Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 01-2014-01269-01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Luís Roberto Suárez González

Fecha: 2015-10-07

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Demandada: Banco de Occidente S.A. Apelaci�n Sentencia 01-2014-01269-01 TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� SALA CIVIL DE DECISI�N En Bogot� D.C., siendo las 3:00 p.m. del d�a 7 de octubre de 2015, la Sala de Decisi�n conformada por los Magistrados Lu�s Roberto Su�rez Gonz�lez, Juan Pablo Su�rez Orozco y Germ�n Valenzuela Valbuena, se constituy� en audiencia p�blica para resolver el recurso de alzada interpuesto por las partes contra la sentencia emitida el 28 de julio de la presente anualidad por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro del proceso promovido por la ASOCIACI�N CAMPA�A COLOMBIANA CONTRA MINAS -CCCM-, contra el BANCO DE OCCIDENTE S.A. Comparecieron los abogados de las partes quienes se identifican de la siguiente forma: Armando Morales Ocampo, identificado con la C.C. No. 19.407.888 de Bogot�, D.C. y la T.P. 38.764 del C. S. de la J., quien act�a en calidad de apoderado judicial del extremo demandante; la Dra. Luz Karime In�s Mendoza Estevez portadora de la C.C. No. 63.327.717 de Bucaramanga y T.P. 78.510 del C.S. de la J., quien obra como representante legal para asuntos judiciales de la entidad financiera demandada.

Procede la Corporaci�n a emitir la respectiva sentencia de segunda instancia, para lo que se sientan las siguientes reflexiones:

ANTECEDENTES DE LA DECISI�N 1. Con fundamento en el art�culo 57 de la ley 1480 de 2011- Estatuto del Consumidor-, la actora present� demanda con la pretensi�n que se declare que la entidad Banco de Occidente S.A., es responsable por la defraudaci�n electr�nica bancaria cometida en contra del patrimonio de la demandante, entre los d�as 18 y 19 de septiembre de 2013, derivado de los dineros sustra�dos de sus cuentas bancarias.

Adem�s, subsidiariamente, solicit� que se declare que el banco accionado, incurri� en violaciones de sus deberes legales como entidad financiera autorizada por la ley, por la conducta desplegada con posterioridad a la defraudaci�n electr�nica al omitir la investigaci�n sobre las cuentas receptoras de los dineros sustra�dos, as� como la solicitud de restituci�n de esos montos, por lo que debe conden�rsele a la devoluci�n de la suma de $285.553.000 y al pago de perjuicios materiales, presentando como lucro cesante la suma de $11.400.000, y por da�o emergente la cantidad de $91.832.059. 2.

Como hechos sustento de sus aspiraciones, en lo pertinente, narr� la activante que el 19 de septiembre de 2013, funcionarios del departamento de seguridad bancaria del banco de Occidente, informaron v�a telef�nica sobre la existencia de un fraude electr�nico de 300 millones de pesos, por lo que se solicit� una investigaci�n y reclamaci�n ante la entidad financiera, la cual culmin� con respuesta negativa a los estudios allegados y a las propuestas de negociaci�n que se intentaron.

El banco se opuso al �xito de las pretensiones para lo que present� varias excepciones de fondo. LA SENTENCIA Agotado el rito procesal pertinente, la Superintendencia declar� civil y contractualmente responsable al banco de Occidente S.A., por los pagos que se efectuaron el 19 de septiembre de 2013 con cargo a los productos financieros de la asociaci�n demandante, conden�ndolo, consecuencialmente, a cancelar la suma de $171.331.800, denegando las dem�s pretensiones.

Para llegar a esa determinaci�n, la autoridad analiz� los efectos del contrato de dep�sito y su r�gimen de responsabilidad, valorando, en s�ntesis, que la parte demandante se expuso a que su informaci�n personal fuera tomada por terceros, quienes accedieron a sus equipos de c�mputo y, por ende, a sus cuentas bancarias, faltando a su deber de diligencia en el manejo de los �token�, conclusi�n que se apoy� en la visita que, de manera inmediata, la entidad financiera realiz� a sus instalaciones.

