17.788 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� bjbj�΀� 2��,3<q�o(��r*��$i��rr��+��p��-��A0q�� q�� : INGRESOS PARAFISCALES / CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - Definici�n El Estatuto Org�nico del presupuesto (decreto - ley 111 de 1996), los define as�:�"Art�culo 29.

Son contribuciones parafiscales los grav�menes establecidos con car�cter obligatorio por la ley que afecta a un determinado y �nico grupo social o econ�mico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administraci�n y ejecuci�n de estos recursos se har� en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinar�n s�lo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre contable.

Las contribuciones parafiscales administradas por los �rganos que formen parte del Presupuesto General de la Naci�n se incorporar�n al presupuesto solamente para registrar la estimaci�n de su cuant�a y en cap�tulo separado las rentas fiscales y su recaudo ser� efectuado por los �rganos encargados de su administraci�n" (Ley 179/94, art. 12, Ley 225/95, art. 2).�Igualmente, la misma Corporaci�n en otra sentencia, C - 577 de 1995, dijo al respecto:�"Los ingresos parafiscales, denominados en la Carta 'contribuciones parafiscales' (art. 150-12), se distinguen de otras especies tributarias en que se trata de recursos exigidos de manera obligatoria y a t�tulo definitivo, a un grupo determinado de personas, que se destinan a la financiaci�n de un servicio o un bien espec�fico, dirigido al grupo de personas gravadas.

El pago de la contribuci�n otorga al contribuyente el derecho a percibir los beneficios provenientes del servicio, pero la tarifa del ingreso parafiscal no se fija como una�contraprestaci�n equivalente al servicio que se presta o al beneficio que se otorga. Los ingresos parafiscales tienen una especifica destinaci�n y, por lo tanto, no entran a engrosar el monto global del presupuesto Nacional".

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - Naturaleza / CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - No son rentas que se incorporan al presupuesto general de la Naci�n por lo tanto pueden ser objeto de medidas cautelares / MEDIDAS CAUTELARES - Aplicaci�n sobre recursos parafiscales / EMBARGO SOBRE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES / SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL / SERVICIO PUBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL - Recursos�de financiaci�n El servicio p�blico de seguridad social puede ser prestado directamente por el Estado o por intermedio de personas jur�dicas privadas, en condiciones de igualdad a los usuarios o beneficiarios, y costeado, en parte, por los recursos parafiscales.�Esos recursos son p�blicos pero no pertenecen al Estado y, por tanto, no ingresan al fisco; no son de libre asignaci�n ni de libre disposici�n pues por su naturaleza y finalidad tienen destinaci�n espec�fica, determinada por la ley que les dio origen.�Sobre la instituci�n de los recursos parafiscales, dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-040 de 1993, tiene origen en Francia. En Colombia el ordenamiento jur�dico tambi�n la regula; esa previsi�n normativa se elev� a rango constitucional en la Carta fundamental de 1991.�De lo dispuesto en los art�culos 150 numeral 12 y 338 de la Constituci�n Pol�tica y en la C - 183 de 1997 de la Corte Constitucional, se desprende: En primer lugar, los recursos provenientes de contribuciones parafiscales no son rentas que se hallen incorporadas en el Presupuesto General de la Naci�n; en segundo lugar, por disposici�n legal los recursos provenientes de contribuciones parafiscales tienen una destinaci�n espec�fica determinada en la misma ley; y, en tercer lugar, las cotizaciones que recauden las Entidades Promotoras de Salud pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud (no a la entidad que los administra).�Entonces, se concluye, dichos recursos no son inembargables por no estar incluidos en el Presupuesto Nacional pero, por tener destinaci�n espec�fica, s�lo pueden ser pasibles de medidas cautelares en procesos que se adelanten para el cobro de obligaciones derivadas de fuentes jur�dicas que tengan por objeto el desarrollo de esa destinaci�n espec�fica, esto es, la prestaci�n de servicios de salud.�La Sala no encuentra que de la Ley 419 de 1997 y del Decreto Reglamentario 712 de 1998 se desprenda que no puedan practicarse medidas cautelares en los procesos ejecutivos que se adelantan contra la entidad demandada, m�xime cuando no aparece oferta de pago que haya sido aceptada por el ejecutante.

Ahora bien, el art�culo 179 de la ley 100 de 1993, autoriz� a las entidades promotoras de salud para prestar directamente los servicios de salud a sus afiliados, o a contratarlos con instituciones y profesionales, mediante diversas modalidades.�En el presente caso la ejecuci�n se adelanta con fundamento en una obligaci�n surgida de un contrato para la prestaci�n de servicios de salud a los afiliados de la entidad contratante (CAPRECOM E.P.S.), es decir, para el desarrollo del objeto de la destinaci�n espec�fica de los recursos parafiscales embargados.�Por tanto, acorde con lo analizado, considera la Sala que, en este evento, pueden embargarse tales recursos, pues si bien no pertenecen a la entidad ejecutada la que solamente los administra, la obligaci�n que se cobra tuvo su origen en la prestaci�n de los servicios de salud a los afiliados a CAPRECOM E.P.S., destinatarios de esos recursos.�En conclusi�n, le asiste raz�n al recurrente y por lo tanto habr� de revocarse la providencia recurrida que orden� el desembargo de los dineros parafiscales.

VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS POR TELEFAX�/ DOCUMENTOS�REMITIDOS POR TELEFAX - Valor probatorio / TELEFAX Sobre el valor probatorio de las fotocopias remitidas o recibidas v�a fax, la ley 527 de 1999 por medio de la cual se reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electr�nico y de las firmas digitales, en lo que ata�e con la informaci�n o los documentos transmitidos o recibidos por telefax en los art�culos 2�, 10 y 11, en concordancia con lo establecido en el art�culo 251 del C�digo de Procedimiento Civil,�se tiene que las certificaciones expedidas por la Jefe del Departamento Financiero de CAPRECOM Cali, por el Jefe de la Divisi�n de Tesorer�a General y la Jefe de la Divisi�n Administrativa y Financiera de la misma entidad, departamentos con sede en esta ciudad, son documentos p�blicos otorgados por funcionarios p�blicos en ejercicio de su cargo (num. 2� art. 262 C.P.C.).�Esas certificaciones allegadas al proceso dan fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos hizo el funcionario que las suscribi� (art. 264 C.P.C.).�No puede entonces ponerse en tela de juicio lo afirmado por los funcionarios en dichas certificaciones, por cuanto, en primer t�rmino,�el legislador les dio el mismo valor probatorio que le asigna el C�digo de Procedimiento Civil a los documentos originales y, en segundo t�rmino, no se desvirtu� su presunci�n de autenticidad, dentro de los cinco d�as siguientes a que el Tribunal los tuvo como prueba.

