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SENTENCIA — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 2019 - 00018 - 01 (189 - 01)

Sala: SALA CIVIL - FAMILIA

Ponente: Gabriel Guillermo Ortiz Narváez

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PROCESO EJECUTIVO � Oportunidad probatoria para el ejecutado: Contestaci�n de la demanda y proposici�n de excepciones de m�rito. PROCESO EJECUTIVO � Prueba pericial: Temporalidad. PROCESO EJECUTIVO � Decreto probatorio oficioso: Necesidad. PROCESO EJECUTIVO � Inasistencia a rendir declaraci�n de parte: Justificaci�n. PROCESO EJECUTIVO � Excepciones de m�rito: Falta de acreditaci�n. SENTENCIA - Irregularidades procesales en materia de medios de convicci�n: No se configuran.

Se confirma el fallo mediante el cual se declar� no probadas las excepciones de m�rito propuestas y orden� seguir adelante con la ejecuci�n, siendo que se determina que se fundament� en una adecuada valoraci�n probatoria, sin que se avizore ning�n tipo de irregularidades procesales o visos de parcialidad en favor de la ejecutante; por el contrario, se brindaron todas las garant�as para que los medios probatorios solicitados por el ejecutado se practicaran; determin�ndose que la prueba pericial con la cual se pretend�a acreditar las excepciones referentes a la duda en la firma del titular del cr�dito otorgado y el llenado abusivo de los espacios en blanco de los t�tulos base de la ejecuci�n, no pudo decretarse ni practicarse por no haberse aportado el dictamen dentro de la oportunidad que se brind� para ello y como nada se dijo frente a los actos procesales que impidieron su pr�ctica, se considera convalidado de manera expresa cualquier motivo de nulidad.

En cuanto a la declaraci�n de parte de la ejecutada, no se llev� a efecto por la inasistencia debidamente justificada. Sobre las pruebas de oficio, se garantiz� la contradicci�n de las partes. Y finalmente en lo referente a la suscripci�n del acuerdo de transacci�n, si pod�a tomarse como indicio de la existencia de la obligaci�n, la suscripci�n de los t�tulos valores y sus montos, todo lo cual se reafirm� con los dem�s medios probatorios arribados al plenario. __________________________________________________________________  Rep�blica de Colombia Rama Judicial del Poder P�blico TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO SALA DE DECISI�N CIVIL FAMILIA Magistrado Ponente: Dr. GABRIEL GUILLERMO ORTIZ NARV�EZ Referencia:Apelaci�n de sentencia en proceso ejecutivoProceso No.:2019 - 00018 - 01 (189 - 01)Ejecutante:�NGELA ROC�O VILLOTA BASTIDASEjecutado:EIDER JULIAN MART�NEZ ROSERO San Juan de Pasto, veinticinco (25) de febrero de dos mil veintid�s (2022).

Procede la Sala a resolver el recurso de apelaci�n propuesto por el apoderado judicial de la parte ejecutada, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil de Circuito de Pasto al interior del asunto de la referencia, previos los siguientes: I.

ANTECEDENTES 1. La demanda, pretensiones y fundamento f�ctico: La se�ora �NGELA ROCIO VILLOTA BASTIDAS a trav�s de su apoderada judicial interpuso demanda ejecutiva en contra del se�or EIDER JULIAN MART�NEZ ROSERO con el fin de hacer efectiva la obligaci�n contenida en dos letras de cambio suscritas por el demandado, cada una por el valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000.oo).

Al respecto, coment� que el deudor hab�a aceptado dichas obligaciones por las sumas consignadas en los t�tulos, sin que a la fecha de presentaci�n de la demanda se haya cancelado ni el capital, ni los intereses corrientes o de plazo, as� como tampoco los r�ditos por mora desde el vencimiento para el cobro, es decir, desde el veintiuno (21) de diciembre de dos mil diecis�is (2016) para el primero y desde el veintiuno (21) de enero de dos mil diecisiete (2017) para el segundo. Indic� que la se�ora �NGELA ROCIO VILLOTA BASTIDAS es la beneficiaria en su calidad de �ltima tenedora leg�tima, otorgando el respectivo poder para el cobro judicial de los t�tulos valores base del recaudo. 2.

Tr�mite de primera instancia El conocimiento de la demanda le correspondi� por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto, despacho que libr� el respectivo mandamiento de pago y orden� la notificaci�n al ejecutado, la cual se verific� de manera personal el trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Luego, el veintid�s (22) de mayo del mismo a�o se present� un memorial suscrito por los apoderados judiciales de las partes, en el cual solicitaron la suspensi�n del proceso en atenci�n a que se hab�a llegado a un acuerdo de pago, que de verificarse dar�a lugar a la culminaci�n del proceso.

Igualmente, en la misma fecha se�alada en el p�rrafo anterior, la apoderada judicial de la parte demandada present� la contestaci�n al libelo, proponiendo las excepciones de m�rito que denomin� falsedad ideol�gica o intelectual, ilicitud y mala fe, abuso de firma en blanco o integraci�n abusiva del t�tulo valor, cobro indebido de intereses moratorios, cobro de lo no debido y la innominada, solicitando la pr�ctica de pruebas.

