11001310302119992498-01 · Tribunal de Bogotá

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MAGISTRADA PONENTE: ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO. RADICACI�N: No. 11001310302119992498-01.. RAD. INTERNA 1798. PROCEDENCIA JUZGADO 21 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT� DEMANDANTE: SEGUROS COLPATRIA S. A. DEMANDADO: TRANSJOBER LTDA. CLASE DE PROCESO: ORDINARIO. MOTIVO DE ALZADA: APELACION SENTENCIA. FECHA DISCUSI�N Y APROBA- CI�N PROYECTO: 11-Agosto-2004.

ASUNTO Decide el Tribunal la apelaci�n concedida al apoderado judicial de la parte actora, contra la sentencia del 3 de Julio de 2003, proferida por el Juzgado 21 Civil del circuito de la ciudad, dentro del proceso de la referencia, por la cual se declar� que la demandada incumpli� el contrato de transporte celebrado con Competition Ltda. y neg� las pretensiones encaminadas a reconocer el valor cancelado por la aseguradora.

ANTECEDENTES La sociedad SEGUROS COLPATRIA S. A. a trav�s de apoderado judicial, present� demanda ordinaria de mayor cuant�a por responsabilidad contractual originada en un contrato de transportes celebrado entre la demandada y Competition Ltda., y en el contrato de seguro que se dice celebrado entre la demandante y Competition Ltda., con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: Se declare que la sociedad demandada es responsable de la inejecuci�n del contrato de transporte terrestre celebrado entre la sociedad COMPETITION LTDA., y la sociedad demandada TRANSPORTES JOBER LTDA, par el acarreo desde la ciudad de C�cuta a Bucaramanga de 960 rines de magnesio marca Cimaut, seg�n planilla de carga y cumplido No. 3500 del 20 de noviembre de 1997.

Que se declare que SEGUROS COLPATRIA S. A. se subrog� por ministerio de la ley (art�culo 1096 del C�digo de Comercio) al haber indemnizado a su asegurado COMPETITION LTDA., la suma de $34�679.008, seg�n siniestro ocurrido el d�a 21 de noviembre de 1997, correspondiente a la p�rdida de la mercanc�a descrita en el numeral anterior. Que se condene a la demandada a cancelar a SEGUROS COLPATRIA S.A., la suma de $34�679.008, por concepto de la indemnizaci�n antes mencionada.

Que se condene a la demandada a pagar el valor correspondiente a los intereses que resulten probados en el proceso, desde el 2 de febrero de 1998, fecha en que se produjo la subrogaci�n, hasta la fecha en que la demandada verifique el pago. Que las anteriores condenas se incrementen en el valor correspondiente a la depreciaci�n que sufra la moneda colombiana desde la fecha en que se produjo la subrogaci�n legal y hasta la fecha en que se verifique el pago por la demandada.

Lo anterior, con base en los siguientes hechos: El 20 de noviembre de 1997 TRANSPORTES JOBER LTDA., celebr� contrato de transporte terrestre con COMPETITION LTDA., con el objeto de transportar 960 rines de magnesio de la marca Cimaut, de la ciudad de C�cuta a Bucaramanga. El 21 de noviembre del mismo a�o, dicha mercanc�a fue cargada completamente seg�n planilla No 3500 (folio 9), pero en el trayecto de la v�a entre C�cuta y Bucaramanga, en la curva el Oasis, v�a Pamplona, el conductor fue objeto de retenci�n y posteriormente de hurto del cami�n y la mercanc�a que llevaba consigo, por parte de la delincuencia com�n; debido a lo anterior no cumpli� con la entrega total pactada en el contrato de transporte.

