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Se establece que la demandada incurri� en la violaci�n de derechos colectivos. Se ordena pago del incentivo, porque aunque a loa fecha del fallo no est� vigente, para el momento de la presentaci�n de la demanda s�, por lo que el actor ten�a una expectativa. Fuente Formal: Ley 472 de 1998. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C. SALA CIVIL DE DECISION Bogot� D.C. once (11) de abril del a�o dos mil trece (2013) Referencia: Acci�n popular Demandante: Libardo Melo Vega Demandada: Grandes Superficies de Colombia S.A. MAGISTRADO PONENTE: �lvaro Fernando Garc�a Restrepo Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelaci�n oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia el d�a 28 de agosto de 2012 por el Juzgado Veintis�is Civil de Circuito de Bogot� D.C.
ANTECEDENTES El se�or Libardo Melo Vega promovi� demanda en ACCI�N POPULAR contra la sociedad Grandes Superficies de Colombia S.A. pretendiendo proteger el Derecho Colectivo a la Libre Competencia, ordenando a la accionada que no ofrezca en el futuro falsas promociones de producto gratis en la comercializaci�n de los productos ALTEX LIMPIADORA CON MICROGRANULOS y MAYONESA FRUCO.
Que se ordene que incluya la informaci�n veraz en las promociones que ofrece y brinde total claridad y garant�a a los consumidores y dem�s actores del mercado; que no viole las normas para adquirir ventajas competitivas y pedir que se respete el derecho a la libre competencia. Que se condene a la accionada al pago del incentivo de que trata el art�culo 39 de la ley 472 en una cantidad de 150 salarios m�nimos mensuales legales, as� como las costas y agencias en derecho.
Como fundamento de sus pretensiones expuso los siguientes hechos: La sociedad demandada ofrece en sus almacenes FALSAS PROMOCIONES DE PRODUCTO GRATIS QUE VIOLAN EL DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA. La accionada est� enga�ando a los consumidores induci�ndolos a error con estas falsas ofertas de productos gratis, afectando su libertad de decisi�n atray�ndolos con estas falsas ofertas, afectando las concurrencias del mercado, violando normas que proh�ben tales conductas irrespetando el principio de la buena fe comercial y contrariando las sanas costumbres mercantiles.
En el almac�n CARREFOUR Santa Fe ubicado en la calle 185 No. 45 � 03, el 13 de marzo de 2010 se adquirieron los siguientes productos: un frasco de ALTEX LIMIPIADORA CON MICROGRANULOS de contenido neto de 100 g, identificado con el c�digo de barras No. 7 702057 101114 por un precio de $12.090,oo y as� mismo se adquiri� un combo con el c�digo de barras No. 7 702057 100070, que incluye un envase id�ntico al mencionado anteriormente m�s otro frasco del mismo producto pero de contenido neto de 50 g ofrecido gratis.
Por este combo cancel� la suma de $12.840,oo. A simple vista se observa que esa promoci�n parece atractiva pero desafortunadamente la informaci�n NO ES CIERTA porque el producto ofrecido gratis se cobra la suma de $750,oo El 22 de noviembre de 2010 en el almac�n CARREFOUR calle 80 se adquiri� una bolsa de mayonesa fruco de contenido de 400 gramos por la que se cancel� la suma de $3.950,oo, as� mismo se adquiri� otra bolsa de contenido de 500 g, con el ofrecimiento de PAGUE 400 g LLEVE 500g, por esa bolsa la accionada cobr� la suma de $5.610,oo, cobrando por los 100 g, la suma de $1.660,oo.
Que la accionada ha sido sancionada en reiteradas ocasiones por la propaganda enga�osa. ACTUACION PROCESAL Admitida la acci�n popular por el a quo el 27 de enero de 2011 por cumplir las exigencias legales, orden� notificar a la persona jur�dica accionada, se dispuso la vinculaci�n del Ministerio p�blico, y Superintendencia de Industria y Comercio.