Por igual, encontr� probado el incumplimiento de las obligaciones a cargo del banco, pues las cuentas de la demandante presentaron accesos inusuales y fallidos en un n�mero importante, denotando un riesgo operativo que ameritaba una reacci�n de la entidad, atendiendo los requisitos m�nimos de seguridad y la actividad profesional que desempe�a, por lo que concluy� que el banco de Occidente debe asumir el 60% del valor de las transacciones realizadas el 19 de septiembre de 2013.

Adem�s, deneg� el reconocimiento de los da�os materiales, por no existir prueba que respalde ese petitum. CONSIDERACIONES 1. El art�culo 78 de la Constituci�n Colombiana, establece la expresa protecci�n de los derechos del Consumidor, como un derecho colectivo, condici�n que fue definida por el literal d), art�culo 2 de la ley 1328 de 2009 como �todo cliente, usuario, o cliente potencial de las entidades vigiladas�, cuya protecci�n �se inspira en el deber de fortalecer sus derechos frente a los productores y distribuidores, dada la desigualdad y la asimetr�a en que se desenvuelve la persona que acude al mercado, de cualquier bien o servicio, para satisfacer sus necesidades� (Corte Constitucional, C-909 de 2012). 2.

Acerca de la tipolog�a contractual de la que la actora desgaja la responsabilidad reconocida parcialmente en la sentencia apelada, es preciso se�alar que la cuenta corriente bancaria es una modalidad del contrato de dep�sito bancario, por el que el cuentacorrentista queda facultado para hacer dep�sitos de dinero o t�tulos y disponer de los saldos a su favor, mediante el giro de cheques o en otra forma establecida por la ley o convenida por las partes, cuyo desconocimiento la hace incurrir en responsabilidad por los perjuicios causados al cliente, cuando por alguna acci�n u omisi�n imputable a �l, de manera inconsulta se debitan dineros no autorizados.

Para el juicio de responsabilidad, valga anotar, debe tenerse en cuenta la naturaleza profesional y el servicio p�blico que ejerce la depositaria, que �hacen superlativo el deber de cuidado que se exige de las entidades financieras, las cuales, de antemano, ya est�n obligadas a desarrollar sus actividades con especial prudencia y diligencia� justamente porque trasciende la esfera privada de las empresas que intervienen en las operaciones de captaci�n y de colocaci�n de los recursos del p�blico� Esa circunstancia, impone a las instituciones financieras el deber de actuar con un grado especial de diligencia en el desarrollo de las operaciones comerciales que constituyen su objeto social, pues la infracci�n de una cualquiera de las normas legales o estatutarias llamadas a gobernarlas, no s�lo puede repercutir en el patrimonio de las personas directamente vinculadas a la respectiva operaci�n de cr�dito, sea ella activa o pasiva, sino tambi�n en el de terceros� (CSJ. sentencia del 3 de agosto de 2004, Expediente No. 7447.).

Esta diligencia suma se ensancha cuando el banco pone a disposici�n del cliente medios electr�nicos para el manejo de los dineros depositados, esper�ndose de la entidad financiera, un mayor cuidado, de modo que extreme las alertas y revisiones necesarias para garantizar la correcta debitaci�n y la verificaci�n de la procedencia de las autorizaciones o mandatos respectivos para la utilizaci�n de las cuentas existentes. 3.

Sentado lo anterior y, como ya se expuso, la Superintendencia tuvo por probado el incumplimiento, tanto del actor como de la entidad bancaria de sus deberes contractuales, decisi�n cuestionada por �stos en lo desfavorable a sus intereses: Contraminas, aleg�, en s�ntesis, que su conducta no fue relevante para la producci�n del hecho da�oso, ya que la circunstancia de haber encontrado los token en un caj�n de sus oficinas y el acceso remoto a los equipos de c�mputo, no justificaba que se reconociera una incidencia de un 40% en la ponderaci�n de la mutua responsabilidad; que el banco tuvo un mayor grado de culpa, pues omiti� valorar su perfil transaccional para impedir cualquier operaci�n fraudulenta, y que no se estim� apropiadamente, los 26 rechazos de operaciones presentados d�as antes a la ocurrencia de los pagos, la necesidad de un sistema de alertamiento id�neo por las transacciones no exitosas, as� como, la vulnerabilidad del sistema electr�nico ofrecido por el banco, temas que a pesar de haber mencionado la Superintendencia, no les dio la debida importancia en el fraude acaecido.