En conclusi�n, los documentos aportados y que corresponden a la�denominaci�n de mensaje de datos que les dio el legislador, dan fe de las afirmaciones all� consignadas por quienes los suscriben. INCIDENTE DE DESEMBARGO�/�TRAMITE INCIDENTAL A LA SOLICITUD DE DESEMBARGO / SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES Del art�culo 687 del C.P.C. se desprende, sin duda, que: dicho tr�mite incidental se debe adelantar para desembargar, cuando un tercero alegue�tener posesi�n material y pida el desembargo; esa cauci�n la debe prestar el tercero, con relaci�n al proceso ejecutivo, para garantizar el pago de las costas y las multas; y antes de que se haya efectuado el remate del bien.�En el caso que se examina no se llenan esos supuestos, porque el asunto es totalmente diferente.

Adem�s, n�tese que la norma invocada por el recurrente refiere al levantamiento del embargo y secuestro, diligencia que s�lo se practica respecto de bienes muebles o inmuebles, no en cuanto al dinero depositado en establecimientos bancarios y similares, pues el legislador estableci� que respecto de �ste el embargo se perfecciona con la comunicaci�n a la entidad, la cual deber� consignar las sumas embargadas en la cuenta de dep�sitos judiciales, dentro del t�rmino de tres d�as (num. 11 art. 681 C.P.C.). � CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA Consejera ponente:�MARIA ELENA GIRALDO GOMEZ Santa Fe de Bogot�, D. C.,�trece (13) de julio de dos mil (2000).

Radicaci�n n�mero: 17.788 Actor: SOCIEDAD VISIMED S.A. Demandado: CAJA DE PREVISI�N SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM E. P. S. Referencia: EJECUTIVO CONTRACTUAL. I. �Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelaci�n interpuesto por el demandante contra el auto proferido, el d�a 3 de noviembre de 1999, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual decret� el levantamiento del embargo de varias cuentas corrientes de la entidad demandada.

II ANTECEDENTES PROCESALES: A�Con base en un contrato de prestaci�n de servicios de salud, cuyo saldo en 1998, seg�n certificaci�n de la entidad demandada, qued� como cuentas por pagar, la sociedad VISIMED S.A., inici� acci�n ejecutiva en contra de la entidad demandada, mediante escrito presentado el d�a 2 de diciembre de 1998 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fols. 5 a 23 c. 1).

El Tribunal, mediante auto proferido el d�a 12 de febrero de 1999, libr� el mandamiento solicitado por las siguientes cantidades:�$185'971.061, valor del saldo insoluto de la obligaci�n principal; $40'000.000 por concepto de cl�usula penal pecuniaria; y, por los intereses moratorios de las sumas dejadas de pagar a la tasa del doble del inter�s legal civil (fols.24 a 26 c. 1).

Dicho prove�do se notific� el d�a 18 de junio del mismo a�o, a la entidad demandada (fol.28). Como la ejecutada, CAPRECOM E. P. S., no propuso excepciones, se dict� sentencia el d�a 18 de agosto de 1999, en la cual se orden� seguir adelante la ejecuci�n (fols. 59 a 61). El d�a 10 de agosto de ese a�o, la parte actora, Sociedad Visimed S.A., solicit� el embargo de treinta y siete cuentas corrientes del ejecutado, petici�n a la cual accedi� el Tribunal mediante auto de fecha 9 de septiembre del mismo a�o; se�al� como l�mite de la medida la suma de $450'000.000 (fols. 4 a 6 y 7 a 10 c. 2).

Varias entidades bancarias comunicaron la efectividad de los embargos decretados, as�: El Banco Popular por $450'000.000 y Banco del Estado por $42'.847.075.13 (fols. 26, 54 y 57). El Banco de Occidente inform� al Tribunal que tiene congelados $450'000.000 de la cuenta de la entidad demandada; adicionalmente y por cuanto dicha entidad argument� la inembargabilidad de esos recursos, solicit� instrucciones al respecto (fol. 65 c. 2).

B.�La entidad demandada, el d�a 22 de octubre de 1999, solicit� el desembargo de sus cuentas corrientes por cuanto los dineros en ellas depositados provienen de los recaudos de los reg�menes contributivo y subsidiado, los cuales pertenecen al sistema de seguridad social en salud nacional, esto significa que: "Son cotizaciones que hacen los usuarios en el R�gimen Contributivo o cotizaciones que hace el Estado para la atenci�n a los usuarios del R�gimen Subsidiado, al igual que toda clase de tarifas, copagos, bonificaciones y similares, adem�s aportes del Presupuesto Nacional y cuotas moderadoras, son DINEROS PUBLICOS, con destinaci�n espec�fica para financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud, art�culo 182 y 219 de la ley 100 de 1993, igualmente definidos en el art�culo 167, par�grafo cuarto de la misma ley.

