30-2007-255-01 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� ac��`��@ ��Cbjbj�F�F .j�,�,�:�9��V V V f v v v � nnn8�\<� ��JJ(rrrMMM$~R�!N5v {MM{{5v v rr�J��{�v rv r�{��v v �r>P�i�*}�nc��`0��"��"�� v v v v "v �Mv�T�D[ MMM55� � �n�d� � nOrdinario Dte: METROKIA S.A. Ddo: FRANCY ELENA ARDILA ROJAS.

APELACI�N SENTENCIA 30-2007-255-01 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C. SALA CIVIL Magistrado Ponente: LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ. Proyecto discutido y aprobado en Sala Civil de Decisi�n del 26 de mayo de 2010. Acta 26. Bogot�, D.C., cuatro de junio de dos mil diez. Decide el Tribunal el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2009 por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ordinario de resoluci�n de contrato de venta propuesto por METROKIA S.A., contra la se�ora FRANCY ELENA ARDILA ROJAS.

ANTECEDENTES 1. Mediante apoderado judicial la sociedad METROKIA S.A. instaur� demanda ordinaria en contra de la se�ora FRANCY ELENA ARDILA ROJAS, para que previo el tr�mite de rigor se declarara la resoluci�n del contrato de compraventa de un campero KIA NEW SPORTAGE, modelo 2007, que identifica debidamente en la pretensi�n primera, por valor de $74�990.000., celebrado el 31 de octubre de 2007, entre el demandante en calidad de vendedor y la demandada en su condici�n de compradora; en consecuencia reclam� que se condenara al convocado a efectuar devoluci�n del rodante, la cancelaci�n de la inscripci�n, los perjuicios causados por el incumplimiento y las restituciones mutuas si las hubiere.

Como causa de su pedimento el actor esgrimi� la existencia del contrato de compraventa suscrito entre las partes, que realiz� el traspaso del automotor, que el precio no se ha pagado y que existe una prenda a favor de Coltefinanciera. 3. La demandada fue notificada de manera personal, procediendo a contestar expresando que la demandante no le entreg� el automotor y que ella pag�, en total, la suma de $14.148.000; sustrato que invoc� para oponerse al �xito de las pretensiones y de las condenas solicitadas.

LA SENTENCIA Una vez concluido el tr�mite procesal, el juzgado procedi� a decidir la instancia denegando las pretensiones, se�alando para el efecto, que si bien se estableci� la prueba del contrato, sin embargo no se probaron las obligaciones que surg�an para las partes y la forma de su cabal acatamiento para determinar cu�les de ellas fueron incumplidas por los contratantes, lo que, del mismo modo, redundaba en la imposibilidad de ordenar las restituciones mutuas deprecadas y el reconocimiento de los perjuicios reclamados.

EL RECURSO El apoderado de la parte demandante propuso recurso de alzada pretendiendo se revoque en integridad la sentencia impugnada soportando su censura en que en el expediente obra plena prueba de la celebraci�n del contrato de venta, pues de �l da fe la factura cambiaria de compraventa aportada; que de acuerdo con el art�culo 922 comercial, el actor realiz� la tradici�n del rodante y lo entreg�, comportamiento que contrast� con el de la demandada quien no pag� el precio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Uno de los atributos de la libertad jur�dica de las personas es el principio de la autonom�a privada seg�n el cual los particulares est�n habilitados para crear, modificar, conservar o extinguir derechos y obligaciones, sin limitaci�n diferente a la impuesta por la ley, el orden p�blico y las buenas costumbres.

Como consecuencia de este aforismo el c�digo civil consagra que �Todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causales legales�; de donde se desprende, adem�s de su poder vinculante, que los contratos pueden disolverse por dos v�as distintas: por el acuerdo de las partes o mutuo disenso y por los motivos previstos en la ley, entre estos la resoluci�n por incumplimiento.

Para proteger el poder vinculante del contrato, en los art�culos 1.546 del C.C. y 870 del C�digo de Comercio, se otorga al contratante que ha cumplido con sus obligaciones, el derecho alternativo de demandar la resoluci�n � el cumplimiento, con indemnizaci�n de perjuicios, acciones que se fundamentan �en la reciprocidad de derechos y obligaciones nacidos para las partes en la celebraci�n del contrato bilateral y procede en el caso de que una de las partes deje de cumplir lo pactado, si la otra lo ha cumplido o se allana a cumplirlo.� 2.

