Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 27-2006-523-01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Luís Roberto Suárez González

Fecha: 2011-03-11

Sujetos procesales: CODENSA S.A. E.S.P. / EDIFICIO GALERÍA ESTELJO

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Demandante: Codensa S.A. E.S.P. Demandado: Edificio Galer�a Esteljo Apelaci�n Sentencia 27-2006-523-01 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BOGOT� SALA CIVIL Magistrado Ponente: LU�S ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Proyecto discutido y aprobado en Sala del 3 de noviembre de 2010. Acta No. 55. Bogot� D. C., once de marzo de dos mil once. Desata el Tribunal el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del treinta y uno de mayo de dos mil diez proferida por el Juez Veintisiete Civil del Circuito de esta ciudad.

ANTECEDENTES 1. Codensa S.A. E.S.P. present� demanda en contra del edificio Galer�a Esteljo P.H., en aras de obtener la declaratoria de imposici�n de servidumbre de conducci�n de energ�a el�ctrica, sobre el predio identificado con el folio de matr�cula inmobiliaria No. 50C-301690, ubicado en la Calle 60 No. 9-74/78, �en las zonas comunes �s�tano-�.

As� mismo, pretendi�, junto con el reconocimiento de la indemnizaci�n a que haya lugar, que se ordene �el libre acceso y tr�nsito� de sus representantes al lugar en donde se encuentra la subestaci�n el�ctrica, y el registro de la imposici�n en el certificado de tradici�n respectivo. Como fundamento la actora manifest�, en esencia, que la empresa de Energ�a de Bogot� instal� en el inmueble aludido, �una subestaci�n el�ctrica� con el fin de prestar el servicio de energ�a �de las redes de baja tensi�n�, y que con ocasi�n del proceso de capitalizaci�n y restructuraci�n de dicha entidad, la propiedad de los equipos qued� en cabeza de Codensa S.A., siendo necesario consolidar su acceso al predio donde se encuentra la subestaci�n, as� como su uso. 2.

A la demandada se le notific� el auto admisorio de la demanda por intermedio de su representante legal, guardando silencio durante el respectivo t�rmino de traslado. 3. Agotado el rito del caso, el juez de conocimiento, sin tramitar las excepciones propuestas por la parte demandada, por considerarlas extempor�neas, declar� la imposici�n de la servidumbre de energ�a el�ctrica sobre la zona en que se encuentra la subestaci�n el�ctrica, ordenando el libre acceso y tr�nsito a la misma, junto con su respectiva inscripci�n, adem�s del reconocimiento de la indemnizaci�n respectiva. 3.

Inconforme con la decisi�n, la parte demandada la impugn�, reiterando los argumentos expuestos al proponer excepciones, y precisando que el juez de primera instancia tramit� el proceso aplicando la ley 56 de 1981, sin que as� fuere posible, toda vez que esta refiere a entidades con calidades distintas de las ostentadas por la actora, quien adem�s no acredit� ser propietaria de la subestaci�n el�ctrica instalada en el inmueble sobre el cual se impone la carga predial en estudio.

Agreg� que la servidumbre recae sobre una zona com�n de la propiedad horizontal, la cual, no puede ser objeto de �ning�n acto jur�dico�, seg�n lo previsto en la ley 675 de 2001, que adem�s impide su imposici�n, al establecer una inseparabilidad entre los derechos particulares de dominio y los comunes, los que, a su juicio, con la inscripci�n del gravamen, se ver�an restringidos, pues no podr�a hacerse uso de la facultad legal que permite desafectar los bienes de dicha condici�n en cualquier tiempo.

Precis� que nunca se ha impedido el ingreso del personal de Codensa para que realicen el mantenimiento respectivo, y que la servidumbre pretendida tiene el car�cter de discontinua, no siendo posible, de acuerdo con la legislaci�n aplicable, su reconocimiento judicial. CONSIDERACIONES 1. Ning�n cuestionamiento existe en relaci�n con los presupuestos procesales exigidos por la codificaci�n adjetiva para la correcta conformaci�n del litigio, los cuales, est�n presentes en el contradictorio, lo que justifica la correspondiente decisi�n de m�rito.

