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En Bogot� D.C., d�a y hora previamente se�alados para llevar a cabo la presente audiencia dentro del proceso de la referencia, el Magistrado Ponente la declara abierta junto con los dem�s Magistrados con quienes integra la Sala de Decisi�n, as� como con el Doctor MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO, quien fue convocado a �sta audiencia por la falta de consenso mayoritario respecto de la ponencia presentada por el suscrito como Magistrado Sustanciador inicial, tal y como consta en el acta de audiencia de fecha 24 de agosto de 2017, por lo que se procede a se�alar que el objeto de la audiencia es, OBJETO DE LA AUDIENCIA En principio decidir los recursos de apelaci�n interpuestos por ambos apoderados contra la sentencia del 31 de mayo de 2016 proferida por el Juzgado 6� Laboral del Circuito de Bogot�, as� como estudiar en el grado jurisdiccional de consulta la sentencia a favor de la entidad demandada, por ser el Estado garante de las obligaciones, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 69 del C.P.T. y de la S.S., modificado por el art�culo 14 de la Ley 1149 de 2007.
ANTECEDENTES DEMANDA La se�ora ELIANA GISELE AGUILAR HERN�NDEZ solicit� declarar la existencia de un contrato de trabajo desde el 1� de julio de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013. Como consecuencia de ello solicit� que se condene a la entidad accionada de manera principal a reintegrarla al cargo que ocupaba al momento del despido, y de manera subsidiaria se reconozca y page la indemnizaci�n por despido, la indemnizaci�n moratoria y el auxilio de cesant�as e intereses sobre las mismas, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios convencionales, prima de navidad de car�cter legal, prima t�cnica convencional, el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, la nivelaci�n salarial, los incrementos salariales de naturaleza extralegal y costas.
Como sustento de sus pretensiones afirm� que prest� servicios personales a favor del extinto ISS mediante la suscripci�n de contratos de prestaci�n de servicios desde el 1� de julio de 2011 al 31 de marzo de 2013, en el cargo de Abogada en el Departamento de Compras del nivel nacional, en virtud del cual deveng� una suma �ltima de $2.983.992.
No obstante, afirm� que a pesar de la suscripci�n de los aludidos contratos, en la realidad, se le impartieron �rdenes, se le exigi� cumplimiento de horario, la prestaci�n del servicio en las instalaciones de la empresa, le suministraron los elementos para desempe�ar la funci�n, por lo que considera que se configuraron los elementos de una verdadera relaci�n laboral, por lo que procede el reconocimiento de las acreencias laborales y extralegales otorgados en la empresa demandada (fls. 4 a 18).
CONTESTACI�N DEMANDA FIDUAGRARIA S.A. en calidad de administrador del PATRIMONIO AUT�NOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACI�N contest� la demanda con oposici�n a las pretensiones. Para ello consider� que con la demandante no existi� relaci�n laboral alguna, puesto que lo celebrado entre las partes consisti� en la suscripci�n de contratos de prestaci�n de servicios regulados por la Ley 80 de 1993 que no genera el pago de las pretensiones invocadas.
Propuso como excepciones las de prescripci�n, inexistencia de la aplicaci�n de la primac�a de la realidad, inexistencia del derecho y de la obligaci�n, pago, ausencia del v�nculo de car�cter laboral, cobro de lo no debido, relaci�n contractual con el actor no era de naturaleza laboral, buena fe, inexistencia de la convenci�n colectiva y presunci�n de legalidad de los actos administrativos y contratos celebrados entre las partes (fls. 240 a 255).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado 6� Laboral del Circuito de Bogot�, mediante sentencia del 31 de mayo de 2016, declar� que entre las partes existi� un contrato de trabajo desde el 1� de julio de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013 en aplicaci�n del principio de la primac�a de la realidad sobre las formas jur�dicas, raz�n por la que conden� a la entidad accionada a reconocerle y pagarle los siguientes conceptos: auxilio de cesant�as e intereses sobre las mismas, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, reembolso de aportes pensionales, reembolso de aportes al sistema de seguridad social en salud, indemnizaci�n por despido e indemnizaci�n moratoria.