Situado Fiscal Los dineros pertenecientes a las cuentas cobijadas con la medida preventiva ordenada por su Despacho, son rentas y recursos incorporados al Presupuesto Nacional, que gozan de INEMBARGABILIDAD y est�n debidamente estipulados en el art�culo 19 decreto 111 de 1996 y el art�culo 356 de la Constituci�n Pol�tica". Cit� los art�culos 48, 49, 365 y 366 de la Constituci�n Nacional y los art�culos 4, 182 y 219 de la ley 100 de 1993, para expresar que los dineros embargados son recursos recaudados con fundamento en dichas normas y tienen el car�cter de parafiscales y, por tanto: " ( ) est�n exclusivamente destinados a favorecer al grupo o sector que los tributa, por eso se invierten en beneficio de estos, significa lo anterior que las cotizaciones que hacen los usuarios del sistema de salud al igual que toda clase de tarifas, copagos, bonificaciones y similares, y los aportes del Presupuesto Nacional, son dineros p�blicos que la EPS y el Fondo de Solidaridad y Garant�a FOSYGA administran, y no deben confundirse ni con el patrimonio de la EPS, ni con el presupuesto Nacional o de Entidades Territoriales, tienen destinaci�n espec�fica como es la atenci�n en salud a los afiliados".

Por �ltimo manifiesto que la Entidad que represento, ha estado pendiente de cancelar todas y cada una de las acreencias por todo concepto, raz�n por la cual el Poder P�blico y la Rama Legislativa Nacional, expidi� la Ley 419 de 1997 por medio de la cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, reconocer como deuda P�blica de la Naci�n, las obligaciones pendientes de pago de la Caja de Previsi�n Social de Comunicaciones CAPRECOM E. P. S., as� mismo el decreto reglamentario 712 de 1998, art�culo 6� establece que el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, efectuar� el pago de las obligaciones contraidas por Caprecom, en los t�rminos estipulados en la mencionada Ley.

No sobra aclarar, que la ley 419 de 1997 y su decreto reglamentario 712/98, se expidieron �nica y exclusivamente para reactivar econ�micamente a la Caja de Previsi�n Social de Comunicaciones ( ) y lograr el saneamiento fiscal de la Entidad; por lo tanto no se puede pretender que los recursos propios de la Entidad, se destinen para otros fines, cuando la ley claramente determina otra forma de pago" (fols. 41 a 46 c.2).

Con la petici�n se adjuntaron los siguientes documentos: 1.�Certificaci�n del jefe del Departamento Financiero de CAPRECOM Cali, sobre que los recursos que se recaudan en la cuenta corriente 01022993 del Banco de Occidente corresponden a desembolsos efectuados por los municipios del departamento del valle, por la Gobernaci�n del Valle y por la Secretar�a de Salud por concepto de pagos de la atenci�n de pacientes inscritos en el r�gimen subsidiado de CAPRECOM A.R.S (fol. 25 c. 2). 2.�Copias de certificaciones expedidas, el d�a 20 de octubre de 1999, por el Jefe de la Divisi�n de Tesorer�a General de CAPRECOM, remitidas v�a fax el d�a 14 del mismo mes, sobre los recursos que se manejan en las referidas cuentas corrientes, as�: Cuenta 0110040001067 del Banco Popular: recaudos del Sistema General de Salud (fol. 28 c. 2).

Cuenta 02360027587 del Banco de Occidente: recaudos del 10.2% Cotizaci�n Salud (fol. 29). Cuenta 0110040000549 del Banco Popular: Pensiones, por lo tanto es inembargable (fol. 31). Cuenta 010040001026 del Banco Popular: recursos del Situado Fiscal concepto salud (fol. 32). Cuenta N� 0110040001034 del Banco Popular: recaudos del R�gimen Subsidiado (fol. 33).

Cuenta 017157163474 del Bancolombia: recaudos de pensiones (fol. 34). 3.�Certificaci�n, v�a fax, de la jefe de la Divisi�n Administrativa y Financiera de CAPRECOM, respecto a que los recursos que se manejan en las cuentas corrientes en la Regional Territorial de Bogot�, corresponden: Banco de Occidente - cuenta�236-002861-9: R�gimen subsidiado.

Banco de Occidente - cuenta�236-003050-8: R�gimen Subsidiado. Banco de Occidente - cuenta�236-003051-6 R�gimen Contributivo Banco de Occidente - cuenta 236-003052-4 Caja Menor, Bogot�. Banco de Bogot� - cuenta 046-03853-5: Caja Menor Cundinamarca (fol. 35). 4.�Fotocopias informales de certificaciones expedidas por el jefe de Tesorer�a General de CAPRECOM: Banco de Occidente cuenta 02360028585: r�gimen subsidiado (fol. 27). b) Banco del Estado - cuenta 016004905: recaudos de pensiones (fol. 30).

C.� El Tribunal frente a esa solicitud de la entidad demandada, de desembargo de sus cuentas, dict� el auto que hoy es materia de impugnaci�n, en el cual resolvi�: "1.�Decretar el levantamiento del embargo de las siguientes cuentas: BANCO DE OCCIDENTE��010122993 ��CALI BANCO DE OCCIDENTE (La Salle)�0236-002861-9 �BOGOTA BANCO DE OCCIDENTE (La Salle)�0236-003050-8 �BOGOTA BANCO DE OCCIDENTE (La Salle)�0236-003051-6� BOGOTA BANCO DE OCCIDENTE��02360028585 �BOGOTA BANCO DE OCCIDENTE��02360027587 �BOGOTA BANCOLOMBIA��017157163474 �BOGOTA BANCO DEL ESTADO��016004905��BOGOTA BANCO POPULAR��0110040000549�BOGOTA BANCO POPULAR��0110040001026�BOGOTA BANCO POPULAR��0110040001034�BOGOTA BANCO POPULAR��0110040001067�BOGOTA 2.�L�BRENSE los oficios correspondientes comunicando lo anterior, para que se cancele la medida decretada" (fol. 67 c. 3).

La providencia fundament� tal decisi�n en el art�culo 513, inciso 2� del C�digo de Procedimiento Civil y el art�culo 19 del decreto ley 111 de 1996 "Estatuto Org�nico del Presupuesto", que establecen la inembargabilidad de las rentas incorporpadas en el Presupuesto General de la Naci�n, as� como los bienes y derechos de los �rganos que lo conforman, pues de conformidad con las certificaciones allegadas, se trata de dineros que corresponden a los recaudos de los reg�menes contributivo y subsidiado (fols. 137 y 138).

