520016000000 2020 00178 · Tribunal de Pasto

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FORMULACI�N DE IMPUTACI�N � Al constituir un condicionante f�ctico de la acusaci�n, los hechos no pueden ser modificados ni la acusaci�n puede abarcar hechos nuevos. IMPUTACI�N Y ACUSACI�N � PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. Dada la estrecha relaci�n f�ctica que debe subsistir entre estas figuras, el principio de congruencia les resulta tambi�n aplicable.

IMPUTACI�N Y ACUSACI�N � CAMBIOS DESFAVORABLES AL PROCESADO: De incluirse hechos que tipifican delitos aut�nomos, debe solicitarse la adici�n de la formulaci�n de imputaci�n. NULIDADES � PRINCIPIOS QUE LAS ORIENTAN. NULIDAD FRENTE A LA IMPUTACI�N Y ACUSACI�N � Al ser actos de parte no procede su invalidaci�n, debi�ndose rechazar de plano tal solicitud.

NULIDADES PROCESALES - No toda irregularidad que aparezca en la actuaci�n procesal debe corregirse a trav�s de la declaratoria de nulidad, durante el tr�mite existir�n situaciones que no conlleven esa gravedad o que puedan subsanarse sin afectar los derechos y garant�as de las partes. (�) las etapas se deben agotar con respeto del principio de preclusividad, pero adem�s es ineludible tambi�n atender al de progresividad, sin olvidar que persiste en cada fase procesal una base f�ctica que se debe mantener invariable a fin de no afectar el derecho de defensa (�); de lo que deviene que desconociendo el destinatario de la acci�n penal el hecho o hechos por los cuales el Estado decide vincularlo a un proceso, perder�a la oportunidad de presentar su defensa de manera efectiva.

(�) (�) el principio de congruencia resulta tambi�n aplicable, a la relaci�n existente entre la imputaci�n de cargos y la formulaci�n de la acusaci�n; teniendo en cuenta claro est� el principio de progresividad, con base en el cual se presentan eventos en los que resulta razonable la introducci�n de cambios a la premisa f�ctica de la imputaci�n. (�) (�) Pero cuando se trata de imputar un delito m�s grave, o que, trat�ndose de un delito menor, implique el cambio del n�cleo f�ctico de la imputaci�n, (�) en aras de la igualdad, la seguridad jur�dica y la protecci�n de los derechos del procesado, no puede calificarse como simples �detalles� o complementos a los que hace referencia la sentencia C-025 de 2010.

(�) (�) la defensa critica que en el escrito de acusaci�n se adicion� un hecho que por s� mismo constituir�a en otras circunstancias procesales la comisi�n de un delito aut�nomo relacionado con el secuestro de la se�orita YART y efectivamente una vez que se obtiene el audio de la audiencia de imputaci�n se determina que ese hecho no fue endilgado al se�or LRCT.

(�) (�) al tratarse de un cambio desfavorable en la situaci�n jur�dica del se�or LRCT que no corresponde a un simple detalle f�ctico sino a hechos que se adec�an a un delito aut�nomo, debe la Fiscal�a adicionar la imputaci�n o si es el caso aclarar la contradicci�n evidente entre la realidad procesal y el escrito de acusaci�n. (�) (�) la argumentaci�n de la defensa no se dirige hacia la imputaci�n como acto de parte, lo que hubiese dado lugar al rechazo de plano (�) sino a poner de relieve los errores detectados en el escrito de acusaci�n, lo que bien pudo resolverse por el juez director de la audiencia, en cambio procedi� a resolver de fondo sin adelantar los pasos subsiguientes de la audiencia de acusaci�n, raz�n por la cual al amparo de los principios de subsidiaridad e instrumentalidad aplicables en torno a la declaratoria de nulidades, se proceder� a confirmar la decisi�n de primera instancia que neg� la pretensi�n de la defensa.

(�) TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO SALA DE DECISI�N PENAL Magistrada Ponente: Dra. Blanca Lidia Arellano Moreno Proceso No.: 520016000000 2020 00178 N�mero Interno: 37114 Acusado: LRCT Y EEFC Delito:Concierto para Delinquir Agravado Secuestro Extorsivo Agravado Porte Ilegal de Armas Agravado Aprobado: Acta No. 24 de 11 de julio de 2022 San Juan de Pasto, catorce (14) de julio de dos mil veintid�s (2022) OBJETO DE LA DECISI�N Corresponde a esta Sala resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la defensa que representa al se�or LRCT, en contra de la decisi�n proferida el 24 de agosto de 2021 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto, por medio de la cual se niega el decreto de la nulidad de lo actuado desde la audiencia de formulaci�n de imputaci�n.

ANTECEDENTES SUPUESTOS F�CTICOS Conforme a los f�cticos que se dan a conocer por la Fiscal�a, en el escrito de acusaci�n, los hechos se describen de la siguiente manera: �De acuerdo con informaci�n allegada ante Fiscal�a General de la Naci�n, el d�a 12 de junio del 2018, estando la se�orita YART, con su madre la se�ora MRTC, en su vivienda ubicada en la vereda Chires del Municipio Pupiales (N), siendo aproximadamente las 10:00 a.m. llegan dos sujetos en una motocicleta color negro;

EEBB "ALIAS G" conductor de la motocicleta y el parrillero; se presentan como funcionarios del SENA, desciende de la motocicleta y se dirige hacia el port�n de la vivienda, permitiendo el acceso de un veh�culo de color azul corsa, descienden del mismo un ciudadano acompa�ado por otro sujeto y con la utilizaci�n de armas de fuego las llevan al interior de la casa, indican que son integrantes de la guerrilla, reducen a la se�ora madre y la dejan amarrada en una habitaci�n y se llevan a su hija YART, con rumbo desconocido, la intimidan con una arma de fuego y le solicitan subir al veh�culo, coloc�ndole a la fuerza una ruana en su rostro, la victima (sic) logra observar al conductor, dirigi�ndose al municipio de Aldana, recorren media hora de camino, llegando a una casa de color tomate, que ten�a un letrero que dec�a "OMC", la ingresan a unas viviendas ubicadas en la parte de atr�s, con paredes de cemento, lugar al cual llego (sic) un ciudadano a quien no fue posible mirar, la persona organizo (sic) una de las habitaciones de la casa donde hab�a una cama, lugar de cautiverio, posteriormente, llego (sic) al lugar otra persona, tez afrodescendiente, quien se qued� vigilando a la v�ctima acompa�ado por otra persona, en horas de la noche los ciudadanos se turnaban para cuidarla, HCC sal�a a trabajar a las 07:00 a.m. en un veh�culo Renault color naranja modelo viejo, que sonaba duro, se iba y regresaba, llegaban al lugar una mujer que se identific� como DIANA, una se�ora, una menor de edad, en una pared hab�a un diploma que dec�a "DIPLOMA DE RM PARA ACC", as� pasaron los d�as para el d�a s�bado las personas organizaron la casa, guardaron la ropa y desarmaron la cama, despu�s de unas horas se retiraron del lugar indicando que el padre de la v�ctima hab�a colaborado, que la iban a dejar ir, la suben al carro descrito marca Renault, color naranja que sonaba duro y la dejan en un lugar cercano al municipio de Aldana, donde la 3 persona que llego (sic) al lugar le da indicaciones del camino a seguir.

A la vez las se�ora madre con ayuda de un trabajador logra salir de la habitaci�n y se comunica con su se�or esposo comentando lo sucedido, posteriormente reciben una llamada por medio de la cual se atribu�an la comisi�n del hecho delictivo, en conversaciones posteriores los secuestradores exigen la suma de cuatrocientos millones de pesos para la liberaci�n de la cautiva, el d�a jueves 21 de junio del 2018 como a las 8 de la noche recogen un paquete peque�o en el port�n dentro del cual encontraron una memoria roja y una sim cards de Claro, donde miraron un video donde la v�ctima Y estaba llorando y atada con cadenas, posteriormente recibe una llamada preguntando si miraron el video, el 22 de junio su hermano V recibe otra llamada y le indican que coloque la sim cards al celular y recibe varias llamadas preguntando si ten�an el dinero solicitado y tras diferentes negociaciones, el se�or padre de la v�ctima hizo cancelaci�n efectiva en Aldana Nari�o de cien millones de pesos, tras los cuales YA retorno a la libertad.

