Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 2006-00103

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Julia María Botero Larrarte

Fecha: 2009-09-07

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Ref: PROCESO DE CONOCIMIENTO De: GONZALO RODR�GUEZ MU�OZ Contra: MAR�A GILMA SIERRA SERRATO Magistrada Ponente: JULIA MAR�A BOTERO LARRARTE Se decide por el Tribunal el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 22 de octubre de 2008 por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de esta ciudad en el proceso de la referencia.

ANTECEDENTES 1. GONZALO RODR�GUEZ MU�OZ, actuando por conducto de apoderada judicial, demand� a MAR�A GILMA SIERRA SERRATO, con el fin de que previo el cumplimiento de las formalidades del proceso ordinario de mayor cuant�a, se declarara que entre las partes existi� una �sociedad comercial y civil de hecho� desde el 6 de febrero de 1980 hasta la fecha; y, consecuentemente, se dispusiera su disoluci�n y liquidaci�n. Las anteriores pretensiones las apoy� en los argumentos f�cticos que a continuaci�n se resumen: a) En el a�o 1979, el demandante y la demandada tras conocerse con ocasi�n de un viaje de negocios hacia Maicao, iniciaron una relaci�n de amistad, la que posteriormente se torno en amorosa y a prop�sito de la cual acordaron unirse y asociarse para desarrollar y compartir tanto sus vidas como sus negocios. b) Desde el 6 de febrero de 1980 la pareja comenz� a convivir en la ciudad de Bogot�, inicialmente en arriendo en los barrios El Carmen y Quiroga, luego en Ciudad Montes en casa propia y finalmente en la transversal 55 No. 112-15, donde �compartieron techo, mesa, lecho, negocios e hijos�. c) Como los socios no ten�an capital para aportar, lo hicieron mediante la capacidad de trabajo, acord�ndo que los bienes que se adquirieran quedar�an a nombre de la demandada, pues el actor ten�a una sociedad conyugal vigente. d) Ante el �xito de la sociedad fueron adquiridos varios bienes inmuebles y automotores, los cuales fueron vendidos y reemplazados por otros, estando en la actualidad conformado el activo por tres (3) veh�culos particulares, tres (3) locales, un (1) lote para casa de recreo en Melgar y dos (2) establecimientos de comercio, uno denominado Variedades Gilma y otro S�ndalo Perfumes y Fragancias. 2.

El a quo admiti� la demanda y de ella orden� su enteramiento a la demandada, quien oportunamente se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y formul� las siguientes excepciones de m�rito: �inexistencia de sociedad comercial, civil, de hecho o cualquiera otra entre las partes�, �transacci�n�, �inexistencia de la sociedad de hecho y existencia de sociedad conyugal vigente del actor�.

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Agotadas las diferentes etapas del proceso, se profiri� fallo mediante el cual se negaron las s�plicas de la demanda y se conden� en costas al demandante, al concluirse que no se acredit� la affectio societatis que surja con prescindencia de la uni�n extramatrimonial de las partes en contienda.

FUNDAMENTOS DE LA APELACI�N Inconforme con lo as� decidido la parte actora apel� la sentencia de primer grado, aduciendo en auxilio de su ataque que la a-quo omiti� valorar la prueba recaudada a su favor e ignor� los fundamentos de su demanda, al punto que ni siquiera expuso someramente el motivo por el cual desecha o acoge determinado medio de prueba, ni tampoco analiz� en su conjunto la prueba recaudada, �n�tese c�mo en ning�n momento alude siquiera a los interrogatorios absueltos por las partes y menos a�n se detiene a leer el contenido de los testimonios recaudados por citaci�n del demandante, y deriva del hecho de no aparecer bienes en cabeza del accionante fundamento para negar las pretensiones de la demanda despreciando el acuerdo que al respecto hubo entre las partes a pesar de estar probados los hechos que dieron origen a tal acuerdo como lo es de tener vigente una sociedad conyugal conocida por la demandada y, anterior al inicio de la convivencia y formaci�n de la sociedad de hecho y el ser �l una persona muy atenta y gastadora; el accionante desde el momento de la demanda as� lo plante� y los documentos allegados por la demandada constituyen plena prueba de sus afirmaciones de manera tal que tales documentos deben ser valorados adecuadamente como prueba de sus afirmaciones, no como plena prueba de hechos contrarios a sus intereses de igual manera, el documento de liquidaci�n de la sociedad conyugal que el aporta es la prueba de sus afirmaciones, es decir, la corroboraci�n de que si exist�a dicha sociedad conyugal antes de comenzar su sociedad comercial con Gilma y era raz�n m�s que suficiente para no adquirir bienes a su nombre.

