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SE PUBLICA PARA FACILITAR LA CONSULTA O EXAMEN DE LA DECISI�N ORAL. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA DE DECISI�N CIVIL FAMILIA MANIZALES Magistrada Ponente: SOFY SORAYA MOSQUERA MOTOA Manizales, Diecisiete (17) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). I. OBJETO DE DECISI�N: Se resuelve el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia emitida el 12 de marzo de 2019 por el Juzgado Civil del Circuito de Chinchin�, Caldas, dentro del proceso de Expropiaci�n adelantado por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- en contra de la Sociedad Amparo Jaramillo de Botero y Cia. S. en C. en Liquidaci�n y la Sociedad Radio Manizales Ltda. en Liquidaci�n (hoy Radio Manizales S.A.S.).
II.
ANTECEDENTES: 2.1. La Agencia Nacional de Infraestructura demand� por motivos de utilidad p�blica e inter�s social, la expropiaci�n v�a judicial de una zona de terreno de doce mil seiscientos diecinueve punto noventa y un metros cuadrados (12.619,91 m2), determinada por la abscisa inicial K0+509.00 I y final K0+704.00 D del mencionado tramo, conforme al plano individual contenido en la ficha t�cnica predial VP 003B, elaborados por Autopistas del Caf� S.A. en agosto de 2016; terreno que se segrega de uno de mayor extensi�n denominado �Lote A� ubicado en la Vereda El Ed�n, Municipio de Chinchin�, Departamento de Caldas, identificado con c�dula catastral 00-00-00-00-0015-0724-0-00-0000 y folio de matr�cula inmobiliaria 100-129941 de la Oficina de Instrumentos P�blicos de Manizales, de propiedad de la sociedad Amparo Jaramillo de Botero y Cia. S. en C. en Liquidaci�n. La franja de terreno a expropiar, requerida para adelantar las obras de �recuperaci�n de sitios cr�ticos en la carretera Armenia - Pereira - Manizales�, contrato obra p�blica N� 002 de 2014, en el tramo variante �La Paz�, se encuentra comprendida dentro de los siguientes linderos especiales, tomados de la ficha predial VP 003B de agosto de 2016: Por el norte, en longitud de 155.50m con H.M. y Cia. S. en C.;
Por el oriente, en longitud de 73.20m con H.M. y Cia. S. en C.; Por el sur, en longitud de 203.66m con Amparo Jaramillo de Botero y Cia. S. en C. y Panader�a La Victoria S.A.; Por el occidente en longitud de 69.11m con carretera al Ed�n y Panader�a La Victoria S.A. Solicit� que en consecuencia, se ordenara la inscripci�n de la sentencia y del acta de entrega en el respectivo folio de matr�cula inmobiliaria, as� como el levantamiento de los grav�menes y limitaciones al dominio que existieren. 2.2.
Para sustentar sus pretensiones en s�ntesis expuso, que el 22 de noviembre de 2012 entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el Fondo Nacional de Adaptaci�n se adelant� la suscripci�n del convenio interadministrativo 092 por medio del cual se acord� ejecutar el proyecto �atenci�n de sitios cr�ticos de la red vial y f�rrea nacional concesionada, afectados por el fen�meno de la ni�a 2010-2011�.
El 9 de enero de 2014 el Fondo de Adaptaci�n suscribi� con Autopistas del Caf� S.A. el contrato de obra p�blica N� 002 de 2014 con el objeto de adelantar obras de recuperaci�n de sitios cr�ticos en la carretera Armenia - Pereira - Manizales, atendiendo a lo dispuesto en el Convenio 092 suscrito entre el Fondo Nacional de Adaptaci�n y la Agencia Nacional de Infraestructura.
Para las obras es preciso adquirir el predio identificado previamente, por lo que se elev� oferta de compra FA-0052 del 20 de diciembre de 2016 a la Sociedad propietaria con base en el aval�o t�cnico administrativo orden de servicios No. 7868 del 23 de septiembre de 2016, por valor de $119�194.493, la cual no fue aceptada por sus destinatarios, quienes presentaron objeciones a la misma pero realizaron entrega anticipada del inmueble.
Ante la imposibilidad jur�dica de efectuar la negociaci�n voluntaria se expidi� la Resoluci�n N� 1037 del 01 de agosto de 2017, ordenando la iniciaci�n del tr�mite de expropiaci�n del inmueble por motivos de utilidad p�blica e inter�s social, acto administrativo que fue notificado al apoderado especial de la Sociedad propietaria el 06 de septiembre de 2017, renunciando a t�rminos de notificaci�n y ejecutoria, estando en firme.
A�adi� que sobre el inmueble con folio de matr�cula inmobiliaria N� 100-129941 recae servidumbre pasiva de energ�a el�ctrica constituida mediante escritura p�blica N� 2227 del 30 de septiembre de 1954 de la Notar�a Segunda de Manizales, a favor de la Sociedad Radio Manizales Ltda., hoy en Liquidaci�n; la cual no afecta la zona de terreno objeto de expropiaci�n. 2.3.