Todo lo anterior consta en denuncia No. 306 Departamento de Polic�a Norte de Santander - Sub Sijin en la ciudad de Pamplona (folio 7), interpuesta por Carmen Ivan Duran, conductor del cami�n de placas SNH 402 propiedad de Alirio Alfonso Sanju�n. COMPETITION LTDA. con el objeto de asegurar la mercanc�a objeto de carga y traslado, celebr� contrato de seguro autom�tico de transporte con SEGUROS COLPATRIA S. A. por medio de p�liza No. 08337960029 (Copia a folio 15), �sta a su vez los d�as 26 de Noviembre y 4 de diciembre de 1997, expidi� los recibos o certificados de seguro Nos. 2182 y 15597, con el fin de asegurar la cobertura completa seg�n aviso de los asegurados.

Que la empresa COMPETITION LTDA:, present� reclamaci�n formal a la demandante por conducto de su intermediario de seguros ASEGURADORES T�CNICOS DE SEGUROS LTDA., �ASETEC�, con motivo del incumplimiento del contrato de transporte celebrado con la demandada y esta procedi� a indemnizar a su asegurado en suma de $34�679.008, el d�a 2 de febrero de 1998 seg�n consta en el comprobante de pago No. 10843 y el recibo de caja No. 2003 del 19 de febrero del mismo a�o, expedido por la Aseguradora.

Subsanada la demanda y revocado el auto que dispuso inicialmente su rechazo, finalmente fue admitida mediante prove�do del 21 de enero de 2000 (folios 48 a 50 C.1). Notificada la empresa demandada el 3 de mayo de 2000, guard� silencio (folios 53 y 54). La audiencia del art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil se llev� a cabo sin la presencia de la parte pasiva, imponi�ndosele sanci�n pecuniaria y la procesal de tener por ciertos los hechos susceptibles de confesi�n contenidos en la demanda, por su inasistencia injustificada (folios 58 a 61 C.1).

Por auto del 6 de febrero de 2001 se abri� a pruebas el proceso, decret�ndose las pedidas por la parte actora, as�: Documental en cuanto a su valor legal correspondiera; se neg� el interrogatorio de parte al extremo pasivo teniendo en cuenta los resultados que arrojaba el expediente; testimonio de Alfredo Rojas Maya; oficio a la Superintendencia Bancaria para que certificara el inter�s corriente autorizado cobrar a partir del mes de febrero de 1998 y hasta el d�a de su certificaci�n, y el �ndice de devaluaci�n del peso en el mismo per�odo; y en lugar de la inspecci�n judicial pedida dispuso oficiar a Seguros Colpatria S. A., para que suministrara la informaci�n relacionada, remitiendo los soportes legales del caso (folio 64 C.1).

Agotada la etapa probatoria se corri� traslado para alegatos de conclusi�n, los cuales fueron presentados oportunamente por la parte demandante (folios 125 a 129 C.1). EL FALLO IMPUGNADO Despu�s de rese�ar los antecedentes del asunto y sobre el marco jur�dico de los contratos de transporte y seguro sobre los que hizo descansar la parte actora su pretensi�n subrogatoria, procedi� el juez a establecer si hubo incumplimiento del contrato de transporte por parte de la sociedad demandada, que hiciera a su vez procedente la pretensi�n de recobro de la indemnizaci�n pagada, al tenor del art�culo 1096 del C�digo de Comercio.

Respecto al contrato de transporte como tal expuso el a quo que no requiere de solemnidad alguna y, por lo mismo, la prueba de su existencia se puede obtener por los medios legales consagrados en el ordenamiento procesal civil, dando por sentado en este caso la existencia del contrato de transporte celebrado entre la demandada y la empresa COMPETITION LTDA., que encontr� determinada por los varios documentos obrantes en el expediente, entre ellos la misma denuncia del conductor.

Con relaci�n a las pretensiones de la demanda el juez de instancia transcribe parcialmente la siguiente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, donde hace alusi�n al transporte de cosas: � el transportador responde de la p�rdida total o parcial de lo que es objeto del contrato desde el momento en que quedan los bienes a su disposici�n, como tambi�n cuando no han llegado dentro del tiempo fijado por la ley, salvo que dicha p�rdida obedezca a una fuerza mayor, no imputable a su culpa, o a vicio inherente de la cosa transportada, o a culpa exclusiva del remitente o destinatario.

