11001310302020000072802 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� q` ��bjbjqPqP 7"::<�u��(((Fn4��CCC8VCZD��X��D�D"EEEFFFXXXXXXX$?[h�]�(X��KFF�K�K(X��EE�=X�M�M�M�K��E�EX�M�KX�M�MV�P��QE�D��g\k��CL��Q�WDSX0�X�Q0S^�LS^�Q�Q�S^�fRXF:EG��M%H��H�FFF(X(X�M^FFF�X�K�K�K�K��$)�=D��=�� TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� SALA CIVIL DE DESCONGESTI�N Bogot� D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil diez (2010) Magistrado Ponente: MANUEL PARADA AYALA (Proyecto discutido y aprobado en Sala del 17 de noviembre de 2010, seg�n acta N� 08) MOTIVO DE LA INSTANCIA Desatar el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 8 de octubre de 2009 por el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogot� D. C., a cargo de la Dra. FABIOLA PEREIRA ROMERO.

ANTECEDENTES El se�or GUMERCINDO RIVERA SAENZ, por conducto de apoderado judicial promovi� acci�n ordinaria en contra del se�or JORGE AUGUSTO ALONSO pretendiendo la resoluci�n del contrato privado de fecha 22 de febrero de 1999 suscrito entre ellos, por incumplimiento del demandado, al no suscribir los documentos del traspaso de la camioneta Grand Cherokee, modelo 1998, color rojo de placas HUL-138 al haber sido incautada por la aduana interior de Bogot� el 29 de julio de 1999.

Que, como consecuencia de la anterior declaraci�n, se condene al demandado a pagarle $90�000.000.oo a t�tulo de da�os y perjuicios, tasados bajo la gravedad del juramento y, que se le condene en costas. El actor soporta sus pretensiones en los hechos que a continuaci�n se compendian. Que en Bogot�, el 22 de febrero de 1999, entre demandante y demandado se celebr� un contrato de compraventa (permuta), por medio del cual el demandado JORGE AUGUSTO ALONSO �dio en venta a t�tulo de permuta� el veh�culo camioneta Grand Cherokee, modelo 1998, color rojo de placas HUL-138 al demandante GUMERCINDO RIVERA SAENZ comprometi�ndose a trasladar su propiedad el 22 de febrero de 1999 y a entregarlo debidamente saneado por todo concepto, espec�ficamente por impuestos, partes, expedientes, reservas de dominio y en general cualquier gravamen que impidiera su libre comercio.

Que por su parte, el demandante GUMERCINDO RIVERA SAENZ �dio en venta a t�tulo de permuta� el veh�culo marca Toyota, clase campero, modelo 1998, tipo Land Cruiser FZJ y la suma de $12�000.000.oo a la firma del documento respectivo. Que el demandado no dio estricto cumplimiento a lo pactado, toda vez que no entreg� el veh�culo de placas HUL-138, porque estando en posesi�n del se�or MIGUEL LADINO CASTRO fue aprendido por las autoridades de polic�a judicial bajo el cargo de haber entrado al pa�s sin los requisitos legales y que, por lo mismo, fue dejado a disposici�n de la aduana interior de Bogot� seg�n oficio N� 12145 del 12 de julio de 1999 y radicada en la D.I.A.N. bajo el N� 020672 de la misma fecha.

Que en m�ltiples ocasiones le ha reclamado al demandado la entrega del veh�culo o el valor de la permuta, pero ha hecho caso omiso. (Fl. 4). TR�MITE Luego de que la demanda quedara radicada en el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogot�, �ste, mediante auto de 24 de agosto de 2000 la admiti� y dispuso su traslado al demandado. (Fl. 23). El demandado JORGE AUGUSTO ALONSO se notific� por conducta concluyente, mediante el otorgamiento de poder a su apoderado a quien se le reconoci� personer�a por auto del 10 de julio del 2006, pero no contest� la demanda.

Luego de haberse convocado y realizado la audiencia prevista en el art�culo 101 del C. de P.C., sin haberse logrado acuerdo alguno, por auto del 10 de abril de 2008 se abri� a pruebas el proceso y fenecido dicho estadio, por auto del 13 de enero del 2009 se corri� traslado para alegar de conclusi�n y dentro del t�rmino otorgado el demandante luego de hacer un recuento de los hechos solicita que se declare la resoluci�n del contrato por incumplimiento del demandado, al no haber suscrito los documentos de traspaso de la camioneta de placas HUL-138, por haber sido incautada por la aduana interior de Bogot� el 29 de julio de 1999.

DE LA SENTENCIA APELADA El 8 de octubre de 2009, el Juzgado 20 Civil de Circuito puso fin a la instancia mediante sentencia que neg� las pretensiones de la demanda. As� mismo conden� en costas al demandante. El sustento de dicha determinaci�n lo constituye, la falta de determinaci�n de la fecha para que las partes cumplieran con las obligaciones derivadas del contrato, es decir, en la cual deb�an entregarse y transferirse los veh�culos y los $12�000.000.oo, raz�n por la cual no era viable predicarse la mora de ninguno de los contratantes.

Agrega la sentenciadora de primer grado, que el demandante no efectu� requerimiento judicial ni extrajudicial para constituir en mora al demandado, como tampoco lo solicit� en el escrito de demanda, por lo cual resultaba improcedente la resoluci�n del contrato por incumplimiento de uno de los permutantes. Finalmente se�ala que tampoco se hab�a acreditado el traspaso del automotor del demandante al demandado, ni el pago de los $12�000.000.oo.

RECURSO DE APELACI�N El se�or apoderado judicial del demandante manifest� su inconformidad con el fallo de instancia y por eso lo impugn�. La censura la dirige a obtener la revocatoria del fallo, bajo el argumento de que se dan las condiciones para resolver el contrato por incumplimiento del demandado, toda vez que en la cl�usula 3� del contrato de permuta se especific� que los contratantes recibieron mutuamente los veh�culos y que como �stos eran usados, se comprometieron al saneamiento hasta el 22 de febrero de 1999, fecha en la cual deb�an estar libres de cualquier gravamen que impidiera su libre comercio.

Agrega, que as� mismo se comprometieron a entregar los formularios de traspaso firmados y autenticados por la persona que figuraba en la carta de propiedad con sus respectivos recibos de impuestos. CONSIDERACIONES Como la sentencia s�lo fue apelada por la parte demandante, la sala, en desarrollo de lo dispuesto en el inciso 1� del art�culo 357 del C de P.C., proceder� al examen de los aspectos objeto de inconformidad.

