110013105-010-2015-00055-01 · Tribunal de Bogotá

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En Bogot� D.C., d�a y hora previamente se�alados para llevar a cabo la presente audiencia dentro del proceso de la referencia, el Magistrado Ponente la declara abierta en asocio de los dem�s Magistrados con quienes integra la Sala de Decisi�n, y procede a dejar constancia de los asistentes a la audiencia, OBJETO DE LA AUDIENCIA Estudiar sendos recursos de apelaci�n interpuestos por ambas partes contra la sentencia del 24 de marzo de 2017 proferida por el Juzgado 10� Laboral del Circuito de Bogot�, y estudiar en el grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad demandada las condenas impuestas, por ser el Estado garante de sus obligaciones.

ANTECEDENTES La se�ora MARTHA ISABEL G�MEZ ORTIZ solicit� declarar la existencia de un contrato de trabajo desde el 11 de junio de 2008 al 31 de marzo de 2013, el cual fue terminado sin justa causa por la parte demandada. Como consecuencia de ello solicit� que se condene a la entidad accionada a reintegrarla al cargo ocupado al momento del despido, y en forma subsidiaria el auxilio de cesant�as, la indemnizaci�n por despido y la indemnizaci�n moratoria.

Adicional a ello el pago de vacaciones, prima de navidad legal, prima extralegal de vacaciones, prima extralegal de servicios, auxilio de transporte y de alimentaci�n convencional, el valor de las sumas pagadas por concepto de aportes realizados al sistema seguridad social, nivelaci�n salarial, incremento salarial y costas. Como sustento de sus pretensiones afirm� que el 11 de junio de 2008 ingres� a laborar al servicio de la entidad accionada, mediante la celebraci�n de contratos de prestaci�n de servicios, para cumplir funciones propias de un auxiliar administrativo en la oficina de centro de atenci�n pensiones y en la gerencia de Cundinamarca del ISS, con una remuneraci�n �ltima de $849787, indicando que la labor contratada finaliz� el 31 de marzo de 2013 por decisi�n unilateral de su empleador.

Indic� que a pesar de la suscripci�n de los aludidos contratos en la realidad desempe�� la labor sometida a subordinaci�n, pues se�al� que le fueron impartidas �rdenes, le fue impuesto el cumplimiento de horarios, se le exigi� la prestaci�n de sus servicios en las instalaciones de la entidad, elementos que considera dan lugar a declarar la existencia de un verdadero contrato de trabajo en aplicaci�n del principio de la primac�a de la realidad sobre las formas jur�dicas (fls. 138 a 149 y 154 a 166).

CONTESTACI�N DE LA DEMANDA La SOCIEDAD FICUDIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. �FIDUAGRARIA S.A.- contest� la demanda con oposici�n a las pretensiones. Manifest� que con la demandante se celebraron varios contratos de prestaci�n de servicios regidos por la Ley 80 de 1993, que no generan el reconocimiento de las acreencias laborales reclamadas en la demanda.

Propuso como excepciones las de prescripci�n, inexistencia de la aplicaci�n de la primac�a de la realidad, inexistencia del derecho y de la obligaci�n, ausencia de v�nculo de car�cter laboral, cobro de lo no debido, relaci�n contractual con el actor no era de naturaleza laboral, buena fe, inexistencia de la convenci�n colectiva, presunci�n de legalidad de los actos administrativos y contratos celebrados entre las partes (fls. 174 a 190).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado 10� Laboral del Circuito de Bogot�, mediante sentencia del 24 de marzo de 2017, declar� la existencia del contrato de trabajo desde el 11 de junio de 2008 al 31 de marzo de 2013, y en consecuencia conden� a la entidad demandada a reconocer y pagar a la demandante los siguientes conceptos, auxilio de cesant�as de car�cter legal ($4.521.198), intereses sobre las cesant�as convencional ($334.927), prima de navidad ($2.523.250) vacaciones ($1.701.840), prima de servicios extralegal ($2.735.697), reembolso aportes en salud ($1.995.400), reembolso en aportes a pensi�n ($1.834.890), indemnizaci�n moratoria calculada a la fecha de la sentencia en la suma de $38.070.453.12.

Declar� probada la excepci�n de prescripci�n de los derechos causados con anterioridad al 25 de noviembre de 2010 y vacaciones causados con anterioridad al 25 de noviembre de 2009. Absolvi� de las dem�s pretensiones. De conformidad con el acervo probatorio, determin� la existencia de una verdadera relaci�n laboral, pues encontr� acreditada la prestaci�n personal del servicio, con lo que activ� la presunci�n legal de la existencia del contrato de trabajo, sin que la entidad demandada hubiera logrado desvirtuarlo, pues por el contrario se prob� que la prestaci�n se sujet� al cumplimiento de �rdenes y cumplimiento de horario, actos estos que ratifican la presunci�n legal objeto de estudio, raz�n por la que determin� la existencia de la relaci�n laboral en los t�rminos ya expuestos.

Absolvi� a la demandada de la nivelaci�n salarial pretendida, teniendo en cuenta que no se demostr� la similitud de funciones prestadas por la demandante en relaci�n con otros trabajadores de la entidad, que permita aplicar como criterio el principio de a trabajo igual salario igual, igualmente absolvi� por los incrementos salariales, pues estos s�lo se circunscribieron a los primeros 3 a�os de vigencia de la C.C.T., interregno en el cual no estaba vinculada la actora, raz�n por la que tom� como salario los valores devengados por concepto de honorarios profesionales.

Absolvi� tambi�n por el auxilio de alimentaci�n, pues consider� que no se acredit� que no se estableci� cu�l era el cargo de la actora, raz�n por la que no se tiene certeza de que sea beneficiara de �sta prebenda, en cuanto al auxilio de transporte, se�al� que no se acredit� que la demandante desempe�ar� un cargo en virtud del cual se contemple el reconocimiento de �sa prestaci�n. En cuanto a la indemnizaci�n por despido, se�al� que la parte actora no acredit� el hecho del despido, raz�n por la que consider� que no hay lugar a su imposici�n RECURSOS DE APELACI�N El apoderado judicial de la parte demandante apel� la decisi�n, para ello se opuso particularmente respecto a los siguientes puntos: En relaci�n con la nivelaci�n salarial, se�al� que si bien no se demostr� la similitud en el cumplimiento de funciones con una persona vinculada de planta, si se prob� que el ISS manej� escalas salariales para remunerar a sus trabajadores, por lo que, como la demandante labor� como auxiliar administrativo, debe tomarse la escala de ese cargo, advirtiendo que si bien se discrimina por cargos, considera que debe tomarse por lo menos el inferior, que en todo caso, le resulta ser superior en la asignaci�n, posici�n que sustenta en sentencias proferidas por la H. Sala Laboral de la CSJ.

