Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: ORD. 3023

Sala: SALA DE FAMILIA

Ponente: Jesael Antonio Giraldo Castaño

Fecha: 2003-03-31

Sujetos procesales: ANA MATILDE CHAPARRO / PEDRO ANTONIO CRISTANCHO ALVAREZ

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SALA DE FAMILIA Bogot� D.C., treinta y uno (31) de marzo del a�o dos mil tres (2.003). REF: PROCESO ORDINARIO DE ANA MATILDE CHAPARRO EN CONTRA DE PEDRO ANTONIO CRISTANCHO ALVAREZ (APELACION SENTENCIA). Magistrado Ponente: JESAEL ANTONIO GIRALDO CASTA�O. Discutido y aprobado en Sala del d�a cuatro (4) de marzo del a�o dos mil tres (2.003), seg�n consta en el acta No. 04.

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelaci�n interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro (4) de octubre del a�o dos mil dos (2.002), proferida por el Juzgado Segundo (2�) de Familia de esta ciudad, dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES 1�.- La se�ora ANA MATILDE CHAPARRO PATI�O, actuando a trav�s de apoderada debidamente constitu�da, en su condici�n de exc�nyuge, present� demanda en contra del se�or PEDRO ANTONIO CRISTANCHO ALVAREZ, para que, previos los tr�mites legales correspondientes, en sentencia se hagan las siguientes declaraciones y condenas: 1.1.-�Se rescinda la particion (sic) realizada dentro de la liquidaci�n de la sociedad conyugal de los se�ores ANA MATILDE CHAPARRO PATI�O y PEDRO ANTONIO CRISTANCHO ALVAREZ, que curs� en el Juzgado D�cimo de Familia de esta Ciudad, aprobada mediante sentencia dictada el 18 de diciembre de 1.995 dada la lesi�n enorme de que adolece la mencionada partici�n. 1.2.- �Se ordene rehacer los inventarios y avaluos (sic) por cuanto son la causa aparente de la defraudaci�n del patrimonio de la demandante. 1.3.- �Se ordene que los bienes de los cuales se dispuso en la partici�n vuelvan a estar en cabeza de quien se encontraban. 1.4.- �Se ordene la cancelaci�n del registro de la sentencia del 18 de diciembre de 1.995 hecha ante la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos. 1.5.- �Se ordene rehacer la partici�n, dentro de esta sociedad conyugal de las partes. 1.6.- �Se condene a la parte demandada en favor de la demandante a pagar los perjuicios ocasionados por esta liquidaci�n que origin� la lesi�n enorme aqu� solicitada en cuant�a de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) o la que resulte probada dentro del proceso. 1.7.- �Se condene en costas a la parte demandada�. 2o.- Como fundamento de las pretensiones expuso los hechos que a continuaci�n se sintetizan: 2.1.- En el Jugado 10� de Familia de Bogot� se adelant� el proceso de separaci�n de cuerpos de ANA MATILDE CHAPARRO en contra de PEDRO ANTONIO CRISTANCHO. 2.2.- Disuelta la sociedad conyugal habida por el acto del matrimonio, se llev� a cabo la liquidaci�n de la sociedad conyugal, en la cual el d�a 2 de agosto de 1.995, el apoderado del demandado present� la relaci�n del inventario y los aval�os de los bienes, en la siguiente forma: 2.3.- En el activo, se relacionaron como bienes sociales, cuatro partidas, as�: Partida Primera, constituida por las mejoras consistentes en reparaciones sobre el inmueble ubicado en la carrera 94 No. 47-15 y la edificaci�n levantada al efecto sobre el lote de terreno No. 2, Manzana 4, Urbanizaci�n Villa Blanca de Fontib�n, avaluadas en $5.000.000.oo..

Segunda partida: bienes muebles, que no son de propiedad de la sociedad conyugal CRISTANCHO CHAPARRO, porque pertenecen y han correspondido a SONIA PATRICIA RAM�REZ DE SIERRA, con un aval�o superior al real. Partida tercera: constitu�da por una tienda de expendio de licores que no exist�a al momento del inventario y la partida cuarta: constitu�da por un cr�dito a favor de la sociedad conyugal y a cargo de la c�nyuge, que no fue respaldada con t�tulo ejecutivo y que no fue aceptada por la c�nyuge, el apoderado no asisiti� a la audiencia de presentaci�n del inventario y los aval�os de los bienes, por lo que se viol� el art�culo 600 del C. de P.C.. 2.4.- En el cap�tulo de Bienes personales de los c�nyuges, se relacionaron dos partidas, as�: Partida quinta, constitu�da por un derecho sobre el lote de terreno No. 2, Manzana 4, Urbanizaci�n Villa Blanca de Fontib�n, adquirido por Pedro Antonio Cristancho Alvarez, por adjudicaci�n en sentencia del 20 de agosto de 1.985, proferida por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogot�, protocolizada mediante escritura No. 1.893 del 3 de abril de 1.987 de la Notar�a 29 de Bogot�, se le asign� un aval�o de $10.000.000, cuando su valor real, para la �poca de presentaci�n del inventario y los aval�os, era superior a $15.000.000 y la partida sexta: constitu�da por las mejoras hechas por el demandado sobre el lote de terreno sobre el cual ten�a su derecho, consistente en una edificaci�n de la vivienda de dos plantas, con servicios de agua, luz y tel�fono. La construcci�n fue levantada por los c�nyuges durante la sociedad conyugal. 2.5.- En el cap�tulo de pasivo de la sociedad conyugal, se relacionaron tres deudas, as�: un cr�dito a favor de Arcadio C�rdenas, acreedor que desempe�aba el cargo de �vigilante�, para cuando se present� el inventario y los aval�os; dos cr�ditos, uno por $1.500.000 y otro, por $1.080.000, a favor de Mar�a Cecilia D�az de Chaparro, persona que no existe y quien podr�a ser en realidad Mar�a Cecilia D�az de Camacho, quien fue compa�era permanente de Pedro Antonio Cristancho Alvarez. 2.6.- El inventario y los aval�os as� concebidos quedaron ejecutoriados. 2.7.- Posteriormente se decret� la partici�n, design�ndose al encargado de elaborarla. 2.8.- El partidor, para hacer las adjudicaciones, elabor� tres hijuelas, una para PEDRO ANTONIO CRISTANCHO ALVAREZ, otra para ANA MATILDE CRISTANCHO PATI�O y otra, en com�n y proindiviso entre los acreedores de CECILIA DIAZ DE CHAPARRO y ARCADIO CARDENAS PI�EROS. 2.9.- Correspondi� a la hijuela n�mero uno, el lote de terreno y las mejoras descritos en las partidas 5� y 6� del cap�tulo de bienes personales de los c�nyuges, bienes que son de la sociedad conyugal y corresponden a los socios, el 50% del cr�dito descrito en la partida cuarta del activo y algunos muebles a que se refiere la partida segunda del activo, bienes que carecen de t�tulo ejecutivo aceptado por la c�nyuge y los segundos, son muebles de propiedad de un tercero, diferente de la sociedad conyugal CRISTANCHO CHAPARRO. 2.10.- La hijuela del demandado asciende a la suma de $19.825.000. 2.11.- En la hijuela No. 2, a favor de ANA MATILDE CHAPARRO PATI�O, se le adjudic� el cr�dito descrito en la partida cuarta del activo y el bien descrito en la partida 3� del activo y algunos bienes muebles. 2.12.- La hijuela de la demandante, suma $4.825.000, es decir, $15.000.000 menos que el c�nyuge demandado. 2.13.- En la hijuela No. 3, de pasivos, se adjudic� en com�n y proindiviso, entre los acreedores de CECILIA DIAZ DE CHAPARRO y ARCADIO CARDENAS PI�EROS, bienes muebles por valor de $1.580.000 y mejoras consistentes en reparaciones y ampliaciones, por valor de $5.000.000. 2.14.- La adjudicaci�n hecha a los acreedores, suma $6.580.000. 2.15.- Aunque a la demandada se le adjudic� la tienda que aparece relacionada en el inventario, nunca la recibi�. 2.16.- El demandado PEDRO ANTONIO CRISTANCHO ALVAREZ s� recibi� el inmueble que le fue adjudicado, pues aparece inscrito como propietario y ejerce la posesi�n sobre el inmueble. 2.17.- La demandante no recibi� ning�n bien como gananciales, como producto de la liquidaci�n de la sociedad conyugal. 2.18.- El valor de los bienes relacionados en los inventarios y aval�os se encuentra distribuido en la partici�n, en valores equivalentes, dando la apariencia de equilibrio en las adjudicaciones. 2.19.- Al presentar el inventario y los aval�os dentro del traslado de la partici�n, la demandante no formul� objeci�n alguna a trav�s de su apoderado y no pod�a hacerlo directamente por carecer de derecho de postulaci�n. 2.20.- Dada la ruina econ�mica a que qued� sometida la se�ora CHAPARRO PATI�O desde la terminaci�n del proceso y al ser expulsada de su casa, la demandada se vi� abocada a pedirle a sus hijos y a sus amigos, alimento y habitaci�n. 2.21.- La demandante estima que la liquidaci�n de la sociedad conyugal le ha causado perjuicios morales y materiales, los cuales estima en la suma de $3.000.000 y $1.000.000, respectivamente.

