Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 110013199001201712194 01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Myriam Inés Lizarazú Bitar

Fecha: 2018-02-20

Sujetos procesales: JAIME LEÓN ÁVILA Y OTRA / EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. –ETB-.

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REF. PROCESO VERBAL DE PROTECCI�N AL CONSUMIDOR DE JAIME LE�N �VILA Y OTRA CONTRA LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOT� S.A. E.S.P. �ETB-. RAD. 110013199001201712194 01 Magistrada Sustanciadora. MYRIAM IN�S LIZARAZ� BITAR I.- ASUNTO Resuelve el Tribunal el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia anticipada proferida el 8 de noviembre de 2017 por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales, mediante la cual se declar� la �falta de legitimaci�n en la causa por activa�.

II.

ANTECEDENTES 1). PETITUM: Los se�ores Jaime Alonso Le�n �vila y Liseth Mayerly Le�n V�squez, por medio de apoderado judicial especialmente constituido para el efecto, formularon demanda contra La Empresa de Telecomunicaciones de Bogot� S.A. E.S.P �ETB- ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que mediante la acci�n de protecci�n al consumidor, se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: Que se condene a la demandada al pago del da�o emergente tas�ndolo en $19.023.979, los cuales corresponden a los siguientes rubros: a). $15.000.000 por capital de inversi�n. b). $2.800.000 representados en siete meses de arriendo, desde que se gener� la suspensi�n del servicio contratado con la demandada. c). $800.000 por la cl�usula penal del contrato de arrendamiento. d). $423.979 por servicios p�blicos, que dada la situaci�n se incurri� en mora.

Igualmente, reclamaron que se condene al pago de lucro cesante �para efecto del c�lculo adecuado del lucro cesante es importante resaltar, que mis poderdantes iniciaron sus actividades comerciales desde el a�o 2014, a�o este donde hicieron una importante inversi�n en infraestructura y desde cuando comenzaron a desarrollar sus actividades ordinarias en el comercio del sector, del record de ingresos se puede establecer que el lucro cesante de mis poderdantes ascienden a la suma de trescientos treinta y cuatro millones setecientos sesenta y nueve mil quinientos noventa pesos M/Cte.

($334.769.590)�� 2). CAUSA: Como fundamentos f�cticos de las pretensiones, la parte actora expuso los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio: El se�or Jaime Alfonso Le�n �vila contrat� los servicios de la demandada, por encontrar que en el mercado era el mejor operador en la zona donde desarrollaba su negocio, esto es, en la carrera 89A No.81A-15 de la ciudad de Bogot� D.C., el cual consisti� en la instalaci�n de dos l�neas telef�nicas comerciales con �llamadas ilimitadas nacionales para negocio e internet, con el �nico prop�sito que funcionara el establecimiento comercial (franquicia) punto de servicio de Servientrega-Dimonex, negocio este que fue contratado por la se�ora Liseth Mayerly Le�n V�squez, para efecto que fuera operado por mi poderdante, quien lo administraba, siendo este su �nico medio de trabajo�.

Que la demandada de forma arbitraria el 15 de noviembre de 2016 suspendi� el servicio de internet �el cual era la base del desarrollo del objeto social del local comercial� con lo cual se afect� a los demandantes �en el sentido que el cien por ciento (100%) de las labores contratadas con las diferentes empresas Efecty, Servientrega y Dimonex, se adelantaban con el servicio de Internet� afectando su fuente de sustento.

La falta de servicios ocasion� en los demandantes el incumplimiento de sus obligaciones como arrendatarios del inmueble ubicados en la carrera 89A No.81A-15, as� como con las sociedades Efecty, Servientrega y Dimonex, quienes terminaron los respectivos contratos. Los actores, para el a�o 2014, invirtieron m�s de $15.000.000 �en la adecuaci�n del local y en la compra de los elementos para operar dicho negocio, como son equipos de c�mputo y dem�s elementos muebles que le permit�an la prestaci�n del servicio de giros, env�os de mercanc�a y documentos.

