2003 00588 01 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� bjbj�� 9�� 8UD�t�5p ��5�5�5�5�5�5�5i8�;��5 ��5 ��5�� 5��5��`3�h5 ��0��h�4�5�50�5048�; v�;0h5�; h5 ��5�5��5��;�� : DISTRACCI�N DE BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. los bienes sociales o potencialmente destinados a hacer parte de la masa liquidatoria de la sociedad conyugal, no est�n fuera del comercio, por lo que el contrato perfeccionado sobre ellos, no puede afectar el derecho constituido a favor de terceros de buena fe, en virtud a que �stos �se �tera- no son llamados a restituir especie, porci�n o suma alguna.

ART�CULO 1824 DEL C.C. ART�CULO 620DEL C.P.C. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BOGOT� D. C. SALA CIVIL DE DECISI�N Magistrado Ponente: DR. ARIEL SALAZAR RAM�REZ Bogot� D.C., Febrero veintisiete (27) de dos mil ocho (2008) REF: Ordinario de LIBARDO VALBUENA GALVIS contra MAGDA YADIRA VALCARCEL PARRA y WILSON MARCELO ROLDAN BARRETO.

Proyecto discutido y aprobado en sesi�n de 23-I-2008 Radicaci�n 2003 00588 01 ______________________________________ Corresponde al Tribunal, una vez superado el tr�mite que le es propio a la instancia, desatar el recurso de apelaci�n interpuesto contra la sentencia de veintid�s de agosto del a�o dos mil seis, proferida por el se�or Juez Treinta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad.

ANTECEDENTES A. Las pretensiones En libelo incoativo de la presente acci�n, el se�or Libardo Valbuena Galvis, por conducto de gestor judicial, constituido para el efecto, impetr� demanda ordinaria en contra de los se�ores Magda Yadira Valc�rcel Parra y Wilson Marcelo Roldan Barrero, con el fin de que se efect�en las siguientes declaraciones: �PRIMERA: Declarar la nulidad del contrato de compraventa celebrado entre MAGDA YADIRA VALCARCEL PARRA y WILSON MARCELO ROLDAN BARRERO, sobre el inmueble ubicado en la Carrera 14 No. 12-50 o Calle 13 No. 13-43 (esquinero) del Municipio de Garagoa (Boyac�), consignado en la Escritura P�blica No. 3048 de 18 de julio de 2001 de la Notaria Primera del c�rculo de Bogot�, en raz�n a ser la compraventa ilegal, por cuanto dicho bien fue dolosamente distra�do de la sociedad conyugal de LIBARDO VALBUENA GALVIS y MAGDA VALCARCEL PARRA, pretensi�n que adecuada con ocasi�n a la inadmisi�n de la demanda, en el sentido de solicitar la nulidad en raz�n de ser ilegal la compraventa del bien, por haber sido �ste distra�do de la sociedad conyugal del demandante con la demandada.

SEGUNDA: Declarar que la c�nyuge MAGDA YADIRA VALCARCEL PARRA, pierde su porci�n en dicho inmueble y, ordenar a �sta restituirla en forma doblada, quedan toda la casa de la carrera 14 No. 12-50 de Garagoa, de propiedad del demandante LIBARDO VALBUENA GALVIS. TERCERA: Declarar inoponible la escritura citada en la declaraci�n primera, frente a LIBARDO VALBUENA GALVIS Y TERCEROS (EFECTO ERGA OMNES).

CUARTA: El demandante desisti� de la pretensi�n cuarta. QUINTA: Ordenar la inscripci�n de la sentencia en el folio de matr�cula inmobiliaria 078-0002339 de la Oficina de Registro I.P. de Garagoa. SEXTA: Condenar en costas a los demandados.� B. Los Hechos Como sustento de las anteriores pretensiones, afirm� el demandante, que contrajo con la demandada Magda Yadira Valc�rcel Parra, matrimonio cat�lico el 13 de abril de 1996, registrado en la Notar�a 11 de Bogot�, bajo el c�digo 1011, uni�n de la cual nacieron dos menores.

A continuaci�n se�al� que en el Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa � Boyac�, curs� el proceso de divorcio del matrimonio en comento, respecto del cual, se declar� la cesaci�n de efectos civiles en audiencia surtida el 17 de febrero de 2000, donde adem�s se declar� disuelta la sociedad conyugal y se dispuso que la misma deb�a liquidarse de acuerdo a la ley.

Sostuvo el actor que la c�nyuge incumpli� los t�rminos del referido acuerdo, al enajenar el inmueble relacionado en las pretensiones, a favor de Wilson Marcelo Rold�n Barreto, sin que se hubiere liquidado a�n la sociedad conyugal; tildando de doloso el proceder de los demandados en el contrato de compraventa, afirmando que ambos conoc�an que estaba pendiente la liquidaci�n de la sociedad conyugal, aunado a que el precio de la compraventa es irrisorio y lesivo, pues se estableci� en Treinta millones de pesos ($30.000.000.oo), cuando el precio comercial del bien, supera los Cien millones de pesos ($ 100.000.000.oo).

Finalmente, concluy� que al �hallarse il�quida la sociedad, la mencionada compraventa es ilegal�, por lo que considera procedente anular la escritura de compraventa e imponerle a la c�nyuge demandada, la sanci�n de que trata el art�culo 1824 del C�digo Civil. C. Lo demostrado en el proceso La demanda fue admitida mediante auto de 5 de noviembre de 2003, orden�ndose la notificaci�n a los sujetos pasivos de la acci�n, diligencia que se cumpli� en forma personal, en primer lugar, respecto a la demandada Magda Yadira Valc�rcel Parra, seg�n consta en el Acta de fecha 25 de mayo de 2004 (f. 37) y por conducta concluyente derivada del otorgamiento de poder judicial, respecto del demandado Wilson Marcelo Rold�n Barreto, seg�n auto de 31 de agosto de 2004 (f. 77).

En su escrito de contestaci�n a la demanda, la convocada Magda Yadira Valc�rcel Parra, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, aludiendo que la venta del inmueble se hizo para precaver su embargo y remate por el Banco Agrario que ostentaba a su favor hipoteca, por lo que, con el producto de la venta y despu�s de pagar dicha obligaci�n, adquiri� otro inmueble en Bogot�, para procurar a sus hijos una vivienda digna, ante el incumplimiento de las obligaciones alimentar�as del demandante, inmueble este �ltimo con el que salvaguarda la sociedad conyugal no liquidada y sin �nimo de defraudar al demandante.

Sostuvo que otros bienes de la sociedad conyugal se transfirieron a terceros, por acuerdo entre las partes, como ocurri� con un inmueble en la ciudad de San Francisco que pertenec�a en un 50% a la demandada y que a petici�n del demandante se transfiri� a nombre de un hijo de �ste; igual ocurri� con un veh�culo que se vendi� a Wilson Rold�n, otro de los aqu� demandados, quien pag� el precio del automotor, dinero del que dispuso el demandante a su arbitrio, as� como de la suma de $92.000.000.oo recibida por concepto de liquidaci�n de origen laboral.