Notificada la representante legal de Sociedad Radio Manizales Ltda. en Liquidaci�n (hoy Radio Manizales S.A.S.), manifest� no oponerse a las pretensiones. Por su parte, el apoderado especial de la Sociedad Amparo Jaramillo de Botero y Cia. S. en C. en Liquidaci�n objet� el aval�o presentado por la demandante, al considerar que no cumple los requisitos legales y desconoce las caracter�sticas del inmueble, cuyo valor estim� en $783�135.247, incluyendo el precio comercial del terreno, mejoras y cultivos. 2.4.
Del dictamen se corri� traslado a la contraparte, quien manifest� sus observaciones y solicit� la pr�ctica de uno nuevo por parte del Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi; petici�n que fue rechazada por auto del 2 de abril de 2018, motivando que la parte actora insistiera para que se declarara de oficio, a lo que se accedi� en audiencia del 18 de junio de 2018, luego de escuchar a los expertos presentados por las partes. 2.5.
El 12 de marzo de 2019 el A quo emiti� sentencia en la que declar� la expropiaci�n, acogiendo el dictamen pericial decretado de oficio realizado por el IGAC, por lo que orden� a la demandante consignar dentro de los veinte d�as siguientes a la ejecutoria de la sentencia, a t�tulo de indemnizaci�n, la suma de $162�628.939. Como fundamentos de la decisi�n se�al� el A quo estaban dadas las condiciones para decretar la expropiaci�n y en consecuencia deb�a ordenarse la cancelaci�n de grav�menes y embargos que existieren.
En punto a valor de la indemnizaci�n expuso que al proceso se aportaron dos dict�menes, uno de la Lonja de Propiedad Ra�z de Caldas que present� la parte demandante y que avalu� el terreno en $119�194.493, y otro de la Lonja Inmobiliaria de Caldas que alleg� la parte demandada con un valor de $783�135.247; cada perito fue interrogado en audiencia y dadas las insalvables dudas que se suscitaron, el despacho oficiosamente decret� un dictamen que fue elaborado por el IGAC y que valor� el predio en $162�628.939.
Sobre el dictamen pericial de la demandante estim� que no cumpl�a la mayor parte de los requisitos que exige el art�culo 226 del C�digo General del Proceso, adem�s de incurrir en grave imprecisi�n al considerar el predio como suelo rural porque no tiene plan parcial, pues la falta de plan parcial para el desarrollo de otros usos no altera su clasificaci�n como suelo de expansi�n urbana y menos lo convierte en suelo rural, razones m�s que suficientes para rechazar la experticia. Record� que el m�todo de comparaci�n o de mercado es una t�cnica valuatoria que busca establecer el valor del bien a partir de la comparaci�n con ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y comparables al del objeto del aval�o; ofertas o transacciones que deben ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimaci�n del valor comercial.
En este caso dijo el perito de la parte demandante que para el aval�o se hab�a utilizado el m�todo de comparaci�n o de mercado y acto seguido manifest� que se adelantaron investigaciones sobre ofertas y transacciones en el sector pero ese estudio no arroj� un mercado inmobiliario que permitiera establecer los valores zonales de forma precisa y realizar una comparaci�n del mercado frente al bien objeto de estudio; por lo que no se explica de d�nde sac� el monto del aval�o, pues la encuesta que aport� no tiene ning�n soporte y se contrae a un simple listado y valores sin sustento.
En cuanto al dictamen de la parte demandada, sostuvo que parte de un error fundamental, como es considerar que el bien es zona urbana por el solo hecho de estar ubicado en zona de expansi�n, motivo por el cual no fue acogido. Estim� que el dictamen oficioso practicado por el IGAC acierta en asignar al predio un valor acorde con sus caracter�sticas actuales; y aunque la parte demandante cuestion� la legitimidad del dictamen por falta de una constancia del IGAC que as� lo certifique, las explicaciones de la perito en torno al punto no dejan duda al despacho sobre su validez; por su lado la parte demandada refut� la homogeneidad de los predios comparados, pero las disquisiciones de la perito son de recibo para el despacho.
En la sustentaci�n la perito aport� un mapa que muestra la localizaci�n de los predios comparados, el cual fue incorporado al expediente aunque la verdad nada le agrega a sus conclusiones. Seg�n ese dictamen, se trata de un predio rural ubicado en zona de expansi�n urbana que por no tener un plan parcial elaborado, radicado y/o en desarrollo, no ha sido agregado al per�metro urbano del municipio de Chinchin�, de modo que all� solo se permite el desarrollo de usos agr�colas y forestales, y siendo estas sus condiciones y caracter�sticas actuales, son las que se tomaron en cuenta para su valuaci�n, esto es, como suelo rural de uso agropecuario.
En consecuencia el despacho acogi� el dictamen por la solidez, claridad y exhaustividad de sus fundamentos. 2.6. La Entidad actora apel� alegando que el aval�o realizado por la Lonja de Propiedad Ra�z de Caldas cumple la normativa que regula los procesos de adquisici�n de predios por motivos de utilidad p�blica (Decreto 1420 de 1198 y Resoluci�n 620 de 2008).