A continuaci�n, mediante auto del pasado treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019), se orden� la suspensi�n del presente tr�mite ejecutivo, advirtiendo que de no cumplirse con el acuerdo de pago se correr�a traslado del escrito de excepciones propuesto por el ejecutado. Luego, ante el incumplimiento de la parte deudora, se present� solicitud de continuaci�n del proceso e igualmente, el apoderado de la parte demandante descorri� el traslado de las excepciones de m�rito que fueran propuestas por el ejecutado.

En consecuencia, el Juzgado A quo resolvi� el levantamiento de la suspensi�n del tr�mite, entre otras determinaciones pertinentes para la continuaci�n del proceso, se�alando posteriormente y en auto separado, la fecha y hora para realizarse la audiencia inicial de la que trata el art�culo 372 del C. G. del P. 4. La sentencia objeto de apelaci�n. Agotada la audiencia inicial y con posterioridad la audiencia de instrucci�n y juzgamiento, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto profiri� el fallo de primera instancia, mediante el cual resolvi� declarar no probadas las excepciones de m�rito propuestas por el ejecutado EIDER JULIAN MART�NEZ ROSERO.

En consecuencia, orden� seguir adelante con la ejecuci�n para el cumplimiento de las obligaciones en la forma ordenada en el mandamiento de pago, conden� en costas al ejecutado. En contra de la anterior determinaci�n, la apoderada de la parte ejecutada interpuso recurso de apelaci�n, indicando que los reparos concretos ser�an presentados por escrito dentro del t�rmino de rigor, alzada que fue concedida en el efecto devolutivo. 5.

Tr�mite de segunda instancia Una vez admitido el recurso de alzada y concedido el t�rmino para sustentar dicho medio de impugnaci�n, la apoderada de la parte ejecutada procedi� a ello exponiendo por escrito lo que a continuaci�n se resume: B�sicamente la parte actora indic�, que el Juzgado de instancia no hab�a brindado todas las garant�as procesales a la parte demandada, pues no decret� ni practic� las pruebas solicitadas, vulner� con ello el derecho al debido proceso del ejecutado, emitiendo un fallo de primera instancia sin que se resolviera lo pertinente sobre los medios de impugnaci�n que fueron pedidos en su oportunidad, en especial lo relacionado con la pr�ctica de un dictamen pericial.

Al respecto, coment� que dentro de las excepciones propuestas por la parte ejecutada, se plantearon dos temas principales, el primero, el llenado abusivo de los espacios en blanco, y el segundo, la r�brica del titular del cr�dito u obligado. As�, respecto de este �ltimo planteamiento de la defensa, se indic� que fue profundizado en la excepci�n denominada �falsedad ideol�gica o intelectual� en donde se precis� que las letras de cambio en blanco, fueron diligenciados de manera abusiva en varios aspectos, entre ellos el �titular del cr�dito�, planteando entonces una posible suplantaci�n de firma, tema que tambi�n se abord� en la excepci�n �abuso de firma en blanco o integraci�n abusiva del t�tulo valor�.

Sobre el tema, precis� que el Juzgado de primera instancia, entre otras irregularidades procesales, neg� la prueba pericial solicitada, y procedi� a emitir el fallo a�n cuando se encontraba pendiente de resolver el recurso de apelaci�n contra el auto que no decret� el mencionado medio probatorio, dejando sin soporte de convicci�n al extremo ejecutado.

Lo anterior sumado a lo acontecido frente a la declaraci�n de la promotora del proceso y que, adem�s, se decretaron pruebas de oficio sobre temas ajenos a la cuesti�n planteada. Por otra parte, que no se tuvo en cuenta la declaraci�n de parte rendida por el ejecutado en contraposici�n a lo mencionado por los testigos al interior del plenario, de donde pod�a verificarse que no exist�a precisi�n respecto de las fechas en que fueron suscritos los t�tulos valores y adem�s, que el ejecutado jam�s hab�a conocido a la ejecutante, de donde pod�a verificarse que los espacios en blanco de los t�tulos se llenaron de manera abusiva.

Finalmente, que la suscripci�n del documento denominado acuerdo de pago, no pod�a tomarse como indicio a favor de la ejecutada. As�, vencido el t�rmino de rigor se verific� que la parte apelante sustent� el recurso de apelaci�n, surti�ndose el debido traslado a la parte contraria, motivo por el cual se procede a resolverlo conforme a las siguientes: II.