Por �ltimo, indic� que existen factores no examinados por el juzgador de instancia, tales como, el antecedente de una p�rdida cercana a $100.000.000, incidente que debi� originar un programa especial de monitoreo y la conducta posterior desplegada por la entidad financiera sobre los hechos investigados. Por igual, reclam� la aplicaci�n del sistema de responsabilidad objetiva por el riesgo probado, razones por las que se debe aminorar la exagerada participaci�n que se reconoci� en su contra, porfiando adem�s, por el reconocimiento de los perjuicios materiales y las costas del proceso.

Por su parte, el banco de Occidente, argument�, en esencia, que si se analiza el log transaccional del cliente, en los meses anteriores a la ocurrencia de los retiros electr�nicos se presentaron 379 accesos fallidos por el usuario �Contraminas� y 11 con �Serna Villegas�, por lo que era habitual en el comportamiento de la actora la realizaci�n de operaciones declinadas, las cuales se encuentran dentro de su perfil transaccional, de suerte que, no se pod�a generar ninguna alerta por los pagos realizados el 19 de septiembre de 2013, y mucho menos bloquear la cuenta al cliente, alegato con el que, en su sentir, se desvirt�a el �nico hecho constitutivo de la condena, controversia de la que importa precisar: 3.1.

No hay discusi�n en torno a que corre por cuenta del banco demandado -dentro del contrato de dep�sito bancario-, la obligaci�n de cuidado de los dineros consignados en las cuentas, cuyo desconocimiento, genera, de suyo y como es obvio, el incumplimiento contractual y, en consecuencia, la responsabilidad civil por los perjuicios que se le pueda irrogar al cuentacorrentista, tema destacado por la jurisprudencia, que ha sostenido que por el car�cter profesional del banco en la explotaci�n de la intermediaci�n financiera y que su gesti�n involucra recursos ajenos del ahorro privado, el ordenamiento reclama de ellos que obren con una especial diligencia en el desarrollo de sus negocios, pues colateralmente se compromete la estabilidad econ�mica del orden nacional.

As� mismo, como esa actividad provoca riesgos, en la legislaci�n patria la entidad asume, entre otras materias, las contingencias que surjan del pago irregular de dineros, como una obligaci�n impl�cita de garant�a. Este especial d�bito, no encarna el r�gimen objetivo de responsabilidad que reclama el demandante se aplique, al caso en estudio, pues en la determinaci�n de ese llamado a la reparaci�n debe analizarse la culpa de la entidad bancaria en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, caracter�stica que la enmarca dentro del r�gimen subjetivo, en el que al demandante le compete demostrar el hecho da�ino, el nexo causal y la culpa. 3.2.

Para la administraci�n y disposici�n de los dineros depositados, el cliente puede acudir a la v�a electr�nica, lo que impone un especial cuidado que, igualmente, se extiende al manejo de los datos y de los medios que se le entregan para acceder a los fondos, etc., como pasos previos y necesarios para la realizaci�n de operaciones bancarias. 3.3.

Ante el advenimiento de novedades tecnol�gicas, sustentadas en el apremio de facilitar y hacer efectiva las transacciones que anta�o se realizaban por los canales tradicionales, la banca se ha �despersonalizado�, siendo posible realizar operaciones por medios electr�nicos, de manera virtual, por lo que se exige que el cliente tambi�n despliegue una debida diligencia, asumiendo el cuidado y control de los medios que se le suministran para llevar a cabo esas operaciones, particularmente en el manejo de las claves personales y, en especial, la acerada reserva o secreto de los mecanismos de ingreso al sistema, en tanto que �stos constituyen su puerta de acceso, necesarias para, entre otras actividades, el retiro y traspaso de dinero, autorizaci�n de chequeras, manejo de informaci�n personal y financiera, etc. 4.