No debe desconocerse que uno de los principales componentes en la elaboraci�n del aval�o es la normatividad urban�stica vigente y la destinaci�n econ�mica, como lo expresan los art�culos 61 de la Ley 388 de 1997, 21 del Decreto 1420 de 1998 y 37 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el 6 de la Ley 1742 de 2014. En este caso, el Plan B�sico de Ordenamiento Territorial de Chinchin� indica que el inmueble a expropiar est� ubicado en la zona de expansi�n La Troncal y su uso es producci�n agropecuaria �rea rural, factores a partir de los cuales se desarroll� la metodolog�a utilizada para la realizaci�n del aval�o, por lo que no se encuentra raz�n para que el dictamen hubiere sido desestimado.
Agreg� que en cambio el dictamen realizado por el IGAC adolece de errores en la aplicaci�n de la metodolog�a, desconociendo los par�metros y procedimientos contenidos en la norma, en especial, que en la metodolog�a de comparaci�n o de mercado el estudio debe recaer sobre ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y comparables con el del objeto de aval�o (art. 1 Resoluci�n 620 de 2008).
La perito omiti� entregar documentos que permitieran verificar si los inmuebles son comparables y tampoco especific� claramente su ubicaci�n, evidenci�ndose contradicciones entre lo vertido en el informe y lo explicado en audiencia, porque en el primero mencion� que las ofertas relacionadas se ubicaban en Chinchin�, cerca del per�metro urbano, mientras que en su exposici�n dej� ver que no est�n en el mismo sector, pues dos se localizan a 5 y 9 km del objeto de aval�o y otro en Manizales.
Por lo tanto, el dictamen no goza de solidez, claridad, exhaustividad y justificaci�n t�cnica; errando el Juez al permitir que en su sustentaci�n la experta aportara un documento (mapa) con el que pretend�a demostrar la ubicaci�n de los inmuebles valorados como ofertas, de manera que el mismo carece de valor probatorio. Se suma que el dictamen fue elaborado por contratistas del IGAC, es decir que requer�a de aprobaci�n por un Comit� T�cnico; sin embargo, el informe no aparece suscrito por funcionario de planta competente ni por peritos integrantes de ese comit�; adem�s, no se alleg� copia �ntegra del acta por medio de la cual fue aprobado, quedando en la incertidumbre su verificaci�n. Por �ltimo, teniendo en cuenta que las pretensiones prosperaron parcialmente y que se acogi� el dictamen decretado de oficio, no debi� condenarse en costas a la actora, la cual no result� vencida en el proceso.
III. CONSIDERACIONES Satisfechos los presupuestos procesales en esta acci�n y efectuado el respectivo control de legalidad (arts. 42 num. 12 y 132 CGP), sin que se avizore irregularidad que invalide lo actuado, se propone la Sala resolver el recurso impetrado; dejando registro que de la conducta procesal de las partes no hay indicios por deducir en los t�rminos del art�culo 280 del C�digo General del Proceso.
Problema jur�dico: En atenci�n a las reglas contenidas en los art�culos 320 y 328 del Estatuto Adjetivo y dentro del marco trazado por el extremo impugnante en la sustentaci�n de su recurso, se ocupar� la Sala en esta oportunidad de establecer si le asiste raz�n a la demandante en su reclamo frente al monto de la indemnizaci�n se�alada, o si por el contrario, la suma fijada es proporcionada y obedece a una valoraci�n adecuada y racional de las pruebas allegadas.
Para ello se hace necesario examinar de cara a la normativa vigente y aplicable, si el aval�o allegado por la parte actora cumple los requisitos sustantivos y adjetivos para la estimaci�n de la indemnizaci�n a que tiene derecho la propietaria expropiada, o si como lo consider� el Juez de primera instancia, el mismo adolece de falencias que imponen su descarte, mostr�ndose m�s s�lido y fundamentado el practicado por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi.
Con el prop�sito se�alado, se considera, 1. La figura de la expropiaci�n se encuentra consagrada en el art�culo 58 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia; definida por la Corte Constitucional en sentencia C-227 de 2011, como �una operaci�n de derecho p�blico por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradici�n del dominio privado al dominio p�blico de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante una indemnizaci�n previa��, de donde se sigue que no se aplica a t�tulo de sanci�n por la conducta del propietario sino en desarrollo del principio constitucional de prevalencia del inter�s com�n sobre el particular, que debe ceder ante aquel en caso de conflicto, como se se�al� en la sentencia C-216 de 1993. 2.
El art�culo 399 del C�digo General del Proceso regula el tr�mite judicial de expropiaci�n, prohibiendo al demandado impetrar excepciones frente a la pretensi�n principal, empero no le impide exponer su desacuerdo con el aval�o presentado por la Entidad demandante, para lo cual debe aportar un dictamen elaborado por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi o por una lonja de propiedad ra�z, del que se corre traslado a la parte demandante para luego convocar a audiencia en la que se interroga a los peritos y se dicta la sentencia que determina el valor de la indemnizaci�n que corresponda.