Absolvi� respecto de las dem�s pretensiones. Para arribar a tal conclusi�n se�al� que con el an�lisis del acervo probatorio, se demostr� la prestaci�n personal del servicio, por lo que se activ� la presunci�n legal de su existencia, sin que la parte accionada hubiera logrado desvirtuarla, pues se acredit� que el servicio contratado se ejecut� con sujeci�n a subordinaci�n jur�dica, raz�n por la que declar� la existencia de la relaci�n laboral en los extremos temporales antes indicados, que dieron lugar al reconocimiento de los conceptos laborales antes indicados, toda vez que la parte accionada no acredit� que los hubiera pagado.
RECURSO DE APELACI�N El apoderado judicial de la parte demandante apel� la decisi�n en virtud de la cual solicit� el reconocimiento y pago de la prima t�cnica, pues consider� que al acreditarse el grado profesional procede su reconocimiento, as� mismo se�al� que hay lugar a la nivelaci�n salarial, pues se demostr� el escalaf�n salarial visible a folios 2 a 25 donde se discrimina el personal de la extinta ISS, por lo que debe reajust�rsele el salario con base en dicha prueba.
El apoderado judicial de la parte demandada la decisi�n por considerar que no hay lugar a declarar la existencia del contrato de trabajo, pues se prob� que ejecut� la labor de conformidad con la celebraci�n de contratos de prestaci�n de servicios regidos por la Ley 80 de 1993, sin que mediara subordinaci�n jur�dica, tal como lo expuso en la contestaci�n de la demanda, adem�s se opuso a la condena por concepto de indemnizaci�n por despido, pues no prob� el hecho del despido, igualmente frente a la condena por el pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones y salud, puesto que la entidad no tuvo la obligaci�n de realizar el pago de los mismos, y en caso de proceder s�lo debe remitirse a la parte que le correspond�a. Por �ltimo se opuso al reconocimiento de la indemnizaci�n moratoria, pues medi� la buena fe en la celebraci�n de los contratos de prestaci�n de servicios, por lo que debe ser exonerada la entidad accionada del concepto en menci�n. PROBLEMA JUR�DICO Reunidos los presupuestos procesales y no existiendo causal de nulidad que invalide lo actuado, corresponde a �sta Sala de Decisi�n determinar si entre las partes existi� un contrato de trabajo en aplicaci�n del principio de la primac�a de la realidad sobre las formas jur�dicas.
CONSIDERACIONES. EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO Y CALIDAD DE TRABAJADORA OFICIAL El juez de primera instancia consider� que la demandante tuvo la calidad de trabajadora oficial por el hecho de que la entidad demandada era una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Nacional y por haber encontrado demostrados los elementos del contrato de trabajo establecidos en el Decreto 2127 de 1945.
Sin embargo, y pese a que la demandante en su demanda solicit� la existencia de contrato de trabajo en calidad de trabajadora oficial, dicha calidad se determinada por virtud de la ley y no por la voluntad de las partes, pues aqu�lla consagra las condiciones para tal distinci�n. De esta manera y previo a investigar la configuraci�n de los elementos del contrato de trabajo solicitado, el juez debi� analizar y atenerse a los criterios legales para definir tal status, tarea que no emprendi� por lo que corresponde en esta instancia desarrollarla, y as� verificar si la actora demostr� los supuestos f�cticos enrostrados en la demanda, que le permitan ostentar la calidad de trabajadora oficial, y as� obtener las prebendas pretendidas bajo tal condici�n. Como se dijo, es la ley y no la voluntad de las partes, la que define cu�ndo un servidor oficial es trabajador oficial o empleado p�blico, por lo que incluso el trato como trabajador oficial que eventualmente haya dado la entidad empleadora, no es criterio v�lido para definir tal aspecto.