De manera liminar, se observa que los presupuestos procesales se encuentran acreditados, y como no se advierte irregularidad con capacidad para invalidar lo actuado, pues las irregularidades que pudieron existir quedaron subsanadas por la conducta de las partes, se torna viable una decisi�n de fondo. En el caso bajo examen, el demandante pretende que se resuelva el contrato privado de fecha 22 de febrero de 1999 suscrito entre �l y el se�or JORGE AUGUSTO ALONSO por incumplimiento de �ste, al no suscribir los documentos del traspaso de la camioneta Grand Cherokee, modelo 1998, color rojo de placas HUL-138 puesto que fue incautada por la aduana interior de Bogot� el 29 de julio de 1999.

Como el juzgado de conocimiento neg� las pretensiones por no haberse determinado la fecha en que las partes deb�an cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, sin que el demandante hubiera efectuado requerimiento alguno para constituir en mora al demandado, y el apelante replica que s� se halla tal determinaci�n porque en la cl�usula 3� del contrato de permuta se especific� que los contratantes recibieron mutuamente los veh�culos y que como �stos eran usados, se comprometieron al saneamiento hasta el 22 de febrero de 1999, la sala proceder� al estudio de los aspectos objeto de inconformidad.

De acuerdo con el documento visible a folio 2 los se�ores GUMERCINDO RIVERA SAENZ y JORGE AUGUSTO ALONSO celebraron un �contrato de permuta� a trav�s del cual, �ste como primer permutante se oblig� a darle a aquel, como segundo permutante, en calidad de permuta una camioneta Grand Cherokee, modelo 1998, color rojo de placas HUL-138 y, a su turno, el se�or GUMERCINDO RIVERA SAENZ se oblig� a darle al primer permutante, el veh�culo marca Toyota, clase campero, modelo 1998, tipo Land Cruiser FZJ, m�s $12�000.000.oo.

Ahora, como el juzgado de primer grado neg� las pretensiones resolutorias porque en el contrato no se hab�a determinado la fecha de cumplimiento de las obligaciones derivadas de �l, es decir, en la cual deb�an entregarse y transferirse los veh�culos y los $12�000.000.oo, raz�n por la cual no era viable predicarse la mora de ninguno de los contratantes y el apelante estima cumplido tal requisito con lo previsto en la cl�usula 3� del contrato de permuta, en la cual se especific� que los contratantes hab�an recibido mutuamente los veh�culos y que como �stos eran usados, se comprometieron al saneamiento hasta el 22 de febrero de 1999, fecha en la cual deb�an estar libres de cualquier gravamen que impidiera su libre comercio, la sala debe referirse a este aspecto.

Luego de revisar el diligenciamiento y en especial, la cl�usula 3� del contrato de permuta referida por el censor, en realidad, de ella no se desprende la fecha en que se materializar�an los respectivos traspasos y en esa medida, las obligaciones all� insertas se tonar�an en puras y simples, y por tanto, exigibles desde su nacimiento; sin embargo, para constituir en mora al deudor, �ste debi� ser requerido, como se desprende del contenido de los art�culos 1863 y 1608, numeral 3� del C.C. Como el juzgado de instancia argument� as� mismo la negaci�n de las pretensiones, en la falta de requerimiento judicial o extrajudicial por parte del demandante para constituir en mora al demandado, y en que tampoco lo hab�a solicitado en el escrito de demanda, la sala debe se�alar que si bien, como se anot� en el p�rrafo anterior, la obligaci�n se presenta como pura y simple y para constituir en mora al deudor se necesita el respectivo requerimiento, tal requisito se advierte satisfecho dentro del tr�mite procesal, concretamente cuando se le notific� al demandado la demanda, que se recuerda, acaeci� por conducta concluyente, mediante el otorgamiento de poder a su apoderado a quien se le reconoci� personer�a por auto del 10 de julio del 2006.

As� las cosas y si de acuerdo con las previsiones del 2� inciso del art�culo 90 del C. de P.C. �La notificaci�n del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes�, entonces, con la notificaci�n que de la demanda se le efectuara al aqu� demandado qued� constituido en mora y a pesar de ello, no acredit� el cumplimiento de su obligaci�n de traspaso del automotor que el entreg� en permuta a su demandante, situaci�n que permitir�a, en dicho aspecto, tenerlo como contratante incumplido.

Si a lo precedentemente expuesto se le suma el hecho de que, de acuerdo con el art�culo 47 de la ley 769 del 2002 que regula todo lo relacionado con la tradici�n del dominio de los veh�culos automotores (�) �La inscripci�n ante el organismo de tr�nsito deber� hacerse dentro de los sesenta (60) d�as h�biles siguientes a la adquisici�n del veh�culo.�, dicho t�rmino, contado desde la notificaci�n de la demanda al se�or JORGE AUGUSTO ALONSO, se halla superado y como no se acredita la tradici�n que como se ver� en detalle m�s adelante, constituye una de las obligaciones del vendedor o permutante de veh�culos automotores, el incumplimiento del demandado, respecto de la ausencia de traspaso del veh�culo por �l entregado en permuta al demandante, se presenta coruscante.

No sucede lo mismo en relaci�n con el pago de los $12�000.000.oo que, seg�n el juzgado de instancia, su falta de demostraci�n robustec�a el fracaso de las pretensiones del demandante, pues el demandante afirma su pago y como en el contrato de permuta se dijo que el demandante, como segundo permutante le entregaba al demandado o primer permutante el campero de placas CIQ-806 m�s la suma de $12.000.000.oo y no hay constancia de su falta de pago o de que se hubiera sometido a alg�n plazo o condici�n, debe tenerse por satisfecha tal obligaci�n, como lo plantea el demandante.

Si a lo anterior se le adiciona la falta de contestaci�n de la demanda por el se�or JORGE AUGUSTO ALONSO, ese indicio grave en su contra que se desprende del contenido del art�culo 95 del C. de P.C., ratifica el pago de la suma en menci�n y en consecuencia, ello permite el estudio subsiguiente. Como el demandante acusa al demandado de no haber cumplido con su obligaci�n de suscribir los documentos de traspaso de la camioneta Grand Cherokee, de placas HUL-138 y por ello pide la resoluci�n del negocio, la sala debe comenzar se�alando que, el demandante, para legitimarse en el ejercicio de la acci�n resolutoria, debe acreditar que fue un contratante cumplido, esto es, que honr� las obligaciones contra�das con el comprador, espec�ficamente la de transferir el dominio de la cosa vendida (art. 1880 C.C.), por lo que no le ser� suficiente demostrar que hizo entrega material, sino que debe probar que tambi�n efectu� la tradici�n, o que estuvo presto a hacerla, claro est�, en los t�rminos acordados.