En forma subsidiaria pidi� el incremento salarial, pues se�al� que el salario b�sico asignado en la decisi�n de primer grado, debe asimilarse al valor devengado en virtud de los honorarios profesionales, lo que permite aplicar el art�culo 39 de la C.C.T. En cuanto a la absoluci�n por concepto de indemnizaci�n por despido, manifest� que en la decisi�n se estableci� el extremo final de la relaci�n laboral, hecho que le permiti� calcular las acreencias laborales hasta el 2013, quiere decir que al estar demostrada la terminaci�n del v�nculo, se tiene que esta se produjo por el vencimiento de los contratos de prestaci�n de servicios, situaci�n que no se constituye en justa causa, en el entendido de que en virtud de la cl�usula 5� del C.C.T. por regla general los trabajadores deben ser vinculados mediante contrato de trabajo, raz�n por la que considera que debe condenarse a la demandada por este concepto.

Frente a la prima convencional de vacaciones, manifiesta que no debe ser negada por el hecho de que la demandante no ten�a 5 a�os de servicios, pues si bien el art�culo 49 de la C.C.T. establece que por esa antig�edad se pagar�n 20 d�as de salario, lo cierto es que tambi�n se manifiesta que la prestaci�n se reconoce en forma anual, lo que permite concluir que a la demandante le asiste derecho a su reconocimiento.

Por �ltimo, manifest� su oposici�n respecto de la absoluci�n por los conceptos de auxilios de transporte y alimentaci�n, en raz�n a que se�al� que la �nica raz�n que se tuvo en la decisi�n de primer grado para absolver, lo fue que no pudo establecerse el cargo, pero de acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso para la procedencia de la nivelaci�n salarial, estos sirven de base para desestimar ese argumento, toda vez que por las funciones desempe�adas se asimila a un auxiliar administrativo, adem�s advirti� que el salario devengado es inferior a 2 S.M.L.M.V., hecho que demuestra el requisito para obtener al auxilio de transportes.

La apoderada judicial de la demandada apel� la decisi�n, pues consider� que de conformidad con los argumentos expuestos en los alegatos de conclusi�n, a los cuales se remiti�, considera que no se acredit� en forma fehaciente que con la demandante hubiera existido un contrato de trabajo, por el contrario se concluye que lo que medi� fue la existencia de sendos contratos de prestaci�n de servicios que no generan el reconocimiento de las acreencias laborales solicitadas.

En caso de que se mantenga la declaratoria de la existencia de la relaci�n laboral, se opuso a la condena de los siguientes conceptos: La prima extralegal de servicios, toda vez que de acuerdo a los extremos fijados del contrato de trabajo, solamente debi� liquidarse el �ltimo semestre de prestaci�n de servicios, teniendo en cuenta que el contrato termin� por justa causa.

La devoluci�n de aportes, en raz�n a que considera que dichos rubros fueron destinados a una entidad ajena al empleador, raz�n por la que la condena s�lo debe ser respecto del porcentaje que deb�a asumir el empleador y no sobre la totalidad de los mismos. La indemnizaci�n moratoria, para lo cual se�al� que en cada caso en particular debe ser estudiada la imposici�n de �sta condena, pues deber� estudiarse las actuaciones constitutivas de buena fe, como en este caso, en el que la entidad actu� bajo el convencimiento de la existencia de contratos de prestaci�n de servicios, t�rminos contractuales que la demandante acept� al iniciar la relaci�n laboral, situaciones que deben estudiarse para la imposici�n de la condena.

En todo caso afirm� que el empleador ISS se extingui� de la vida jur�dica el 15 de marzo de 2015, por lo que considera que debe limitarse la condena a esa fecha, pues la FIDUAGRARIA S.A. en calidad de administrador y vocero del PAR ISS, no asume la calidad de empleador ni puede continuar con esa obligaci�n, toda vez que sus actuaciones no dieron lugar a su imposici�n. PROBLEMAS JUR�DICOS Reunidos los presupuestos procesales y no existiendo causal de nulidad que invalide lo actuado, corresponde a �sta Corporaci�n, teniendo en cuenta la decisi�n de primera instancia, los recursos de apelaci�n interpuestos y que el presente asunto se conoce en Grado Jurisdiccional de Consulta a favor del ISS en Liquidaci�n, establecer, primero, cu�l fue la verdadera naturaleza jur�dica de la vinculaci�n contractual de la demandante.

En caso de definir que fue contrato de trabajo, se verificaran, uno a uno, los puntos concretos de las apelaciones interpuestas por las partes, y se revisar�n las dem�s condenas impuestas en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad demandada. CONSIDERACIONES Marco normativo y jurisprudencial �normas aplicables. Decreto 2148 de 1992: Establece que el ISS era una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Nacional, por lo que las personas que prestaron servicios a su favor tienen la calidad de trabajadores oficiales (Decreto 3135 de 1968 art�culo 5�).

Decreto 2013 del 28 de Septiembre de 2012: orden� la supresi�n del ISS y su liquidaci�n. Decreto 2127 de 1945: Reglamentario de la Ley 6� de 1945. Define en sus art�culos 1�, 2� y 3� el contrato de trabajo, estructura los elementos del mismo y dispone en su art�culo 20 que el contrato de trabajo se presume entre quien presta cualquier servicio personal y quien lo recibe o aprovecha y, que corresponde al empleador la carga probatoria de desvirtuar la presunci�n legal en menci�n. Corte Suprema de Justicia- Sala de Casaci�n Laboral, Sentencia SL1012-2015 del 28 de enero de 2015, Radicaci�n N.� 44651: Se�al� que cuando se discute la existencia de un contrato realidad, corresponde a la parte demandante demostrar la prestaci�n del servicio, mientras que la accionada tiene la carga de desvirtuar la presunci�n de subordinaci�n consagrada en el art. 20 del D. 2127/1945.

Ley 80 de 1993 (art�culo 32): modificado por el art�culo 2� del Decreto Ley 165 de 1997, establece la facultad de las entidades p�blicas de acudir a la contrataci�n de servicios con el objeto de atender actividades relacionadas con la administraci�n o funcionamiento, contratos que solo pueden celebrarse con personas naturales cuando no se puedan realizar con personal de planta o se requieran conocimiento especiales.