Alude la demandada que no es cierto que el inmueble objeto de esta acci�n se haya vendido por $ 30.000.000.oo, pues por �l pag� el comprador, la suma de $ 85.000.000.oo y soportaba una hipoteca por $ 15.000.000.oo. Por su parte, el demandado Wilson Marcelo Rold�n Barreto, propuso las excepciones de m�rito que denomin� �Inexistencia de dolo�, �No haber distracci�n ni ocultaci�n del bien�, �No estar en tr�mite judicial la liquidaci�n de sociedad conyugal�, �Conciliaci�n y/o transacci�n entre las partes para involucrar bienes de la sociedad conyugal y proceder a su liquidaci�n�, �No tener Wilson Rold�n v�nculo sustancial con las eventuales discrepancias entre Libardo Valbuena y Magda Valc�rcel�, fundadas en el argumento de no existir dolo en la negociaci�n, as� como en el hecho de que seg�n su dicho, el demandante siempre tuvo conocimiento de la venta del inmueble y estuvo de acuerdo con la misma, por lo que se llev� a cabo con el pleno cumplimiento de las normas legales; igualmente, puntualiz� el hecho de no tener ninguna relaci�n sustancial con respecto al Matrimonio Valbuena Valc�rcel, y finalmente invoc� �Mejoras� por cuanto alude que las ha plantado por suma cercana a $20.000.000.oo.

Mcte.. La etapa de conciliaci�n que se celebrara en desarrollo de la audiencia de que trata el art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil, no arroj� resultados apreciables en derecho, lo que diera lugar al inicio de la etapa de las pruebas, decret�ndose la pr�ctica de las reclamadas por las partes. D. La sentencia En la sentencia que pusiera fin al litigio y que ahora se revisa por v�a de apelaci�n, el a quo resolvi� luego de preclu�da la fase probatoria y la de alegaciones, denegar las pretensiones de la demanda, dando por terminado el proceso con el consecuencial levantamiento de cautelas e impuso condena en costas al demandante.

Dicha decisi�n hall� su fundamento en que el actor no logr� demostrar a lo largo del proceso, que las partes intervinientes en el contrato de compraventa, hubieren actuado con dolo que fuera capaz de viciar el consentimiento, para as� proceder a declarar la nulidad del contrato. Seguidamente, se destac� que la compraventa objeto de estudio, no se vi� revestida de intenciones defraudatorias, por lo que a juicio del Juez de Instancia, no hab�a lugar a imponer la sanci�n prevista en el art�culo 1824 del C�digo Civil, concluyendo que: �la venta efectuada despu�s de la disoluci�n de la sociedad conyugal y antes de su liquidaci�n, no puede m�s que destinarse a lo sumo, a los efectos eventuales de una venta de cosa ajena que, en nuestro medio es v�lida y en tales condiciones, ninguna rescisi�n, anulaci�n o ineficacia puede declararse�.

Respecto a los medios exceptivos, consider� que de las pruebas recaudadas se advert�a un principio de certeza sobre el hecho de que el actor conoc�a la intenci�n de la demandada de enajenar el inmueble, y que �ste no lo evit�, ni denunci�, calificando de pasiva la actitud del actor frente al referido contrato. E. La apelaci�n Inconforme con la decisi�n adoptada, el procurador judicial de la parte actora interpuso recurso de apelaci�n, del cual se ocupa el Tribunal en esta oportunidad.

En sustento de la alzada, el gestor judicial de la parte actora, censur� la determinaci�n aludiendo que la conducta de la demandada se enmarcaba dentro del supuesto contenido en el art�culo 1824 del C�digo Civil, puesto que la venta del inmueble perteneciente a la sociedad conyugal sin liquidar, es un contrato prohibido por la ley, por lo que debe ser declarado nulo, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del art�culo 6 del C�digo Civil, en armon�a con lo normado en el art�culo 1523 ib�dem, que prescribe que �hay as� mismo objeto il�cito en todo contrato prohibido por las Leyes�.

As� mismo, argumenta que la venta de cosa ajena es v�lida pero trat�ndose de contratos que no est�n prohibidos por la ley, caso diferente al materia de estudio, ya que en �ste se configur� la distracci�n del inmueble de la sociedad conyugal, por lo que la demandada debe se sancionada en la forma solicitada, aduciendo que se encuentra demostrado del acervo probatorio, que su conducta es dolosa, al haber incumplido el acuerdo de conciliaci�n en el que se declar� disuelta la sociedad conyugal, y al levantar las medidas cautelares, que seg�n lo all� acordado, se mantendr�an hasta la liquidaci�n, as� como se concluye del hecho de haber vendido el inmueble por un bajo porcentaje del precio real del bien, y por haber otorgado un amplio plazo al comprador para el pago del mismo.

Luego, aduce que el acto fraudulento no tiene que ser siempre oculto, ya que este puede proyectarse mediante actos reales o aparentes, que obren en instrumentos que tengan el car�cter de p�blicos, cuando como en el caso que nos ocupa, son celebrados dolosamente para apartar un bien del haber conyugal con desmedro o menoscabo de los intereses del c�nyuge v�ctima de ellos, recalcando que la demandada no s�lo vendi� el inmueble cuya venta proh�be la ley, sino que lo realiz� dolosamente.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 1. Resulta claro, como lo comprendiera el sentenciador de primer grado, que presentes los presupuestos jur�dico-procesales que reclama la codificaci�n adjetiva para la correcta conformaci�n del litigio, el asunto estaba llamado a ser resuelto mediante sentencia de m�rito, m�xime ante la ausencia de vicios con entidad suficiente para generar la nulidad de lo actuado. 2.

La ley procesal le se�ala al demandante un conjunto de requisitos de forma a los cuales debe sujetarse al estructurar el escrito con el cual se propone iniciar un litigio siendo uno de �stos que se exprese con claridad y precisi�n lo que se pretende y enunciar los hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

Jurisprudencialmente se ha reiterado que no es extra�o encontrar que el demandante al elaborar su demanda, no lo haga con la nitidez y precisi�n anheladas, y es en este evento, compete al juez, con el fin de no sacrificar el derecho cuya tutela se invoca, interpretar la demanda en su conjunto en forma l�gica y razonada, pues muchas veces la verdadera intenci�n del actor no se encuentra contenida en las s�plicas del l�belo, o en los fundamentos de hecho y derecho que invoca y ello no puede ser motivo de rechazo del derecho suplicado, cuando �ste puede percibirse en la intenci�n y exposici�n de los presupuestos f�cticos a que hace alusi�n el demandante en su l�belo. 3.

En la primera pretensi�n de la demanda, el actor pidi� que se declarara �la nulidad� del contrato de compraventa de un inmueble que fue celebrado entre los demandados, �por haber sido �ste distra�do de la sociedad conyugal del demandante con la demandada� y, solicit� como consecuencia de la anterior declaraci�n, se condenar� a la demandada Magda Yadira Valc�rcel Parra, a que perder su porci�n en dicho inmueble, y a restituirlo en forma doblada, quedando toda la casa de la carrera 14 No. 12-50 de Garagoa, de propiedad del demandante LIBARDO VALBUENA GALVIS.