Es por ello que en este proceso, la Sala debe dilucidar ese primer aspecto, para luego discernir, solo en caso positivo, si es beneficiaria de los derechos extralegales solicitados, tal como reiteradamente lo ha sostenido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (sentencias de marzo 19 de 2004, Radicaciones 19960 y 21403, del 11 de agosto de 2004, Radicaci�n 21494, del 21 de septiembre de 2006 Rad. 27146 entre muchas otras).
Sin embargo, como se ha referido, es la ley la que se encarga de indicar cu�ndo un servidor tiene la calidad de trabajador oficial y cu�ndo es empleado p�blico, por lo que deben atenderse tales par�metros, y no la voluntad de las partes, m�s a�n cuando, como en el caso presente, la entidad demandada es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, las cuales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3135 de 1968 tienen una planta de personal mixta entre empleados p�blicos y trabajadores oficiales, que exige del Juez una verificaci�n normativa.
En ese ejercicio cita la Sala el Decreto 2148 de 1992, norma que establece que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES �ISS- era una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Nacional con personer�a jur�dica, autonom�a administrativa y capital independiente y vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 5� del Decreto 3135 de 1968,: �Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisar�n qu� actividades de direcci�n o confianza deban ser desempe�adas por personas que tengan la calidad de empleados p�blicos.�, es decir, que salvo disposici�n expresa, la regla general, es que el personal de esas entidades funge como trabajadores oficiales.
Ahora, Decreto 416 de 1997, mediante el cual se aprob� el Acuerdo 145 del 4 de febrero de 1997 emanado del Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales, y que se encuentra vigente, dispone que los servidores del Instituto de Seguros Sociales se clasifican en empleados p�blicos y trabajadores oficiales y a continuaci�n precisa qu� cargos ser�an considerados empleados p�blicos, as�: �A. Son Empleados P�blicos, las personas que ocupan los siguientes cargos en la planta de personal del ISS: Presidente del Instituto.
Secretario General y Seccional. Vicepresidente. Gerente. Director. Asesor. Jefe de Departamento. Jefe de Unidad. Subgerente. <Numeral NULO> Coordinador Clase 1, ll, lll, IV y V. <Numeral NULO> Jefe de Secci�n <Numeral NULO> Funcionarios profesionales de Auditor�a Interna, Disciplinaria, Calidad de servicios de Salud y Contrataci�n de Servicios de Salud Los Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los despachos del Presidente, Secretario General o Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director.
B. Son Trabajadores Oficiales, las personas que desempe�en en el Instituto los dem�s cargos.� Ahora bien, en el presente caso, la se�ora ELIANA GISELA AGUILAR HERN�NDEZ solicit� declarar que estuvo vinculada con el ISS mediante contrato de trabajo desde el 1� de julio de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013, para lo cual alleg� los respectivos contratos de prestaci�n de servicios visibles a folios 22 a 31 del plenario, que da cuenta de que el servicio prestado fue como Abogada cuyo objeto consisti� de manera principal en los tr�mites de bienes inmuebles en la liquidaci�n del ISS, as� como el apoyo en materia de contrataci�n estatal a la Gerencia Nacional de Bienes y Servicios, advirtiendo que los fines a cumplir, correspondieron al cubrimiento total de las actividades antes descritas, las cuales estar�n acordes con las metas trazadas para los proyectos que se ejecutan en la Gerencia Nacional de Bienes y Servicios.
Lo anterior se destaca porque dicha funci�n, toda relacionada con la contrataci�n p�blica, fue la funci�n principal desarrollada por la demandante, tal como lo afirm� en la declaraci�n de parte, pues fue clara en se�alar que las labores primordiales consistieron en procesos contractuales, estudios previos, t�rminos de referencia, ejecuciones, liquidaciones y los informes dirigidos a los entes de control, y en general todo lo relacionado con temas relacionados con la Ley 80 de 1993.