CONSIDERACIONES En atenci�n a lo resuelto por el Juzgado de primera instancia y a los reproches expuestos por la apoderada judicial de la parte ejecutada, corresponde a esta instancia determinar si el fallo en el cual se determin� desechar las excepciones propuestas por el extremo pasivo de la litis y en consecuencia, seguir adelante con la ejecuci�n, se fundament� en una adecuada valoraci�n probatoria, o si por el contrario, dicha decisi�n fue el resultado de una serie de irregularidades procesales en materia de medios de convicci�n. As�, antes de analizar de fondo la cuesti�n que ha sido planteada, debe ponerse de presente que la apoderada de la parte ejecutada en el escrito de sustentaci�n del recurso de apelaci�n, present� una solicitud de pruebas con el fin de que fueran decretadas y practicadas en segunda instancia. Sobre dicho tema, debe recordarse que el art�culo 327 del C�digo General del Proceso en su aparte pertinente, establece que, sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, cuando se trate de apelaci�n de sentencia, dentro del t�rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci�n, las partes podr�n pedir la pr�ctica de pruebas en segunda instancia. Bajo ese entendido, claramente puede observarse que tal pretensi�n probatoria est� sometida al requisito de la temporalidad, que se encuentra enmarcado dentro de unos precisos l�mites, los cuales se reducen al interregno de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelaci�n propuesto en contra de la sentencia de primera instancia. As�, puede verse que la alzada que aqu� se ventila, fue admitida por esta Judicatura a trav�s de providencia del pasado quince (15) de octubre, notificada por estados del d�a (19) del mismo mes, y por ende, el t�rmino de ejecutoria de dicha providencia transcurri� desde esa fecha hasta el veintid�s (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

En ese orden de ideas, como se advirti� en p�rrafos anteriores, la solicitud probatoria est� contenida en el mismo escrito de sustentaci�n de la alzada, que seg�n constancia secretarial que antecede, fue presentada a trav�s de correo electr�nico del veintinueve (29) de octubre, es decir, cinco d�as h�biles despu�s del t�rmino m�ximo del que se dispon�a para considerarla oportuna, raz�n por la cual no existe lugar a acceder a dicho pedimento.

Ahora, frente a los argumentos de reproche expuestos por la apoderada judicial de la parte ejecutada, puede verse que en la parte inicial del memorial de sustentaci�n se hace un breve resumen respecto de los hechos narrados en la demanda y el contenido de las excepciones propuestas en contra de ella, indicando que la defensa se fundament� en dos temas principales, cuales eran, el llenado abusivo de los espacios en blanco de los t�tulos base de la ejecuci�n y la r�brica del titular del cr�dito otorgado, temas en los que se profundiz� de especial manera, seg�n lo dice, en las excepciones denominadas �falsedad ideol�gica o intelectual� y �abuso de firma en blanco o integraci�n abusiva del t�tulo valor�.

En ese orden de ideas, indic� la parte ejecutada que m�s all� de la denominaci�n que se le diera al medio de defensa contra las pretensiones, lo cierto es que a su juicio, en el contenido de los medios exceptivos siempre se expusieron las dudas que el se�or ejecutado tuvo respecto a la suscripci�n de los t�tulos valores que se le exhiben ejecutivamente, tema que para la apelante toma especial relevancia, al momento de reprochar la negativa al decreto y pr�ctica de una prueba pericial que fuera solicitada con el fin de determinar la autenticidad de la firma del deudor, con lo cual se puso en desventaja al extremo pasivo de la litis frente a su contraparte.

Sin embargo, de una lectura atenta de la contestaci�n de la demanda, de entrada, puede verse que, al momento de pronunciarse sobre los hechos, se hizo la siguiente afirmaci�n: �FRENTE A LOS HECHOS PRIMERO A QUINTO DE LA DEMANDA. Son parcialmente ciertos, en cuanto mi mandante s� firm� dos letras de cambio, sin que en ellas se diligenciara el valor, ni la fecha de creaci�n, ni de su cumplimiento�.

Luego, en lo que se refiere a la �falsedad ideol�gica o intelectual� tambi�n puede leerse con claridad la siguiente afirmaci�n: �Las anormalidades e irregularidades del t�tulo se dan desde su origen, puesto que, como ya se ha dicho anteriormente, mi poderdante firm� los dos t�tulos dejando espacios en blanco, esto es, sin fecha de vencimiento, lugar donde se debe pagar dicha obligaci�n, pues se firmaron las letras de cambio para garantizar los dos pr�stamos realizados, el primero de ellos por valor de $20 millones de pesos, y el segundo por el valor de $30 millones de pesos, para un total de capital de $50 millones de pesos�.

Ahora, bien es cierto que la parte ejecutada expuso en la redacci�n de las dos excepciones a las que se ha hecho menci�n, que las irregularidades de las que se habla en el diligenciamiento de los espacios en blanco, se presentaron en varios aspectos de los t�tulos: �en tanto las letras de cambio fueron diligenciadas en su valor, en la fecha de exigibilidad, en cuanto al titular del cr�dito, el lugar donde deb�a cancelarse la obligaci�n, el acreedor del t�tulo y la fecha de suscripci�n� Sin embargo, analizando en conjunto lo que se ha trasliterado, esta Sala entiende que cuando la parte ejecutante se refiri� a las irregularidades relativas al �titular del cr�dito�, al menos en la sustentaci�n de la excepci�n denominada �falsedad ideol�gica e intelectual�, a lo que se hace referencia es a que las letras de cambio fueron firmadas con varios espacios en blanco, entre ellos, en el que debe manuscribirse el nombre del deudor, es decir, en el instrumento base del recaudo, la l�nea que est� a continuaci�n de la palabra �Se�or� en donde de pu�o y letra se inscribi� el nombre �Edison Juli�n Mart�nez Rosero�, mas no se refer�a a la firma impuesta en los mismos, ya que, como se transcribi� p�rrafos atr�s, en m�s de una oportunidad acept� haber suscrito los dos t�tulos valores que se le exhibieron a trav�s de la demanda ejecutiva, pero con espacios en blanco, a su juicio, abusivamente llenados.