Es de advertir, que la citada carga probatoria tambi�n se extiende a los dem�s compromisos adquiridos, pues de lo contrario ver� frustrada su pretensi�n. Al fin y al cabo, como en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes est� en mora por dejar de cumplir sus obligaciones, mientras el otro no atienda las propias en la forma y tiempo debidos (art. 1609 ib�dem.), la resoluci�n del negocio jur�dico �no opera sino cuando uno de los contratantes cumpli� debidamente con lo pactado o se allan� a cumplirlo dentro del plazo y modo estipulados, y cuando el otro, por un acto de su voluntad, no obstante el cumplimiento de la contraparte, cuando es el caso, ha dejado de cumplir con lo pactado, en la forma y tiempo debidos�, lo que pone de relieve que dicha acci�n �corresponde exclusivamente al contratante que ha cumplido por su parte con sus obligaciones contractuales�.

Por eso, a pesar de que le corresponde al demandado la tarea de acreditar que satisfizo su deber de prestaci�n, ello no significa que para el �xito de la pretensi�n resolutoria, le sea suficiente al demandante probar la existencia del contrato fuente de la obligaci�n cuyo incumplimiento alega, as� como afirmar que el comprador se apart� de la misma, pues tambi�n debe aportar evidencia de su legitimaci�n, eso es, de que es un contratante cumplido.

En el presente asunto, no hay duda de que el demandante demostr� que, entre �l y el demandado, el 22 de febrero de 1999 se celebr� en Bogot�, un contrato, no de compraventa, como lo afirma en la demanda, sino de permuta, negocio este que a decir del art�culo 1850 del C.C. se tipifica cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, y �sta vale m�s que el dinero.

Como el negocio jur�dico versa sobre veh�culos automotores, es decir, sobre bienes muebles, el an�lisis ha de referirse a dicho acto, a fin de precisar en primer lugar su existencia y validez, toda vez que no resulta viable que se pida, como tampoco que se declare la resoluci�n de un contrato, si es inexistente o est� viciado de nulidad. Ha de comenzar se�al�ndose que, la realizaci�n de los contratos de compraventa e igualmente de permuta de veh�culos automotores particulares se fundamenta en el principio de autonom�a de la voluntad privada que consiste en el reconocimiento m�s o menos amplio de la eficacia jur�dica de ciertos actos o manifestaciones de voluntad de los particulares; en otras palabras, en la delegaci�n que el legislador hace en los particulares de la atribuci�n o poder que tiene de regular las relaciones sociales, delegaci�n que estos ejercen mediante el otorgamiento de actos o negocios jur�dicos.

Pero a m�s de lo anterior dichos negocios jur�dicos tienen soporte en la libertad contractual que permiten la realizaci�n de acciones bilaterales entre el vendedor y el comprador o entre los permutantes, a trav�s de una compraventa o permuta civil que conlleva s�lo la entrega material de la cosa y el precio, esto es, de car�cter simplemente consensual, sin tener en cuenta la inscripci�n de la misma, requisito que, como m�s adelante se ver� se torna indispensable para configurar un contrato de compraventa o de permuta de bienes muebles sometidos a registro, como son los veh�culos automotores.

Revisado el pacto celebrado entre demandante y demandado y cuya resoluci�n aqu� se pretende, la sala advierte que, de conformidad con los art�culos 1502 y s.s. del C�digo Civil, se estructuran los requisitos de existencia y validez de la permuta vehicular, toda vez que los sujetos de la relaci�n contractual son legalmente capaces, su consentimiento es expreso y no aparece prueba, ni las partes lo alegaron, de que �ste se halle viciado de error, fuerza o dolo y, hasta donde se tiene noticia, recay� sobre un objeto l�cito y su causa es legal, de todo lo cual se desgajan satisfechos los requisitos para pedirse la resoluci�n contractual, como antes se dijo.

Superado el anterior an�lisis y en atenci�n a la acci�n promovida por el se�or GUMERCINDO RIVERA S�ENZ, debe recordarse que, doctrinal y jurisprudencialmente, con fundamento en el art�culo 1546 del C�digo Civil, se ha dicho que la acci�n resolutoria requiere, para su viabilidad y procedencia, el cumplimiento de las siguientes condiciones: 1.- Existencia de un contrato bilateral v�lido; 2.- Incumplimiento del demandado, total o parcial, de las obligaciones que para �l gener� la convenci�n; y 3.- Que el demandante haya cumplido los deberes que le impone la convenci�n, o cuando menos que se haya allanado a cumplirlos en la forma y tiempo estipulados.

En relaci�n con el primero de los requisitos citados, esto es, la existencia de un contrato bilateral valido, debe decirse que, como de acuerdo con el an�lisis efectuado en precedencia, el pacto celebrado entre los extremos de este lite es v�lido y como adem�s, el contrato de permuta base de la acci�n resolutoria, recae sobre bienes muebles, no se requiere de solemnidad y por lo mismo dicha negociaci�n se reputa perfecta desde cuando las partes han convenido en las cosas permutables y en el precio.

En lo atinente al segundo de los requisitos de la acci�n resolutoria, es decir, el incumplimiento del demandado, total o parcial, de las obligaciones que para �l gener� la convenci�n, las constancia procesales ponen de presente que, en realidad, el demandado incumpli� con su obligaci�n de efectuar el traspaso de la camioneta Grand Cherokee, modelo 1998, color rojo de placas HUL-138 permutada, pues adicionalmente, dicho rodante le fue aprendido por las autoridades de polic�a judicial bajo el cargo de haber entrado al pa�s sin los requisitos legales, traspaso que como se ver� m�s adelante, constituye una de las obligaciones del vendedor o permutante de veh�culos.

Respecto del �ltimo de los requisitos que se vienen tratando, esto es, que el demandante haya cumplido los deberes que le impone la convenci�n, o cuando menos que se haya allanado a cumplirlos en la forma y tiempo estipulados, la Sala, dados los efectos que en punto de la tradici�n de veh�culos genera tanto la venta como la permuta, se referir� entonces a la tradici�n de dichos bienes, para determinar si en este particular asunto el referido requisito se cumple y si en consecuencia se estructuran los supuestos que har�an viable la resoluci�n pretendida.

Al analizar los elementos materiales de prueba que integran la foliatura, desde ya, la sala puede otear la ausencia de acreditaci�n de dicha exigencia, toda vez que como a continuaci�n se ver�, en esta clase de negocios, no solo se cumple el pacto, con la entrega material del veh�culo, sino que adem�s, se requiere de su inscripci�n en la correspondiente oficina de tr�nsito.

Para arribar al anterior aserto, la sala tendr� en cuenta, tanto la normatividad, como la doctrina que ha transitado por el orden jur�dico interno, en relaci�n con la tradici�n del dominio de automotores. As� mismo, como en este caso, no hay constancia de que la permuta haya sido mercantil, se analizar� si es �sta o la legislaci�n civil la que debe regir el tema propuesto.