Debe entenderse que la norma procesal no restringe al juez, cuando lo considere necesario, el decreto pruebas de oficio en cumplimiento del deber consagrado en el numeral 4 del art�culo 42 del C�digo General del Proceso y en uso de las facultades previstas en el art�culo 170 de la misma codificaci�n. 3. En el sub judice se practicaron tres aval�os, el primero presentado por la Agencia Nacional de Infraestructura, el segundo por la Sociedad demandada y el tercero, decretado de oficio en primera instancia, �ltimo que fue acogido en la sentencia por expresar solidez, claridad y exhaustividad de sus fundamentos, asignando al lote un valor acorde con sus caracter�sticas actuales, esto es, un predio ubicado en zona de expansi�n urbana en el que solo se permite el desarrollo de usos agr�colas y forestales debido a que no cuenta con un plan parcial elaborado, radicado y/o en desarrollo, circunstancia por la que no ha sido incorporado al per�metro urbano del municipio de Chinchin�. 4.
El apoderado de la parte demandante cuestion� que se acogiera el dictamen realizado por el IGAC b�sicamente porque: i) desconoce los par�metros y procedimientos contenidos en la norma para la aplicaci�n del m�todo de comparaci�n o de mercado, evidenci�ndose contradicciones entre lo vertido en el informe y lo explicado en audiencia en cuanto a la ubicaci�n de los bienes analizados; ii) no se entregaron los documentos que permitieran verificar si los inmuebles eran comparables, ni se especific� claramente su localizaci�n, alleg�ndose en la sustentaci�n un mapa con el que se pretend�a demostrar d�nde se situaban los inmuebles valorados como ofertas, de manera que el mismo carece de valor probatorio; y iii) no se alleg� prueba de la aprobaci�n del dictamen por el Comit� T�cnico a pesar de haber sido elaborado por contratistas del IGAC, quedando en la incertidumbre su verificaci�n. 5.
El dictamen realizado por el IGAC y que fue acogido en el fallo censurado, se elabor� con base en el m�todo de comparaci�n o de mercado previsto en los art�culos 1 y 10 de la Resoluci�n 620 de 2008 emitida por esa misma Entidad. Seg�n la normativa, para la aplicaci�n del m�todo es menester el estudio de ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y comparables al del objeto de aval�o, las cuales deben ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimaci�n comercial; siendo necesario que en la presentaci�n del estudio se haga menci�n expl�cita del medio del cual se obtuvo la informaci�n y la fecha de publicaci�n y, en los eventos en que sea posible, anexar fotograf�as de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de transacci�n para facilitar su posterior an�lisis.
Referente a los predios ubicados en una zona de expansi�n urbana y su valor, el canon 24 de la citada resoluci�n, dispone: �Art�culo 24.-Valoraci�n de predios incluidos en las �reas de expansi�n urbana. La valoraci�n de predios en zonas de expansi�n que no cuenten con plan parcial, se har� con las condiciones f�sicas y econ�micas vigentes.
Para la estimaci�n del valor comercial deber� utilizarse el m�todo de mercado y/o renta. En concordancia con lo previsto en el inciso 2 del art�culo 29 del Decreto 2181 del 2006, la investigaci�n de los precios del terreno debe tener en cuenta la condici�n de tierra rural, es decir, sus caracter�sticas agron�micas, agua, pendiente, ubicaci�n y en general la capacidad productiva del suelo�.
El dictamen suscrito por contratistas del IGAC analiz� tres ofertas de bienes a noviembre de 2018 dado que no se encontraron datos de agosto de 2017, que fue la fecha fijada por el Juzgado para la determinaci�n del precio. Seg�n el informe, esos bienes eran semejantes y comparables al del objeto de valuaci�n en cuanto a su vocaci�n agr�cola, clima, topograf�a y cercan�a con el per�metro urbano del municipio de Chinchin�; sin embargo, en su exposici�n la avaluadora aclar� que uno de los inmuebles cotejados se ubicaba en el sector Alto El Naranjo, municipio de Manizales, explicando que lo consignado en el documento se debi� a un error de transcripci�n y que el criterio fundamental de comparaci�n fue la vocaci�n agropecuaria de los terrenos; asever� que la ubicaci�n �no infiere en el valor porque las caracter�sticas que se est�n analizando topogr�ficas y la destinaci�n son comparables, entonces no tiene ninguna injerencia que sea de otro municipio�.
Las justificaciones de la experta fueron aceptadas por el A quo; empero, se observa que los predios situados en Chinchin� tampoco se ubican en el mismo sector, quedando en duda si se trata de bienes rurales o de zona de expansi�n urbana, pues se limit� la perito a indicar que hab�a revisado el POT vigente para establecer el uso del suelo de las ofertas tenidas en cuenta, constatando que se trata de predios rurales con destinaci�n agr�cola; lo cual quiere decir que no necesariamente corresponden a terrenos en zona de expansi�n sin plan parcial, como lo entendi� el Juez.
