresamente, al final y por lo resuelto descart� este medio exceptivo.
Y, contin�a el Juez analizando la excepci�n �Falta de t�tulo ejecutivo�, de manera que apoyado en la posici�n del Tribunal cuando encar� el estudio del documento aducido como t�tulo ejecutivo, con esta perspectiva se neg� a reconocerla. En punto a la excepci�n �Caducidad del acuerdo de Confidencialidad�, una vez analiz� esta defensa desde la �ptica de la caducidad como medio para enervar la acci�n, el Juzgado vino a concluir que �las partes no acordaron t�rmino de caducidad para la ejecuci�n de la multa (sic) pactada�.
Finalmente, al abordar el estudio de la excepci�n �Cl�usula penal exorbitante y lesiva. Obligaci�n del Juez de reducirla�, tras reconocer que en este asunto la obligaci�n principal no es susceptible de cuantificar y que ha de tenerse en cuenta el monto del negocio asociado al mencionado Acuerdo, el Juzgado apoyado en el inciso 3� del art�culo 867 del C. de Co. redujo la cl�usula penal objeto de ejecuci�n a la suma de US$50.000.
Con fundamento en los anteriores argumentos el Juez neg� las excepciones en su mayor parte, empero, para reducir la cuant�a de la obligaci�n declar� parcialmente probado el medio exceptivo tocante con la cl�usula penal lesiva. 3. El recurso de apelaci�n. En forma paralela las partes apelaron este fallo de la siguiente manera: Aduce la parte ejecutada, en procura de alcanzar la revocatoria del fallo, que la obligaci�n surgida del Acuerdo en menci�n estuvo sometida a condici�n suspensiva negativa, consistente en �no publicar, ni divulgar o utilizar para s� mismas y otras personas cualesquiera secretos comerciales, datos o materiales confidenciales, t�cnicos o de negocios de la otra o de cualquier otra persona a quien esta deba confidencialidad�, de manera que, en primer lugar, obligada la ejecutante a probar el cumplimiento de esta condici�n en el curso del proceso no logr� este fin, y en segundo lugar, desde este punto de vista el t�tulo ejecutivo en estas condiciones, ab initio, no es completo.
Y, tras insistir en que el �nico contrato que cubr�a el Acuerdo hizo relaci�n a la compra de cinco alarmas por un valor de US$1.948.80, la Sociedad ejecutada se adentra en el punto de la cl�usula penal enorme, luego de lo cual plantea que en la tarea de reducirla se impone tener en cuenta esta cifra por cuanto que tal Acuerdo �no tiene vida propia�.
Por su lado la Sociedad ejecutante, con miras a obtener el valor de la cl�usula penal consignada en el Acuerdo, al sustentar el recurso sostuvo que no hay lugar a su reducci�n en aplicaci�n del inciso 3� del art�culo 867 del C. de Co., porque la prestaci�n principal es determinable al punto que la British Petroleum Company, multinacional a la que se quiso prestar seguridad, deriva millonarias utilidades en la medida en que garantice su propia seguridad.
Y, tras sostener que la reducci�n de la cl�usula penal pende, por igual, del inter�s que tenga el acreedor en que se cumpla la obligaci�n, la parte ejecutante plantea que �el proyecto ideado por Fomex de Colombia Ltda. representa una innovaci�n tecnol�gica en la protecci�n espec�fica de los campos de producci�n petrolera�, raz�n por la cual la aludida negativa a devolver los materiales caus� graves perjuicios a esta como art�fice del proyecto.
Finalmente, con miras a precisar el punto de los intereses moratorios y la tasa de cambio representativa del mercado para traducir los d�lares a pesos, la Sociedad ejecutante solicit� al Tribunal una definici�n sobre este particular al tenor de las Resoluciones No. 08 y 53 de 05 de mayo de 2000 y 04 de diciembre de 1992, respectivamente. 4.
El caso concreto. Constituye verdad averiguada que con respecto de la apelaci�n en principio corresponde al recurrente se�alar el �mbito dentro del cual ha de moverse el Ad quem, pues inmerso a�n el recurso dentro de un criterio dispositivo es aquel a quien le conviene se�alar los motivos que lo separan del fallo de primer grado, pues de esta manera hace mas precisa y expresiva su inconformidad. 4.1.