Alega la impugnante Contraminas, que la asociaci�n no incumpli� el contrato de dep�sito y que su conducta no fue relevante para la producci�n del hecho da�oso, sin embargo, analizado el acervo probatorio recaudado, particularmente, los testimonios y el informe de la visita que el banco realiz� al d�a siguiente de los hechos, la conclusi�n que se impone es que, en puridad, la protecci�n y reserva los token que constituyen un instrumento, de seguridad reforzada, no fue la m�s adecuada y, por el contrario, fue desidiosa y, adem�s, tuvo una influencia directa en las transacciones que motivaron la presente actuaci�n, ya que a estos ten�an acceso, aparte de los encargados de realizar las operaciones financieras de la demandante, otras personas, lo cual enerva los instrumentos de prevenci�n a adoptar, al ser posible el ingreso al sistema por muchos sujetos no autorizados contractualmente.

En efecto, no existe cuestionamiento en torno a que uno de los token asignados a la actora, espec�ficamente, con el que se orquest� todo el fraude electr�nico, se encontraba en un escritorio de la empresa, sin mayores seguridades, al que ten�a acceso, tanto la administradora de la asociaci�n, como la contadora, pese a que �sta �ltima no ten�a ning�n token asignado, y a�n la recepcionista de la empresa, circunstancia que demuestra un acto de descuido, si en cuenta se tiene que ese es un instrumento que permit�a ingresar al sistema electr�nico a trav�s del portal de Internet, y disponer, a placer, de los fondos existentes. 4.1.

Sobre este supuesto f�ctico, el se�or Franklin Tijaro, coordinador de prevenci�n de fraude del banco de Occidente, asever� que el d�a de la visita, al tratar de abrir la gaveta, la se�ora Noralba Jim�nez no encontr� las llaves por lo que fue necesaria la colaboraci�n de la recepcionista, quien a su vez cumple labores de cafeter�a, persona que trajo las llaves y abri� el escritorio, atestaci�n de la que aflora que personal ajeno a las funciones de aprobaci�n y pago a terceros por internet, ten�a acceso al lugar donde se encontraban los mecanismos de seguridad que utilizaba Contraminas, sin que pueda excusarse ese proceder, en que las llaves las cargaba la administradora personalmente, puesto que, en sentir de la Corporaci�n, esas condiciones de seguridad no eran adecuadas para el manejo del token. 4.2.

Aunado a lo anterior, llama la atenci�n del Tribunal, que a pesar de que el citado token no estaba asignado a ning�n empleado de la asociaci�n, se encontraba inhabilitado y no era usado para realizar operaciones electr�nicas por la demandante, por manera que, si este no se utilizaba en la labor de pagos o para cualquier transacci�n, no exist�a raz�n para mantenerlo y, mucho menos, en un caj�n cuyas condiciones de resguardo eran tan d�biles, cuando lo adecuado, en un franco acto de prevenci�n, era confinarlo a una caja de seguridad o retornarlo al banco, para que �ste procediera a su destrucci�n. As� mismo, del informe que present� la entidad financiera, con ocasi�n de la visita que realiz� el 20 de septiembre de 2013, fruto del an�lisis de las condiciones locativas de la asociaci�n y de la revisi�n de los computadores, se concluy� que el �fraude se origin� por vulneraci�n de la custodia tanto de los usuarios, claves y token de seguridad a cargo del cliente�, ep�logo que acompasa con la valoraci�n que se est� realizando, pues en verdad, este documento se limita a describir los hallazgos que, por dem�s, eran de conocimiento del representante legal, as� como de la administradora, como lo aceptan en sus declaraciones, inclusive, la revisi�n de los equipos de c�mputo se llev� a cabo a petici�n de la misma asociaci�n, lo que demuestra el inadecuado manejo dado al token con el cual se fragu� el fraude, lo que por igual, determina que su actuar tuvo influencia en la ocurrencia de aquel.