D.�La sociedad ejecutante impugn� ese auto de desembargo, para que sea revocado y en consecuencia se niegue la petici�n elevada por la entidad demandada, de desembargo. En primer t�rmino argument� que las medidas cautelares que pidi� y que el Tribunal decret�, se fundaron en lo expuesto en providencia proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado del 22 de julio de 1997,�la cual al integrar el ordenamiento jur�dico con sus fines mesur� la rigidez del principio de inembargabilidad, para abrirle paso a tres excepciones sobre la inembargabilidad, a saber: El cobro compulsivo de las sentencias dictadas por la jurisdicci�n contencioso administrativa;

Los cr�ditos laborales contenidos en actos administrativos; y, Los cr�ditos provenientes de contratos estatales. Esas excepciones, afirm�, establecen un principio de equilibrio frente a la arbitrariedad de las autoridades administrativas cuando �stas de manera asumen actitudes irresponsables frente a las obligaciones contractuales leg�timamente constituidas, con lo cual resultan atropellados derechos de los particulares involucrados en tales contratos.

En segundo t�rmino manifest� que su inconformidad radica en que el Tribunal orden� el desembargo de las referidas cuentas con "( ) las solas certificaciones expedidas, supuestamente, por el Tesorero General de CAPRECOM E.P.S., por la Jefe de la Divisi�n Administrativa y Financiera de la Regional Bogot� y por la Jefe del Departamento Financiero de la Regional del Vlle del Cauca, cuando la ley exige para estos efectos que es al Director General de Presupuesto a quien compete acreditar el car�cter alegado de los bienes embargados.

Y si manifestamos que las certificaciones allegadas ( ) en simple fotocopia o fax, fueron expedidas SUPUESTAMENTE por los funcionarios rese�ados, es porque nos parece sospechoso que los membretes de tales certificaciones presentan las siguientes inconsistencias a) Folio 34: all� puede leerse 'MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL - CAJA DE PREVISI�N SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM' El error radica en que no existe en Colombia Ministerio de Comunicaciones y Seguridad Social y much�simo menos es cierto que CAPRECOM est� adscrita a �ste. b) Folio 33: Esta certificaci�n presenta este otro error: MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y TRABAJO SOCIAL - CAJA DE PREVISI�N SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM E.P.S. Como tampoco existe el 'Ministerio de Comunicaciones y Trabajo Social' nos parece conveniente y necesario verificar la autenticidad de este otro documento".

Agreg� que lo mismo sucede con las certificaciones restantes, y por lo tanto se debe verificar su autenticidad y si los funcionarios que las suscribieron est�n delegados por el Director General de Presupuesto para ejercer esta funci�n. Finalmente y en tercer t�rmino, expres� que la solicitud de levantamiento de medidas cautelares debe someterse al tr�mite incidental establecido en el art�culo 687 del C. de P. C. y, por tanto, la entidad ejecutada debi� haber prestado la cauci�n de que trata el inciso 2� del numeral 8� de dicha norma para que el incidente pudiera iniciarse (fols. 102 a 106).

Como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a decidir, previas las siguientes, III. CONSIDERACIONES: Corresponde a la Sala, en virtud de la competencia funcional y material que le atribuye la ley, pronunciarse para decidir sobre el recurso de apelaci�n dirigido contra el auto del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante el cual atendi� la petici�n de desembargo, presentada por la ejecutada.

En efecto: De un lado, el C�digo de Procedimiento Civil dispone expresamente que el auto que revoque otro que embarg� es apelable en el efecto devolutivo (arts 514 que remite al 513, inc. final) y, de otro lado, el C.C.A atribuye competencia al Consejo de Estado para conocer de los autos apelables proferidos por los Tribunales Administrativos (art. 129).

A. �Es procedente una medida de cautela sobre recursos parafiscales?. 1. Naturaleza de tales recursos. El Estatuto Org�nico del presupuesto (decreto - ley 111 de 1996), los define as�: "Art�culo 29. Son contribuciones parafiscales los grav�menes establecidos con car�cter obligatorio por la ley que afecta a un determinado y �nico grupo social o econ�mico y se utilizan para beneficio del propio sector.

El manejo, administraci�n y ejecuci�n de estos recursos se har� en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinar�n s�lo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre contable. Las contribuciones parafiscales administradas por los �rganos que formen parte del Presupuesto General de la Naci�n se incorporar�n al presupuesto solamente para registrar la estimaci�n de su cuant�a y en cap�tulo separado las rentas fiscales y su recaudo ser� efectuado por los �rganos encargados de su administraci�n (ley 179/94, art. 12. ley 225/95, art.2).

Sobre la instituci�n de los recursos parafiscales, dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-040 de 1993, tiene origen en Francia. En Colombia el ordenamiento jur�dico tambi�n la regula; esa previsi�n normativa se elev� a rango constitucional en la Carta fundamental de 1991. Igualmente, la misma Corporaci�n en otra sentencia, C - 577 de 1995, dijo al respecto: "Los ingresos parafiscales, denominados en la Carta 'contribuciones parafiscales' (art. 150-12), se distinguen de otras especies tributarias en que se trata de recursos exigidos de manera obligatoria y a t�tulo definitivo, a un grupo determinado de personas, que se destinan a la financiaci�n de un servicio o un bien espec�fico, dirigido al grupo de personas gravadas.

Puede ser prestado directamente por el Estado o por intermedio de personas jur�dicas privadas, en condiciones de igualdad a los usuarios o beneficiarios, y costeado, en parte, por los recursos parafiscales. Esos recursos son p�blicos pero no pertenecen al Estado y, por tanto, no ingresan al fisco; no son de libre asignaci�n ni de libre disposici�n pues por su naturaleza y finalidad tienen destinaci�n espec�fica, determinada por la ley que les dio origen.

