��ࡱ�>�� SV����R��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��S<bjbjT~T~ 1\66�2�����������7OOO����ccc8�\�$cC�4OOO***�������� ��#��O*****�OOOO��****NOOOO�**�***O������m�cx�*�0C*$�0$*$O*�********��****C****��������������������������������������������������������������������$*********� �: $TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT� SALA CIVIL DE DECISI�N Bogot�, D. C., trece de enero de dos mil diecisiete 11001 3199 002 2015 00243 01 Se decide la apelaci�n que formul� la demandada Royal Green Ressources Limited contra el auto del 29 de agosto de 2016, mediante el cual la Superintendencia de Sociedades desestim� la excepci�n previa de cl�usula compromisoria que formul� la recurrente, en el proceso verbal (de impugnaci�n de un acta de asamblea de la sociedad Green Mine Ltda.) que en su contra (y de otras personas) promueve Oro Black Corp.
Sostuvo el aludido juzgador que �los efectos vinculantes de una cl�usula compromisoria dependen necesariamente de una manifestaci�n expresa de voluntad con el fin de acudir a la justicia arbitral (�) y ello se debe a que, seg�n el art�culo 5� de la Ley 1564 de 2012, la cl�usula compromisoria es aut�noma respecto del contrato del cual se pacta�; que �debido a que en las sociedades tipificadas en el C�digo de Comercio la cl�usula compromisoria no tiene el rango de regla estatutaria, ni constituye un elemento accesorio del contrato social, para que sus efectos vinculen a alg�n asociado, �ste debe haber aceptado voluntariamente su adherencia al pacto arbitral� y que �Oro Black Corp. no se adhiri� al pacto arbitral previsto en los estatutos sociales de Green Mine Ltda.�.
LA APELACI�N. La inconforme aleg� que �la cl�usula compromisoria contenida en el contrato de sociedad no requiere de aceptaci�n expresa y posterior de los socios adquirentes de las cuotas sociales, ya que se impone tanto a los socios constituyentes, como a los adquirentes�; que �al ser la demandante, como Royal Green Ressources, socios adquirentes de cuotas sociales, a estos se les impone el pacto arbitral en los t�rminos en que fueron acordados dentro del contrato social� y que �el principio de habilitaci�n en materia arbitral implica una manifestaci�n de voluntad, la cual no requiere ser calificada para que produzca efectos (�), de esta forma, nada impide que pueda darse de manera general para distintos actos o negocios jur�dicos que consten en un mismo instrumento, como sucede cuando la cl�usula arbitral consta en el mismo documento en el que se encuentran los estatutos de la sociedad�.
A�adi� que �la autonom�a de la cl�usula compromisoria se traduce en la posibilidad que tiene el tribunal arbitral de pronunciarse sobre la existencia o validez del contrato que la contiene (�) sin embargo, el juez a quo interpreta el principio en un sentido distinto al requerir para su validez que exista aceptaci�n individual y posterior por cada socio que ingrese a la sociedad, situaci�n que NO es requerida por la norma�, y que �en virtud del inciso final del art�culo 5 de la Ley 1563 de 2012, la cesi�n de un contrato que contenga pacto arbitral, comporta la cesi�n de la cl�usula compromisoria�, circunstancia que tiene ocurrencia en el asunto sub judice��.
CONSIDERACIONES Se revocar� el auto apelado, por cuanto, a juicio de este Despacho, la cl�usula compromisoria contenida en un contrato constitutivo de sociedad mercantil, s� es oponible a las personas (naturales o jur�dicas) que, pese a no haber suscrito personalmente el acto constitutivo del ente social, hubieran adquirido posteriormente la condici�n de socios.
Y es que, como ocurre, por regla de principio, con cualquier otra clase de cesi�n (contractual, crediticia, litigiosa, etc.), la transferencia de cuotas sociales de una sociedad limitada (que se materializa a trav�s de una �cesi�n�, elevada a escritura p�blica, de conformidad con el art�culo 362 del C. de Comercio), implica, �nicamente, una modificaci�n en la integraci�n de un extremo de la relaci�n jur�dica de que se trate, m�s no la alteraci�n del v�nculo jur�dico en s� mismo considerado, cuyos elementos, efectos, etc., se entiende que han sido aceptados por el cesionario, al otorgar su consentimiento para el perfeccionamiento de la cesi�n. As� ocurre, por v�a de ejemplo, con la cesi�n contractual (prevista en el art�culo 887 del C. de Co.), por cuya virtud, �el tercero cesionario adquiere del contratante cedente la posici�n o situaci�n jur�dica que le corresponde, sustituy�ndolo en la totalidad (�) de las relaciones jur�dicas�, o en la cesi�n de cr�ditos, que �no persigue efecto distinto de situar en cabeza de un nuevo acreedor, con quien deber� entenderse en adelante el deudor, el cr�dito que existe a favor del cedente� y que �comprende sus fianzas, privilegios e hipotecas� (art. 1964, C. Civil).