Como causa petendi o presupuestos de hecho expres� que entre los demandados se celebr� un contrato de compraventa prohibido por la ley, sobre un inmueble que hac�a parte de la sociedad conyugal, que el actor form� con la demandada, afirmando que de esta manera, fue distra�do dolosamente el bien, en detrimento de sus intereses. 3.1. Por definici�n, la nulidad es una sanci�n civil que consiste en el desconocimiento de los efectos jur�dicos del acto y tiene la misi�n de mantener el imperio de la ley en las relaciones jur�dicas.

Seg�n el Art. 1740 del C�digo Civil, la nulidad puede ser absoluta o relativa. Es absoluta cuando no concurren los requisitos para la existencia o para la validez del acto en consideraci�n a su naturaleza y relativa cuando el acto est� afectado por otro vicio. Los requisitos para la validez del acto o contrato son: 1) capacidad. 2) Objeto l�cito. 3) Causa l�cita y 4) Los requisitos que exija la ley en cada caso, solo puede darse la causal si el requisito que se alega omitido, lo exige la ley para el valor del acto o contrato. 3.2.

Descendiendo al caso sub examine, claramente se puede colegir, que si bien lo pretendido por el demandante es la declaratoria de nulidad del contrato de compraventa, para ello no est� alegando ninguna de las causales anteriormente referidas, m�xime cuando al rompe se evidencia, que el contrato de compraventa contenido en la Escritura P�blica No. 3048 de 18 de julio de 2001, se celebr� con el lleno de los requisitos legales que ha dispuesto por el legislador para esta clase de actos.

As�, de contera observa el Tribunal que los argumentos f�cticos de la primera pretensi�n de la demanda, no configuran ninguna de las causales de nulidad absoluta o relativa establecidas por la ley, toda vez, que el hecho de que el bien objeto del contrato de compraventa, haga parte de una sociedad conyugal, no conlleva a establecer per s�, que se haya incurrido en una de dichas causales, por dem�s taxativas y �nicas.

La anterior afirmaci�n tiene su asidero legal, en que el objeto de contrato de compraventa es l�cito, ya que no contraviene al derecho p�blico de la naci�n, as� como tampoco se encuentra sometido a una jurisdicci�n no reconocida por la leyes vigentes; igualmente, y contrario a lo sostenido por el apelante, no est� prohibido por la ley sustancial, y se encuentra reglamentado en ella, en los art�culos 1849 a 1954 del C�digo Civil.

Respecto a las solemnidades requeridas para su perfeccionamiento, por tratarse de la compraventa de un bien inmueble, resultaba necesario que �ste acto se otorgara por Escritura P�blica (art�culo 1857 C.C.), y a voces del art�culo 756 de la ley sustancial, para la tradici�n del dominio de dicho bien, la inscripci�n del t�tulo (Escritura P�blica) ante la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos correspondiente, actos que efectivamente se realizaron tal y como lo afirman los extremos de la litis y se comprueba del acervo probatorio.

Finalmente, tanto la demandada, como el demandado (personas naturales), son plenamente capaces de contratar, pues no se demostr� dentro del plenario que se encontraran incursos en causal de falta de capacidad absoluta o relativa. En consecuencia, la primera pretensi�n de la demanda se encuentra llamada al fracaso. No obstante, como quiera que dicha pretensi�n no es coherente con las dem�s peticiones, ni los hechos plasmados en el l�belo, se hace necesario hacer uso de la facultad otorgada al juzgador, para interpretar la demanda, para as� desentra�ar la verdadera intenci�n del demandante.

La H. corte Suprema de Justicia, se ha referido a la interpretaci�n de la demanda en los siguientes t�rminos: �Jurisprudencia y doctrina han dicho concordemente que cuando al tiempo de fallar el juez se encuentra frente a una demanda que no ofrezca la precisi�n y claridad debidas, bien sea en la forma como se hallan concebidas las s�plicas, ora en la exposici�n de los hechos, ora en los fundamentos de derecho o ya en las unas y en los otros, est� en la obligaci�n de interpretarla para desentra�ar la verdadera intenci�n del demandante, tarea en la cual debe tener en cuenta todo el conjunto de ese l�belo, sin aislar el petitum de la causa petendi, sino integr�ndolos como que los dos son parte de un solo todo; y adem�s, si ello fuere menester para precisar sus verdaderos sentido y alcance, las actuaciones desarrolladas por el actor en el curso del proceso.

Significa lo dicho que esta labor interpretativa del Juez, para que est� de acuerdo con su naturaleza y con su fin propios, no puede operar mec�nica ni ilimitadamente: no lo primero pues s�lo procede interpretar la demanda oscura e imprecisa, haci�ndolo racional y l�gicamente; tampoco lo segundo, pues que so pretexto de interpretaci�n no podr� el Juez, en verdad, alterar la pretensi�n deducida, ni los hechos sobre los cuales se funda �sta�� (C.S.J., Sent., 18 enero 1984,CLXXVI) Y para despejar cualquier duda, ha reiterado: �El texto de la demanda con la que se inicia el proceso, si bien debe ajustarse a determinados requisitos de forma (arts. 75 y 76 del C. de P.C.), y se debe estructurar de tal manera que haya precisi�n y claridad en lo que se pretende, no puede mirarse y examinarse con un criterio inflexible o con desmedido rigor como para que le impide al sentenciador buscar y obtener su verdadera naturaleza e intenci�n jur�dica.

El criterio de interpretar la demanda en forma razonable y l�gica, no ha impedido decidir, por ejemplo, la pretensi�n de simulaci�n de un negocio jur�dico cuando se comete por el liberalista la impropiedad de calificarlo de nulo. Precisamente ha sostenido la Corporaci�n que �la equivocada calificaci�n que a la especie se d� en las s�plicas de la demanda no tiene por qu� repercutir en el tratamiento jur�dico del caso, pues que corresponde al juzgador, y no a los litigantes, definir el derecho que se discute: iura novit curia� (G.J. CXII 142) (Sent. 20 de mayo de 1981, M.P. Dr: Alberto Ospina Botero) 4.

Con base en lo anterior, si bien es cierto que el actor solicita en su l�belo que se declare la nulidad del contrato, no lo es menos, que de los fundamentos f�cticos relacionados en los hechos de la demanda y de la segunda pretensi�n a que se hace alusi�n, se puede percibir que la verdadera intenci�n del demandante es que se imponga la sanci�n de que trata el art. 1824 del C�digo Civil, e incluso de �sta forma lo entendieron los demandados, quienes en sus respectivas contestaciones de la demanda, tambi�n tuvieron por cierto, que las pretensiones se originaron en lo normado por el citado art�culo 1824, por lo que el Tribunal entrar� a estudiar el caso en este sentido.