La entidad accionada se notific� a trav�s de apoderado judicial, quien contest� manifestando que los hechos no son ciertos, y que se est� a lo que se pruebe dentro del proceso. En cuanto a las pretensiones, se opone por improcedentes, y se�ala que las promociones a que alude el actor a la fecha ya no se encuentran vigentes. Como excepciones perentorias propuso las siguientes: 1- Improcedencia de la acci�n interpuesta, soportada en que cuando no se est� atentando de manera grave los derechos colectivos, previo a acudir a la administraci�n de justicia debi� acudir ante las autoridades administrativas correspondientes, y que al no haber demostrado el impacto ni el da�o significativo e irreversible que se caus� presuntamente en los consumidores o en el mercado por falta de informaci�n veraz y suficiente, debi� acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente ante la delegatura de protecci�n al consumidor.
Que sobre lo anterior, el Consejo de estado ha indicado que la acci�n popular es un mecanismo residual, y es improcedente cuando existen otros mecanismos distintos para defender los derechos p�blicos o el inter�s general. 2- Improcedencia de la acci�n propuesta por ser el hecho una conducta consumada. Finca esta excepci�n en que la acci�n popular protege los derechos colectivos cuando est�n siendo vulnerados por la acci�n u omisi�n generada por una entidad p�blica o privada, ello no significa de ninguna manera que la acci�n popular sea apta frente a toda conducta de los particulares por el solo hecho de defender derechos colectivos. 3- Carencia de Objeto, porque se ha demostrado que el objeto material sobre el cual recae el proceso no existi� al momento de la notificaci�n de la demanda ni existe actualmente, que en consecuencia se debe tener en cuenta que en las formas anormales de la terminaci�n de la acci�n popular est� la de carencia de objeto por cuanto ya no se encuentra en riesgo, ni est� sufriendo un da�o actual porque fueron ejecutadas o suspendidas, seg�n el caso, las actuaciones que amenazaban o vulneraban tales derechos. 4- Carencia de Da�o, afirma que la jurisprudencia indica que para que proceda una acci�n popular es necesario que se pruebe el da�o causado a la comunidad y corresponde probarlo a la parte accionante sin que en el expediente aparezca prueba alguna. 5- Caducidad de la Acci�n. El art�culo 11 de la ley 472 indica que la acci�n popular debe promoverse durante todo el tiempo que subsista la amenaza o lesi�n al derecho o inter�s colectivo, y en el presente caso el hecho generador ha dejado de existir. 6- Ausencia de legitimaci�n Activa, sustenta esta excepci�n en que las acciones populares tienen un objeto o fin noble, pero que el uso que le da el actor es abusivo y su finalidad es exclusivamente la de lucrarse mediante la recompensa solicitada que por tanto no tiene legitimaci�n en la causa. 7- Improcedencia del Incentivo, aduce que los art�culos 39 y 40 fueron derogados por la ley 472 de 1998.
La Superintendencia de Industria y Comercio realiz� un pronunciamiento sobre las acciones previstas en el estatuto del consumidor, los elementos de la publicidad enga�osa; los criterios las pr�cticas restrictivas, conductas consideradas como competencia desleal, el procedimiento a seguir, y por ultimo manifest� que el simple hecho de comercializar con precios bajos no es suficiente para tenerse como un acto de competencia desleal o una pr�ctica restrictiva siempre que respete los l�mites del derecho de los dem�s y el bien com�n. El 8 de noviembre de 2011 se declar� fallida la audiencia de pacto ante la falta de acuerdo tanto del actor como de la representante legal de la entidad accionada.
Se abri� a pruebas el proceso teni�ndose como tales las documentales allegadas por las partes, y se orden� una inspecci�n judicial a la entidad demandada. Por auto del 4 de junio de 2012 se cerr� la etapa probatoria concedido el t�rmino de cinco d�as a las partes para que presenten los alegatos finales, del cual hicieron uso las partes confirmando sus posiciones.
EL FALLO IMPUGNADO El a quo, despu�s de hacer un estudio sobre los hechos expuestos y las normas se�aladas, en cuanto a las pruebas determin� que den acuerdo con los tiquetes de pago aportados se observa que se anuncian, sin poder determinar el peso o marca, el producto MAYONESA DP * 400 y MAYONESA DP PAG, de lo cual se presume que son referencias diferentes.