A C T U A C I O N P R O C E S A L: 3.- La demanda le correspondi� por reparto al Juzgado Segundo (2�) de Familia, quien la admiti� por auto del dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1.997), ordenando notificar al demandado y correrle el traslado respectivo. 4�.- Notificado el demandado PEDRO ANTONIO CHAPARRO PATI�O, contest� la demanda por intermedio de apoderado, oponi�ndose a las pretensiones incoadas en la demanda, proponiendo las excepciones de m�rito que denomin�: 4.1.- Cosa Juzgada, la que hizo consistir en que el proceso de separaci�n de cuerpos y liquidaci�n de la sociedad conyugal de las partes en este proceso, promovido por la demandante en contra del demandado, culmin� con sentencia aprobatoria de la partici�n y adjudicaci�n de bienes de la sociedad conyugal, dictada por el Juzgado 10� de Familia de Bogot�, la cual se encuentra ejecutoriada y que en contra de la misma no se interpuso recurso ordinario o extraordinario alguno. 4.2.- Propuso �subsidiariamente�, la que denomin� inexistencia de causal alguna para la rescisi�n de la sentencia aprobatoria de la partici�n de los bienes de la sociedad conyugal, al tenor de lo previsto en el art�culo 1.405 del C.C., porque la rescisi�n es una sentencia de nulidad y la misma no ha ocurrido. 4.3.- Inexistencia de la lesi�n enorme en la liquidaci�n de la sociedad conyugal, adelantada por el Juzgado 10� de Familia de Bogot�, en los t�rminos del art�culo 1.947 del C.C.. 4.4.- Error en las apreciaciones de la demandante respecto de bienes propios de los c�nyuges y bienes de la sociedad conyugal. 5.- En cuanto a los hechos, manifest� que son ciertos el hecho primero, segundo y tercero, en cuanto al bien inventariado dentro del proceso, �pero no es cierto en cuanto al valor de las mejoras en la cantidad se�alada por la demandante�, aclara adem�s que como aparece en el inventario, en la partida sexta de la liquidaci�n de la sociedad conyugal, las mejoras hechas antes del matrimonio por el c�nyuge demandado, ten�an un valor de $5.000.000 y que tanto los activos como los pasivos de la sociedad, fueron debidamente inventariados y avaluados dentro del proceso. 5.1.- Se�al� que el hecho del numeral 4�, es cierto, en cuanto a lo inventariado y avaluado como bienes propios de los c�nyuges y que no tiene objeto controvertir su valor porque no afectar�a el valor de los bienes de la sociedad conyugal. 5.2.- En relaci�n con el hecho 5�, dijo que es cierto en lo referente a los pasivos presentados y aprobados y niega lo manifestado en cuanto a los acreedores. 5.3.- Acept� los hechos 6�, 7� y 8�; en cuanto al hecho 9�, lo acept� en torno a lo manifestado en relaci�n con las adjudicaciones y neg� los comentarios adicionales que se hicieron.

Acept� igualmente los hechos 10�, 11, 12, 13, 14, 16, 18 y 19. Neg� los hechos 15 y 17; en cuanto al 20, se�al� que no le consta y que debe probarse, aclarando que el demandado no est� obligado a proporcionarle vivienda a la demandante. Del 21, afirm� que es una apreciaci�n personal y no un hecho y que como tal, debe probarse. 6.- La audiencia del art�culo 101 del C. de P.C., se llev� a cabo el d�a diecisiete (17) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1.999), con los resultados de que da cuenta el acta levantada al efecto, obrante a folio 138 y 138 vto. del cuaderno principal del expediente. 7.- Tramitado en legal forma el proceso, culmin� con sentencia del cuatro (4) de octubre del a�o dos mil dos (2.002), mediante la cual se declar� probada la excepci�n denominada �INEXISTENCIA DE LA LESION ENORME�, se dispuso el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas y se conden� en costas a la demandante. 7.- Contra la anterior decisi�n la apoderada de la demandante, interpuso recurso de apelaci�n, el cual fue concedido.

ARGUMENTOS DE LA IMPUGNACI�N Dentro del t�rmino del traslado para presentar alegaciones, la apoderada de la parte actora sustent� su inconformidad afirmando que la partici�n adolece de lesi�n enorme contra la se�ora ANA MATILDE CHAPARRO, por vicios internos que se generaron desde el inventario y los aval�os. La magnitud del perjuicio es observable al comparar los bienes adjudicados en la hijuela y el valor total de la masa de bienes sociales adjudicados.