En ning�n caso�estos contratos�generan relaci�n laboral ni prestaciones sociales�y se celebrar�n por el t�rmino estrictamente indispensable. DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO. Se pide declarar su existencia desde el 11 de junio de 2008 al 21 de marzo de 2013. Frente a esta pretensi�n, la demandada manifest� que la vinculaci�n se hizo por virtud de contratos de prestaci�n de servicios regidos por la Ley 80 de 1993.

Al proceso se alleg� certificaci�n expedida por el extinto ISS, que da cuenta que con la demandante se celebraron 13 contratos de prestaci�n de servicios, celebrados por el periodo comprendido entre el 11 de junio de 2008 al 31 de marzo de 2013 (fl. 6), contratos que tambi�n fueron allegados al plenario (fls. 7 a 20), de ellos se colige que no se presentaron interrupciones lo que permite afirmar que se ejecutaron sin mediar soluci�n de continuidad, toda vez que s�lo se presentaron interrupciones cortas de 1 y tres d�as, tal como se evidencia en los contratos identificados con los n�meros 60001011463, 5000025257 y 5000029056, adem�s tampoco tiene la entidad de generar una interrupci�n considerable la suspensi�n que se anunci� en la certificaci�n del contrato 5000017877, pues tan s�lo se produjo por espacio de 8 d�as, raz�n por la que se colige que se ejecutaron sin mediar soluci�n de continuidad.

Hasta este punto, la Sala tiene por acreditada la existencia de una vinculaci�n civil, regida por contratos de prestaci�n de servicios, que encuentran fundamento en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 2170 de 2002 que autorizan a las entidades estatales a contratar directamente la prestaci�n de servicios profesionales de una persona natural o jur�dica que est� en capacidad y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el �rea de que se trate.

Respecto de estos documentos, es preciso indicar que si bien la parte demandante cuestiona su naturaleza al solicitar la declaraci�n de la existencia de un contrato de trabajo, corresponde al Juez Laboral analizar las circunstancias en que se ejecutaron, a fin de establecer la verdadera naturaleza de la contrataci�n pues, la parte pasiva ha aceptado su suscripci�n y ejecuci�n, pero atribuy�ndole legalidad a los mismos.

Para determinar la verdadera naturaleza contractual de esa vinculaci�n, la Sala analiz� el conjunto probatorio en el contexto de las reglas de la sana critica probatoria a que alude el art�culo 61 del CPT y SS, encontrando que en el objeto contractual pactado en los contratos de prestaci�n de servicios, consistieron en: elaborar los certificados de tr�mite de pensi�n, pensionado o no pensionado, atender las remisiones para valoraci�n de medicina laboral, direccionar y enviar la correspondencia allegada diariamente por los asegurados a los diferentes grupos o dependencias del ISS, direccionar y enviar expedientes que son enviados para nuevo estudio, direccionar expedientes ya notificados para el estudio de otros tr�mites, tales como reintegro, retroactivo, nuevo estudio e indemnizaci�n, contestar el tel�fono, tramitar las correcciones de los actos administrativos, entre otras, adem�s se tiene que atendi� la contestaci�n de acciones de tutela y derechos de petici�n, tal como lo dijo la demandante en su declaraci�n de parte, funciones ratificadas por la testigo ELCY YANIRA RAM�REZ.

Para demostrar la forma en que se ejecut� los t�rminos contractuales antes indicados, en el proceso se recibi� la declaraci�n de la se�ora ELCY YANIRA RAM�REZ MU�OZ, quien afirm� que fue funcionaria del extinto ISS por el periodo comprendido entre los a�os 2010 a 2012, vinculada en la planta de la entidad en el �rea de apelaciones como secretaria.

En dicha labor trabaj� directamente con la demandante, por lo que le consta que realiz� labores relacionadas como imputaci�n de tiempos pensionales, realiz� el reparto a los abogados del �rea, adelant� investigaciones administrativas para la configuraci�n de elementos probatorios, contest� acciones de tutela y derechos de petici�n, labores que realizaba en un horario de 8:00 A.M. a 5:00 P.M., el cual controlaba la jefe de �rea ROSALBA R�OS, quien se�al� que era la jefe inmediata de todo el personal, incluido el personal de planta como los contratistas, de quien afirm� era a ella a qui�n deb�a solicitarle los permisos para ausentarse de la prestaci�n del servicio, pues aclar� la testigo que la demandante no ten�a la facultad de ausentarse sin autorizaci�n. Se resalta tambi�n de su declaraci�n que en la entidad, se establec�a para el disfrute de descanso en d�as festivos, tales como semana santa, deb�an compensar tiempos con anterioridad, situaci�n que deb�a cumplir los funcionarios de planta como a los contratistas, pues le consta que la demandante as� lo realiz�.

Tambi�n le consta que la demandante con anterioridad al �rea de apelaciones labor� en Centros de Atenci�n al Pensionado (CAP), y por �ltimo narr� que la terminaci�n de la relaci�n laboral de la actora finaliz� porque no le fueron prorrogados los contratos de prestaci�n de servicios. Advierte la Sala que se le asigna plena credibilidad a lo afirmado por la declarante, en raz�n a que corresponde a una testigo directa de los hechos afirmados, puesto que labor� en el �rea de apelaciones desde el a�o 2010 al 2012, quiere decir ello que presenci� en forma directa los hechos narrados, toda vez que de acuerdo con lo dicho en la declaraci�n de parte de la demandante, en dicha �rea labor� desde el 2011 hasta la finalizaci�n de la relaci�n laboral, raz�n por la cual se tiene certeza del conocimiento de su dicho, al que por tal motivo se le asigna plena credibilidad, pues expres� las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

En consecuencia, de lo narrado por la testigo se colige que en la realidad la labor ejecutada por la demandante se prest� con sujeci�n y cumplimiento de horario, el cual era controlada por la Jefe de �rea, a quien adem�s deb�a ped�rsele permiso para ausentarse de su sitio de trabajo, as� como tambi�n determinar qu� d�as deb�a compensar para el disfrute de descanso en d�as festivos, lo que demuestra que en ning�n momento la actora actu� con independencia y autonom�a. Se destaca adem�s que el extinto ISS ten�a la facultad de disponer la prestaci�n del servicio en distintas �reas en la entidad, pues al efecto como lo narr� la demandante en su declaraci�n de parte, antes de prestar el servicio en el �rea de apelaciones, lo prest� en distintos Centros de Atenci�n al Pensionado, hecho que reiter� la declaraci�n rendida en el proceso, lo que evidencia una facultad de disposici�n de la movilidad en la prestaci�n del servicio, sumado al hecho de que, si bien en los CAP las funciones se adecuaban al objeto contractual de los contratos de prestaci�n de servicios, de las labores acreditadas en el �rea de apelaciones, realiz� distintas labores, tales como el estudio de las acciones constitucionales y respuesta a derechos de petici�n, lo que evidencia una facultad subordinante del empleador en la distribuci�n de las labores a desarrollar que no resulta propia de los contratos de prestaci�n de servicios.