Lo anterior, por cuanto de la lectura del pronunciamiento frente a los hechos, en adici�n a lo expuesto en las respectivas excepciones, se acepta por el ejecutado la firma de los instrumentos de recaudo, pero, que los espacios que antes estuvieron en blanco, ahora contienen manifestaciones ap�crifas, lo cual guarda coherencia con la denominaci�n del medio exceptivo, es decir, que se est� hablando de una falsedad ideol�gica.

Sobre esta �ltima se ha establecido: �La falsedad ideol�gica en documentos se presenta cuando en un escrito genuino se insertan declaraciones contrarias a la verdad, es decir, cuando siendo el documento verdadero en su forma y origen (aut�ntico), contiene afirmaciones falsas sobre la existencia hist�rica de un acto o un hecho, o sus modalidades, bien porque se los hace aparecer como verdaderos no habiendo ocurrido, o cuando habiendo acontecido de determinada manera, son presentados de una diferente� Lo anterior permite comprender que lo planteado por la parte ejecutada al momento de contestar la demanda, es que, en unos documentos genuinos, que para el caso eran las letras de cambio con espacios en blanco que el se�or EDISON MART�NEZ firm� (as� se expres� en las excepciones), se insertaron declaraciones contrarias a la verdad.

De lo anterior puede concluirse que, contrario a lo manifestado por la ejecutada al momento de sustentar la apelaci�n, dicho extremo procesal no siempre puso en duda la suscripci�n de los t�tulos, pues bien, en al menos dos oportunidades, acept� haberlos firmado, alegando una falsedad ideol�gica la que, como pudo verse, s�lo hace relaci�n a su contenido, no a la firma en ellos impuesta pues se trata de documentos genuinos. En atenci�n de lo anterior, s� puede verse que al interior del proceso existi� un cambio en los argumentos de la defensa, pues despu�s de alegar y sustentar una falsedad ideol�gica de los t�tulos de recaudo, aceptando su suscripci�n, luego, pretendi� girar su estrategia hacia una falsedad personal, indicando que la firma que all� se impuso relacionaba a una persona que no concurri� al acto, tema que ni siquiera se expuso con vehemencia, sino bajo la ambig�edad de las �dudas�.

Ahora, s� existe una referencia un poco m�s directa a una falsedad en la suscripci�n de los documentos, la cual fue planteada en la excepci�n denominada: �abuso de firma en blanco o integraci�n abusiva del t�tulo valor�, medio de defensa que en su denominaci�n, una vez m�s se acepta la suscripci�n de los t�tulos. Sin embargo en su sustentaci�n se expres�: �Seg�n informaci�n de mi mandante, al observar las letras de cambio que reposan en el expediente, las mismas presentan irregularidades en su firma, motivo por el cual en el ac�pite correspondiente se solicitar� la prueba pericial para la confirmaci�n de autenticidad de las mismas� Frente al tema planteado, la parte alzadista considera que la prueba oportunamente solicitada no se decret� ni se practic�, alegando entonces que el Juzgado de primera instancia hab�a incurrido en una serie de irregularidades procesales que la hab�an puesto en desventaja frente a su contraparte.

Sin embargo, la negativa al decreto y pr�ctica del medio de prueba relacionado no obedeci� a irregularidades procesales o, a visos de parcialidad que favorezcan a la parte ejecutante, sino por el contrario, la imposibilidad de que el dictamen pericial arribara con buen fin al plenario en realidad se debi� a las situaciones que a continuaci�n pasar�n a explicarse con mayor detalle: De entrada, debe advertirse que contrario a lo expuesto tanto en primera como en segunda instancia por la apoderada del ejecutado, a juicio de este Ad quem no resulta del todo cierto que la prueba pericial solicitada por el extremo pasivo pueda considerarse oportuna.

Valga mencionar que, si bien inicialmente puede entenderse que la oportunidad probatoria para el ejecutado est� dada en la contestaci�n de la demanda y proposici�n de excepciones de m�rito, lo cierto es que, trat�ndose de la prueba pericial conforme a la legislaci�n procesal vigente, dicho t�pico de la temporalidad se encuentra sometido a ciertas reglas especiales.

As�, conforme al art�culo 227 del C�digo General del Proceso, se entiende que, si una parte pretende valerse de un dictamen pericial, debe aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas, es decir, trat�ndose del ejecutado, adjuntarlo como anexo al escrito en el que present� excepciones. La anterior, como puede leerse en la misma norma, se constituye como la regla general, que en tal car�cter, tiene una excepci�n, relativa a la posibilidad de enunciarlo en la respectiva oportunidad probatoria, para luego aportarlo dentro del t�rmino que el juez le conceda, interregno que no puede ser inferior a diez d�as, pero en cualquier caso, debe presentarse antes de la audiencia inicial, pues es en dicho acto que se decretar�n las pruebas a practicarse dentro del proceso, siendo esta la �nica posibilidad de garantizar el derecho de contradicci�n del que habla el art�culo 227 del C�digo General del Proceso.

