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Ref: 11001310303819801075 01 (Discutido y aprobado en sesi�n de 22 de febrero de 2005). Se decide el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte ejecutante contra la sentencia adiada el 5 de octubre de 2004, proferida por el Juzgado 38 Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ejecutivo con t�tulo hipotecario adelantado por el Banco Granahorrar contra Carlos Ernesto Vacca Munar.
A N T E C E D E N T E S 1. La entidad crediticia en menci�n demand� de los ejecutados el pago de 1.769.4745 Upacs, por concepto de �capital insoluto� de la obligaci�n contenida en el pagar� No. I-60895-1; los intereses moratorios al 26% anual desde la fecha de presentaci�n de la demanda; 242.4346 Upas, equivalentes �a las cuotas mensuales que se encuentran vencidas�, m�s similares r�ditos desde el 16 de marzo de 1998 hasta el referido acto procesal. 2.
Para tal efecto, la parte ejecutante solicit� la venta en p�blica subasta del inmueble distinguido con el n�mero de matr�cula inmobiliaria 50N-20127496, gravado con hipoteca mediante la escritura p�blica No. 2038 de 29 de diciembre de 1993, otorgada en la Notar�a 29 de esta ciudad. 3. La orden de apremio se notific� al ejecutado por intermedio de curador ad litem, quien en oportunidad propuso la excepci�n de �prescripci�n de la acci�n cambiaria del t�tulo-valor base de ejecuci�n�, soportada en los art�culos 789 del C�digo de Comercio y 90 del C.P.C. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El juez del conocimiento declar� probada la defensa, sobre la base de que para la fecha en que se notific� el auxiliar de la justicia, hab�a �sobrepasado el t�rmino prescriptivo de tres a�os establecido en el art�culo 789 del estatuto mercantil�.
Se�al� que si bien es cierto Gretta Janeth Alvarez y Mar�a Alejandra P�rez Diago afirmaron que �el aqu� demandado tuvo contacto con ellos para tratar el tema del cr�dito y las posibles alternativas de pago, no es menos cierto que con el mero dicho de los declarantes no se puede tener por verificado el fen�meno de renuncia a la prescripci�n, m�xime cuando sus dichos no pueden tenerse del todo imparciales�, en la medida en que prestan sus servicios para la entidad Corfinanzas dedicada � al cobro de cartera del Banco Granahorrar�, siendo �evidente que entre dichas sociedades �existe una relaci�n de dependencia e inter�s directo en el resultado del proceso, por lo cual han de tenerse como sospechosos� (fl. 163, cdno. 1).
Extra�� documentos que demostraran los acuerdos de pago aludidos por la parte ejecutante y trajo a colaci�n un pronunciamiento del Tribunal Superior de Medell�n, seg�n el cual el reconocimiento de la obligaci�n �debe suceder ante quien ostenta la calidad de acreedor o su representante�, calidad que no ostenta la sociedad de cobranzas citadas, por cuanto �es una persona jur�dica diferente a la entidad financiera titular de la deuda� (fl. 164, cdno. 1).
EL RECURSO DE APELACI�N La parte ejecutante, tras de lograr, en los t�rminos del numeral 3� del art�culo 361 del C.P.C., que el Tribunal tuviese como prueba la copia de una acci�n de tutela instaurada por el ejecutado contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sostuvo que (i) el curador ad litem �no aleg� la prescripci�n desde la presentaci�n de la demanda sino desde el vencimiento de la primera cuota de mora�, raz�n por la cual �la obligaci�n acelerada no se encuentra cobijada por dicho fen�meno�;
(ii) el reconocimiento de la obligaci�n, �antes de ser decretada la prescripci�n�, genera es la interrupci�n de la misma; (iii) el hecho de que exista �una relaci�n contractual entre dos empresas, no puede tenerse como causa de presunci�n de que las declarantes mintieron�; (iv) el demandado conoc�a de la existencia de este proceso, toda vez que elev� la solicitud de amparo ya mencionada, en la que hizo alusi�n expresa a la obligaci�n demandada;
(v) la prescripci�n tambi�n se interrumpi� con el alivio que se le efectu� a la deuda, producto de la reliquidaci�n del cr�dito en los t�rminos de la ley 546 de 1999; y, (vi), que el auxiliar de la justicia referido, no est� facultado para alegar la prescripci�n, pues s�lo puede renunciar a la prescripci�n �sino el que puede enajenar�, siendo �claro que el curador �no puede enajenar en nombre del deudor� (fl. 15, cdno. 2).