Esta y no otra interpretaci�n es la apreciaci�n razonada y cient�fica de la prueba, aquella que ordena nuestra regulaci�n procesal civil vigente�. CONSIDERACIONES 1. Am�n de que los presupuestos procesales se encuentran acreditados en el presente proceso, la Sala no observa causal de nulidad que pueda invalidar la actuaci�n surtida, ni impedimento alguno para proferir la decisi�n de fondo que en derecho corresponda. 2.

Advi�rtase al rompe que si bien las pretensiones de la demanda se dirigen a que se declare que existi� una �sociedad comercial y civil de hecho�, tambi�n lo es que el juez tiene el deber de interpretar la demanda �de manera que pueda aflorar expl�cita la voluntad del demandante que reposa impl�citamente en el texto de dicho escrito� (C.S.J., exp. 7188, 27 de junio de 2005), y en tales condiciones es innegable que en los argumentos f�cticos que sirven de sustento a las s�plicas deprecadas se adujo la existencia de una relaci�n concubinaria merced a la cual �empezaron a trabajar conjuntamente, formando una sociedad de hecho dirigida a la consecuci�n de beneficios�, circunstancia que pone de relieve la naturaleza de la sociedad cuya declaraci�n se pretende.

En efecto, la sociedad de hecho entre concubinos puede coexistir con las sociedades civiles y comerciales, pues lo que se encuentra prohibido es la concurrencia de sociedades universales, sobre el particular la jurisprudencia ha precisado que: �De todas maneras, la verdad es que nada impide que una sociedad de hecho, como la formada entre concubinos, pueda concurrir con otras, civiles o comerciales legalmente constituidas, toda vez que lo que el legislador enf�ticamente reprime es la concurrencia de sociedades universales, calificaci�n que no puede atribu�rsele a la de este asunto.

As� lo asent� esta corporaci�n en la sentencia sustitutiva proferida en el expediente 7188, el 27 de junio de 2005, en la que expuso: �Por consiguiente, brota di�fanamente la existencia de la sociedad de hecho cuya declaratoria aqu� se demanda, por lo que resulta oportuno precisar que por tratarse de una sociedad distinta a la conyugal, no es de car�cter universal, sino que est� conformada por aquellos aportes en los que se refleja la cooperaci�n de la pareja en su consecuci�n�.

Ahora bien, para que se configure la sociedad de hecho entre concubinos se requiere la presencia de los siguientes presupuestos: �1. Que se trate de una serie coordinada de hechos de explotaci�n com�n; 2. Que se ejerza una acci�n paralela y simult�nea entre los presuntos asociados, tendiente a la consecuci�n de beneficios; 3. Que la colaboraci�n entre ellos se desarrolle en un pie de igualdad, es decir, que no haya estado uno de ellos, con respecto al otro u otros, en un estado de dependencia proveniente de un contrato de arrendamiento de servicios, de un mandato o de cualquiera otra convenci�n por raz�n de la cual uno de los colaboradores reciba salario o sueldo y est� excluido de participaci�n activa en la direcci�n, en el control y en la supervigilancia de la empresa; 4.