Debe advertirse que las testigos RUBIS MAR�A SALAZAR DIAZ, NELFY ALCYD GUTI�RREZ RIVERA y MAR�A DEL ROSARIO CLARO MU�OZ, si bien indicaron que el servicio de la demandante lo prest� en el Departamento de Compras, tambi�n fueron claras en indicar que �ste correspond�a y estaba adscrita a la Gerencia de Bienes y Servicios, tal como qued� plasmado en los contratos de prestaci�n de servicios, incluso la segunda testigo afirm� que directamente y de manera frecuente fue el Gerente quien le imparti� �rdenes, todas relacionadas con el tr�mite contractual al que se hizo referencia con anterioridad, de lo que se colige que su labor la desempe�� en la Gerencia Nacional de Bienes y Servicios.
Con base en lo anterior, concluye la Sala, que la demandante de un lado, es ABOGADA, calidad que si bien no fue acreditada mediante documental, dicha situaci�n se supera por el hecho de que en las vinculaciones fue aceptada tal condici�n, sumado a que los testigos ratificaron que la actora ten�a esa calidad, y adem�s la demandante confirm� su grado de escolaridad, incluso se�al� que es especializada en derecho administrativo, por lo que se colige que ten�a un nivel acad�mico de profesional, y de otro prest� sus servicios en la Gerencia Nacional de Bienes y servicios, circunstancias que, conforme a las normas citadas, permiten concluir que la se�ora BLANCA MYRIAM CARDONA RODR�GUEZ tendr�a la calidad de empleada p�blica durante el interregno antes anotado y que su vinculaci�n debi� ser a trav�s de una relaci�n legal y reglamentaria.
Y es as�, pues si bien, el Decreto 3135 de 1968, que establece la naturaleza de los empleados de la entidad precisa que su calidad estar�a determinada por las �actividades� que se le encomienden, es lo cierto, que dicha norma ya fue objeto de an�lisis por parte del Consejo de Estado, autoridad que en virtud de una acci�n de nulidad, aval� parcialmente la clasificaci�n indicada en el citado Decreto 416 de 1997, y frente al cargo que ostent� la hoy demandante textualmente se�al�: �Los Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los Despachos del Presidente, Secretario General o Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director, forman parte de los niveles profesional y administrativo, respectivamente, desempe�an funciones que de un lado implican el ejercicio de actividades que requieren del manejo de determinadas profesiones y, de otro desarrollan labores complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, am�n de la supervisi�n de un peque�o grupo de trabajo, pues, obs�rvese que est�n adscritos a los cargos de mayor categor�a dentro de la Instituci�n, dependen indubitablemente de ellos, necesitan ejecutar sus labores en perfecta armon�a, y ce�irse de manera inmediata a las �rdenes de los superiores quienes deben tener plena seguridad en los mismos, por lo que se infiere que deben corresponder al grupo de empleados p�blicos.� (negrita y subraya de la Sala).
Conforme a lo anterior, se colige que indubitablemente la hoy demandante tendr�a la calidad de empleada p�blica, pues adem�s se tiene que de acuerdo al objeto contractual, las funciones que desempe�� estuvieron dirigidas a la realizaci�n, ejecuci�n de contratos administrativos de la entidad accionada, obligaciones contractuales de un rango jur�dico alto, pues su misi�n fue la supervisi�n del r�gimen contractual de la entidad.
