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En Bogot� D.C., d�a y hora previamente se�alados para llevar a cabo la presente audiencia dentro del proceso de la referencia, el Magistrado Ponente la declara abierta en asocio de los dem�s Magistrados con quienes integra la Sala de Decisi�n, y procede a dejar constancia de los asistentes a la audiencia, OBJETO DE LA AUDIENCIA Estudiar el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 16 de marzo de 2017 proferida por el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot�.
As� como estudiar la decisi�n en el grado jurisdiccional de consulta a favor de la demandada, por ser el Estado garante de sus obligaciones, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 69 del C.P.T. y de la S.S., modificado por el art�culo 14 de la Ley 1149 de 2007.
ANTECEDENTES DEMANDA La se�ora VIVIANA LEYVA BARRETO solicit� declarar la existencia de un contrato de trabajo desde el 4 de abril de 2011 hasta el 14 de febrero de 2013, el cual termin� por renuncia voluntaria, en virtud del cual se benefici� de la convenci�n colectiva de trabajo, y en consecuencia solicit� el pago de los siguientes conceptos: auxilio de cesant�as e intereses sobre las mismas, sanci�n por no pago oportuno de los intereses sobre las cesant�as, prima de servicios legal, prima de servicios convencional, vacaciones, prima de vacaciones, prima legal de navidad, indemnizaci�n moratoria, reajuste e incrementos salariales, bonificaci�n de prima convencional, devoluci�n aportes al sistema de seguridad social, devoluci�n pago p�lizas de cumplimiento, nivelaci�n de salarios y prima t�cnica.
En forma subsidiaria solicit� que se equipare la labor ejecutada al cargo de profesional especializado grado 35, junto con el reconocimiento del pago de prestaciones legales teniendo en cuenta el salario asignado a ese cargo, en virtud del cual pretende el reconocimiento de las mismas pretensiones antes indicadas. Como sustento de sus pretensiones afirm� que prest� servicios personales a favor del extinto ISS mediante la suscripci�n de contratos de prestaci�n de servicios desde el 4 de abril de 2011 al 14 de febrero de 2013, en el cargo de profesional especializada en el �rea de cuotas partes en la Vicepresidencia y Gerencia de Pensiones, en virtud del cual deveng� una suma �ltima de $2.983.992.
No obstante, afirm� que a pesar de la suscripci�n de los aludidos contratos, desde el momento de su vinculaci�n se le impartieron �rdenes, se le exigi� cumplimiento de horario, la prestaci�n del servicio en las instalaciones de la empresa, le suministraron los elementos para desempe�ar la funci�n, por lo que considera que se configuraron los elementos de una verdadera relaci�n laboral, por lo que procede el reconocimiento de las acreencias laborales y extralegales otorgados en la empresa demandada (fls. 3 a 29).
CONTESTACI�N DEMANDA FIDUAGRARIA S.A. en calidad de administrador del PATRIMONIO AUT�NOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACI�N contest� la demanda con oposici�n a las pretensiones. Para ello consider� que con la demandante no existi� relaci�n laboral alguna, puesto que lo celebrado entre las partes consisti� en la suscripci�n de contratos de prestaci�n de servicios regulados por la Ley 80 de 1993 que no genera el pago de las pretensiones invocadas.
Propuso como excepciones falta de legitimaci�n en la causa por pasiva, ausencia de nexo causal � inexistencia del contrato de trabajo o prestaci�n de servicios con Fiduagraria S.A., prescripci�n y/o caducidad, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligaci�n, buena fe y la no utilizaci�n de los mecanismos alternativos de soluci�n de conflictos (fls. 274 a 298).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot�, mediante sentencia del 16 de marzo de 2017, declar� que entre las partes existi� un contrato de trabajo desde el 8 de abril de 2011 hasta el 14 de febrero de 2013 en aplicaci�n del principio de la primac�a de la realidad sobre las formas jur�dicas, raz�n por la que conden� a la entidad accionada a reconocerle y pagarle los siguientes conceptos: nivelaci�n salarial, auxilio de cesant�as e intereses sobre las mismas, prima de navidad legal, prima extra legal de servicios, vacaciones, prima t�cnica, indemnizaci�n moratoria, devoluci�n del pago de aportes al sistema de seguridad social en pensiones en la parte que corresponde al empleador y costas.