Que no se trate de un estado de simple indivisi�n, de tenencia, guarda, conservaci�n o vigilancia de bienes comunes, sino de verdaderas actividades encaminadas a obtener beneficios�; jurisprudencia que precisa dos exigencias adicionales, a saber: �1. Que la sociedad no haya tenido por finalidad el crear, prolongar, fomentar o estimular el concubinato, pues si esto fuere as�, el contrato ser�a nulo por causa il�cita, en raz�n de su m�vil determinante.

En general la ley ignora las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sea para hacerlas civil, y por ello, en principio, no hay obst�culo para los contratos entre concubinos, pero cuando el m�vil determinante en esos contratos es el de crear o mantener el concubinato, hay lugar a declarar la nulidad por aplicaci�n de la teor�a de la causa; 2.

Como el concubinato no crea por s� solo comunidad de bienes, ni sociedad de hecho, es preciso, para reconocer la sociedad de hecho entre concubinos, que se pueda distinguir claramente lo que es la com�n actividad de los concubinos en una determinada empresa creada con el prop�sito de realizar beneficios, de lo que es el simple resultado de una com�n vivienda y de una intimidad extendida al manejo, conservaci�n, administraci�n de los bienes de uno y otro o de ambos� (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Civil.

G. J. XLII, p�g. 476). Presupuestos que fueron morigerados por la misma Corporaci�n cuando en providencia del 27 de junio de 2005, puntualiz�: �hace mucho tiempo la sociedad abandon� la percepci�n de la ilicitud de la uni�n concubinaria, habida cuenta que, de un lado, prontamente fue despenalizada, pues el C�digo Penal de 1936 se abstuvo de tipificarla como una conducta punible, as� como tambi�n las posteriores codificaciones expedidas en esa materia y, de otro, porque la familia sufri� profundos cambios en su estructura y din�mica que condujeron a que esa especie de relaci�n de pareja se generalizara y se modificara su valoraci�n entre los diversos sectores sociales que frontalmente otrora la rechazaban�, raz�n por la cual no puede �exigirse, en forma tan radical, para el reconocimiento de la sociedad de hecho entre concubinos, que la conjunci�n de aportes comunes, participaci�n en las p�rdidas y ganancias y la affectio societatis surja con prescindencia de la uni�n extra matrimonial y que no tenga por finalidad crear, prolongar o estimular dicha especie de uni�n, pues, por el contrario en uniones concubinarias con las particularidades de la aqu� examinada no puede escindirse tajantemente la relaci�n familiar y la societaria, habida cuenta que sus prop�sitos econ�micos pueden estar inmersos en esa comunidad de vida�. 3.

Teniendo en cuenta el anterior marco conceptual y jurisprudencial, se abordar� el examen del asunto sub judice, a fin de averiguar s� las pruebas recaudadas en verdad demuestran la existencia de la sociedad cuya declaratoria reclama el actor, a quien de conformidad con el principio procesal de la carga de la prueba, le correspond�a acreditar los supuestos f�cticos de las normas que consagran el efecto jur�dico que ellas persiguen, so pena de obtener un resultado adverso a lo pretendido. 3.1.

Como prueba documental se allegaron: a) registros de nacimiento de los hijos que las partes involucradas en el litigio procrearon; b) certificados de tradici�n y libertad de los inmuebles que se identifican con las matr�culas inmobiliarias n�meros 50C-1397838, 50C-1397837, 50N-89503, 50C-1397832 y 366-32152; c) certificados de tradici�n de los veh�culos de placas SHF-240, SHH 295, BPH 246, BOT 329, BRZ 915 y ZIK 837; d) matr�culas de los establecimientos de comercio �VARIEDADES GILMA� y �S�NDALO PERFUMES Y FRAGANCIAS�; y, e) certificaciones comerciales expedidas a nombre de Mar�a Gilma Sierra Serrato (fls. 3 a 18 y 45 a 47, cdno. 1 de copias).