Dicha inversi�n se hace necesaria, seg�n lo establece la empresa contratante�. Posteriormente, se hizo un recuento de las peticiones que radic� con ocasi�n de la suspensi�n del servicio y las respuestas que al respecto le dio la ETB. Por �ltimo, se�al� que debido a los incumplimientos que se originaron por la suspensi�n del servici� se les solicit� la restituci�n �del inmueble donde desarrollaban su actividad econ�mica, adeud�ndose a la fecha por c�nones de arrendamiento sumas significativas, que dado la inactividad del negocio no se encuentran en capacidad de cumplir� y que �de igual forma, las empresas aliadas, cuyos servicios se prestaban gracias al internet y datos, contratados, terminaron los contratos, con nefastas consecuencias para el good will de los demandantes y su negocio�. 3).

ACTUACI�N PROCESAL: La demanda as� formulada se admiti� por auto del 30 de agosto de 2017 (fl.106 Cd.1) y de la misma se dispuso traslado al demandado, quien luego de notificarse, contest� oponi�ndose a las pretensiones y formulando excepciones previas de �indebida integraci�n de la parte activa e indebida acumulaci�n de pretensiones por ejercer simult�neamente una actuaci�n administrativa y una demanda jurisdiccional por los mismos hechos�; a la par, plante� las excepciones de merito tituladas �improcedencia del reclamo formulado: los demandantes no pueden formular reclamaciones sobre asuntos resueltos mediante actuaci�n administrativa e inexistencia ni prueba de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual�, oportunidad en la que igualmente objet� el juramento estimatorio.

III. LA SENTENCIA APELADA La Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en providencia del 8 de noviembre de 2017, mediante sentencia anticipada, resolvi�: �Primero: Declarar la carencia de legitimaci�n en la causa por activa de Jaime Le�n �vila y Liseth Mayerly Le�n V�squez, de conformidad con la parte motiva de la presente decisi�n. Segundo: En consecuencia, negar las pretensiones incoadas en la demanda.

Tercero: Archivar las presentes diligencias. Cuarto: Condenar en costas a la parte demandante en la suma de $600.000, la cual fue tasada de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo No. PSSA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura�. Para arribar a dicha determinaci�n, el a-quo, luego de hacer un recuento de la actuaci�n surtida y los distintos pronunciamientos efectuados por la jurisprudencia, respecto de cu�les sujetos pueden ser considerados consumidores, refiri� que �es requisito indispensable que las demandas que se promuevan ante esta entidad en ejercicio de funciones jurisdiccionales, efectivamente correspondan a una acci�n de protecci�n al consumidor, lo que implica, de suyo que el demandante ostente la calidad de consumidor final.

En ese orden de ideas, si el demandante no tiene la calidad de consumidor final en los t�rminos del numeral 3 del art�culo 5 de la Ley 1480 de 2011 en concordancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-1141 del a�o 2000 indefectiblemente corresponder� al juzgador declarar la carencia de legitimaci�n en la causa por activa.

Sobre el particular, es pertinente se�alar que el numeral 3� del art�culo 5� de la Ley 1480 de 2011 define como consumidor a �toda persona natural o jur�dica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacci�n de una necesidad propia, privada, familiar o domestica y empresarial cuando no est� ligada intr�nsecamente a su actividad econ�mica�, de done se sigue, entonces, que la demanda de protecci�n al consumidor es aquella que instaura la persona que usa o disfruta el producto o servicio directamente para satisfacer una necesidad, propia, privada, familiar o domestica, incluso empresarial, siempre y cuando no est� ligada intr�nsecamente a su actividad econ�mica pues, en caso contrario, es decir, cuando el producto o servicio se utiliza para derivar un proyecto que guarda relaci�n directa con una actividad econ�mica, se descarta la posibilidad de ser considerado consumidor final en los t�rminos de la normativa ya citada�.

Seguidamente y tras hacer un recuento de las pretensiones de la demanda concluy� que, �Jaime Alfonso Le�n �vila no ostenta la calidad de consumidor final respecto del contrato de prestaci�n del servicio de telefon�a local e internet suscrito con la parte demandada, y por ende carece de legitimaci�n en la causa por activa. As� mismo, se concluye que Liseth Mayerly Le�n V�squez carece de legitimaci�n por activa para reclamar cualquier tipo de pretensi�n contra la pasiva relacionada con el contrato celebrado entre �sta y Jaime Alfonso Le�n �vila, por lo que ser� procedente despachar negativamente las pretensiones de los demandantes, procediendo con el archivo de las diligencias�.