Para arribar a tal conclusi�n se�al� que con el an�lisis del acervo probatorio, se demostr� la prestaci�n personal del servicio, por lo que se activ� la presunci�n legal de su existencia, sin que la parte accionada hubiera logrado desvirtuarla, pues por el contrario se acredit� que el servicio contratado se ejecut� con sujeci�n a subordinaci�n jur�dica, raz�n por la que declar� la existencia de la relaci�n laboral en los extremos temporales antes indicados, que dieron lugar al reconocimiento de los conceptos laborales antes indicados, toda vez que la parte accionada no acredit� que los hubiera pagado.
RECURSO DE APELACI�N La apoderada judicial de la parte demandada apel� la decisi�n por considerar que las pruebas aportadas tanto testimoniales y documentales evidencian que la demandante actu� mediante contrato de prestaci�n de servicios, acorde a la Ley 80 de 1993 en virtud de un acuerdo de voluntades, agreg� adem�s que no es de recibo que una profesional manifieste que no ten�a conocimiento de las condiciones del contrato celebrado.
Igualmente estim� que el Despacho no tuvo en cuenta lo indicado en los testimonios con la debida confrontaci�n con el objeto de los contratos suscritos, que la cataloga como empleada p�blica. En consecuencia solicit� que se revoquen las condenas impuestas por no ser obligaciones del contrato de prestaci�n de servicios, as� como tampoco, en esa calidad ser beneficiaria de la convenci�n colectiva.
Afirm� que para acreditar que la actora es beneficiaria de la nivelaci�n salarial se debe revisar documentaci�n aportada para concluir identidad de funciones, igualdad de eficiencia, realizaci�n igual cantidad, situaciones f�cticas no demostradas que no dan lugar a la condena impuesta. Por �ltimo. Afirm� que en cuanto a la mala fe que se predica por parte de la accionada, asevera que no se configur�, por el contrario, considera debe recaer sobre la demandante por ser consiente y conocedora de la ley sabiendo la diferencia entre uno y otro contrato en su condici�n de abogada.
PROBLEMA JUR�DICO Reunidos los presupuestos procesales y no existiendo causal de nulidad que invalide lo actuado, corresponde a �sta Sala de Decisi�n determinar si entre las partes existi� un contrato de trabajo en aplicaci�n del principio de la primac�a de la realidad sobre las formas jur�dicas. CONSIDERACIONES. EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO Y CALIDAD DE TRABAJADORA OFICIAL El juez de primera instancia consider� que la demandante tuvo la calidad de trabajadora oficial por el hecho de que la entidad demandada era una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Nacional y por haber encontrado demostrados los elementos del contrato de trabajo establecidos en el Decreto 2127 de 1945.
Sin embargo, y pese a que la demandante en su demanda solicit� la existencia de contrato de trabajo, debe advertirse que la calidad de servidor p�blico se determinada por virtud de la ley y no por la voluntad de las partes, pues aqu�lla consagra las condiciones para tal distinci�n. De esta manera y previo a investigar la configuraci�n de los elementos del contrato de trabajo solicitado, el juez debi� analizar y atenerse a los criterios legales para definir tal status, tarea que no emprendi� por lo que corresponde en esta instancia desarrollarla, y as� verificar si la actora demostr� los supuestos f�cticos enrostrados en la demanda, que le permitan ostentar la calidad de trabajadora oficial, y as� obtener las prebendas pretendidas bajo tal condici�n. Como se dijo, es la ley y no la voluntad de las partes, la que define cu�ndo un servidor oficial es trabajador oficial o empleado p�blico, por lo que incluso el trato como trabajador oficial que eventualmente haya dado la entidad empleadora, no es criterio v�lido para definir tal aspecto.
Es por ello que en este proceso, la Sala debe dilucidar ese primer aspecto, para luego discernir, solo en caso positivo, si es beneficiaria de los derechos extralegales solicitados, tal como reiteradamente lo ha sostenido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (sentencias de marzo 19 de 2004, Radicaciones 19960 y 21403, del 11 de agosto de 2004, Radicaci�n 21494, del 21 de septiembre de 2006 Rad. 27146 entre muchas otras).