Con esta perspectiva la Sala encara, en primer lugar, el recurso de apelaci�n interpuesto por la Sociedad demandada, se recuerda, dirigido en esencia a obtener la revocatoria del fallo con apoyo en los argumentos expuestos al sustentar el recurso. As�, con el prop�sito de establecer la clase de obligaciones asumidas en el denominado �Acuerdo de Confidencialidad� es indispensable se�alar que a trav�s de este las partes se comprometieron, palabras m�s palabras menos, �a no publicar, ni divulgar o utilizar para s� mismas u otras personas, cualesquiera secretos comerciales, datos o materiales confidenciales, t�cnicos o de negocios de la otra o de cualquier otra persona a quien esta deba confidencialidad�.
En forma concomitante en dicho Acuerdo, particularmente en la cl�usula cuarta, las partes en forma textual se obligaron a �devolver inmediatamente aqu�llos materiales a solicitud de la otra parte o al t�rmino de las relaciones comerciales entre estas�. Y, no obstante que los anteriores temas fueron sometidos a esta forma de confidencialidad �durante la vigencia y despu�s del t�rmino de sus relaciones comerciales�, en el aludido Acuerdo las partes pactaron como t�rmino de vigencia el comprendido entre el 19 de noviembre de 2001 y el 19 de marzo de 2002.
De acuerdo con los t�rminos como se pact� la aludida cl�usula cuarta no ofrece duda que estaba sometida a condici�n, porque entendida la condici�n como el acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinci�n de la obligaci�n, la devoluci�n inmediata de los materiales estaba sujeta a la �solicitud de la otra parte�. Empero, en forma paralela la obligaci�n contenida en esta cl�usula tambi�n estaba sometida a plazo, pues entendido el plazo como el acontecimiento futuro y cierto a que se subordina la exigibilidad o la extinci�n de la obligaci�n, en el asunto sub lite al finalizar �las relaciones comerciales� naci� la obligaci�n de devolver los materiales. 4.2.
Para introducir la acci�n la Sociedad ejecutante adujo que la Sociedad ejecutada hab�a incumplido la cl�usula cuarta del Acuerdo, se repite, orientada a imponer a las partes la obligaci�n de �devolver inmediatamente aqu�llos materiales a solicitud de la otra parte o al t�rmino de las relaciones comerciales entre estas�, porque en lugar de obrar en los t�rminos convenidos manifest� que los materiales en cuesti�n fueron destruidos junto con su informaci�n. Para soportar el incumplimiento de esta cl�usula la Sociedad ejecutante alleg� dos comunicaciones enviadas por la Sociedad ejecutada el 09 y 12 de abril de 2002, a trav�s de las cuales puso de presente que �las maquetas de los proyectos presentados � fueron destruidas e igualmente toda la informaci�n triturada�.
Puestas en este orden las cosas, al rompe se advierte que las aludidas comunicaciones ponen en evidencia el incumplimiento de la sobredicha obligaci�n, pues una vez cumplida la condici�n consistente en reclamar la devoluci�n de los materiales por parte de la Sociedad ejecutante, y de paso, agotado el plazo, de esta manera se hizo exigible tal obligaci�n. De acuerdo con esta realidad la Sala viene a concluir que no le asiste raz�n a la parte ejecutada cuando edifica su ataque al fallo con fundamento, en el fondo, en la inexigibilidad de la obligaci�n a falta de cumplimiento de la condici�n, pues siendo esta de la �ndole ya vista no habr�a manera de decir que en el sub lite no acaeci�. 4.3.
Ahora bien: en relaci�n con la apelaci�n de la parte ejecutante, montada sobre la idea consistente en que no hay lugar a la reducci�n de la cl�usula penal con fundamento en el inciso 3� del art�culo 867 del C. de Co., la Sala con miras a desatar el recurso transcribe a continuaci�n la norma en menci�n: �Cuando la prestaci�n principal no est� determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podr� el juez reducir equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva habida cuenta el inter�s que tenga el acreedor en que se cumpla la obligaci�n. Lo mismo har� cuando la obligaci�n principal se haya cumplido en parte�.
Inspirada esta norma en principios de justicia y equidad, en el empe�o de facilitar al juez la reducci�n de la pena con base en estos principios el legislador introdujo como pauta, en el caso en que la prestaci�n principal no est� determinada ni sea determinable, el inter�s que tenga el acreedor en el cumplimiento de la obligaci�n, a efecto de no dejar sin sanci�n, se destaca, esta conducta an�mala de su contraparte. 4.4.