Inconforme con la anterior determinaci�n, la demandante interpuso recurso de apelaci�n, el cual fue concedido en el efecto de ley, motivo por el cual se encuentra la actuaci�n ante esta Corporaci�n. IV.- LA APELACI�N El apoderado judicial del demandante, luego de hacer un recuento de la definici�n de consumidor, sustent� su inconformidad con la sentencia de primera instancia en que �los demandantes adquirieron el servicio con la intenci�n de iniciar una peque�a empresa de la cual suscribir, el objetivo de adquirir dicho servicio era prestar un servicio de mensajer�a y giros, desarrollar una franquicia, las consecuencias de la mala prestaci�n del servicio fue el cierre de dicha oficina y la quiebra de los demandantes, dentro de este contexto podemos encontrar que la acci�n impetrada es la consagrada por la ley y que sus dos poderdantes estaban bajo la facultad de reclamar ante la empresa una correcta prestaci�n del servicio, la sentencia anticipada que vulnera los derechos fundamentales de sus poderdantes es contraria a derecho y contradice lo que consagra la norma, �consumidor o usuario toda persona naturales o jur�dica que, como destinatario final, adquiera disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacci�n de una necesidad propia, privada, familiar o domestica y empresarial cuando no est� ligada intr�nsecamente a su actividad econ�mica.

Se entender� incluido en el concepto de consumidor el de usuario�� Seguidamente y luego de recordar algunos de los hechos que sirvieron de soporte a sus pretensiones, se�al� que con el presente asunto se pretende �la protecci�n de la ley, bajo las mismas premisas que sirvieron de sustento para efectos que este mismo despacho mediante la resoluci�n 60517 de fecha 25 de septiembre del a�o 2017, dentro del radicado 17-027148, ordenara al proveedor de servicios que dentro del t�rmino de treinta (30) d�as h�biles, contados a partir de la notificaci�n de la mencionada providencia, reinstalar el servicio suspendido y advertir a dicho operador las consecuencias futuras de su negligencia. Misma interpretaci�n que debi� darse a la presente acci�n, para efectos de no dejar la ley en un simple discurso, cuando el da�o ocasionado por dicha omisi�n por parte de la empresa prestadora, se encuentra ampliamente probado�.

V.- CONSIDERACIONES 5.1. El legislador con el prop�sito de descongestionar la Administraci�n de Justicia y en aras de imprimir mayor celeridad a los procesos, adem�s de evitar desgastes innecesarios debatiendo argumentos que pueden ser resueltos sin necesidad de agotar todas las etapas propias de cada juicio, dispuso en el art�culo 278 del C�digo General del Proceso, que �En cualquier estado del proceso, el juez deber� dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos: 1.

Cuando las partes o sus apoderados de com�n acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. 2. Cuando no hubiere pruebas por practicar. 3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacci�n, la caducidad, la prescripci�n extintiva y la carencia de legitimaci�n en la causa� (Negrillas ajenas al texto). En aplicaci�n de dicha disposici�n el a-quo, tras determinar que los demandantes no tienen la condici�n de consumidores, con relaci�n al servicio prestado por virtud del contrato acusado, declar� la configuraci�n de falta de legitimaci�n por activa y termin� el proceso. 5.2.

La legitimaci�n en la causa por activa, la ostenta la persona �que seg�n la ley puede formular las pretensiones de la demanda, aunque el derecho sustancial pretendido por �l no exista o corresponda a otra persona� y por pasiva, aquel a quien conforme a la ley corresponde contradecir la pretensi�n del demandante o frente al cual se debe declarar la relaci�n jur�dica material objeto de la demanda.

As� lo ha reconocido la doctrina al enfatizar que: �En lo que respecta al demandante, la legitimaci�n en la causa es la titularidad del inter�s materia del litigio y que debe ser objeto de sentencia (procesos contenciosos), o del inter�s por declarar o satisfacer mediante el requisito de la sentencia (procesos voluntarios). Y por lo que al demandado se refiere, consiste en la titularidad del inter�s en litigio, por ser la persona llamada a contradecir la pretensi�n del demandante o frente a la cual permite la ley que se declare la relaci�n jur�dica material objeto de la demanda�.