De lo anterior se evidencia, que el manejo dado por la asociaci�n a la informaci�n necesaria para efectuar pagos electr�nicos a favor de terceros no estuvo informado por la debida diligencia, los que, adem�s, tuvieron incidencia en la causaci�n del hecho a t�tulo de culpa, afectando la determinaci�n del monto indemnizable, porque la pretensi�n resarcitoria solo puede abrirse paso en toda su extensi�n, cuando, por supuesto, es consecuencia directa y absoluta del proceder del demandado, luego si la demandante manej� mal la informaci�n personal y exclusiva relacionada, es razonable concluir la presencia de su comportamiento como concausa del desmedro patrimonial del que ahora se duele. 5.

Alega Contraminas, que el banco tuvo un mayor grado de culpa, ya que omiti� valorar en debida forma el perfil transaccional, la deficiencia del sistema de alertamiento y que no se estimaron, adecuadamente, los rechazos presentados d�as antes a la ocurrencia de los pagos cuestionados, tema que entra en confrontaci�n con el alegato planteado por el banco demandado, quien alega que, de acuerdo con el log transaccional del cliente, en los meses anteriores a la ocurrencia de los retiros electr�nicos se presentaron un total de 390 accesos fallidos por parte de la actora, por lo que concluy� que era habitual los rechazos de las operaciones que pretend�a realizar el cliente y que, esa clase de negociaciones frustradas no deb�an generar ninguna alerta por las operaciones no monetarias realizadas el 19 de septiembre de 2013, temas que se abordaran en conjunto, pues tales consideraci�n son �tiles para resolver la controversia esbozada.

La circular b�sica 052 de 2007, establece que es obligaci�n del banco elaborar el perfil del cliente financiero, esto es, las costumbres del tr�fico que aplica en sus transacciones comunes, como uno de los mecanismos para calificar las variadas transacciones que los usuarios realizan, si son usuales o inusuales, y as� poner en marcha un proceso de alertamiento que permita detectar las operaciones sospechosas que ameriten una gesti�n de prevenci�n por parte de la entidad financiera, previsi�n que obliga a valorar, en el caso concreto, si las operaciones de cambio de usuario, deshabilitaci�n del token del administrador de la cuenta y su nueva asignaci�n con el mecanismo que no se utilizaba y la autorizaci�n de utilizaci�n de dos nuevas IP, constitu�an un comportamiento inusitado, con entidad suficiente para disparar las alarmas.

Expresado en otras palabras, para determinar la responsabilidad derivada de la no adopci�n de medidas para evitar el fraude, se debe estudiar si los hechos que antecedieron a la sustracci�n de dineros est�n dentro del perfil operacional del demandante que liberara al banco de tomar mecanismos para evitar el desfalco que se denuncia, aspecto del que debe afirmarse que no hay prueba en la actuaci�n que fuera una conducta com�n o habitual, cualquier modificaci�n en torno al usuario, a la deshabilitaci�n del token del administrador de la cuenta y la nueva asignaci�n del instrumento de seguridad con el token que no se usaba y la autorizaci�n de utilizaci�n de dos nuevas IP, y lo que dice el material probatorio es que durante el tiempo de manejo del token, casi 4 a�os, no hab�a existido ninguna mutaci�n, tanto as� que sobre el mismo no hay alegaci�n alguna.

Por igual, ese novedoso procedimiento debi� llamar la atenci�n de la entidad demandada, en particular por lo extra�o de los cambios, pues no existe una convincente explicaci�n l�gica que a la persona a quien se le asign� el token que no estaba en uso, quien ya ten�a uno, se le deshabilite aquel para de inmediato asignarle otro con las mismas caracter�sticas, incluyendo dos nuevas IP, procedimiento del que el banco conoc�a encarna el mecanismo necesario para el ingreso al servicio electr�nico y para realizar las transacciones ordinarias, de donde desgaja el Tribunal que esa ex�tica alteraci�n motivaba una atenci�n especial por parte del banco, en especial, porque para llegar a ese resultado se presentaron varios intentos fallidos que fueron rechazados.