Vista la descripci�n de las ofertas en el dictamen, se aprecia que el predio situado en Manizales no se encuentra cultivado y presenta una topograf�a con pendientes entre 25% y 50%, mientras que el examinado es un terreno ondulado entre 7% y 12%; adem�s, los tres predios cuentan con construcciones, como casa, piscina, jacuzzi, canchas, y uno de los ubicados en Chinchin� tiene dos hect�reas cultivo de caf�; en contraste con la franja a expropiar que s�lo ten�a un establo en regulares condiciones, cercas y pastos mejorados (fl. 682 C1).
De lo anterior se sigue que el dictamen no ofrece suficiente convicci�n acerca de la t�cnica y rigurosidad con que se aplic� el m�todo valuatorio, quedando en duda si los predios eran semejantes y comparables, tanto por su ubicaci�n como por su destinaci�n o vocaci�n. Referente a la incertidumbre sobre la verificaci�n del aval�o; si bien no se alleg� Acta de Comit� del IGAC en la Central Bogot�, no puede pasarse por alto que el informe fue remitido al Juzgado por el Director Territorial, una vez se sufrag� en su totalidad por las partes, seg�n oficio N� 6005 del 31 de enero de 2019, recibido el 1 de febrero siguiente (fl. 793 C1); actuaci�n que da cr�dito a lo dicho por la perito en cuanto al tr�mite interno de la Entidad para la aprobaci�n del aval�o y entrega al destinatario; quedando descartado que el aval�o elaborado por contratistas no hubiere sido avalado por el Instituto.
En relaci�n con el documento presentado en audiencia, el cual constitu�a un anexo del dictamen, pues ilustraba sobre la ubicaci�n de las ofertas analizadas; le asiste raz�n al recurrente en punto a que no debi� admitirse su incorporaci�n porque con ello se limit� el derecho de defensa y contradicci�n de las partes (art. 227 y 228 CGP). No obstante, el mismo Juez admiti� en el fallo que dicho documento nada aport� a las conclusiones de la experticia; opini�n con la que coincide la Sala en tanto que la sola exposici�n oral fue suficiente para establecer que dos de los lotes estaban en Chinchin� y uno en Manizales.
Con todo, las falencias insalvables en torno a la aplicaci�n del m�todo de comparaci�n dejan en entredicho la fidelidad y confiabilidad del dictamen, raz�n por la cual la Sala proceder� al an�lisis de la experticia presentada con la demanda. 6. Seg�n el recurrente, el A quo debi� atender el aval�o realizado por la Lonja de Propiedad Ra�z de Caldas, en tanto cumple la normativa que regula los procesos de adquisici�n de predios por motivos de utilidad p�blica, atendiendo al Plan B�sico de Ordenamiento Territorial de Chinchin� y al uso agropecuario del predio.
Dicho informe fue desestimado en el fallo por i) no cumplir los requisitos del art�culo 226 del C�digo General del Proceso, ii) incurrir en grave imprecisi�n al considerar el predio como suelo rural, cuando la falta de plan parcial para el desarrollo de otros usos no altera su clasificaci�n como suelo de expansi�n urbana, y iii) no explicar de forma clara el fundamento del valor estimado, pues no precisa el origen de la encuesta aplicada, la que se contrae a un listado y unos valores sin soporte alguno. Se topa la Sala con que en la sentencia el Judicial omiti� detallar las razones por las que consider� que el dictamen no cumpl�a con el canon procesal 226, sin que se avizore alguna falencia que sustente esa afirmaci�n; por el contrario qued� acreditada la identidad, localizaci�n, idoneidad y experiencia del experto que lo elabor�, as� como el listado de publicaciones relacionadas y los casos en que ha fungido como perito (fls. 62 a 71, 76 y 77 C1), adem�s de su inscripci�n en el Registro Abierto de Avaluadores (fls. 72 a 75 C1).
El informe detalla el m�todo utilizado para la valuaci�n y explica que se acudi� a encuestas con expertos al no encontrarse ofertas o transacciones recientes de bienes comparables. Se advierte tambi�n que en los anexos del dictamen se incluy� la informaci�n de la encuesta realizada a otros avaluadores para establecer el valor de la hect�rea ante la inexistencia de ofertas o transacciones recientes de inmuebles comparables para esa fecha (fls. 55 a 57 C1) y se alleg� la lista de asistencia a los comit�s de aval�os llevados a cabo el 11 y 19 de mayo de 2015 (fls. 58 a 61 C1), todo bajo la gravedad de juramento.
A voces del art�culo 9 de la Resoluci�n 620 de 2008, el m�todo comparativo con encuestas s�lo son admisibles cuando el perito no ha podido obtener datos de ofertas o transacciones recientes, o cuando tenga dudas de los resultados encontrados, que fue justamente lo que explic� el perito para sustentar el uso de encuestas; informando que las mismas se practicaron con avaluadores de amplia experiencia integrantes del Comit� de Aval�os de la Lonja de Propiedad Ra�z de Caldas, de quienes incluso suministr� su nombre y n�mero de contacto.
