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Procede la Sala a resolver el recurso de apelaci�n que formularon las partes contra la sentencia proferida el 3 de febrero de 2011 por el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del asunto de la referencia. I.
ANTECEDENTES 1. El se�or Libardo Melo Vega reclam� el amparo constitucional del derecho colectivo de los consumidores consagrado en el literal n) del art�culo 4� de la Ley 472 de 1998, y, en consecuencia, solicit� se le ordene a las accionadas que en la pr�xima oferta de producto gratis o extraproducto, utilizada para promover la venta de las toallas �Familia Multicortes� incluir informaci�n veraz sobre tal ofrecimiento y no cobrar sumas adicionales por el producto gratis que ofrece.
De igual forma pidi� que se fijara el incentivo consagrado por la ley 472 de 1998 a cargo de las demandadas, teniendo en cuenta su conducta reiterada y el significativo desequilibrio econ�mico que crea con las ofertas falsas. 2. Como sustento f�ctico de la acci�n, el actor popular adujo que la sociedad Grandes Superficies S.A. vende en su almac�n Carrefour-20 de julio el producto conocido como �Toallas Familia Multicortes�, en una presentaci�n de tres rollos, con una leyenda que le imprime el fabricante �Pague 2 lleve 3�, siendo tal ofrecimiento un enga�o por cuanto, el producto aparentemente gratis, tiene un valor adicional, de $370, habida cuenta que, el precio de dos rollos de toallas es de $4.640 y el promocional es de $5.010.
Como prueba de esta conducta aporta copia de una tirilla de compra que incluye los dos productos, expedida por Carrefour-Grandes Superficies de Colombia el 16 de septiembre de 2008 (fl. 29-41 C.1). 3. Admitida la demanda y surtido el tr�mite de notificaci�n previsto en el art�culo 21 de la Ley 472 de 1998, Grandes Superficies S.A., se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas, en esencia, por que la promoci�n a la que alude el accionante como contraria a los derechos de los consumidores ya no se encuentra vigente, lo que impedir�a, por sustracci�n de materia, cualquier orden judicial tendiente a que se suprimieran los actos que presuntamente inducen en error respecto del aludido producto; que no existen pruebas sobre la grave afectaci�n de los derechos colectivos que se invocan pues, para el d�a 16 de septiembre de 2008, en las tiendas Carrefour de todo el pa�s se registraron 115.518 ventas de todos los productos que se comercializan de las cuales solamente 16 unidades corresponden a la promoci�n en comento, a lo que agreg�, que en el evento de admitirse la vulneraci�n de los derechos de los consumidores, el actor contaba con los mecanismos previstos en el Decreto 3466 de 1982, que torna improcedente el amparo constitucional, dado el car�cter residual de esta acci�n reconocido por la jurisprudencia. Los anteriores argumentos, sirvieron de soporte a las excepciones de �improcedencia de la acci�n interpuesta�; �Improcedencia de la acci�n propuesta por ser el hecho una conducta consumada�; �terminaci�n del proceso por sustracci�n de materia�; �ausencia de da�o�; �caducidad de la acci�n�; �ausencia de vulneraci�n de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios por parte de la Sociedad Grandes Superficies de Colombia S.A., Carrefour�; �Ausencia de imputaci�n e improcedencia de la acci�n�; �Ausencia de legitimaci�n activa� y la �excepci�n gen�rica�.
(fls. 64-84 C.1) Por su parte Productos Familia S.A., se opuso a la prosperidad de la acci�n, para lo cual propuso los medios exceptivos que denomin� �falta de un presupuesto material para declarar una responsabilidad: ausencia de da�o�; �Ausencia de real afectaci�n a los derechos e intereses colectivos del consumidor�; y la �gen�rica�, soportadas en que la mercanc�a no est� siendo ofrecida mediante publicidad enga�osa, por cuanto, se comercializa el �Papel Familia Multicortes�, por un valor inferior al que realmente pudiese costar y la suma de $370, obedece a los costos impositivos de la actividad comercial, tales como la operaci�n, el empaque, transporte y puesta en sitio de venta.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Surtido el tr�mite procesal correspondiente, el juez de conocimiento consider� que la actuaci�n que se le enrostr� a las sociedades demandadas daba lugar a la prosperidad de la acci�n popular, amparo que no estaba condicionado al ejercicio de actuaciones administrativas ante los �rganos de control; que la conducta que se reprocha no solo le era imputable al fabricante del producto sino tambi�n a quien lo comercializa, por cuanto, en el proceso de producci�n y distribuci�n no fue �nicamente el primero quien negoci� sus art�culos con una diferencia de precios, pues a su vez el distribuidor repiti� la misma operaci�n; que al ser ofrecido el extraproducto como gratuito ning�n valor adicional debe ser trasladado al consumidor.