Establecidas as� las cosas, debe advertirse que en aplicaci�n de las disposiciones legales antes analizadas se concluye que la demandante en virtud de expresa definici�n legal, detent� la calidad de empleada p�blica, circunstancia �sta que la Sala en posici�n mayoritaria, considera que da lugar a la absoluci�n de las pretensiones invocadas, en raz�n a que el Juez de primer grado actu� con competencia por la afirmaci�n de la existencia del contrato de trabajo, conforme lo ha determinado la H. Sala Laboral de la CSJ de anta�o defini� que �para que el juez laboral asuma la competencia en un juicio contra una entidad de derecho p�blico, al actor le basta afirmar la existencia del contrato de trabajo porque, de controvertirse esa afirmaci�n, al juez le corresponde en la sentencia de fondo declarar si existi� o no, y s�lo en caso positivo puede reconocer los derechos que emanen de ese contrato� (CSJ SL, 18 mar. 2003, rad. 20173, reiterada en decisi�n CSJ SL 10610-2014, Radicaci�n 37290 del 7 de septiembre de 2016).
En consecuencia, se tiene que, para que las pretensiones de la demanda fueran resueltas favorablemente por la jurisdicci�n laboral, la parte actora debi� acreditar los supuestos de hecho en el marco de un contrato de trabajo toda vez que la relaci�n legal y reglamentaria solamente puede ser definida en la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo y en esas condiciones, no le queda m�s camino a la Sala que revocar la sentencia primigenia y absolver a la entidad de todas las pretensiones incoadas en su contra.
Decisi�n mayoritaria respecto de la cual, el suscrito magistrado sustanciador se separa, por lo que procede a dejar constancia de su salvamento de voto en los siguientes t�rminos: Con el respeto y consideraci�n debidos a la decisi�n que por mayor�a se adopta, en cuanto no obstante que la sala reconoce y acepta que la demandante en virtud de expresa definici�n legal, detent� la calidad de empleada p�blica, con lo cual es evidente la falta de jurisdicci�n con la que se asume la competencia para decidir, la decisi�n que salvo insiste en que resulta imperioso confirmar la sentencia absolutoria de primera instancia, aun a pesar de reconocer que la jurisdicci�n ordinaria laboral no tiene competencia para resolver los asuntos atinentes a los empleados p�blicos, por corresponder a la jurisdicci�n contencioso administrativa su resoluci�n al tenor de lo previsto en el numeral 4� del art�culo 104 del CPACA, al entender que la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci�n Laboral ha venido adoctrinando que ello no impide que se entre a verificar si existi� o no dicha vinculaci�n <la de trabajador oficial> y que as� lo expresa, en entre otras, en la sentencia referidas, bajo el argumento de que la alegaci�n de su existencia habilita a la jurisdicci�n ordinaria laboral para que de no encontrar acreditados en juicio los elementos esenciales de un contrato de trabajo proceda a negar las pretensiones de la demandada, cuando es l�gico y jur�dico, adem�s de una obviedad, que en el contexto f�ctico, jur�dico y probatorio descrito, no se van a lograr nunca satisfacer, por lo que la soluci�n a eventos como estos son los que tanto en el r�gimen del CPC como en el del CGP ense�a o prescribe la Corte Constitucional, en entre otras, la sentencia T-064 de 2016, en la que se�ala con precisi�n conceptual: �Con fundamento en tales normas, la jurisprudencia de esta Corporaci�n ha reconocido que �la nulidad originada en la falta de competencia funcional o en la falta de jurisdicci�n no es saneable.
Porque siendo la competencia funcional la atribuci�n de funciones a diferentes jueces de distintos grados, dentro de un mismo proceso, como se ha dicho (primera y segunda instancia, casaci�n, revisi�n, etc.), el efecto de su falta conduce casi necesariamente a la violaci�n del derecho de defensa, o a atribuir a un juez funciones extra�as a las que la ley procesal le ha se�alado�.
Del anterior an�lisis se destaca, entonces, que la determinaci�n adecuada de la jurisdicci�n que ha de resolver un litigio es un presupuesto de vertebral relevancia, en tanto de all� emana la validez misma del proceso, toda vez que un vicio como la falta de jurisdicci�n conlleva a que las actuaciones procesales resulten afectadas por una nulidad que no es susceptible de saneamiento alguno. En esa medida, para la autoridad judicial que advierta la presencia de semejante defecto, resulta obligatorio declarar el vicio detectado y adoptar las medidas tendientes a que el tr�mite sea renovado con estricto apego al debido proceso.