Por modo que el incumplimiento de la obligaci�n arriba citada compromete la responsabilidad del transportador que, sin embargo no es absoluta, como si la p�rdida resulta de un hecho extra�o a su voluntad, que no le es imputable, poni�ndolo as� en imposibilidad de cumplir, queda liberado de su responsabilidad y de la consiguiente obligaci�n de indemnizar al remitente o al destinatario de los perjuicios que se hayan ocasionado. �Como es obvio, le incumbe al transportador para exonerarse de su responsabilidad, probar la ocurrencia del hecho extra�o constitutivo de fuerza mayor, o a t�rminos del art�culo 992 del C. Co., el caso fortuito que re�na las condiciones all� indicadas y que tal ocurrencia no se debi� a su culpa, incuria o descuido.

Por fuerza mayor o caso fortuito, debe entenderse � el imprevisto que no es posible resistir, como el naufragio, el terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios p�blicos, etc.� (Art. 1�. Ley 95 1890)�, adem�s. Estos hechos o actos que enuncia la ley citada, requieren que sean imprevisibles o irresistibles, significando lo primero, un acontecimiento intempestivo, excepcional o sorpresivo, y lo segundo, imposible, fatal, inevitable de superar sus consecuencias.� Que con el fin de demostrar la p�rdida de la mercanc�a transportada, la actora alleg� una copia de la denuncia formulada por el conductor del cami�n y una ampliaci�n de la misma, comunicaci�n dirigida a la empresa COMPETITION LTDA, por parte de la demandada donde reconoce la p�rdida debida a fuerza mayor, hurtada mediante atraco a mano armada, por lo que no tuvieron responsabilidad directa o indirecta; los anteriores documentos, m�s la sanci�n impuesta por la inasistencia a la audiencia de conciliaci�n, sumada la falta de contestaci�n de la demandada, hacen presumir como ciertos los hechos susceptibles de confesi�n narrados en al misma, vale decir, la p�rdida de la mercanc�a como su cantidad.

En cuanto a valor indemnizado por la aseguradora, esto es, la determinaci�n del monto cancelado a su asegurada, y de �sta manera establecer el valor que se subroga por ministerio de la ley y por el cual la demandada debe responder, consider� el a quo que se decretaron algunas pruebas las cuales no fueron practicadas en tiempo, debido a la falta de inter�s por parte de quien las solicit�.

Que es as� como en lugar de la inspecci�n judicial pedida, se orden� oficiar a la demandante para que remitiera algunos documentos relacionados con el contrato de seguro y con el valor cancelado por cuenta del siniestro indicado en la demanda, y si bien el oficio fue retirado por la parte interesada, no existe constancia procesal de haberse diligenciado; que si bien se solicit� la inspecci�n judicial, para agregar tales documentos al proceso, fue negada con la anuencia de la parte actora al no interponer recurso alguno contra el auto que abri� a pruebas el proceso, m�xime cuando los documentos sobre los cuales reca�a la inspecci�n se encontraban en poder de la demandante y por lo mismo debi� aportarlos al juicio.

Que respecto al monto o valor que cancel� la aseguradora a la asegurada, solamente existen unas copias simples o al carb�n que no provienen de la parte demandada, las que al no reunir los requisitos exigidos por el art�culo 252 del C�digo de Procedimiento Civil, no se pueden tener como pruebas del pago del siniestro. Tampoco se preocup� por evacuar el testimonio del representante legal de la sociedad asegurada, no obstante el se�alamiento de sendas fechas para tal fin, y menos lo hizo comparecer al juicio como era su deber; esto es, la parte actora no realiz� gesti�n alguna para llevar al juez al convencimiento de que hubiese pagado el valor del siniestro, pese a las oportunidades procesales que tuvo para ello.

