Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 1100131020201000683 01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Nancy Esther Angulo Quiroz

Fecha: 2013-01-30

Sujetos procesales: LEASING POPULAR COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. / CIMEF LTDA. CONSULTORÍA INTEGRAL EN MERCADEO MÉDICO Y FARMACÉUTICO.

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EJECUTIVO SINGULAR DE LEASING POPULAR COMPA��A DE FINANCIAMIENTO S.A. CONTRA CIMEF LTDA. CONSULTOR�A INTEGRAL EN MERCADEO M�DICO Y FARMAC�UTICO. RAD. 1100131020201000683 01 Magistrada Sustanciadora: NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ. Discutido y aprobado en Sala de decisi�n de 30 de enero de 2013 Acta N�03 I. ASUNTO Resuelve el Tribunal el recurso de apelaci�n formulado por la parte demandada contra la sentencia de 29 de agosto de 2012, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongesti�n de Bogot�.

II.

ANTECEDENTES PETITUM: Leasing Popular Compa��a de Financiamiento S.A., a trav�s de apoderado judicial, solicit� de la jurisdicci�n se librara mandamiento de pago a su favor y en contra de la sociedad CIMEF ltda. Consultor�a Integral en Mercadeo M�dico y Farmac�utico, por las siguientes sumas: a) Por $97.781.394,00 correspondiente a la obligaci�n contenida en el pagar� n�mero F-067. b).

Por los intereses de mora sobre la suma de $84.073.356,00, liquidados a la tasa m�xima autorizada por la Superintendencia Financiera para cada periodo, desde el 15 de diciembre de 2010, fecha en que se present� la demanda y hasta cuando se efect�e el pago total de la obligaci�n. CAUSA: Como fundamento de las pretensiones, la parte actora expuso, en s�ntesis, los siguientes hechos: a).

Que la demandada el 16 de diciembre de 2008 suscribi� a favor de Leasing Popular Compa��a de Financiamiento S.A. el pagar� n�mero F-067 por cuant�a de $84.073.356, suma desembolsada a trav�s de una operaci�n factoring. b). El rubro antes relacionado gener� intereses de plazo por $102.693,00, desde el 16 de diciembre de 2008 hasta el 17 de enero de 2009, e intereses moratorios por $13.605.345,00 causados entre el 18 de enero de 2009 hasta el 31 de julio de 2009. c).

La demandada incurri� en mora desde el 18 de enero de 2009 y hasta la fecha de presentaci�n de la demanda no ha efectuado pago alguno de las obligaciones que se encuentran a su cargo. ACTUACI�N PROCESAL: a). Por auto del 26 de enero de 2011, el a quo libr� mandamiento de pago por las sumas reclamadas con el libelo inicial y orden� su notificaci�n a la demandada (fl. 9 Cd. 1), quien se notific� personalmente el 5 de octubre de 2010 (fl.11 Cd.1) y, a trav�s de apoderado judicial, contest� la demanda formulando las excepciones de m�rito que denomin�: �Incumplimiento de las instrucciones para llenar los espacios en blanco del t�tulo valor�, �cobro por mayor valor de lo debido� y �falta de legitimaci�n activa para el ejercicio del derecho� b).

En oportunidad el a-quo decret� las pruebas solicitadas por las partes, una vez recaudadas en lo posible, cerr� la etapa probatoria corriendo traslado para presentar alegaciones de conclusi�n y mediante providencia del 29 de agosto de 2012 (fl.60 a 66) puso fin a la instancia profiriendo sentencia en la cual declar� no probadas las excepciones propuestas y dispuso seguir adelante la ejecuci�n. III.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA El Juzgador, tras examinar la actuaci�n surtida concluy� que los medios defensivos planteados por la demandada son meras infirmaciones a las pretensiones del actor, porque la pasiva no se preocup� por probar los fundamentos en que sustent� sus excepciones, motivo por el cual concluy� que las mismas no ten�an vocaci�n para prosperar y, por el contrario, al encontrar que el t�tulo valor cumple con los requisitos que la ley impone para su exigibilidad y para ser utilizado como base de un proceso ejecutivo, orden� seguir adelante la ejecuci�n conforme se hab�a determinado en el mandamiento de pago.