Respecto del contrato de compraventa, la acci�n resolutoria est� consagrada en los art�culos 1.546 y 1.930 del C�digo Civil, en favor tanto del vendedor como del comprador, asom�ndose como requisito ineludible para el sujeto activo que demanda, presentar prueba de su cumplimiento o de que estuvo presto a satisfacer sus obligaciones, pues las acciones que sancionan la falta contractual, ya desde la perspectiva extintiva o del cumplimiento, no operan � sino cuando uno de los contratantes cumpli� debidamente con lo pactado o se allan� a cumplirlo dentro del plazo o modo estipulados, y cuando el otro, por un acto de su voluntad, no obstante el cumplimiento de la contraparte, cuando es el caso, ha dejado de cumplir con lo pactado, en la forma y tiempo debidos�. Es di�fano, entonces, que las obligaciones que corren para las partes deben ser satisfechas por los contratantes en el orden y forma convenidos, ya que lo que se realice con desv�o de los designios contractuales o legales, tendr� repercusi�n en la soluci�n efectiva o no del pacto, inobservancia que -se advierte-, puede, en el futuro, habilitar las acciones pertinentes de resoluci�n o de cumplimiento del contrato, quedando a salvo, claro est�, la proposici�n de eventuales excepciones por parte del demandado, contradictorio en el que debe acreditarse la existencia de un contrato bilateral v�lido, el cumplimiento del actor o la prueba de su allanamiento a cumplir, y el incumplimiento del demandado. 3.

En el caso bajo estudio, sobre la existencia y validez del contrato no existe mayor controversia, pero si sobre su contenido, el cual de ordinario es fruto del acuerdo de las partes, quienes se�alan las directrices concretas de su comportamiento dispositivo, pacto que, entonces, determina la tipicidad del acuerdo y las obligaciones contra�das, debiendo puntualizar que, en estos aspectos, la ley distingue en el contrato, las cosas �elementos- de su esencia, las naturales y las accidentales.

Los elementos esenciales, que estructuran y dan existencia a cada negocio, pues sin ellos este no existe o se convierte en otro diferente, ofrecen como caracter�stica, de la misma manera, que no son susceptibles de disposici�n por los particulares. Los naturales, son aquellas �cosas� que sin necesidad de pacto expreso le pertenecen al negocio en virtud de la normatividad existente o por la presencia de usos o costumbres, contenido natural que tiene car�cter dispositivo, ya que las partes pueden apartarse de su expresi�n legal, intermediando los pactos accidentales.

Finalmente est�n los elementos accidentales, que son aquellos que ni natural ni esencialmente le pertenecen al negocio y, por ello, para que sean vinculantes deben pactarse. 4. As� mismo es �til recordar que la compraventa es el negocio jur�dico por el cual una persona llamada vendedor, se obliga a trasmitir el dominio de una cosa por la que recibe a cambio una suma de dinero (precio) de su contraparte, llamado comprador; negocio definido en los art�culos 1849 del c.c. y 905 del c. de c., figuras que en lo esencial son coincidentes, aunque conservan algunas diferencias.

Uno de esos tratos diversos es el de la tradici�n de los inmuebles y de los dem�s bienes se�alados en el art�culo 922 comercial, pues de acuerdo con esta norma, se requiere, aparte de la inscripci�n en la oficina correspondiente, la entrega material de la cosa; es decir que el agotamiento de la tradici�n comprende dos etapas que son la inscripci�n y la entrega material y si no concurren ambos supuestos no hay tradici�n, norma que fue atacada por inconstitucionalidad, pero la C.S. de J. no la acept� y precis� que si el vendedor no entrega la cosa, el comprador tiene la acci�n de la entrega de la cosa del tradente al adquirente, procedimiento previsto en el actual art�culo 417 del C. de P.C. 5.

Como ya se expres�, uno de los presupuestos para el triunfo de la pretensi�n resolutoria es la condici�n de contratante cumplido en quien demanda, pues si el actor no ha cumplido o no se ha allanado a cumplir, esa omisi�n conduce a la ausencia de legitimaci�n en causa y, por tanto, la acci�n est� condenada al fracaso, a�n en el caso de que el otro contratante tampoco hubiera honrado sus compromisos contractuales, pues en este caso ninguno de ellos estar�a habilitado para iniciar las acciones correspondientes.