Aunque ciertamente en su dictamen y exposici�n el experto refiri� en forma indiscriminada a suelo rural, lote rural, suelo agropecuario para referirse al predio objeto del litigio; tambi�n dej� ver su conocimiento acerca de las distintas clases de suelo que establece la Ley 388 de 1997, manifestando que �la carta de navegaci�n para la valuaci�n de lotes es el uso de suelo�.
Es m�s, cuando se le indag� acerca de las razones que podr�an explicar la amplia diferencia entre el dictamen de la parte demandante y el de la sociedad demandada, fue enf�tico en reiterar que ello pudo obedecer a que el predio se valor� como urbanizado cuando en realidad se ubicaba en zona de expansi�n sin plan parcial aprobado; insistiendo en que la valuaci�n deb�a hacerse teniendo en cuenta el uso agropecuario del terreno. Ese discurso muestra que a pesar de los errores de referencia, el perito ten�a lucidez en cuanto a la noci�n de clase de suelo y a cu�l pertenec�a el terreno a expropiar, as� como sus condiciones f�sicas y econ�micas vigentes y uso, acorde con el Plan B�sico de Ordenamiento Territorial de Chinchin� (Acuerdo 030 de 1999 art. 38).
No concuerda la Sala con la decisi�n del Juez de primera instancia de descartar el dictamen realizado por la Lonja de Propiedad Ra�z de Caldas, bajo el argumento de incurrir en grave imprecisi�n al considerar el predio como suelo rural cuando su clasificaci�n es suelo de expansi�n urbana; porque lo que muestra la evidencia es que el Perito se bas� en el uso rural o destinaci�n agropecuaria del predio para hacer su estimaci�n, debido a que a pesar de su clasificaci�n no contaba con plan parcial aprobado que permitiera un uso diferente; y no como lo mal entendi� el Juez, que fuera valorado como cualquier predio rural.
Esa claridad conceptual tambi�n acompa�� a la perito del IGAC, solo que la falta de t�cnica en la aplicaci�n de la metodolog�a hace que su experticia sea desestimada. Es importante clarificar que cuando la norma dispone que la valoraci�n de los predios incluidos en �reas de expansi�n urbana que no cuenten con plan parcial se haga con las condiciones f�sicas y econ�micas vigentes teniendo en cuenta la condici�n de tierra rural, no est� clasificando el terreno en suelo rural sino que alude a sus caracter�sticas agron�micas, agua, pendiente, ubicaci�n y en general la capacidad productiva del suelo, en concordancia con el inciso 2 del art�culo 29 del Decreto 2181 de 2006; norma esta que a su vez indica que mientras no se aprueben los respectivos planes parciales, en las zonas de expansi�n urbana solo se permitir� el desarrollo de usos agr�colas y forestales y en ning�n caso el desarrollo de parcelaciones rurales para vivienda campestre.
La norma no est� asimilando suelos en zonas de expansi�n urbana sin plan parcial a suelos rurales, sino que fija como regla para la valoraci�n de aquellos la verificaci�n de sus condiciones actuales y caracter�sticas de un suelo en el que solo se permite usos agr�colas y forestales. Desde esa perspectiva interpreta la Sala el dictamen presentado por la parte demandante, apart�ndose de las conclusiones del fallo por cuanto este se muestra m�s s�lido, estructurado y sustentado que el practicado de oficio.
La experticia allegada por la demandante se acompasa a los criterios de avaluaci�n contemplados los art�culos 61 de la Ley 388 de 1997 y 37 de la Ley 1682 de 2013 (Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte)�, modificada por la Ley 1742 de 2014, que disponen que el valor comercial de un predio se determine en atenci�n a la reglamentaci�n urban�stica municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relaci�n con el inmueble a adquirir y su destinaci�n econ�mica.
El estudio adem�s se ajust� a lo regulado en el Decreto 1420 de 1998, reglamentario de la Ley 388 de 1997, que contempla en su canon 21 como par�metros para estimar el valor comercial de un bien i) la reglamentaci�n urban�stica municipal o distrital vigente al momento de la realizaci�n del aval�o en relaci�n con el inmueble objeto del mismo, ii) su destinaci�n econ�mica y iii) la afectaci�n de actividades productivas; esto por cuanto en el aval�o no solo se tuvo en cuenta las dimensiones, morfolog�a y ubicaci�n del terreno, sino tambi�n su uso agr�cola, fijando el valor de los sembrados existentes (pastos mejorados y �rbol de Array�n), as� como el costo de la cerca de alambre de p�as y el establo.