Es del siguiente tenor la norma que consagra el efecto jur�dico perseguido por el demandante: �ART. 1824.�Aquel de los dos c�nyuges o sus herederos, que dolosamente hubiera ocultado o distra�do alguna cosa de la sociedad, perder� su porci�n en la misma cosa, y ser� obligado a restituirla doblada�. De la lectura del art�culo trascrito, se tiene que la sanci�n all� consagrada, se encamina a constre�ir la conducta dolosa del c�nyuge que busca defraudar al otro respecto de los bienes sociales, bien sea, mediante actos que se acomodan al significado de ocultaci�n, o distrayendo bienes del haber social, es decir, separ�ndolos de la masa de la sociedad conyugal, disminuyendo as� la misma e incluso haciendo imposible su recuperaci�n por parte del afectado. 4.1.

Con base en las premisas que vienen de exponerse, debe precisarse de entrada, que el art�culo 1824 del C�digo Civil, no establece la anulabilidad del acto o contrato con que se configura la ocultaci�n o distracci�n de bienes de la sociedad conyugal, ya que lo contemplado en la norma en cita, es una sanci�n por �la conducta dolosa de uno de los c�nyuges que distraiga (es decir, aparte, desv�e o aleje) bienes de la masa partible, con la consecuente defraudaci�n para el otro, que se manifiesta en el hecho de su no participaci�n en ese bien, separado de la manera dicha de la masa social partible''.

(CSJ, Cas. Civil, Sent. abr. 25/91 M.P. H�ctor Mar�n Naranjo). En efecto, la norma da por sentado que el inmueble ya sali� del inventario social y se encuentra material y jur�dicamente en cabeza de un tercero, por lo que prev� una sanci�n valorable econ�micamente y equivalente a la p�rdida de la porci�n conyugal que habr�a tenido sobre dicho bien el c�nyuge distractor, m�s otro tanto.

La restituci�n que all� se establece, no es por tanto de una especie, sino del doble del importe del valor de la cosa perdida. 4.2. En cuanto a la naturaleza jur�dica de la sociedad conyugal en cuyo detrimento se enajena el bien, resulta preciso se�alar que, dicha sociedad es una entidad sui generis que se forma con el matrimonio, permanece durante �ste, y hasta cuando ocurra una causal de disoluci�n, momento en que pasa a ser una comunidad de bienes a liquidar, que es precisamente cuando viene a revelar verdaderamente los efectos jur�dicos que la sustentan, de all� que se haya asentado el aforismo conforme al cual la sociedad conyugal nace cuando se disuelve.

El patrimonio de la sociedad conyugal est� integrado por el haber absoluto y el haber relativo, siendo aqu�l el conformado por los bienes que constituyen gananciales Ganancial es toda adquisici�n de los c�nyuges durante la comunidad, juntos o separadamente, a t�tulo oneroso, y todo lo que durante el mismo tiempo, proviene de la actividad f�sica o intelectual de �stos.

En este orden de ideas, si la sociedad conyugal se hace patente cuando se disuelve, lo que a ella se lleva como liquidaci�n son los bienes existentes al momento de la liquidaci�n, las subrogaciones, recompensas, acumulaciones y por tanto, el rubro correspondiente a las sanciones como la que se viene comentando. Es claro, que el inventario que incluya los bienes sociales que en el interregno fueron enajenados dolosamente por uno de los c�nyuges, debe adecuarse a las respectivas condiciones f�cticas para mutar el bien, por el monto de la sanci�n legal y no por el bien en s� mismo, pues la doctrina tiene ampliamente aceptado que la sanci�n contemplada en el art�culo 1824 del C�digo Civil, se refiere al doble del valor del bien enajenado y no al doble del valor de la porci�n conyugal que se pierde. 5.

Ahora bien, debe entonces reparar esta Sala en el escrutinio de los requisitos legales para la imposici�n de la sanci�n. Al efecto, se tiene que, para que ello proceda, deben estar presentes los siguientes supuestos: Que se lleve a cabo un acto de ocultaci�n o distracci�n Que dicho acto recaiga sobre un bien social Que la ocultaci�n o distracci�n sea realizada por uno de los c�nyuges o sus herederos Que la ocultaci�n o distracci�n se hubiere llevado a cabo dolosamente. 5.1.

En relaci�n con el primer requisito, se hace necesario relievar que la sanci�n pecuniaria obedece, bien al ocultamiento o bien a la distracci�n, la acepci�n sem�ntica implica que Ocultar algo, seg�n el diccionario de la Real Academia Espa�ola, es �esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la verdad�; y Distraer significa �divertir, apartar, desviar, alejar�.

En este sentido, no es admisible el argumento sobre el cual se finc� la defensa de la demandada, atinente a que el actor ten�a pleno conocimiento de la negociaci�n del inmueble de marras, y que incluso, la autoriz�, toda vez que en el presente asunto, se trata de probar un acto fraudulento de distracci�n de un bien de la sociedad conyugal, el cual no siempre tiene que ser oculto.

Sobre este t�pico, la Jurisprudencia ha sostenido que: "Atendida, pues, la regla de hermen�utica consistente en que "las palabras de la ley se entender�n en su sentido natural y obvio, seg�n el uso general de las mismas palabras" �C.C., art. 28�, se infiere que la sanci�n de la que se trata est� destinada a reprimir aquella conducta dolosa del c�nyuge con la que se busca defraudar al otro con desmedro de sus intereses en la partici�n de los bienes sociales, vali�ndose ya de actos u omisiones que se acomodan al significado de la ocultaci�n, u ora distrayendo bienes, esto es, alej�ndolos de la posibilidad de ser incorporados en la masa partible, como se puede considerar todo acto de disposici�n de los mismos que conduzca a disminuir la masa de bienes sociales o a hacer dispendiosa o imposible su recuperaci�n por parte del c�nyuge afectado.

De all� que el acto fraudulento no siempre tiene que ser oculto. Tambi�n puede proyectarse la defraudaci�n con actos reales o aparentes que obren en instrumentos que tengan el car�cter de p�blicos, y que, celebrados dolosamente, apartan un bien del haber conyugal con desmedro o menoscabo de los intereses del c�nyuge v�ctima de ellos". (CSJ, Cas.

Civil, Sent. dic. 14/90). Establecido lo anterior, en el caso sub judice, se encuentra demostrado un acto de distracci�n de un bien social, pues de ello da cuenta la Escritura P�blica No. 3048 de 18 de julio del a�o 2001, cuyo contenido comprueba que en efecto se realiz� un contrato de compraventa, respecto al inmueble referido en los hechos de la demanda, y que �sta fue debidamente registrada en la Oficina de Instrumentos P�blicos del Municipio de Garagoa � Boyac�, tal y como se desprende del certificado de tradici�n y libertad del bien militante en el proceso, acto respecto del cual resulta para efectos del proceso, irrelevante si el acto conoc�a del mismo o n�; no obstante, y en gracia de discusi�n, se halla probado dentro de las presentes diligencias, que el se�or Libardo Valbuena para la �poca de la compraventa, se encontraba secuestrado por un grupo al margen de la ley, como se comprueba de la copia de la denuncia instaurada por su hermano ante el Cuerpo T�cnico de Investigaci�n � Unidad Local de Aguachica � Cesar, de la Fiscalia General de la Naci�n, obrante a folio 98 y s.s., por lo que de dicho contrato, s�lo tuvo conocimiento con posterioridad. 5.2.