Que independientemente de la subrogaci�n, la cual opera por ministerio de la ley, para determinar el l�mite cuantitativo del objeto subrogado se toma en cuenta �nicamente el pago de lo pagado por el seguro; pero ello de suyo no demuestra el quamtum del da�o, como lo dijo la Corte en sentencia del 23 de septiembre de 1993,, publicada en la revista Legis tomo XXII No. 263, p�g. 1051 y ss., mes de Noviembre de 19993, al afirmar que: � Y por la misma raz�n se ha dicho, que es necesario adem�s. Que en el proceso respectivo se determine la cuant�a de los perjuicios causados por el tercero. En efecto, ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporaci�n; el asegurador que se subroga e n los derechos del asegurado, para que el responsable de un siniestro sea condenado a pagarle la misma suma pagada al asegurado, debe demostrar en el respectivo proceso, que el da�o sufrido por �ste y de cuyo pago es responsable el demandado, tiene valor superior o, al menos, igual a la suma que el asegurado recibi� de �l. NO est� pues exenta la compa��a aseguradora del deber de aportar la prueba del monto del perjuicio sufrido por el asegurado y, por ende, con la sola demostraci�n de haberse pagado el seguro no queda acreditado el quantum del da�o resarcible a cargo del responsable del siniestro.� (sentencia 17 de Marzo de 1981, G. J., tomo CLXVI, n�mero 2407, P�g.. 370).� IMPUGNACI�N El apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelaci�n contra la sentencia de fecha 3 de julio de 2003, solicitando se revoque en todas y cada una de sus partes, inconformidad que motiv�, as�: Que el juzgado de instancia asegura: � que dentro del proceso no se demostr� el siniestro y la p�liza as� como el quantum del valor cancelado a la firma asegurada Competition Ltda., toda vez que la prueba documental allegada no es aut�ntica, por no reunir los requisitos del art�culo 252 del C. P. C. �; que contrario a ello, al proceso se alleg� la p�liza autom�tica de transportes No. 08337960029 y los certificados de seguros expedidos en aplicaci�n a la p�liza mencionada distinguidos bajo los n�meros 16182 y 15597, con los que se desvirt�a la falta de demostraci�n del contrato de seguros, el cual dej� de ser solemne para convertirse en un contrato consensual, conforme al art�culo 1� de la Ley 389 de 1997, documentos relacionados en el ac�pite de pruebas a folios 15 y 16.

Que a folios 6 y 7 obra el original del aviso del siniestro y del denuncio penal por parte del asegurado, as� como reclamaci�n formal del siniestro de fecha diciembre 10 de 1997, presentado por la firma ASETEC Ltda., documentos allegados con la demanda y relacionados en el ac�pite de pruebas; igualmente resalta la importancia de los documentos contenidos en los folios 28, 29, 30 y 31 del C.1., de los cuales hace parte la liquidaci�n del siniestro y el comprobante de pago de la indemnizaci�n al asegurado No.10834 del 2 de febrero de 1998, otorgado por la firma aseguradora.

Referidas las pruebas, el apoderado de la parte actora hace alusi�n a la Ley 446 de 1998, art�culos 11, 12 y 13, sobre la presunci�n de autenticidad de los documentos, pues las pruebas documentales allegadas con la demanda debieron ser valoradas bajo un criterio preestablecido en la norma y no meramente formalista y ritual, como lo llev� a cabo el juzgado del conocimiento; de la misma forma destaca el apelante que � la autenticidad de los documentos privados emanados de las partes o terceros y que se incorporen con fines judiciales a un expediente se predican aut�nticos, tanto originales como copias.�.