Documental que no revela situaci�n diferente a la relaci�n concubinaria que tuvo la pareja y la existencia de bienes muebles e inmuebles en cabeza de la parte demandada y de algunas obligaciones a su cargo que se encuentran vigentes, pero que en manera alguna permite inferir el cumplimiento de los presupuestos requeridos para establecer la existencia de la sociedad de hecho a que alude el actor. 3.2.

Ahora, como una de las razones de inconformidad del recurrente dimana de que no se hubiesen valorado en la sentencia atacada los testimonios recaudados a instancia suya, se proceder� a analizarlos en su integridad. Mateo Alejandro Baez (fls. 129 a 131 ib), narr� que conoci� a don Gonzalo hace unos 25 a�os, ya que viajaba a Maicao a traer mercanc�a la cual �l le transportaba, que despu�s fue cuando se uni� con la demandada, y entonces viajaba el uno o el otro, compraron un local en el Centro Comercial Puerto Pr�ncipe, negociaban con unas busetas; que el local lo atend�a un rato don Gonzalo y otro la se�ora y que despu�s consiguieron empleados.

Respecto a los veh�culos conoci� al demandante administr�ndolos. Jorge Orlando Rojas S�nchez (fl. 132 � 134 ib.), atestigu� que la sociedad que tienen las partes en debate versa sobre los carros y los locales que tienen en San Andresito de la carrera 20 con calle 9�, que juntos administraban las busetas y los locales, viajaban a traer mercanc�a a Maicao y Panam�, y que cuando la demandada viajaba el actor se quedaba administrando los negocios y los veh�culos; hechos de los cuales se enter� porque don Gonzalo le cont�.

V�ctor Julio Rojas Avenda�o (fls. 136 � 139), relat� que conoce a las partes hace unos doce a�os, que don Gonzalo le dio trabajo conduciendo un bus entre los a�os de 1998 y 2003, raz�n por la cual en muchas ocasiones entreg� cuentas en las oficinas de San Andresito, Afirm� adem�s, que ubica a las partes en el ramo del transporte y venta de perfumes.

Juan Eutimio Chac�n Cubillos (fl. 140 y s.s.), narr� que trabaj� como conductor de la buseta 4503 de placas SHF 240, que en alguna ocasi�n le toc� ir a descargar mercanc�a de un contenedor a varias bodegas en San Andresito, que quien estaba m�s pendiente de las busetas era don Gonzalo y que a �l le entregaban cuentas, pero que a veces iban a las oficinas de San Andresito y se les daban a la demandada.

Ali Ahmed El Reda Jaafar (fls. 153 � 154), refiere que conoce a la demandada desde 1980, porque le vende mercader�a en Maicao y que siempre han negociado, que lleva seis a�os en el Centro Comercial y no ha visto persona diferente de ella y sus hijos al frente del negocio. Mar�a Betty Rivera Garc�s (fl. 155 y s.s.), aduce que Mar�a Gilma Sierra es su proveedora de mercanc�as, que nunca negoci� con don Gonzalo, porque el no estaba en el negocio y neg� que la mercader�a llegara en contenedores, pues se transportaba en carros peque�os.

Francisco Jes�s Solarte Oliva (fls. 158 y s.s.), atestigu� que conoce a las partes, que Gonzalo Rodr�guez ten�a que ver con la administraci�n de la producci�n de una buseta y que quien administraba el local exclusivamente era la demandada. Pedro Jacinto Salamanca (fls. 161 y s.s.), narr� que conoce a las partes involucradas en la litis, a la actora administrando el local de su propiedad y al demandante en actividades extralaborales; am�n de que el transporte de mercanc�a no se realiza en contenedores sino en camiones peque�os para no tener inconvenientes con las autoridades.