As� mismo, no hay duda respecto a la calificaci�n de social del inmueble objeto de la compraventa, m�xime que sobre el particular, la demandada no hizo reparo alguno; por el contrario, obra en el proceso la actuaci�n surtida ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa � Boyac�, dentro de la cual se evidencia que la demandada Magda Yadira Valc�rcel Parra, instaur� demanda de Divorcio Contencioso de Matrimonio Religioso, en contra de Libardo Valbuena Galvis, proceso que culmin� mediante la aprobaci�n de un acuerdo conciliatorio, al que llegaron los contrayentes en la audiencia de conciliaci�n, acuerdo con base en el cual se decret� la cesaci�n de los efectos civiles del matrimonio cat�lico, y se declar� disuelta la sociedad conyugal, precis�ndose que la misma debe liquidarse de acuerdo a la ley, actuaci�n dentro de la cual se encuentra relacionado el inmueble sobre el cual versa la controversia, que incluso fue objeto de medidas cautelares dentro del proceso, con lo que se demuestra que el mismo hace parte del haber social.

La anterior actuaci�n de la demandada, conllev� a dejar dicho bien fuera de la masa de la sociedad conyugal, que se encontraba en estado de disoluci�n, sin haber tenido en cuenta �sta, que una vez disuelta la sociedad conyugal, los c�nyuges s�lo pueden disponer libremente de los bienes propios. Sobre el tema, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha venido sosteniendo que: "Desaparecida la incapacidad civil de la mujer casada mayor de edad y la jefatura �nica de la sociedad conyugal por parte del marido, por virtud de la Ley 28 de 1932, tanto �ste como aqu�lla h�llanse facultados para administrar y disponer libremente de sus bienes, entendiendo por tales los de su exclusiva propiedad y los que, a pesar de tener el car�cter de gananciales, se radican en cabeza de uno o de otro.

Porque, como lo interpret� la Corte desde 1937, " la sociedad (conyugal) tiene, desde 1933, dos administradores, en vez de uno; pero dos administradores con autonom�a propia, cada uno sobre el respectivo conjunto de bienes muebles e inmuebles aportados al matrimonio o adquiridos durante la uni�n, ya por el marido, ora por la mujer" (G.J., t. XLV, p�gs. 630 y ss.).

Obs�rvese que esta facultad de administrar y de disponer libremente de los bienes, se ve recortada cuando la sociedad se disuelve; ahora, como quiera que dentro del plenario obra la prueba fehaciente de la disoluci�n de la sociedad conyugal del actor y la demandada, f�cil resulta concluir que a partir de �ste acontecimiento, cada uno de los esposos s�lo pod�a disponer de los bienes que sean suyos exclusivamente.

Es as� como emerge la indivisi�n o comunidad de gananciales, y mientras perdure este estado, es decir, que durante el per�odo de liquidaci�n, partici�n y adjudicaci�n de bienes, cada c�nyuge pierde la facultad que ten�a de administrar y de disponer libremente de los bienes sociales, siendo la consecuencia, del desconocimiento de esta situaci�n, la sanci�n a que nos hemos venido refiriendo en esta providencia. 5.3.

En lo referente al requisito, para auscultar la presencia de dolo en la compraventa de bienes sociales, que ocupa la atenci�n de la Sala, se acude desde ya a algunas de las definiciones m�s difundidas, una de ellas proclamada por Pothier y seg�n la cual �el dolo es toda especie de artificio de que alguien se sirve para enga�ar a otro�, frente a la acepci�n contenida en nuestro C�digo Civil Colombiano que la prev� como la �intenci�n positiva de inferir da�o� (art�culo 63) a trav�s de conductas aptas para inducir a otra persona a celebrar un acto jur�dico o a aceptar ciertas condiciones de �ste.

Dicho presupuesto, tambi�n se evidencia del contenido de la Escritura P�blica No. 3048 de 18 de julio de 2001, dentro de la cual se advierte que la c�nyuge demandada, compareci� a suscribir el contrato de compraventa del bien social, manifestando su voluntad de transferirlo a t�tulo de venta a favor de un tercero, declarando en la cl�usula sexta del referido contrato, que el inmueble �es de su plena y exclusiva propiedad�, cuando la realidad procesal indica que el bien objeto del contrato, pertenec�a a la masa de la sociedad conyugal, con lo que tal elemento se tiene por cumplido.

Aunado a lo anterior, en efecto se logr� probar que el valor consignado en el contrato de compraventa, no corresponde al realmente recibido por la demandada, tal y como �sta lo admiti� en la diligencia de interrogatorio de parte, lo que coadyuva a tener por probado que la participaci�n de la demandada en la compraventa fue dolosa, no solo por distraer el inmueble del haber social con el �nimo de que �sta no hiciera parte de la liquidaci�n, sino por disponer a su arbitrio de los dineros recibidos por concepto de la venta, utiliz�ndolos en la compra de un apartamento en la ciudad de Bogot�, del cual figura como �nica titular de dominio, y de unos equipos de medicina est�tica, que en la actualidad explota econ�micamente, proceder que a todas luces, va en desmedro de los intereses del actor.

En este punto, no puede ser admisible el argumento esgrimido por la demandada, referente a que tuvo que vender el inmueble para garantizar la vivienda a sus hijos, ante la posibilidad de que el mismo fuera rematado por cuenta la entidad bancaria, a favor de la cual ten�a un gravamen hipotecario, pues de la revisi�n del certificado de tradici�n del inmueble objeto del contrato, no se advierte que sobre �ste, hubiere pesado ni siquiera una medida de embargo o que por parte de la Caja Agraria en Liquidaci�n, se hubiere iniciado proceso ejecutivo para obtener el pago cr�dito respaldado con la garant�a hipotecaria, evidenci�ndose de este modo, que el mero temor de la demandada de incumplir el pago de las cuotas del pr�stamo al haber perdido su empleo, no pueda justificar el acto distractor del bien.

Corolario a lo anterior, la demandada hubiera podido acudir a la figura contemplada en el art�culo 602 del C�digo de Procedimiento Civil, para lograr que el Juez autorizar� la venta en p�blica subasta del inmueble y as� lograr el pago de la deuda, pero prefiri� proceder a efectuar por su propia cuenta la venta del inmueble, por lo que debe correr con las consecuencias legales que dicho acto distractor le acarrea.

En un caso similar al materia de an�lisis, la Corte Suprema de Justicia, se�al�: �En verdad, si el sentenciador dio por sentado que el inmueble del que ac� se trata pertenece al haber conyugal y que la sociedad de bienes se hallaba disuelta y en estado de liquidaci�n, no queda duda sobre que la demandada lo vendi� sin ser suyo, mas esa venta de cosa ajena, v�lida y leg�tima en frente del comprador, de por s� no excluye que tal acto jur�dico sea el que haya servido de instrumento para que el c�nyuge vendedor, de ese modo colocado en la posici�n de distractor, concluyera su itinerario fraudulento, por lo que en relaci�n el con c�nyuge que tiene derechos sobre el mismo objeto sea dable imponerle la sanci�n contemplada en el art�culo. 1824� 6.