La Corte Constitucional con ocasi�n de la demanda de control constitucional sobre los incisos 1 y 2 del art�culo 217 de la ley 100 de 1993, que establecen los porcentajes de participaci�n de las Cajas de Compensaci�n Familiar, para el r�gimen subsidiado de salud, y en lo que toca con las contribuciones parafiscales, precis� en fallo�C - 183 de 1997, lo siguiente: "Seg�n el art�culo 150, numeral 12, de la Constituci�n Pol�tica, al Congreso corresponde establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales.

El art�culo 338 Ib�dem se�ala que, en tiempo de paz, solamente el Congreso, a nivel nacional, podr� imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Sobre el concepto de parafiscalidad, la Corte Constitucional ha trazado pautas jurisprudenciales, luego acogidas por el legislador, que pueden sintetizarse as��: 'De las anteriores exposiciones quedan varias cosas claras.

En primer lugar que el t�rmino 'contribuci�n parafiscal' hace relaci�n a un gravamen especial, distinto a los impuestos y tasas. En segundo lugar, que dicho gravamen es fruto de la soberan�a fiscal del Estado, que se cobra de manera obligatoria a un grupo, gremio o colectividad, cuyos intereses o necesidades se satisfacen con los recursos recaudados.

En tercer lugar, que se puede imponer a favor de entes p�blicos, semip�blicos o privados que ejerzan actividades de inter�s general. En cuarto lugar que los recursos parafiscales no entran a engrosar las arcas del presupuesto nacional. Y por ultimo, que los recursos recaudados pueden ser verificados y administrados tanto por entes p�blicos como por personas de derecho privado' (Cfr. Sentencia C - 040 del 11 de febrero de 1993.

M.P.�: Dr. Ciro Angarita Bar�n). De esta suerte, en nuestro ordenamiento jur�dico la figura de la parafiscalidad constituye un instrumento para la generaci�n de ingresos p�blicos, caracterizado como una forma de gravamen que se maneja por fuera del presupuesto - aunque en ocasiones se registre en �l - afecto a una destinaci�n especial de car�cter econ�mico, gremial o de previsi�n social, en beneficio del propio grupo gravado, bajo la administraci�n, seg�n razones de conveniencia legal, de un organismo aut�nomo, oficial o privado.

No es con todo, un ingreso de la Naci�n y ello explica porque no se incorpora al presupuesto nacional, pero no por eso deja de ser producto de la soberan�a fiscal, de manera que s�lo el Estado a trav�s de los mecanismos constitucionalmente dise�ados con tal fin (la ley, las ordenanzas y los acuerdos) puede imponer esta clase de contribuciones como ocurre tambi�n con los impuestos.

Por su origen, como se deduce de lo expresado, las contribuciones parafiscales son de la misma estirpe de los impuestos o contribuciones fiscales, y su diferencia reside entonces en el precondicionamiento de su destinaci�n, en los beneficiarios potenciales y en la determinaci�n de los sujetos gravados'. (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C - 308 del 7 de julio de 1994".

(Resaltado con negrilla por fuera del texto original). ( HYPERLINK "" \l "02000001" 1) De lo expresado en la norma citada y en la jurisprudencia, se desprende: En primer lugar, los recursos provenientes de contribuciones parafiscales no son rentas que se hallen incorporadas en el Presupuesto General de la Naci�n; En segundo lugar, por disposici�n legal los recursos provenientes de contribuciones parafiscales tienen una destinaci�n espec�fica determinada en la misma ley; y, En tercer lugar, las cotizaciones que recauden las Entidades Promotoras de Salud pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud (no a la entidad que los administra).

Entonces, se concluye, dichos recursos no son inembargables por no estar incluidos en el Presupuesto Nacional pero, por tener destinaci�n espec�fica, s�lo pueden ser pasibles de medidas cautelares en procesos que se adelanten para el cobro de obligaciones derivadas de fuentes jur�dicas que tengan por objeto el desarrollo de esa destinaci�n espec�fica, esto es, la prestaci�n de servicios de salud.

Otros argumentos expuestos por la entidad ejecutada: Respecto a que esos dineros corresponden a cotizaciones de los usuarios en el R�gimen Contributivo o cotizaciones que hace el Estado para la atenci�n a los usuarios del R�gimen Subsidiado, al igual que toda clase de tarifas, copagos, bonificaciones y similares, (dineros p�blicos con destinaci�n espec�fica) son para financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud, seg�n los art�culos 4, 167 par�grafo 4�, 182 y 219 de la ley 100 de 1993, se tiene: Las normas citadas por la entidad demandada, en lo pertinente, establecen: "Art�culo 4�.

Del servicio p�blico de seguridad social. La seguridad social es un servicio p�blico obligatorio, cuya direcci�n, coordinaci�n y control est� a cargo del Estado y que ser� prestado por las entidades p�blicas o privadas en los t�rminos y condiciones establecidos en la presente ley. Este servicio p�blico es esencial en lo relacionado con el sistema general de seguridad social en salud.

Con respecto al sistema general de pensiones es esencial s�lo en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de pensiones. Art�culo 167. Riesgos catastr�ficos y accidentes de tr�nsito. ( ) Par�grafo 4�. El sistema general de seguridad social en salud podr� establecer un sistema de reaseguros para el cubrimiento de los riesgos catastr�ficos.

Art�culo 182. �De los ingresos de las Entidades Promotoras de Salud. Las cotizaciones que recauden las Entidades Promotoras de Salud pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud. ( ) Par�grafo 1. Las entidades Promotoras de Salud manejar�n los recursos de la seguridad social originados en las cotizaciones de los filiados al sistema en cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la entidad".

Art�culo 219. Estructura del Fondo. El fondo tendr� las siguientes subcuentas independientes: a) De compensaci�n interna del r�gimen contributivo; b) De solidaridad del r�gimen de subsidios en salud; c) De promoci�n de la Salud, y d) Del seguro de riesgos catastr�ficos y accidentes de tr�nsito, seg�n el art�culo 167 de esta ley". Como se desprende de la trascripci�n, dichas normas prev�n: que la seguridad social es un servicio p�blico obligatorio bajo la direcci�n del Estado; que el Sistema General de Seguridad Social puede establecer reaseguros para ciertos riesgos; que los dineros por concepto de cotizaciones que recauden las entidades promotoras de salud pertenecen al Sistema General de Seguridad de Salud y deben manejarse en cuentas y subcuentas independientes.