Sin embargo, como se ha referido, es la ley la que se encarga de indicar cu�ndo un servidor tiene la calidad de trabajador oficial y cu�ndo es empleado p�blico, por lo que deben atenderse tales par�metros, y no la voluntad de las partes, m�s a�n cuando, como en el caso presente, la entidad demandada es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, las cuales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3135 de 1968 tienen una planta de personal mixta entre empleados p�blicos y trabajadores oficiales, que exige del Juez una verificaci�n normativa.
En ese ejercicio cita la Sala el Decreto 2148 de 1992, norma que establece que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES �ISS- era una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Nacional con personer�a jur�dica, autonom�a administrativa y capital independiente y vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 5� del Decreto 3135 de 1968,: �Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisar�n qu� actividades de direcci�n o confianza deban ser desempe�adas por personas que tengan la calidad de empleados p�blicos.�, es decir, que salvo disposici�n expresa, la regla general, es que el personal de esas entidades funge como trabajadores oficiales.
Ahora, el Decreto 416 de 1997, mediante el cual se aprob� el Acuerdo 145 del 4 de febrero de 1997 emanado del Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales, y que se encuentra vigente, dispone que los servidores del Instituto de Seguros Sociales se clasifican en empleados p�blicos y trabajadores oficiales y a continuaci�n precisa qu� cargos ser�an considerados empleados p�blicos, as�: �A. Son Empleados P�blicos, las personas que ocupan los siguientes cargos en la planta de personal del ISS: Presidente del Instituto.
Secretario General y Seccional. Vicepresidente. Gerente. Director. Asesor. Jefe de Departamento. Jefe de Unidad. Subgerente. <Numeral NULO> Coordinador Clase 1, ll, lll, IV y V. <Numeral NULO> Jefe de Secci�n <Numeral NULO> Funcionarios profesionales de Auditor�a Interna, Disciplinaria, Calidad de servicios de Salud y Contrataci�n de Servicios de Salud Los Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los despachos del Presidente, Secretario General o Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director.
B. Son Trabajadores Oficiales, las personas que desempe�en en el Instituto los dem�s cargos.� Ahora bien, en el presente caso, la se�ora VIVIANA LEYVA BARRETO solicit� declarar un contrato de trabajo desde el 4 de abril de 2011 hasta el 14 de febrero de 2013, interregno que labor� en virtud de la celebraci�n de 4 contratos de prestaci�n de servicios visibles a folios 30 a 35, en virtud de los cuales realiz� labores como Abogada Especialista en Derecho Administrativo al Seguro Social en el �rea de cuotas partes pensionales, aspecto que incluso aclar� la demandante en la declaraci�n de parte, donde reiter� que ella siempre hizo parte del grupo de cuotas partes pensionales, aspecto que tambi�n fue reiterado por las declaraciones rendidas en el proceso, es m�s, tal aspecto se aclar� en el segundo contrato suscrito entre las partes, donde se evidencia que efectivamente all� se dispuso que la actora asesorar�a a la Vicepresidencia de pensiones en el grupo de cuotas partes pensionales, para lo que deb�a tambi�n brindar apoyo a la Gerencia Nacional de Atenci�n al Pensionado, dependencia �sta que fue la que determin� el funcionario que deb�a ser el interventor, tal como se aprecia del otrosi suscrito el 17 de enero de 2012 (fl. 32), �rea que tambi�n fue la encargada de suscribir las actas de inicio de los contratos de prestaci�n de servicios (fls. 43 a 46).
Con base en lo anterior, concluye la Sala, que la demandante de un lado, es Abogada especializada, calidad que si bien no fue acreditada en el proceso, se cuenta con la aceptaci�n de ese hecho por la entidad accionada, pues por dicha condici�n acad�mica fue vinculada mediante los contratos de prestaci�n de servicios, por lo que se colige que ten�a un nivel acad�mico de profesional especializado, y de otro prest� sus servicios en la Vicepresidencia de Pensiones y en la Gerencia Nacional de Atenci�n al Pensionado, circunstancias que, conforme a las normas citadas, permiten concluir que la se�ora VIVIANA LEYVA BARRETO detenta la calidad de empleada p�blica durante el interregno antes anotado y que su vinculaci�n debi� ser a trav�s de una relaci�n legal y reglamentaria.