Y de las muestras f�sicas advirti� que son dos ejemplares de mayonesa los que por s� solos no ofrecen prueba de haber sido adquiridos en los almacenes de la accionada, aun cuando coincide el n�mero inscrito en el c�digo de barras con el registrado en el tiquete de compra aportado, pero no son prueba determinante que hayan sido adquiridos mediante los tiquetes aportados por el actor.
Que adem�s en la diligencia de inspecci�n judicial que se llev� a cabo en las instalaciones de la accionada se denot� la falta de inter�s de la accionante ante su inasistencia a la misma, correspondiendo la carga de la prueba a ella, que en consecuencia no se configur� las conductas que identifiquen la denominada competencia desleal. LA IMPUGNACION La parte demandante impugn� la decisi�n del a quo, y sustenta su inconformidad indicando que el juez olvid� que no solo aport� el recibo de caja sino las prueba f�sicas de los productos objeto de la acci�n de los cuales se pod�a deducir que la propaganda era enga�osa.
Que el juez no puede, desechar las pruebas ante la inasistencia del actor a la diligencia de inspecci�n judicial, pues al momento de realizarse �sta era de l�gico que la accionada arreglo los precios a fin de evitar el cobro en exceso, pero la inasistencia en la misma no significa desidia o negligencia en su pr�ctica. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL No admiten reparo para esta Sala los llamados presupuestos procesales, presentes como se encuentra la capacidad procesal de las partes para acudir al proceso, la demanda en forma, la competencia del juez y el adecuado tr�mite impartido, todo lo cual permite, unido a la ausencia de vicio con idoneidad anulatoria, proferir la decisi�n de fondo que se reclama.
La Constituci�n Pol�tica de Colombia ha establecido unos procedimientos para proteger los derechos colectivos de la comunidad, lo que se ha llevado a cabo con la reglamentaci�n contenida en la ley 472 de 1998, relativa a las acciones populares como instrumento de defensa de los intereses colectivos. Las acciones populares tienen por objeto la protecci�n de un derecho colectivo, es decir, de un inter�s que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye motivaciones meramente subjetivas o particulares.
No obstante, suponen la posibilidad de que cualquier persona perteneciente a esa comunidad, pueda acudir ante el juez para defender a la colectividad afectada, con lo cual se obtiene de manera simult�nea, la protecci�n de su propio inter�s. Otra caracter�stica esencial de las acciones populares es su naturaleza preventiva, lo que significa que no es, ni puede ser requisito para su ejercicio, el que exista un da�o o perjuicio de los derechos o intereses que se busca amparar, sino que basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca, en raz�n de los fines p�blicos que las inspiran (Art�culo 88 C.P. y Ley 472 de 1998).
La carencia de contenido subjetivo de las acciones populares implica, en principio, que con ellas no se puede perseguir un resarcimiento de tipo pecuniario en favor de quien promueve el reclamo judicial de un inter�s colectivo. Solamente en algunos casos, el legislador ha previsto el reconocimiento de los gastos en que incurra la persona que act�a en defensa del inter�s p�blico o de una recompensa, que de todas maneras no puede convertirse en el �nico incentivo que debe tener en mira quien debe obrar m�s por motivaciones de car�cter altruista y solidario, en beneficio de la comunidad de la que forma parte.
Ha afirmado la Corte Constitucional "[ ] su propia condici�n permite que puedan ser ejercidas contra las autoridades p�blicas por sus acciones y omisiones y por las mismas causas, contra los particulares; su tramitaci�n es judicial y la ley debe proveer sobre ellas atendiendo a sus fines p�blicos y concretos, no subjetivos ni individuales" [Sent.