De esa forma, el juez consigue legitimar la administraci�n de justicia y concretar la eficacia de los derechos de las partes enfrentadas, materializando as� los fines estatales que la Constituci�n ha trazado. Por el contrario, aquel juez que evada dicho imperativo, eludiendo las funciones que le ata�en como director de la contienda, perpetuar� la transgresi�n del debido proceso y avalar� la perversi�n derivada de las decisiones dictadas tras un juicio enteramente antijur�dico�.
Por lo expuesto, es que al efecto, en este proceso, se gener� una nulidad insaneable por falta de jurisdicci�n, lo que conforme al art�culo 16 del CGP que entr� a regir el 1�. de octubre de 2012, cuando se declare, de oficio o a petici�n de parte, la falta de jurisdicci�n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar� validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser� nula, y el proceso se enviar� de inmediato al juez competente, por lo que se dispone remitir, de inmediato, el expediente que contiene el proceso de la referencia, a los juzgados administrativos de Bogot�, reparto, para su conocimiento y fines pertinentes.
Por estas razones, la soluci�n que plantea la mayor�a, pues de aceptarse, no solo se sacrifica el derecho sustancial sobre el formal, el fondo por la forma, sino que hace nugatorio el derecho de acceso a la justicia, de quien equivocadamente formula su pretensi�n ante una autoridad que no corresponde, pero a la que el sistema jur�dico le provee una soluci�n en justicia y en derecho, con lo cual evita que este sujeto de derechos quede excluido del cometido justiciable del ordenamiento jur�dico colombiano, convirti�ndose en un excluido contingente del mismo, y a�n m�s cuando es claro y categ�rico, que otra acci�n judicial que se llegare a intentar ser�a nugatoria, ab initio, por los efectos de la caducidad de la acci�n que se pretenda, dados los perentorios t�rminos que para su ejercicio est�n previstos en el estatuto procesal pertinente, y por ello, insisto la soluci�n, en justicia y en derecho, se encuentra siguiendo los precisos y perentorios mandatos del art�culo 16 del CGP en cuanto y en tanto cuando se advierta la falta de jurisdicci�n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar� validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser� nula, y el proceso se enviar� de inmediato al juez competente, que evita precisamente la caducidad de la acci�n, seg�n se desprende de las consideraciones de la sentencia C-537 de 2016, de fecha octubre 23 de 2016, que estudio la exequibilidad de las normas relativas a las nulidades procesales en el r�gimen del CGP y en particular la garant�a consagrada en el art�culo 16 ib�dem tantas veces citado.
Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandante. En esta instancia se fijan como agencias en derecho la suma de $300.000. DECISI�N Con fundamento en las anteriores consideraciones la SALA DE DECISI�N LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia dictada el 31 de mayo de 2016 por el Juzgado 6� Laboral del Circuito de Bogot�, dentro del proceso ordinario adelantado por ELIANA GISELA AGUILAR HERN�NDEZ contra P.A.R. I.S.S. EN LIQUIDACI�N administrado por FIDUAGRARIA S.A., de conformidad con los argumentos expuestos en la providencia.
SEGUNDO: Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandante. En esta instancia se fijan como agencias en derecho la suma de $300.000. Esta decisi�n se notifica en estrados a las partes. (SALVO VOTO) RAFAEL MORENO VARGAS Magistrado ANGELA LUCIA MURILLO VARON Magistrada MARTHA RUTH OSPINA GAITAN Magistrada MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO Magistrado Sentencia C-037 de 1998, M.P.: Jorge Arango Mej�a RAD.