En consecuencia, orden� a las accionadas abstenerse de ofrecer al p�blico promociones de bienes en las que en el precio se incluya as� sea en m�nima parte el costo de los �extraproductos� ofrecidos; que siempre que tuvieran las sociedades demandadas ofertas en relaci�n con el mismo producto, deb�an organizarlas en una misma estanter�a; as� como constituir una garant�a bancaria o p�liza de seguros para los efectos del art�culo 42 de la ley 472 de 1998.
No obstante, deneg� el incentivo solicitado por el actor. (fls. 261-270 C.1) III. ARGUMENTOS DE LA IMPUGNACI�N Como sustento de su impugnaci�n, las demandadas reiteraron los argumentos que plantearon al momento de descorrer el traslado de la demanda, particularmente, la carencia de objeto derivada del inexistencia actual de la publicidad, adem�s la subsidiariedad de la acci�n popular, por cuanto, el demandante debi� acudir a la autoridad administrativa correspondiente para obtener el desmonte de la promoci�n que se alude vulnera los derechos colectivos.
La accionada Productos Familia S.A., agreg� que el a quo se excedi� en sus funciones, toda vez que, la orden de organizar en una misma estanter�a los productos catalogados como de promoci�n y los ofertados sin ning�n incentivo, contraviene el principio de libre competencia; y que la garant�a bancaria se constituye en una sanci�n demasiado onerosa teniendo en cuenta la intensidad del da�o contingente que pudiera ser causado por los hechos base de la acci�n. Por su parte, el demandante indic� que al haberse declarado que las accionadas vulneraron los derechos colectivos de los consumidores, por utilizar informaci�n enga�osa, debi� el juez de conocimiento decretar a su favor el incentivo que por ley le corresponde en raz�n a que la derogatoria de la norma que la concede no surt�a efectos si se ten�a en cuenta que la acci�n fue interpuesta con anterioridad a su entrada en vigencia. CONSIDERACIONES 1.
En procura de resolver la impugnaci�n planteada por la entidad accionada, ha de recordarse que el inciso segundo del art�culo 2� de la Ley 472 de 1998, en desarrollo del art�culo 88 de la Constituci�n Pol�tica, dispone que las acciones populares se ejercen para evitar el da�o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci�n o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible; mecanismo de protecci�n constitucional que procede contra toda acci�n u omisi�n de las autoridades p�blicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos, seg�n el art�culo 9� de dicha normativa.
Surgen as� como presupuestos sustanciales de esta figura los siguientes: a) una acci�n u omisi�n de la parte demandada, b) un da�o contingente, peligro, amenaza, vulneraci�n o agravio de derechos o intereses colectivos y, c) la relaci�n de causalidad entre la acci�n u omisi�n y la afectaci�n de tales derechos e intereses; supuestos que deben ser demostrados de manera id�nea dentro del tr�mite procesal correspondiente. 2.
En el presente caso, se vislumbra que la vulneraci�n del derecho colectivo cuya protecci�n se reclama fue superada con anterioridad a la formulaci�n de la queja constitucional, toda vez que, para el d�a de presentaci�n de la demanda no demostr� que se encontraba vigente la oferta del controvertido producto; en tal sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que �(C)uando la situaci�n de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneraci�n del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional pierde toda raz�n de ser como mecanismo apropiado y expedito de protecci�n judicial, pues la decisi�n que pudiese adoptar el juez respecto del caso espec�fico resultar�a a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acci�n�.