Y es as�, pues si bien, el Decreto 3135 de 1968, que establece la naturaleza de los empleados de la entidad precisa que su calidad estar�a determinada por las �actividades� que se le encomienden, es lo cierto, que dicha norma ya fue objeto de an�lisis por parte del Consejo de Estado, autoridad que en virtud de una acci�n de nulidad, aval� parcialmente la clasificaci�n indicada en el citado Decreto 416 de 1997, y frente al cargo que ostent� la hoy demandante textualmente se�al�: �Los Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los Despachos del Presidente, Secretario General o Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director, forman parte de los niveles profesional y administrativo, respectivamente, desempe�an funciones que de un lado implican el ejercicio de actividades que requieren del manejo de determinadas profesiones y, de otro desarrollan labores complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, am�n de la supervisi�n de un peque�o grupo de trabajo, pues, obs�rvese que est�n adscritos a los cargos de mayor categor�a dentro de la Instituci�n, dependen indubitablemente de ellos, necesitan ejecutar sus labores en perfecta armon�a, y ce�irse de manera inmediata a las �rdenes de los superiores quienes deben tener plena seguridad en los mismos, por lo que se infiere que deben corresponder al grupo de empleados p�blicos.� (negrita y subraya de la Sala).
Conforme a lo anterior, se colige que indubitablemente la hoy demandante tendr�a la calidad de empleada p�blica, pues de acuerdo al objeto contractual, las funciones que desempe�� estuvieron dirigidas, como misi�n principal la resoluci�n de consultas de entidades para el tr�mite de cuotas partes pensionales, labor que prest� en virtud del conocimiento especializado en su calidad de profesional, la cual reviste especial importancia para la ejecuci�n del objeto social de la empresa demandada, de lo que se sigue la importancia en la labor, pues el asunto objeto de estudio ten�a que ver directamente con la financiaci�n del r�gimen de prima media, de lo que se concluye que por su condici�n acad�mica y por la labor realizada, la demandante en empleada p�blica.
Establecidas as� las cosas, se considera que es evidente la falta de jurisdicci�n en �sta especialidad, puesto que la jurisdicci�n ordinaria laboral no tiene competencia para resolver los asuntos atinentes a los empleados p�blicos, por corresponder a la jurisdicci�n contencioso administrativa su resoluci�n al tenor de lo previsto en el numeral 4� del art�culo 104 del C.P.A.C.A., por lo que se considera que la soluci�n a eventos como estos son los contemplados tanto en el r�gimen del CPC como en el del CGP, tal como lo ense�a o prescribe la Corte Constitucional, en entre otras, la sentencia T-064 de 2016, en la que se�ala con precisi�n conceptual: �Con fundamento en tales normas, la jurisprudencia de esta Corporaci�n ha reconocido que �la nulidad originada en la falta de competencia funcional o en la falta de jurisdicci�n no es saneable.
Porque siendo la competencia funcional la atribuci�n de funciones a diferentes jueces de distintos grados, dentro de un mismo proceso, como se ha dicho (primera y segunda instancia, casaci�n, revisi�n, etc.), el efecto de su falta conduce casi necesariamente a la violaci�n del derecho de defensa, o a atribuir a un juez funciones extra�as a las que la ley procesal le ha se�alado�.
Del anterior an�lisis se destaca, entonces, que la determinaci�n adecuada de la jurisdicci�n que ha de resolver un litigio es un presupuesto de vertebral relevancia, en tanto de all� emana la validez misma del proceso, toda vez que un vicio como la falta de jurisdicci�n conlleva a que las actuaciones procesales resulten afectadas por una nulidad que no es susceptible de saneamiento alguno. En esa medida, para la autoridad judicial que advierta la presencia de semejante defecto, resulta obligatorio declarar el vicio detectado y adoptar las medidas tendientes a que el tr�mite sea renovado con estricto apego al debido proceso.