Como segundo evento se tiene que el d�a 23 noviembre 2018, el se�or HLRS, sali� del billar Roma ubicado en la calle 12 con carrera 6 de la ciudad de Ipiales (N), en esos momentos, cuando se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes, cinco sujetos desconocidos aprovechan esta situaci�n para extraerlo, lo introducen en su propio veh�culo, le quitan sus pertenencias y se lo llevan con rumbo desconocido, en un lugar oscuro realizan el cambio a un autom�vil, le informan que est� secuestrado y despu�s de un largo trayecto, las dos personas que iban con la v�ctima en la parte de atr�s lo obligan a caminar como cien metros por unas gradas y lo ingresan a una habitaci�n donde lo dejan cuidando (Sic) por una persona, al tercer d�a llega una persona afrodescendiente quien lo continuo (sic) cuidando, le obligan a escribir cartas para su familia, realizan prueba de supervivencia, en el lugar donde fue mantenido o retenido privado de su libertad, mientras que mediante varias llamadas telef�nicas se exig�a a su familia la suma de quinientos millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida de este ciudadano y a efectos de que recupere la libertad, tras las consecuentes negociaciones se logr� establecer un compromiso de entregar ochenta y cinco millones de pesos (85.000.000) como un adelanto mismos que fueron entregados el d�a 19 de diciembre de 2018, de esta manera la v�ctima recobro (sic) su libertad.

Adelantadas las labores de investigaci�n el se�or EGG, en colaboraci�n con la justicia a trav�s de interrogatorio indiciado fechado 2 de enero de 2020 da informaci�n de otros responsables de esta conducta delictiva permitiendo la vinculaci�n de EETC; qui�n conduc�a el veh�culo Chevrolet Swift, de color verde, placa terminada en 125 en el que transportaron a la v�ctima HLRS, en el momento en que el veh�culo de la v�ctima lo dejan tirado en Aldana, E recoge al secuestrado; con G, C y EL E y los lleva a otra parte para posteriormente llevarlo a la casa del se�or EG; as� tambi�n informa que E es el propietario del veh�culo Chevrolet Swift; mismo que seg�n informaci�n aportada por el hijo de la v�ctima, DR, este veh�culo se encontraba en el sitio de la entrega de dinero; cerca al municipio de Puerres, que se encontraba campaneando y aporto (sic) las placas del mismo; raz�n por la cual Polic�a Judicial ubico (sic) al due�o del veh�culo el se�or EETC y el n�mero celular que portaba en esa �poca informaci�n legalizada ante juez de control de garant�as; que E estuvo en Ipiales en el billar Roma a la espera de hacer el secuestro del se�or HL, por parte del E, G y C, se tiene conocimiento que EE tubo comunicaci�n con un n�mero que est� ubicado en las antenas telef�nicas que cubren el sector del billar Roma para el 23 de noviembre de 2018, lugar donde la v�ctima fue privado de la libertad y que este mismo n�mero tambi�n se encontr� en el sector de Aldana el d�a 24 de noviembre del 2018, es decir el lugar en el cual fue abandonado el veh�culo de la v�ctima y trasladado a un segundo veh�culo, de igual manera EE se comunica con otros n�meros que tienen ubicaci�n en el billar Roma; el d�a 23 de noviembre y el siguiente d�a 24 tiene una ubicaci�n en Aldana; pudiendo determinar t�cnicamente que el se�or EE tuvo comunicaci�n con el procesado que custodio (sic) a la v�ctima EGG y con los n�meros delictivos de personas que hasta la fecha no se han identificado.

Adem�s da a conocer que el veh�culo Chevrolet Swift, de color verde, de propiedad de EEFC estuvo en Aldana el d�a que el padre de la v�ctima YART fue a entregar la exigencia dineraria para la liberaci�n de su hija Informa que el se�or LRP; estuvo reunido con G y hablaba del secuestro del se�or HLRS, que conoc�a que lo iban a secuestrar y que estaba encargado de conseguir la casa o caleta para guardar a don H pero como no pudo conseguirla; el d�a del secuestro HL guiaba a G, en una moto, que ten�a, tambi�n aport� con la informaci�n de la existencia de armas de fuego con las cuales garantizaban la seguridad.

Como se desprende del n�cleo f�ctico, existi� una ideaci�n y planeaci�n para sustraer al afectado y posteriormente obtener un provecho econ�mico il�cito quienes mediante amenazas consecutivas lograron doblegar al n�cleo familiar obteniendo la cuantiosa suma que pagaron para que su ser amado fuese dejado en libertad. (�)� 2.2. ACTUACI�N RELEVANTE Por los anteriores hechos, la Fiscal�a solicit� captura en contra de los se�ores LRCT y EETC la que fue ordenada el 10 de noviembre de 2020 por el se�or Juez Segundo Penal Municipal de Ipiales en funci�n de Control de garant�as, y una vez que fue cumplida, el 21 de noviembre de 2020 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Guachucal con Funci�n de Control de Garant�as, se adelantaron las audiencias concentradas de legalizaci�n de captura, de formulaci�n de imputaci�n e imposici�n de medida de aseguramiento en contra de los precitados.

La imputaci�n se realiz� en los siguientes t�rminos: Al se�or EETC, por los delitos de Concierto para Delinquir Agravado art. 340 del C�digo Penal, Secuestro Extorsivo Agravado art�culos 169 y 170 del C�digo Penal y Porte Ilegal de Armas art. 365 del C�digo Penal, respecto de los dos hechos delictivos relacionados con el secuestro de YART y HLRS.

Respecto del primero de los delitos en calidad de AUTOR y de los otros delitos en calidad de COAUTOR y a t�tulo de Dolo. Al se�or LRCT, por los delitos de Secuestro Extorsivo Agravado art�culos 169 y 170 del C�digo Penal y Porte Ilegal de Armas art. 365 del C�digo Penal, aplicando criterio de mayor punibilidad al obrar en coparticipaci�n criminal, seg�n lo previsto en el art. 58-10 �dem, respecto del hecho relacionado con el secuestro de HLRS.

En calidad de COAUTOR, modalidad dolosa. Los anteriores cargos no fueron aceptados por sus destinatarios. En cuanto a la medida de aseguramiento, se orden� detenci�n preventiva en Establecimiento Penitenciario. El 4 de marzo de 2021, se present� escrito de acusaci�n por parte de la Fiscal�a el cual fue asignado para la etapa de conocimiento al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto, documento en el cual se realiza la siguiente calificaci�n jur�dica: Al se�or EETC, los delitos de Concierto para Delinquir Agravado art. 340 del C�digo Penal, Secuestro Extorsivo Agravado art�culos 169 y 170 del C�digo Penal y Porte Ilegal de Armas art. 365 del C�digo Penal, en relaci�n con los dos secuestros.

En calidad de COAUTOR, modalidad dolosa. Para continuar con el tr�mite, el despacho fij� fecha para la audiencia de formulaci�n en dos ocasiones, realiz�ndose de manera efectiva el d�a 24 de agosto de 2021. Instalada la audiencia, la defensa del procesado LRC, se pronuncia respecto a diferentes irregularidades procesales, por las cuales considera, se ha generado nulidad de lo actuado.

2.3. SOLICITUD DE NULIDAD Manifiesta la defensa del se�or LRC que inicialmente el yerro se encuentra en el escrito de acusaci�n, referente a que se atribuye a su prohijado, el secuestro de la se�ora YART, lo cual expresa, no es cierto y agrava la imputaci�n jur�dica del procesado. Adicionalmente, encuentra que, desde la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, se presentaron irregularidades, ya que los hechos jur�dicamente relevantes no fueron expuestos correctamente, y no corresponden a tal categor�a sino a hechos indicadores, los cuales s�lo est�n basados en el testimonio del se�or EGG.