IV. DEL RECURSO DE APELACI�N La parte demandada inconforme con la sentencia, formul� recurso de apelaci�n solicitando su revocatoria, argumentando que no obstante el a-quo declar� no probada la excepci�n formulada en torno al indebido diligenciamiento del pagar�, cuando se puede verificar en el t�tulo valor que no se siguieron las instrucciones dadas �por cuanto se acord� que la fecha de vencimiento ser�a la misma fecha de diligenciamiento del pagar�, es decir 31 de julio de 2009, y en el pagar� se observa que la fecha de vencimiento es el 17 de enero de 2009, lo cual contradice los postulados del art. 622 inciso 1 del C. de Cio.

La entidad demandante Leasing Popular CF S.A., al no llenar el t�tulo valor PAGAR� F-067, conforme las instrucciones est� generando un cobro indebido de intereses de mora entre el 17 de enero de 2009 y el 31 de julio de mismo a�o que equivalen al rubro de los $13.605.345� Adicionalmente sostiene, que el saldo de la obligaci�n es menor al reclamado por el acreedor, por cuanto en desarrollo del contrato de factoring la demandada endos� varias facturas al demandante, as� mismo, le autoriz� la transferencia de su cuenta de ahorros a una del Banco Popular, resaltando que en reiteradas oportunidades solicit� al actor extracto de cuenta, as� como el record de desembolsos y abonos, sin que se hubiera obtenido respuesta positiva.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Procede esta Corporaci�n a decidir de m�rito el asunto planteado, habida cuenta de encontrar configurados los presupuestos procesales que reclama la legislaci�n adjetiva para la correcta conformaci�n del litigio, necesarios para la existencia jur�dica y validez formal del proceso, toda vez que se cuenta con una demanda en forma, capacidad para ser parte, capacidad procesal y competencia del juez de primera instancia para conocer del proceso y de este Tribunal para resolver la alzada, adem�s de no observarse motivo de nulidad que invalide lo actuado, que por no haberse saneado haga perentoria la aplicaci�n de los art�culos 145 y 358 del C�digo de Procedimiento Civil.

Por su parte, la legitimaci�n en la causa, tanto activa como pasiva se encuentra acreditada con los documentos arrimados con el libelo introductorio, pues la parte actora alleg� instrumento que demuestra la existencia de un t�tulo ejecutivo a su favor y a cargo de los demandados. En efecto, con la demanda se aport� como t�tulo base de la ejecuci�n pagar� por valor de $97.781.394,00 con fecha de julio 31 de 2009 y vencimiento 17 de enero de 2009, otorgado por la demandada, en el cual se incorporaron las instrucciones que se expidieron para diligenciar los espacios en blanco dejados en el mencionado instrumento, el cual cumple con las exigencias de los art�culos 621 y 709 del C. de Comercio.

Satisfechos entonces los presupuestos de los art�culos 488 y 497 del C.P.C., resultaba procedente la iniciaci�n y tr�mite de la presente ejecuci�n, sin embargo, ante las excepciones perentorias esgrimidas por la pasiva, se hace necesario verificar si con ellas y las pruebas allegadas se logr� enervar, parcial o totalmente, las pretensiones de la demanda, de cuyo examen se ocupa inmediatamente la Sala. a).

NATURALEZA Y ALCANCE DEL PROCESO EJECUTIVO Tiene sentado la doctrina, que el proceso de ejecuci�n o ejecuci�n forzosa, es la actividad procesal jur�dicamente regulada mediante la cual el acreedor, fund�ndose en la existencia de un t�tulo documental que hace plena prueba contra el deudor, demanda la tutela del �rgano Jurisdiccional del Estado, a fin de que �ste coactivamente obligue al deudor al cumplimiento de una obligaci�n insatisfecha.

El proceso ejecutivo parte de la existencia del t�tulo base de ejecuci�n, con fuerza suficiente por s� mismo de plena prueba (nulla executio sine t�tulos), toda vez, que mediante �l se pretende obtener el cumplimiento forzado de la prestaci�n debida, con el producto de la venta en p�blica subasta de los bienes cautelados, motivo por el cual, junto con la demanda, debe necesariamente anexarse t�tulo que preste m�rito ejecutivo, acorde con las previsiones contenidas en nuestro ordenamiento, es decir apoyarse inexorablemente no en cualquier clase de documento, sino en aquellos que efectivamente produzcan en el fallador un grado de certeza tal, que de su simple lectura quede acreditada, al menos en principio, una obligaci�n indiscutible que se encuentra insatisfecha, debido a las caracter�sticas propias de este proceso, en el que no se entra a debatir el derecho reclamado por estar plenamente demostrado, sino obtener su cumplimiento coercitivo.