Jorge Humberto Salazar Pineda (fls. 163 y s.s.), afirm� no conocer al demandante, pues las relaciones comerciales las tuvo con la demandada quien se ha dedicado a la perfumer�a y cosm�ticos. Ricardo Rodr�guez (fls. 165 y s.s.), refiere que es administrador del Centro Comercial Puerto Pr�ncipe, que conoce a la demandada porque es propietaria de dos oficinas y un local en dicho centro, y al demandante como esposo de aqu�lla, que nunca lo vio en temas relacionados con el local, que ella era la viajaba a Panam�, la China y Corea a comprar mercader�a. De otro lado tambi�n asever� que en el centro comercial no pueden descargar tractomulas sino carros peque�os.

Josefina Pinz�n Rinc�n (fls. 169 y s.s), refiere que labor� hace doce a�os con la demandada, que el tiempo que trabajo con las partes el actor no realiz� viajes para compra de mercader�a, que cuando viajaba la demandada y se requer�an recursos para los gastos de la casa, el demandante le dec�a que se entendiera con la patrona, que a veces llevaban el producido de la buseta y que el paquete sellado se le entregaba a la demandada.

Nancy Yaneth Parra Silbato relat� que desde mediados de 1998, administra los buses y busetas de propiedad de la demandada, que inicialmente eran tres busetas y dos buses y actualmente son tres busetas, que rinde cuentas de su gesti�n a la demandada y a sus hijos, y que en algunas ocasiones habl� con el actor lo referente al aceite de los veh�culos u otros detalles, pero que era aqu�l quien la llamaba (fls. 172 � 175).

Juan de la Cruz Romero (fls. 177 y 178), atestigu� que conoce a las partes contendientes, que el manejo de sus veh�culos lo hac�an de manera independiente, toda vez que do�a Mar�a Gilma utiliza los servicios de la se�ora Nancy Parra para el control del producido de los veh�culos de su propiedad y don Gonzalo hac�a lo mismo de manera directa con el suyo.

Juan Gilberto S�nchez Avenda�o (fls. 179 y s.s.), narr� que conoce a las partes involucradas en la litis hace unos veinte (20) a�os, ya que fue Gerente de Cootraniza y que le consta que ellos manejaban el asunto de sus carros de manera independiente, en lo que tiene que ver con la empresa, pago de obligaciones, compromisos como asociados y un programa de mantenimiento quincenal.

A su turno, los hijos de las partes involucradas en la litis negaron la existencia de la sociedad de hecho alegada por el actor; as� Fabio Leonardo Rodr�guez Sierra (fls. 182 y s.s.), refiri� que su padre no les ayud� nunca con las importaciones ni en la comercializaci�n de productos para el hogar y perfumer�a, ni tampoco colabor� con la administraci�n de los veh�culos, que �nunca hubo un mutuo acuerdo para explotar, generar o producir ganancias de bienes o servicios, no hubo nunca esa sociedad�, que el actor hace m�s de quince (15) a�os recib�a las cuentas de los veh�culos de la demandada y que los malgastaba con los conductores, los mec�nicos y los mismos socios de la empresa; versi�n que no solo fue corroborada por Juan Carlos Rodr�guez Sierra (fls. 188 a 192), quien sostuvo que el demandante no intervino en los negocios de la demandada, pues a San Andresito iba espor�dicamente y que en alg�n momento manejo las busetas pero la demandada �no recib�a el producido�, sino por Eduardo Rodr�guez Sierra (fls. 193 a 196) y Lucy Andrea Rodr�guez Sierra (fls. 197 y s.s), quienes en su orden atestiguaron, a. que su progenitor iba muy poco a San Andresito y que cuando concurr�a era para solicitar dinero, que la �nica que trabaj� fue la demandada, porque de aqu�l no recibieron apoyo econ�mico; y b. que la demandada es comerciante y el demandante no ha tenido una actividad laboral, que a veces cog�a las cuentas de los conductores, a pesar de no existir autorizaci�n para ello. 3.3.