Ninguno de aquellos preceptos establece la inembargabilidad de dichos recursos. Respecto de otro argumento de la demandada, esto es, que los dineros pertenecientes a las cuentas cobijadas con la medida preventiva son rentas y recursos incorporados al Presupuesto Nacional y por ello inembargables (arts 19 decreto 111 de 1996 y 356 C.N.), no le asiste raz�n porque, como ya se analiz�, los recursos parafiscales no se hallan incluidos en el presupuesto general de la Naci�n y, en el evento de incorporarse, se hace con el fin de registrar la estimaci�n de su cuant�a y por fuera del cap�tulo de rentas fiscales, sin que tal inclusi�n en el presupuesto modifique la naturaleza de los mismos (art 29 decreto 111 de 1996).

En lo relativo a que los dineros embargados fueron recaudados con fundamento en los art�culos 48, 49, 365 y 366 de la Constituci�n Nacional, y por tanto tienen el car�cter de parafiscales y est�n exclusivamente destinados a favorecer al grupo o sector que los tributa, y no deben confundirse con el patrimonio de la EPS por tener destinaci�n espec�fica como es la atenci�n en salud a los afiliados, como ya se anot�, el car�cter de parafiscales no significa que sean inembargables cuando se trate de obligaciones relacionadas con el objeto de su destinaci�n espec�fica, esto es, la prestaci�n de los servicios de Salud.

En lo que ata�e con lo alegado por la demandada que el pago de esta acreencia debe hacerse a trav�s del Ministerio de Hacienda, pues con la expedici�n de la ley 419 de 1997 se autoriza al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico a reconocer como deuda P�blica de la Naci�n las obligaciones pendientes de pago de CAPRECOM E. P. S., y el decreto reglamentario 712 de 1998 prev� las condiciones y el tr�mite para el pago de las mismas, se encuentra: En efecto, la referida ley (expedida el 30 de diciembre y publicada el d�a 31 del mismo mes en el diario oficial 43.205) autoriz� al Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, de un lado, para reconocer como deuda p�blica de la Naci�n las obligaciones pendientes de pago de CAPRECOM, generadas por el r�gimen contributivo de salud hasta por la suma de ochenta y siete mil millones de pesos y, de otro lado, una vez reconocida la deuda, para sustituirla y atenderla mediante la emisi�n de bonos, siempre que el beneficiario lo acepte.

El decreto 712 expedido el 16 de abril de 1998, reglamentario de la ley 419 de 1997, previ� el tr�mite y los requisitos para que el Ministerio de Hacienda reconozca las obligaciones a cargo de la demandada y una vez reconocidas, �sta haga oferta de pago a los beneficiarios para que manifiesten si aceptan o no el pago mediante T�tulos de Tesorer�a TES, clase B. Pero, la Sala no encuentra que de estas normas se desprenda que no puedan practicarse medidas cautelares en los procesos ejecutivos que se adelantan contra la entidad demandada, m�xime cuando no aparece oferta de pago que haya sido aceptada por el ejecutante.

En el presente caso la ejecuci�n se adelanta con fundamento en una obligaci�n surgida de un contrato para la prestaci�n de servicios de salud a los afiliados de la entidad contratante (CAPRECOM E.P.S.), es decir, para el desarrollo del objeto de la destinaci�n espec�fica de los recursos parafiscales embargados. Por tanto, acorde con lo analizado, considera la Sala que, en este evento, pueden embargarse tales recursos, pues si bien no pertenecen a la entidad ejecutada la que solamente los administra, la obligaci�n que se cobra tuvo su origen en la prestaci�n de los servicios de salud a los afiliados a CAPRECOM E.P.S., destinatarios de esos recursos.

En conclusi�n, le asiste raz�n al recurrente y por lo tanto habr� de revocarse la providencia recurrida que orden� el desembargo de los dineros parafiscales. Sin embargo, como se observa que para comunicar la medida de embargo se libr� oficio circular y, como resultado, varias entidades bancarias comunicaron la efectividad de la medida, lo cual supera el l�mite se�alado por el Tribunal (num. 11 art. 681 C.P.C), se dejar� vigente �nicamente el embargo efectuado en la cuenta corriente del Banco Popular - Oficina Principal de esta ciudad, por la cantidad de $450'000.000 y se ordenar� el desembargo de las cuentas y dineros restantes.

Desde otro punto de vista, como el recurrente manifest� que no pod�an valorarse las certificaciones aportadas con la petici�n de desembargo por no reunir las exigencias legales, se pasa a su estudio. B. Valor probatorio de los documentos remitidos por telefax Otro de los motivos de inconformidad del recurrente tiene que ver con el valor probatorio que le dio el Tribunal a las certificaciones que aport� la entidad demandada para demostrar que los dineros depositados o que se manejan en las cuentas cuyo desembargo se pidi�, corresponden al Sistema Subsidiado de salud, Sistema General de Salud, cotizaci�n Salud, recaudos de pensiones, Situado Fiscal, concepto Salud.

Sobre el valor probatorio de las fotocopias remitidas o recibidas v�a fax, la ley 527 de 1999 ( HYPERLINK "" \l "02000002" 2)�por medio de la cual se reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electr�nico y de las firmas digitales, en lo que ata�e con la informaci�n o los documentos transmitidos o recibidos por telefax, prev�: "Art�culo 2�.

Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entender� por: a) Mensaje de datos. La informaci�n generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electr�nicos, �pticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electr�nico de Datos (EDI), Internet, el correo electr�nico, el telegrama, el t�lex o el telefax;

( ) Art�culo 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos ser�n admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Cap�tulo VIII del T�tulo XIII, Secci�n Tercera, Libro Segundo del C�digo de Procedimiento Civil. En toda actuaci�n administrativa o judicial no se negar� eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de informaci�n en forma de un mensaje de datos, por el solo hecho que se trate de un mensaje de datos o en raz�n de no haber sido presentado en su forma original.