Se advierte que si bien la declaraci�n rendida en el proceso s�lo dio cuenta de los hechos que le constan a partir del a�o 2010, sin que se hubiera demostrado a ciencia cierta la forma en que se ejecut� la labor con anterioridad, lo cierto es que tal hecho no da lugar a arribar a una conclusi�n distinta, toda vez que el art�culo 32 de la Ley 80 de 1993, s�lo faculta a celebrar los contratos de prestaci�n de servicios por el t�rmino estrictamente indispensable, requisito que no se cumpli� con la demandante pues los contratos se extendieron sin mediar soluci�n de continuidad por un espacio superior a 4 a�os, m�xime cuando las labores realizadas no obedec�an ni atend�an a conocimientos especializados que permitan validar la contrataci�n celebrada, ello sumado a que como se acredit� en precedencia, se evidencian los elementos esenciales de un contrato de trabajo con posterioridad.

Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que la entidad no logr� desvirtuar la presunci�n legal contenida en el art. 20 del Decreto 2127 de 1945 ya citado, pues demostrada la prestaci�n del servicio y acreditadas las condiciones subordinantes en que desarroll� las labores se concluye que la vinculaci�n en realidad obedeci� a un contrato de trabajo, pues adem�s las labores correspond�an al giro ordinario de la extinta entidad, por lo que se entienden que las hacen parte del objeto social del extinto ISS, lo que permite confirmar la declaraci�n de la existencia de la relaci�n laboral.

No existe discusi�n frente a los extremos temporales determinados, toda vez que seg�n la certificaci�n laboral expedida por el extinto ISS visible a folio 6 del plenario, demuestra que la ejecuci�n del servicio inici� el 11 de junio de 2008, la cual se mantuvo sin soluci�n de continuidad hasta el 31 de marzo de 2013, pues al efecto no hubo soluci�n de continuidad, como se expuso en precedencia. Determinado lo anterior, se procede al an�lisis particular de los reparos realizados en los recursos de apelaci�n, iniciando con las inconformidades expresadas por la parte actora: Pretende el demandante que se realice una nivelaci�n salarial en relaci�n con un cargo de las mismas caracter�sticas ocupado por trabajadores de la planta de servicios del ISS, pues al efecto afirm� que alleg� oficio expedido por el ISS, donde esa entidad inform� cu�l era la escala salarial del grado de Auxiliares, al cual asimil� a la demandante de conformidad con lo estipulado en la Resoluci�n 2800 de 2004, sin embargo, tal como se consider� en la decisi�n de primer grado no hay lugar a su reconocimiento, bajo el entendido de que el art�culo 56 de la citada disposici�n establece que las funciones correspondientes al nivel auxiliar se concretan, entre otras, en las siguientes,: almac�n, archivo, personal, presupuesto, citas, recepci�n, contabilidad, costos, dibujo, estad�stica, personal, presupuesto, tesorer�a, k�rdex, cotizaci�n, revisi�n de documentos y computaci�n, labores que si bien algunas corresponden al objeto contractual pactado en los contratos de prestaci�n de servicios, tambi�n se tiene que la demandante desde el 2011 prest� el servicio en el �rea de apelaciones y desarroll� labores de estudio de acciones constitucionales y respuestas a derecho de petici�n, labores estas que no se encuentran asignadas a las funciones del personal auxiliar contemplado en el art�culo 25 del citado decreto, raz�n por la que no resulta v�lido asimilar el cargo de la demandante al nivel auxiliar para efectos de la prosperidad de la pretensi�n, raz�n por la que se mantendr� inc�lume la absoluci�n. Lo anterior m�xime cuando en la demanda no se ofreci� el marco de comparaci�n de manera particular frente a un compa�ero espec�fico con iguales condiciones de niveles de estudio, aspecto aceptado por la parte actora en el recurso de apelaci�n. Igualmente se despachar� en forma desfavorable la pretensi�n relacionada con el aumento de los salarios b�sicos contemplados en el art�culo 39 de la C.C.T., pues dicha norma previ� el incremento para los primeros 3 a�os de vigencia del texto convencional, esto es desde el a�o 2002 al 2004, interregno en el cual no estuvo vinculada la demandante, raz�n por la que tambi�n se confirmar� la absoluci�n. En relaci�n con la indemnizaci�n por despido, debe tenerse en cuenta que la argumentaci�n del recurso estuvo dirigida en el sentido que al haberse declarado la existencia de un contrato de trabajo a t�rmino indefinido, la terminaci�n por el plazo pactado en los contratos de prestaci�n de servicios no es justa causa para ello.

Sin embargo �sta petici�n se despachar� en forma desfavorable, toda vez que fue la demandante quien manifest� en la declaraci�n de parte que ella tom� la decisi�n de terminar el v�nculo contractual en raz�n a un ofrecimiento de otro trabajo con mejores condiciones laborales, de lo que se demuestra que fue su voluntad fenecer el contrato de trabajo y no fue por decisi�n unilateral del empleador.

En relaci�n con la prima de vacaciones, considera la Sala que la interpretaci�n del art�culo 49 de la C.C.T. expuesta en la decisi�n de primer grado result� acertada, pues �sta establece para el reconocimiento de �sta prestaci�n, haber laborado un m�nimo de 5 a�os para su reconocimiento, pues solo a partir de esa anualidad, establece el reconocimiento de d�as para el pago de la prestaci�n, por lo tanto, como la demandante s�lo prest� el servicio por espacio de 4 a�os 9 meses y 20 d�as, se tiene que result� acertada la absoluci�n, raz�n por la que se confirmar� la decisi�n de primer grado.