Para aclarar lo esbozado en el anterior p�rrafo, se recuerda que el art�culo 228 ib�dem, se�ala que la parte contra quien se aduzca un dictamen puede contradecirlo solicitando la comparecencia del perito, aportando otra pericia, o realizar ambas actuaciones, peticiones que deber�n hacerse dentro del t�rmino de traslado del escrito con el cual haya sido aportado (cuando se presenta como anexo de la demanda o la contestaci�n), o dentro de los tres d�as siguientes a la notificaci�n de la providencia que lo ponga en conocimiento (cuando en la oportunidad probatoria apenas se anuncia y se presenta dentro del t�rmino concedido por el Juez).

Ahora, en este punto, cobra relevancia lo dispuesto en el art�culo 231 de la misma norma bajo an�lisis, cuando prescribe que, rendido un dictamen pericial, �ste debe permanecer en Secretar�a a disposici�n de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la cual s�lo podr� realizarse cuando hayan pasado por lo menos diez d�as contados a partir de la presentaci�n del dictamen.

Aterrizando lo anterior al caso bajo examen, se encuentra que efectivamente, la parte ejecutada en la respectiva oportunidad anunci� el dictamen pericial solicitando un plazo para su presentaci�n posterior, dando una correcta aplicaci�n a la segunda parte de lo estipulado en el art�culo 227 del C. G. del P., no encontrando este censor reparos al respecto.

Luego, en auto del pasado veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019) obrante a folio 25 del cuaderno principal, u hoja 32 del respectivo archivo contentivo del expediente escaneado, la falladora de instancia orden� de manera literal: �La parte ejecutada en su escrito de excepciones solicita un t�rmino para aportar el dictamen pericial, por ser viable lo solicitado, el Juzgado, con fundamento en el art�culo 227 del C. G. del Proceso, le concede diez (10) d�as�.

Con dicha disposici�n se dio cumplimiento a lo prescrito en el mencionado art�culo, en la medida que el t�rmino otorgado para presentar la pericia no pod�a ser inferior a diez (10) d�as, es decir, se concedi� el m�nimo legal permitido, providencia que no mereci� reparo alguno por los integrantes de la litis. As�, si la Sala se atiene a lo estipulado en la norma aplicable a la materia, los diez (10) d�as concedidos iniciaban a contarse a partir del siguiente a la ejecutoria de la providencia que los concedi�, es decir, desde el treinta y uno (31) de octubre hasta el quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).

Sin embargo, s�lo hasta dos d�as despu�s de vencido el t�rmino para presentar la pericia, es decir, apenas el diecinueve (19) de noviembre, la parte ejecutada present� un memorial mediante el cual solicit� el desglose de los documentos que ser�an objeto del estudio pericial, petici�n que a todas luces resultaba m�s que extempor�nea. Como puede verse de lo dicho hasta aqu�, la prueba pericial no fue aportada por la parte solicitante, dentro del t�rmino que la judicatura le otorg� para ello, raz�n por la cual no se puede hablar de que se haya cumplido con el requisito de la temporalidad.

Sobre este tema, debe destacarse que, con posterioridad, a trav�s de providencia del once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021), se fij� fecha para llevar a cabo la audiencia inicial al interior de este proceso, auto que a pesar de proferirse sin que se haya obtenido pronunciamiento judicial respecto de lo acontecido con la prueba pericial solicitada por la parte ejecutada, ning�n recurso fue interpuesto, siendo procedente el de reposici�n. Ahora, puede verificarse que frente a las solicitudes de desglose de los documentos base del recaudo con el fin de que se practique la pericia, el Juzgado no emiti� pronunciamiento alguno, asisti�ndole raz�n en ello a la parte ejecutada.

Sin embargo, si bien lo verificado hubiera podido dar lugar a la nulidad de la que habla el numeral 5� del art�culo 133 del C�digo General del Proceso, lo cierto es que dentro de la audiencia llevada a cabo el pasado tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021) y antes de resolver sobre el decreto de pruebas en primera instancia, la Juez dio lugar a la etapa de saneamiento del proceso, momento en el cual, siendo concedida la palabra a las apoderadas de los extremos en litigio, ambas indicaron que no encontraban motivos que invalidaran el tr�mite, dando as� por saneado cualquier vicio, impidiendo que este Ad quem pueda, ahora, emitir pronunciamiento sobre un tema que est� convalidado y cuya discusi�n no puede revivirse a trav�s del recurso de apelaci�n, pues ello implicar�a la vulneraci�n del principio de preclusi�n. Lo anterior, en pocas palabras significa que habi�ndose concedido el t�rmino para que la parte ejecutada aportara el dictamen que anunci� en el escrito de excepciones, dicho interregno transcurri� en silencio sin que se allegara el informe o, sin que tampoco dentro de la respectiva oportunidad se solicitara un aplazamiento o lo necesario para garantizar su aducci�n. Igualmente, nada se dijo frente a los actos procesales que impidieron su pr�ctica y finalmente, se convalid� de manera expresa cualquier motivo de nulidad, siendo �sta la verdadera raz�n por la cual ya no era procedente el decreto del elemento de convicci�n que en su momento fuera solicitado, descart�ndose as� los argumentos expuestos por la parte alzadista frente a la pr�ctica de la prueba pericial y las excepciones relativas a la falsedad en las firmas impuestas en los t�tulos.