Art�culo 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para la valoraci�n de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendr�n en cuenta las reglas de la sana cr�tica y dem�s criterio reconocidos legalmente par la apreciaci�n de las pruebas. Por consiguiente, habr�n de tenerse en cuenta la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la informaci�n, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor permanente" (resaltado con negrilla por fuera del texto original).

Entonces, acorde con las normas transcritas y lo establecido en el art�culo 251 del C�digo de Procedimiento Civil, las certificaciones expedidas por la Jefe del Departamento Financiero de CAPRECOM Cali, por el Jefe de la Divisi�n de Tesorer�a General y la Jefe de la Divisi�n Administrativa y Financiera de la misma entidad, departamentos con sede en esta ciudad, son documentos p�blicos otorgados por funcionarios p�blicos en ejercicio de su cargo (num. 2� art. 262 C.P.C.).

Esas certificaciones allegadas al proceso dan fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos hizo el funcionario que las suscribi� (art. 264 C.P.C.). No puede entonces ponerse en tela de juicio lo afirmado por los funcionarios en dichas certificaciones, por cuanto, en primer t�rmino,�el legislador les dio el mismo valor probatorio que le asigna el C�digo de Procedimiento Civil a los documentos originales y, en segundo t�rmino, no se desvirtu� su presunci�n de autenticidad, dentro de los cinco d�as siguientes a que el Tribunal los tuvo como prueba.

Al respecto el C.P.C., ense�a lo siguiente: Art�culo 289. La parte contra quien se presente un documento p�blico o privado, podr� tacharlo de falso en la contestaci�n de la demanda, si se acompa�� a �sta, y en los dem�s casos, dentro de los cinco d�as siguientes a la notificaci�n del auto que ordene tenerlo como prueba, o al d�a siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia ( )".

En conclusi�n, los documentos aportados y que corresponden a la�denominaci�n de mensaje de datos que les dio el legislador, dan fe de las afirmaciones all� consignadas por quienes los suscriben. Como el ejecutante tambi�n adujo otro argumento para que el auto de desembargo se revoque, se estudiar�. C. Certificaci�n por el Director General del presupuesto: Afirm� el demandante que se requer�a que el Director General de Presupuesto expidiera la certificaci�n sobre los rubros a que pertenecen los dineros depositados en las cuentas corrientes del ejecutado eran inembargables.

La Sala recaba en lo explicado con anterioridad, de lo cual se define que por no ser los recursos parafiscales de propiedad de la entidad p�blica demandada no se requiere de esa certificaci�n. Igualmente, el ejecutante adujo otro motivo de inconformidad con el tr�mite dado a la petici�n de desembargo. D. �Requer�a tr�mite incidental la solicitud de desembargo, del ejecutado? Afirm� el ejecutante que la solicitud de levantamiento de medidas cautelares deb�a someterse al tr�mite incidental establecido en el art�culo 687 del C. de P. C. y que, por lo tanto, la entidad demandada debi� prestar la cauci�n de que trata el inciso 2� del numeral 8� de dicha norma.

Ese art�culo 687, modificado por el decreto 2282 de 1989, en lo pertinente, dispone: "Levantamiento del embargo y secuestro. Se levantar�n el embargo y secuestro en los siguientes casos: ( ) 8�. Si un tercero poseedor que no se opuso a la pr�ctica de la diligencia de secuestro, solicita al juez del conocimiento, dentro de los veinte d�as siguientes, que se declare que ten�a la posesi�n material del bien al tiempo en que aqu�lla se practic�, y obtiene decisi�n favorable.

La solicitud se tramitar� como incidente, en el cual el solicitante deber� probar su posesi�n. Para que el incidente pueda iniciarse es indispensable que el peticionario preste cauci�n que garantice el pago de las costas y la multa que lleguen a causarse, y si se trata de proceso ejecutivo adem�s que no se haya efectuado el remate del bien".

De la norma transcrita se desprende, sin duda, que: dicho tr�mite incidental se debe adelantar para desembargar, cuando un tercero alegue�tener posesi�n material y pida el desembargo; esa cauci�n la debe prestar el tercero, con relaci�n al proceso ejecutivo, para garantizar el pago de las costas y las multas y antes de que se haya efectuado el remate del bien.

En el caso que se examina no se llenan esos supuestos, porque el asunto es totalmente diferente. As�: el desembargo no lo pidi� un tercero, sino el ejecutado; el desembargo no tiene como causa la "posesi�n material", sino que los bienes embargados no son de propiedad del ejecutado; la cauci�n no tiene cabida, porque �sta se exige es cuando terceros piden el desembargo y adem�s ese requisito de cauci�n est� ligado, adem�s, con bienes que pueden ser rematados en subasta p�blica, lo que no ocurre con dineros.

Todos los an�lisis jur�dicos anteriores permiten deducir que en este aspecto no le asiste raz�n al recurrente. E. Conclusi�n: Viene de las consideraciones anteriores que habr� de revocarse la decisi�n del Tribunal. Por lo expuesto, se

RESUELVE

REV�CASE el auto apelado, proferido el d�a 3 de noviembre de 1999, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual se orden� el desembargo las cuentas de la entidad ejecutada CAPRECOM E.P.S. En consecuencia, se dispone: Ni�gase el desembargo de la suma de cuatrocientos cincuenta millones de pesos ($450.000.000) retenida de la cuenta corriente que la entidad ejecutada tiene en el Banco Popular - Oficina Principal de esta ciudad y enviada al�banco Caja Agraria (oficio 00402619, de 21 de octubre de 1999, del banco Popular - fol. 54 c 2).