En la experticia se indic� que el predio de propiedad de la Sociedad demandada est� en una zona dedicada a la explotaci�n agr�cola, con v�as principales pavimentadas y con carreteables en buenas condiciones, dotada de servicios p�blicos de acueducto, energ�a el�ctrica, tel�fono y televisi�n por suscripci�n, cuyo uso de suelo es de producci�n agropecuaria por no tener plan parcial aprobado, seg�n el uso de suelo expedido por la Oficina de Planeaci�n Municipal del 26 de julio de 2016.
Adem�s se evalu� el suelo acorde con la morfolog�a ondulada del terreno. Seg�n el art�culo 60 de la Ley 388 de 1997 �toda adquisici�n o expropiaci�n de inmuebles que se realice en desarrollo de la presente ley se efectuar� de conformidad con los objetivos y usos del suelo establecidos en los planes de ordenamiento territorial�, postulado que cumple la experticia de la parte demandante y como consecuencia, es viable acoger el monto de indemnizaci�n indicado por la Entidad.
La indemnizaci�n en materia de expropiaci�n por motivos de utilidad p�blica debe comprender los da�os causados y tiene por regla general una funci�n reparatoria, como lo ha se�alado la Corte Constitucional en sus sentencias sentencia C-153 de 1994 y C-750 de 2015; lo cual significa que el Estado responda de manera razonable ante el particular por los perjuicios ocasionados por adquisici�n del bien, incluyendo el da�o emergente y el lucro cesante, siempre que sean ciertos.
En el sub judice el da�o emergente cierto es el tasado por la ANI, por lo discurrido en este prove�do, hall�ndose razonable el valor asignado, como quiera que ning�n otro da�o fue alegado ni probado. 7. La parte recurrente tambi�n refut� que se condenara en costas a la actora, quien no result� vencida en el proceso; al respecto valga se�alar que en el fallo no se hizo condena en costas a cargo o a favor de alguna de las partes, tal como se constat� en el registro de voz de la audiencia celebrada el 12 de marzo de 2019 (Cd fl. 802 C1) y en el acta vista a folios 804 y 805 del C1., por lo que ning�n an�lisis resiste el punto; sin que pueda interpretarse que lo pretendido es una condena a favor de la entidad, pues no fue eso lo expresado por el recurrente. 8.
Conclusi�n: Por las consideraciones que anteceden, la Sala se aparta de la postura del A quo, deviniendo la modificaci�n de la sentencia de primera instancia en lo que al monto de la indemnizaci�n se refiere, ya que las conclusiones del peritaje carecen de sustento t�cnico y riguroso. Ahora, como el aval�o que se admitir� fue realizado en el a�o 2016, estima la Sala necesaria su actualizaci�n, lo que se har� index�ndolo acorde con el IPC anual, aplicando la siguiente formula: Ra = Rh (valor comercial aval�o) x IPC final (2019)_ IPC inicial (2016) Ra = $119�194.493 x 100,00 88,05 Ra = $135�371.371,95 Por encontrarse causadas, resultar vencida la parte demandada y salir parcialmente avante el recurso de apelaci�n propuesto por la demandante, se condenar� en costas de segunda instancia a la Sociedad Amparo Jaramillo de Botero y Cia. S. en C. en Liquidaci�n, en favor de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- (art. 365 nums. 1 y 8 C.G.P.), en proporci�n de un 70%.
La liquidaci�n se realizar� por el Juzgado de conocimiento, incluyendo las agencias en derecho que en su oportunidad fije la Magistrada Ponente (art. 366 C.G.P.). V. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en Sala Civil Familia de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA PARCIALMENTE Y CON MODIFICACI�N la sentencia proferida el 12 de marzo de 2019 por el Juzgado Civil del Circuito de Chinchin�, Caldas, dentro del proceso de Expropiaci�n adelantado por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- en contra de la Sociedad Amparo Jaramillo de Botero y Cia. S. en C. en Liquidaci�n y la Sociedad Radio Manizales Ltda. en Liquidaci�n (hoy Radio Manizales S.A.S.).
Se MODIFICA el ordinal TERCERO de la sentencia, el cual quedar� de la siguiente manera: �TERCERO: ACOGER el dictamen realizado por la Lonja de Propiedad Ra�z de Caldas, presentado por la parte demandante, y que establece como precio comercial y por lo tanto, valor a indemnizar, la suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE.
($119�194.493); monto que se actualiza acorde con el �ndice de precios al consumidor, as�: Ra = Rh (valor comercial aval�o) x IPC final (2019)_ IPC inicial (2016) Ra = $119�194.493 x 100,00 88,05 Ra = $135�371.371,95 Conforme lo establece el numeral 8 del art�culo 399 del C.G.P., el demandante deber� consignar a �rdenes del Juzgado y por cuenta del proceso, el monto de la indemnizaci�n se�alada, dentro de los diez (10) d�as siguientes a la ejecutoria de la sentencia�.