Ahora, como tema accesorio al analizado en los p�rrafos que anteceden, la alzadista reprocha que a�n estando en discusi�n el auto que se abstuvo de decretar la prueba solicitada, la Juez de primera instancia procedi� a emitir la sentencia de fondo, tema que no admite mayor an�lisis que el que permite la lectura del sexto inciso del art�culo 323 del C�digo General del Proceso, cuando menciona: �En caso de apelaci�n de la sentencia, el superior decidir� en esta todas las apelaciones pendientes, contra autos que estuvieren pendientes, cuando fuere posible.

E igualmente el art�culo 330 ibidem, m�s preciso en cuanto a este fallo ata�e: �Si el superior revoca o reforma el auto que hab�a negado el decreto o pr�ctica de una prueba y el juez no ha proferido sentencia, este dispondr� su pr�ctica en la audiencia de instrucci�n y juzgamiento, si a�n no se hubiere realizado, o fijar� audiencia con ese prop�sito.

Si la sentencia fue emitida antes de resolverse la apelaci�n y aquella tambi�n fue objeto de este recurso, el superior practicar� las pruebas en la audiencia de sustentaci�n y fallo�. As�, las normas anteriormente citadas dan a entender que la sentencia de primera instancia puede proferirse perfectamente, a�n a pesar que se encuentre pendiente la decisi�n de apelaciones de auto, incluso, si de manera espec�fica se trata del auto que resolvi� sobre la pr�ctica de las pruebas, de ah� que tampoco prospere el reproche que al respecto, expuso la alzadista.

Ahora, en lo que se refiere a la declaraci�n de parte de la se�ora �ngela Roc�o Villota que seg�n la normas procesales debi� verificarse, ya sea en la audiencia inicial o en su defecto, en la de instrucci�n y juzgamiento, debe se�alarse lo siguiente: En lo que respecta a la pr�ctica de la declaraci�n de parte en la audiencia inicial, nada puede reprocharse al interior del tr�mite, puesto que, ante su ausencia y exponiendo adecuadamente los motivos de salud, el Juzgado de primera instancia resolvi� tener por justificada su inasistencia, dando aplicaci�n a lo establecido en el inciso final del numeral 3� del art�culo 372 cuando indica: �En este caso, si el juez acepta la excusa presentada, prevendr� a quien la haya presentado para que concurra a la audiencia de instrucci�n y juzgamiento a absolver el interrogatorio� De ah� que hasta este punto, nada haya que reprocharse frente a la actuaci�n surtida por la Juez de instancia. Luego, en cuanto a la pr�ctica de la declaraci�n de parte en la audiencia de instrucci�n y juzgamiento, al inicio de la misma, la apoderada de la parte ejecutante puso en conocimiento las condiciones de salud de la acreedora, frente a lo cual la juez de instancia resolvi� prescindir de la pr�ctica del medio de convicci�n bajo an�lisis.

Ante ello, la mandataria del ejecutado realiz� una amplia intervenci�n, frente a la cual, la juez de instancia le solicit� que especifique o determine una solicitud concreta, por lo que la profesional del derecho se�al� que lo pretendido por ella era que �suspenda y que fije nueva fecha para que la se�ora se presente como lo ordena el art�culo 372 y 373 del C�digo General de Proceso�.

Frente a lo expuesto, la falladora de instancia argument� que en aplicaci�n del art�culo 373, la audiencia de la que trata dicha norma debe llevarse a cabo a�n bajo la inasistencia de las partes, de ah� que tal suceso no implicaba la suspensi�n del acto, mucho menos del proceso, y que durante su transcurso se verificar�a la recepci�n del certificado de hospitalizaci�n de la ejecutante y su condici�n m�dica, a efectos de determinar las consecuencias procesales que deban adoptarse.

Ahora, frente a las consecuencias procesales de la no presencia del demandante, el art�culo 372 del C. G. del P. establece que la inasistencia injustificada del demandante har� presumir los hechos en que se fundan las excepciones propuestas siempre que sean susceptibles de confesi�n. V�ase entonces que los anotados efectos s�lo se predican de la actora ausente que no justifica su falta, que no es el caso, puesto que las condiciones de salud que en su momento padec�a y acredit� su apoderada, permitieron aceptar el descargo sin las anotadas sanciones jur�dicas, sin que fuera obligatorio para la A quo la adopci�n de la �medida correctiva� que en el escrito de alzada reclama la apelante.

Como puede observarse hasta aqu�, la actuaci�n desarrollada por la jueza de primera instancia, se ajust� a los par�metros legales que regulan el procedimiento y no puede advertirse ni por asomo, la parcialidad de la que la apelante la acusa, mucho menos que no se hayan brindado las garant�as suficientes para que los medios probatorios solicitados por el ejecutado se practiquen, pues se insiste, en cuanto a la prueba pericial, �sta no tuvo lugar en el proceso por no haberse aportado dentro de la oportunidad que se brind� para ello y, en cuanto a la declaraci�n de parte, no se practic� ante la inasistencia debidamente justificada.