C O N S I D E R A C I O N E S 1. Aunque es evidente que algunos de los argumentos de la parte ejecutante admiten censura por parte del Tribunal especialmente el que tiene que ver con la facultad del curador ad litem para formular excepciones, pues es claro que su funci�n esencial es la de �proteger los derechos del ausente, que no por estarlo puede recibir un tratamiento procesal desventajoso�, tarea que lo habilita para �liberar a su representado de la obligaci�n por la cual se le demanda�, am�n de que lo estatuido en el art�culo 2� de la Ley 791 de 2002, no se remite a duda que el ejecutado, con posterioridad a la �poca en que se configur� la prescripci�n, reconoci� la deuda aqu� demandada, acto que no puede traducir cosa distinta que la renuncia t�cita de ella, seg�n lo prescribe el art�culo 2514 del C�digo Civil.
En efecto, contrario a lo afirmado por el a quo, dicha conclusi�n se extrae de las declaraciones de Gretta Janeth Alvarez Alvarez �ex analista de cartera de Corfinanzas- y Mar�a Alejandra P�rez Diago �representante legal de la misma empresa-, seg�n las cuales el se�or Vacca Munar, durante los meses de marzo a mayo de 2003, entr� en conversaciones con esa firma en b�squeda de soluciones de pago de la obligaci�n, aceptando ser deudor de la contenida en el t�tulo que soporta la ejecuci�n. Al respecto, obs�rvese que la primera de ellas sostuvo que durante el periodo de tiempo en menci�n, �tuve contacto telef�nico con �l �se refiere al demandado- y se acerc� a la oficina, se le inform� el estado del cr�dito y las opciones que ten�a para normalizarlo, para dejarlo al d�a�; el titular manifestaba que estaba vendiendo el inmueble para poder hacer ese pago, porque era la �nica opci�n que ten�a�.
Posteriormente, precis� que dicho ejecutado �en todas las oportunidades� manifest� su deseo de cancelar el cr�dito (se subraya; fls. 137 y 138, cdno. 1). Por su parte, Mar�a Alejandra P�rez Diago indic� que en marzo de 2003, el deudor se llev� de su oficina �un listado de los peritos de Granahorrar para hacer un aval�o al inmueble, para hacer propuesta de pago sobre el aval�o�.
Luego indic� que en el mes de abril de ese a�o, hab�a manifestado que iba a vender el bien por su cuenta, �para pasar propuesta de pago�, comentario que reiter� en el mes siguiente (fls. 139 y 140, cdno. 1). Desde luego que la Corporaci�n comparte la tesis del Tribunal de Antioquia, colacionada por el a quo, en el sentido de que el reconocimiento de la obligaci�n no puede tener eficacia de cara al fen�meno prescriptivo si se realiza enfrente de un tercero, dado que para ello se requiere que la manifestaci�n de voluntad que aqu�l haga en ese sentido, se efect�e directamente al acreedor o a su representante, hip�tesis �sta �ltima que se present� en este caso, comoquiera que el se�or Vacca reconoci� la obligaci�n demandada precisamente delante de una empresa que actuaba, no como tenedora leg�tima del t�tulo �pues ni se anunci� como tal, ni le hab�a sido transferido por alg�n medio legal (p.ej. endoso)-, sino como mandataria de la entidad crediticia ejecutante, por aquello de que �sta le hab�a confiado el cobro de su cartera.
Corfinanzas, entonces, actu�, sin duda alguna, como representante de Granahorrar, al punto que sus actos compromet�an a dicha entidad, circunstancia que no permite considerarla como un tercero. Ahora bien, el hecho de que las expositoras antes rese�adas hubieren tenido o tengan alguna dependencia laboral con la firma de cobranzas, no traduc�a la descalificaci�n autom�tica de sus declaraciones como pareci� entenderlo el juez de conocimiento, pues, antes bien, ratifican que la renuncia de la prescripci�n se present� frente a quien, para efectos del cobro prejur�dico, ostentaba la representaci�n de la entidad ejecutante. 2.