As� las cosas, el t�tulo ejecutivo que se anexe debe reunir los requisitos se�alados en la ley, y la inexistencia de esas condiciones legales lo hace an�malo o incapaz de ser soporte de la acci�n ejecutiva, aclarando que en tales eventos no se niega la existencia del derecho o la obligaci�n misma, sino la idoneidad del documento para la ejecuci�n. Como puede observarse es presupuesto esencial de la ejecuci�n la existencia de un documento del cual emerjan �obligaciones expresas claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra �l,��, a fin de que ante el incumplimiento del ejecutado con el producto de la venta en p�blica subasta de los bienes de su propiedad se satisfaga dicha prestaci�n, sin que el legislador hubiera realizado una relaci�n taxativa de los documentos que puedan tener esta condici�n, sino que por el contrario la norma es meramente enunciativa, de suerte que podr�n hacerse valer, entre muchos, las certificaciones que expidan los administradores de las propiedades horizontales, las facturas de servicios p�blicos y de manera muy especial los t�tulos valores.

T�TULOS VALORES Los t�tulos valores los define el art. 619 del C�digo de Comercio como los documentos necesarios para legitimar el ejercicio literal y aut�nomo que en ellos se incorpora, definici�n de la cual emergen los conceptos de incorporaci�n, literalidad y legitimaci�n principios que regentan la emisi�n de estos instrumentos, en donde para el caso que ocupa la atenci�n de la Sala es de relevancia el de literalidad, el cual hace referencia al contenido impreso en el cartular, que se debe examinar desde el punto de vista activo como del pasivo, pues conforme al primero el tenedor de un t�tulo valor no podr� invocar ni pretender exigir m�s derechos de los que aparecen insertados en el documento; y desde el pasivo el obligado o interviniente no podr� ser forzado a atender prestaciones distintas de las que �ste reza y cumplir� su obligaci�n en la medida que pague la prestaci�n que describe el mismo t�tulo.

DE LOS T�TULOS VALORES EN BLANCO: �Puede darse el caso de un t�tulo valor formal pero no completo; es lo que sucede con los llamados tambi�n incoados o empezados, que son aquellos en los que el suscriptor solo ha puesto su firma dejando en forma deliberada, total o parcialmente espacios en blanco para ser llenados por el tenedor legitimo, de acuerdo con las instrucciones dadas a �ste �ltimo.

El t�tulo en blanco es un t�tulo en formaci�n que tiene plena validez una vez sea completado en armon�a con el acuerdo de emisi�n� (CESAR DAR�O G�MEZ, T�tulos Valores). El Estatuto Mercantil establece la posibilidad de crear t�tulos valores con espacios en blanco con plena eficacia para circular en el mercado de valores como se desprende del contenido del art�culo 622 de la codificaci�n en cita que ense�a: �Si en el t�tulo se dejan espacios en blanco, cualquier tenedor leg�timo podr� llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el t�tulo para el ejercicio del derecho que en �l se incorpora.

Una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un t�tulo-valor, dar� al tenedor del derecho de llenarlo. Para que el t�tulo una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en �l han intervenido antes de completarse, deber� ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorizaci�n para ello.

Si un t�tulo de esta clase es negociado, despu�s de llenado, a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, ser� v�lido y efectivo para dicho tenedor y este podr� hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas.� De la norma trascrita funge la viabilidad de otorgar t�tulos valores en blanco o con espacios en blanco, en donde para el ejercicio de la acci�n cambiaria deber� el tenedor legitimo llenarlo conforme a las instrucciones, pero de igual modo se prev� que en las instrucciones dadas por el suscriptor no pueden existir vac�os, toda vez que el t�tulo debe ser llenado de acuerdo con las que expresamente confiera el creador y no a criterio del tenedor, pues en tales condiciones es aceptado por el derecho cambiario, caso contrario si el tenedor las desconoce, se merma la eficacia jur�dica del t�tulo, pudiendo el deudor entre otros medios de defensa interponer las correspondientes excepciones de m�rito entre ellas las contempladas en los ordinales 5a y 7a del art�culo 784 que refiere, �(..)5a.

La alteraci�n del texto del t�tulo, sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los signatarios posteriores a la alteraci�n. (�) 8a. Las que se funden en quitas o en pago total o parcial, siempre que consten en el t�tulo� As� las cosas, existe alteraci�n material cuando el espacio se llena contrariando la autorizaci�n dada por el otorgante, es decir, cuando se infringe el pacto que se hace al momento de suscribir el respectivo t�tulo valor, circunstancia que si bien no siempre afecta la eficacia del instrumento cartular obliga a que acreditado el desconocimiento se ajuste el documento a los t�rminos originalmente convenidos entre el suscriptor y el tenedor.