De esa forma, el juez consigue legitimar la administraci�n de justicia y concretar la eficacia de los derechos de las partes enfrentadas, materializando as� los fines estatales que la Constituci�n ha trazado. Por el contrario, aquel juez que evada dicho imperativo, eludiendo las funciones que le ata�en como director de la contienda, perpetuar� la transgresi�n del debido proceso y avalar� la perversi�n derivada de las decisiones dictadas tras un juicio enteramente antijur�dico�.
Por lo expuesto, es que al efecto, en este proceso, se considera que se gener� una nulidad insaneable por falta de jurisdicci�n, lo que conforme al art�culo 16 del CGP que entr� a regir el 1� de octubre de 2012, cuando se declare, de oficio o a petici�n de parte, la falta de jurisdicci�n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar� validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser� nula, y el proceso se enviar� de inmediato al juez competente, por lo que se dispone remitir, de inmediato, el expediente que contiene el proceso de la referencia, a los juzgados administrativos de Bogot�, reparto, para su conocimiento y fines pertinentes.
Con la anterior definici�n se considera que no se hace nugatorio el derecho de acceso a la justicia, de quien equivocadamente formula su pretensi�n ante una autoridad que no corresponde, pero a la que el sistema jur�dico le provee una soluci�n en justicia y en derecho, con lo cual evita que este sujeto de derechos quede excluido del cometido justiciable del ordenamiento jur�dico colombiano, convirti�ndose en un excluido contingente del mismo, y a�n m�s cuando es claro y categ�rico, que otra acci�n judicial que se llegare a intentar ser�a nugatoria, ab initio, por los efectos de la caducidad de la acci�n que se pretenda, dados los perentorios t�rminos que para su ejercicio est�n previstos en el estatuto procesal pertinente, soluci�n que se reitera atiende los precisos y perentorios mandatos del art�culo 16 del CGP en cuanto y en tanto cuando se advierta la falta de jurisdicci�n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar� validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser� nula, y el proceso se enviar� de inmediato al juez competente, que evita precisamente la caducidad de la acci�n, seg�n se desprende de las consideraciones de la sentencia C-537 de 2016, de fecha octubre 23 de 2016, que estudio la exequibilidad de las normas relativas a las nulidades procesales en el r�gimen del CGP y en particular la garant�a consagrada en el art�culo 16 ib�dem tantas veces citado.
Con base en los argumentos expuestos la presente decisi�n, se aparta la Sala de la definici�n contraria que ha fijado la H. Sala Laboral de la CSJ, citando a modo de ejemplo las sentencias radicadas con los n�meros 2017 del 18 de marzo de 2003, que fue reiterada en la sentencia SL 10610 de 2014 y la 37290 del 7 de septiembre de 2016, en las que se consider� que cuando no se acredita la calidad de trabajador oficial se sigue la absoluci�n de las pretensiones, pues se reitera, con dicha decisi�n se corre el riesgo de sacrificar el derecho sustancial reclamado En consecuencia se dispondr� declarar la nulidad de la sentencia proferida en primer grado de fecha 23 de septiembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1� del art�culo 133 del C.G.P., raz�n por la cual se dispondr� la remisi�n del presente proceso a la oficina de reparto de jurisdicci�n contenciosa administrativa para que radique el proceso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial competente en los t�rminos del numeral 2� del art�culo 152 del C.P.A.C.A., advirtiendo que las actuaciones dictadas antes de proferirse la sentencia conserva validez de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 138 del C.G.P. DECISI�N Con fundamento en las anteriores consideraciones la SALA DE DECISI�N LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia proferida en primer grado de fecha 16 de marzo de 2017, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1� del art�culo 133 del C.G.P., por lo que se ORDENA la remisi�n del presente proceso a la oficina de reparto de jurisdicci�n contenciosa administrativa para que radique el proceso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, advirtiendo que las actuaciones dictadas antes de proferirse la sentencia conserva validez de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 138 del C.G.P., de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la providencia. Esta decisi�n se notifica en estrados a las partes.