Decr�tase el levantamiento de las restantes medidas cautelares ordenadas en este proceso. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y DEVU�LVASE.�PUBL�QUESE EN LOS ANALES DEL CONSEJO DE ESTADO Mar�a Elena Giraldo G�mez Presidente de Sala Jes�s M.�Carrillo Ballesteros��Alier Hern�ndez Enr�quez Ricardo Hoyos Duque��Germ�n Rodr�guez Villamizar 1 Sentencia C-183 de 10 de abril de 1997, expediente D-1.469, actor Javier Lizcano Rivas. 2 Publicada en el Diario Oficial N� 43.673 de 21 de agosto de 1999. @A&'��+,��#�#K$L$((/(0(U(V(e(f(�(�(�(�(�(�())U)V)x)y)�*�*�*�*;,<,�-�-..�.�.0 0`0a0�0�0�1�1�2�2�4555E6F6N7O7�9�9c<d< > >B>C>�?�?�@�@FAGA�A�A�A�AXBYB�B��hx`5�OJQJ\�^Jhx`OJQJ^Jhx`hx`CJOJQJ^JaJUA'�,��#L$((0(V(f(�(�(�()V)y)�*�*<,�-.�. 0a0�0�1��$a$�1�255F6O7�9d< >C>�?�@GA�A�AYB�B�B�C DHD�D�DEpE�E�E�F�FG��B�B�B�B�C�C D DGDHD�D�D�D�DEEoEpE�E�E�E�E�F�F�F�F GGAGBGuGvG�G�G�G�G�G�GH HDHEHjHkH�H�H�H�H�H�HWIXI`KaK L L�M�MNNRNSN�N�N�O�O�Q�Q�R�R�S�S T!T�T�TdUeUPVQV�W�W'X(X=X>XnYoY�Z�Z[[;[<[�[�[^]��hx`OJQJ^Jhx``GBGvG�G�G�G HEHkH�H�H�HXIaK L�MNSN�N�O�Q�R�S!T�TeUQV�W(X>X��>XoY�Z[<[�[_]�^�_8`9ccc2d.e�fJg�g�h�k6qqr�ros�t4uwKwsxuy��^]_]�^�^�_�_7`8`m`�`8c9cbccc1d2d-e.e�f�fIgJg�g�gh�h�k�kqq1q2q3q4q5q6q~qqrr�r�rnsos�t�t3u4u�vwJwKwrxsxtyuy�y�y�y�yQzRz{{{{�{�{R|S|�|�|�|�|�|�|@}A}�~�~LḾ́��hx`0JH*OJQJ^Jjhx`Uhx`>*OJQJ^Jhx`OJQJ^Jhx`Suy�y�yRz{{�{S|�|�|�|A}�~Ḿ9��v�z�o�&�_��V�6��:�֓8��́8�9�� u�v�y�z�n�o�%�&�^�_��U�V�5�6��9�:�Փ֓5�6�R�S�T�U�7�8��˗̗��z�{�V�W��ğş*�+��V�W��m�n�.�/��Z�[��ĦŦ?�@�8�9�l�m��q�r��hx`0JH*OJQJ^Jjhx`Uhx`hx`OJQJ^JW8��̗�{�W��ş+��W��n�/��[��Ŧ@�9�m��r��"�� !�"�� !�y�z��l�m��ʱ˱$�%�v�w��۲ܲ ��h�j�k�� hx`6�CJOJQJ]�^JaJ#hx`6�CJH*OJQJ]�^JaJhx`OJQJ^Jhx`-"��!�z��m��˱%�w��ܲ��i�j��01�h/R ��/ ��=!��"��#��$��%��^��666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666�6666666666�666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�62�� 0@P`p��2(�� 0@P`p�� 0@P`p�� 0@P`p�� 0@P`p�� 0@P`p�� 0@P`p��8X�V~_HmH nH sH tH @`��@NormalCJ_HaJmH sH tH L@2LT�tulo 3�d�d@&[$\$5�CJ\�aJNA`��NFuente de p�rrafo predeter.Vi��V 0Tabla normal:V�4�4� la�,k ��, 0 Sin listaB^@�BNormal (Web)�d�d[$\$<U@�<Hiperv�nculo>*B*ph�NV�NHiperv�nculo visitado>*B*ph�PK!��[Content_Types].xml��j�0E��ж�r�(��΢Iw},��-j��4 ��w�P�-t#bΙ{U��T�U^h�d}㨫��)��*1P�'�� ^��W��0)��T�9<�l�#��$yi}��;�~@��(��H��u�*Dנz��/0�ǰ��$��X��3aZ��,�D0j~�3߶�b��~i>��3�\`�?�/�[��G��\�!�-�Rk.�s�Ի�..��a濭?��PK!�֧��6_rels/.rels��j�0���}Q��%v/��C/�}�(h"��O� ��=�� C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0��O�R�Bd��JE�4b$��q_��6L��R�7`��0̞O��,�En7�Li�b��/�S��e��е��PK!ky��theme/theme/themeManager.xml�M � @�}�w��7c�(Eb�ˮ��C�AǠҟ��7��՛K Y,� �e�.��|,��H�,l��xɴ��I�sQ}#Ր�� ֵ+�!�,�^�$j=�GW��)�E�+& 8��PK!&lT�Rtheme/theme/theme1.xml�YMoE�#�F{oc'vGu�رH�F�[��xw�;��jf��7��q�7��J\ʯ A��xgfw��I�FPA}H��1^�3tH��<i{��5��M¶w{ؿ��!�p`��Dz�6��*^W� �D��)��/-I��S��11V�(¥@�#��Zmu)�4�P�c`;tk<�>�6r�=2%��@3'M �5BNe� t�Y�I?��CK/�^�|��Kx=#bjm��o>]F,�"B��F��V��z�n�^�3��`�ե̳�_�wr�%��:ϻ[k�.��eN�V��i�2],S�_s��jcs��7��f�� W��+�Ն�7��`��g�Ș��J��j|��l(�K��D-ʵ�� dX��iJ�؇<��x$(��:��7vɗsKZ��j{�jb��_=��<;~��Ç�~��m��e��~��O�y��j�,��_~��3S�ŗO~{��W��ݣ ��2|Hc"�Mr��y��8�0´L��'XK��S��9�,��G��#�}T�O�9 "1Q�B�N;�]�Y��J/�hY%7'IX-\Lʸ}��dwq�ķ7I�o�i�ލ��É�!I�B�? 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