Considera tambi�n que se vulnera el principio de congruencia, ocasionando que el procesado, se encuentre en estado de indefensi�n, pues no tiene certeza sobre los hechos respecto de los cuales realizar� su defensa, en virtud de que su participaci�n en el delito, no se encuentra delimitada. Finalmente, establece que no hay hechos que soporten las imputaciones que ata�en a su defendido, vulnerando el Debido Proceso en aspectos sustanciales, ya que al no encontrarse tales hechos que jur�dicamente deben ser relevantes, no puede configurarse la vinculaci�n formal al proceso penal del se�or LRCT.

De esta manera, sintetiza en que no hay otra forma de corregir tales yerros, lo que configura la nulidad. Al correrse traslado de esta solicitud a la Fiscal�a, el Ministerio P�blico y la representaci�n de V�ctimas se pronuncian, compartiendo el mismo criterio, en cuanto a que la nulidad planteada por la defensa, no est� llamada a prosperar, pues la actuaci�n adelantada en la audiencia de formulaci�n de imputaci�n se ratific� por un juez constitucional y todas las partes presentes, en donde no se hizo reparo alguno. Se menciona que esta no es la etapa procesal para realizar cuestionamientos a un testimonio, sino la audiencia de Juicio Oral, y que la defensa ten�a pleno conocimiento de los hechos jur�dicamente relevantes del caso.

Finalmente se indica que, efectivamente hubo una exposici�n clara de los actos de investigaci�n realizados para fundamentar los hechos jur�dicamente relevantes, y que, ante un posible yerro encontrado, el medio id�neo para corregir es a trav�s de la acusaci�n y no la nulidad, para lo cual la Fiscal�a, har� todo lo pertinente. Luego del an�lisis de la solicitud de la defensa, el se�or Juez de primera instancia, no acoge sus pretensiones, ante lo cual se interpone por dicha parte procesal recurso de apelaci�n el cual es concedido y decreta adicionalmente la ruptura procesal.

PROVIDENCIA IMPUGNADA El A Quo no accedi� a las solicitudes formuladas por la defensa, aduce en primer lugar, que no se vulnera el debido proceso, pues es de su conocimiento, sobre lo que va a defenderse, de esta manera, el principio de transcendencia no est� claramente demostrado, no se evidencia un perjuicio cierto e irreparable, as�, al no encontrarse una verdadera demostraci�n, solo se presenta un escenario procesal de justicia rogada, por lo tanto tendr� que atacarse lo que manifiesta la defensa, en el momento del Juicio.

En la misma l�nea, el principio de finalidad o instrumentalidad, tampoco ceden su paso, pues una vez que se han cumplido los actos previos y la finalidad de estos, no se destac� vulneraci�n alguna del derecho de defensa, por lo cual proceder� a no decretar la nulidad, toda vez que el juez de conocimiento excepcionalmente realiza control, a audiencias que ya tuvieron control de constitucionalidad. 4.

SUSTENTACI�N DE LA APELACI�N La defensa del procesado LRCT, ante la negativa de la A Quo de rechazar la solicitud antes indicada, interpuso la alzada bajo los siguientes argumentos. Inicialmente, se�ala la defensa, que la Fiscal�a, ha permitido evidenciar que los hechos jur�dicamente relevantes, no est�n claros, ante lo cual va a corregirlos, manifiesta, que si bien la defensa, estuvo en las actuaciones preliminares y pudo haber hecho uso de las correcciones, y no lo realiz�, esta es la oportunidad para apelar lo sucedido en audiencia de formulaci�n de imputaci�n. Posteriormente expresa, que en lo que se lleva del proceso ya se han visto dos posturas diferentes de la fiscal�a, primero diciendo que el imputado particip� en uno de los secuestros y luego que particip� en ambos; as� queda claro que cualquier labor investigativa que se realiz� antes del escrito de acusaci�n hubiese sido una p�rdida de tiempo, ya que se var�a la postura pues se le cambia los hechos jur�dicamente relevantes al procesado y adem�s cuando se supone que se debe perfeccionar el acto complejo de la acusaci�n, se procede a realizar aclaraciones o ajustes de otras etapas procesales, adem�s argumenta, la situaci�n f�ctica no puede cambiarse o corregirse.

No acoge la aclaraci�n o correcci�n de la Fiscal�a, pues la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, no se estableci� en el sistema penal acusatorio para suplir pretensiones de la Fiscal�a o para enmendar yerros de la audiencia de formulaci�n de imputaci�n mucho menos para incluir hechos que integran la premisa f�ctica bajo el pretexto de que para ese momento no sab�a lo que hab�a ocurrido.

Aduce que se quebranta el principio de legalidad, por lo cual el proceso se convierte en un juego en el que las reglas cambian, y as�, por evitar la nulidad, se genere un efecto colateral que es la declaratoria de libertad inmediata del procesado. De esta forma, no retrotraer a las actuaciones preliminares, es vulnerar los derechos fundamentales del procesado, aspecto que no se puede subsanar de otra manera, ya que el art�culo 8 del C�digo de Procedimiento Penal, enlista una serie de derechos para la formulaci�n de imputaci�n, por lo que, si no se hace en debida forma y se van a permitir aclaraciones en esta etapa, se convierte en tiempo muerto, pues cualquier acto que realice la defensa ser�a ineficaz, en virtud a que no permite plantear una defensa eficaz, vulnerando el principio de igualdad de armas, sin hechos jur�dicamente relevantes, debidamente expuestos.

INTERVENCI�N DE LOS NO APELANTES La Fiscal�a, solicita se confirme la decisi�n de primera instancia, pues la defensa est� inconforme con el acto de formulaci�n de imputaci�n, audiencia en la cual, se establecen los l�mites del proceso y se dejan claros los hechos jur�dicamente relevantes, con los cuales la defensa realizar� su teor�a. Manifiesta que la imputaci�n es el marco dentro del cual la Fiscal�a plantea los hechos jur�dicamente relevantes, sin embargo se hizo con todos los requisitos legales y el imputado tuvo la oportunidad de que su defensa hiciera la observaci�n en el momento debido y desde ah� preparar la defensa, sin embargo, no expres� nada al respecto y as�, atacar de fondo la inferencia razonable, que es la que menciona, no cuenta la Fiscal�a para poder sustentar la acusaci�n en contra del procesado, por lo que fueron dos las oportunidades para exponer los errores que considera encontr�.

As� las cosas, no puede alegarse el propio yerro del defensor ya que pudo pedir la palabra y manifestarse, pero no lo hizo. Finalmente, trae a colaci�n la oportunidad para realizar la aclaraci�n respectiva, sobre el escrito de acusaci�n, con el art�culo 339 del C�digo de Procedimiento Penal y considera, es una maniobra dilatoria del proceso ya que a la defensa le interesa la libertad del procesado.

En ese contexto, el se�or Procurador solicit� tambi�n se confirme la decisi�n de primera instancia, pues no se ha determinado en qu� forma la imputaci�n verificada ante el juez de control de garant�as est� ausente de hechos jur�dicamente relevantes, la defensa establece que algunos hechos son hechos indicadores y no relevantes, sin embargo esta determinaci�n no est� sujeta a pronunciamiento por parte el operador jur�dico, lo ser� en otras etapas procesales cuando la Fiscal�a asuma la carga de probar hechos jur�dicamente relevantes y asumir las consecuencias.

Por consiguiente, manifiesta que no es cierto que la defensa no tenga legalmente la facultad de intervenir en la audiencia de imputaci�n, puede intervenir y solicitar aclaraciones y el Juez debe verificar que se cumpla con los presupuestos formales del acto de comunicaci�n. Lo expuesto por la Fiscal�a no genera nulidad como la invocada, dice la defensa que en el escrito de acusaci�n se est�n introduciendo premisas f�cticas y �l ya lo conoce y deb�a decirlo.