Analizado en conjunto el anterior acervo probatorio se evidencia, que si bien es cierto demandante y demandado tuvieron una relaci�n concubinaria a partir del 6 de febrero de 1980, tambi�n lo es que a la fecha de presentaci�n de la demanda se encontraba finalizada y que no obran elementos de juicio que permitan deducir que dicha clase de relaci�n trascendi� al desarrollo de un proyecto econ�mico com�n. En efecto, si bien Mateo Luis Alejandro Baez refiere que los demandados �trabajaban conjuntamente� y que �hicieron el capital ambos�, cuando se le pregunt� si presenci� que los contendientes realizaban alg�n tipo de actividad conjuntamente, o realizaran negociaciones de las cuales hubiese sido testigo, contest� que �viajaban los dos, ya despu�s conviv�an ellos�, y cuando se le indag� si conoc�a la raz�n por la cual los bienes estaban a nombre de la demandada, manifest� que no sab�a, situaci�n similar sucedi� cuando se le interrog� sobre hechos atinentes a la explotaci�n econ�mica, pues se limit� a indicar que el actor administraba los buses porque �l los �arreglaba y todo�, pero sin indicar la ciencia de su dicho, y en tales condiciones el testimonio en an�lisis no merece credibilidad para la Sala.

En cuanto a lo expuesto por Jorge Orlando Rojas, no tiene ning�n valor demostrativo pues su versi�n proviene de lo contado por el actor. Respecto de los testimonios de los conductores de los buses Jos� Eutimio Chac�n y V�ctor Julio Rojas Avenda�o, si bien refieren que le entregaban cuentas indistintamente al demandante o la demandada en sus oficinas de San Andresito, tales medios de convicci�n no tienen la virtualidad de demostrar una serie coordinada de hechos de explotaci�n com�n de los veh�culos de propiedad de la demandada, pues aparecen contrarrestados con las versiones de Juan Gilberto S�nchez Avenda�o, Gerente de Cootraniza y Juan de la Cruz Romero, quienes sostuvieron que los aqu� contrarios manejaban aut�nomamente los automotores de su propiedad.

Ahora bien, a�n aceptando en gracia de discusi�n que el demandante durante alguna �poca hubiera recibido el producido de los rodantes de propiedad de la demandada y determinado las reparaciones a realizar, tal circunstancia no es indicativa necesariamente de la existencia de una acci�n tendiente a la consecuci�n de beneficios, pues de los testimonios atr�s citados se advierte que durante dicho per�odo los rodantes s�lo daban p�rdida, y que el actor se quedaba con el producido y por ende, no se trataba de una labor coordinada de explotaci�n econ�mica, am�n de que no se demostr� en que per�odo se realiz� dicha labor y con que objeto, pues desde 1998 tal funci�n la asumi� Nancy Parra y con anterioridad a dicha data la secretar�a y los hijos de la demandada.

De otro lado, no se prob� que el demandante hubiese tenido participaci�n alguna en los locales de San Andresito, pues las pruebas muestran que quien estuvo al frente de ellos fue la demandada, y la supuesta participaci�n del se�or Rodr�guez en el descargue de contenedores, se desvirtu� con el testimonio del administrador del Centro Comercial Puerto Principe, quien es categ�rico en afirmar que s�lo se puede realizar dicha labor con veh�culos peque�os para evitar problemas con las autoridades; am�n de que los clientes de la demandada conoc�an a Gonzalo Rodr�guez como esposo de ella, pero afirman no haber realizado negocios con �l, y respecto de que el demandante viajaba a traer mercader�a para los locales, salvo Mateo B�ez, los dem�s testigos son coincidentes en sostener que aqu�l no realizaba dicha actividad.