Igualmente lleva a cabo un an�lisis doctrinario acerca de la presunci�n de autenticidad de los documentos privados en original y copia, citando as� al tratadista Hern�n Fabio L�pez Blanco, sobre la presunci�n contenida en el art�culo 11 de la Ley 446 de 1998, concluyendo que todos los documentos que se pueden aportar como pruebas se reputan aut�nticos, sin distinguir tampoco si se hallan o no firmados, pues la ley no hace diferenciaci�n en ning�n aspecto, ya que cuando la ley no distingue, al int�rprete no le esta dado hacer diferenciaci�n; que al no hacer la norma citada ninguna diferenciaci�n acerca de los documentos originales o las copias, firmados o sin firmar, manuscritos o por medios mec�nicos, no se debe interpretar subjetivamente que documentos tienen validez probatoria en virtud de su originalidad o firma inscrita, agregando que a su vez el tratadista Jairo Parra Quijano, afirma: � No cabe duda que las copias por sobre todo, de los documentos privados, manuscritos o suscritos, se presumen aut�nticas y que la parte contra la cual se exponen puede ejercitar el derecho de contradicci�n mediante tacha de falsedad, tambi�n solicitar inspecci�n sobre el original (Art. 244 C. de P. C.) y el cotejo (Art.255).

Todo esto teniendo en cuenta qui�n presenta el original ( )�l. Que incluso la nueva Ley 794 de 2003, agreg� tres incisos al art�culo 252 del C�digo de Procedimiento Civil, que corresponden a los art�culos 11, 12 y 13 de la Ley 446 de 1998, resaltando con ello que la autenticidad de los documentos privados emanados de las partes o terceros y que se incorporen con fines judiciales a un expediente, se predican aut�nticos tanto los originales como sus copias.

De acuerdo con todo lo anterior, el memorialista solicita revocar la sentencia apelada, toda vez que los criterios en que se apoy� el fallador de primer grado, se encuentran superados conforme a la nueva legislaci�n y doctrina, encontr�ndose demostrados los extremos de la subrogaci�n, debi�ndose acceder a los pedimentos negados por el a quo (folios 4 a 7 de este cuaderno).

CONSIDERACIONES Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad y sobre ellos no hay lugar a reparo alguno; as� mismo, examinada la actuaci�n procesal, rituada en ambas instancias, no se observa irregularidad alguna que pueda invalidar lo actuado. Por lo anterior est�n presentes las condiciones necesarias para proferir sentencia de m�rito.

Conocido el motivo de la inconformidad del apelante con la sentencia de primer grado, de cara a dicha postura procede la Sala a decidir los puntos, precisando en primer lugar que si bien el recurso de apelaci�n tiene por objeto que el superior estudie la cuesti�n decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme, y que el recurso se entiende interpuesto en lo desfavorable al apelante, para decidir deben tenerse en cuenta los l�mites a que circunscribe el recurrente la inconformidad con la sentencia, as� como que la decisi�n deber� estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem�s oportunidades que la ley procesal civil consagra y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido alegadas si as� lo exige la ley; pues, salvo que se trate de hechos modificativos o extintivos del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido despu�s de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a m�s tardar en su alegato de conclusi�n, o que la ley permita considerarlo de oficio o se trate de excepciones que deban reconocerse oficiosamente, no puede condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en �sta (art�culos 305, 306 y 360 del C�digo de Procedimiento Civil).

Revisada la actuaci�n surtida y dado el silencio de la parte pasiva quien no contest� la demanda y por ende no pidi� pruebas, se establece la existencia �nica de documentos aportados por la parte actora, los cuales dispuso tener en cuenta el a quo en cuanto su valor probatorio legal; siendo evidente la falta de inter�s por parte del extremo activo en lograr la evacuaci�n de las dem�s pruebas decretadas, vale decir, la aportaci�n de documentos tenidos en su poder y diligenciamiento del oficio librado para tal fin, siendo por ende improcedente la inspecci�n judicial negada que fuera pedida con el mismo fin, as� como el desinter�s de la parte demandante en lograr la recepci�n del testimonio del representante legal de la firma asegurada.