As� dice la defensa, la imputaci�n debe ser anulada porque ha perdido tiempo para defenderse por un nuevo delito y que nadie le responde por ese t�rmino, sin embargo, el acto de correcci�n que va a hacer la Fiscal�a en la audiencia de acusaci�n verifica que su carga procesal ser� menor y que la tarea adelantada para desvirtuar el otro cargo ser� un tiempo que aprovech�.

Finalmente, observa que en el presente asunto no se acredita el principio de trascendencia, ni ning�n postulado de las nulidades y si se ha advertido falencias o dificultades en la que la presentaci�n del escrito de acusaci�n es una oportunidad para que la Fiscal�a verifique las aclaraciones puntuales que tenga la defensa, ya que no tuvo la diligencia de requerirlas desde la imputaci�n. La representaci�n de v�ctimas comparte la posici�n anterior y concreta, que lo que expone la defensa deben ser argumentos en sede de juicio ya que es un debate probatorio y no es este el momento procesal adecuado, as� que solicita confirmar la decisi�n de primera instancia. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1.

COMPETENCIA La Sala de Decisi�n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 34 numeral 1� de la Ley 906 de 2004, es competente para desatar el recurso de apelaci�n interpuesto por la defensa en contra de la decisi�n emitida el 24 de agosto de 2021 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto, en Audiencia de Formulaci�n de Acusaci�n. 6.2.

PROBLEMAS JUR�DICOS Se ocupar� la Sala en esta oportunidad de determinar si procede la nulidad invocada por la defensa para que se invalide el tr�mite procesal desde la audiencia de formulaci�n de imputaci�n. 6.3.

FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES Principios de preclusividad y progresividad � Imputaci�n � Acusaci�n. Ahora bien, debe agregar la Sala que en el esquema procesal adoptado a partir del acto legislativo No. 02 de 2003, las etapas se deben agotar con respeto del principio de preclusividad, pero adem�s es ineludible tambi�n atender al de progresividad, sin olvidar que persiste en cada fase procesal una base f�ctica que se debe mantener invariable a fin de no afectar el derecho de defensa, lo que constituye el cimiento sin el cual la estructura que se levante resulta totalmente endeble; de lo que deviene que desconociendo el destinatario de la acci�n penal el hecho o hechos por los cuales el Estado decide vincularlo a un proceso, perder�a la oportunidad de presentar su defensa de manera efectiva.

No ocurre lo mismo con aquel componente jur�dico, que puede sufrir modificaciones conforme avanza la din�mica propia de la actuaci�n penal seg�n el principio de progresividad al que se hace alusi�n. Por eso, resulta de trascendencia, rememorar la ense�anza jurisprudencial, sobre estos t�picos: �Para la Sala, la formulaci�n de imputaci�n se constituye en condicionante f�ctico de la acusaci�n, de ah� que deba mediar relaci�n de correspondencia entre tales actos.

Los hechos ser�n inmodificables, pues si bien han de serle imputados al sujeto con su connotaci�n jur�dica, no podr� la acusaci�n abarcar hechos nuevos. (Subraya fuera de texto). �Lo anterior no conlleva una inmutabilidad jur�dica, porque precisamente los desarrollos y progresividad del proceso hacen que el grado de conocimiento se incremente, por lo tanto es posible que la valoraci�n jur�dica de ese hecho tenga para el momento de la acusaci�n mayores connotaciones que implican su precisi�n y detalle, adem�s, de exigirse a�n la imposibilidad de modificar la imputaci�n jur�dica, no tendr�a sentido que el legislador hubiera previsto la formulaci�n de imputaci�n como primera fase y antecedente de la acusaci�n�. En similares t�rminos, la Corte Suprema de Justicia, resalt� la importancia de la estrecha relaci�n f�ctica que debe subsistir entre la imputaci�n y la acusaci�n, como as� lo explic� en su fallo SP 5 jun. 2019, rad. 51007, acogiendo el contenido del art�culo 448 de la Ley 906 de 2004, interpretado de conformidad con los art�culos 29 y 31 Superiores y 8� de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, por lo cual se debe entender que el principio de congruencia resulta tambi�n aplicable, a la relaci�n existente entre la imputaci�n de cargos y la formulaci�n de la acusaci�n; teniendo en cuenta claro est� el principio de progresividad que ya hemos aludido, con base en el cual se presentan eventos en los que resulta razonable la introducci�n de cambios a la premisa f�ctica de la imputaci�n. De ah� que la Corte Suprema de Justicia en el mismo fallo, expresa que la delimitaci�n progresiva de los cargos encuentra desarrollo en la Ley 906 de 2004, en las normas que regulan el dise�o y la ejecuci�n del programa metodol�gico.

El cual, adem�s, est� impl�cito en los siguientes preceptos: �(i) el art�culo 351, en cuanto establece que �en el evento que la Fiscal�a, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y m�s gravosos a los consignados en la formulaci�n de imputaci�n, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputaci�n�; y (ii) el art�culo 339, en la medida en que dispone que en la audiencia de acusaci�n debe concederse la palabra a la Fiscal�a, el Ministerio P�blico y la defensa para que expresen �las observaciones sobre el escrito de acusaci�n, si no re�ne los requisitos establecidos en el art�culo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato�.

Desde otra perspectiva, esa progresividad est� regulada en el art�culo 293, que dispone que �si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscal�a acepta la imputaci�n, se entender� que lo actuado es suficiente como acusaci�n��. Para reforzar su posici�n la Alta Corporaci�n Penal, invoca la sentencia C-025 de 2010, en la cual se enuncia: �En este orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia sentada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en materia de aplicaci�n del principio de congruencia en el contexto de un sistema penal acusatorio, se tiene que (i) se trata de un principio cardinal que orienta las relaciones existentes entre la formulaci�n de la acusaci�n y la sentencia;

(ii) su aplicaci�n se extiende al v�nculo existente entre la audiencia de imputaci�n de cargos y aquella de formulaci�n de la acusaci�n; (iii) de all� que esta �ltima no pueda incorporar hechos nuevos, es decir, no imputados previamente al procesado; y (iv) lo anterior no significa que la valoraci�n jur�dica de los hechos deba permanecer inc�lume, precisamente por el car�cter progresivo que ofrece el proceso penal.

En otras palabras, fruto de la labor investigativa desarrollada por la Fiscal�a durante la fase de instrucci�n, es posible, al momento de formular la acusaci�n, contar con mayores detalles sobre los hechos, lo cual implica, eventualmente, modificar, dentro de unos par�metros racionales, la calificaci�n jur�dica de los hechos�. Y continu� la alta Corte Suprema de Justicia explicando los alcances del precedente invocado: �Del referido fallo de constitucionalidad debe resaltarse lo siguiente: (i) se hace hincapi� en que la fase de imputaci�n desarrolla los art�culos 8� de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, en lo que concierne al derecho del procesado a conocer oportunamente los cargos y a contar con tiempo suficiente para preparar su defensa;

(ii) el an�lisis se centr� en el desarrollo que de esa tem�tica hab�a realizado esta Sala; (iii) concluy�, en armon�a con lo precisado por esta Corporaci�n, que el n�cleo de la imputaci�n solo puede modificarse a trav�s de la adici�n de la misma; (iv) aunque aclar� que en virtud de la progresividad de la actuaci�n, en la acusaci�n pueden incluirse �nuevos detalles�, que pueden determinar el cambio de la calificaci�n jur�dica;

(v) en armon�a con lo establecido en los art�culos 339 y 351, dej� sentado que esos cambios deben ser producto de la actividad investigativa; y (vi) precis� que dichas modificaciones deben ser razonables�. (Negrillas fuera de texto). Tambi�n enunci�, algunos eventos en los que es posible que la premisa f�ctica incluida en la imputaci�n pueda sufrir variaciones, tales como el se�alamiento de circunstancias de tiempo, modo y lugar que no incidan en el cambio de calificaci�n jur�dica o tambi�n la realizaci�n de variaciones que sean favorables al procesado, o en general lo que pueden calificarse como simples detalles que no implique un cambio del n�cleo f�ctico imputado.