En relaci�n con los inmuebles no se vislumbran hechos que permitan determinar que fueron adquiridos por las partes con el producto de su trabajo mutuo, pues los testigos no hacen referencia a dicha tem�tica. Igualmente p�ngase de presente que no se advierte que existiera un plano de igualdad entre demandante y demandada, pues cuando se requer�a al primero sufragar los gastos del hogar remit�a a la demandada como se deduce del testimonio de Josefina Pinz�n Rinc�n y de los hijos de la uni�n, quienes si bien pod�an estar parcializados a favor de la se�ora Sierra, tal circunstancia no impide que se valore su dicho, sino que se debe �auscultar qu� tanto cr�dito merece�, y en el caso que se estudia se advierte que la versi�n dada por aqu�llos coincide con lo afirmado por los dem�s testigos.

Aduce el recurrente en la sustentaci�n de la alzada que el a-quo no tuvo en cuenta los hechos aceptados por la demandada en la contestaci�n del escrito genitor de la acci�n y que no valor� el acervo probatorio en su conjunto. Respecto de lo primero advi�rtase que la se�ora Sierra s�lo acept� la convivencia con el actor pero no la existencia de la sociedad de hecho (fls. 49 a 59, c. 1), y de lo segundo, como atr�s se indic� de la valoraci�n conjunta de la prueba aportada al proceso y atendiendo las reglas de la sana cr�tica, forzoso es concluir que no se encuentran elementos que permitan deducir la existencia de los requisitos que conforman la sociedad de hecho solicitada. 4.

De acuerdo con lo discurrido, no es posible sino arribar a la conclusi�n de que en el asunto sub lite el a quo acert� en su decisi�n, pues lo cierto es que no pueden salir avante las pretensiones de la parte demandante, en la medida en que no obran pruebas que de manera inequ�voca permitan inferir, que GONZALO RODR�GUEZ MU�OZ y MAR�A GILMA SIERRA en un plano de igualdad desplegaron una serie coordinada de actividades de explotaci�n com�n, tendientes a obtener un beneficio.

S�guese de lo expuesto, que la decisi�n de primer grado deber� ser confirmada en su integridad; y, consecuentemente, se condenar� a las costas de esta instancia a la parte apelante vencida, de conformidad con lo dispuesto el art�culo 392 del C. de P. C. DECISI�N En m�rito de la discurrido, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� D.C., en Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de octubre de 2008 por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de la ciudad.

SEGUNDO. COSTAS de esta instancia a cargo de la parte demandante; liqu�dense. C�piese, notif�quese y c�mplase Los Magistrados, JULIA MAR�A BOTERO LARRARTE Ref: 06-00103 JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS Ref: 06-00103 MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA Ref: 06-00103 Discutido y aprobada en Sala del 12 de agosto de 2009  Criterio reiterado en sentencia de 29 de septiembre de 2006.