A lo anterior no se opone la declaraci�n del testigo que, como funcionario del banco, realiz� la investigaci�n por el timo, quien concluy� que las transacciones respetaron el canal predispuesto, esto es, con el uso del usuario habilitado por el cliente, con el token asignado y desde la IP autorizada, regularidad formal que se hace insostenible y sin entidad para eliminar los defectos de seguridad subrayados en precedencia, pues ya el cambio del token y la designaci�n de las nuevas IP se realizaron numerosos intentos fallidos orientados a la asignaci�n, liberaci�n u desbloqueo del token, operaciones frustradas que debieron disparar los dispositivos de seguridad, es especial porque reca�an sobre la forma de ingresar a la cuenta de la asociaci�n. Tampoco se prob� en el plenario que fuera comportamiento constante del cliente y, que por tanto, estuviera dentro de los par�metros de actuaci�n, que en un solo d�a se realizaran transferencias por un monto superior a los 285 millones de pesos, muy con independencia de que mensualmente estas cantidades si se pagaran, lo que justificaba una llamada al cliente para verificar la correcci�n de esos movimientos para frustrar la defraudaci�n ya comenzada.

Adem�s, no puede avalarse el argumento izado por la demandada, seg�n el cual eran frecuentes las operaciones fallidas del cliente financiero, denunciando un total de 390 accesos fallidos entre los meses de enero a agosto de 2013, afirmaci�n que, de revisar el log transaccional de los usuarios Contraminas y Sernavillegas, (folio 216 archivo nombre �02 log o bit�cora transaccional, hoja diario canal�), queda sin sustento demostrativo, pues del documento que obra en formato Excel, que discrimina la totalidad actuaciones efectuadas en esas mensualidades, lo cierto es que de las no monetarias materializadas en esos periodos, no se detallaron las que obtuvieron un resultado positivo y las que fueron rechazadas, precisi�n que si obra en las bit�coras del mes de septiembre de 2013, ya que all� el banco detall� el estado de las transacciones ejecutadas, esto es, �aceptada o rechazada�.

As� las cosas, como el 18 de septiembre de 2013, se presentaron 26 ingresos deca�dos que reca�an en el uso del token, esos movimientos electr�nicos fallidos y, adem�s, ajenos al devenir normal de las operaciones realizadas por la hoy demandante, debieron prender las alertas del banco de Occidente para aclarar esos comportamientos, tan caros a la seguridad de la cuenta con manejo electr�nico.

De otra parte, es insostenible que el perfil financiero se pueda fundar en el error, en la informalidad o en las equivocaciones del cliente, pues muy a pesar de que, hipot�ticamente, esas irregularidades fueran constantes, esa patol�gica situaci�n conmina al banco a un mayor despliegue de apoyo pedag�gico para normalizar el uso del canal y, adem�s, lo lleva a ser m�s acucioso en la determinaci�n de la autenticidad de las gestiones que adelantaron, pues en particular cuando precedieron intentos fallidos para el cambio del esquema de seguridad, es el banco quien pone a disposici�n de los usuarios los sistemas especiales para el manejo de los fondos y debe velar porque estos se ejerciten de manera correcta, en tanto que, el actuar equ�voco no solamente compromete la indemnidad patrimonial del cliente, sino tambi�n su misma responsabilidad.