Pero cuando se trata de imputar un delito m�s grave, o que, trat�ndose de un delito menor, implique el cambio del n�cleo f�ctico de la imputaci�n, la CSJ explica que, en aras de la igualdad, la seguridad jur�dica y la protecci�n de los derechos del procesado, no puede calificarse como simples �detalles� o complementos a los que hace referencia la sentencia C-025 de 2010.

En cuanto a cambios favorables al procesado, operar�an en el siguiente sentido: �En la acusaci�n pueden suprimirse hechos que hab�an sido incluidos en la imputaci�n, si ello resulta favorable al procesado. Ello puede suceder, por ejemplo: (i) si se eliminan circunstancias gen�ricas o espec�ficas de agravaci�n; (ii) se suprimen aspectos f�cticos y, por ello, hay lugar a subsumir la conducta en un tipo penal menos grave, siempre y cuando ello no implique indefensi�n;

(iii) se dan por probados los presupuestos f�cticos de circunstancias gen�ricas o espec�ficas de menor punibilidad, que no hab�an sido consideradas; etc�tera. Estas modificaciones, adem�s de favorecer al procesado, no conllevan una sorpresa que limite el ejercicio de la defensa, porque los hechos que se mantienen en la acusaci�n ya le hab�an sido informados en la audiencia de imputaci�n, cuyo n�cleo f�ctico debe mantenerse�.

En cuanto a los cambios desfavorables al procesado, enuncia la Corte, respecto de la inclusi�n de presupuestos f�cticos de nuevos delitos: �No sobra advertir que se trata de un evento diferente al cambio de calificaci�n jur�dica de los hechos incluidos en la imputaci�n. Este tipo de cambios es relevante cuando, en la acusaci�n, la Fiscal�a se refiere por primera vez a hechos que, individualmente considerados, pueden subsumirse en un determinado tipo penal.

En la decisi�n CSJ SP, 10 dic. 2015, Rad. 45888, la Sala fij� su postura frente a este evento. En esa oportunidad, se formul� imputaci�n, entre otros, por el delito de prevaricato, sobre la base de que el procesado tom� diversas decisiones, que la Fiscal�a consider� manifiestamente contrarias a la ley porque tuvieron como fundamento un decreto que hab�a sido anulado por la autoridad judicial competente.

En la acusaci�n, la Fiscal�a no se refiri� �nicamente a los actos administrativos proferidos a la luz de dicho decreto, si no, adem�s, a que el mismo (el anulado judicialmente) tambi�n era manifiestamente contrario a la ley y, por tanto, con su emisi�n se incurri� en el delito previsto en el art�culo 413 del C�digo Penal. Bajo este presupuesto, la Sala precis� lo siguiente: (i) no puede darse por �sobreentendido� un cargo, cuando el mismo no ha sido planteado expresamente por la Fiscal�a, bajo el argumento de que podr�a inferirse de los hechos �lo que coincide con lo expuesto en la decisi�n CSJSP, 21 mar. 2007, Rad. 25862, analizada en precedencia-;

(ii) en la acusaci�n no pueden incluirse hechos que tipifican delitos aut�nomos; y (iii) en esos eventos, la Fiscal�a puede solicitar la adici�n de la formulaci�n de imputaci�n. Sobre esta base, declar� la nulidad de lo actuado, por la violaci�n de las garant�as debidas al procesado. Sin duda, estas reglas se ajustan a lo establecido en el ordenamiento jur�dico, toda vez que: (i) no puede afirmarse que los presupuestos facticos de nuevos delitos puedan ser catalogados como �detalles�, en los t�rminos expuestos en la sentencia C-025 de 2010;

(ii) aunque el ordenamiento jur�dico consagra expresamente la posibilidad de variar la imputaci�n en el sentido de incluir nuevos delitos e, incluso, optar por otros m�s graves �Art. 351-, tambi�n lo es que el mismo texto legal, as� como las reglas establecidas por la Corte Constitucional y el desarrollo jurisprudencial a cargo de esta Corporaci�n, establecen que ello debe hacerse a trav�s de la adici�n a la imputaci�n; y (iii) lo que mantiene un punto de equilibrio entre las necesidades de la justicia y la materializaci�n de las garant�as debidas a las partes�.

Enseguida la Corte, explica otros eventos en los que se introducen cambios desfavorables al procesado, pero por el momento y en la medida en que los anteriores son suficientes para el estudio que adelantaremos, no se har� una presentaci�n de estos. Nulidades procesales en materia penal La nulidad tiene por objeto la protecci�n del orden jur�dico y su fin es corregir un yerro en el procedimiento por afectar de manera flagrante una garant�a constitucional, de ah� que el c�dice adjetivo penal eleve a la categor�a de sustancial aquella irregularidad que se pueda presentar como causa que amerite aplicar el remedio extremo de decretar la nulidad de un determinado tr�mite procesal, lo cual es absolutamente obvio, dado que el proceso penal es una construcci�n humana y como tal susceptible de que se incurra en equ�vocos, pero lo ha dicho la norma y a la par la jurisprudencia penal no es cualquier irregularidad, debe ser de tal naturaleza que no exista otro camino que retrotraer la actuaci�n pero esta soluci�n siempre ser� la �ltima decisi�n que se tome.

Debido a su naturaleza, para evitar que cualquier situaci�n fuera llevada a la s�plica de la nulidad se establece que sus causales solo van a estar taxativamente se�aladas y adem�s con la exigencia para quien la solicita de una argumentaci�n especial que como lo dice la CSJ: ��requiere de claras y precisas pautas demostrativas, ya que no cualquier anomal�a conspira contra la vigencia de la actuaci�n, pues la misma debe ser esencial y estar vinculada en calidad de medio para socavar las bases esenciales del juicio o alg�n derecho fundamental de los intervinientes, de suerte que, igual que en las otras causales, debe ajustarse a ciertos par�metros l�gicos que permitan comprender el motivo de ataque, el yerro sustancial alegado y la manera como se quebranta la estructura del proceso o se afectan las garant�as a consecuencia de aquel.� De ah� que la Ley 906 de 2004, establece de manera expresa y taxativa las causales de nulidad, por lo que �nicamente pueden surgir de aspectos relacionados con la prueba il�cita y la cl�usula de exclusi�n seg�n el tenor de los art�culos 23 y 455, o por falta de competencia del juez, seg�n el art�culo 456 y por violaci�n a garant�as fundamentales como el derecho a la defensa y debido proceso, en aspectos sustanciales, conforme al texto del art�culo 457.

A tono con lo anterior, ha dicho la CSJ en radicado 32143 del 26 de octubre de 2011: �Cuando la norma alude a los �aspectos sustanciales�, dice relaci�n no a la violaci�n de otras garant�as fundamentales distintas del debido proceso constitucional, sino a la entidad del vicio detectado, pues en materia de nulidades procesales no se trata de decretar la ineficacia de lo actuado tras advertir la existencia de cualquier irritualidad, asaz, irrelevante, sino tan s�lo de aquellas que puedan comprometer severamente la estructura conceptual del modelo de enjuiciamiento penal, o las garant�as constitucionalmente establecidas a favor de las partes e intervinientes en el proceso.� Se itera, no quiere decir que cualquier irregularidad que aparezca en la actuaci�n procesal debe corregirse a trav�s de la declaratoria de una nulidad, durante el tr�mite existir�n situaciones que no conlleven esa gravedad o que puedan subsanarse sin afectar los derechos y garant�as de las partes.