En efecto, n�tese que para el 5 de noviembre de 2008, fecha en la cual se present� la demanda (fl. 42), ya hab�a transcurrido un mes y 20 d�as desde la data en que el accionante adquiri� el producto promocional, lapso durante el cual la oferta fue retirada del mercado, tal como lo afirm� la entidad accionada Grandes Superficies S.A., al momento de descorrer el traslado del libelo (fl. 71 C.1), situaci�n que no fue desvirtuada por el actor popular conforme lo dispuesto en el art�culo 30 de la Ley 472 de 1998, en raz�n a que la verificaci�n de los supuestos de hecho a trav�s de los cuales se asegura la vulneraci�n de los derechos colectivos incumbe al peticionario, en aplicaci�n del principio de autoresponsabilidad de las partes, que se constituye en una conducta procesal predicable a quien le interesa sacar avante sus pretensiones y evitar una decisi�n desfavorable.
Sobre este aspecto y en un asunto semejante, �sta Sala en otrora oportunidad manifest� que: �� si se admite que el objetivo primordial de este mecanismo constitucional es adoptar las medidas necesarias tendientes a proteger los derechos colectivos frente a cualquier amenaza que se cierna sobre ellos, es dable afirmar que la desaparici�n de las circunstancias de vulneraci�n o agravio, para el momento de la presentaci�n de la demanda, trae como consecuencia necesaria la denegaci�n de las pretensiones de la misma, ante la inexistencia de una amenaza o vulneraci�n actual de las prerrogativas cuya protecci�n se incoaba, pues en tales circunstancias, cualquier determinaci�n sobre el particular �caer�a en el vac�o por sustracci�n de materia��, como en reiteradas ocasiones lo ha precisado la Corte Constitucional�(Exp. 35200900335 01.25 de marzo de 2010).
En consecuencia como el hecho que dio origen a la acci�n constitucional que ocupa la atenci�n de la sala se enmend� mucho antes de que se presentara la demanda, se configura �el hecho superado� o � la carencia actual de objeto�, por lo tanto, no ser� necesario ordenar la adopci�n de medidas para amparar los derechos e intereses colectivos, imponi�ndose, en consecuencia, la desestimaci�n de las pretensiones y por ende la revocatoria de la sentencia apelada. 3.
Ahora, en gracia de discusi�n y de aceptarse que la acci�n popular tambi�n tiene cabida para hechos ya consumados, lo cierto es que aunque el actor manifest� que las toallas familia multicortes en la promoci�n de tres rollos con la leyenda de �Pague 2 y lleve 3� son id�nticas a las toallas que tienen presentaci�n de dos piezas, revisados los empaques que contienen los productos, el Tribunal observa que en apariencia no lo son, pues las primeras hacen menci�n a que contienen �C�rculos ultra absorbentes� cuya caracter�stica radica en que �Absorbe, Retiene, Resiste� mientras que las segundas hacen referencia a una �Tecnolog�a Ultramax� y con propiedades de ser �Resistente, Suave, Absorbente�, por lo que se pod�a concluir que los mentados productos, al menos por sus particularidades, no son iguales, lo que justificar�a la diferencia de precio.
No obstante, tal situaci�n no se aclar� en el tr�mite de la acci�n. 4. En punto del incentivo del actor, que es el eje de su inconformidad en la alzada, cumple anotar que en trat�ndose del hecho superado o carencia de objeto, seg�n lo ha dejado sentado el Consejo de Estado, ��s� procede el reconocimiento del incentivo econ�mico para el demandante, si se establece que el restablecimiento del derecho colectivo amenazado o vulnerado se produjo con ocasi�n de la intervenci�n del actor popular.
Lo anterior es apreciable cuando la autoridad p�blica o el particular que con su acci�n u omisi�n amenaza o vulnera los derechos e intereses colectivos, una vez que es notificado de la demanda, procede a realizar las actuaciones administrativas pertinentes para salvaguardar tales derechos e intereses, de tal suerte que se entienda que no existe conducta alguna que le sea atribuible, debido a que ya no existe riesgo o peligro para la comunidad.� (subraya fuera de texto).