RAFAEL MORENO VARGAS Magistrado ANGELA LUCIA MURILLO VARON Magistrada MAR�A ISABEL ARANGO SECKER Magistrada DECLARACI�N DE PARTE DTE VIVIANA LEYVA BARRETO Labora actualmente como abogada de la direcci�n general de sanidad militar en el �rea de talento humano desde enero de 2017, para la fecha de la suscripci�n de los contratos con iss conoc�a la diferencia entre en contrato de trabajo y uno de prestaci�n de servicios; si, actividades desempe�adas en el objeto contractual estaba la asesor�a judicial y adtiva; en el primer contrato fue para tutelas no obstante no trabaje en ella sino en cuotas partes pensionales y aqu� no llevaba procesos judiciales, no desarrollaba asesor�as, salvo el jefe se los solicitara, al suscribir el contrato ley� el objeto del contrato, si el cual expone que estaba para iniciar en el grupo de tutelas pese a ello fue enviada al grupo de cuotas partes, conociendo que el objeto de su vinculaci�n era para �patinadora de tutelas� revisar las tutelas y dar cumplimiento a respuestas, pero cuando me vincule el abogado de cuotas partes renuncio por lo cual se me asigno dicho cargo, de los contratos reconoce que estos fueron firmados por ella, de lo ejecutado en actividades contractuales se requer�a la calidad de profesional, si en cuotas partes era necesario, para el desarrollo de las actividades puso en practica conocimientos como abogada y especialista, si por cobro persuasivo emisi�n resoluciones y respuestas, exist�a otro empleado publico que desarrollaba actividades similares, la oficina de cuotas partes estaba el jefe y todos los dem�s eran contratistas, con que periodicidad realizaba visitas a los despachos, en ning�n momento, desde el primer contrato hasta el �ltimo estuvo en cuotas partes.
JUAN PABLO GUEVARA Ingeniero electr�nico, trabaja en colpensiones como analista, hace 3 a�os, como trabajador en misi�n, tuvo vinculo con el iss desde junio 2005 hasta marzo 2014, como como analista de cuotas partes pensionales y como jefe de cuotas partes hasta 2014, vinculo como contratista hasta febrero de 2012 y desde esta fecha como trabajador en misi�n a trav�s de una temporal, en esta �rea presento alg�n servicio la se�ora Viviana Leyva, si desde 4 abril 2011 entro al grupo como profesional especializada lo recuerdo pq he sido testigo en otros procesos contra el iss por lo que se el manejo, y como demandante contra el iss, estaba vinculada por prestaci�n de servicios por la necesidad del servicio por cuanto la persona que estaba a cargo renuncio, conocimiento que ten�a como l�der de grupo de 15 personas m�s o menos, cuando llego Viviana a�n era analista l�der, las actividades de Viviana eran la resoluci�n de consultas de entidades, conducto general con direcci�n general, informes de la parte de cuotas partes, la asesor�a que prestaba se daba pq era la �nica abogada del grupo, al principio hab�a otra abogada pero al esta retirarse ella quedo como �nica abogada, las tareas que realizaban los analistas eran iguales a los de Viviana, no eran diferentes estas eran m�s contables, Viviana tuvo varios jefes quienes impart�an instrucciones de lo que se deb�a hacer, igual que yo cuando asum� el cargo de jefe de cuotas partes, Viviana no tenia la facultad de firmar actos adtivos, Viviana presto servicios de 2011 a 2013 el cual dejo por otra oportunidad laboral, durante todo este tiempo su servicio fue continuo, posterior al retiro de ella el iss entro en liquidaci�n y cuotas partes se fue para colpensiones.
Quien ocup� el cargo a la salida de Viviana ingreso como trabajador en misi�n, como jefe pod�a hacer llamados de atenci�n, si pq nos hac�an cumplir horarios y hacer seguimiento de permisos. Quien ordenaba los turnos de navidad y a�o nuevo los generaba la presidencia del iss a trav�s de recursos humanos, el ss mediante que medio ordenaba los turnos, mediante correo electr�nico, a la dte le toco cumplir esos horarios, el ss le asigno claves para el ingreso al sistema, si, la dte firmaba actas de control, el ss le dio capacitaciones de temas jur�dicos, tenia autonom�a en su trabajo, no deb�a desempe�arse en la oficina por seguridad, la dte asistia a reuniones con otras entidades.