Frente a este presupuesto de la acci�n, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que: �Refiriendo la legitimaci�n ad-causam, al fondo mismo del asunto materia de la litis, de la cuesti�n sustantiva, no puede confundirse con los presupuestos procesales que fungen como requisitos indispensables para la formaci�n y desarrollo normal del proceso, �no puede confundirse, pues, la legitimaci�n para el proceso, llamada tambi�n para comparecer a �ste, con la legitimaci�n en la causa.

Es patente que aquella es un presupuesto procesal, como ya se vio, en tanto que �sta es fen�meno sustancial que consiste en la identidad del demandante con la persona a quien la ley concede el derecho que reclama y en la identidad del demandado con la persona frente a la cual se puede exigir la obligaci�n correlativa� (G.J.T.CXXXVIII,364/65). 5.3.

Por otra parte, con relaci�n a la acci�n de protecci�n al consumidor, el Legislador, consciente de que los productores y distribuidores de bienes o servicios, en algunos eventos pueden incurrir en pr�cticas poco ortodoxas con la cuales los consumidores podr�an ver afectados sus derechos, les otorg� mecanismos de car�cter jurisdiccional y administrativos expeditos, encaminados a restablecer el equilibrio que en no pocas ocasiones se ve afectado debido al tr�fico comercial y las condiciones del mercado.

Sin embargo, es indudable que quienes se encuentran en posibilidad de reclamar por �ste procedimiento breve y sumario no son otros diferentes que los �consumidores�, definiendo la Ley 1480 de 2011 en su Art.5 Num. 3 que consumidor es �Toda persona natural o jur�dica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacci�n de una necesidad propia, privada, familiar o dom�stica y empresarial cuando no est� ligada intr�nsecamente a su actividad econ�mica.

Se entender� incluido en el concepto de consumidor el de usuario�. (Negrillas ajenas al texto). Por su parte, el art�culo 58 de la ley en comento dispone que �los procesos que versen sobre violaci�n a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales en todos los sectores de la econom�a, a excepci�n de la responsabilidad por producto defectuoso y de las acciones de grupo o las populares, se tramitar�n por el procedimiento verbal sumario, con observancia de las siguientes reglas especiales: 1.

La Superintendencia de Industria y Comercio o el Juez competente conocer�n a prevenci�n. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia en todo el territorio nacional y reemplaza al juez de primera o �nica instancia competente por raz�n de la cuant�a y el territorio. (�) 5. A la demanda deber� acompa�arse la reclamaci�n directa hecha por el demandante al productor y/o proveedor, reclamaci�n que podr� ser presentada por escrito, telef�nica o verbalmente��.

En resumen de las normas en cita se concluye que el consumidor podr� ejercer acciones de protecci�n al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se vea afectado, bien con las condiciones de calidad e idoneidad del producto o por una publicidad enga�osa, porque de lo contrario, para su reclamaci�n deber� acudir a las normas generales y a trav�s de la v�as jurisdiccionales ordinarias; por ello, los presupuestos necesarios para el ejercicio de la presente acci�n es que el afectado, I. hubiere presentado reclamaci�n directamente ante el productor, proveedor o vendedor y II.

Que el afectado sea un consumidor. 5.4. Aplicado el anterior marco conceptual al presente asunto de forma prematura advierte esta Corporaci�n que el recurso planteado por el extremo demandante se encuentra condenado al fracaso; porque, si bien no hay discusi�n que se cumpli� el primero del lo requisitos previstos por el Estatuto del Consumidor para acudir a la presente v�a, cual es haber presentado reclamaci�n formal ante la demandada, habida cuenta que dentro del plenario obran varias comunicaciones con relaci�n al tema �fl.19 a 22 y 45 a 47 Cd.1-; sin embargo, no ocurre lo mismo con el segundo de los presupuestos, conforme se procede a explicar.

Lo anterior es as�, porque los se�ores Jaime Alfonso Le�n �vila y Liseth Mayerly Le�n Vel�squez -dejando de lado que esta �ltima no fue suscriptora del contrato-, no detentan frente a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogot� S.A. ESP �ETB- la condici�n de consumidores, habilitados para reclamar con fundamento en la Ley 1480 de 2011, porque conforme se declar� en la demanda, el servicio de telefon�a e internet sobre el cual se fundan las pretensiones y se adujo incumplimiento se adquiri� con fines comerciales.