Sobre el punto, cumple precisar que de acuerdo con el certificado proveniente de la C�mara de Comercio de Bogot�, la entidad demandante tiene como objeto principal �la distribuci�n y comercializaci�n de energ�a el�ctrica, as� como la ejecuci�n de todas las actividades, afines, conexas, complementarias y relacionadas�, aspecto que pone en evidencia, de manera incuestionable, que esta tiene por actividad la prestaci�n del servicio de energ�a, hecho, por dem�s, notorio en nuestra comunidad, y que le impone asumir obligaciones tales como las que se derivan del control y mantenimiento que debe ejercer sobre los elementos, como la subestaci�n el�ctrica, que se usan para llevar a cabo la funci�n a su cargo, lo cual la legitima para iniciar acciones como la presente.

As� mismo, sobre la propiedad de la subestaci�n que motiv� la imposici�n de la servidumbre, no solo ello constituye un hecho notorio, sino que adem�s, en la contestaci�n de la demanda, respecto del hecho 5, la convocada confes� que es cierto que Codensa es su actual propietaria, lo que demuestra la sin raz�n del planteamiento que sobre el punto esboz� en la apelaci�n. Aunado a lo anterior, debe decirse que el art�culo 33 de la ley 142 de 1994, reconoce a las entidades prestadoras de servicios p�blicos, como Codensa, �los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para (�) promover la constituci�n de servidumbres o la enajenaci�n forzosa de los bienes que se requiera para la prestaci�n del servicio�, situaci�n por la que se advierte la habilitaci�n del legislador para aplicar, respecto de la entidad demandante, contrario a lo que afirma el recurrente, la ley 56 de 1981, la cual impone un tr�mite especial para este tipo de procedimientos. 2.

De otra parte, debe destacarse que, para la mayor�a de la Sala, la llamada a resistir las pretensiones de la demanda es �nicamente la persona jur�dica Edificio Galer�a Esteljo, tal como se imprimi� el rito en la primera instancia, sin que fuera necesario convocar a los copropietarios de la propiedad horizontal, conforme pasa a explicarse: 2.1.

Ciertamente, reconoce la ley que la propiedad horizontal constituye una �forma especial de dominio�, �en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los dem�s bienes comunes�, naturaleza que exige una legislaci�n particular, que se encuentra consagrada en la ley 675 de 2001, en donde se se�ala que la persona jur�dica est� integrada por los propietarios de los bienes privados, pero precis�ndose que �de la propiedad de los bienes privados deviene el derecho de dominio de los bienes comunes, con todas las consecuencias que ello significa�. 2.2.

La representaci�n legal de la persona jur�dica, determin� la ley, la tiene el administrador designado por la asamblea de propietarios, quien tiene dentro de sus funciones, en lo pertinente, cuidar y vigilar los bienes comunes, y representar judicial y extrajudicialmente a la persona jur�dica, as� como la de administrar estos bienes y adem�s, la de �manejar los asuntos de inter�s com�n de los propietarios de bienes privados�, como indudablemente lo es el proceso que tenga como objeto de decisi�n un bien com�n, tal y como aqu� acontece, quedando en evidencia que la vinculaci�n del edificio demandado deber�a realizarse por medio de la administradora, conforme se realiz� en el tr�mite de la primera instancia. 2.3.

No pierde de vista la posici�n mayoritaria de la Sala que los propietarios de las �reas privadas tienen la copropiedad de los bienes comunes del edificio, pero, as� mismo, no puede olvidarse que ellos no est�n autorizados para realizar ning�n acto de disposici�n, gravamen o embargo sobre estos, �separadamente del bien de dominio particular al que acceden�, de donde se deriva que la convocatoria particular de cada uno de ellos, adem�s de dispendiosa, devendr�a inocua, en virtud de que carecen de la facultad de decidir aut�nomamente sobre esos bienes, relativa restricci�n a la capacidad que igualmente justifica que las demandas que recaigan sobre estas �reas sean dirigidas contra la copropiedad, -que actuar� en nombre y representaci�n de los copropietarios como titulares de derechos reales- y notificadas a su representante legal, quien precisamente es elegido, por mayor�a, por los comuneros para delegarle, entre otras funciones, la de administrar las zonas comunes. 2.4.