Al aplicar estas premisas de orden legal al presente asunto, resulta incuestionable que la obligaci�n asumida por la Sociedad ejecutada de devolver los materiales referidos en la tantas veces citada cl�usula cuarta no est� expresada ni se pod�a expresar �en una suma cierta de dinero� cuando estaba ligada con el deber de confidencialidad a guardar, raz�n por la cual hizo bien el Juez A quo al optar por reducir el monto de la cl�usula penal pactado fundado en razones de equidad.
Empero, en criterio de la Sala la reducci�n a la suma de US$50.000 no acompasa con �el inter�s que tenga el acreedor en que se cumpla la obligaci�n�, pues tal cantidad se considera excesiva si se tiene en cuenta que la aludida devoluci�n de materiales no implic� por s� sola, en suma, la divulgaci�n o revelaci�n de secretos comerciales y t�cnicos bajo el amparo del �Acuerdo de Confidencialidad.
Con apoyo en estos criterios la Sala es de la opini�n que la cl�usula penal se debe reducir en este caso a la suma de US$20.000. 4.5. Con todo, como quiera que, de un lado, el Tribunal goza de libertad para fallar dado que demandante y demandada apelaron, y del otro, le asiste raz�n a la Sociedad ejecutante cuando acusa el fallo por diminuto, la Sala se ve compelida a hacer los ajustes necesarios en torno a la tasa de cambio a aplicar en este caso, y as� mismo, a resolver el punto de la tasa del inter�s moratorio.
De esta manera, acerca de lo primero, pactada la cl�usula penal en d�lares a tono con el art�culo 874 del C. de Co. se imponen �las prescripciones legales vigentes al momento de hacer el pago�, en este caso la Resoluci�n Externa No. 08 de 05 de mayo de 2000 emanada de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, en cuyo art�culo 79 precept�a que las obligaciones estipuladas �en moneda extranjera y que no correspondan a operaciones de cambio ser�n pagadas en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado en la fecha en que fueron contra�das, salvo que las partes hayan convenido una fecha o tasa de referencia distinta�.
Entonces, como la obligaci�n objeto de ejecuci�n no constituye una operaci�n de cambio, y adicionalmente, las partes convinieron que la cuant�a en d�lares se traducir�a a pesos �a la tasa representativa del mercado el d�a en que se genere�, esta �ltima prescripci�n est� llamada a prevalecer dado que se sumerge dentro de lo pactado, pero como en la pretensi�n se expres� �vigente para el momento del cumplimiento �ntegro de la obligaci�n�, ha de entenderse que ser� la existente en el momento del pago para no incurrir en fallo ultra petita.
Ahora, acerca de lo segundo, vale decir en relaci�n con el tema de los intereses moratorios, como la Sociedad ejecutante lo trae a colaci�n a prop�sito del recurso de apelaci�n sobre el particular cabr�a decir que ordenados en el mandamiento de pago �a la tasa del 25% anual causados desde el 9 de abril de 2002 hasta cuando su pago total se verifique�, esta forma de reconocerlos se aviene con la tasa autorizada por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica en el art�culo 2� de la Resoluci�n No. 53 de 04 de diciembre de 2002, dictada dentro de las facultades que le otorg� el art�culo 71 de la Ley 45/90. 5.
En este orden de ideas, no sin antes poner de presente que la excepci�n que proh�ja la Sala es materia de declaraci�n oficiosa y por este camino la discusi�n si se interpuso o no dentro de t�rmino qued� fuera de contexto, para ajustar el fallo censurado a lo aqu� dispuesto la Sala lo modificar� en lo pertinente. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot� en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero. Confirmar los numerales primero, segundo, tercero bis y quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 19 de diciembre de 2005 proferida por el Juzgado 06 Civil del Circuito de Bogot� dentro de este proceso. Segundo. Modificar el numeral tercero A de dicha parte resolutiva en el sentido de ordenar seguir adelante la ejecuci�n pero solamente por la suma de US$20.000 traducidos a pesos a la tasa de cambio representativa del mercado para la fecha en que se efect�e el pago.
Tercero. Modificar el numeral cuarto de la misma parte en el sentido de ordenar la liquidaci�n del cr�dito incluyendo los intereses moratorios a la tasa del 25% anual a partir del 09 de abril de 2002 hasta cuando se verifique el pago. Cuarto. Sin costas para las partes dado el triunfo parcial de cada una.