En relaci�n con tal aspecto, se han presentado diferencias en el tratamiento dado a la tradici�n de esta clase de muebles, pues de acuerdo con la normatividad civil, s�lo se exige la entrega material de la cosa mueble, en este caso, el veh�culo automotor objeto de la venta o de la permuta para que se tipifique la venta o la permuta, en tanto que la legislaci�n comercial exige, no solo la entrega material de la cosa mueble, es decir, el veh�culo, sino la inscripci�n del acto jur�dico consensual entre tradente y adquirente, en el organismo de tr�nsito correspondiente.

Ahora, no obstante que la compraventa de veh�culos automotores no es un contrato real que se perfecciona por la tradici�n de la cosa vendida, sino un contrato consensual generador de la obligaci�n, a cargo del vendedor o permutante de hacer tradici�n de dicha cosa, en el campo comercial, se requiere que adem�s de la entrega material, se inscriba el acto jur�dico realizado entre el tradente y el adquirente en el organismo de tr�nsito portador de la documentaci�n del veh�culo, como se desprende del par�grafo del art�culo 922 del C�digo de Comercio.

En esas condiciones, a pesar de que se haya efectuado la entrega material, si el vendedor no confiere un documento al comprador para inscribirlo, la tradici�n no se cumple y por tanto, �ste puede recurrir a la acci�n alternativa del art�culo 1546 del C�digo Civil o independientemente de la indemnizaci�n de perjuicios, a la autorizada por el art�culo 870 del C�digo de Comercio.

Si lo incumplido es la entrega material, tampoco hay tradici�n y entonces, el comprador o permutante puede optar por las precitadas acciones, o por la consagrada por el art�culo 417 del C�digo de Procedimiento Civil, impetrando el proceso abreviado de entrega de la cosa por el tradente al adquirente, previa inscripci�n. T�ngase en cuenta que, como lo ha dicho la jurisprudencia, quien vende o permuta veh�culos automotores no se obliga a hacer, sino a dar, esto es, a efectuar la tradici�n de lo vendido.

La jurisprudencia patria, al referirse a la compraventa de veh�culos, aspecto que se relaciona con la permuta cuya resoluci�n aqu� se pretende, ha diferenciado el t�tulo del modo, al sentenciar: �La compraventa de veh�culos automotores no es un contrato real, que se perfeccione por la tradici�n de la cosa vendida, sino un contrato consensual, generador de la obligaci�n, a cargo del vendedor, de hacer tradici�n de dicha cosa.

El que vende veh�culo automotor no se obliga a HACER, sino a DAR: efectuar la tradici�n de lo vendido. El contrato de promesa de venta genera simplemente obligaciones de hacer, consistentes en celebrar el contrato prometido. Por lo tanto, jam�s puede ser contrato de promesa aquel por el cual una de las partes se obliga a transferir una cosa a cambio de un preci�.

Esto es compraventa, si se atiende a la definici�n consignada en el art�culo 1849 del C�digo Civil, reproducido por el 905 del de Comercio. Solo que la tradici�n de veh�culos automotores, a la cual se obliga el vendedor en virtud del contrato de compraventa est� sujeta a la inscripci�n del t�tulo ante el funcionarlo competente, lo cual nada tiene que ver con la consensualidad del contrato�.

Como aqu� se acusa al demandado de no haber cumplido con su obligaci�n de efectuar el traspaso del veh�culo que le entreg� en permuta al actor, y dado que se trata de bienes muebles que, como se ha dicho, la compraventa o permuta se perfecciona con la entrega de la cosa y por lo mismo podr�a decirse que aqu� el contrato se halla perfeccionado porque uno y otro contratante hizo entrega de los veh�culos a que se oblig�, la sala, para efectos de adoptar la determinaci�n que el presente asunto reclama, estima conveniente referirse al tratamiento que la legislaci�n patria le ha dado al tema del traspaso y para ello, a pesar de su extensi�n, advierte ilustrativo el concepto vertido por el Consejo de Estado, cuando dijo: �El decreto ley 1250 de 1970, de fecha 27 de julio, �Por el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos p�blicos,� sujet� a registro los actos, contratos, providencias judiciales, administrativas o arb�trales, que impliquen constituci�n, declaraci�n, aclaraci�n, modificaci�n, limitaci�n, gravamen, medida cautelar, traslaci�n o extinci�n del dominio u otro derecho real principal o accesorio, tanto sobre los bienes ra�ces como sobre �los veh�culos automotores terrestres� (art�culo. 2�, num. 1 y 2), y adem�s estableci� que ninguno de los t�tulos o instrumentos sujetos a inscripci�n o registro tendr� m�rito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado, y que por regla general ning�n t�tulo o instrumento sujeto a registro o inscripci�n surtir� efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de aqu�l. (Art�culos. 43 y 44).

En la misma fecha- julio 27 de 1970- fue expedido el decreto ley 1255, que se ocup� del �r�gimen de constituci�n, adquisici�n y registro de derechos reales y medidas judiciales de traba sobre veh�culos automotores terrestres�, disponiendo que todo acto o contrato relativo a la propiedad u otro derecho real sobre estos veh�culos deb�a celebrarse por escritura p�blica y no se reputar�a perfecto mientras ella no se otorgara (Art. 1�), y que la tradici�n se efectuar�a mediante la inscripci�n del t�tulo en la oficina de Registro de Instrumentos P�blicos (Art�culo. 2�); asimismo dispuso que entrar�a a regir a partir del 1� de noviembre de 1970 (Art�culo. 18) Pero el 9 de noviembre del mismo a�o de 1970, fue expedido el decreto ley 2157, �Por el cual se dictan normas sobre r�gimen jur�dico de veh�culos automotores terrestres,� que derog� expresamente el decreto ley 1255 del mismo a�o, previ� su vigencia a partir del 1� de enero de 1971, y orden� a �quien importe, fabrique o ensamble en el pa�s, o remate por causa de contrabando, veh�culos automotores terrestres con posterioridad al primero de enero de 1971�presentar al Instituto Nacional de Transportes, para su inscripci�n en el inventario nacional automotor, los documentos que identifiquen el veh�culo y acrediten la propiedad,,,,�.(Art�culo. 1�); as� mismo estableci� que a partir de su vigencia, todo acto o contrato que implique tradici�n, disposici�n, aclaraci�n, limitaci�n gravamen o extinci�n de dominio u otro derecho real, principal o accesorio.

Sobre veh�culos automotores terrestre, para que surta efectos ante las autoridades de tr�nsito deber� presentarse por los interesados a la respectiva direcci�n de tr�nsito, que har� la correspondiente anotaci�n, dejando constancia de ella en el respectivo acto o contrato y avisar� de inmediato al Instituto Nacional de Transporte (Art. 3�.).