T-405 de 1993. Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara.] Dichos mecanismos buscan el restablecimiento del uso y el goce de tales derechos e intereses colectivos, por lo que tambi�n tienen un car�cter restitutorio. Estas acciones tienen una estructura especial que las diferencia de los dem�s procesos litigiosos, en cuanto no son -en estricto sentido- una controversia entre partes que defienden intereses subjetivos, sino, que se trata de un mecanismo de protecci�n de los derechos colectivos preexistentes radicados para efectos del reclamo judicial, en cabeza de quien act�a a nombre de la sociedad, pero que, igualmente, est�n en cada uno de los miembros que forman la parte demandante de la acci�n judicial.
A su vez, nuestra Carta Pol�tica en su art�culo 333 establece que la actividad econ�mica y la iniciativa privada son libres, sin embargo advierte, que la libertad a ellas reconocida, habr� de ejercerse dentro de los l�mites del bien com�n. En cuanto a la libre competencia econ�mica, si bien es un derecho de todos, con base en lo dispuesto en la norma mencionada, �sta supone responsabilidades; raz�n por la cual, legalmente, se delimita el alcance de la libertad econ�mica, cuando de esta manera lo exija entre otras situaciones, el inter�s social.
As� mismo, se consagra la responsabilidad de quienes en la �[ ] comercializaci�n de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.� Es importante resaltar que las anteriores disposiciones, salvo expresa excepci�n legal, se aplican tanto a las personas que tengan la calidad de comerciantes, como a cualquier particular que concurra a desarrollar -dentro del mercado colombiano- la actividad de enajenaci�n de bienes o servicios.
Esas son las caracter�sticas que dan a las normas constitucionales su naturaleza: Aplicaci�n igualitaria, general y prevalente. De otro lado, existe un sinn�mero de normas legales, decretos del ejecutivo y normas supranacionales que regulan de manera detallada los comportamientos y sanciones en materia de protecci�n al consumidor. Para el caso en estudio se reclama de una parte por el actor, que el a quo neg� las pretensiones de la demanda con el argumento de no haberse acreditado da�o alguno que vulnerara los derechos colectivos a la libre competencia, conclusi�n a la que lleg� despu�s de realizar una inspecci�n judicial en la que la parte accionada acomod� las cosas y el juez encontr� que cumpl�a con lo ofrecido, pero lo cierto es que la accionada ofrece falsas promociones.
De lo anterior, lo que se reclama por parte del actor es que la entidad accionada incurri� en actos de propaganda enga�osa al ofrecer al p�blico una determinada promoci�n que no es cierta, Ahora, frente a lo indicado por el juzgador de primera instancia en el sentido de que de las pruebas aportadas por el actor, las que consider� insuficientes, no se ten�a la certeza de que los productos f�sicos correspondieran a los tiquetes de compra en los que se soporta la acci�n popular, sin embargo se debe tener en cuenta la parte pasiva al momento de la contestar la demanda, en verdad neg� los hechos en los que se endilgaba la promoci�n enga�osa, indicando simplemente que � No es cierto.
Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.�, pero nada manifest� de que las promociones no se hubieran llevado a cabo en sus establecimientos, y concretamente en los almacenes ubicados en la calle 185 y en la calle 80, y que los productos arrimados al proceso no correspondieran en sus caracter�sticas y precios, luego en verdad la carga de la prueba, no era concretamente del resorte de la parte actora, pues alleg� no solo los tiquetes en los que acredit� los valores cancelados sino los productos en los que se realizaba la promoci�n, sin que fueran desvirtuados por la pasiva, a quien le correspond�a acreditar que lo manifestado en la demanda no era cierto, pues no bastaba simplemente negarlo, y al platear las excepciones, pues era su responsabilidad probar los hechos contenidos en ellas.
Pensar de otra forma ser�a indicar que la demanda se comporta de manera temeraria, y cabe resaltar que, al juzgador le corresponde partir de la buena fe de las partes, principio que indica que las personas deben celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y, en general emplear una conducta de lealtad frente a los dem�s, pero al se�alar que la parte actora actu� de una forma incorrecta al interponer la presente acci�n, que no se sab�a si los productos si se hab�an adquirido en los almacenes de la accionada, y de ser as� si eran los que correspond�an a los tiquetes allegados, era del resorte del accionado, no solo se�alar las conductas que lo hubieran llevado a considerar tal actuar sino probarlo, lo que no ocurri� en el presente caso, pues al respecto nada dijo, por tanto no se entiende por qu� el a quo procedi� a suponerlo.