Finalmente, se ha discutido si lo que debe restituirse doblado es todo el bien o solamente la porci�n que en este ten�a quien lo ocult� o distrajo, pero tanto la doctrina, como la jurisprudencia, han concluido por sostener que la restituci�n doblada se refiere a todo el bien, porque lo ocultado o distra�do es �ste y no la porci�n �nicamente.

No obstante, la restituci�n doblada no en todos los casos, implica la devoluci�n de la cosa y de su valor en dinero, toda vez que si dicho bien no existe ya en cabeza de ninguno de los c�nyuges, o es imposible recuperarlo, por encontrarse en cabeza de un tercero adquirente�como sucede en el sub judice-, la restituci�n comprende el doble de su valor. 6.1.

As� las cosas, advierte la Sala que se impone la anterior teor�a, por encima de la solicitada en la demanda, toda vez que la disposici�n no extiende el efecto sancionatorio all� estipulado, a los terceros que hubieren hecho parte en el acto o contrato celebrado sobre el bien social, pues no se les llama por la legislaci�n a responder solidaria ni conjuntamente o de modo diverso con el c�nyuge distractor, por el monto de la multa restitutoria. 7.

Lo anteriormente expuesto, tambi�n sirve de fundamento para dilucidar la situaci�n del demandado Wilson Marcelo Roldan Barreto (tercero comprador) frente al negocio que da origen a la sanci�n, sin embargo, hay que relievar que los bienes sociales o potencialmente destinados a hacer parte de la masa liquidatoria de la sociedad conyugal, no est�n fuera del comercio, por lo que el contrato perfeccionado sobre ellos, no puede afectar el derecho constituido a favor de terceros de buena fe, en virtud a que �stos �se �tera- no son llamados a restituir especie, porci�n o suma alguna.

De ah�, que de contera se abra paso la prosperidad de la excepci�n formulada por el demandado en cita, denominada: �No tener Wilson Roldan v�nculo sustancial con las eventuales discrepancias entre Libardo Valbuena y Magda Valc�rcel�, debido a que la sanci�n indicada en la norma 1824 del C�digo Civil, no comprende al tercero comprador del bien distra�do, quien por obvias razones no hace parte de la sociedad conyugal formada entre los se�ores Valbuena y Valc�rcel, y frente a quien la venta resulta totalmente v�lida.

En consecuencia, dicho demandado debe ser excluido del tr�mite del presente proceso, por falta de legitimaci�n por pasiva, ya que �ste no fue llamado por el legislador a responder por la sanci�n de que trata el art�culo. 1824 de la ley sustantiva. Corolario a lo anterior, el Tribunal se abstiene de examinar las dem�s excepciones formuladas por �ste demandado, en virtud a hallarse probada la excepci�n antes referida, que conduce a rechazar las pretensiones de la demanda en contra del citado demandado.

(Art�culo. 306 del C. de P.C.). 8. Ahora, respecto a la tercera pretensi�n mediante la cual el actor solicit� la inoponibilidad del contrato de compraventa, de plano resulta improcedente, ya que si bien al tenor de lo dispuesto en el art�culo 82 de la ley adjetiva, pueden tramitarse y decidirse por econom�a una pluralidad de pretensiones al arbitrio del demandante, la procedencia de la acumulaci�n no queda al amparo de su absoluta libertad ya que est� limitada por la incompatibilidad que las varias pretensiones tengan entre s�.

En efecto, del contenido de la norma antes citada, se establece que deben concurrir ciertos requisitos que son: a) Que el juez sea competente para conocer de todas, con la salvedad prevista en el mismo numeral 1�. de esa misma norma; b) Que a todas las que se agregan corresponda el mismo procedimiento y, c)Que las agregadas no se excluyan entre s�, a menos que se trate de una acumulaci�n subsidiaria. �Lo anterior quiere decir que la incompatibilidad de las pretensiones, como �bice insalvable para su debida acumulaci�n, puede ser de orden material o de orden procesal.

Habr� incompatibilidad materia o natural �y por esto la acumulaci�n deja de ser l�gica y legalmente posible- cuando los efectos jur�dicos de dichas pretensiones no pueden coexistir por se antag�nicos o excluyentes; y existir� incompatibilidad procesal �que tambi�n veda la acumulaci�n- cuando el juez no es competente para conocer de todas las pretensiones agregada, o cuando a todas ellas no les corresponde, seg�n la ley, el mismo e id�ntico procedimiento.

Advirti�ndose adem�s que cuando se trata de s�plicas que ata�en a una dualidad de relaciones jur�dicas que no pueden coexistir por se antit�cnicas, la ley posibilita su acumulaci�n pero solamente en forma eventual o subsidiaria. (Corte Suprema, noviembre 15 de 1983) 8.1. Entonces, cuando el actor en el respectivo libelo, pretende por una parte la declaraci�n de nulidad de un contrato, que se refiere a una sanci�n de un acto de disposici�n de intereses, por estar transgrediendo normas imperativas, buenas costumbres o de pronto normas que se han consagrado para la protecci�n de incapaces, y por la otra, la inoponibilidad del mismo, que no implica un juicio de valor negativo sobre el contrato, dichas pretensiones se encuentran abiertamente excluidas entre si, puesto que la inoponibilidad �no es una sanci�n que se impone al negocio, esto es, que �ste en s� mismo existe, tanto frente a las partes, como a terceros, mientras que en aquella el negocio existe solo que no produce efectos frente a otros (S-045-95 C. S. de J.)�, en consecuencia, al tratarse de acciones provenientes de actos de distinta clase, su s�lo enunciado bastar�a incluso para comprender que son excluyentes, de all� la improcedencia de la tercera pretensi�n. 9.

En este orden de ideas, tenemos que efectivamente a la se�ora Magda Yadira Valc�rcel Parra, debe impon�rsele la sanci�n a que hace referencia el art�culo 1824 del C.C., consistente en que pierda la porci�n a que tuviere derecho sobre el inmueble ubicado en la Carrera 14 No. 12-50 o Calle 13 No. 13-43 (esquinero) del Municipio de Garagoa (Boyac�), orden�ndosele que proceda a restituir a la sociedad conyugal formada con el aqu� demandante, el doble del valor comercial que el inmueble ten�a para la fecha de su venta, es decir, para el 18 de julio del a�o 2001, correspondiente a la suma de $80�000.000.oo Mcte., seg�n lo contenido en el dictamen pericial decretado en esta instancia, respecto del cual ninguno de los extremos de la litis formulara objeci�n alguna.

Sin embargo, estima la Sala que a dicho valor deber� rest�rsele, el pagado por concepto de la deuda social que ten�a la sociedad conyugal, con la Caja Agraria, en cuant�a de $15�000.000.oo Mcte., y que seg�n las pruebas militantes dentro del proceso, fue pagada en su totalidad por la demandada con parte del dinero que recibi� por concepto de la compraventa de marras, toda vez, que la sociedad conyugal est� obligada al pago de las deudas sociales, entre las que se encontraba, la antes referida, pues no se demostr� dentro de lo actuado que se tratase de un gasto personal de la demandada.