Este instituto deb�a abrir a cada veh�culo una ficha o folio para anotar todo acto o contrato que afectara el veh�culo (Art. 5�) Destaca la Sala que los decretos 1250, 1255 y 2157 de 1970, fueron todos expedidos con base en las facultades extraordinarias conferidas por la ley 8� de 1969 para �reformar los sistemas de notariado, registro de instrumentos, catastro, registro del estado civil de las personas y de constituci�n, transmisi�n y registro de derechos reales y trabas sobre veh�culos automotores, reglamentos de polic�a vial y de circulaci�n��; que la escritura p�blica y el registro como t�tulo y modo de tradici�n de los veh�culos automotores rigieron solamente entre el 1� de noviembre y el 31 de diciembre de 1971; y que con el decreto ley 2157 de 1970 se suprimieron las solemnidades y se restringieron los efectos del registro dej�ndolo s�lo respecto de las autoridades de tr�nsito.

Con vigencia a partir del 1� de enero de 1972, el Gobierno nacional, mediante el decreto extraordinario 410 de 1971, expidi� el c�digo de Comercio, que regul� la tradici�n de los veh�culos automotores de la siguiente manera: �Art�culo 922. La tradici�n del dominio de los bienes ra�ces requerir� adem�s de la inscripci�n del t�tulo en la correspondiente oficina de registro de instrumentos p�blicos, la entrega material de la cosa.

Par�grafo. De la misma manera se realizar� la tradici�n del dominio de los veh�culos automotores, pero la inscripci�n del t�tulo se efectuar� ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. La tradici�n as� efectuada ser� reconocida y bastar� ante cualesquiera autoridades.� Obs�rvese que el legislador extraordinario volvi� a dar el mismo tratamiento a la tradici�n de los veh�culos automotores y a la de los bienes inmuebles; de manera que la tradici�n de los veh�culos dej� de perfeccionarse con la sola entrega; el funcionario competente y la forma de hacer el registro, quedaron deferidos a �las disposiciones legales pertinentes�, dejando claro que tal registro, hecho de la manera como las leyes especiales se�alen, debe ser reconocido por todas las autoridades, es decir, ya no solo las de tr�nsito como lo hab�a establecido el decreto 2157 de 1970.

(�) Esta situaci�n rigi� hasta la ley 53 de 1989, que asign� funciones al Instituto Nacional de Transporte, adicion� la normatividad sobre tr�nsito terrestre automotor, confiri� facultades extraordinarias para reformar el C�digo Nacional de Tr�nsito Terrestre, y su art�culo 6� fue del siguiente tenor: �El registro Terrestre Automotor es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, caracter�sticas y situaci�n jur�dica de los veh�culos automotores terrestres.

En �l se inscribir� todo acto o contrato que implique tradici�n, disposici�n, aclaraci�n, limitaci�n, gravamen o extinci�n del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre veh�culos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros.� De nuevo el registro dej� de ser el modo de traditar, para tener solamente efectos de oponibilidad, ampliados a todas las autoridades y a los terceros.

Esta regla se repiti� en la disposici�n n�mero 76 del art�culo 1� del decreto ley 1809 de 1990, que sustituy� el art�culo 88 del decreto ley 1344 de 1970 y rigi� hasta la expedici�n del actual C�digo. La ley 769 del 2002 contiene el c�digo Nacional de Tr�nsito Terrestre, actualmente vigente, y derog� expresamente el decreto ley 1344 de 1970 y sus normas modificatorias y reglamentarias.

El art�culo 8� cre� y orden� al Ministerio de Transporte poner en funcionamiento el Registro �nico Nacional de Tr�nsito, RUNT, el cual debe incorporar las informaciones a nivel nacional acerca de automotores; de conductores; de empresas de transporte p�blico y privado; de licencias de tr�nsito; de infracciones de tr�nsito; de centros de ense�anza automovil�stica; de seguros; de personas naturales o jur�dicas, p�blicas o privadas que prestan servicios al sector p�blico; de remolques y semirremolques; y, de accidentes de tr�nsito.

Este registro comprende varios temas, uno de los cuales es el Registro Nacional Automotor que se nutre con las informaciones que le suministren los organismos de tr�nsito, ante los cuales se hace el registro de los actos y contratos sobre los veh�culos. En particular, y por ser objeto de nuestro estudio, se transcribe parcialmente el art�culo 47 que regula el efecto del registro de los contratos sobre los automotores: �Art�culo 47.

Tradici�n del dominio, La tradici�n del dominio de los veh�culos automotores requerir�, adem�s de su entrega material, su inscripci�n en el organismo de tr�nsito correspondiente, quien lo reportar� en el Registro Nacional Automotor en un t�rmino no superior a quince (15) d�as. La inscripci�n ante el organismo de tr�nsito deber� hacerse dentro de los sesenta (60) d�as h�biles siguientes a la adquisici�n del veh�culo.� (�) Como se expuso anteriormente, entre 1989 y hasta la vigencia del actual c�digo, esto es el 7 de noviembre del 2002, el efecto del registro de tr�nsito era solamente el de darle oponibilidad a los actos de particulares sobre los automotores, y a partir del 7 de noviembre del 2002, el efecto es el de traditar el bien, que es uno de los modos de adquirir el dominio.

Se anota adem�s, que en las normas anteriores al C�digo actual, no hab�a plazo para efectuar el registro, mientras que en el art�culo 47 se fija un plazo de sesenta d�as para su realizaci�n� . De acuerdo con lo anterior, no hay duda de que, en trat�ndose de veh�culos automotores, su venta o permuta se rigen por el C�digo de Comercio y que el contrato, por s� mismo, no tiene virtud suficiente para transferir el derecho de dominio, pues para alcanzar este objetivo, debe estar seguido de un modo que, en las obligaciones de dar, es siempre la tradici�n. Pues bien, en este caso, a pesar de que del informativo se desprende que el demandante cumpli� con su obligaci�n de entregar materialmente el veh�culo marca Toyota, clase campero, modelo 1998, tipo Land Cruiser FZJ objeto del contrato de permuta y la suma de $12�000.000.oo, pues como arriba se dijo, frente a ese aspecto nada replic� el demandado, no existe prueba de que aquel s� hubiera cumplido con su obligaci�n de transferir el dominio del referido automotor al demandado, conclusi�n que se robustece con el hecho de que, seg�n las constancias procesales, el supracitado demandante no era el titular del derecho de dominio de tal veh�culo.

Es cierto que, la compraventa de cosa ajena vale, pero �nicamente como contrato, es decir, como fuente de obligaciones, pero no como medio eficaz para tradir el dominio. En la actualidad, y en relaci�n con la enajenaci�n comercial de automotores, mientras no se demuestre que el respectivo t�tulo fue inscrito ante funcionario competente de tr�nsito, la simple entrega del objeto enajenado no equivale a tradici�n del mismo, puesto que, por expreso mandato de la ley, se itera, a m�s de la entrega, se exige la inscripci�n del t�tulo, pues de otro modo la tradici�n no opera totalmente.