Sin embargo, quien alegue que se desconocieron las instrucciones impartidas tiene a su haber la carga de la prueba, a fin de demostrar que suscribi� el titulo con espacios en blanco, que imparti� determinadas instrucciones para su complementaci�n y que estas fueron incumplidas. Ahora bien, las instrucciones para llenar el t�tulo no requieren una forma especial o sacramental para otorgarlas, pudiendo en consecuencia darse verbalmente o por escrito, pero a efectos de evitar conflictos jur�dicos es preferible que consten por escrito a fin de establecer que se han seguido de manera exacta dado que su inobservancia genera consecuencias frente a la persona que lo emiti�, toda vez que conforme las previsiones del art�culo 631 del estatuto comercial cuando quiera que se presente alteraci�n material de un t�tulo valor �los signatarios anteriores se obligan conforme al texto original y los posteriores conforme al alterado�, sin que en modo alguno pueda la misma conllevar a la ineficacia del instrumento, como a bien lo ha sostenido el doctor BERNARDO TRUJILLO CALLE quien resalta esta situaci�n como elemento vital de la reforma introducida al ordenamiento mercantil, habida consideraci�n que en vigencia de la Ley 46 de 1923 se contemplaba como sanci�n en caso de alteraci�n de un t�tulo valor el descargo del instrumento, es decir lo dejaba sin efecto alguno, mientras que actualmente como pudo apreciarse del contenido del art�culo 631 arriba citado la situaci�n tiene una soluci�n distinta encaminada en todo caso a preservar el derecho cartular.

3. CASO CONCRETO En la presente ejecuci�n, el actor present� un documento que re�ne las exigencias del art�culo 488 del C�digo de Procedimiento Civil, pues en �l aparecen debidamente determinados los elementos -objetivo (cr�dito) y subjetivo (acreedor-deudor)-. Por �ltimo, el plazo fijado para la cancelaci�n de la obligaci�n se encuentra vencido y, al cumplir a cabalidad las exigencias de los art�culos 621 y 709 del C�digo de Comercio, emerge v�lidamente el ejercicio de la acci�n cambiaria.

Lo anterior es as� en raz�n a que conforme antes se detall�, se aport� como soporte de la ejecuci�n pagar� suscrito por la demandada CIMEF Ltda. Consultor�a Integral en Mercadeo M�dico y Farmac�utico, contentivo de la promesa incondicional de pagar una suma de dinero en tiempo determinado. A fin de enervar las pretensiones, la demandada argument� que el t�tulo valor no se diligenci� por parte del acreedor conforme a las instrucciones dadas por la deudora, puesto que en el numeral 4 de la carta de instrucciones se dijo que �la fecha de vencimiento ser� la misma en que sea llenado el pagar� por el ACREEDOR (�)� por lo cual, considera, que como el acreedor diligenci� el pagar� el d�a 31 de julio de 2009, se encuentra inhabilitado para cobrar intereses de mora por la suma de $13.605.345,00 causados entre el 17 de enero de la misma anualidad y el d�a en que se llen� el t�tulo.

Afirmaci�n que prontamente advierte la Sala est� condenada al fracaso, por que si bien es cierto la instrucci�n dada al deudor le impon�a tener como fecha de vencimiento del t�tulo la misma en que �ste se diligenciara, -que para el caso ser�a el 31 de julio de 2009-, ello no afecta la eficacia del instrumento cartular, como quiera que tal aspecto resulta relevante exclusivamente para lo relacionado con la exigibilidad de la obligaci�n, habida consideraci�n que la misma, m�s all� del incumplimiento que pudiera tener el obligado cambiario, no hubiera podido exigirse judicialmente antes del vencimiento.

Recu�rdese que a voces del art�culo 488 del C.P.C., la obligaci�n para ser demandada ejecutivamente debe ser exigible, concepto que hace alusi�n a que la prestaci�n debida no est� sometida a plazo o condici�n o que de estarlo se hubiera vencido el plazo o cumplido la condici�n, luego la alteraci�n en que incurri� el actor, como se anot�, pudo afectar eventualmente la exigibilidad, lo cual no acaeci�, pues la presentaci�n de la demanda se verific� el 15 de diciembre de 2010, esto es, posterior a la fecha que de acuerdo con las instrucciones se impon�a indicar en el t�tulo.