La sra Viviana que asesoraba, todos los informes jur�dicos de cuotas pensionales, los anteriores jefes eran trabajadores oficiales, la seguridad social la asumia la dte como contratista independiente. YEIDY CAMARGO SAAVEDRA Contadora y estudiante de derecho, trabaja en la UGPP desde hace 2 a�os, antes trabajo en el iss por 5 a�os en el �rea de cuotas partes de 2008 a 2013, daba respuesta a entidades que cobraban, en esta misma �rea trabajo Viviana en el �rea jur�dica de cuotas partes pensionales, elevaba conceptos jur�dicos, compartimos espacio de labores quien recibia ordenes de jefes, Viviana presto servicios de 2011 a 2013 de manera permanente, los jefes ten�an la facultad de llamar la atenci�n, aistia a reuniones.
La dte cumplia horarios de trabajo, en caso de permiso deb�a solicitarlo alm jefe inmediato, la presidencia daba los horarios de navidad y a�o nuevo, la dte firmaba planillas de asistencia, no hab�a mas abogados en el �rea. Prestaba asesor�a a la presidencia, solo si era de cuotas pensionales, su contrato era por prestaci�n de servicios y se comprometi� a cumplir horarios, tambi�n tiene demanda contra el iss, firmaba actas de liquidaci�n. JOSE EDGAR RUCINQUE Ing electr�nico, trabaja con serdan y asesor de colpensiones hace 3 a�os, estuvo vinculado al iss por 9 a�os en cuota partes por prestaci�n de servicios, su contrato termino por decisi�n propia, en el iss recibia consultas territoriales del c�lculo de semanas y valor, conoci� a Viviana desde su ingreso en 2011 quien contestaba consultas, realizaba informe, cobro persuasivo, no emitia conceptos, nadie mas desempe�aba las mismas funciones, cumplia horario, recibia instrucciones, Sentencia C-037 de 1998, M.P.: Jorge Arango Mej�a RAD.
No. 23-2016-00193-01 VIVIANA LEYVA BARRETO contra ISS EN LIQUIDACI�N PAGE \* MERGEFORMAT13 '(5678FGHWacejs����������������pdpdpdpXpXpM?�h+@.h<z5�OJQJ^Jh�x�5�OJQJ^JhJ] @���OJQJ^JhIs�@���OJQJ^Jh+@.h�m@���OJQJ^Jh0az5�OJQJ^JmHsHhV n5�OJQJ^JmHsH#h+@.h�m5�OJQJ^JmHsH h�x�5�OJQJ^JmHnHu/jh+@.h�m5�OJQJU^JmHnHuhV n5�OJQJ^Jh+@.h�x�5�OJQJ^Jh+@.h�m5�OJQJ^J(68FGH��� I J a b ���������������� $dha$gd+@. $dha$gd+@.$a$gdT[r $dha$gd�mdhgd�m ��dhgd�D:$ �0�dh*$a$gd�m$a$gd�m$a$gd�m$a$gd�x�������� � � I J a b k � ����Ⱥ�����������oaWMCh�XcOJQJ^JhR:�OJQJ^JhV nOJQJ^Jh+@.h+@.5�OJQJ^Jh+@.hT[r5�OJQJ\�^Jh�xAOJQJ^Jh+@.h�mOJQJ^Jh<zCJOJQJ^Jh�x�CJOJQJ^Jh�D:CJOJQJ^Jh+@.h�m5�OJQJ^Jh�A5�OJQJ^Jh�g�5�OJQJ^Jh�s5�OJQJ^Jh�SL5�OJQJ^JhIs�5�OJQJ^J� � � � � � � � � 457=>?T��������������������κ������vkv�a�WMahO'�OJQJ^Jh�\OJQJ^Jh�T�OJQJ^JhIs�5�OJQJ^Jh�g�h�g�OJQJ^Jh�g�OJQJ^Jh�'uOJQJ^Jh�M�OJQJ^Jh+@.h+@.5�OJQJ^Jhs!5�OJQJ^Jh<zOJQJ^Jh(q�OJQJ^JhpOJQJ^Jh�XcOJQJ^Jh�fKOJQJ^Jh�vOJQJ^JhIs�OJQJ^Jb ,45��)*de��@B���������������������� $dha$gd�p 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