No. 006-2015-00146-01 ELIANA GISELA AGUILAR HERN�NDEZ contra ISS EN LIQUIDACI�N PAGE \* MERGEFORMAT1 '(56789GHIX^acdejt������͵���teYMeAMeMe5hJ] @���OJQJ^Jh�?�@���OJQJ^Jh�1L@���OJQJ^Jh�\@���OJQJ^Jh+@.h�m@���OJQJ^Jh0az5�OJQJ^JmHsHhV n5�OJQJ^JmHsH#h+@.h�m5�OJQJ^JmHsH h�x�5�OJQJ^JmHnHu/jh+@.h�m5�OJQJU^JmHnHuh<z5�OJQJ^JhV n5�OJQJ^Jh+@.h�x�5�OJQJ^Jh+@.h�m5�OJQJ^J(679GHI��� uv��^ ������������������ $dha$gdV n $dha$gd+@. $dha$gd+@.$a$gdT[r $dha$gd�mdhgd�m$ �0�dh*$a$gd�m$a$gd�m$a$gd�m$a$gd�x������������� � � � ����̾������|�q���eYLBLh�xAOJQJ^Jh+@.h�mOJQJ^Jh<zCJOJQJ^Jh�x�CJOJQJ^Jh�5�OJQJ^Jh�\5�OJQJ^Jh�A5�OJQJ^Jh�g�5�OJQJ^Jh�s5�OJQJ^Jh�SL5�OJQJ^Jh�?�5�OJQJ^Jh+@.h�m5�OJQJ^Jh+@.h<z5�OJQJ^Jh�x�5�OJQJ^JhJ] @���OJQJ^Jh+@.h�m@���OJQJ^J� � Q uv���������������� #%D] ^ _ ` u v ����������������������{�q���g\�Rh�M�OJQJ^Jhs!5�OJQJ^Jh<zOJQJ^Jh�\OJQJ^Jh�q�OJQJ^Jh�OJQJ^JhpOJQJ^Jh�XcOJQJ^Jht�OJQJ^JhR:�OJQJ^JhV nOJQJ^Jh+@.h+@.5�OJQJ^Jh+@.hT[r5�OJQJ\�^Jh�1LOJQJ^Jh+@.h�mOJQJ^Jh.oOJQJ^J ^ _ m u v 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bas de page,Footnotes refssH*~�Or~4�(Texto independiente 21dh5$7$8$9DH$`��a$CJOJ QJ aJmH $sH $L�@�L �w�0Texto de globoCJOJ QJ ^J aJ`�o���`�w�0Texto de globo Car$CJOJ PJQJ ^J aJmH sH tH ~�O�~��Texto independiente 22dh5$7$8$9DH$`��a$CJOJ QJ aJmH $sH $~�O�~�Texto independiente 23dh5$7$8$9DH$`��a$CJOJ QJ aJmH $sH $R�o���R�Body Text 2 CarCJOJ PJQJ ^JaJtH \@�\� y0 Encabezado��8!5$7$8$9DH$CJaJmH sH X�o���X� y0Encabezado Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH ^�o���^Qv�T�tulo 1 Car.5�@���CJOJPJQJ\�^JaJmH sH tH ��O!�Qv�arial0 $dh���*$5$7$8$9D@& H$a$35�@���B*CJOJPJQJ\�^JaJmH ph�sH ^�o��^Qv��T�tulo 2 Car-B*CJOJPJQJ^JaJmH ph6_�sH tH xT@"x4LTexto de bloque"dh�0�*$]�^��a$!5�6�@���OJQJ]�^JmH $sH $PP@2P $4L0Texto independiente 2#d��xn�o��An#4L0Texto independiente 2 Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH D�@RD4L P�rrafo de lista %^��m$B @bB'W70 Pie de p�gina &�C�"^�o��q^&W70Pie de p�gina Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH N�o���NIz� estilo131$5�6�B* OJQJ\�]�^Jo(ph3�8) ���8�"�0N�mero de p�ginaRQ@�R +K"50Texto independiente 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