Debe tomarse como base la relaci�n entre el aval�o real de toda la masa con el derecho que le corresponde y lo que realmente se le adjudic� al part�cipe perjudicado. Se�ala que en este evento se avalu� el inmueble ubicado en la carrera 94 No. 47-15, para agosto de 1.995, en la suma de $61.768.060, que el lote se avalu� en $30.713.500.84, entonces debe concluirse que la construcci�n ten�a un valor, para entonces, de $31.054.560, y que a la demandante le correspond�a la suma de $15.527.230.

Por eso encuentra contradictorio que el Juzgado afirme que de acuerdo con el dictamen de los peritos los bienes fueron avaluados, seg�n aparece en la partici�n objeto de la acci�n de lesi�n enorme; as� mismo, no se explica por qu� afirma el Juzgado que la parte demandante no pudo probar que las mejoras tuvieran un mayor valor al relacionado en la partici�n y sin m�s consideraciones, declara probada la excepci�n propuesta.

Concluye que el Juzgado pas� por alto el dictamen pericial decretado. No tuvo en cuenta que obra prueba en el expediente en torno a que los bienes muebles relacionados como de propiedad de la sociedad conyugal son de propiedad de un tercero, cuando se solicit� que se ordenara rehacer el inventario y los aval�os por ser el motivo de la defraudaci�n y que tampoco tuvo en cuenta que la tienda que fue relacionada en el inventario respectivo y los cr�ditos relacionados no exist�an ni existen actualmente, adem�s de que el demandado jam�s fue obligado a pagar cr�dito alguno de los relacionados en el pasivo, que las mejoras consistentes en la edificaci�n constru�da sobre el lote No. 2 de la manzana 4 de la Urbanizaci�n Villa Blanca de Fontib�n, fue relacionada doblemente, en la partida sexta y en la quinta, esto es, aparece como bien propio y como bien social y en ambas partidas se relacion� por valor de $5.000.000.

El pasivo de la sociedad conyugal, corresponde a cr�ditos simulados porque no aparece que los presuntos acreedores hayan solicitado el pago conforme a la hijuela de deudas, sino que el demandado afirm� que cancel� en dinero en efectivo y que el hecho de que los testigos coincidan en afirmar que no conocen a los acreedores �en el inmueble� desde 1.995, hace sospechosa la existencia de los cr�ditos y permite inferir que hubo un fraude contra ANA MATILDE CHAPARRO, de la que deviene la lesi�n enorme en la partici�n. Que la sentencia no estableci� la simulaci�n de los cr�ditos relacionados como pasivo social y que no se hizo el pago a los acreedores con los bienes que componen la hijuela de deudas, por lo que no se atendi� el reclamo a la inexistencia de partidas.

Se impon�a entonces, establecer cu�les fueron realmente los bienes sociales y los propios y las deudas de la sociedad conyugal, para avaluar la totalidad de los bienes y determinar con base en el aval�o real, el derecho que le correspond�a a cada socio y confrontarlo con o qu� realmente se les adjudic�. No se preocup� el juzgador de analizar la existencia de las partidas relacionadas en el inventario y los aval�os.

Era imposible avaluar bienes muebles que no exist�an siquiera cuando se relacionaron en el inventario. Se solicita, entonces, que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. 3o.- Rituado el tr�mite previsto para esta instancia, procede la Sala a decidir el recurso de apelaci�n, previas las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Los presupuestos procesales en el presente asunto se encuentran acreditados y no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado.

El art�culo 1405 dispone: "Las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y seg�n las mismas reglas que los contratos�. "La rescisi�n por causa de lesi�n se concede al que ha sido perjudicado en m�s de la mitad de su cuota." Por su parte el art�culo 1.946 dice: "El contrato de compraventa podr� rescindirse por lesi�n enorme".

Y el art�culo 1.947 precept�a: "El vendedor sufre lesi�n enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesi�n enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. "El justo precio se refiere al tiempo del contrato." La lesi�n es el perjuicio que sufre una de las partes de un contrato oneroso a causa de la desproporci�n o inequidad de las prestaciones al momento de contratar.

La lesi�n opera por s� misma, por el hecho de la desproporci�n prestacional, sin que tenga que derivar su efectividad de otra noci�n. La acci�n de rescisi�n est� precisamente prevista en beneficio de quienes habiendo actuado como partes en un contrato han sufrido agravio patrimonial por manifiesto desequilibrio en las prestaciones. Esto se debe a que la autonom�a de la voluntad no puede prestarse para servir de medio de enriquecimiento injusto, sino que constituye una v�a eficaz para el desarrollo de los fines de la persona, dentro del marco de la equidad y la justicia, admiti�ndose un margen de utilidad o p�rdida sin que rebase los marcos se�alados por el legislador.

De manera que de la armonizaci�n de las normas transcritas, aplicables al sub lite, se infiere que procede la rescisi�n de las particiones cuando cualquiera de los comuneros ha sido perjudicado en m�s de la mitad de su cuota. De all� que el inter�s para incoar la acci�n de rescisi�n lo tienen quienes intervinieron en el acto que se pretende rescindir o por sus causahabientes a t�tulo universal o a t�tulo singular.

Al respecto la Honorable Corte Suprema de Justicia dijo: "La acci�n de nulidad o rescisi�n de una partici�n corresponde, conforme al art. 1405 del C. C., exclusivamente a los part�cipes, que son los que tienen inter�s en alegarla; no a terceros para quienes la partici�n es res inter alios ". Doctrina que aparece en el N�mero 2673 del tomo 1o. de jurisprudencia, de manera que estuvo bien formulada la demanda al dirigirla en contra del exc�nyuge, comunero de la masa patrimonial que fue objeto de partici�n. La pretensi�n de rescisi�n por lesi�n enorme en t�rminos generales, dada su condici�n objetiva, tiene que estar dirigida a demostrar la existencia de los siguientes elementos: a).- Desproporcionalidad en las prestaciones. b).- Que esa desproporcionalidad se present� en la partici�n. c).- Que la lesi�n que se infiri� en la prestaci�n es enorme, en cuanto perjudica al adjudicatario en m�s de la mitad de la cuota.

Por consiguiente, en las particiones el debate se circunscribe a confrontar si el precio o valor dado a los bienes adjudicados al demandante guarda armon�a con el valor que se otorg� a los bienes adjudicados a los dem�s comuneros o si por el contrario existe una diferencia tan sustancial en t�rminos de que a aqu�l se le haya perjudicado en m�s de la mitad de su cuota.

Se excluyen, por ende, consideraciones distintas al justo precio de la cosa, como la simulaci�n de obligaciones y la inexistencia de partidas, por cuanto ello corresponde a controversias distintas. No puede perderse de vista que la inexistencia de partidas y la simulaci�n absoluta de negocios jur�dicos puede incidir en el caso de las particiones en que alguno de los adjudicatarios pueda resultar defraudado en su derecho.

Sin embargo, tal defraudaci�n pender� en este evento, no de una discusi�n sobre el justo valor de los bienes adjudicados al lesionado en la partici�n, sino de otra distinta. El camino a seguir en los casos en que en el inventario se hayan incluido algunas partidas inexistentes, es el proceso declarativo encaminado a la exclusi�n de las partidas correspondientes, lo cual acontece tambi�n con la simulaci�n en la elaboraci�n del inventario.