En relaci�n con el auxilio de alimentaci�n, se mantendr� la absoluci�n en raz�n a que no existe dentro del plenario prueba documental alguna que permita establecer el valor que por concepto de �ste auxilio fue pagado por el ISS a corte del 31 de diciembre de 2001, toda vez que el art�culo 54 de la C.C.T. determina lo pagado en ese periodo como el monto a reconocer, por lo que al no acreditarse impide realizar el c�lculo para su reconocimiento, ello sumado al hecho de que no pudo ubicarse a la demandante en el cargo de auxiliar, situaci�n que tambi�n impide acceder a su reconocimiento, por lo que se confirmar� su absoluci�n. El auxilio de transporte, por el contrario en los t�rminos del art�culo 54 de la C.C.T. determina el reconocimiento y pago de �sta prestaci�n, advirtiendo que aunque all� se determin� que s�lo opera frente a los cargos de ayudantes, auxiliares, secretarias, conductores, porteros y t�cnicos hasta el grado 20, circunstancia que impide el reconocimiento prestacional invocado, ello a pesar de que mediante oficio del 23 de junio de 2013 expedido por el ISS se hubiera admitido su pago a los trabajadores del menor rango de ayudante como al t�cnico grado 20, pues como se explic� en precedencia, la situaci�n f�ctica del presente proceso impidi� calificar a la demandante en un cargo en espec�fico, posici�n �sta con la que se corrige cualquier pronunciamiento en contrario.

De conformidad con lo anterior quedan resueltos los reparos elevados por la parte actora en el recurso de apelaci�n, por lo que se procede en espec�fico a los puntuales aspectos reprochados por la parte demandada, advirtiendo que uno de ellos fue la existencia de la relaci�n laboral, el cual ya qued� definido con lo expuesto en precedencia, por lo que procede al estudio de los dem�s. En relaci�n con la indemnizaci�n moratoria, precisa la Sala que la condena por esta indemnizaci�n no se produce autom�ticamente, pues est� sujeta al an�lisis que haga el juez respecto de la conducta del empleador al momento en que termina la relaci�n laboral, de tal manera que si se encuentra que la conducta fue de mala fe al no pagarle los salarios y las prestaciones que le correspond�an al termino del contrato hay lugar a su imposici�n, en el caso contrario, se absolver�.

En el estudio de esa conducta debe recordarse que la entidad cuenta con 90 d�as, posteriores a la finalizaci�n del v�nculo, para pagar las acreencias laborales (art�culo 1� de la ley 797 de 1949). En el presente caso, se evidenci� que se declar� que en la realidad, tal como se determin� en esta providencia, se ocult� una verdadera relaci�n laboral, acto con el cual se determina un actuar desleal frente a la trabajadora, es m�s se demostr� que en la ejecuci�n se le aginaron funciones distintas para la cual fue contratada, sumado al hecho de que la suscripci�n de los contratos de prestaci�n de servicios, en este caso, no se justificaban por el conocimiento especializado de la demandante y se extendi� por un t�rmino amplio, con lo que se incumpli� tambi�n lo dispuesto por el art�culo 32 de la Ley 80 de 1993, circunstancias �stas que permiten concluir que no se acredit� la buena fe que permita exonerar a la entidad demandada, por lo que se colige la procedencia de �sta indemnizaci�n y en consecuencia se confirmar� su imposici�n, pero la misma se limitar� conforme fue solicitado en el recurso de apelaci�n, de conformidad con los argumentos que pasan a exponerse.

Como se indic�, se limitar� su reconocimiento en el tiempo, debido a una situaci�n de fuerza mayor ocurrida en el momento en que el ISS dej� de existir, definici�n a la que se arriba no por el simple estado de liquidaci�n del ISS, sino que obedece a la finalizaci�n y extinci�n de la vida jur�dica de dicha entidad y la obligaci�n en cabeza del liquidador.

En efecto, si bien el ISS por no haber pagado su deuda al t�rmino del contrato de trabajo, produjo que se causara la indemnizaci�n moratoria, �sta solo puede correr hasta su liquidaci�n final, puesto que quien fungi� como liquidador por virtud legal, estaba sujeto al cumplimiento de las normas del proceso liquidatorio, que son situaciones constitutivas de fuerza mayor que le impidieron satisfacer las obligaciones de la demandante y que justifican la limitaci�n de la condena en la medida en que no existe prueba de que dentro del proceso de liquidaci�n se hubieran admitido como pasivo las prestaciones e indemnizaciones de este proceso.

En este punto, se precisa que con esta posici�n no se desconoce, pues se comparte �ntegramente lo considerado por la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que el hecho de que una entidad se encuentre en proceso de liquidaci�n se exonere de la indemnizaci�n objeto de estudio, por lo tanto se aclara que de lo que se trata en este caso, es de valorar la situaci�n de la muerte legal de la entidad en virtud de su liquidaci�n final, que impide que la referida indemnizaci�n contin�e indefinidamente en el tiempo, pues la entidad a partir de ese momento, incluso, dejo de existir, y por lo tanto no ser�a sujeto de derechos ni obligaciones.

As� entonces, cuando se est� ante el evento de la liquidaci�n de una empresa, se entiende que, dentro de ese proceso deben incluirse las acreencias correspondientes a los haberes de los trabajadores y por tanto, esta liquidaci�n no impide que se pueda calificar su conducta como de mala fe. Caso contrario sucede cuando sobreviene la liquidaci�n de la persona jur�dica pues la mala fe predicada del empleador y que gener� la indemnizaci�n moratoria, no puede trasladarse al liquidador, quien, dada esa especial calidad, est� obligado por la ley a asumir las deudas reconocidas en el proceso liquidatario y es por tanto de �ste que se predica que se encuentra frente a un evento de fuerza mayor y por ende, es que, la indemnizaci�n moratoria, solo se limita hasta la fecha en que se suscribi� el acta final de liquidaci�n. Conforme lo anterior la Sala encuentra procedente la condena por concepto de indemnizaci�n, pero limitar� su cuantificaci�n hasta el 31 de marzo de 2015 fecha en que fue publicado en el Diario Oficial el Acta Final del Proceso Liquidatorio del Instituto de Seguros Sociales; as� entonces, se contabilizar� desde el 9 de agosto de 2013 (vencimiento de los 90 d�as h�biles) hasta el 31 de marzo de 2015 con base en un salario diario de $28.326.23, pues el �ltimo salario mensual fue de $849.787, le corresponde al demandante la suma de $16.995.740 por concepto de indemnizaci�n moratoria, as� se impartir� la condena.

En relaci�n con el reparo relacionado con el reconocimiento de la prima extralegal de servicios, se tiene que la misma fue reconocida en virtud de lo dispuesto por el art�culo 50 de la C.C.T.. la que establece el reconocimiento de 2 primas de servicios al a�o, correspondiente a 15 d�as de salario pagaderos en junio y diciembre, advirtiendo que el periodo de causaci�n corresponde a 6 meses, pero en tal caso, se pagar� en forma proporcional.