En este orden, en caso de que se hubieran realizado muchas transacciones afectadas por el rechazo, sin embargo, el banco de Occidente no deb�a permanecer impasible ante esa situaci�n y, en sentido adverso, le correspond�a tomar medidas en el asunto, porque no es normal que, en el desarrollo de la actividad financiera, el cliente, de forma constante, presente irregularidades en sus accesos al portal y el banco se mantenga silente, al ser �ste quien est� m�s pr�ximo al registro de la plataforma de seguridad que emplea y ha dise�ado para el ejercicio electr�nico, y, adem�s, porque su destinaci�n profesional radica en manejar los dineros ajenos, con la obligaci�n primaria de reembolsarlos al titular, por lo que corre por su cuenta, una aut�ntica labor de prevenci�n, en un plan de acompa�amiento, para allanar las constantes operaciones fallidas, sin que se pueda escudar en el f�til argumento de la permanente comisi�n de errores por parte del cuentahabiente, pues ser�a tanto como aceptar que el perfil de ese cliente sea su irregularidad.

As� las cosas, muy a pesar de que, en verdad, la gesti�n del cliente no estuvo presidida por la debida diligencia, pues no observ� las rigurosas medidas de seguridad que el token demandaba, sin embargo, el labor�o del banco tampoco respet� los c�nones de correcci�n que esta especial situaci�n reclama, pues no ejerci� los controles respecto de los hechos que antecedieron a los cambios con los que se hizo efectivo el fraude electr�nico, que de haberse adoptado lo hab�an impedido, al dejarse en descubierto la trama de los delincuentes, de donde resulta que ambos comportamientos contribuyeron a la producci�n del resultado, pero como el banco est� llamado a soportar el riesgo que se deriva de la actividad profesional y por no haber ejercido los controles respecto de los intentos fallidos de los cambios que permitieron el timo, su grado de participaci�n, lo valora el tribunal en un 80%, mientras que el descuido del demandante en el manejo de los token, que simplemente facilit� la defraudaci�n, lo llama a perder un 20% de los dineros objeto del fraude, estimaci�n que �sta Sala juzga como prudente, para �hacerle soportar las secuelas del da�o en la medida y proporci�n en que su conducta se identifique como causa de dicho resultado da�oso, lo que equivale a afirmar, en tesis general por supuesto, que la distribuci�n del da�o entre ofensor y ofendido procede hacerla de acuerdo con el criterio de la influencia causal de las respectivas actividades, vale decir observando a manera de factor preponderante el grado de causalidad imputable al obrar de cada uno frente a aquel acontecimiento.� (G.J. No. 2443, p�gs. 64 y s.s.). 7.

Finalmente, tambi�n le asiste raz�n al recurrente respecto de la condena al pago de intereses sobre la parte de capital que debe pagar el banco, del cual se declara es responsable por la sustracci�n ilegal, lapso en el que el actor no pudo disfrutar de ellos, r�ditos que ser�n los moratorios comerciales causados a partir del d�a siguiente a la ocurrencia del fraude, pero sin indexaci�n, pues en este caso �el pago de los perjuicios lleva impl�cita la actualizaci�n monetaria, como cuando los primeros se traducen en intereses comerciales de mora, porque ese tipo de r�ditos, precisamente, tiene un componente de actualizaci�n que torna innecesario un ajuste adicional�.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot�, en Sala de Decisi�n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR la sentencia proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia el pasado 28 de julio, dentro del proceso promovido por la Asociaci�n Campa�a Colombiana Contraminas �CCCM-, contra el Banco de Occidente S.A., para DECLARAR que el banco debe pagar la suma de $ 228.442.400, equivalente al 80% del segmento de responsabilidad a su cargo, m�s intereses moratorios a partir del 20 de septiembre de 2013.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia, ante el triunfo parcial de los recursos. Las partes quedan notificadas en estrados. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por los que en ella intervinieron. LU�S ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Magistrado Ponente Rad. 110013199001201401269 01 JUAN PABLO SU�REZ OROZCO Magistrada Rad. 110013199001201401269 01 GERM�N VALENZUELA VALBUENA Magistrada Rad. 110013199001201401269 01 ARMANDO MORALES OCAMPO Apoderado parte demandante LUZ KARIME IN�S MENDOZA STEVEZ Apoderado extremo pasivo  CSJ Sentencia de 15 de enero de 2009, Exp.

No. 47001-31-03-003-2001-00433-01.     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