Mutatis mutandis, similar situaci�n se presenta respecto de la cesi�n de cuotas sociales en una sociedad limitada, en tanto que el cesionario, entra a ocupar la misma posici�n contractual que hasta ese momento hab�a correspondido al socio enajenante y, en consecuencia, adquiere los mismos derechos que, a su predecesor, otorgaba el contrato social, pero tambi�n las mismas obligaciones que ese negocio jur�dico le impon�a. Es precisamente con esa orientaci�n que autorizada doctrina ha precisado que �el estatuto social es el ordenamiento consentido por los fundadores de la compa��a para regular la vida de esta, tanto en su organizaci�n, como en sus relaciones internas y externas.
Esas reglas de conducta constituyen la ley primordial de los asociados, y si son v�lidas preferir�n a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles (C. de Co., art. 4�)�. La obligatoriedad de esas reglas que gobiernan a la sociedad se extiende a los asociados presentes y futuros; y una vez surtido el requisito de publicidad mercantil, son oponibles a terceros�.
En �ltimas, es en virtud de la condici�n de �socio� que una persona adquiere los �poderes y deberes, derechos y obligaciones que la propia ley atribuye a quien participa en una colectividad�, debi�ndose destacar que �la configuraci�n del estado o condici�n de socio se refiere a la situaci�n del asociado como sujeto unas veces activo y otras veces pasivo de relaciones jur�dicas en el �mbito de la sociedad, ya sea que ingrese ab initio o con posterioridad a su constituci�n�.
As� las cosas, colige el Suscrito Magistrado que no anduvo muy afortunado el juez de primera instancia al desestimar la excepci�n de cl�usula compromisoria que formul� Royal Green Resources Limited, simplemente porque la parte actora (y la misma recurrente) no hubieran aceptado, expresamente, el pacto arbitral que se incluy� en el contrato que dio origen a la creaci�n de la sociedad Green Mine Ltda. (que es la persona jur�dica que profiri� las decisiones sobre las que versa la demanda), y por cuya conformidad, �toda controversia o diferencia relativa a este contrato y a su ejecuci�n y liquidaci�n, se resolver� por un Tribunal de Arbitramento designado por la Junta Directiva de la C�mara de Comercio de Bogot� (fl. 36, vto.).
Y es que, sin que ofrezca mayor utilidad entrar en la discusi�n que plante� el aludido fallador en punto a la naturaleza que pudiera endilg�rsele a la rese�ada estipulaci�n compromisoria respecto de los contratos societarios (es decir, si es un elemento de la esencia, de la naturaleza o accidental), lo verdaderamente relevante, por lo menos para este litigio, es que una cl�usula de esas condiciones qued� incluida en el acto constitutivo de Green Mine Ltda., cuyo contenido, vuelve y se insiste, ha de asumirse que aceptaron los socios de esa persona jur�dica al adquirir en ella derechos de participaci�n, con lo que ha de entenderse satisfecho el presupuesto de �habilitaci�n� requerido para la eficacia de una cl�usula compromisoria.
Adem�s, contrario a lo que sostuvo el juzgador de primer grado, la �autonom�a� de la que (de conformidad con el art. 5� de la Ley 1563 de 2012) goza la cl�usula compromisoria respecto del contrato al cual se incorpora, no impide llegar a la conclusi�n ya advertida, pues es ese mismo precepto (es decir, el que contempla la autonom�a como una de las caracter�sticas de la cl�usula compromisoria), el que dispone expresamente, en su inciso final, que �la cesi�n de un contrato que contenga pacto arbitral, comporta la cesi�n de la cl�usula compromisoria�, esto es, sin necesidad de la aceptaci�n expresa y adicional que ech� de menos la Superintendencia de Sociedades.
Tampoco anduvo muy afortunado el aludido fallador al invocar (como raz�n del fracaso de la excepci�n de cl�usula compromisoria) las argumentaciones que esgrimi� la Corte Constitucional en la sentencia C-14 de 2010. Primero, porque dicho fallo (en el que expresamente se reconoci�, como regla de principio, la �libertad legislativa� para regular lo atinente a los alcances del arbitramento y de la cl�usula compromisoria) se dict� cuando aun no hab�a entrado a regir el citado art�culo 5� de la Ley 1563 de 2012.