Para el caso, no se observa la procedencia del incentivo, pues el actor no demostr� que gracias a su actividad ces� la vulneraci�n de los derechos e intereses colectivos; aunado a lo anterior, el reconocimiento tambi�n resulta improcedente, en la medida en que con la expedici�n de la Ley 1425 de 2010, que derog� los art�culos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, se elimin� el est�mulo econ�mico que exist�a a favor de los actores populares.
Por tanto, aunque la presente acci�n se hubiese iniciado bajo las reglas de la ley 472 de 1998, lo cierto es que aquel era una simple expectativa, la que, en los t�rminos del art�culo 17 de la Ley 153 de 1887, �no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene�, por lo que no era viable su concesi�n en el presente caso. Finalmente, es pertinente se�alar que no se condenara en costas al accionante, toda vez que no se encuentra acreditada su temeridad o mala fe en el ejercicio de esta acci�n. DECISI�N Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� administrando Justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la ley
RESUELVE
PRIMERO. - REVOCAR, en su integridad, la sentencia proferida el 3 de febrero de 2011 por el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito dentro de la acci�n popular de la referencia. SEGUNDO.- En su lugar, DENEGAR la protecci�n al inter�s colectivo deprecado contra la sociedades Grandes Superficies de Colombia S.A. y Productos Familia S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.
TERCERO. - ORDENAR que por secretar�a se compulse copia de la demanda, el auto admisorio y las sentencias proferidas en primera y segunda instancia, con destino al Registro P�blico Centralizado de acciones populares, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 80 de la Ley 472 de 1998. CUARTO.- Sin condena en costas. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA Magistrada 0611 JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS Magistrado 0611 RUTH ELENA GALVIS VERGARA Magistrada 0611 Corte Constitucional sentencia T-096 de 2006. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Tercera, Sentencia de 18 de junio de 2008, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
Exp. AP-700012331000200300618 01; Cfr. Secci�n Primera, Sentencia de 18 de abril de 2007, C. P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta. Exp. AP-410012331000200400425 01, entre otras. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, sentencia de 30 de septiembre de dos mil 2007. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Exp.: 15001-23-31-000-2003-00572-01 PAGE PAGE 9 39200800611 01 ]^q���������A B � ���sesesesQ=.h�xbhs�CJOJQJaJ&h�xbhs�5�CJOJQJ\�^JaJ&h�xbhs�5�9�CJOJQJ^JaJhNCCJOJQJ^JaJ h�xbhs�CJOJQJ^JaJ#h�xbhs�6�CJOJQJ^JaJ,h�xbhs�5�9�:�CJOJQJ\�^JaJ)h�xbhs�6�9�:�CJOJQJ^JaJ&h�xbhs�9�:�CJOJQJ^JaJ/jh�xbhs�6�CJOJQJU]�^JaJ"h�xbhs�9�:�CJOJQJaJQ]^q����A B � � � � ����������������$ �d�a$gds� $dXa$gds� $d�a$gds� $dha$gds� $d�a$gds�dhgds� $dha$gds�gds�dhgds�$a$gds�gds��C(F[F���� � J N � � � � � ���e h .��13�������ฤ�~�l�l���l�l���^�M h�xbh$[ CJOJQJ^JaJh�R�CJOJQJ^JaJ#h�xbhs�6�CJOJQJ^JaJ&h�xbhs�6�9�CJOJQJ^JaJ#h�xbhs�9�CJOJQJ^JaJ&h�xbhs�5�CJOJQJ\�^JaJ,h�xbhs�5�9�:�CJOJQJ\�^JaJ h�xbh�\2CJOJQJ^JaJ h�xbhs�CJOJQJ^JaJh�xbhs�CJOJQJaJ� � � ��d e 01�����������c"�������������������� $d�a$gds� $dha$gds� ��dhgdyS�d�gds� $dha$gds���d�`��gds�$ �dha$gds��������L`n*���������������оо��оооЩ���m���_�N� h�xbh��CJOJQJ^JaJh�C�CJOJQJ^JaJ(h�xbhs�CJOJQJ^JaJmH sH 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