La jurisprudencia de la H. Corte Suprema de justicia ha dicho que la lesi�n enorme se establece con referencia exclusivamente al factor objetivo. �Quiere decir que de los tres sistemas que disciplinan el fen�meno de la lesi�n: el objetivo, el subjetivo y el mixto, nuestro legislador opt� por el primero, o sea el llamado objetivo. Ciertamente, ti�nese �ste, cuando la ley en la tipificaci�n y tratamiento de la lesi�n no toma en cuenta consideraciones de ninguna especie acerca de las circunstancias personales o de medio ambiental en que hubieran obrado las partes, sino que impone un m�dulo o raz�n constante de tolerancia que cuanto al exceso o al defecto en relaci�n con el justo precio de la cosa para el tiempo del contrato, fijando, cual lo hace nuestro art�culo 1.947, t�rminos intraspasables, so pena de incurrir fatalmente en el vicio de lesi�n enorme, sancionable con la rescisi�n del negocio o su opcional reajuste. �Entonces, lo que la ley reprime es la exorbitante desproporci�n entre las prestaciones de las partes, conforme al m�dulo predeterminado por ella y que envuelve, de una parte un injusto empobrecimiento, y de la otra el correspondiente enriquecimiento indebido.

Como sobriamente lo dijo esta superioridad en sentencia de 28 de marzo de 1.958. �La acci�n por lesi�n enorme pretende sancionar un indebido enriquecimiento en el terreno contractual. Para que estos enriquecimientos contractuales puedan ser sancionados, es obvio que hay que probar, en primer t�rmino, un empobrecimiento contractual sufrido por el vendedor, el cual produce como consecuencia directa un correlativo enriquecimiento en el comprador� (Sala de Casaci�n Civil, sentencia del 12 de julio de 1.968), y aunque tal jurisprudencia se expidi� a prop�sito de la compraventa, le es plenamente aplicable a la partici�n, por disponerlo de esa manera el art�culo 1405 del C.C., por cuanto fij� un criterio objetivo para la lesi�n enorme en las particiones.

Entendido lo anterior, la valoraci�n de la existencia de la lesi�n enorme, no comprende la exclusi�n de partidas, de manera que para determinar si al comunero inconforme se le perjudic� en m�s de la mitad de la cuota del otro, se examinar� el dictamen pericial. Las dem�s pruebas, son �tiles en cuanto sirvan para determinar ese justo valor.

Sobre la materia, la jurisprudencia, ha se�alado que la prueba pericial es el medio id�neo para demostrar el justo precio, para confrontarlo con el convenido en el contrato (en este caso, con el adjudicado al comunero demandante). �Importa recordar aqu� que, como la lesi�n ultra dimidium exige confrontar el precio convenido en el contrato con el justo valor de la cosa transferida al tiempo de celebrar ese contrato, es de todo punto necesario demostrar dicho precio justo, y que, seg�n doctrina invariable de la Corte, la prueba adecuada para ello es el dictamen de peritos.

As� lo ha expresado la Corte en repetidas oportunidades, como puede verse, por ejemplo, en casaciones de julio 30 de 1.943 (LV, 1998, 616), de julio 10 de 1.953 (LXXV, 2131, 556), de marzo 17 de 1.954 (LXXVII, 2138, 99) y de junio 17 de 1.960 (XCII, 2225, 952)� (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, sentencia del 22 de febrero de 1.967).

Empero, no es el �nico medio de prueba admitido. En otro pronunciamiento la Corte puntualiz�: �La determinaci�n del justo precio que se�ala como factor de referencia el precepto acabado de citar, se fija generalmente y como lo ha sostenido esta corporaci�n, con el dictamen pericial que sobre el inmueble objeto de enajenaci�n se realice en el curso del proceso, no significando con esto, que los resultados de dicho dictamen no est�n sujetos a la valoraci�n que de ellos debe llevar a cabo el fallador quien ha de verificar la firmeza, precisi�n, calidad de fundamentos, competencia de los peritos y dem�s elementos probatorios que obren en el expediente (CPC, art. 241), de suerte tal que es dicho juzgador el que determina, apreciando todas las circunstancias del contrato que frente al caso resulten relevantes, ese �justo valor� de la prestaci�n prometida que adolece de manifiesta inequidad econ�mica. �En s�ntesis, pues, este justo valor debe ser comparado con el de la negociaci�n; m�s si ene l proceso se alega que el precio que expresa el documento fue simulado como ocurre en el presente caso, el fallador tendr�a que acudir a otros medios de convicci�n conducentes a tal fin como son interrogatorios de parte, documentos privados, declaraciones de testigos y pruebas indiciarias, tenidos por el actual C�digo de Procedimiento Civil como id�neos para la demostraci�n del precio oculto pactado y pagado, de acuerdo con las reglas de la sana cr�tica y sus limitaciones legales (CPC, arts. 187, 232 y 250)� (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, sentencia del 9 de agosto de 1.995, expediente 3457, M.P.: doctor CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS).

Ahora bien, en el proceso de liquidaci�n de la sociedad conyugal se relacionaron como bienes sociales, los siguientes: A C T I V O: Partida Primera: Mejoras consistentes en reparaciones y ampliaciones hechas en el inmueble de la carrera 94 No. 47-15 de Bogot�, consistente en la edificaci�n levantada sobre el lote No. 2 de la manzana 4 de la Urbanizaci�n Villa Blanca de Fontib�n, avaluados en la suma de $5.000.000.oo.