Finalmente, para abundar en razones por las que la posici�n mayoritaria de la Sala considera que la legitimaci�n por pasiva de esta acci�n recae en cabeza del Edificio Galer�a Esteljo, en representaci�n de los copropietarios, pero con la citaci�n �nica de la persona jur�dica y su intimaci�n a trav�s del administrador de la propiedad horizontal, conviene resaltar el pensamiento de la Corte Constitucional, cuando al resolver una situaci�n similar se�al� que la intelecci�n realizada, que habilita la demanda contra la copropiedad, pero con la exigencia de la prueba de la existencia y representaci�n de la persona jur�dica, �promueve y hace efectivo el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos al posibilitar que problemas de �ndole formal, como la exigencia de individualizaci�n de los copropietarios, puedan obviarse con la prueba de la representaci�n judicial de la comunidad en cabeza del administrador.

As�, pues, el criterio judicial cuestionado permite que una vez constatada la legalidad del nombramiento del representante legal de la comunidad y establecidas sus funciones en el reglamento, pueda �ste v�lidamente proceder a entablar acciones judiciales y extrajudiciales en defensa de los intereses de la comunidad. La importancia de ello se evidencia en el caso de los grandes bloques de vivienda constituidos bajo el r�gimen de propiedad horizontal, en los cuales el requisito de la individualizaci�n de los comuneros puede convertirse en un obst�culo insuperable para el acceso a la justicia� (C.C. Sentencia T-345 de 1996.

Negrilla ajena al original). 3. De otra parte, debe memorarse que la instituci�n jur�dica de las servidumbres ha sido definida como �un derecho real accesorio limitativo del de dominio, que consiste en la facultad que tiene su titular de aprovechar parte de la utilidad de un predio ajeno o de imponer la abstenci�n de actos il�citos inherentes a la propiedad, en beneficio de su propio predio o de la comunidad�.

Ahora bien, para la imposici�n de las servidumbres, cuando estas se requieren para la prestaci�n del servicio de energ�a el�ctrica, el legislador ha establecido un procedimiento especial, que fue consagrado en la ley 56 de 1981, como ya se explic�, aplicable al caso bajo estudio, la cual en los numerales 3� y 5� del art�culo 27, estableci� un lapso breve de traslado y la imposibilidad de proponer excepciones, imperativos que se ven justificados en tanto que se trata de un tr�mite que debe ser expedito, para que en el menor tiempo pueda darse la prestaci�n del servicio y el mantenimiento de las obras destinadas a ello, as� como el resarcimiento del propietario del bien sirviente por los da�os causados con su reconocimiento judicial.

Al respecto, debe decirse que la imposici�n de servidumbres tiene una �ntima relaci�n con el concepto de funci�n social de la propiedad, por el cual, procesos como el presente, obedecen a la necesidad de garantizar la satisfacci�n de un inter�s social, y a la par propenden por la reparaci�n para quienes se ven afectados por ella en beneficio de la comunidad, siendo posible en esos t�rminos, y de cara a lo establecido en el art�culo 58 Superior, que al propietario se le restrinja su oposici�n al tema de la indemnizaci�n a su favor, otorg�ndole la ley los mecanismos del caso para este efecto.

Sobre la norma en comento, la Corte Constitucional declar� la exequibilidad de las reglas alusivas al punto, despu�s de concluir, entre varios aspectos, que �la prohibici�n de excepciones no configura una decisi�n legislativa irrazonable, en tanto responde a la limitaci�n que la Carta Pol�tica impone al derecho a la propiedad privada, afectada con grav�menes derivados de la protecci�n del inter�s general de los usuarios del servicio p�blico de energ�a el�ctrica.

En ese sentido, el derecho de contradicci�n del propietario o poseedor del bien sirviente se circunscribe a la discusi�n acerca del monto de la compensaci�n econ�mica, excluy�ndose otros asuntos. Por lo tanto, la prohibici�n en comento no s�lo es compatible con la Constituci�n, sino que es un desarrollo de los mandatos superiores que imponen la funci�n social de la propiedad y la adecuada prestaci�n de los servicios p�blicos para todos los asociados�. 4.