Pero si alguna duda existiera en torno al reconocimiento de la obligaci�n por parte del ejecutado, basta con observar la prueba documental aportada ante esta instancia, la cual informa que el se�or Vacca, a ra�z del adelantamiento de una acci�n de grupo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de la cual hace parte, instaur� acci�n de tutela contra dicha autoridad judicial, en la que expresamente hizo alusi�n a la obligaci�n materia de cobro en este proceso, al punto de referirse a �mi cr�dito hipotecario No. 100400608951�, que es precisamente el que soporta la presente ejecuci�n. Adem�s, all� reclam� como suyo el alivio decretado por el gobierno, los beneficios de la reliquidaci�n y, en fin, hizo alusi�n a los mecanismos judiciales que ha empleado para la defensa de sus intereses vinculados con dicha deuda (fls. 4 a 8, cdno. 1). 3.
Por tanto, pese a la descarriada tesis de la parte ejecutante en relaci�n con el efecto jur�dico que se presenta cuando el deudor reconoce la obligaci�n luego de cumplida la prescripci�n, sin que �sta haya sido decretada a�n judicialmente (interrupci�n antes que renuncia); el desesperado argumento que intentaba poner limitaciones a la defensa planteada por el curador ad litem, sobre la base de que �ste no aleg� prescripci�n del capital acelerado; los equivocados planteamientos en torno a la incidencia del abono aplicado al cr�dito producto de la reliquidaci�n; y, como ya se dijo, de la absurda postura respecto a la imposibilidad jur�dica del referido auxiliar de la justicia para formular excepciones, habr� de concluirse que la excepci�n en estudio no pod�a abrirse paso, motivo por el cual la sentencia de primer grado deber� ser revocada.
D E C I S I � N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C., Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de 5 de octubre de 2004 proferida por el Juzgado 38 Civil del Circuito de la ciudad, dentro del proceso de la referencia. En su lugar, el Tribunal dispone: 1.
DECLARAR no probada la excepci�n de prescripci�n de la acci�n cambiaria, formulada por el curador ad litem. 2. DECRETAR la venta en p�blica subasta del inmueble gravado con hipoteca, para que con su producto se pague a la entidad demandante el cr�dito y las costas. 3. ORDENAR el aval�o del referido bien. 4. PRACTICAR la liquidaci�n del cr�dito, en los t�rminos del art�culo 521 del C.P.C. 5.
CONDENAR en costas de primera instancia a la parte ejecutada. Por el a quo liqu�dense. 6. Sin costas en esta instancia, dado el pronunciamiento emitido.
NOTIFIQUESE DORA CONSUELO BEN�TEZ TOB�N Magistrada RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS Magistrado CLARA BEATRIZ CORTES DE ARAMBURO Magistrada Corte Constitucional. Sent. C-50 de 1994. Sent. de 10 de noviembre de 2004. Exp. 1918 01. Cfme�: Sent. De 31 de enero de 2005. Exp. 1105. 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����#�#B*Z*�*�*�*�*;+E+F+_+s+�+�+�+{,�,�,��CONSEJO SUPERIOR JUDICATURACONSEJO SUPERIOR JUDICATURACONSEJO SUPERIOR JUDICATURAJOSE GUILLERMO VASQUEZCONSEJO SUPERIOR JUDICATURAjC:\Mis documentos\Proyectos\2005-02 Prescripci�n, renuncia t�cita, testigos sospechosos 38199801075 01.docCONSEJO SUPERIOR JUDICATURAjC:\Mis documentos\Proyectos\2005-02 Prescripci�n, renuncia t�cita, testigos sospechosos 38199801075 01.docCONSEJO SUPERIOR JUDICATURAjC:\Mis documentos\Proyectos\2005-02 Prescripci�n, renuncia t�cita, testigos sospechosos 38199801075 01.docCONSEJO SUPERIOR JUDICATURAjC:\Mis documentos\Proyectos\2005-02 Prescripci�n, renuncia t�cita, testigos sospechosos 38199801075 01.docCONSEJO SUPERIOR JUDICATURAjC:\Mis documentos\Proyectos\2005-02 Prescripci�n, renuncia t�cita, testigos sospechosos 38199801075 01.docCONSEJO SUPERIOR JUDICATURAjC:\Mis documentos\Proyectos\2005-02 Prescripci�n, renuncia t�cita, testigos sospechosos 38199801075 01.docz�p~n����������* 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