Partida Segunda: Bienes muebles de la sociedad conyugal, as�: 1.- 2 porcelanas chinas $ 400.000.oo 2.- 1 aspiradora brilladora $ 400.000.oo 3.- 1 radio reloj $ 30.000.oo 4.- 1 colgador de zapatos $ 20.000.oo 5.- 1 l�mpara mu�eca en porcelana $ 100.000.oo 6.- 1 l�mpara de colores $ 200.000.oo 7.- discos grandes, peque�os, cassettes $ 200.000.oo 8.- 1 betamax Sony con control $ 200.000.oo 9.- 1 equipo de sonido Aiwa $ 700.000.oo 10.- 4 cuadros de pinturas $ 50.000.oo 11.- 1 televisor Sony 14 pulgadas $ 250.000.oo 12.- 1 ventilador $ 30.000.oo 13.- 1 juego de sala $ 200.000.oo 14.- 1 comedor bif� $ 100.000.oo 15.- 4 jarrones de cristal $ 200.000.oo 16.- 1 televisor de 24 pulgadas $ 50.000.oo 17.- 1 colch�n inflable $ 150.000.oo 18.- 1 escritorio $ 40.000.oo 19.- 1 juego de alcoba $ 200.000.oo 20.- 1 estufa a gas y dos cilindros $ 50.000.oo 21.- 1 cafetera el�ctrica $ 80.000.oo 22.- 2 licuadoras exturize $ 60.000.oo 23.- 2 ollas express $ 10.000.oo 24.- 1 juego de ollas #30 a 50 $ 300.000.oo 25.- 1 tostadora de pan $ 15.000.oo 26.- 1 sandwichera $ 30.000.oo 27.- 1 frutera el�ctrica $ 30.000.oo 28.- 1 corta latas $ 30.000.oo 29.- 1 grabadora Sony 4 bandas $ 120.000.oo 30.-1 �rbol de navidad $ 300.000.oo 31.- 4 planchas autom�ticas $ 50.000.oo 32.- 4 ollas florescentes $ 60.000.oo 33.- 1 exprimidora el�ctrica $ 20.000.oo 34.- 1 tapete altapiz $ 165.000.oo 35.- 1 cortina de pa�o $ 50.000.oo 36.- 1 nevera Centrales 10 pies $ 200.000.oo 37.- 1 estufa el�ctrica Centrales $ 100.000.oo Aval�o total de la partida segunda $5.230.000.oo Partida Tercera: Una tienda de expendio de bebidas, licores y juegos que funciona en la carrera 94 No. 47-15 de esta ciudad $2.000.000.oo Partida Cuarta: Un cr�dito a favor de la sociedad conyugal y a cargo de la c�nyuge ANA MATILDE CHAPARRO por concepto de crianza, educaci�n y alimentaci�n de sus hijos menores a saber: OMAR FERNANDO, SONIA PATRICA y MONICA LILIANA RAM�REZ CHAPARRO, quienes se criaron, educaron y alimentaron con los recursos de la sociedad conyugal de los esposos CRISTANCHO-CHAPARRO $4.000.000.oo P A S I V O: (Partida Octava) Partida primera: letra de cambio a favor de ARCADIO CARDENAS PI�EROS que deb�a pagarse el d�a 30 de abril de 1.995, por valor de $4.000.000.oo Partida segunda: letra de cambio a favor de MARIA CECILIA DIAZ DE CHAPARRO, que deb�a pagarse el 21 de agosto de 1.992, por valor de $1.500.000.oo Partida tercera: Intereses del cr�dito a favor de MARIA CECILIA DIAZ DE CHAPARRO por valor $1.080.000.oo Total pasivo $6.580.000.oo El trabajo de partici�n se hizo de la forma siguiente: Activo de la sociedad conyugal $16.230.000 Haber propio del c�nyuge PEDRO ANTONIO CRISTANCHO $15.000.000 Pasivo deducible del activo social $6.580.000.oo Valor del activo l�quido partible $9.650.000.oo Adjudicaciones que se le hicieron a la c�nyuge: 1�.- Por sus gananciales, se le adjudic� el 50% del cr�dito descrito en la partida cuarta de los inventarios, consistente en la crianza, educaci�n y alimentaci�n de los hijos menores de la mencionada se�ora, a saber: OMAR FERNANDO, SONIA PATRICIA y MONICA LILIANA RAM�REZ CHAPARRO, quienes se criaron, educaron y alimentaron con los recursos de la sociedad conyugal $2.000.000.oo 2�.- La totalidad del bien descrito en la partida tercera de los inventariados, consistente en una tienda, expendio de bebidas, licores y juegos que funciona en la carrera 94 No. 47-15 de esta ciudad, el cual se adjudica por valor de $2.000.000.oo 3�.- Los siguientes bienes muebles, inventariados en la partida segunda, as�: 1 juego de sala $ 200.000.oo 4 jarrones de cristal $ 200.000.oo 1 juego de alcoba $ 200.000.oo 2 ollas express $ 10.000.oo 1 sandwichera $ 30.000.oo 1 exprimidora el�ctrica $ 20.000.oo 1 tapete altapiz $ 165.000.oo Vale esta partida $ 825.000.oo Por sus gananciales, se adjudica la suma de $4.825.000.oo Adjudicaciones al c�nyuge PEDRO ANTONIO CRISTANCHO ALVAREZ: 1�.- Se adjudicaron las partidas 5� y 6�, correspondientes al inmueble y las mejoras descritas como bienes propios del c�nyuge. 2�.- Por sus gananciales, se le adjudicaron los siguientes bienes: 2.1.- El 50% del cr�dito descrito n la partida cuarta de los inventarios, consistente en un cr�dito a favor de la sociedad conyugal y a cargo de la c�nyuge, por concepto de crianza, educaci�n y alimentaci�n de sus hijos menores $2.000.000.oo 2.2.- Los siguientes bienes muebles descritos en la partida segunda de los inventarios, as�: 1 equipo de sonido Aiwa $ 700.000.oo 4 cuadros pinturas $ 50.000.oo 1 televisor 14� sony $ 250.000.oo 1 comedor con bif� $ 100.000.oo 1 tostadora de pan $ 15.000.oo 2 porcelanas chinas $ 400.000.oo 1 aspiradora brilladora $ 400.000.oo 1 radio reloj $ 30.000.oo 1 l�mpara mu�eca en porcelana $ 100.000.oo 1 l�mpara de colores $ 200.000.oo Discos grandes, peque�os, Cassetes $ 200.000.oo 1 betamax Sony control $ 200.000.oo 1 ventilador $ 30.000.oo 1 colch�n inflable $ 150.000.oo Total de la partida $2.825.000.oo Recibe por sus gananciales, la suma de $4.825.000.oo Para pagar el pasivo social, se adjudic� en com�n y proindiviso a los se�ores PEDRO ANTONIO CRISTANCHO y ANA MATILDE CHAPARRO, la hijuela de deudas, compuesta, as�: 1�.- Bienes muebles inventariados en la partida primera, as�: 1 colgador de zapatos $ 20.000.oo 2 fruteros de cristal $ 40.000.oo 1 televisor de 24� $ 50.000.oo 1 escritorio $ 40.000.oo 1 estufa a gas y dos cilindros $ 50.000.oo 1 cafetera el�ctrica $ 80.000.oo 2 licuadoras exturizer $ 60.000.oo 1 juego de ollas No. 30 a 50 $ 300.000.oo 1 frutera el�ctrica $ 30.000.oo 1 cortalatas $ 30.000.oo 1 grabadora Sony 4 bandas $ 120.000.oo 1 �rbol de navidad $ 300.000.oo 4 planchas autom�ticas $ 50.000.oo 4 ollas florescentes $ 60.000.oo 1 cortina de ba�o $ 50.000.oo 1 nevera Centrales de 10 pies $ 200.000.oo 1 estufa el�ctrica Centrales $ 100.000.oo Vale esta partida $1.580.000.oo 2�.- La totalidad del bien descrito en la partida primera de los inventarios, consistente en las mejoras, reparaciones y ampliaciones sobre el inmueble de la carrera 94 No. 47-15 de Bogot�, edificaci�n levantada sobre el lote No. 2 de la manzana 4, de la Urbanizaci�n Villa Blanca de Fontib�n. En resumen a la se�ora ANA MATILDE CHAPARRO PATI�O se le adjudic� el 50% del cr�dito descrito en la partida cuarta de los inventarios por $2.000.000.oo y el establecimiento de comercio ubicado en la carrera 94 No. 47-15 de Bogot�, por valor de $2.000.000.oo y bienes muebles por valor de $825.000.000 y al se�or PEDRO ANTONIO CRISTANCHO ALVAREZ se le adjudicaron bienes sociales consistentes en el 50% del cr�dito descrito en la partida cuarta, por valor de $2.000.000.oo, bienes muebles de la partida segunda, por valor de $2.825.000 y en com�n y proindiviso se les adjudic� para el pago de los pasivos, la hijuela de deudas, para lo cual se les adjudicaron bienes muebles por valor de $1.580.000 y la totalidad de las mejoras descritas en la partida segunda, por valor de $5.000.000, por lo que su hijuela neta es de $4.825.000.oo para cada uno de los adjudicatarios.