Esto es, que para acreditar la existencia del contrato de transporte, de la p�rdida de las mercanc�as, del perjuicio sufrido por el asegurado, del contrato de seguro, del quantum del da�o resarcible a cargo del responsable del siniestro, y en si de todos los elementos de la acci�n subrogatoria demandada, s�lo existen los documentos aportados por la parte demandante, y la presunci�n de tener por ciertos los hechos susceptibles de confesi�n contenidos en la demanda dada la inasistencia de la parte demandada a la audiencia del art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil, y la conducta misma asumida por las partes a lo largo del proceso.

Sobre la prueba del contrato de transporte y la mercanc�a transportada, as� como del incumplimiento del contrato de transporte por parte de la demandada, obra el avis� e inici� de la reclamaci�n en original que por la p�rdida de la mercanc�a hizo la firma ASETEC, a la aseguradora en nombre de COMPETITION LTDA., donde pone de presente el hurto sufrido por la compa��a TRANSPORTES JOBER LTDA., en el trayecto C�cuta y Bucaramanga (folios 2 y 3 C.1); as� mismo obra la planilla No. 3500 del 20 de noviembre de 1997, al carb�n con sello en original de TRANSPORTES JOBER LTDA, donde se relaciona la clase y cantidad de mercanc�as, el veh�culo que las transportar�a, empresa Transportes C�ndor a la cual estaba afiliado, el conductor, el propietario, trayecto, remitente Rojas & C�a., y el destinatario Copetiti�n-Alfredo Rojas-Bogot� (folio 4); y en igual forma la comunicaci�n datada el 24 de noviembre de 1997, del Gerente General de la firma COMPETITION LTDA., dirigido a la firma ASETEC, de quien reconoce la actora es su intermediaria de seguros, inform�ndole que la importaci�n de las mercanc�as fue sustra�da en el mencionado trayecto, y que le anexaba copia del denuncio presentado ante la Unidad de Reacci�n Inmediata por el propietario del cami�n y los documentos de la importaci�n de Venezuela (folio 6 C.1).

Adem�s de los anteriores documentos obra comunicaci�n en original del 3 de diciembre de 1997, dirigida por el Representante Legal de la sociedad demandada TRANSPORTES JOBER LTDA., a la firma COMPETITION LTDA., donde reconoce el contrato de transporte, la p�rdida de las mismas por hurto, manifest�ndole la ausencia de responsabilidad (folio 27 C.1); por lo que sumada la existencia de los mencionados documentos, a la presunci�n de tener por ciertos los hechos susceptibles de confesi�n contenidos en la demanda por la inasistencia de la demandada a la audiencia del art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil, se tiene por probada la existencia del contrato de transportes, y la cantidad de mercanc�as transportadas, as� como la p�rdida de aquellas.

No acontece lo mismo respecto de la prueba del quantum o valor del da�o sufrido por la firma asegurada, ni del pago del siniestro por la demandante, pues le asiste raz�n al juez del conocimiento sobre la inactividad probatoria de la parte actora en tal sentido, y en cuanto a que los dem�s documentos aportados carecen de la virtualidad probatoria que le pretende dar el extremo activo de la litis para demostrar el cumplimiento de tales elementos de la acci�n subrogatoria, ya que el denuncio por parte del conductor del veh�culo donde se transportaban las mercanc�as (folios 7 a 9); la Factura No. 07876 expedida a COMPETITION por Cimaut (folio 20); el Certificado de origen sobre la importaci�n de las mercanc�as (folio 21); la Declaraci�n de aduana (folio 22); la Declaraci�n de Importaci�n (folio 23); el Registro de Importaci�n (folio 24); la comunicaci�n de Competiti�n al Gerente de Transportes Jober Ltda., donde le informa que la mercanc�a entregada para el transporte tuvo problemas y le hace al reclamaci�n de la mercanc�a o cancelarle su costo por $64�835.874 (folio 25); as� como el recibo de indemnizaci�n y liquidaci�n del siniestro por $46�238.678 a folio 28, y liquidaci�n de la p�rdida en $34�679.008 a folio 29; como el comprobante No.10843 por concepto de indemnizaci�n por $34�679.0008; y el recibo de caja por este �ltimo valor (folio 31), ciertamente fueron aportados en copia simple o al carb�n, por lo que no pueden tenerse como prueba para tales fines; sin que la Sala acoja el criterio doctrinal invocado por el apelante respecto de la presunci�n de autenticidad relativa a dicha copias simples, al tenor del art�culo 11 de la Ley 446 de 1998, pues la presunci�n all� consagrada se predica solamente respecto de originales, queriendo desconocerse que el Estatuto Procesal, impone a las partes la obligaci�n de aportar el original de los documentos privados; sin que obre en la causa prueba de que los mencionados documentos hayan sido protocolizados, formen parte de otro proceso del que no pueden ser desglosados, o que no se encuentran en poder del demandante (art�culo 268 ib�dem).

Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-023/98, al determinar la exequibilidad del numeral 2 del art�culo 254 del C�digo de Procedimiento Civil, y del numeral 3 del art�culo 268 ib�dem, se refiri� al entonces art�culo 25 del Decreto 2651 de 1991 (hoy insubsistente por el art�culo 11 de la Ley 446 de 1998), indicando: "El art�culo 25 citado se refiere a los "documentos" y hay que entender que se trata de documentos originales.

En cambio las normas acusadas versan sobre las copias, como ya se ha explicado. Ser�a absurdo, por ejemplo que alguien pretendiera que se dictara mandamiento de pago con la copia simple, es decir, sin autenticar, de una sentencia, o con la fotocopia de una escritura p�blica, tambi�n carente de autenticidad." " "Entrat�ndose de documentos originales puede el art�culo 25 ser explicable, porque su adulteraci�n es m�s dif�cil, o puede dejar rastros f�cilmente.

No as� en lo que tiene que ver con las copias, cuyo m�rito probatorio est� ligado a la autenticaci�n." "Si el art�culo 25 hubiera querido referirse a las copias as� lo hubiera expresado, porque en el derecho probatorio es elemental la diferencia entre documentos originales y copias. Pero no lo hizo, como se comprueba con su lectura." De otra parte, no puede afirmarse que dichos documentos provienen de la demandada, para tener por cierto su contenido de acuerdo a la presunci�n de certeza de los hechos que por su inasistencia a la audiencia del art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil, se le atribuye; pues no aparece que hayan sido elaborados por la sociedad demandada; tampoco que se hubieran extendido por orden de aquella; ni obra en ellos aceptaci�n expresa de la parte contra quien se opone resultando entonces cierto e indiscutido que la demandante no cumpli� con la carga de la prueba que le impone el art�culo 177 del C�digo de Procedimiento Civil, circunstancia que evidencia la pertinencia de confirmar la decisi�n apelada que as� lo consider�.

DECISI�N En m�rito de lo expuesto, la Sala de Decisi�n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de fecha 3 de Julio de 2003, proferida por el Juzgado 21 Civil del circuito de la ciudad, dentro del proceso de la referencia, y por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte apelante. T�sense. TERCERO.- Cumplido lo ordenado vuelvan las diligencias al juzgado de origen para lo pertinente.

C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE. Los Magistrados, ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO RAD. No. 11001310302119992498