De acuerdo con lo expuesto, procede el Tribunal a analizar si el demandante est� legitimado para intentar, con �xito, la presente acci�n resolutoria, en tanto y en cuanto haya cumplido con su d�bito negocial, que como vendedor y ante la ausencia de pacto de condiciones particulares sobre espec�ficos campos del contrato, se reduce a trasmitir la propiedad del automotor en los t�rminos del art�culo 922 ya citado, pues el contrato en estudio es de estirpe mercantil, en la medida que la parte vendedora es una sociedad comercial que tiene entre otros cometidos la �intermediaci�n en la compra, venta, importaci�n, exportaci�n, distribuci�n y concesi�n de todo tipo de veh�culos automotores y autopartes�� (fl. 6), actividades calificadas como comerciales por el art�culo 20 del C. de C. En concordancia con el canon 922 que expresa que �La tradici�n del dominio de los bienes ra�ces requerir�, adem�s de la inscripci�n del t�tulo en la correspondiente oficina de registro de instrumentos p�blicos, la entrega material de la cosa.

Par�grafo. De la misma manera se realizar� la tradici�n del dominio de los veh�culos automotores, pero la inscripci�n del t�tulo se efectuar� ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes�; previsi�n normativa que se repite en el art�culo 47 de la ley 769 de 2002, que se�ala que la tradici�n del dominio de los veh�culos automotores requerir�, adem�s de su entrega material, su inscripci�n en el organismo de tr�nsito correspondiente�, resulta que para cumplir esa obligaci�n, propia del contrato de compraventa el vendedor deb�a entregar materialmente el rodante y a la vez procurar la obtenci�n de la inscripci�n en la oficina de tr�nsito correspondiente, entrega material de la que, en verdad, no existe prueba de su ocurrencia, hecho positivo que debi� acreditar el demandante en pro de sus pretensiones.

En efecto, en la contestaci�n del libelo introductorio el demandado afirm� que el veh�culo permanece en las instalaciones del vendedor y que �a la fecha no ha sido entregado, ni utilizado por parte de mi cliente��, insistiendo a rengl�n seguido, �que Metrok�a no ha hecho entrega a la fecha del veh�culo��, expresi�n que encarna una aut�ntica negaci�n de car�cter indefinido, pues como tal no puede ser ubicada en el tiempo ni en el espacio, naturaleza que llama a la parte contra quien se opone a demostrar el hecho antit�tico, que como positivo y definido, si es pasible de demostraci�n, materia de la que la Corte expres� que �Si las negaciones definidas equivalen al velo que oculta la afirmaci�n del hecho positivo contrario, pero decisivo en la cuesti�n litigada, no es necesario profunda reflexi�n para advertir que mal puede estar excusada su prueba; por tratarse de una negaci�n apenas aparente o gramatical, el hecho contrario es susceptible de prueba y de �sta no puede prescindirse para el acogimiento de las s�plicas de la demanda�. � �Las negaciones indefinidas, en cambio, son de imposible demostraci�n judicial, desde luego que no implican la aseveraci�n de otro hecho alguno: de aqu� que, como lo ha dicho la Corte, estas negaciones "no pueden demostrarse, no por negativas, sino por indefinidas".

(LXXV, 23)". (CSJ, sentencia del 29 de enero de 1975). As� las cosas, muy a pesar de que el demandado propuso el tema de la entrega en la misma integraci�n del contradictorio, el demandante no realiz� gesti�n probatoria alguna con el prop�sito de demostrar el hecho de la entrega, aunque si aleg�, en la sustentaci�n del recurso, que en la factura cambiaria de compraventa que se adjunt� a la demanda, consta que el demandado recibi� la mercanc�a, atestaci�n que en verdad no obra en tal documento, a lo que se adiciona que este no tiene la firma de la compradora que la vincule y, por ende, no le es oponible ning�n efecto probatorio que se pueda derivar de �l. Sobre el punto, debe observarse que la referida obligaci�n de entrega puede satisfacerse por medio de alguna de las formas previstas al efecto en el C�digo Civil, tema explicado por la Corte al se�alar que �La obligaci�n de entregar materialmente el bien se satisface por cualquier medio que el comprador convenga con el vendedor, o por formas similares a las enumeradas en los art�culos 754 y 755 del C�digo Civil, y que permitan al comprador recibir el bien y entrar en posesi�n del mismo''.