Por su aspecto formal aparece que se adjudic� a cada uno de los c�nyuges hijuelas por un igual valor, pero para el caso de la rescisi�n por lesi�n enorme lo que debe mirarse es si las diferentes hijuelas guardan armon�a en el precio justo que representan los bienes en la realidad. Nuestro ordenamiento jur�dico permite a los interesados dar a los bienes que conforman la masa herencial o social el valor que estimen pertinente, el cual bien puede ser inferior al comercial.

Lo que no se puede perder de vista es que en la tasaci�n del valor de los bienes que conforman la masa social o herencial, se debe mantener la proporcionalidad, de manera que se conserve el equilibrio en los valores, y la partici�n no resulte lesiva de los derechos de los adjudicatarios. Por ello, a efectos de establecer si en la partici�n se ocasion� lesi�n a alguno de los comuneros en su cuota parte es necesario establecer el precio justo que presentaban los distintos bienes para el momento de hacerse la partici�n. Solo as� puede apreciarse si las diferentes hijuelas son equitativas.

Sobre este aspecto la Honorable Corte Suprema de Justicia en Casaci�n del 13 de marzo de 1.942 dijo: "De manera que para que prospere la acci�n rescisoria por lesi�n enorme de una partici�n herencial, al tenor del art 1405 del C.C., es necesario que en realidad se pueda hacer en juicio la debida confrontaci�n y examen entre el precio o valor se�alado en los inventarios y en la hijuela al bien o bienes ajudicados al heredero lesionado y del justo precio o valor venal de tal o tales bienes comprendidos en la hijuela lesionada, para decidir judicialmente y con vista de tales factores estimativos si, en efecto, entre las dos valoraciones antes determinadas existe una diferencia tan sustancial que �sta baje de la mitad del justo precio de la cosa adjudicada." En la etapa probatoria del presente proceso se practic�, mediante peritos, aval�o al inmueble relacionado como bien propio del demandado, cuyas mejoras se inventariaron como bien social.

Los auxiliares de la justicia otorgaron un valor de $30.713.584.oo y que el lote m�s la construcci�n edificada en el mismo, fue avaluada por la suma de $61.768.060.oo para agosto de 1.995. Por ninguna parte aparece que expresamente, los peritos hayan se�alado cu�l fue el valor de las mejoras que se relacionaron, para agosto de 1.995. Sin embargo, como el lote fue avaluado por la suma de $39.713.584 y como �ste y la construcci�n, fueron avaluados en la suma de $61.768.060.oo, debe entenderse que la construcci�n edificada sobre el mismo, le corresponde un aval�o por la diferencia. Del aval�o real de las mejoras para el a�o de 1.995, (deducido de la diferencia del aval�o de la totalidad del inmueble �lote m�s construcci�n- con el del lote), esto es, para cuando se present� el trabajo de partici�n por el encargado de elaborarla y se le imparti� aprobaci�n mediante sentencia del 18 de diciembre de ese mismo a�o, no logra advertirse la existencia de la pretendida lesi�n enorme que se alega.

Ciertamente, se llega a la conclusi�n de que la partida relacionada con las mejoras fue inclu�da con un valor muy por debajo del valor real. Sin embargo, esa sola circunstancia no conduce a la prosperidad de la pretensi�n de rescisi�n por lesi�n enorme porque no aparece manifiesto el agravio patrimonial por desequilibrio en las prestaciones que se cierna sobre la demandante.

En efecto, aunque la partida en la que se incluyeron las mejoras hubiera sido avaluada varias veces por debajo de su valor real (en la partici�n), al revisar el trabajo partitivo se encuentra que esa partida junto con parte de la comprendida por bienes muebles y enseres se adjudic� en com�n y proindiviso a ambos litigantes para el pago del pasivo social, de manera que ning�n desequilibrio podr�a haber entre las adjudicaciones hechas a uno y otro adjudicatario, en cuanto a ellas se refiere.

En este orden de ideas, como la demandante tambi�n es adjudicataria de las mejoras, en igual proporci�n que el demandado, no existe desequilibrio, por m�s que el valor real supere varias veces el que aparece en el inventario. En cuanto al aval�o dado por los peritos a buena parte de los bienes muebles y enseres que componen la partida correspondiente, debe decirse que teniendo en cuenta el valor real de cada uno de los que aparecen en el experticio y hecha la operaci�n matem�tica consistente en establecer el valor para cada adjudicatario de los que les fueron adjudicados, se encuentra que en muebles y enseres a la demandante se le adjudic� la suma de $374.099 (se incluye el valor que aparece en la partici�n, de los que no fueron objeto de aval�o) y para el demandado, la suma de $981.946 y a ambos, en la hijuela de deudas, la suma de $1.029.662.

En cuanto a las dem�s pruebas, se tiene que ninguno de los testigos, se�ores FLOR MARINA JIM�NEZ DE MEDINA, SONIA PATRICIA RAM�REZ CHAPARRO, MONICA ELIANA CRISTANCHO CHAPARRO, RONINSON ALZATE GARCIA, BEATRIZ GALINDO MAYORGA, LUZ MARINA LOPEZ COLORADO se refiere al aval�o de los bienes y sus respuestas se concretan a hacer ver que algunos de los bienes muebles y enseres no eran de los exc�nyuges.

Sin embargo, aqu� no se debate la propiedad de los bienes adjudicados, como tampoco se trata de la exclusi�n de partidas, como ya se dej� planteado en esta misma providencia. En suma: a la demandante por sus gananciales se le adjudic� un activo equivalente a la suma de $5.403.761 (m�s el 50% de la hijuela para el pago de deudas -la cual asciende a la suma de $32.084.138-)y al demandado la suma de $2.981.946 (m�s el 50% de la hijuela para el pago de deudas -la cual asciende a la suma de $32.084.138-), esta �ltima para responder por un pasivo social total de $6.580.000.oo.

Se concluye, entonces, que no se acredit� la existencia de la lesi�n enorme que se alega en el libelo. Se agrega que tampoco se encuentra la lesi�n enorme que pudiera sufrir la demandante en torno a la adjudicaci�n de los bienes en cuanto a la partida correspondiente a bienes muebles y enseres, pues, si se confronta la partici�n aprobada dentro del proceso de liquidaci�n de la sociedad conyugal habida entre los litigantes, f�cilmente puede observarse que la mayor parte de tales bienes le fue adjudicado al demandado (vi�ndose reflejado en el valor real de su hijuela), de manera que tampoco se ver�a cu�l ser�a el desequilibrio que condujera a un enriquecimiento del demandado y a un empobrecimiento correlativo de la demandante.