NOTIFIQUESE Sentencia discutida y aprobada en Sala Civil de Decisi�n seg�n Acta No. 19 de 05 de junio de 2008. JOSE ELIO FONSECA MELO Magistrado. ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO Magistrado. JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA Magistrado. PAGE PAGE 1 Expediente. 200201084 03. )456Cs��* + c d s � 7 P ] l m n o { � � � � ������������砕���t�i]iRh(�hSCJaJh(�hD:�6�CJaJh(�hD:�CJaJh(�h�7CJaJh(�h�2�CJaJh(�h�\{CJaJh(�h�v�CJaJh(�h�]�CJaJh(�h(�CJaJh(�h.t�CJaJhbCJaJh(�h�,CJaJh(�h�mCJaJh�,CJaJh(�h�~�5�CJ\�aJh(�h�~�CJaJ)456tuw���c d r s kl%&����rs���������������������������$a$gd�]�$a$$a$1UcU��� � � *ilo"#()Jpqz������" �����ɾ����������|qf^SHh(�h5CJaJh(�h�XCJaJh�o�CJaJh(�h�o�CJaJh(�h�&�CJaJh(�hAa�CJaJh(�hnVhCJaJh(�hm�CJaJh(�hP�CJaJh(�h'e�CJaJh(�h��CJaJh(�htR�CJaJh(�h�;tCJaJh(�hzI�CJaJh(�h"b�CJaJh(�h�K=CJaJh(�h�/MCJaJ" � � � � NOQ[�����$=?gnoqs� �����Ӽ�������zo�zodo�YdNCh(�h�*�CJaJh(�h�&�CJaJh(�h�~�CJaJh(�hL�CJaJh(�h�VZCJaJh(�h�`ECJaJh(�h�7lCJaJh(�h�o�CJaJh(�h5CJaJh(�h��CJaJh(�h$-CJaJh(�h�CJaJh(�hBS�6�CJaJh(�hBS�CJaJh(�h�p�CJaJh(�h�/)6�CJaJh(�h�/)CJaJ,MN���#=Ul���������2457��;<�����Ƚ������������z��odYNdh(�h�q�CJaJh(�h�q�CJaJh(�h�UCJaJh(�h�~�CJaJh(�h|k�6�CJaJh(�h;t�CJaJh(�h|k�CJaJh(�h�I�CJaJh(�hd $CJaJh(�h�p�CJaJh(�h��CJaJh(�hL�CJaJh(�h�&�CJaJh(�h�kCJaJh(�h�s�6�CJaJh(�h�s�CJaJs��67<=AB��vw����>@����������������������������������$a$$a$gd[Qgd[Q$a$<=>Q`v�ABCdo�P������������%&M������Ѻ��ꯤ������uj�j_T�T�T�h(�hwcCJaJh(�h�8�CJaJh(�h�s�CJaJh(�h�;�6�CJ]�aJh(�hc�CJaJh(�hb"_CJaJh(�h�a�CJaJh(�hc�CJaJh(�h�D*CJaJh(�hK]}CJaJh(�h9>�6�CJaJh(�h9>�CJaJh(�h[Q6�CJ]�aJh(�h[QCJaJh(�h�;NCJaJM`ap~����S]jkrswx����8CO���5U`v�����������ԽԽ�����������xm���b�b�Wh(�h*#JCJaJh(�hk[CJaJh(�h�W}CJaJh(�h,CJaJh(�h�FcCJaJh(�h8CJaJh(�h[Q6�CJ]�aJh(�h[QCJaJh(�h�s�CJaJh(�h�T[CJaJh(�h�P�6�CJaJh(�h�P�CJaJh(�h�D�CJaJh(�h�2�CJaJh(�h�\�CJaJ"��������=^_efgq����������������������ɾ߳߳߳ߨߚ��t�i�^�Rt�^h(�hTK�5�CJaJh(�hTK�CJaJh(�hUz�CJaJh(�h�~�5�CJaJh(�h�,5�CJaJh(�h�~�5�CJ\�aJh(�hUz�5�CJ\�aJh(�hn+CJaJh(�h�.PCJaJh(�h�/�CJaJh(�h�S�CJaJh(�h� �CJaJh(�h�~�CJaJh(�h[QCJaJh(�hiCJaJ��������Z![!H"I"i#j#%%&&& &!&j&k&))������������������������$a$gdx,�gd�$a$gd��$a$gd'J$a$$a$$a$L���*-467?GKL��������;
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