Pese a lo expuesto, precisa el Tribunal que si bien es cierto que en este tipo de procesos no es admisible una inicial oposici�n por parte del demandado, ello no puede ser visto de manera absoluta, en tanto que el estudio de los pronunciamientos efectuados por la pasiva, pueden contribuir a que el juzgador, llegue con m�s certeza a la conclusi�n de que la imposici�n es necesaria para el beneficio com�n, ponderaci�n que se exige en tanto que �Los contenidos normativos inferidos del texto del art�culo 58 C.P. contraen, en criterio de la Corte, consecuencias jur�dicas con efectos concretos en el proceso judicial de imposici�n de servidumbres p�blicas.� En primer lugar, los conflictos entre el inter�s p�blico, representado en este caso en la necesidad de garantizar la adecuada prestaci�n del servicio p�blico de transmisi�n de energ�a el�ctrica, y los intereses particulares del propietario o poseedor del predio, deben resolverse a favor de aquel, merced del car�cter de utilidad p�blica que el legislador le ha conferido a los planes, proyectos y ejecuci�n de obras destinadas a dicha transmisi�n (Ley 56/81, art. 16 y Ley 142/94, art. 56).� De otro lado, una vez definida la necesidad de satisfacer ese inter�s social, los derechos de los particulares ser�n resarcidos a trav�s de indemnizaci�n, la cual se fijar� consultando los intereses de la comunidad y el afectado�.� As� las cosas, se advierte que no es posible, omitir, al menos de plano, el estudio de las situaciones que en el curso del procedimiento se pongan de presente, pues, el juez, adem�s de evaluar la concurrencia de los presupuestos procesales para proferir sentencia, que como se vio en el presente asunto se encuentran presentes, debe buscar una decisi�n que refleje la ponderaci�n de los derechos en conflicto, lo cual se logra en la medida en que se establezca, previa evaluaci�n de todas las circunstancias, si el gravamen es requerido para el beneficio de la comunidad. 5.

De acuerdo con lo expuesto, al adentrarse en el estudio de las alegaciones presentadas por la parte impugnante, surge que las mismas no tienen la capacidad de derrumbar la necesidad de la imposici�n de servidumbre que para el bien com�n se presenta, y que fue advertida por el juez de primera instancia, quien por ese camino accedi� a las pretensiones, raz�n por la que la decisi�n adoptada debe ser confirmada, no sin antes puntualizar lo siguiente: 5.1.

En primer lugar, conviene precisar que el art�culo 26 de la ley 56 de 1981, dando alcance al art�culo 18 de la ley 26 de 1938, faculta a quienes prestan el servicio de energ�a para �pasar por los predios afectados, por v�a a�rea, subterr�nea o superficial, las l�neas de transmisi�n y distribuci�n del fluido el�ctrico, ocupar las zonas objeto de la servidumbre, transitar por los mismos, adelantar las obras, ejercer la vigilancia, conservaci�n y mantenimiento y emplear los dem�s medios necesarios para su ejercicio�.

A su turno, el art�culo 57 de la Ley 142 de 1994 autoriza a las empresas prestadoras de servicios p�blicos domiciliarios para �pasar por predios ajenos, por una v�a a�rea, subterr�nea o superficial, las l�neas, cables o tuber�as necesarias; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos predios; remover los cultivos y los obst�culos de toda clase que se encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, realizar en ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio�.

En virtud de lo narrado, queda en claro que el legislador ha posibilitado que las entidades que lo requieran para prestar un servicio a la comunidad, puedan solicitar la constituci�n de una servidumbre sobre predios y zonas de propiedad de particulares, entre otros, con el fin de ocuparlas temporalmente y tener libre acceso a las mismas para el mantenimiento respectivo, lo cual implica que toda la v�a existente para tal fin se encuentre sometida al gravamen reconocido, como en este caso, las escaleras, las v�as peatonales, etc., a que refiere el impugnante, si ellas deben utilizarse para arribar a la subestaci�n el�ctrica que se encuentra en el s�tano del predio, cuya declaratoria e inscripci�n implican el cumplimiento de una obligaci�n, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 27 de ley 56 mencionada, seg�n el cual, las entidades del caso deben �promover en calidad de demandante los procesos que sean necesarios para hacer efectivo el gravamen de servidumbre de conducci�n de energ�a el�ctrica�. 5.2.