Por lo que en aplicaci�n de dicha norma afirm� que s�lo deb�a calcularse el valor correspondiente al semestre del a�o 2013. Para resolver el anterior punto, es necesario estudiar la excepci�n de prescripci�n, para lo cual se tiene que la parte actora elev� la reclamaci�n administrativa el 25 de noviembre de 2013 (fls. 3 a 5), por lo que se tiene que con dicho acto interrumpi� el t�rmino prescriptivo en los t�rminos del art�culo 151 del C.P.T.S.S., en concordancia con el art�culo 6 ib�dem, por lo tanto, como la demanda se present� el 21 de enero de 2015 (fl. 150), de lo que se concluye que le asiste raz�n en haber declarado prescritos los derechos causados con anterioridad al 25 de noviembre de 2010, as� como para las vacaciones a partir del 25 de noviembre de 2009, pues estas se causan s�lo con un a�o de prestaci�n de servicios, lo anterior s�lo con la excepci�n respecto del auxilio de cesant�as, puesto que �sta prestaci�n se causa a la terminaci�n de la relaci�n laboral.

Definido lo anterior, se tiene que no existe raz�n l�gica para calcular la prima extralegal de servicios s�lo por el �ltimo semestre, pues como se explic� en precedencia la demandante conserv� el derecho al pago de �sta prestaci�n desde el 25 de noviembre de 2010, no obstante en el grado jurisdiccional de consulta se realiza nuevamente la liquidaci�n de �sta prestaci�n, la cual arroj� la suma de $2.293.778.68, cifra que por ser inferior a la fijada en la decisi�n de primer grado, se modificar� en el grado jurisdiccional de consulta, raz�n por la que se modificar� parcialmente el literal e) del numeral segundo de la decisi�n de primer grado.

Respecto de la devoluci�n de aportes al Sistema de Seguridad Social a pensi�n y salud, se tiene que declarada la existencia del contrato, se acredit� que la pasiva no afili� al demandante al Sistema de Seguridad Social Integral, y por el contrario le correspondi� asumir la totalidad del aporte, generando con ello, un perjuicio econ�mico en su patrimonio, el cual debe ser resarcido, siempre y cuando dicho aspecto se encuentre debidamente comprobado en el proceso, tal y como lo ha ense�ado la H. Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL16269 del 26 de noviembre de 2014 y SL807 del 13 de noviembre de 2013, raz�n por la cual se mantendr� inc�lume la decisi�n de primer grado, pero se modificar�, toda vez que conforme lo indic� la recurrente, en el sentido de que s�lo procede la devoluci�n en el porcentaje que le corresponde al empleador, pues el otro porcentaje pagado deb�a ser asumido por la actora, raz�n por la cual se procede a calcular de conformidad con los valores pagados (fls. ), correspondientes al periodo del 25 de noviembre de 2010 al 31 de marzo de 2013, pues por tratarse del reconocimiento de un perjuicio, �stos si est�n afectados por la prescripci�n. Efectuadas las operaciones aritm�ticas arroj� la suma de $1.109.238 por devoluci�n aportes a pensi�n, y por la suma de $1.185.902 por aportes a salud, raz�n por la que ser�n modificados los literales f) y g) del numeral segundo de la decisi�n de primer grado.

Estudiados los reparos puntuales de las partes en los recursos de apelaci�n interpuestos, se procede al an�lisis de las dem�s condenas impuestas en el grado jurisdiccional de consulta. Auxilio de cesant�as e intereses sobre las Cesant�as Teniendo en cuenta los extremos laborales en el presente caso y la excepci�n de prescripci�n que s� aplica respecto de �ste concepto, corresponde a la demandante por auxilio de cesant�as la suma de $3.968.221.75, y por intereses sobre las mismas la suma de $220.480.95 seg�n liquidaci�n que se anexa la suma de $220.480.95, que por ser inferiores se modificar�n los literales a) y b) del numeral segundo de la decisi�n de primer grado.

Prima de navidad. La condena impuesta en primera instancia respecto de la prima de navidad ser� revocada, por cuanto no es posible acceder a la misma cuando se ha concedido la prima de servicios extralegal, pues conforme lo estableci� la H. Sala Laboral de la CSJ en sentencia radicada al No. 35.954 del 15 de mayo de 2012, las mismas resultan incompatibles conforme lo dispone el par�grafo 1� del art�culo 51 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968 y al par�grafo del art�culo 1� de la Ley 45 de 1945, por lo que ser� revocada.

Vacaciones En igual sentido a los anteriores conceptos, se tiene que realizada la operaci�n aritm�tica teniendo en cuenta los extremos y la procedencia parcial de la excepci�n de prescripci�n de los derechos causados antes del 25 de noviembre de 2009, arroj� la suma de $1.409.346.19, cifra inferior a la determinada en la decisi�n de primer grado, por lo que se modificar� el literal d) del numeral segundo de la sentencia de primer grado.

As� se decidir� sin costas en esta instancia por considerar que no se causaron. DECISI�N Con fundamento en las anteriores consideraciones la SALA DE DECISI�N LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia de primer grado, para en su lugar, condenar al FIDUAGRARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO AUT�NOMO DE REMANENTES DEL ISS, a reconocer y pagar a favor de la demandante MARTHA ISABEL G�MEZ ORTIZ, los siguientes conceptos contenidos en los siguientes literales: La suma de $3.968.221.75 por concepto de auxilio de cesant�as.

La suma de $220.480.95 por concepto de intereses sobre las cesant�as. La suma de $1.409.346.19 por concepto de vacaciones. La suma de $2.293.778.68 por concepto de prima de servicios extralegal. La suma de $1.109.238 por reembolso por lo pagado por aportes a pensi�n. La suma de $1.185.902 por reembolso por lo pagado por aportes a salud. La suma de 16.995.740 por concepto de indemnizaci�n moratoria calculada a raz�n de un salario diario por valor de $28.326.23 desde el 9 de agosto de 2013 al 31 de marzo de 2015.

SEGUNDO: REVOCAR el literal c) del numeral segundo de la decisi�n de primer grado, para en su lugar absolver a la accionada por concepto de la prima de navidad, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo dem�s la sentencia de primer grado.