Lo atinente a la inasistencia del actor a la diligencia de inspecci�n judicial, t�ngase en cuenta que la probanza fue reclamada por la parte accionada y no la demandante, por tanto no era obligaci�n su comparecencia, y el hecho que en ese momento se hubieran encontrado las promociones de forma correcta no exime a la entidad de las sanciones a que hubiera lugar, pues no se est� juzgado el comportamiento que tenga al momento de la inspecci�n sino en el de los hechos demandados.
En punto de las excepciones planteadas, en las que la demandada solicita que niegue la acci�n por improcedente soportado en que: - No se est� atentando en forma grave en contra de los derechos colectivos para que se acudiera a las acciones populares sin acreditar el impacto en los consumidores, que en consecuencia debi� iniciar la acci�n ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y - Que es muy importante observar que al no existir un hecho generador de la acci�n, toda vez que la acci�n a la fecha de la contestaci�n no existe y no existiendo el da�o demostrado, el accionante debi� acudir primero a las instancias administrativas, por cuando la acci�n popular es un mecanismo residual.
Esta improcedencia se funda solo si el hecho generador causante de la amenaza es actual pero que al haber cesado la acci�n se torna improcedente, y que para el caso la promoci�n se encuentra descontinuada. Sobre estas defensas descansan igualmente las denominadas Terminaci�n del proceso por sustracci�n de materia, Ausencia de Da�o, y la Caducidad de la Acci�n, toda vez que se soportan en que no existe da�o alguno que sea actual, y que de haber existido este ya termino. En cuanto a la que la acci�n popular no era la v�a para reclamar ante la entidad accionada, por la promoci�n enga�osa que se le atribuye sino que debi� accionar por la v�a administrativa, se recuerda que la ley 472 de 1998, en el art�culo 4 incluye dentro de los Derechos e intereses colectivos al literal n) Los derechos de los consumidores y usuarios, lo que hace que sea procedente la acci�n; y en cuanto a que debi� agotar o acudir previamente a la v�a administrativa para acreditar que en verdad se incurri� en el hecho de la propaganda enga�osa tampoco tiene asidero jur�dico, pues tal medida anticipada no est� prevista en la ley, o norma especial.
Al respecto en sentencia de tutela dijo La corte Suprema de Justicia que: �1. Conforme a las copias que fueron aportadas en este tr�mite, encuentra la Sala que la Juez accionada dict� sentencia favorable al demandante de la acci�n popular el 28 de agosto de 2008 y orden� a los accionados no volver a incurrir en propaganda con informaci�n enga�osa, disponiendo que la Superintendencia de Industria y Comercio ejercer� la vigilancia del cumplimiento del fallo (folios 183 a 193).
Para tal efecto precis� como marco normativo de la decisi�n, que conforme al art�culo 88 de la Carta Pol�tica las acciones populares est�n encaminadas a la protecci�n de los derechos colectivos de la comunidad y pueden ser promovidos por cualquier persona a nombre de la misma, cuando se presente un da�o o amenaza a un inter�s com�n, disposici�n que a la par enunci� algunos de los �derechos� susceptibles de ser protegidos a trav�s de ese mecanismo, los que fueron ampliados por expreso mandato del mismo, en la Ley 472 de 1988, art�culo 4�; refiri� adem�s que el Decreto 3466 de 1982, Estatuto del Consumidor, consagra que la informaci�n que se de al consumidor acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al p�blico deber� ser veraz y suficiente, encontr�ndose prohibido, en consecuencia, las marcas, leyendas y propaganda comercial que no correspondan a la realidad, as� como aquellas que induzcan o puedan a inducir a error; se apoy� en pronunciamientos del Consejo de Estado en los que tal Corporaci�n se pronunci� sobre el citado Estatuto, as� como en lo dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio en lo que toca con la propagada comercial con incentivos.