Ahora bien, la pasiva reprocha la mentada alteraci�n para predicar el desatino del acreedor de incluir intereses moratorios causados desde 18 de enero de 2009 a 31 de julio del mismo a�o, pues a su juicio como el vencimiento debi� ser la misma fecha en que se diligenci� el pagar� no se generaban intereses de mora sino desde esta �ltima data y, por tanto, se le cobra m�s de lo que realmente adeuda.

Al respecto debe puntualizarse de manera inicial que las mismas instrucciones impartidas habilitan al acreedor para incorporar dicho rubro al indicar que: �el valor del pagar� que de acuerdo con las instrucciones aqu� impartidas llene el ACREEDOR, ser� igual al monto de la sumas que conjunta o individualmente est� adeud�ndole por concepto de capital, c�nones de arrendamiento, intereses, sanciones por mora, comisiones, gastos, honorarios, anticipos a proveedores de bienes o servicios, fletes, seguros, impuestos o cualquier otro concepto a la fecha que sea diligenciado� (Negrillas ajenas al texto).

De acuerdo con lo indicado en la demanda dicha Instrucci�n fue acatada debidamente por el acreedor al momento de diligenciar el t�tulo, puesto que en ella se indic� que la sociedad CIMEF Ltda., incurri� en mora del pago de la obligaci�n desde el d�a 18 de enero de 2009, afirmaci�n que se pretende infirmar con el �nico argumento del diligenciamiento incorrecto del t�tulo en cuanto al vencimiento.

Tal planteamiento resulta desafortunado, en la medida que se pretende asimilar los conceptos de vencimiento y mora olvidando que el primero se refiere a la �fecha en la que cesa un compromiso, un plazo, una deuda o una obligaci�n�, mientras que el segundo es la �tardanza en el cumplimiento de una obligaci�n. De modo m�s especifico, retraso en el pago de una cantidad de dinero liquida y vencida�.

De manera particular se olvida que en la legislaci�n patria se ha reconocido la rentabilidad del dinero, la cual se ve materializada a trav�s de los intereses, los cuales en general constituyen el beneficio, provecho, ganancia, utilidad, r�dito o renta que produce un capital; estos podr�n ser, entre otras clasificaciones remuneratorios o moratorios.

Los primeros corresponden a los devengados por un cr�dito de capital mientras que el deudor no se encuentre obligado a restituirlo, valga decir el reconocimiento que el deudor hace al acreedor por el solo uso del dinero; en tanto los moratorios son aquellos que el deudor que incumple el pago debe reconocer a t�tulo de indemnizaci�n de perjuicios, desde el momento en que se constituya en mora de pagar a su acreedor.

En este orden de ideas conjugando el vencimiento con la mora, podr�a ocurrir que el deudor pueda encontrarse en mora de cumplir determinada obligaci�n, sin embargo el instrumento mediante el cual se garantiza no ser exigible, por no haber llegado la fecha en que �ste debe ser descargado, lo que no puede ser entendido que dicha circunstancia le impida al acreedor una vez acaecido el plazo para el vencimiento del t�tulo, cobrar su importe m�s los intereses moratorios que se hubieran causado si as� se acord� como en el caso que ocupa la atenci�n de la Sala.

As� las cosas, si bien el acreedor no acat� debidamente las instrucciones para llenar el t�tulo valor respecto que la fecha de vencimiento, es lo cierto que la demandada no indic� y mucho menos arrim� al juicio prueba alguna que permitiera establecer que la obligaci�n a su cargo y a favor de la actora la hubiera atendido diligentemente hasta julio de 2009, pues obs�rvese que incluso la documental que ados� al juicio refiere pagos realizados durante el a�o 2008, los cuales acepta el demandante pues s�lo se deprecan intereses desde enero de 2009.