Alega, igualmente, el impugnante que la imposici�n de la servidumbre recae sobre una zona de car�cter com�n que tiene una regulaci�n especial, de acuerdo con lo previsto en la ley 675 de 2001, que la califica como inembargable e inalienable, frente a lo cual se observa que aunque la legislaci�n atinente a las propiedades horizontales dispuso esas caracter�sticas en trat�ndose de zonas comunes, lo cierto es que ello no puede oponerse o interpretarse en sentido contrario al beneficio de la comunidad que se busca con la imposici�n cuya declaratoria se persigue, pues como se vio, este corresponde a un inter�s superior, que encuentra amparo en la Carta Pol�tica, y al que no puede anteponerse ni la ley ni el provecho de los particulares a quienes pertenecen los bienes comunes. 5.3.

Finalmente, respecto del alegato que plantea el apelante, relativo a que la servidumbre sobre la cual versan las pretensiones es discontinua y como el art�culo 9 de la ley 95 de 1890 solo contempla la imposici�n en trat�ndose de servidumbres continuas, la pretensi�n del actor es improcedente, tema sobre el que debe decirse, que al margen de la distinci�n entre las servidumbres continuas y las discontinuas, es lo cierto que la ley 56 de 1981 a la que se ha hecho alusi�n y que regula de manera espec�fica esta materia, estatuye la imposici�n de las servidumbres de conducci�n el�ctrica como la que aqu� se juzga, normativa que respalda y viabiliza plenamente las solicitudes de la demanda y, en consecuencia, tambi�n frustran la revocatoria instada desde esta arista.

Baste lo expuesto, para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D. C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVA 1. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta y uno de mayo de dos mil diez por el Juez Veintisiete Civil del Circuito de esta ciudad. 2.

Costas de esta instancia a cargo del impugnante. T�sense. Notif�quese. LU�S ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Magistrado Ponente 110013103027200600523 01 (Con salvamento de voto) GERM�N VALENZUELA VALBUENA Magistrado 110013103027200600523 01 OSCAR FERNANDO YAYA PE�A Magistrado 110013103027200600523 01  Ley 675, art�culo 1.  C. C. sentencia C 318 de 2002.  Ley 675, art�culo 19.  Barrag�n, Alfonso Mar�a, Derechos Reales, Segunda Edici�n, Editorial Temis, Bogot� D. C. 1979, p�g. 229.  Corte Constitucional.

Sentencia C-831 de 2007.  Ib�dem.  �Para determinar si una servidumbre es continua o discontinua, se atiende a las maneras c�mo se ejerce. As�, si para ejercerla se necesita un hecho actual del hombre, si requiere de la actividad humana, es discontinua. Si se ejerce sin necesidad de un hecho actual del hombre, es decir, si se ejerce por s� sola, por factores extra�os a la actividad humana, es continua� No es pues, el hecho de que una servidumbre se ejerza continuamente y sin intermitencia lo que sirve de base para esta clasificaci�n.� Notas de clase de Arturo Alessandri Rodr�guez tomadas por Le�n Gaete, Onias, Derecho Civil, de los bienes.

Tomo II. Editorial Zamorano y Caper�n. Santiago de Chile.     PAGE 6 PAGE 13 LRSG 27-2006-523-01  %&3?NWlz{}�����     # ) +, - 6 8:; D E I g h i � � � � ; ? K L M ���������������ҽ������������ܞ���ܞ܆܆܆��|��h�(�h8hu5�aJh�(�hb�aJ h�W�aJh�(�h�'�aJh�(�hH�aJh�(�hy;CJaJh�(�hH�CJaJh�(�h�y<CJaJh�(�hH�5�aJh�(�h�y<5�aJh�(�h�y<aJh�(�hjP*CJh�(�hH�CJh�(�h�y<CJ/4X{|}�����:; h i:;

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