(�)� (sentencia, de tutela C.S. de J. diciembre 9 de 2009 Rad. 2184 M.P. Ruth Marina D�az ) Es preciso indicar que la acci�n popular es una acci�n principal a la que pod�a acudir el actor, luego era de escogencia suya s� quer�a plantear el tr�mite administrativo o la acci�n popular. Frente a que no se caus� un da�o grave o considerable con la proposici�n sino que fue insignificante, y que por dem�s parece que �sta ya hab�a sido agotada al momento de la notificaci�n de la accionada, se advierte primero que de las pruebas allegadas se prob� que en verdad al producto que se enunciaba como �gratis� ALTEX LIMPIADORA CON MICROGTRANULOS se cobr� una suma de $750.oo; y adem�s el producto de MAYONESA pague 400g y lleve 500 se cobr� $1.660,oo m�s, no fue desmentido o desvirtuado por la accionada, y si bien la suma no es significante, lo que se castiga no es el monto cobrado, sino el actuar de la entidad accionada.
Adem�s, que no es una suma �nica sino la total cobrada al p�blico que es el que se protege. Al respecto advierte la Sala que no era necesario acreditar que se caus� un da�o con la propaganda enga�osa pues el fin de la acci�n popular es evitar un da�o o prevenir una contingencia, al respecto la Corte Constitucional en sentencia C 622 de 2007, en cuanto al contenido finalidad y caracter�sticas de la Acci�n Popular ha dicho: �d) Las acciones populares son de naturaleza preventiva.
Esto significa que su ejercicio o promoci�n judicial no est� supeditado o condicionado a que exista un da�o o perjuicio de los derechos o intereses que se buscan proteger. Es suficiente que se presente la amenaza o el riesgo de que se produzca el da�o, para que pueda activarse el mecanismo de la acci�n popular. Esto, en raz�n a que desde sus or�genes, las acciones populares fueron concebidas para precaver la lesi�n de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de car�cter p�blico.� De esta forma tampoco pod�a decirse que era improcedente la acci�n por cuanto hab�a cesado la promoci�n, se reitera que el art�culo 11 de la ley 472 indic� que la acci�n �podr� promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e inter�s.�, luego, al advertir la accionada que las promociones aducidas dejaron de existir en cuesti�n de horas y en el peor de los casos en d�as, sin precisar ni probar nada, lo que deja entrever que las promociones si existieron pero nada desvirt�a que cuando se instaur� la acci�n persist�a la amenaza o peligro, y en forma reiterada se ha advertido que el hecho de cesar la acci�n u omisi�n demandada no significa que esta no hubiera existido, y que en consecuencia desapareci� la infracci�n, si bien no se ordenar� que cese la misma si hab�a lugar a que por ese hecho respondiera.
Por eso, se negar�n las pretensiones que no tienen que ver con la acci�n popular es decir, aquellas que invocan la competencia desleal, y solo se declarar� que con los hechos expuestos se vulneraron los derechos colectivos en lo que tiene que ver con el abuso de la propaganda enga�osa, pero no se dar� orden alguna de cesar dichos enga�os porque est� demostrado que ya cesaron las pr4omociones a que hace referencia la demanda, m�xime cuando la misma parte demandada lo ha confesado cuando dijo que esa promoci�n dur� solamente algunas horas o si acaso d�as.
En el anterior sentido no se acepta como prueba v�lida lo que quiso demostrar la accionada con la prueba solicitada y decretada, mediante la cual se demostr� mediante inspecci�n judicial que una promoci�n de mayonesa s� cumpli� al vender con el incentivo en el mayor volumen al mismo precio. Y no se atiende dicha prueba para desvirtuar la vulneraci�n alegada en la demanda porque esa prueba se realiz� mucho tiempo despu�s de los hechos iniciales cuando la misma parte dijo que la primera hab�a durado solo horas o d�as y segundo porque es claro que se trataba de otra promoci�n diferente a la acusada en este proceso.