En otras palabras, demostrada la celebraci�n del contrato de compraventa, no queda demostrado el dominio; para que ello ocurra, se requiere la inscripci�n del t�tulo o documento en que consta el contrato de enajenaci�n. Esa misma raz�n explica el efecto de que, cuando no se ha realizado el traspaso, quien figure en el registro automotor sigue respondiendo tributariamente.

Como de lo anterior se desprende que el demandante no cumpli� con su obligaci�n de haberle efectuado el traspaso del veh�culo permutado, de placas CIQ-806 a su demandado, no tiene legitimidad para demandar la resoluci�n contractual; no obstante, como no es posible el estancamiento de los contratos bilaterales debido al rec�proco y constante incumplimiento de sus t�rminos por las partes, la jurisprudencia a partir de la sentencia de la Corte del 05 de noviembre de 1979 ha venido dise�ando para tales eventos una salida jur�dica con apoyo en el art�culo 1602 ib�dem., a trav�s de la figura del mutuo disenso t�cito, ello con vista a aniquilar de esta manera los contratos represados e impedir, de paso, que las partes permanezcan atadas por estos lazos en forma indefinida.

De acuerdo con el art�culo 1602 que le sirve de fundamento a esta instituci�n, �Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales�. Esta norma, de un lado, le imprime firmeza a los contratos legalmente celebrados dado que las partes no puedan desconocerlos sin comprometer su responsabilidad, y de otro, bien pueden quedar sin efectos por acuerdo de las partes o por los motivos previstos en la ley.

Con esta perspectiva y si como arriba se analiz�, el contrato de mutuo cuya resoluci�n pretende el actor se considera legalmente celebrado, basta entonces decir, que una de las causas que permiten la disoluci�n del contrato es el mutuo disenso t�cito o destrato contractual, concebido por la Corte en los siguientes t�rminos: �La disoluci�n del contrato por mutuo disenso t�cito puede provenir de un consentimiento expreso o tambi�n t�cito.

La primera no requiere de la intervenci�n judicial, como quiera que la disoluci�n se produce por acuerdo expreso, en cambio la segunda forma s� requiere de decisi�n judicial. Esta �ltima manera de disolverse el contrato se da ante la rec�proca y simult�nea inejecuci�n o incumplimiento de las partes con sus obligaciones contractuales, pues la conducta reiterada de los contratantes de alejarse del cumplimiento oportuno de sus obligaciones solo puede considerarse y por ende traducirse, como una manifestaci�n clara de anonadar el v�nculo contractual�. �En efecto, si los contratantes al celebrar la convenci�n lo hacen inspirados en el cumplimiento mutuo de los obligaciones nacidas de ella, la posici�n tozuda y rec�proca de las partes de incumplir con sus obligaciones exterioriza un mutuo disenso de aniquilamiento de la relaci�n contractual.

Esto es as�, porque no es prop�sito de la ley mantener indefinidamente atados a los contratantes cuyo comportamiento, respecto de la ejecuci�n de las obligaciones, solo es indicativo de desistimiento mutuo del contrato�. Agrega la Corte que, �Vista la primera forma, o sea, por acuerdo de las partes o mutuo disenso, la segunda, vale decir, por causas legales, se da, por ejemplo, cuando ocurre alguna de aquellas eventualidades que establece la ley como fen�meno de disoluci�n del contrato, entre las cuales est� la resoluci�n�. �Esta se produce ante el incumplimiento de la condici�n resolutoria t�cita que se encuentra impl�cita en los contratos bilaterales, esto es, cuando uno de los contratantes no cumple lo pactado�. �Entonces, seg�n lo que se acaba de expresar, no se debe confundir la disoluci�n del contrato por resoluci�n, con la disoluci�n del contrato por mutuo disenso.

Se reitera que la primera se produce por el cumplimiento de una condici�n resolutoria, o sea, por una causa legal (art. 1546 C.C.) y la segunda, por mutuo consenso de las partes (art. 1602 C.C.)�. Y, como la posibilidad de disolver el contrato por mutuo disenso t�cito no puede convertirse en v�lvula de escape de todos los eventos en que los contratantes incumplen rec�procamente sus obligaciones, la Corte con el objetivo de limitar la figura en la misma sentencia se�al�: �Ahora bien, no siempre que ocurra el incumplimiento rec�proco de las partes contratantes con sus obligaciones puede hablarse de disoluci�n del contrato por mutuo disenso t�cito.

Se precisa, para que se configure esta forma de aniquilamiento, que la conducta de las partes sea lo suficientemente indicativa de desistimiento de la convenci�n, lo cual no se da cuando una de las partes, a pesar del incumplimiento original de una de sus obligaciones, contin�a ejecutando oportunamente las dem�s, en la medida en que se vuelvan exigibles, y la parte contraria acepta tal ejecuci�n�. �La jurisprudencia de la Corte, en este preciso punto es la de que �para que pueda declararse desistido el contrato por mutuo disenso t�cito requi�rase que el comportamiento de ambos contratantes, frente al cumplimiento de sus obligaciones, pueda naturalmente deducirse que su impl�cito y rec�proco querer es de no ejecutar el contrato, el de no llevarlo a cabo.

No basta pues el rec�proco incumplimiento, sino que es menester que los actos u omisiones en que consiste la inejecuci�n sean expresivos t�cita o expresamente de la voluntad conjunta o separada que apunte a desistir del contrato �. En el presente asunto, se encuentra que seg�n el demandante, el demandado incumpli� su obligaci�n de efectuar el traspaso del rodante entregado materialmente en permuta y de acuerdo con lo referido por el informativo, no podr� cumplir con dicha obligaci�n, en raz�n de la aprehensi�n de que fue objeto por parte de las autoridades de polic�a judicial bajo el cargo de haber entrado al pa�s sin los requisitos legales, por lo cual fue dejado a disposici�n de la aduana interior de Bogot�.

En esa medida y dada la conducta asumida por el demandado en este proceso, quien al no contestar la demanda debe ten�rsele como un indicio grave en su contra, como lo previene el art�culo 95 del C. de P.C. seg�n el cual, �La falta de contestaci�n de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, ser�n apreciadas por el juez como indicio grave en contra del demandado, salvo que la ley le atribuya otro efecto�, ha de considerarse su intenci�n de que desea apartarse del negocio de permuta y como de acuerdo con las manifestaciones del actor, �l tampoco desea mantener dicho v�nculo, entonces, se torna procedente resolver este pacto, por mutuo desistimiento t�cito.

Ahora como de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, �en trat�ndose de los procesos de que conoce como consecuencia del recurso de apelaci�n interpuesto por uno solo de los extremos litigiosos, la competencia del ad quem ya no es panor�mica o totalizadora, en la medida en que en ese supuesto el �mbito de sus atribuciones queda legalmente circunscrito a los aspectos con relaci�n a los cuales el impugnador hubiese limitado en forma expresa o impl�cita su inconformidad.