(CSJ. Sentencia de diciembre 15 de 1973), sin que el demandante se preocupara, por manifestar, siquiera, cu�l la modalidad que utiliz�, si fue con la entrega de las llaves, con la permisi�n de la aprehensi�n del automotor por parte del comprador, etc., falencia demostrativa que motiva la absoluci�n del demandado, simple aplicaci�n del principio de la carga en cabeza del actor, de acuerdo con la cual quien tenga inter�s en la aplicaci�n de los efectos que la norma consagra, debe probar los supuestos de hecho que motiven su implementaci�n pr�ctica, pues � la finalidad �ltima de la actividad probatoria es lograr que el Juez se forme una convicci�n sobre los hechos, por lo que el deber de aportar regular y oportunamente las pruebas al proceso, est� en cabeza de la parte interesada en obtener una decisi�n favorable.� Lo anterior permite presentar como ep�logo de lo discurrido que quien quiere verse beneficiado con los efectos que se derivan de una norma de derecho, debe probar el supuesto f�ctico que provoca su aplicaci�n; principio que indica al juez la orientaci�n de su fallo cuando en el proceso no hay el material probatorio que le d� certeza sobre los hechos que habr�an de fundamentar su decisi�n, determin�ndose qui�n asume las consecuencias jur�dicas por la falencia probatoria acerca de los hechos en los que se basan las pretensiones.

En armon�a con lo expuesto la Sala Civil de Decisi�n del Tribunal Superior de Bogot�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 1� de diciembre de 2009 por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot�, proferida dentro del proceso ordinario promovido por METROKIA S.A., contra la se�ora FRANCY ELENA ARDILA ROJAS.

SEGUNDO: CONDENAR en costas al apelante. NOTIF�QUESE LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Magistrado Ponente 110013103030200700255 01 GERM�N VALENZUELA VALBUENA Magistrado 110013103030200700255 01 OSCAR FERNANDO YAYA PE�A Magistrado 110013103030200700255 01 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 2 de noviembre de 1964. Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 16 de marzo de 1998 en la cual se cita �LV, 585).� PAGE 1 PAGE 4 LRSG. 30-07-255-01 =Q_`ab�� 1 2 3 A ��ȷȫ��z�m\K\7z&h~*@��CJ^JaJmH nH sH tH h�'.h�'.@��CJaJmH sH h�'.h~*@��CJaJmH sH h~*\�^JaJnH tH h~*@��CJmH sH h~*5�\�h~*5�@��CJ\�mH sH h~*5�@��CJ\�mH sH h~*@��CJmH sH h�'.h�'.@��CJaJnH tH h�'.h~*@��CJaJnH tH h�'.h~*@��CJaJmH sH h�'.h~*CJaJh�'.h�'.CJaJ =`ab��2 �� x0�dhgd~*$ �0�dh*$a$gd~*gd~* �0�xdh7$8$gd~*$ �xdh*$a$gd~*$dh*$a$gd~*$dh*$a$gd~* �0�d�gd~* $*$a$gd~*d�gd~* �BRC�C��2 3 b c � � � � m p [\pq~��dhgd~*dhgd~*$dh*$a$gd~*dhgd~*$ �xdh*$a$gd~*$ �0�dha$gd~*$ �0�dh*$a$gd~* �0�dh*$gd~*$ � C�"0�dh*$a$gd~*A a b c. t � � � � � � � ()C)*,6:>bk�� ö��unju`u`u`u`u`u`u`u`u`u`h&h�aJnH tH h~*h~*h~*h~*aJnH tH h~*5�@��CJ\�mH sH h~*\�^JaJnH tH h~*h~*@��CJaJmH sH h~*@��CJaJh~*h~*@��CJaJh~*@��CJaJmH sH h~*CJaJh\)<h~*CJaJmH sH h~*@��CJmH sH hi�@��CJmH sH # # k m � Z[\_px��opq}~79EK��QS��ྲ��ࣖ��}�}�wq�q�qw�� he]bCJ h��CJ hSf�CJ h~*CJh~*\�^JaJnH tH hSf�\�^JaJnH tH 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