En conclusi�n, al valor del inmueble distra�do ($80�000.000.oo) Mcte., se le descuenta el rubro correspondiente a la deuda social ($15�000.000.oo) Mcte., lo que arroja como resultado, la suma de $65�000.000.oo Mcte., que doblada, asciende a $130�000.000.oo Mcte., siendo �sta la que deber� restituir la demandada a la sociedad conyugal, por concepto de la sanci�n de que trata el art�culo 1824 del C�digo Civil.

III. DECISION En virtud a lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de veintid�s de agosto de dos mil seis proferida por el se�or Juez Treinta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad, y en su lugar, R E S U E L V E 1.

DECLARAR probada la excepci�n �No tener Wilson Roldan v�nculo sustancial con las eventuales discrepancias entre Libardo Valbuena y Magda Valc�rcel�, y por ende excluir al se�or Wilson Marcelo Roldan Barreto, como demandado del presente proceso. 2. CONDENAR a la se�ora MAGDA YADIRA VALCARCEL PARRA, a perder la porci�n a que tuviere derecho, sobre el inmueble de car�cter social, ubicado en la Carrera 14 No. 12-50 o Calle 13 No. 13-43 (esquinero) del Municipio de Garagoa (Boyac�), distinguido con la Matr�cula Inmobiliaria No. 078-0002339. 3.

CONDENAR a la se�ora MAGDA YADIRA VALCARCEL PARRA, a restituir a la masa de bienes correspondiente a la sociedad conyugal formada con el se�or Libardo Valbuena Galvis, disuelta pero no liquidada a�n, la cantidad de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($130�000.000.oo), suma equivalente al doble del valor comercial del inmueble, para la �poca de su enajenaci�n, luego de restado el valor de la deuda social. 4.

COMUNICAR lo aqu� dispuesto al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Garagoa � Boyac�, para lo de su cargo. 5. CONDENAR en costas de ambas instancias a la demandada MAGDA YADIRA VALCARCEL PARRA a favor del actor LIBARDO VALBUENA GALVIS. T�sense. 6. CONDENAR en costas de ambas instancias al demandante LIBARDO VALBUENA GALVIS a favor del demandado WILSON MARCELO ROLDAN BARRETO., ante la prosperidad de la excepci�n que por �ste �ltimo fuera formulada.

T�sense. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y DEVU�LVASE Los Magistrados, ARIEL SALAZAR RAM�REZ 2003 00588 01 EDGAR CARLOS SANABRIA MELO 2003 00588 01 LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ 2003 00588 01 SALVAMENTO DE VOTO Con el respeto de siempre procedo a consignar las razones de mi disentimiento frente a la decisi�n de mayor�a, que considerando que � si bien lo pretendido por el demandante es la declaratoria de nulidad del contrato de compraventa�, dedujo que � la verdadera intenci�n del demandante es que se imponga la sanci�n de que trata el art. 1824 del C�digo Civil.

El numeral 5 del art�culo 75 del C�digo de Procedimiento Civil, impone al demandante la obligaci�n de expresar con claridad y precisi�n las pretensiones de la demanda, y el numeral siguiente �los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados y clasificados�, exigencias que encuentran justificaci�n por ser la demanda el acto m�s importante de la relaci�n jur�dico-procesal, en cuanto de un lado demarca los l�mites en que debe actuar el juez al dispensar el derecho, y del otro, le permite al demandado ejercitar el derecho de defensa dentro del contorno que se le ha planteado, o lo que es lo mismo, una vez trabada la relaci�n jur�dico-procesal queda definido el �mbito dentro del cual ha de desenvolverse el proceso, puesto que la demanda y la contestaci�n atan y vinculan a las partes y de paso delimitan la decisi�n del juzgador.

Por otra parte, es indiscutible que cuando la demanda en el campo de las pretensiones o en el de los hechos no es lo suficientemente clara y precisa debe ser interpretada por el juzgador en su conjunto. Sin embargo, cuando las s�plicas son claras y precisas, el sentenciador no tiene atribuciones para pronunciarse al momento de fallar sobre pretensiones no propuestas porque entrar�a a modificar el libelo y no a interpretarlo.

En el caso de cuya decisi�n me separo, aparece con absoluta nitidez, tanto en la demanda inicial como en la adecuaci�n de las pretensiones solicitada por el a-quo, que la pretensi�n principal en definitiva se dirigi� a que � se declare la nulidad de la escritura p�blica 3048 de 18 de julio de 2001 de la Notar�a 1 del C�rculo de Bogot� �, invoc�ndose como hecho central que � los demandados obraron en forma dolosa, �.

Por consiguiente, ante los precisos y di�fanos t�rminos en que se estableci� la s�plica principal y el hecho cardinal en que se hizo descansar la nulidad, se tornaba innecesaria la labor interpretativa de la demanda que hace la mayor�a, porque nada hay de abstruso o vago en ella ni est� resentida en su claridad, y por esa v�a se termin� sustituyendo al demandante en el cumplimiento del deber que tiene en relaci�n con esa pieza fundamental del proceso.

Patentiza la anotada sustituci�n del actor, todo el discurrir que trae la providencia mayoritaria encaminado a establecer � que el contrato de compraventa contenido en la Escritura P�blica No. 3048 de 18 de julio de 2001, se celebr� con el lleno de los requisitos legales �, para luego desembocar acogiendo una pretensi�n totalmente diferente como fue la de imponer la sanci�n prevista en el art�culo 1824 del C�digo Civil, norma que ni siguiera se invoc� expresamente en los fundamento de derecho del libelo, pretensi�n para la que jam�s se otorg� poder, pues �ste lo fue para � obtener la declaraci�n de nulidad y en subsidio rescisi�n por lesi�n enorme �.

En resumen, por v�a de interpretar la demanda que con toda claridad solicitaba la declaraci�n de nulidad de un contrato de compraventa, se termin� fallando sobre una cuesti�n no pedida por el demandante y acogiendo una pretensi�n de naturaleza esencialmente sancionatoria, que por estar por fuera del �mbito del desarrollo de la litis, no es respuesta acompasada a lo implorado, proceder que a mi modo de ver, no solo viola el derecho de defensa del extremo demandado, sino que torna el fallo de mayor�a en incongruente.

Sobre el principio de la congruencia la Corte Suprema de Justicia, en reiterada doctrina tiene sentado: �Exceptuando los precisos casos en que se pueden actuar ex�officio, los jueces civiles tienen condicionado su poder decisorio a lo que los asociados demanden expresamente su intervenci�n y les est� limitado por los asuntos que �stos les demarquen en las pretensiones que ejerciten en la demanda o por el contenido de las excepciones que sean propuestas.

El fallador, pues, no puede, sin desbordar los l�mites de su potestad, resolver temas que no hayan sido propuestos oportunamente por las partes, y tampoco puede, desde luego que se reclama su intervenci�n para desatar el litigio, dejar sin decisi�n materias de las que fueron sometidas a su composici�n. Por ello, de manera terminante ordena el art�culo 304 del C. P. Civil, que la parte resolutiva de la sentencia deber� contener decisi�n expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda y de las excepciones, y el 305 siguiente puntualiza que el fallo deber� ser consonante con esas pretensiones y con las excepciones dichas.