De esta manera, los principios que regulan o que habilitan acudir al remedio procesal extremo de declarar la nulidad de una actuaci�n procesal, se fijaron en el procedimiento penal anterior � Ley 600 de 2000 � y la CSJ los expuso en decisiones como la SP de 29 de agosto de 2007 radicado No. 22.672 y SP de 19 de noviembre de 2008, radicado No. 30.539.

En la primera de ellas la Alta Corporaci�n ense��: �Se ha dicho, entonces, que s�lo son alegables las nulidades expresamente previstas en la ley (taxatividad); no puede invocarlas el sujeto que con su conducta procesal haya dado lugar a la configuraci�n del motivo enervante, excepto el caso de ausencia de defensa t�cnica (protecci�n); a�n cuando se presente el vicio, puede convalidarse con el consentimiento expreso o t�cito del perjudicado, a condici�n de que sus garant�as fundamentales est�n a salvo (convalidaci�n); quien invoque la nulidad est� obligado a acreditar que la irregularidad afecta garant�as constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la instrucci�n y/o el juzgamiento (trascendencia); y, adem�s, que no existe otro remedio procesal, distinto de la nulidad, para subsanar el yerro que se advierte (residualidad).

A los anteriores principios se han agregado otros como los se�alados en la decisi�n SP de 19 de noviembre de 2008, radicado No. 30.539, que hace referencia al de instrumentalidad de las formas y el de acreditaci�n. Sobre el primero de ellos indica la Corte �No procede la invalidaci�n cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el prop�sito para el cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa�; y sobre el de acreditaci�n, ense�� Quien alega la configuraci�n de un motivo invalidatorio, est� llamado a especificar la causal que invoca y a plantear los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya�.

Esta orientaci�n se ha extendido por la jurisprudencia a casos regulados por la Ley 906 de 2004, como as� se explic� en la sentencia SP 18 de marzo de 2009, radicado No. 30710, acudiendo a los principios plasmados en el radicado No. 30.539 del 19 de noviembre de 2008: �2. Principios que orientan las nulidades: En el esquema procesal penal de 2004 no aparece una disposici�n en la cual se establezcan expresamente principios orientadores de las nulidades, como s� ocurre en la Ley 600 de 2000, cuyo art�culo 310 regula la materia enumerando seis postulados de esa naturaleza.

Lo anterior, empero, no autoriza para afirmar que la actividad procesal surtida con fundamento en el sistema penal acusatorio previsto en la Ley 906 de 2004 no est� informada por los principios que tradicionalmente han orientado las nulidades ��. Improcedencia de la declaratoria de nulidad frente a la imputaci�n y acusaci�n como actos de parte Tanto la imputaci�n como la acusaci�n son actos de parte y como tal no pueden ser invalidados por el Juez, y por lo mismo las solicitudes en ese sentido resultan improcedentes, por lo que deben rechazarse de plano, como as� lo explica la CSJ en AP1128 16 de marzo de 2022, rad. 61004: �4.

La petici�n de nulidad formulada, en esos t�rminos, se advierte manifiestamente inconducente, pues es claro que se dirige contra un acto procesal de parte como es la imputaci�n, pero aquella medida extrema � la nulidad del tr�mite � solo procede contra las actuaciones de los funcionarios judiciales, como advirti� la Sala en CSJ AP5563 � 2016 al se�alar lo siguiente: En efecto, para los primeros, al constituir meras postulaciones, la ley procesal establece sanciones como la inadmisibilidad, el rechazo o la exclusi�n que, por regla general, no inciden en la validez del proceso.

Mientras que, los actos procesales del juez, al ser vinculantes y decidir asuntos con fuerza de ejecutoria material, s� tienen la potencialidad de lesionar garant�as fundamentales, entre ellas el derecho a la defensa y el debido proceso, por lo que la irregularidad de los mismos debe repararse con la anulaci�n, claro est�, si ello no fue posible con otros remedios como la correcci�n de los actos irregulares o la revocatoria de las providencias en sede de impugnaci�n. Y la Fiscal�a, como consecuencia de las reformas introducidas en el contexto de la Ley 906 de 2004, es �parte� dentro del proceso penal, pues: (i) se le despoj� de la mayor�a de facultades jurisdiccionales de injerencia en los derechos fundamentales y de disponibilidad de la acci�n penal, frente a las cuales ahora tiene s�lo un poder de postulaci�n;

(ii) aunque la acusaci�n sigue siendo presupuesto del juicio y, por ende, de la competencia del juez de conocimiento, la naturaleza de ese acto vari�: de decisi�n judicial pas� a ser una pretensi�n; y, (iii) se delimit� su rol al de investigador y acusador, pues un juez imparcial conoce del juicio y decide, y otro controla el respeto de las garant�as (�dem).

Desde esa perspectiva, la pretensi�n de nulidad resulta improcedente, no solo porque se dirige contra la imputaci�n como acto de parte de la Fiscal�a, sino en raz�n a que, adem�s, se edifica sobre la base de criticar los fundamentos f�cticos y jur�dicos del juicio de imputaci�n, dejando de lado que aquellos aspectos son incontrovertibles antes del juicio oral.

(�) Agreg� tambi�n en CSJ SP3988 � 2020 que: La Fiscal�a realiza el juicio de imputaci�n y el juicio de acusaci�n, sin que los jueces puedan realizar un control material a esa actividad de parte (salvo lo anotado con antelaci�n sobre calificaciones jur�dicas manifiestamente improcedentes), pero, al emitir la sentencia, el juez debe constatar los prepuestos f�cticos y jur�dicos�.

Ello, entra�a una suerte de �control material� a la acusaci�n (entendida como pretensi�n), que no opera cuando la Fiscal�a realiza las actividades reguladas en los art�culos 286 y siguientes y 336 y siguientes de la Ley 906 de 2004, sino al momento de la emisi�n del fallo. Pero en el caso concreto, el apelante, bajo el disfraz de un supuesto desconocimiento de los derechos al debido proceso y defensa de sus asistidos, soport� la pretensi�n invalidatoria echando de menos un control material de la imputaci�n como acto de parte que mal podr�a haber llevado a cabo el juez de control de garant�as en la audiencia de imputaci�n. As� se observa de los argumentos que soportan la nulidad pretendida, pues todos est�n orientados a corregir la calificaci�n f�ctica y jur�dica del acto adelantado por la Fiscal�a, con base en la percepci�n que para el defensor ostentan, tanto las decisiones emitidas por sus defendidos, como otros medios de convicci�n que ampliamente rese��.

Ante actuaciones de esa naturaleza, esto es, aquellas que resultan ostensiblemente infundadas e inconducentes, no es potestativo, sino obligatorio que el juez, en su condici�n de director del proceso, con sujeci�n al contenido art�culo 139 � 1 del C�digo de Procedimiento Penal, disponga su rechazo de plano bajo una orden no susceptible de recursos, pues claramente tienden a entorpecer la actuaci�n. Por tales motivos, insiste la Corte en esta oportunidad, en el deber de evitar las maniobras dilatorias (art. 139 de la Ley 906 de 2004) y de garantizar la eficacia del ejercicio de la justicia (art. 10 ejusdem).

No puede dejarse de lado tampoco que, aunque el Tribunal dio tr�mite a la solicitud de nulidad formulada por el defensor y la resolvi� bajo la forma de un auto respecto del cual es viable el recurso de apelaci�n seg�n lo previsto en el art�culo 177 � 3 del C�digo de Procedimiento Penal, como en efecto se procedi�, en verdad la absoluta improcedencia y falta de fundamento de la petici�n invalidatoria no puede mutar la naturaleza de la �nica consecuencia jur�dica v�lida que, como ya se anunci�, es la de una orden de rechazo de plano contra la que, obviamente, no procede recurso alguno (cfr., en similar sentido, CSJ AP5563 � 2016).