Es evidente, entonces, que al juez de la apelaci�n le queda vedado decidir sobre situaciones jur�dicas acerca de las cuales el recurrente �nico no hubiese manifestado su disconformidad, por supuesto que en tal orden de ideas su competencia funcional debe circunscribirse con exclusividad al �mbito en que aqu�l haya hecho mover la respectiva alzada�.

En estas condiciones, como el demandante no demostr� la causaci�n de perjuicios, ni a ellos se refiri� en la alzada, se impone decidir sobre las restituciones mutuas. Con base en las constancias procesales, el demandando, dentro de los seis (6) d�as siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, deber� restituirle al demandante el veh�culo marca Toyota, clase campero, modelo 1998, tipo Land Cruiser FZJ de placa CIQ-806, y la suma de $12�000.000.oo recibidos en efectivo, indexados desde el 12 de julio de 1999, fecha en que seg�n se refiere en este proceso, fue incautado el rodante por las autoridades de polic�a judicial bajo el cargo de haber entrado al pa�s sin los requisitos legales, indexaci�n que se efectuar� de acuerdo con la siguiente f�rmula: IPC final (30 de octubre de 2010) (1) Valor presente = Valor hist�rico______________________________ IPC inicial (12 de julio de 1999) (2) 0.31 V. P. = $12�000.000.00 (3) ------------ = $7�750.000 (4) 0.48 (1) Dato del IPC al �ltimo d�a del mes de octubre.

(2) Dato del IPC al 12 de julio de 1999, fecha a partir de la cual se indexa. (3) Suma a indexar. (4) Suma debidamente indexada. En esa medida, tomando meses completos, la suma que el demandado debe restituirle a su demandante, al 31 de octubre de 2010, asciende a $19.750.000.oo y, en todo caso, se seguir� actualizando hasta le fecha de su entera devoluci�n, de acuerdo con dicha f�rmula.

Sean suficientes las precedentes consideraciones, para que LA SALA CIVIL DE DESCONGESTI�N DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, RESUELVA PRIMERO: REVOCAR la sentencia objeto de alzada.

SEGUNDO: DECLARAR resuelto el contrato de permuta celebrado el 22 de febrero de 1999 entre demandante GUMERCINDO RIVERA SAENZ y el demandado JORGE AUGUSTO ALONSO, por las razones consignadas en el cuerpo de esta determinaci�n.

TERCERO. RESTABLECER las cosas al estado anterior al contrato.

CUARTO: IMPONER al demandado JORGE AUGUSTO ALONSO, como consecuencia de lo anterior, la obligaci�n de restituirle al demandante GUMERCINDO RIVERA SAENZ, dentro del t�rmino de seis (6) d�as contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, el veh�culo marca Toyota, clase campero, modelo 1998, tipo Land Cruiser FZJ de placa CIQ-806, y la suma de $19�750.000.oo resultante de la indexaci�n efectuada por el Tribunal al 31 de octubre de 2010, indexaci�n que, en todo caso, se seguir� efectuando hasta cuando se materialice la devoluci�n de tal dinero, como se indic� en las motivaciones de esta sentencia.

QUINTO: RELEVAR al demandante de restituirle al demandado el veh�culo camioneta Grand Cherokee, modelo 1998, color rojo de placas HUL-138, en raz�n de la incautaci�n oficial de que fue objeto, seg�n lo expuesto en el cuerpo de este fallo.

SEXTO: NO CONDENAR en costas en ninguna de las instancias en raz�n a la forma como se desat� la acci�n. S�TIMO: DEVOLVER la actuaci�n surtida al juzgado de origen, una vez en firme �ste prove�do. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE MANUEL PARADA AYALA MAGISTRADO PONENTE JOS� DOMINGO RONCANCIO PATI�O MAGISTRADO JAIME CHAVARRO MAHECHA MAGISTRADO G.J. LV, 585. C.J. LX, 686;

XC, 79. Cfme: Sent. de 12 de febrero de 1980; Cas. Civ. noviembre 9/93. G.J. CCXXV, pag. 405. Esta norma al se�alar los requisitos para obligarse dispone: �Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaraci�n de voluntad, es necesario: 1o.) que sea legalmente capaz. 2o.) que consienta en dicho acto o declaraci�n y su consentimiento no adolezca de vicio. 3o.) que recaiga sobre un objeto l�cito. 4o.) que tenga una causa l�cita.

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por s� misma, sin el ministerio o la autorizaci�n de otra.�. Seg�n el art�culo 1546 del C.C., �En los contratos bilaterales va envuelta la condici�n resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podr� el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resoluci�n o el cumplimiento del contrato con indemnizaci�n de perjuicios�. El citado art�culo 870 del C. de Co.

Reza: �En los contratos bilaterales, en caso de mora de una de las partes, podr� la otra pedir su resoluci�n o terminaci�n, con indemnizaci�n de perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la obligaci�n, con indemnizaci�n de los perjuicios moratorios�. De acuerdo con la norma en referencia, �El adquirente de un bien cuya tradici�n se haya efectuado por inscripci�n del t�tulo en el registro, podr� demandar a su tradente para que le haga la entrega material correspondiente.

Tambi�n podr� formular dicha demanda quien haya adquirido en la misma forma un derecho de usufructo, uso o habitaci�n, y el comprador en el caso del inciso primero del art�culo 922 del C�digo de Comercio.� Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Civil. Sentencia del 28 de febrero de 1979. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 20 de septiembre de 2007, radicaci�n 1826, Consejero Ponente Dr. Enrique Jos� Arboleda Perdomo. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Civil.