Por lo dem�s, respecto de las pruebas de oficio, en primer lugar, debe se�alarse que m�s que una facultad, el C. G. del P. establece en el art�culo 170 que el decreto de pruebas de oficio es un deber del Juez, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia, raz�n por la cual, en cuanto al decreto probatorio oficio tampoco existe irregularidad procesal.

Ahora, la parte ejecutada reproch� en el escrito de alzada la pertinencia, conducencia y utilidad de los medios probatorios que fueron decretados oficiosamente por la A quo, argumento cuyo an�lisis no permite determinar la confirmaci�n o revocatoria del fallo de primera instancia, en tanto, seg�n lo advierte la norma citada en el p�rrafo anterior, las pruebas que as� se alleguen al tr�mite, est�n sujetas a la contradicci�n de las partes, lo cual se garantiz� en el plenario, y si en �ltimas como lo manifest� la alzadista los medios de convicci�n resultaban �ajen[o]s al litigio planteado�, ello significa que no influyeron en la decisi�n que se reprocha, motivo que sumado a los anteriores permite descartar la prosperidad de la censura.

Luego, la parte alzadista considera que de la valoraci�n de la prueba testimonial, se pod�a determinar la existencia de m�s letras de cambio, situaci�n que considera inexplicable, pues una vez m�s se indica que s�lo se firmaron dos t�tulos por el valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS, se�alando que los declarantes incurrieron en inconsistencias al describir fechas diferentes respecto de la celebraci�n del negocio jur�dico, indicando que de la declaraci�n de parte rendida por el demandado, se pod�a extractar que tanto ejecutante como ejecutado jam�s se conocieron, lo que considera un indicio de que los documentos de cambio se integraron abusivamente.

Sobre el tema, respecto de la declaraci�n de parte, deber� decirse que conforme a las actuales normas que rigen el proceso en materia probatoria, se entiende que dicho medio de convicci�n es aut�nomo, es decir, que debe valorarse como un relato sobre los hechos atinentes al conflicto que se pretende resolver, y por ende, guarda similitud con la prueba testimonial.

Sin embargo, debe aclararse que se habla de similitud, no exactitud con las declaraciones de terceros, puesto que proviniendo la narraci�n f�ctica del mismo sujeto que es parte dentro del proceso, habr� una tendencia natural hacia el favorecimiento de sus pedimentos, raz�n por la cual el fallador debe ser estricto al analizarlo y contrastarlo con los dem�s medios de prueba.

Ahora, dentro del plenario �nicamente se recolectaron los testimonios de Luis Eduardo Villacr�s y Harold Eduardo Ruiz B�rcenas. As�, el primero de ellos manifest� que conoce a las dos partes del proceso, precisando que la negociaci�n se realiz� en la oficina en la que �l trabaja con su t�o, llamado Harold Ru�z, persona a quien se�ala como un mero puente, intermediario o comisionista en la relaci�n contractual que se present� entre la se�ora �NGELA ROC�O VILLOTA y el se�or EIDER JUL�AN MART�NEZ, aclarando el testigo que no tiene nada que ver con el negocio, solamente presenci� su realizaci�n, ayud� a contar el dinero que se le entreg� al ahora ejecutado, suma que ascendi� a DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000.oo) de propiedad de la ejecutante.

Aclar� el testigo que la suma de dinero a la que se hizo referencia en el anterior p�rrafo le fue entregada en su totalidad al se�or EIDER el mismo d�a en que se firmaron los dos t�tulos valores, sin poder detallar si los documentos ten�an espacios en blanco y respecto de la fecha, tampoco precis� un d�a en particular, pero que aproximadamente la negociaci�n tuvo lugar entre noviembre o diciembre de 2016, explicando que era muy dif�cil recordarlo con exactitud en atenci�n a que ya hab�an pasado m�s de cuatro a�os desde entonces.

Al ser interrogado por la apoderada de la parte ejecutada, explic� que la raz�n por la cual se firmaron dos letras de cambio y no una sola, es que imagina, que ocurri� a que s� le quedaba m�s f�cil asumir su pago, es decir, primero cien millones y en otra fecha el otro tanto, detall� el testigo que no se ve afectado por las resultas del proceso, pues por su trabajo el recibe un sueldo que recibe de la persona con la que �l trabaja.

Ahora en este punto, debe precisarse que el testigo en su narraci�n siempre mencion� la suscripci�n de dos letras de cambio, y que fue la apoderada de la parte declarante la que refiri� la existencia de cuatro t�tulos valores, frente a lo cual el se�or Villacr�s refiri� no tener conocimiento. Por otro lado, insisti� en que el d�a en que se hizo la negociaci�n se encontraban presentes tanto el ahora deudor, como la acreedora en la oficina en donde el testigo trabaja, raz�n por la cual da fe de lo que narra.

Luego, el siguiente testigo que responde al nombre de Harold Ruiz, manifest� en su declaraci�n aspectos similares a los ya expuestos por el anterior testigo respecto de detalles de la negociaci�n, forma de entrega del dinero y que la cantidad correspondi� a DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000.oo) de los que hablan las letras de cambio.