Por esos motivos y como quiera que en el presente evento se promovi� el recurso de apelaci�n contra una decisi�n respecto de la cual el mismo no es procedente, la Sala se abstendr� de desatarlo, previendo al Tribunal para que, en lo sucesivo, contin�e tramitando la audiencia de formulaci�n de acusaci�n evitando dilaciones injustificadas en su curso y aplique los poderes de direcci�n y de correcci�n que le corresponden�.

ESTUDIO DEL CASO La sala debe dejar constancia inicial que el expediente fue remitido por parte de la primera instancia incompleto en la medida en que no se aportaron las audiencias preliminares especialmente lo que corresponde a la formulaci�n de imputaci�n, lo que resulta a todas luces incomprensible en la medida en que tal actuaci�n procesal fija el marco f�ctico respecto del cual se sientan las bases para adelantar las etapas preclusivas que enseguida se deben agotar hasta llegar a la audiencia de juicio oral, cuando las partes escogen esa v�a procesal ordinaria o por la v�a anticipada en caso de que se adelante negociaciones a trav�s de preacuerdos o se presente la aceptaci�n unilateral de cargos por parte de quien es objeto de enjuiciamiento.

La b�squeda de la actuaci�n preliminar que se echa de menos no pod�a omitirse en la medida en que la defensa critica que en el escrito de acusaci�n se adicion� un hecho que por s� mismo constituir�a en otras circunstancias procesales la comisi�n de un delito aut�nomo relacionado con el secuestro de la se�orita YART y efectivamente una vez que se obtiene el audio de la audiencia de imputaci�n se determina que ese hecho no fue endilgado al se�or LRCT.

Se determina adem�s que el escrito de acusaci�n incurre en un yerro al registrar la actuaci�n antecedente realizada en la audiencia de imputaci�n respecto del componente jur�dico cuando se indica que el precitado habr�a participado en las acciones delictivas relacionadas con los dos secuestros, cuando al verificar con detenimiento el registro de video y audio de dicha diligencia, claramente la Fiscal�a hace alusi�n �nicamente al secuestro del se�or HLRS.

Seg�n lo se�alado por la jurisprudencia ya rese�ada al tratarse de un cambio desfavorable en la situaci�n jur�dica del se�or LRCT que no corresponde a un simple detalle f�ctico sino a hechos que se adec�an a un delito aut�nomo, debe la Fiscal�a adicionar la imputaci�n o si es el caso aclarar la contradicci�n evidente entre la realidad procesal y el escrito de acusaci�n. Estas soluciones jur�dicas debieron ser advertidas por el se�or juez de primera instancia qui�n incurri� en una serie de errores iniciando por no contar con la audiencia de formulaci�n de imputaci�n de manera previa a la citaci�n, lo que hubiese sido de utilidad en la audiencia de acusaci�n para aclarar aquellas contradicciones en que incurri� la Fiscal�a, a lo que se suma la falta de direcci�n de la audiencia en la medida que esos aspectos debieron encausarse para la defensa como observaciones al escrito de acusaci�n para procurar la correcci�n, aclaraci�n o adici�n por parte de la Fiscal�a. Igualmente debe el ente acusador adicionar la imputaci�n en caso de mantener la posici�n jur�dica de incluir un hecho novedoso tal como fue notado por la defensa, ya que, si el secuestro de YART es bien conocido en el tr�mite procesal como consecuencia de la estrategia de aplicar la conexidad, dicho cargo no fue incluido en la imputaci�n jur�dica dirigida al se�or LRCT.

O, por el contrario, si se trata simplemente de un lapsus calami en la presentaci�n formal del escrito de acusaci�n deber� realizar la aclaraci�n o correcci�n correspondiente. Valga tambi�n un llamado de atenci�n a la defensa para que evite este tipo de maniobras susceptibles de corregirse por v�a del tr�mite procesal que corresponde a la audiencia de formulaci�n de acusaci�n para evitar el tr�mite de la alzada que implica la inversi�n de tiempo por parte de la Corporaci�n cuando se afronta un c�mulo de asuntos penales y constitucionales que requieren igual de atenci�n. La Sala comprende la preocupaci�n en cuanto a las dificultades que puede acarrear para la investigaci�n defensiva, que se agregue un hecho que constituye un delito de manera aut�noma, por lo cual se le invita a revisar la jurisprudencia que en materia penal ha emitido la Corte Suprema de Justicia seg�n lo acabado de registrar, para adelantar otras formas de correcci�n y no necesariamente elevar solicitudes de nulidad.

Ahora bien, la argumentaci�n de la defensa para el caso en concreto no se dirige hacia la imputaci�n como acto de parte, lo que hubiese dado lugar al rechazo de plano como bien lo explica la CSJ en el radicado en AP1128 16 de marzo de 2022, rad. 61004, sino a poner de relieve los errores detectados en el escrito de acusaci�n, lo que bien pudo resolverse por el juez director de la audiencia en la forma ya mencionada, en cambio procedi� a resolver de fondo sin adelantar los pasos subsiguientes de la audiencia de acusaci�n, raz�n por la cual al amparo de los principios de subsidiaridad e instrumentalidad aplicables en torno a la declaratoria de nulidades, se proceder� a confirmar la decisi�n de primera instancia que neg� la pretensi�n de la defensa.

En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisi�n de primer grado proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto, del d�a 24 de agosto de 2021, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: PREVENIR al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto para que, en lo sucesivo, contin�e la audiencia de formulaci�n de acusaci�n evitando dilaciones injustificadas y aplique los poderes de direcci�n y de correcci�n que le corresponden. Asumiendo adem�s su rol como juez Director del despacho para evitar los tr�mites que dilaten el cumplimiento de sus �rdenes.

TERCERO: Contra esta decisi�n no procede recurso alguno.

CUARTO: Devolver el asunto al despacho de origen para que contin�e con el tr�mite correspondiente. COMUN�QUESE Y C�MPLASE, 4552 BLANCA LIDIA ARELLANO MORENO Magistrada SILVIO CASTRILL�N PAZ Magistrado FRANCO SOLARTE PORTILLA Magistrado JUAN CARLOS �LVAREZ L�PEZ Secretario EL SECRETARIO DE LA SALA PENAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, HACE CONSTAR Que teniendo en cuenta las medidas establecidas en los Acuerdos PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020, PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020, PCSJA20-11526 del 22 de marzo de 2020, PCSJA20-11532 del 11 de abril de 2020, PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020, PCSJA20-11549 del 07 de mayo de 2020, PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020, PCSJA20-11567 del 05 de junio de 2020, PCSJA20-11623 del 28 de agosto de 2020, PCSJA20-11629 del 11 de septiembre de 2020, PCSJA20-11632 del 30 septiembre de 2020, PCSJA21-11724 del 28 de enero de 2021 y PCSJA21-11840 de 26 de agosto de 2021, emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura, y CSJNAA20-21 de 24 de junio de 2020, CSJNAA21- 0001 del 12 de enero de 2021, CSJNAA21-20 de 5 de marzo de 2021 y CSJNAA21 � 032 de 19 de mayo de 2021, emitidos por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nari�o, respecto de la pandemia generada por el virus COVID 19 y aquellas propias emanadas de la Presidencia de la Sala Penal, de manera virtual se deja constancia del registro del proyecto presentado en el asunto arriba referenciado.

Pasto, 29 de junio de 2022. JUAN CARLOS �LVAREZ L�PEZ Secretario Asignada al despacho de la suscrita Magistrada en octubre 21 de 2021 CSJ SP nov 28 2007, rad. 27518 reiterada en SP feb 3 2016, rad 43356. Negrillas fuera del texto original. Negrillas fuera del texto original. SP 2364 radicado 45098 del 21 de junio de 2018 Se inadmiten, por ejemplo, el desistimiento de la querella cuando no es voluntario, libre e informado (art. 76 C.P.P./2004) y el medio de prueba impertinente, inconducente o in�til (art. 359 C.P.P./2004). El rechazo es la sanci�n a la falta de descubrimiento de los elementos probatorios y evidencia f�sica (art. 346 C.P.P./2004) y a los actos manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos (art. 139 C.P.P./2004). La sanci�n a la prueba il�cita e ilegal es la exclusi�n (arts. 23 y 359 del C.P.P./2004), m�s cuando se configura la primera hip�tesis y la causa de la ilicitud es la obtenci�n del medio de conocimiento mediante tortura, desaparici�n forzada y ejecuci�n extrajudicial, se produce la nulidad total del proceso, tal y como se dispuso en la sentencia C-591 de 2005. �El juez de control de garant�as y el de conocimiento estar�n en la obligaci�n de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre los derechos y garant�as de los intervinientes�.