CUARTO: Sin costas en esta instancia. Esta decisi�n se notifica en estrados a las partes. RAFAEL MORENO VARGAS Magistrado �NGELA LUC�A MURILLO VAR�N Magistrado MARTHA RUTH OSPINA GAIT�N Magistrada RECURSO DE APELACI�N PARTE DEMANDANTE: De manera sumamente respetuosa interponemos recurso de apelaci�n para que el Tribunal Superior de Bogot� revoque las absoluciones por prima convencional de vacaciones, por auxilio de alimentaci�n, por auxilio de transporte, por nivelaci�n salarial, por los incrementos salariales subsidiarios a �sta nivelaci�n y por la indemnizaci�n por despido injusto.

La parte demandante considera muy respetuosamente que en el presente caso, si bien no se demostr� en este caso, una persona en concreto que desempe�ara funciones similares a las de la demandante, si se prob� en este caso, a criterio de la parte demandante, que el ISS manejaba escalas salariales para remunerar a todos sus trabajadores, se prob� igualmente el cargo de auxiliar administrativo y que adem�s de ello debe tenerse en cuenta que la CSJ en sentencias SL 447 de 2013 rad. 41089 del 10 de julio de 2013 y reiterada en la SL 1327 del a�o 2015, ha se�alado que cuando se prueban escalas salariales que maneja el empleador dentro de una empresa, es al empleador al que le corresponde demostrar por qu� no aplic� una escala salarial al trabajador que lo est� solicitando, en el presente asunto sostenemos que se probaron las funciones propias de un auxiliar de servicios administrativos con el testimonio de la se�ora Yanira, qued� plenamente establecida esa situaci�n y que adem�s en los contratos de prestaci�n de servicios, en las certificaciones de funciones que emiti� el ISS para la se�ora MARTHA ISABEL, se puede desprender de ellas que manejaba el cargo de Auxiliar Administrativo, dentro de las escalas salariales que reposan a folio 133 del expediente, se pueden apreciar varios grados, pero a�n el menor de ellos que es el grado 11, asciende su salario a la suma de $1.066.710, suma que es superior a la que ten�a la demandante y que en el presente asunto, consideramos que la �nica raz�n que tuvo el ISS para no aplicar, o para no tener a la actora en ese salario era el mismo contrato de prestaci�n de servicios, que como se estableci�, en este caso camuflaron una relaci�n laboral, lo cierto es que, si el ISS debi� haber, como debi� haberlo hecho, haberla vinculado por medio de un contrato laboral, debi� aplicarle uno de estos salarios, unas escalas salariales y escalafonarla aunque sea en el menor de los grados, el 11 que tiene una asignaci�n salarial superior a la demandante, si el Tribunal considera viable esta solicitud, le solicito tambi�n muy respetuosamente modificar los valores y adecuarlos con el salario del Auxiliar grado 11, respecto a todas las prestaciones que se otorgaron en esta instancia y con las que eventualmente se deb�an otorgar en la segunda instancia. Tambi�n de manera subsidiaria a la nivelaci�n salarial, se apela el incremento salarial, puesto que lo que extra�a el juzgado, que es el salario b�sico, pues precisamente lo otorg� por medio de los honorarios, que en este caso, son el salario b�sico de la trabajadora y que aplicar�a entonces para ellos los incrementos salariales establecidos en la C.C.T. en el art�culo 39.

Tambi�n de manera respetuosa se apela lo concerniente a la indemnizaci�n por despido injusto, el juzgado neg� esta pretensi�n indicando que no hubo prueba de �ste hecho unilateral del despido, sin embargo, en primer lugar debe advertirse que el juzgado estableci� un extremo final de la relaci�n laboral, de hecho al calcular las pretensiones indic� que �ste fue 2013 el �ltimo a�o que se trabaj�, por lo tanto, no se puede decir que no est� demostrada la terminaci�n del despido, lo que en efecto est� demostrado es que hubo en este caso, una terminaci�n del v�nculo y �pues adem�s en la contestaci�n de la demanda, este hecho nos e niega, de hecho se indica en el hecho 28 de la demanda, se establece que �sta termin� por finalizaci�n de los contratos mismos de prestaci�n de servicios, si se analiza el art�culo 5� de la C.C.T. aplicable a este asunto, se puede establecer que la convenci�n establece que por regla general los trabajadores est�n vinculados por medio del contrato a t�rmino indefinido, �sta tambi�n reiterada en el art�culo 117 de esa misma convenci�n, por lo tanto, se establece que ese vencimiento del plazo pactado no es una justa causa para dar por terminado un contrato de trabajo a t�rmino indefinido, por lo tanto debe prosperar la solicitud de indemnizaci�n por despido injusto, teniendo en cuenta adem�s que la CSJ en rad. 35019, tambi�n ha tenido esta tesis indicando que el vencimiento del plazo en un contrato a t�rmino indefinido no es una justa causa para dar por terminado un contrato de tipo indefinido.

Tambi�n de manera sumamente respetuosa se apela lo concerniente a la prima de convencional de vacaciones, �sta fue negada porque la demandante no ten�a 5 a�os de prestaci�n de servicios y en efecto, el art�culo 49 de la C.C.T., establece que a quienes tengan 5 a�os de servicios 20 d�as de salario, pero tambi�n establece que �sta se har� tambi�n, tendr�n derecho a esta prima por cada a�o de labores, lo cual tambi�n deja entrever que se puede acceder a ella de manera proporcional si esta no es, si no se alcanzan estos 5 a�os de servicios.

Tambi�n la parte demandante apela los auxilios de transporte y alimentaci�n negados por el juzgado, porque no se pudo establecer el cargo para lo cual nos valemos de lo que se indic� para lo concerniente a la nivelaci�n salarial e indicar que en este caso, por lo menos, est� demostrado que la actora ten�a unas funciones de auxiliar y para el auxilio de transporte adicionalmente a esta, pues tambi�n opera en este punto, el auxilio de transporte legal, que tambi�n tendr�a derecho la actora, porque se ha demostrado que devengaba menos de 2 S.M.M.L.V., con los salarios que se indicaron pro el juzgado cunado analiz� el tema de los salarios y los honorarios percibidos, por lo tanto, se tiene igualmente derecho a �se auxilio de transporte convencional, y en subsidio de �ste el legal.