01. ARIEL SALAZAR RAM�REZ RAD. No. 11001310302119992498

01. EDGAR CARLOS SANABRIA MELO RAD. No. 11001310302119992498 01. PAGE PAGE 11 @z|��] � � � % � � � ��6%6&6(6)6�67,758k8Z<�=�>f??MB�CcEeE�F�F�FHH�l�l�m�m�m��縂��5�CJOJQJmH sH CJOJQJ]�^J6�CJOJQJ^JCJOJQJ^JCJOJQJ]�6�CJOJQJ5�CJOJQJ\�5�CJOJQJCJOJQJmH sH CJ5�CJOJQJCJOJQJ5�CJOJQJ82=>?@z{|��%e�� $��c�^��`�c�a$$��k�^��`�k�a$$�� ^�� `��a$$a$$a$p6p�� Z [ \ ] � � �� &F�h^�h$ &Fa$$a$$a$� � ��^_`WXYZ�� &F �h^�h &F�'() ��noq}#~##�&�&�&��$a$$a$�&�&�&�&�&�&�)�)�)�0�0�0\3]3^3_3`3a3b36666&6'6(6)6�67��$a$$a$7Y<Z<[<�>�>�>�>�>�>�C�C�CcEdEeE�F�F�F�F�F�F�F�FHHIHJHKHLH��$a$$a$LHMHNHOH�MOO�Q�Q�Q{T|T}T V!V"V#V$V%V�\�\�\�c�c�c�c�c�d�d�d��$a$�d�g�g�g�g�g�h�h�h�i�i�i�l�l�l�l�lm m mmm�m�m�m�m�m�m{n��$a$$a$�m�m�m|n�n�n�n,oNoboco~o�o�o�o�o�opp#p$p%p'p(p.p/p1p2p3p6p7p��0JmHnHu0J j0JU5�CJ5�CJOJQJCJOJQJ5�CJOJQJCJOJQJ{n|n}n�n�n�n+o,o-oNoOoPoQoboco~o�o�o�o�o�o�o�o�o�o�opp��$a$$a$$a$p%p&p'p3p4p5p6p7p��$a$��&`#$3 0&P1�h��/ ��N!��"��#��$�%�� i0@��0Normal_HmH sH tH @@@T�tulo 2$$@&a$5�CJOJQJFA@��FFuente de p�rrafo predeter.nQ@�nTexto independiente 3$5$7$8$9DH$a$5�CJOJQJmH sH uLB@LTexto independiente$a$CJOJQJ4@4 Encabezado ��8!: ": Pie de p�gina ��8!:U@�1:Hiperv�nculo7�>*S*�Y(ph3�6W@�A6Texto en negrita5�\�PTRPTexto de bloque$�}�]�}^�a$OJQJlP@blTexto independiente 2$5$7$8$9DH$a$CJOJQJmH sH uT�rTBody Text 2$5$7$8$9DH$a$CJOJQJmH sH FV@��FHiperv�nculo visitado>*B*ph��0)@��0N�mero de p�gina7l��2=>?@z{|��%e�� Z[\]�� ^ _ ` WXYZ��'() ��noq}~�"�"�"�"�"�"�"�"�%�%�%�,�,�,\/]/^/_/`/a/b/2222&2'2(2)2�23Y8Z8[8�:�:�:�:�:�:�?�?�?cAdAeA�B�B�B�B�B�B�B�BHDIDJDKDLDMDNDOD�IKK�M�M�M{P|P}P R!R"R#R$R%R�X�X�X�_�_�_�_�_�`�`�`�c�c�c�c�c�d�d�d�e�e�e�h�h�h�h�hi i iii�i�i�i�i�i�i{j|j}j�j�j�j+k,k-kNkOkPkQkbkck~k�k�k�k�k�k�k�k�k�k�kll'l3l4l8l�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0�� 0��0�� 0��0�� 0��0�� 0��0�� 0��0��0��0��0��0�� 0��0��0�� 0��0��0�� 0��0��0��0�� 0��0��0�� 0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��@0��@0��@0�� 0�m7p:D � ��&7LH�d{np7p;=>?@ABCEF6p<!�!t��Q\��ej}�SXqw� � � � � ?E��~�< > �,�,�-�-..*.8.�3�3�A�ACC�C�COO�S�SmZyZ[[\\'\,\=aJa�c�cl5l8l��B�B�h�h�i�i�i�i}j�jQkbk~k�k�k�kl5l8l��CONSEJO SUPERIOR JUDICATURA�C:\Archivos Computador Olivetti\Mis documentos\SENTENCIAS (CIVILES)\ORDINARIOS\CONTRATOS\SEGUROS\1798 Apel.

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