En efecto, en los hechos 2 y 5 se confes� que el servicio se contrat� para la carrera 89A No.81A-15 de la ciudad de Bogot� D.C. el cual consisti� en la instalaci�n de dos l�neas telef�nicas comerciales con �llamadas ilimitadas nacionales para negocio e internet, con el �nico prop�sito que funcionara el establecimiento comercial (franquicia) punto de servicio de Servientrega-Dimonex, negocio este que fue contratado por la se�ora Liseth Mayerly Le�n V�squez, para efecto de que fuera operado por mi poderdante, quien lo administraba, siendo este su �nico medio de trabajo� (Sic).

Que la ETB de forma arbitraria, el 15 de noviembre de 2016, suspendi� el servicio de internet �el cual era la base del desarrollo del objeto social del local comercial� con lo cual, se afect� a los demandantes �en el sentido que el cien por ciento (100%) de las labores contratadas con las diferentes empresas Efecty, Servientrega y Dimonex, se adelantaban con el servicio de Internet�, afectando su fuente de sustento.

S�mese a lo anterior que en los argumentos que se esgrimieron como inconformidad con la sentencia, se insisti� en que los demandantes adquirieron el servicio �con la intenci�n de iniciar una peque�a empresa de la cual subsistir, el objetivo de adquirir dicho servicio era prestar un servicio de mensajer�a y giros, desarrollar una franquicia�� (Se resalta).

Declaraciones a partir de las cuales es dable afirmar, que el servicio objeto del contrato de telefon�a e internet, base de la discusi�n, no estaba destinado a satisfacer una necesidad propia, privada, familiar o dom�stica de los demandantes. Siendo as� las cosas, el presente conflicto no se encuadra dentro de los asuntos susceptibles de ser amparados mediante el procedimiento especial asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de la Ley 1480 de 2011, pues �it�rese- los servicios, materia del contrato est�n ligados intr�nsecamente la actividad econ�mica de los demandantes.

En este punto, resulta oportuno recordar lo ense�ado por la Jurisprudencia nacional sobre cu�les sujetos son los que pueden ser considerados consumidores; al respecto, puntualiz� que: �por la simple imprecisi�n terminol�gica, a pensar que todos los sujetos que interact�an en el tr�fico de bienes y servicios conforman tal categor�a - consumidores - y que, por ende, a ellos indistintamente les sean aplicables las normas especiales, pues con semejante entendimiento se desnaturalizar�a, por v�a de la generalizaci�n, un estatuto excepcional destinado a proteger a determinados sujetos de las relaciones de intercambio.

(�) En este orden de ideas, para estos efectos estima la Corte que, con estrictez, siempre ser� forzoso indagar en torno a la finalidad concreta que el sujeto - persona natural o jur�dica - persigue con la adquisici�n, utilizaci�n o disfrute de un determinado bien o servicio, para reputarlo consumidor s�lo en aquellos eventos en que, contextualmente, aspire a la satisfacci�n de una necesidad propia, privada, familiar, dom�stica o empresarial - en tanto no est� ligada intr�nsecamente a su actividad econ�mica propiamente dicha, aunque pueda estar vinculada, de alg�n modo, a su objeto social -, que es lo que constituye el rasgo caracter�stico de una verdadera relaci�n de consumo.

Este punto de vista, cabe resaltar, es el que puede identificarse en numerosos ordenamientos jur�dicos que, como adelante se examinar�, catalogan �nicamente como consumidor a quien sea destinatario final del bien o servicio, o, por otro lado, exigen que la adquisici�n o utilizaci�n est� ubicada por fuera de la esfera de actividad profesional o empresarial de quien se dice consumidor; adicionalmente, no est� de m�s anotar que una postura similar es la adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando, dentro de su competencia, ha conceptuado sobre el alcance del t�rmino que se viene estudiando.

(Conceptos 96027242 de 2 de septiembre de 1996, 96060904 de 28 de noviembre de 1996, 97023655 de 15 de julio de 1997, 99067274 de 4 de febrero de 2000, 02108233 de 17 de enero de 2003 y 03025237 de 9 de mayo de 2003; Cfr. Compendio de doctrina sobre protecci�n del consumidor 1992 - 1999, Ministerio de Desarrollo Econ�mico, Superintendencia de Industria y Comercio, 2000, p�gs. 152 - 160, y www.sic.gov.co).