Lo ya expuesto sirve igualmente para desestimar la excepci�n relacionada al cobro de un mayor valor del adeudado, puesto que los argumentos que lo sustentaron tan s�lo constituyen meras afirmaciones que descansan en el campo de la discusi�n te�rica, debido a que no se probaron los supuestos de hecho en los que se estructur� la defensa en tal sentido y si para efecto de la satisfacci�n de la prestaci�n debida se entregaron t�tulos valores igualmente debi� probarse, como quiera que a nadie le es dado hacer de su dicho prueba de los hechos que alega y particularmente quien alega la extinci�n de una obligaci�n le corresponde demostrar el modo por cual la misma se verific�, toda vez que resulta inadmisible �la mera enunciaci�n de las partes para sentenciar la controversia, porque ello ser�a tanto como permitirles sacar beneficio del discurso persuasivo que presentan; por ende, la ley impone a cada extremo del litigio la tarea de traer al juicio de manera oportuna y conforme a las ritualidades del caso, los elementos probatorios destinados a verificar que los hechos alegados efectivamente sucedieron, o que son del modo como se presentaron, todo con miras a que se surta la consecuencia jur�dica de las normas sustanciales que se invocan.� Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha indicado que: �el art�culo 1757 del C�digo Civil prev� de manera especial que �incumbe probar las obligaciones o su extinci�n al que alega aqu�llas o �sta�, precepto que se complementa por el art�culo 177 del C. de P. C. cuando establece en forma perentoria que �incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur�dico que ellas persiguen�.

Esta, desde luego, no representa una obligaci�n de la parte, ni un mero derecho, sino una verdadera carga procesal, o sea, �el requerimiento de una conducta de realizaci�n facultativa, normalmente establecida en inter�s del propio sujeto, y cuya omisi�n trae aparejada una consecuencia gravosa para �l� la carga es una conminaci�n o compulsi�n a ejercer el derecho.

Desde este punto de vista, la carga funciona, dir�amos, p double face; por un lado el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar; en ese sentido es una conducta de realizaci�n facultativa; pero tiene al mismo tiempo algo as� como el riesgo de no contestar, de no probar, de no alegar. El riesgo consiste en que, si no lo hace oportunamente, se falla en el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones.

As� configurada, la carga es un imperativo del propio inter�s�� (Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3� edici�n, Roque Depalma Editor, Buenos Aires, 1958, p�gs. 211 a 213). Corolario de las razones anotadas en precedencia y que la demanda no acredit� la extinci�n total o parcial de la obligaci�n que aqu� se demanda su pago, impone que la sentencia apelada deba ser confirmada.

VI. DECISI�N EN MERITO DE LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, D.C., EN SALA DE DECISI�N CIVIL, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REP�BLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE:

PRIMERO. Confirmar la sentencia impugnada proferida por Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongesti�n de Bogot�, el 29 de agosto de 2012, en el proceso de la referencia. SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo del apelante. Por secretar�a liqu�dense incluyendo la suma de $1.200.000,00, por concepto de agencias en derecho. TERCERO.- Rem�tase el expediente al juzgado de origen para lo de su tr�mite y competencia. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE Los Magistrados, NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA  Art�culo 488 del C�digo de Procedimiento Civil.  Trujillo Calle Bernardo.

De Los T�tulos Valores Manual Te�rico y Pr�ctico parte general Tomo I Editorial Librer�a El Foro de la Justicia P�gs. 360.  Numeral 2 de la carta de instrucciones que se encuentra al anverso del pagar� obrante a �fl.2 Cd.1-  Diccionario Jur�dico Colombiano, Editora Jur�dica Nacional, Cuarta Edici�n 2001, P�g. 1268  Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jur�dicas, Pol�ticas y Sociales, P�g. 599.  Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci�n Civil Magistrado Ponente: Edgardo Villamil Portilla.

Sentencia de 25 de mayo de 2010. Exp. No. 23001-31-10-002-1998-00467-01.  Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci�n Civil, Sentencia del 25 de mayo de 2010, Magistrado Ponente Dr. Edgardo Villamil Portilla, Expediente 23001-31-10-002-1998-00467-01.     R.I. 13195 RAD. 1100131020201000683 01 Proceso Ejecutivo Singular de Leasing Popular Compa��a de Financiamiento S.A. vs. CIMEF Ltda. Consultor�a Integral en Mercadeo M�dico y Farmac�utico. PAGE 1 PAGE 11 RI. 13195 &(fgt���8 9: H V W Y d q s � � ����񼭡�����q�q�`O`:�)h�$h�5�>*CJOJPJQJ\�aJ h�$h�Y)CJOJPJQJaJ h�$h�CJOJPJQJaJh�$h�5�CJOJQJaJh�$h�Y)5�CJOJQJaJh�$h@0�5�CJOJQJaJh r CJOJQJaJh�$h]6�CJOJQJaJh�$h�CJOJQJaJh�$h�OJPJQJ0jh�$h�OJPJQJUmHnHsH uh�$h�5�OJPJQJ&'(Zfg���;

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