Se condena en costas de segunda instancia a la parte vencida, en proporci�n del 70%. Liqu�dense por el Juzgado de origen, incluyendo el valor de las agencias en derecho que fije la Magistrada Ponente. Por Secretar�a, DEVU�LVASE oportunamente el expediente al Juzgado de origen. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE, SOFY SORAYA MOSQUERA MOTOA Magistrada Ponente �NGELA MAR�A PUERTA C�RDENAS ALVARO JOSE TREJOS BUENO Magistrada Magistrado Sentencia C-227 de 2011. Sentencia C-216 de 1993. �ARTICULO
61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenaci�n voluntaria regulado por la Ley 9a. de 1989: El precio de adquisici�n ser� igual al valor comercial determinado por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, seg�n lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre aval�os expida el gobierno. El valor comercial se determinar� teniendo en cuenta la reglamentaci�n urban�stica municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relaci�n con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinaci�n econ�mica.
La forma de pago del precio de adquisici�n podr� ser en dinero o en especie, en t�tulos valores, derechos de construcci�n y desarrollo, derechos de participaci�n en el proyecto a desarrollar o permuta. Cuando de conformidad con lo dispuesto en la presente ley se acepte la concurrencia de terceros en la ejecuci�n de proyectos, los recursos para el pago del precio podr�n provenir de su participaci�n. La comunicaci�n del acto por medio del cual se hace la oferta de compra se har� con sujeci�n a las reglas del C�digo Contencioso Administrativo y no dar� lugar a recursos en v�a gubernativa.
Ser� obligatorio iniciar el proceso de expropiaci�n si transcurridos treinta (30) d�as h�biles despu�s de la comunicaci�n de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenaci�n voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa. No obstante lo anterior, durante el proceso de expropiaci�n y siempre y cuando no se haya dictado sentencia definitiva, ser� posible que el propietario y la administraci�n lleguen a un acuerdo para la enajenaci�n voluntaria, caso en el cual se pondr� fin al proceso.
Los inmuebles adquiridos podr�n ser desarrollados directamente por la entidad adquirente o por un tercero, siempre y cuando la primera haya establecido un contrato o convenio respectivo que garantice la utilizaci�n de los inmuebles para el prop�sito que fueron adquiridos.
PARAGRAFO 1 o. Al valor comercial al que se refiere el presente art�culo, se le descontar� el monto correspondiente a la plusval�a o mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad p�blica para la adquisici�n, salvo el caso en que el propietario hubiere pagado la participaci�n en plusval�a o la contribuci�n de valorizaci�n, seg�n sea del caso.
PARAGRAFO 2 o. Para todos los efectos de que trata la presente ley el Gobierno Nacional expedir� un reglamento donde se precisar�n los par�metros y criterios que deber�n observarse para la determinaci�n de los valores comerciales bas�ndose en factores tales como la destinaci�n econ�mica de los inmuebles en la zona geoecon�mica homog�nea, localizaci�n, caracter�sticas y usos del inmueble, factibilidad de prestaci�n de servicios p�blicos, vialidad y transporte.� (subraya fuera de texto). �ART�CULO 37.� El precio de adquisici�n en la etapa de enajenaci�n voluntaria ser� igual al valor comercial determinado por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC), los catastros descentralizados o por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones, de conformidad con las normas, m�todos, par�metros, criterios y procedimientos que sean fijados por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC).
El valor comercial se determinar� teniendo en cuenta la reglamentaci�n urban�stica municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relaci�n con el inmueble a adquirir y su destinaci�n econ�mica y, de ser procedente, la indemnizaci�n que comprender� el da�o emergente y el lucro cesante. El da�o emergente incluir� el valor del inmueble.
El lucro cesante se calcular� seg�n los rendimientos reales del inmueble al momento de la adquisici�n y hasta por un t�rmino de seis (6) meses. En la cuantificaci�n del da�o emergente solo se tendr� en cuenta el da�o cierto y consolidado. En caso de no llegarse a acuerdo en la etapa de enajenaci�n voluntaria, el pago del predio ser� cancelado de forma previa teniendo en cuenta el aval�o catastral y la indemnizaci�n calculada al momento de la oferta de compra, en la etapa de expropiaci�n judicial o administrativa.
El valor catastral que se tenga en cuenta para el pago ser� proporcional al �rea requerida a expropiar para el proyecto que corresponda. Con el fin de evitar la especulaci�n de valores en los proyectos de infraestructura a trav�s de la figura del autoaval�o catastral, la entidad responsable del proyecto o quien haga sus veces, informar� al IGAC o a los catastros descentralizados el �rea de influencia para que proceda a suspender los tr�mites de autoaval�o catastral en curso o se abstenga de recibir nuevas solicitudes.
Para el cumplimiento de este art�culo se deber� tener en cuenta lo preceptuado por la Ley� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1673_2013.html" \l "INICIO" 1673�de 2013.� (subraya fuera de texto). Radicado N� 17174-31-12-001-2017-00156-01 Expropiaci�n PAGE \* MERGEFORMAT18 Radicado N� 17174-31-12-001-2017-00156-01 Expropiaci�n PAGE \* MERGEFORMAT1 :; *CJOJQJ^JaJmH sH h�.�>*CJaJh�.�>*CJaJ ;
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