Sentencia del 20 de septiembre de 1978. CSJ, sentencia de 8 de mayo de 2007, exp. 1994 07922, doctrina retomada por la Corte, en forma reciente, en sentencia de 3 de septiembre de 2009, exp. 2001 00585. PAGE PAGE 16 Proceso Ordinario N� 11001310302020000072802 Proceso Ordinario N� 11001310302020000072802 Demandante: GUMERCINDO RIVERA SAENZ Demandado: JORGE AUGUSTO ALONSO SENTENCIA O.R. N� 028/10 9Ubkmno��í��x�ix�WE6Eh�-55�CJ\�aJmH sH "hFC^h�-55�CJ\�aJmH sH "hFC^h�`�5�CJ\�aJmH sH hFC^h@X�CJaJmH sH h�tpCJaJmH sH hFC^h�-5CJaJmH sH 3hFC^h�-55�6�9�CJOJQJ\�]�aJmH sH +hFC^h�-55�6�9�CJ OJQJ\�]�aJ hFC^h�-55�CJ\�aJhFC^h� 5�CJ\�aJh� 5�CJ\�aJh�`�5�CJ\�aJh�-55�CJ\�aJ9U�� 2 3 4 ��$��`��a$gd�-5gd�-5$a$gd�-5$a$gdQgd�-5<�� t x � � � � � � � � � � � � � � � � ��ֶ��~�~�~�~�~�o`o`o`o`oh`n�h=6�CJaJmH $sH $h`n�h�-5CJaJmH $sH $h`n�h=6�CJaJh`n�h�-5CJaJh� 1h�-5CJaJhh<�aJmH sH hFC^h@X�aJmH sH hFC^h�-5aJmH sH %hFC^h�-56�9�CJ]�aJmH sH %hFC^h�-55�9�CJ\�aJmH sH +hFC^h�-55�6�9�CJ\�]�aJmH sH . / @ � � � �()^_�� $ > D [ d e � � � � � � � mn��Ǽ��ǱǱǦǛ��Ǜ��Ǜǐ��znz��znh`n�h4*6�CJaJh`n�hh<�CJaJh`n�h�]CJaJh`n�h4*CJaJh`n�h�TCJaJh`n�h�7�CJaJh`n�h�*CJaJh`n�hsCJaJh`n�h=6�CJaJh`n�h�-55�CJ\�aJh`n�h�-5CJaJ(h`n�h�-55�6�CJ\�]�aJmH $sH $& �� \]HI)*��$a$gd�-5*�1$d%d&d'dN��O��P��Q��`�1gd�-5$��`��a$gd�-5gd�-5��mu��(1:;DEb��258?EFtu|}��"#>��ѻѻѰ��~��s�h`n�h�*KCJaJ h`n�h�-55�6�CJ\�]�aJh`n�h�-5CJaJh`n�h�>�CJaJh`n�h6�CJaJh`n�h�u�CJaJh`n�h�/tCJaJh`n�h�]CJaJh`n�h4*CJaJh`n�hh<�CJaJh`n�h4*6�CJaJh`n�h�]6�CJaJ*��]_��67��ST34��$��`��a$gd�b�$a$gd�-5$��`��a$gd�>�$��`��a$gd�-5>[^��IJOU\^��&58��I`ce��p��X��߸߸߸߸��߸߸߭��h`n�h#O�CJaJh`n�h�P�CJaJh`n�h�v�CJaJh`n�hZ�CJaJ h`n�h�-55�6�CJ\�]�aJh`n�h�*"CJaJh`n�h�-5CJaJh`n�h�>�CJaJh`n�h�M�CJaJ:X^eh��Qu��1;WX\�� FI� ��ԸԭԭԸԸ��{�ph`n�h�7�CJaJh`n�h�x�CJaJ h`n�h�)�5�6�CJ\�]�aJh`n�h@D�CJaJh`n�hi:CJaJh`n�h0[CJaJh`n�h�CJaJ h`n�h�-55�6�CJ\�]�aJh`n�h�-5CJaJh`n�h��CJaJh`n�h�v�CJaJh`n�h��CJaJ&�� !�!�#�#&&))�*�*�-��$��`��a$gdC.�$��`��a$gd�t�$��`��a$gdkjy$��`��a$gd�%s $*$a$gd�7�$��`��a$gd�7�$��`��a$gd�-5$a$gd�-5 & ) 4 M X Y � � � � D!S!�!�!�!�!�!�!�!�!�!" 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FABIOLA�LA INSTANCIA�la Leyla Rep��blica�la Sala �LA SALA CIVIL�LA SENTENCIA APELADA �ProductID ;�<��ŶȶӶ��;�<��ŶȶӶ��b�b�l�l�x�x�2�h��0�;�<�M��Զ��2�w��<��]��|��2v��U�Rpn��@��^��`��56CJOJQJ^Jo(- @xh��^��`��.�,��^�,`��o(.��^��`��.�� L�^�� `�L�.��^��`��.��l��^�l`��.��<�L�^�<`�L�.��^�`��.��^��`��.��L�^��`�L�.�2v�]��]�� ]�� U�R�� @��^��`��56CJOJQJ^Jo(- �� @��^��`��56CJOJQJ^Jo(- ��Ć�� SJ�wO�iNd:�y�e�3Nd�>�3gggg�4�>�3w�d�4wO�i�e�3:�yw�dP��Y*d�N*C�%�S=T?W QVe �� R�\Qq�L;^D�Gqc�.so �T}y*�=MOX_�t{t?PS�*�<�nQ�k !�x!�{!D"�*"5"�&�<&�F&[~'�!(�i(4*/p,0/�5/�Q/00m?0� 1E$1%y1s=2�p4�-5�_5�6�J6e_6xe6F17�I7h7W:8XW9i:X:�4<�_<"8==P?!A�{A'C/JCC E�0F�AF�EF�#G�aGZH* J�*K.K[K�]K]^K�L�L"iN�P�*R#HR�YST�0T�PT�JV�LVdUV2tV�Wz;W�X"XJ2XQ[0[zP[� \�]�)]UP]o]FC^�K_�q_�`jS`�Qa�Jb�~d(Ne�ee� ijj�VjrNkJxk�l&lQlm�:o�Bo�zo�tp�9r4qr�%s�/t#2tfht�y3&ykjy�r{"z{w|/^}3~}��9=�uK�]{��[��r�U~�=6�v@�U`��b��h�o��l�J{��$��f�ML��b�9k�+��T��W��w��t��=��I��f�*��^�/�N��d�,S�@X��[��d�k�8+��:�!�:��(d��y��H��\��}��7�C.�5J�>P��Q�b��x��=�|L�hq�6��)��H��a� �x"�%$�c=�#O��b�C]�,�g��n�6w��v��+��6�{@�WN��p��M��M�kl��b�| ��@D��S�U�`n��z�7Y�^X�_&��6�ft��H}��!��7�~9��/�3��G��Q��X�i�>l��F�H"��C��=��L�4��u�+z��f�ik��7�h<��P�<��#�+�H,�U��o�(W�� ;��*�L>�]�l2��Q��i�Z��`��.��v�Q|�� )��>��1�]7�52�` ��c�#�"[��{��`�hi�hZ��z��y_0�@�`�V��p@��Unknown��G��z ��Times New Roman5��Symbol3&��z ��Arial9V� Algerian7&��{ @�Calibri7��K@�Cambria?5� �z ��Courier New5&�za��TahomaA��Book AntiquaE&��Century Gothic]�� MS MinchoArial Unicode MS"1��ق�F7��ʓ��n�Y�:��]I�� 4d�S�2�q��HX ��$P��-52��1TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�Manuel sala02cd01��Oh��+'��0�� 4@ `lx ��4TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�ManuelNormalsala02cd013Microsoft Office Word@L��@��\��@��Ъ��@R?k��n��՜.��+,��0 hp�� N.P.I:Y��2TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�T�tulo !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��Root Entry�� Fp�q\k��1Table��k^WordDocument��7"SummaryInformation(��DocumentSummaryInformation8��CompObj��r�� F Documento Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8�9�q