(art. 10, �ltimo inciso, C.P.P./2004). La fiscal�a conserv� funciones judiciales como son: la captura excepcional, los registros, los allanamientos e interceptaci�n de comunicaciones (Art. 250, num. 1, inc. 3�, y 2). Art. 250 de la Constituci�n Pol�tica: �(�) En ejercicio de sus funciones la Fiscal�a General de la Naci�n, deber�: 1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garant�as las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservaci�n de la prueba y la protecci�n de la comunidad, en especial, de las v�ctimas.

(�) 4. Presentar escrito de acusaci�n ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio p�blico, oral, con inmediaci�n de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garant�as. 5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusi�n de las investigaciones cuando seg�n lo dispuesto en la ley no hubiere m�rito para acusar. 6.

Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las v�ctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparaci�n integral a los afectados con el delito. (�).� En el C�digo de Procedimiento Penal de 2000, la acusaci�n era una providencia judicial, tal y como expresamente lo dispon�a, entre otros, el art�culo 397: �El Fiscal General de la Naci�n o su delegado dictar�n resoluci�n de acusaci�n cuando��. Art. 336 C.P.P./2004: �El fiscal presentar� el escrito de acusaci�n ante el juez competente para adelantar el juicio cuando��. Magistrada Ponente: Dra. Blanca Lidia Arellano Moreno Proceso No. 520016000000 2020 00178 N.I. 37114 PAGE PAGE 4 Magistrada Ponente: Dra. Blanca Lidia Arellano Moreno Proceso No. 520016000000 2020 00178 N.I. 37114 EMBED PBrush \s \* MERGEFORMAT Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto Sala Penal FGHIJcdehijr�� ! " # � � ��ݻ��}}}}}o}^^�!h� h%5�OJQJ\�]�^Jh� h%5�OJQJ^Jh� h){�5�OJQJ^J!h� h�&�5�OJQJ\�]�^J!h� h�tY5�OJQJ\�]�^Jh*F5�OJQJ\�]�^J!h� h-, 5�OJQJ\�]�^J!h� h *5�OJQJ\�]�^J!h� hWo5�OJQJ\�]�^J!h� hdF�5�OJQJ\�]�^J HI�� Y Z � � / 0 #$��\]�� d�`�gd� �d�`�gd�M �d�`�gd�M� � � � � � � � � � � ) + 6;

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1�6eTexto comentario0CJT�/��T 0�6eTexto comentario CarOJQJmH sH tH LjL 3�6eAsunto del comentario25�\�d�/��1d 2�6eAsunto del comentario Car5OJQJ\mH sH tH D�@BD � +0P�rrafo de lista 4��^��xCRx 6� 0Sangr�a de texto normal5�d�x^� CJOJQJaJmHsHtH Z�/��aZ 5� 0Sangr�a de texto normal Car CJaJtH F+rF 8�@7Texto nota al final7CJZ�/��Z 7�@7Texto nota al final CarOJQJmH sH tH F* ��F �@7Ref. de nota al finalH*j��j *B*^Jph�H�H "�NjTexto de globo!CJOJQJaJ\�/��!\ !�NjTexto de globo Car CJOJQJ^JaJmH sH tH \P2\ $�W}Texto independiente 2 #d��x OJQJaJj�/��Aj #�W}Texto independiente 2 Car CJOJQJ^JaJmH sH tH V�RV �W}P�rrafo de lista1 %��^��OJPJQJaJF�bF�j306&5$7$8$H$CJOJQJmHnHu`�r` � �Texto predeterminado'5$7$8$9DH$ aJmH sH V��V � �P�rrafo de lista2 (��^��OJPJQJaJV��V RNP�rrafo de lista3 )��^��OJPJQJaJtR�t +�YK Sangr�a 2 de t. independiente*�d��x^� CJOJQJz�/��z *�YK!Sangr�a 2 de t. independiente Car CJOJQJ^JaJmH sH tH "�/��" �]��Texto nota pie Car1,Footnote Text Char Char Char Char Char Car1,Footnote Text Char Char Char Char Car1,Footnote [Content_Types].xml��N�0E�H��-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r� �Ø��J��B+$�G]��7O٭V�� 4q !��!��X��!��Ni��}:�m$�d�ҹ�3�m6nE(��=�D&�s1�E��.�>�w��?�d�� l��l�2�I��d� �� !�J5; w0h��e��.v�}dǪ�O��nn�� V��p�V�ٟ-$�Jb�Wi>��6�@��]pH�cx@� �xq�P�#�Wj=��U�Խp��[�� }ylѸľ|eH��{m�GԚ��>�.ÕnA�r!��:�F��-�ݑ��$��Z�}��]� ��/ ��;n�V��b��*��.�7�p�]M��|�MMM�# ud9c��47=��iV��NfU�q��a�t2��ʇ�d��u�� c�x�ψPړ3��>��>taP��3O��N"�Te&�p!GZ��L~Adԋ�N�ʾR�Lu(� ph��N�}��:�L+�@�/U�q8��)�V/�r��m�Z��UH��$6 $��Ae$}� Fs��+�,6,n+�sW-�j�W��ۃ��_��y 4��S��w�3?��Wӊh��PxzSq]� ��m�rMt8�۪�5�Ҭ �r� �;�\� G�� (#�� \�7�� s~�SSV� � ��Y{wx �) -�.@/B0"1�1 4�4y6T8�8�9�=@"AC�E�F�I�NgP�S�V�]�bvhk�l�p v�}��8�Y�� P��r��L�'��[�\�wyz{|}~��4�@ NcZ�i%nT}b��b�R�)��5�� M�\�x��sz~��V!� !��:��@� @ �� 0�( � ��B �S � �� ?��H��0�( � �� _Hlk111715338 _Hlk111715385�]��]�y�ly��b g T Y �e�e�f�f�rs1w3w�w�w.x0x ||h|k|}}��a�c��2�5��v�x�B�E�� Z�]� Z��,�,B.C.V�b�n�v��)�9�0�>�� Z�]�333333333y�)+/��00��J�� x��M�X�Z�]�y�)+/��00��J�� 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L��Y�+_��_�A`�Eh��m��u��k ��*)��*��5��B��E��E��R��T�+Z�[b�Ge�5k��o�r��r��y��}� �| �O ��"�n,��.��1��Q��]��g�1p�&�T�4 �J �?��p$��(��*��/��3��9�� ~A��E� H�iT��U�V�RX�.Y��Z�\� \��h�� &�Z(�\*��-��-�p3��3��=�ZC��C��D��E�dH��L�lP�IU��[��c�1n��t��@��\�p@��Unknown��U ��.�[x� �Times New Roman serif5 ��SymbolG.� �.�[x� �ArialHelveticaK,��Bookman Old StyleC.� �.�[`�)�TahomaTahoma; ��|�i0�Batang��W=� �.�Cx� �Courier NewCourier NewA.� ��Arial NarrowU.��.�{$� �CalibriCentury GothicE.� ��Century GothicU� English BoCourier NewQ ��$B�CambriaBook AntiquaC.,�.�{$� �Calibri Light;��WingdingsA ��$B�Cambria Math"��s��h�'�s�� c!�� n�c!�� n��x��0�� 3�q��PR ��$P��8V�! xx�b�pQ ��'TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIALarevelhRelatoria - Seccional Pasto�# ! 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