Expediente 1999 01683.  Cfr. Art. 177 del C. de P.C.  Sobre dicha tem�tica la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en providencia S-171 de 4 de diciembre de 2006 tuvo la oportunidad de pronunciarse, en sentido similar al indicado en la providencia.  C.S.J., Sala Civil, Sentencia de septiembre 19 de 2001, exp. 6624.     PAGE  PAGE 16 JMBL 2006 00103 BLM[�����������  � � � � � �  ���ȸ����{�n^�n�R�n�F�F�F�^hB �OJQJmH sH h�J�OJQJmH sH h�J�h�J�5�OJQJmH sH h�J�5�OJQJmH sH "h�2�h�J�5�6�OJQJmH sH h�2�h�J�6�OJQJmH sH h)c{OJQJmH sH h�J�h�J�OJQJmH sH h�2�h�J�5�OJQJmH sH h�2�h�J�5�OJQJh�2�h�J�OJQJaJh�J�h�J�OJQJaJ!jh�J�h�J�OJQJUaJBMN������   � ������������������$ �;��3��d�]�3`��a$gd�J�$����d�^��`��a$gd�J� ��d�`��gd�J�$��d�`��a$gd�J�$��d�`��a$gd�J�gd�J��j/ldl���  6 7 < E N Z k l o �    B Y a r � � � � � �    ) F T U d � � � � � ����˿����񿧗�˧���x�x��l`�`�`l�lh0pOJQJmH sH h��OJQJmH sH h�2�OJQJaJmH sH h�J�h�J�OJQJaJmH sH h�L;h�L;6�OJQJmH sH h�L;OJQJmH sH hB �OJQJmH sH h�2�OJQJmH sH hK�OJQJmH sH h�2�5�OJQJmH sH hB �5�OJQJmH sH h�J�h�J�OJQJmH sH %� �  J K noUW��pq������������������ ��d�`��gd!$ �;��3��d�]�3`��a$gd�J�$ �0���d�*$`��a$gd�J� $d�a$gd�n $d�a$gd�J�$��d�`��a$gd�J�d�gd�J�$ �y��d�`��a$gd�J�� � � � � � � I N \ � � � � � � � � � .09Fms�����T[l����!=ANR{��������������������������������������t�t�t�h1i�OJQJmH sH h64 OJQJmH sH h�nOJQJmH sH h_J�6�OJQJmH sH h_J�h_J�6�OJQJmH sH hTi[OJQJmH sH h_J�OJQJmH sH h0pOJQJmH sH h�J�h�J�OJQJmH sH h��OJQJmH sH h�L;OJQJmH sH -{��������()*5=J|�YZlopq������ͼ�����������n�n�n_n���hK�6�@���OJQJmH sH #h!h!6�@���OJQJmH sH h!@���OJQJmH sH h_J�@���OJQJmH sH h�n@���OJQJmH sH #h�J�h�J�6�@���OJQJmH sH h�J�h�J�@���OJQJmH sH h�J�h�J�OJQJmH sH hv�OJQJmH sH h�nOJQJmH sH h1i�OJQJmH sH q�-AQRSf������TW\����������������ҶҦޖަފz�n�b�Vb�JbJh2[�OJQJmH sH hk �OJQJmH sH h-=SOJQJmH sH h$�OJQJmH sH h-=Sh0s5�OJQJmH sH h0sOJQJmH sH h�J�h�J�5�OJQJmH sH h�J�h�J�6�OJQJmH sH h-=Sh!5�OJQJmH sH hOJQJmH sH h!OJQJmH sH h�J�h�J�OJQJmH sH $h�J�h�J�CJOJQJaJmH sH ���������������!��������������$�7�7]�7^�7a$gd*s�$ �0���dh*$`��a$gd�b<$ �0��7dh*$`�7a$gd(9�$ �0�dh*$a$gd(9�$ �y��d�`��a$gd�J�$ �y��d�`��a$gd�J�"-UYZef ���������-?������öéÜÊykZIkI;hK�@���OJQJmH sH h�J�hy3b@���OJQJmH sH h�J�h�Fu@���OJQJmH sH hQp@���OJQJmH sH h�J�h(9�@���OJQJmH sH #h�J�h(9�5�@���OJQJmH sH h7 �6�OJQJmH sH h� �6�OJQJmH sH h��6�OJQJmH sH h$.�6�OJQJmH sH h$.�OJQJmH sH h�CPOJQJmH sH h2[�OJQJmH sH h-=SOJQJmH sH ?BUY���<��������"d��������������������������oaSa�a�Eah�TV@���OJQJmH sH h*s�@���OJQJmH sH h��@���OJQJmH sH #h��h��6�@���OJQJmH sH #h��h�:�6�@���OJQJmH sH h7 �@���OJQJmH sH h�:�@���OJQJmH sH #h�:�h�:�6�@���OJQJmH sH #h�:�hK�6�@���OJQJmH sH hK�@���OJQJmH sH h�J�h�J�@���OJQJmH sH h�CP@���OJQJmH sH �������, t!u!�!�!�! 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