(�) Sobre este precepto, autorizados expositores han manifestado que, para los efectos de la reglamentaci�n, consumidor ser� �nicamente la persona f�sica no profesional y no empresario, o eventualmente, la persona f�sica empresario o profesional que contrate con fines ajenos a su actividad, noci�n esta que, puntualizan, no necesariamente equivaldr� a la de adherente o contratante d�bil, pues es mucho m�s restringida, habida cuenta que puede presentarse un adherente o una parte d�bil que no sea consumidor, as� como un consumidor que no puede ser catalogado como tales.

(Astone Francesco, Ambito di applicazione soggettiva. La nozione di �consumatore� e �professionista�, en �Il Codice Civile, Comentario, Clausole vessatorie nei contratti del consumatore�, a cura di Guido Alpa e Salvatore Patti, Giuffr� editore, pag. 168, 2003). (�) As� las cosas, considerando los elementos de juicio que se han dejado rese�ados, es inevitable afirmar que la calidad de consumidor - y la consecuente aplicaci�n del estatuto - s�lo puede determinarse a partir del examen detallado de las circunstancias subjetivas y objetivas que rodean una relaci�n espec�fica.

(�)el hecho de que la relaci�n entre las empresas demandante y demandada se haya presentado en el marco de su actividad profesional o empresarial, determina, en principio, que no haya lugar a presumir o entender que la sociedad actora se encontraba en una posici�n de debilidad econ�mica, informativa, t�cnica o de cualquier otro orden; en todo caso, aun si se presentara cualquier asimetr�a o desequilibrio en una relaci�n entre profesionales - que suele ocurrir -, ello no convertir�a per se a la parte d�bil en consumidor, ni habilitar�a la aplicaci�n del r�gimen propio de ellos, toda vez que cualquier situaci�n abusiva que pudiera darse o cualquier responsabilidad en la que pudiera incurrirse, como la derivada de productos defectuosos que aqu� se ha invocado, no quedar�a desamparada, sino que simplemente estar�a sometida a las normas generales, que no a aquellas destinadas a los consumidores� (Negrillas ajenas al texto).

En consecuencia, si bien es cierto, no se desconoce la relaci�n contractual que existe entre el se�or Jaime Le�n �vila y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogot� S.A. E.S.P. �ETB-, el eventual incumplimiento de las prestaciones a cargo de esta �ltima es un conflicto contractual, que para su resoluci�n resulta necesario acudir ante la justicia ordinaria a debatir sus diferencias y que sea el Juez quien dirima este conflicto, sin que sea viable que la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de la facultad jurisdiccional asuma una competencia que la ley tiene reservada exclusivamente a la justicia ordinaria.

As� las cosas, el extremo demandante carece de legitimaci�n frente a las pretensiones que por esta v�a plante�, lo cual impone confirmar la sentencia de primera instancia, sin que sea necesario realizar consideraci�n adicional. VI. DECISI�N Por m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia anticipada proferida el 8 de noviembre de 2017 por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales, por lo expuesto en esta audiencia. SEGUNDO.- COSTAS a cargo de la parte actora. TERCERO.- DEVU�LVASE el expediente al juzgado de origen para lo de su tr�mite y competencia. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE, LAS MAGISTRADAS, MYRIAM IN�S LIZARAZU BITAR ADRIANA SAAVEDRA LOZADA CLARA INES MARQUEZ BULLA  Devis Echand�a, Compendio de Derecho Procesal� Teor�a General del Proceso, Tomo I, D�cimo Tercera Edici�n, Biblioteca Jur�dica DIKE, Bogot�-Colombia, 1993.  Ib�dem.  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, Sentencia del 3 de mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr. C�sar Julio Valencia Copete, Exp.