Segundo, porque en esa oportunidad, la aludida Corporaci�n se limit� a estudiar la exequibilidad de una norma que ni siquiera es aplicable a esta actuaci�n (vale decir, el art�culo 40 de la Ley 1258 de 2008 que permite expresamente que en las sociedades por acciones simplificadas se someta a consideraci�n de la justicia arbitral la impugnaci�n de actas de asamblea, lo que hasta ese entonces no era permitido en ninguna de las sociedades comerciales, esto en virtud de lo previsto en el art�culo 194 del C. de Comercio).
Y tercero, porque, en la sentencia C-14 de 2010, en vez de refrendar la hermen�utica plasmada en el auto apelado, la Corte termin� por ofrecer una orientaci�n que armoniza con lo que hasta aqu� se ha dicho en punto a la oponibilidad de la cl�usula compromisoria a las personas que adquieran la condici�n de socios con posterioridad a la fecha en que se hubiera incluido dicha estipulaci�n en los estatutos de la respectiva sociedad mercantil.
Ciertamente, en el susodicho fallo de constitucionalidad, la Corte precis� que �la expresi�n de voluntad a favor de la cl�usula compromisoria tambi�n se puede predicar de aquellas personas, naturales o jur�dicas, que se vinculen como accionistas con posterioridad a la constituci�n de la sociedad, o al momento en el que se perfeccion� la reforma estatutaria que la incorpor�.
Pues en tal caso, la persona interesada en asociarse, en ejercicio de su libertad constitucional de asociaci�n, conocer� de la existencia de la cl�usula compromisoria en los estatutos, y evaluar� si la acepta o no. En caso de no aceptarla, tambi�n en ejercicio del aspecto negativo de su libertad de asociaci�n, que lo exime de la obligaci�n de asociarse, podr� abstenerse de perfeccionar su ingreso como socio de la misma.
Pero al decidir libremente ingresar, se entiende que acepta libre y voluntariamente las reglas establecidas en los estatutos, incluyendo, si a ello hay lugar, la cl�usula compromisoria�. No sobra a�adir que el �xito de la excepci�n previa en estudio no se ve comprometido porque, para la �poca en que se ajust� el contrato societario de Green Mine Ltda. (26 de agosto de 2002, fl. 27), y en virtud del otrora vigente art�culo 194 del C. Comercio, el ordenamiento jur�dico prohib�a que los procesos de impugnaci�n de actas de asamblea fueran conocidos por un tribunal de arbitramento (tesis que plante� la parte actora al descorrer el traslado de la apelaci�n de su contraparte, fls. 27 y 28, c. 3).
T�ngase en cuenta que esa disposici�n normativa (de raigambre eminentemente procesal, y no contractual como lo plante� la demandante al invocar el art�culo 38 de la Ley 153 de 1887, pues regulaba �nicamente el juez competente y la clase de procedimiento para un determinado litigio), fue derogada por el art�culo 118 de la Ley 1563 de 2012, por manera que para finales del a�o 2015 (�poca en que se promovi� esta actuaci�n), nada imped�a que las pretensiones que aqu� formul� la parte actora, fueran ventiladas ante un tribunal de arbitramento, como se pact� en el contrato de creaci�n de la sociedad Green Mine Ltda. Se revocar�, entonces, la alzada en estudio, y, como consecuencia del �xito de la excepci�n previa de cl�usula compromisoria, se dispondr� la terminaci�n del proceso, como lo dispone el art�culo 97 (n�m. 7�) del C. de P. C. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Suscrito Magistrado REVOCA el auto que el 29 de agosto de 2016 profiri� la Superintendencia de Sociedades en el proceso verbal de la referencia. En su lugar acoge la excepci�n previa de �cl�usula compromisoria� que formul� Royal Green Ressources Limited y, en consecuencia, dispone la terminaci�n del proceso verbal de la actuaci�n. Costas de segunda instancia, a cargo de la demandante.
Liqu�dense por el juez a quo incluyendo como agencias en derecho la cantidad de $ 1�500.000, tasaci�n que hace el suscrito Magistrado siguiendo las pautas que para el efecto contempla el art�culo 1.12.1 del Acuerdo 1887 de 2003, del Consejo Superior de la Judicatura. Previo el env�o de la comunicaci�n a que refiere el segundo inciso del art�culo 359 del C. de P. C, Secretar�a devuelva la actuaci�n a la oficina de origen.
Notif�quese OSCAR FERNANDO YAYA PE�A Magistrado CSJ., sent. de 19 de octubre de 2011, exp. 00847 OBLIGACIONES, Jorge Cubides Camacho, 7� edici�n, Ed. Javeriana, p�g. 363 TEOR�A GENERAL DE LAS SOCIEDADES, Jos� Ignacio Narv�ez Garc�a, 8� Edici�n, Ed. Legis, p�g. 231 Ib�dem, p�g. 180. PAGE P�GINA �Error!Marcador no definido. 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