En cuanto al establecimiento de comercio (tienda) que se adjudic� a la demandante, se reitera, no puede partirse de la base de que la partida no existe porque semejante discusi�n no cabe en este proceso. No obstante, debe relievarse que de acuerdo con lo manifestado por los testigos, la demandante era quien despachaba en dicho establecimiento y lo usufructuaba, dejando entrever que el mismo funcion� tiempo despu�s de que se aprobara la partici�n. Entonces, partiendo de la base de que no hay punto de referencia distinto en cuanto al aval�o del establecimiento de comercio que se adjudic� a la demandante, que el que aparece en la partici�n, tampoco puede deducirse un desequilibrio tal en las adjudicaciones que permita establecer la lesi�n enorme alegada por la demandante.

Se advierte, en todo caso, que como puede verse en el hecho 3� de la demanda, la actora no se quej� del aval�o de la partida correspondiente a dicho establecimiento �tienda�. Para abundar en las razones que llevan a la Sala a adoptar la decisi�n que se tomar� en la parte resolutiva de esta sentencia, haciendo abstracci�n de lo dicho en torno a la discusi�n que debe surtirse en asuntos como el presente y haciendo una interpretaci�n amplia y extensiva de la demanda y a�n aceptando que lo que se pretend�a era la exclusi�n de las partidas que la demandante se�al� como inexistentes, para luego deducir la lesi�n enorme que se invoca, habr�a qu� revisar si hay razones para la exclusi�n y si luego de hacer las operaciones correspondiente frente a las adjudicaciones realizadas, se configur� la lesi�n enorme que se invoca.

Pues bien: revisadas todas y cada una de las pruebas arrimadas al plenario, desde esa nueva �ptica, se tiene que se aleg� que los bienes muebles relacionados, ninguno es de propiedad de los exc�nyuges y que se les asign� un valor superior al real, que la tienda ya no exist�a cuando se relacion�, que el cr�dito a favor de la sociedad conyugal, no fue respaldado con t�tulo ejecutivo y que tampoco fue aceptado por la c�nyuge, pues su apoderado no asisti� a la audiencia de presentaci�n del inventario y los aval�os; que el inmueble relacionado como bien propio del demandado, fue adquirido por adjudicaci�n hecha en sentencia judicial, seis a�os despu�s del matrimonio, asign�ndosele un aval�o inferior al real; las mejoras hechas sobre el lote de terreno, fueron constru�das dentro de la sociedad conyugal y se relacionaron como propias del demandado y el pasivo social, consistente en letras de cambio a favor de ARCADIO CARDENAS y MARIA CECILIA DIAZ DE CHAPARRO, son simulados.

En cuanto a los bienes muebles y enseres, no est� demostrado que fueran de propiedad de la hija de la demandante, por cuanto como lo se�al� la actora en su interrogatorio, cuando contrajo matrimonio, ella aport� los bienes muebles y enseres y �lo de la cocina�, de manera que si ella los aport�, ser�a inexplicable semejante aseveraci�n cuando no eran suyos, asever� que el demandado ten�a �una cama, una mesa y un bifet�, de manera que no es cierto que no hubiesen bienes muebles y que el menaje del hogar no fuera de la sociedad conyugal, pero adem�s se contradice en su misma declaraci�n al se�alar que a su hija SONIA PATRICIA le regalaron todos los muebles.

Igualmente, no se encuentra probada en debida forma esa afirmaci�n cuando aparece que la declarante SONIA PATRICIA RAM�REZ CHAPARRO, supuesta propietaria de los elementos que componen la partida a la que se ha hecho referencia, asegura que el demandado compr� una nevera y una estufa y cuando FLOR MARINA JIM�NEZ DE MEDINA afirma que lo �nico que ten�a MATILDE era un juego de comedor y uno de alcoba.

Lo anterior deja entrever que s� hab�a bienes muebles y enseres aportados por los c�nyuges a la sociedad conyugal y no como se quiere hacer ver, lo cual se hace m�s veros�mil si se tiene en cuenta que la demandada asegur� haber sido quien aport� los bienes muebles y enseres y lo de la cocina. No se demostr� entonces que tales elementos pertenecieran a la declarante SONIA PATRICIA CHAPARRO como se aleg�; no se demostr� tampoco que el menaje y muebler�a que se relacion� en la partici�n sea el mismo que supuestamente un se�or �Juanito� le regal� a la declarante.

Pero adem�s, la lesi�n que pudiera derivarse de la inexistencia de algunos o de todos los bienes muebles y enseres a los que se aludi�, ser�a m�nima para la demandante, si se tiene en cuenta que la mayor parte de tales elementos se adjudic� al demandado, que otra proporci�n importante se adjudic� en com�n a los litigantes para responder por el pasivo social (por lo que en este punto estar�an en pie de igualdad) y una m�nima parte de los mismos se le adjudic� a la actora, lo cual puede confrontarse observando el valor real de las adjudicaciones hechas de la partida respectiva para cada c�nyuge y en com�n para ambos y con revisar el listado de los elementos que de esta partida componen cada hijuela, como qued� consignado renglones atr�s. En cuanto a la tienda que se le adjudic� a la demandante, conforme lo sostiene el declarante se�or ROBINSON ALZATE GARCIA, yerno de la actora, la tienda existi� y dej� de funcionar a�o y medio antes de su declaraci�n, lo cual permite deducir que ese hecho ocurri�, aproximadamente, el 5 de febrero de 1.997, porque la declaraci�n la rindi� el 5 de agosto de 1.998.

La versi�n de este declarante merece mayor credibilidad para la Sala, frente a la deposici�n de MONICA ELIANA CRISTRANCHO CHAPARRO, quien inform� que el establecimiento se cerr� tres a�os antes de su declaraci�n, porque esta �ltima, es hija de la actora y tiene mayores razones para parcializar su versi�n a favor de la citada, por el grado de parentesco, adem�s es evidente la contradicci�n con lo dicho por ROBINSON ALZATE GARCIA, quien tendr�a mayores razones para parcializarse en contra del demandado, si conforme lo declar�, no pudo entrar m�s a la casa por amenazas que le hizo el citado y que por eso esperaba afuera de la casa a la hija de la actora.

La anterior precisi�n se hace porque son los �nicos declarantes que se refirieron a la �poca en que se cerr� el establecimiento. Se deduce, entonces, que la tienda adjudicada exist�a y era atendida y usufructuada por la demandante hasta alg�n tiempo despu�s de que se aprobara la partici�n, de manera que tampoco se podr�a excluir dicha partida.