No. 5000131030011999-04421-01.     PAGE  RI. 14263 Rad. 110013199001201712194 01 Ref. Proceso de Protecci�n al Consumidor de Jaime Le�n �vila y Otra vs. Empresa de Telecomunicaciones de Bogot� S.A. E.S.P �ETB-. PAGE  PAGE 11 RI.14263 f��� / 6 7 8; ? \ ] i v w x � � � � 3 � � � � ���ɻ�������������Ʉɻ���vk`kXkh��OJQJh�4�h`3�OJQJh�4�h� *OJQJh�4�h� *OJQJh�4�h� STU_`�������������������ĩ♉yiZ�NCh�4�h�q;OJQJh�4�h�q;6�OJQJ h�4�h1\oOJQJmH $sH $ h�4�h�d�6�OJQJmH $sH $ h�4�h1\o6�OJQJmH $sH $ h�4�h� *OJQJ^Jh�0�hb #6�OJQJh�0�OJQJh��OJQJh)bOJQJh)b6�OJQJh�`rhb #6�OJQJh�4�OJQJh�4�h�q;OJQJh�4�hb #OJQJ r s � � � � � � 7$8$4(5(�*�*�+�+�+�+�+�0�03344������������������������$a$gd�q; $��`��a$gd�q; $��`��a$gd�v�$ �0���*$`��a$gd�v�g!w!x!�!�!�!�!6$7$[$�$�%z&�&�'1(2(3(4(�(�(�(*�*�*�*�*��������β����z�m����_QD�h�4�h�v�OJQJ^Jh�4�h�v�6�OJQJ^Jh�4�h�556�OJQJ^Jh�4�hH!�OJQJ^Jh�4�hH!�6�OJQJ^Jh�4�h�9�6�OJQJ^Jh�4�h� #6�OJQJ^Jh�4�h��6�OJQJ^Jh�4�h)�6�OJQJ^Jh�4�h�!�6�OJQJ^Jh�4�h�|x6�OJQJ^Jh�4�h�|xOJQJ^Jh� �OJQJ^Jh�4�h�9�OJQJ^J�*�* +�+�+�+�+�+�+�+�+,!,(,),a,h,�,�,�,�,�,�,�/�0�0�011>1Q1p1j2k2�2����ξ�۴ۧ�ۧۚ�~�~�~�~q�q�q~c~X~h�k\6�OJQJ^Jh� �h� �6�OJQJ^Jh�4�hj�OJQJ^Jh� �hj�6�OJQJ^Jh� �hvQ�6�OJQJ^Jh�4�hvQ�OJQJ^Jh�4�h�3�OJQJ^Jh� �OJQJ^J h�4�h�q;5�>*OJQJ^Jh� �5�>*OJQJ^Jh�4�h�q;OJQJ^Jh�4�h�q;OJQJh�4�h�!�OJQJ^J"�2�233�3�3�3444444_4j457585F5W5X5r5s5t5x5�6,7����ʿ沤����z�zrzj�_j�jSEh�4�h�#�5�6�OJQJh�4�h�#�6�OJQJh�4�hF FOJQJh�k\OJQJh�6?OJQJh�T$OJQJh�4�h�:�6�OJQJh�4�h�:�OJQJh�4�h�q;OJQJh�4�h�q;5�>*OJQJh�4�hvQ�OJQJ^Jh� �6�OJQJ^Jh� �h�zs6�OJQJ^Jh� �hvQ�6�OJQJ^Jh� �hj�6�OJQJ^Jh�k\6�OJQJ^J444l6m6�6�6K7L7[8\8�9�9@ NANCNSNtN�N�N�N�N�N�N�N�N>O@OEO~O�OPPSP�P�P�P�P�P�P�P�P Q�����������������������������������������ĸ�����ĖĎĎ�h��OJQJh�OJQJh�C#h�C#6�OJQJh�C#h-tQ5�6�OJQJh�C#h-tQ6�OJQJh�4�h-tQOJQJh�C#OJQJh�4�h& �OJQJh�4�h�q;OJQJh�4�h )�OJQJhE�OJQJ7 QfQrQsQ�Q?R@R`R{R�RSSS?SFS�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�STTTTT��������ƹ��������~�vn�n�nc[cPch�4�h�9OJQJhaOJQJh�4�h�q;OJQJh�_OJQJh��OJQJh�4�hf�OJQJhf�OJQJ^Jh�_h�_OJQJ^Jh�_5�OJQJ^Jhf�hf�5�OJQJ^Jh�_hf�OJQJ^Jhf�OJQJh!B�OJQJh]T6�OJQJh]TOJQJh�4�h-tQOJQJh]Th-tQ5�6�OJQJ cR�S�S�S�T�T(V)V�V�V�X�XI_N_�b�bsgtg����������������� $�j���]�j^��a$gd�BJ �j�����]�j^��`��gd�BJ$ �0��j��*$]�j^��a$gdf�$�j����]�j^��`��a$gdf� $��`��a$gd�q; 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