La resoluci�n judicial entonces debe ser respuesta acompasada con lo pedido por el demandante y con las defensas del demandado; no puede exceder esos l�mites y tampoco puede dejar sin desatar los precisos temas que fueron sometidos a su decisi�n. �Si el petitum de la demanda y de las excepciones del contradictor se�alan el campo en que puede y debe moverse el juez, resulta patente que si �ste falla por fuera de lo pedido, o condena a m�s de lo suplicado, o deja sin resoluci�n materias en que fueron sometidas oportuna y legalmente, entonces comete un claro yerro in procedendo y quebranta de manera franca el principio de la congruencia de las sentencias, en virtud del cual, como ya se dijo, el fallo debe ser una respuesta acompasada con cada una de las pretensiones deducidas y de las excepciones propuestas. �Pero la incongruencia no solo se presenta cuando confrontadas las resoluciones de la sentencia con las peticiones y defensas de las partes se observa que el fallo es extra, ultra, o m�nima petita, porque puede acaecer que a pesar de existir armon�a cabal entre aquellas y �stas, se presente el fen�meno de la incongruencia, como cuando demand�ndose la nulidad del proceso con fundamento en la incompetencia del fallador, se declara el vicio, pero con apoyo en otra causal no alegada, como la de haberse omitido el t�rmino para pedir pruebas. �La sentencia para ser congruente debe decidir solo sobre los temas sometidos a composici�n del juez y con apoyo en los mismos hechos alegados como causa petendi, pues si se funda en supuestos f�cticos que no fueron oportunamente invocados por las partes, lesionar�a gravemente el derecho de defensa del adversario, al sorprenderlo con hechos de los que, por no haber sido alegados, no se hab�a dado oportunidad para contra decirlos.

Tal el fundamento para afirmar que igual da condenar a lo no pedido, que acoger una pretensi�n deducida, pero con causal distinta a la invocada, es decir con fundamento de hecho no alegados�. (Sent. 325 de 29 de agosto de 1988. Sala de Casaci�n Civil) En otra de tantas oportunidades, reiter�: �Por raz�n del principio dispositivo que en gran medida gobierna el procedimiento civil, desde el punto de vista del actor es �ste quien en su demanda traza los l�mites de su pretensi�n. Esos l�mites, obviamente, repercuten o se proyectan sobre el Juez, a quien al decidir el conflicto, no le est� permitido rebasar el contenido de aquella.

La sentencia, pues, debe armonizar con la pretensi�n de un modo tal que no aparezca proveyendo ni por objeto distinto del reclamado � inconsonancia por extra petita -, ni condenando al demandado por cantidad superior a la solicitada inconsonancia por ultra petita-, ni concedi�ndole al demandante m�s de lo que prob� en el proceso � inconsonancia plus petita-, todo de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 305 del C. de P.C.� (Sent. 019 de 1988 Sala de Casaci�n Civil).

Dej� en lo anteriores t�rminos salvado el voto. Bogot�, 24 de febrero de 2008. EDGAR CARLOS SANABRIA MELO Magistrado Proceso ordinario de LIBARDO VALBUENA VS. MAGDA YADIRA VALCARCEL Y OTRO. 2003 00588 01 /� � � � � & ? @ � � � � � � p�� q��wxz��%�% &&��ӿ��Ә��ӿ}k��`Ӡh2�6�]�mH sH "h2�CJOJQJ^JaJmH sH h2�mH sH h2�6�]�mH $sH $h2�mH sH h2�mH $sH $h2�CJOJQJ^JaJ h2�6�CJOJQJ]�^JaJ&h2�5�6�CJOJQJ\�]�^JaJh2�h�E&h�Eh�E5�6�CJOJQJ^JaJ h�E5�6�CJOJQJ^JaJ%� � � � � � @ A B � � � � )Bmno��$a$$�p��^�p`��a$$�p��^�p`��a$ ��^��`��`��$a$$a$gd�Eop�� |}��BCpq�� 5$7$8$9DH$��`��$��5$7$8$9DH$^��`��a$$dha$$a$��rswx��xy�� $�$�%�%��$d�a$$��dh`��a$ 5$7$8$9DH$$dha$�% &&P'Q'�*�*�+�+�+�+�+�,�,�.�1�1�3�3��$dha$ 5$7$8$9DH$��`��$��`��a$$��d�^��a$ ��5$7$8$9DH$`��$��dh`��a$$��d�^��`��a$&e&k&�+�+�+�+�,�,�1�1�3�3�3�34q5s5�9�9�9�9B:C:�:;�;�;�;==��͹��k�Y��Oh2�5�6�\�]�"h2�CJOJQJ^JaJmH $sH $(h2�6�CJOJQJ]�^JaJmH $sH $ h2�6�CJOJQJ]�^JaJh2�CJOJQJ^JaJh2�mH sH "h2�CJOJQJ^JaJmH sH &h2�5�6�CJOJQJ\�]�^JaJ.h2�5�6�CJOJQJ\�]�^JaJmH $sH $h2�mH $sH $h2�6�]�mH sH h2�mH sH 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R^2RNormal (Web)�d�d[$\$OJPJQJ^JzB@BzTexto independiente$dh5$7$8$9DH$a$CJOJQJ^JaJmH sH 8)@�Q8N�mero de p�gina\@b\ Encabezado ��8!5$7$8$9DH$CJaJmH sH b @rb Pie de p�gina �C�"5$7$8$9DH$CJaJmH sH @�@Texto nota pieCJaJB&��BRef. de nota al pieH*�T@��Texto de bloque.$��Sdh5$7$8$9DH$]��^�Sa$"6�CJOJQJ]�^JaJmH sH jC@�jSangr�a de texto normal$��dh`��a$CJOJQJPK!��[Content_Types].xml��j�0E��ж�r�(��΢Iw},��-j��4 ��w�P�-t#bΙ{U��T�U^h�d}㨫��)��*1P�'�� ^��W��0)��T�9<�l�#��$yi}��;�~@��(��H��u�*Dנz��/0�ǰ��$��X��3aZ��,�D0j~�3߶�b��~i>��3�\`�?�/�[��G��\�!�-�Rk.�s�Ի�..��a濭?��PK!�֧��6_rels/.rels��j�0���}Q��%v/��C/�}�(h"��O� ��=�� C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0��O�R�Bd��JE�4b$��q_��6L��R�7`��0̞O��,�En7�Li�b��/�S��e��е��PK!ky��theme/theme/themeManager.xml�M � @�}�w��7c�(Eb�ˮ��C�AǠҟ��7��՛K Y,� �e�.��|,��H�,l��xɴ��I�sQ}#Ր�� ֵ+�!�,�^�$j=�GW��)�E�+& 8��PK!&lT�Rtheme/theme/theme1.xml�YMoE�#�F{oc'vGu�رH�F�[��xw�;��jf��7��q�7��J\ʯ A��xgfw��I�FPA}H��1^�3tH��<i{��5��M¶w{ؿ��!�p`��Dz�6��*^W� 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