Ahora, es verdad que tanto el demandado EIDER JULIAN MART�NEZ ROSERO y los testigos antes mencionados, presentan versiones opuestas respecto de la ocurrencia de los hechos. Sin embargo, tal situaci�n no descarta por completo la credibilidad y el valor probatorio que debe d�rseles a los declarantes, quienes fueron responsivos, coherentes. Finalmente, se precis� que el acuerdo de transacci�n que aparece en los albores del expediente, se suscribi� ante las presiones que se ejercieron con la medida cautelar que afectaba su salario como alcalde municipal, adem�s de la imagen que deb�a mantener para cultivar una figura pol�tica, lo que a juicio de la alzadista no pod�a tomarse como un indicio de la existencia de la obligaci�n. No obstante, lo cierto es que en el documento que se alleg� al plenario suscrito por las partes del proceso, puede entenderse que entre ellas se lleg� a un acuerdo respecto de las sumas que se adeudaban y que se estaban cobrando a trav�s de presente asunto ejecutivo, acuerdo de pago que s� puede entenderse como indicio de la existencia de la obligaci�n, la suscripci�n de los t�tulos valores y sus montos, pues de ser de otra manera, jam�s se habr�a suscrito tal documento, en cuya cl�usula cuarta claramente se estipul�: �Las partes estipulan y aclaran que en caso de incumplimiento quedar� sin efecto el monto contenido en la cl�usula primera del presente documento, y se atendr�n a los valores establecidos en los t�tulos ejecutivos � letras de cambio � y demanda los cuales hacen parte del proceso ejecutivo singular No. 5200131003002-2019-0001800, que cursa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto�� Manifestaci�n suficientemente clara, suscrita por el ejecutado, mediante el cual acept� de manera expresa que en caso de incumplimiento del acuerdo, lo cual ocurri�, se atendr�a a los valores establecidos en los t�tulos ejecutivos que son base del presente recaudo procesal, con lo cual se reafirma lo acreditado con los dem�s medios probatorios arribados al plenario, respecto de la suscripci�n de los t�tulos, la aceptaci�n de la obligaci�n y el monto de la misma.

As� entonces, descartados todos los argumentos de reproche expuestos por la apoderada judicial del ejecutado, deviene entonces la confirmaci�n en su integridad del fallo objeto de apelaci�n. En consecuencia, se condenar� en costas de segunda instancia a la parte vencida del juicio, fijando las agencias en derecho en una suma equivalente a un salario m�nimo legal mensual vigente, a favor de la ejecutante �NGELA ROCIO VILLOTA BASTIDAS.

III. DECISION En m�rito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en Sala de Decisi�n Civil Familia, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, Resuelve:

PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad, la sentencia de primera instancia objeto de apelaci�n, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto al interior del presente asunto.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte ejecutada y a favor de la parte ejecutante. Al momento de tasarlas, tener como agencias en derecho la suma equivalente a un salario m�nimo legal mensual vigente.

TERCERO. ORDENAR, una vez en firme la presente decisi�n, el env�o del expediente al Juzgado de origen. NOTIF�QUESE Y CUMPLASE GABRIEL GUILLERMO ORT�Z NARV�EZ Magistrado AIDA M�NICA ROSERO GARC�A. Magistrada MARCELA ADRIANA CASTILLO SILVA Magistrada  Corte Constitucional. Sentencia C � 637 de 16 de septiembre de 2009. M.P. Mauricio Gonz�lez Cuervo.     PAGE  Apelaci�n sentencia en proceso ejecutivo No. 189 - 01 Magistrado Ponente Dr. Gabriel Guillermo Ortiz Narv�ez PAGE 28 Apelaci�n sentencia en proceso ordinario agrario de pertenencia No. 2007-00174 (165-01) Magistrado Ponente Dr. Gabriel Guillermo Ortiz Narv�ez #$%789:O_`abcd����������������        ( ) * 3 A T ����������������ƴ������������ƴ�����������Ɓ�����"h77�h�S�5�CJOJQJ\�aJ h77�5�CJOJQJ\�aJ"h77�h��5�CJOJQJ\�aJ"h77�h^05�CJOJQJ\�aJ"h77�h'@v5�CJOJQJ\�aJ&h77�h^05�CJOJQJ\�^JaJ&h77�h'@v5�CJOJQJ\�^JaJ2%�� e �   �����  Nmn����������������������$a$gd�q�gd�q� $dha$gd�q�d�gd�.d�gd�. $7$8$a$gd�q� $H$a$gd77�dgd"8h $dH$a$gd"8hT V W X _ c d e w x y z � � � � � � � � � � �       ���������ͻ�����ͩ�������vgggXX h77�h,MyCJOJQJaJ h77�h!|�CJOJQJaJ"h77�h77�5�CJOJQJ\�aJ h!|�5�CJOJQJ\�aJ"h77�h,My5�CJOJQJ\�aJ"h77�h!|�5�CJOJQJ\�aJ"h77�h�&q5�CJOJQJ\�aJ"h77�h�S�5�CJOJQJ\�aJ h77�5�CJOJQJ\�aJ"h77�h��5�CJOJQJ\�aJ  B Q [ f i o � � � �  ! 7 9 ? 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