Podr�a pensarse que el cr�dito relacionado a favor de la sociedad conyugal, deb�a ser soportado por �sta y no por la c�nyuge, en virtud de corresponder la partida a alimentos de los descendientes de la citada (art�culos 1.796 y 1.800 del C.C.). Sin embargo, no se estructurar�a lesi�n enorme por lo que ata�e a dicha partida, pues, como puede observarse, la misma fue adjudicada en un 50% a uno y otro c�nyuge, en la suma de $2.000.000. para cada uno. El inmueble relacionado como propio del demandado, aparece prometido en venta mediante contrato de fecha 30 de mayo de 1.963, a favor del demandado y otra, en la que figura como promitente vendedor ALFONSO PINZON ANGULO.

Seg�n aparece en el certificado de tradici�n y libertad del lote de terreno, le fue adjudicado dentro del proceso de sucesi�n del promitente vendedor, el d�a 20 de agosto de 1.985, esto es, dentro de la vigencia de la sociedad conyugal. A primera vista podr�a pensarse que el bien es social, por cuanto el t�tulo mediante el cual adquiri� el inmueble, fue conferido en vigencia de la sociedad conyugal.

Sin embargo, la causa onerosa de su adquisici�n es anterior a la vigencia de la sociedad conyugal, lo cual se desprende de la promesa de compraventa a la que se aludi�, suscrita en 1.963 y conforme con la constancia de pago que obra a folio 78 del cuaderno principal del expediente, fechada el 12 de mayo de 1.975, documentos con los cuales se demuestra que el pago se efectu� en su totalidad antes del matrimonio.

En efecto, como lo prev� el art�culo 1.792 del C.C., �La especie adquirida durante la sociedad no pertenece a ella aunque se haya adquirido a t�tulo oneroso, cuando la causa o t�tulo de la adquisici�n ha precedido a ella�. No puede entonces atenderse el reclamo consistente en que el bien era social y se incluy� como propio del demandado. Por lo tanto, el hecho de que fuera adjudicado por un valor inferior al real, no perjudica en nada a la demandante.

En lo que ata�e a las mejoras, se incorporan los argumentos que ya se expusieron dentro de esta providencia, pues fueron adjudicadas en com�n a los c�nyuges para responder por el pasivo, por lo que no puede deducirse la lesi�n enorme que se alega, aunque aparezca otra partida por mejoras sobre el mismo inmueble adjudicada al demandado, pues la misma demandante en su interrogatorio reconoce que cuando contrajo matrimonio con el extremo pasivo ya hab�a alguna construcci�n en el lote.

Finalmente, en cuanto al pasivo, hay prueba de la existencia de los t�tulos valores en los que se consignaron las obligaciones cuyas sumas se relacionaron y que aparecen adjudicadas en la hijuela de deudas y no hay elemento de juicio alguno, que permita desconocerlo. Se concluye entonces, que no se demostraron los supuestos de hecho necesarios para la prosperidad de las pretensiones aducidas dentro de este asunto.

Por ende, la demanda estaba llamada al fracaso, porque necesariamente, el juez deb�a verificar la existencia de los requisitos de prosperidad de la rescisi�n por la lesi�n enorme, los cuales quedaron consignados en esta providencia, de manera que no fue la mal llamada excepci�n de m�rito que declar� probada el a quo la que enerv� las pretensiones, porque los argumentos que sustenta esta �ltima, en esos t�rminos, se reducen a meras defensas y no excepciones de m�rito.

El punto ha sido precisado por la jurisprudencia, en los siguientes t�rminos: �Situaci�n esa que ha venido apreci�ndose a menudo en los tr�mites judiciales, en los que los juzgadores inadvertidamente pasan por excepci�n todo lo que el demandado d� en denominar como tal, sin detenerse a auscultar los caracteres que son propios en la configuraci�n de tan espec�fica defensa.

En particular no caen en la cuenta de lo impropio que es calificar de excepci�n la simple falta de derecho en el demandante, lo cual, �seg�n los principios jur�dicos no puede tener este nombre, porque la falta de acci�n por parte del actor implica inutilidad de defensa por parte del reo, y aqu�lla impone la necesidad de la absoluci�n directa sin el rodeo de la excepci�n�, seg�n viene sosteniendo esta Corporaci�n desde antiguo (XXXII, 202). �D�bese convenir, entonces, que en estrictez jur�dica no cab�a pronunciamiento expreso sobre lo que no fue una verdadera excepci�n, habida consideraci�n de que ins�stese- �cuando el demandado dice que excepciona pero limit�ndose, ( ) a denominar m�s o menos caprichosamente la presunta excepci�n, sin traer al debate hechos que le d�n sentido y contenido a esa denominaci�n, no est� en realidad oponiendo excepci�n ninguna, o planteando una contrapretensi�n, ni por lo mismo colocando al juez en la obligaci�n de hacer pronunciamiento alguno al respecto�; de donde se sigue que la verdadera excepci�n difiere en mucho de la defensa com�n consistente en oponerse a la demanda por estimar que all� est� ausente el derecho peticionado; y es claro tambi�n que �a diferencia de lo que ocurre con la excepci�n cuya proposici�n ( ) impone la necesidad de que el juez la defina en la sentencia, la simple defensa no requiere una respuesta espec�fica en el fallo final; sobre ella resuelve indirecta e impl�citamente el juez al estimar o desestimar la acci�n (CXXX, pag. 19)�.

Resulta entonces intrascendente el pronunciamiento que hizo el a quo sobre la excepci�n de �INEXISTENCIA DE LA LESION ENORME�, por lo que, por este aspecto, debe revocarse el numeral 1� de la sentencia impugnada. Puntualizando, los argumentos de la impugnante, quedaron dilucidados en los t�rminos expuestos, al advertir que no aparece perjuicio enorme para la demandante al comparar el valor real de los bienes adjudicados en la hijuela de �sta, con el valor real total de la masa de bienes sociales y el valor real de los adjudicados al demandado.

Igualmente, que tampoco habr�a lugar a exclusi�n de bienes porque, como se dijo, no se prob� que los inventarios fueran de propiedad de terceros. En consecuencia, se revocar� el numeral 1� de la sentencia apelada, por intrascendente y se confirmar�, en todo lo dem�s, la sentencia apelada, condenando en las costas de esta instancia al apelante, por las precisas razones expuestas en esta providencia. En m�rito de lo expuesto, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D.C., administrando justicia, en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, R E S U E L V E:

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero (1�) de la sentencia apelada, proferida por el Juzgado Segundo (2�) de Familia de esta ciudad, el cuatro (4) de octubre del a�o dos mil dos (2.002).

SEGUNDO: CONFIRMAR, en todo lo dem�s, la sentencia apelada.

TERCERO: Condenar en costas de esta instancia a la apelante. T�sense.

CUARTO: Cumplido lo anterior, devu�lvase el expediente a la oficina judicial de origen. COPIESE,

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. Los magistrados, JESAEL ANTONIO GIRALDO CASTA�O OSCAR MAESTRE PALMERA MARTHA LUCIA NU�EZ DE SALAMANCA ORD. 3023  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, sentencia de 11 de junio del a�o 2.001, M.P.: doctor MANUEL ARDILA VEL�SQUEZ. 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