Esos son los puntos que la parte demandante discrepa de la sentencia de primera instancia y solicita respetuosamente conceder el recurso de apelaci�n. RECURSO DE APELACI�N PARTE DEMANDADA Teniendo en cuenta dos aspectos, en primer lugar en lo que hace referencia a la pretensi�n declarativa que el Despacho consider� que efectivamente, seg�n el acervo probatorio, se desprende que efectivamente, se dio una relaci�n laboral, entre la demandante y el ISS, con los extremos del 11 de junio de 2008 al 31 de marzo de 2013, para lo cual, me aparto de las consideraciones expuestas por el Despacho, de manera respetuosa y a fin de no extenderme demasiado sobre este aspecto, y en raz�n a que considero que las consideraciones expuestas en los alegatos versaron precisamente sobre la parte concerniente a la declaratoria de una relaci�n laboral, y en la cual considero que no estuvo plenamente demostrado de acuerdo a las apreciaciones que hice en los respectivos alegatos de los cuales reitero, y por ende, respetuosamente al Tribunal, solicito que se tenga en cuenta dichos aspectos a fin de que esta declaratoria se declare que lo que hubo realmente entre las partes fue una verdadera vinculaci�n de car�cter civil.

El segundo aspecto, si los magistrados considera que hay lugar al contrato de trabajo, apela los siguientes aspectos, en primer lugar en lo que hace la relaci�n a la prima extralegal de servicios, esta, teniendo en cuenta el pronunciamiento sobre la terminaci�n del contrato de trabajo en la cual no se demostr� que efectivamente haya sido por un despido injusto, entonces esta prestaci�n se ha de liquidar teniendo en cuenta solamente el �ltimo semestre de la prestaci�n de servicio, porque as� lo se�ala la ley, teniendo en cuenta que el contrato termin� por justa causa.

En segundo lugar apela lo concerniente a la devoluci�n de los aportes, estos fueron realizados por la demandante en virtud de las obligaciones de los contratos de prestaci�n de servicios, por lo que dichos aportes se hicieron a entidades diferentes de los que es el ISS, dineros que no fueron a las arcas de la entidad demandada, por lo que, en primer t�rmino teniendo en cuenta este aspecto, y en segundo lugar de acuerdo a la declaratoria que se hizo, el patrono debe realizar los aportes en el porcentaje que la ley se�ala, y es en esta parte que si hay que devolver los aportes ha de ser en la proporci�n que le correspond�a a la entidad contratante en el porcentaje respectivo y no en la totalidad de los mismos.

As� mismo apel� la indemnizaci�n moratoria, bien cierto lo dijo la juez, que para cada caso en espec�fico debe verificarse la buena o mala fe, por no pagarse las prestaciones en el t�rmino se�alado en la ley, pero igualmente con todo respeto, que se analice la situaci�n de que el ISS obr� de una manera con el convencimiento propio de que los contratos que estaba realizando para el cumplimiento de los contratos, lo 3estaba haciendo acorde a la ley, que era la forma para desarrollar estas actividades y por eso fueron contratados, m�xime cuando la entidad estaba en la liqudiaci�n, con rspecto a las actividades de pensiones y que posterior con decretos legales ajenos a la voluntad del ISS, ten�a que acabar de dar cumplimiento a esas actividades, que fue la que realiz� la demandante, adem�s por tratarse de estos contratos fue la demandante quien acept� realizarlos sin objeci�n alguna, por lo tanto en el desarrollo los ejecut� con el cumplimiento de las obligaciones inherentes al mismo quedando a paz y salvo por todo concepto, situaci�n que no se tiene en cuenta estos aspectos, que considera que son importantes de los cuales se ha de tener en cuenta la voluntad de los contratantes.

Si se llega a determinar que si obr� de mala fe, igualmente este pago se ha de tener en cuenta que no ser�a lo procedente hacerlo hasta que se paguen las prestaciones, pues queda de manera indefinido, m�xime cuando el ISS qued� extinto en marzo de 2015, fecha en que perdi� la calidad de empleador y el PAR ISS y de acuerdo al mismo contrato de fiducia, ello no significa que asuma obligaciones en car�cter de empleado o patrono cuando el PAR no tiene esa calidad, pues simplemente su origen es pagar aquello que se entreg� por el liquidador para asumir los pagos y contingencias econ�micas, ellos desarrollan una actividad financiera y no de car�cter patronal, por ello el pago de esta acreencia debe limitarse a esa fecha., por lo que se modificar�. Magistrado Ponente: Dr. Rigoberto Echeverri Bueno Magistrado Ponente: Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz RAD.

No. 010-2015-00055-01 MARTHA ISABEL G�MEZ ORTIZ contra ISS EN LIQUIDACI�N PAGE \* MERGEFORMAT18 567DEFop��ȶ��waN>N>N>+N$h�hD;A@��CJOJQJ^JaJh�X/@��CJOJQJ^JaJ$h�h�m@��CJOJQJ^JaJ+h�h �5�CJOJQJ^JaJmHsH(h�h�mCJOJQJ^JaJmHsH(h�h �CJOJQJ^JaJmHsH(h�h-|CJOJQJ^JaJmHsH"hxR�CJOJQJ^JaJmHsH+h�h �CJOJQJ^JaJmHnHu h�h-|CJOJQJ^JaJ h�h�mCJOJQJ^JaJ(67EFop��= > r s � � �� $dha$gd+@. $dha$gd+@.$a$gdT[r $dha$gd�mdhgd�m$ �0�dh*$a$gd�gd�$a$gd�m$a$gdxR�$a$gd�$a$gd�m�� * +, 0 1 ��Ǵ��raP?�.�� hxR�hD;ACJOJQJ^JaJ hxR�h�ACJOJQJ^JaJ hxR�h�g�CJOJQJ^JaJ hxR�h�sCJOJQJ^JaJ hxR�h�SLCJOJQJ^JaJh�X/CJOJQJ^JaJ hxR�h�mCJOJQJ^JaJ#h�h �5�CJOJQJ^JaJ$h�h0az@��CJOJQJ^JaJ$h�h�@��CJOJQJ^JaJ$h�h�m@��CJOJQJ^JaJ$h�hJ] @��CJOJQJ^JaJ1 4 7 = � � r s � � � � � � � � � � � � � ��пЫ��wiXGXGXG6X� h�h�fKCJOJQJ^JaJ h�h�+�CJOJQJ^JaJ h�h�XcCJOJQJ^JaJh��CJOJQJ^JaJ h�hR:�CJOJQJ^JaJ h�h+@.CJOJQJ^JaJ#h/P�h+@.5�CJOJQJ^JaJ&h�hT[r5�CJOJQJ\�^JaJ h�h�xACJOJQJ^JaJ h�h�mCJOJQJ^JaJh�X/CJOJQJ^JaJ hxR�h�mCJOJQJ^JaJ� 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