En cuanto a la imposici�n del incentivo, se recuerda que si bien el art�culo 39 fue modificado por la ley 1425 de 2010 dejando sin efectos tal condena, �sta solo fue promulgada el 29 de diciembre de 2010, y al haber sido presentada la demanda el 15 de diciembre de la misma anualidad, esto es, antes de su modificaci�n es procedente la condena al pago del incentivo, pues la sala considera que el actor adelant� su trabajo con el aliciente de obtener ese beneficio, y adem�s, porque existen diversas interpretaciones al respecto, siendo acogida por un sector de este tribunal la que considera que a pesar de no presentarse en el caso derechos adquiridos, s� existe la expectativa en favor del actor.
Por las consideraciones anteriores se revocar� la sentencia impugnada proferida el d�a 28 de agosto de 2012, por el Juzgado Veintis�is Civil de Circuito de Bogot� D.C. DECISION En m�rito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C. en sala de decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 28 de agosto de 2012, por el Juzgado Veintis�is Civil de Circuito de Bogot� D.C.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones segunda, tercera y cuarta de la demanda instaurada por Libardo Melo Vega.
TERCERO: DECLARAR que la demandada GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. CARREFUR S.A. que la sociedad demandada incurri� en la violaci�n de los derechos colectivos previstos en la ley 472 de 1998. Sin embargo, no se emite orden al respecto porque a pesar de probar que hubo vulneraci�n de los derechos ya no es actual.
CUARTO: CONDENAR a la accionada al pago de diez (10) salarios m�nimos mensuales como incentivo a favor del actor popular.
CUARTO. DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen, advirti�ndole que debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el art�culo 80 de la Ley 472 de 1998.
QUINTO. Condenar en costas a la parte pasiva en ambas instancias. Para el efecto se fija como agencias en derecho en esta instancia la suma de $ 1.000.000,oo
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO Magistrado MARTHA PATRICIA GUZMAN �LVAREZ Magistrada LUISA MYRIAM LIZARAZO RICAUTE Magistrada Proyecto discutido y aprobado en la sesi�n de sala del d�a 11 de abril de 2013 Folio 26 Folio 29 Folio 40 a 60 Folio 66 a 75 Folio 86 Entre otras, pueden contarse, como principales, la ley 689 de 2001, la ley 685 del mismo a�o, la ley 643 tambi�n del mismo a�o, la ley 640, la 633, la 599, la 472, la 446 de 1998 y la 73 de 1981. Decreto 493 de 2001, 147 de 1999, 1485 de 1996, 2153 de 1992, solo por mencionar algunos. Siendo la m�s importante la Resoluci�n aprobada por la asamblea general de las Naciones Unidas sobre protecci�n al consumidor, 1985 en documento A / RES / 39 / 248. Folio 28 Folio8 y 9 PAGE PAGE 17 Acci�n popular Libardo Melo Vega contra CARREFOUR S.A. 26 201100013 01 9^ m ~ � � � � � � � � ;
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X�T�tulo 1 Car05�6�CJOJPJQJ\�]�^JaJmH sH tH Z�/��Z X�T�tulo 2 Car*5�CJOJPJQJ\�^JaJmH sH tH R @R X� Pie de p�gina ��8!7$8$H$mH sH ^�/��!^ X�Pie de p�gina Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH 8)`��18 X�N�mero de p�gina�RB� X�Sangr�a 2 de t. independiente$��d�7$8$H$`��a$CJOJQJaJmH sH ~�/��Q~ X�!Sangr�a 2 de t. independiente Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH FB@bF X�Texto independiente�xj�/��qj X�Texto independiente Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH R^@�R X�Normal (Web)�d�d[$\$OJPJQJ^JB&`���B X�Ref. de nota al pieH*F@�F X�Texto nota pie7$8$CJaJ`�/���` X�Texto nota pie Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH <@�<��0 Encabezado �C�"T�/���T��0Encabezado Car CJOJPJQJaJmH sH tH PK!����[Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a������(7��I��R�{�pgL�=��r����8�5v&����uQ�뉑8��C����X=����$�?6N�JC�������F�B.ʹ'�.�+���Y�T���^e5�5�� ��ð�_�g -�;�����Yl�ݎ��|6^�N��`�?���[��PK!�֧��6_rels/.rels���j�0���}Q��%v/��C/�}�(h"���O� ������=������ 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