06-1920 · Tribunal de Bogotá

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MAGISTRADA PONENTE: CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA Proyecto discutido y aprobado en Sala del 06 de diciembre de 2006. Acta 46. _______________________________________________________________ 1. PROP�SITO DE LA DECISI�N: Una vez surtido el tr�mite que le es propio a esta instancia, procede la Sala a decidir la acci�n de tutela promovida por PEDRO ANTONIO URIBE CARDONA contra el JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad. 2.

ANTECEDENTES: Como supuestos f�cticos de la solicitud de amparo expuso el accionante los que la Sala procede a compendiar: 2.1. En el mes de octubre de 2002, las sociedades HIFO S.A., CONSTRUCTORA ANTARES LTDA. y el se�or SERGIO MARTA VARGAS constituyeron la uni�n temporal PAVIMENTOS BOGOTA, en cuyo desarrollo, se gir� un cheque a favor de la se�ora ANA MARIA FLOREZ HENAO por $57�749.441,oo para ser efectivo el 23 de junio de 2004, que al ser presentado para su pago fue devuelto por carencia de fondos. 2.2.

Ante tal situaci�n y en su calidad de endosatario, present� demanda ejecutiva cuyo conocimiento le correspondi� al Juzgado accionado, quien despu�s de hallar reunidos los requisitos legales, y tras haberse prescindido de continuar la ejecuci�n contra la sociedad CONSTRUCTORA ANTARES LTDA. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA, libr� mandamiento de pago el 8 de octubre de 2004 en contra de los dos demandados restantes y profiri� sentencia en agosto de 2005 en la que orden� seguir adelante la ejecuci�n. 2.3.

Despu�s de obtener el embargo de $105�780.000,oo a cargo de la sociedad HIFO S.A. -, �sta solicit� la graduaci�n del pago de la obligaci�n seg�n el porcentaje de cada integrante de la uni�n temporal, petici�n que fue resuelta desfavorablemente por auto del 27 de marzo de la presente anualidad. 2.4. Posteriormente, elev� una nueva solicitud encaminada a obtener la limitaci�n del embargo al monto de los aportes que cada integrante ten�a en la misma, petici�n a la que la autoridad accedi� mediante decisi�n que el accionante califica de �contraria a derecho� en tanto limit� la cautela al porcentaje de los �aportes� en la �sociedad temporal�, sin atender que la uni�n temporal no es una sociedad sino una asociaci�n en la que no existen aportes sino participaci�n, aunado a lo cual desatendi� la cl�usula de solidaridad consagrada en el documento de conformaci�n. 3.

PRETENSI�N: Persigue el accionante que se deje sin efecto el auto proferido el 23 de junio pasado y en su lugar se niegue nuevamente la solicitud de limitaci�n del embargo. 4. CONTESTACI�N AL AMPARO: A folios 123 a 128 obra la respuesta de la autoridad enjuiciada en la que, a manera de s�ntesis, expuso que la actuaci�n procesal se ha llevado a cabo dentro de los lineamientos legales, por lo que consider� que no ha existido vulneraci�n alguna.

Agreg� que la demandante solicit� el embargo de los dineros que le pudieran corresponder a la sociedad HIFO S.A. en el INVIAS por contratos celebrados con la Uni�n Temporal H.V. en la cual HIFO tiene una participaci�n del 50% y en la Uni�n Temporal Pavimentaci�n del Choc�, donde tiene una participaci�n del 35%, a lo cual el juzgado accedi� en la forma solicitada, sin embargo, mediante auto de 23 de junio de 2006, se limit� dicho embargo hasta el monto de los aportes en la UNION TEMPORAL, es decir, al 60% que posee el demandado en dicha Uni�n, en tanto �sta no es la demandada sino sus integrantes y a ellos debe limitarse el embargo, sin involucrar ninguna otra persona o sociedad que no es parte. 5.

CONSIDERACIONES: 5.1. Es competente �sta Corporaci�n para dirimir el caso sub examine seg�n lo dispuesto en el art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica, los Decretos 2591 de 1991 art�culo 37 y el decreto 1382 del a�o 2000. 5.2. El art�culo 86 Superior cre� a favor de los particulares un mecanismo jurisdiccional de car�cter extraordinario, con el �nico objeto de dispensar una protecci�n c�lere de los derechos fundamentales de los asociados, ante la amenaza o vulneraci�n por parte de las autoridades p�blicas o por los mismos particulares, en los precisos casos contemplados en el decreto reglamentario 2591 de 1991. 5.3.

Dentro de los especiales presupuestos que informan el procedimiento constitucional en comento, se halla el de la subsidiariedad seg�n el cual su procedencia est� condicionada a que no haya otro medio de defensa judicial, salvo que se intente como un mecanismo provisional ante el peligro de un perjuicio irremediable; tambi�n se le califica como excepcional, pues a pesar de su existencia, los procedimientos y competencias ordinarias establecidos para la resoluci�n de los conflictos conservan su vigencia y reclaman su aplicaci�n preferente. 5.4.

La revisi�n del proceso ejecutivo motivo de esta petici�n da cuenta que la decisi�n de limitaci�n de cautelas proferida por la autoridad de primer grado el 23 de junio de la presente anualidad fue objeto de ataque frontal por la v�a de los recursos ordinarios, de los cuales el principal le fue resuelto en forma desfavorable y el subsidiario de apelaci�n, denegado por esta Corporaci�n mediante prove�do del 15 de septiembre pasado, decisi�n contra la que el afectado guard� silencio, no obstante tener a su alcance la v�a del recurso de s�plica encaminado a obtener el conocimiento de la providencia desfavorable por parte del Superior.

En efecto, m�rese que los argumentos elevados por el accionante constituyen objeto pretensional propio del recurso de apelaci�n que resultada denegado y del que hubiera podido lograr su tr�mite bajo el cumplimiento de las normas propias del juicio, acudiendo, en la actualidad, en forma indebida a la acci�n de tutela, pretendiendo con ello desplazar al juez ordinario, con desconocimiento de la naturaleza residual de esta acci�n frente a la existencia de otros medios de defensa previamente reglados por el legislador, omisi�n que torna en improcedente a la acci�n incoada. 5.5.

Vistas as� las cosas, no llama a dudas que lo realmente pretendido por el accionante a trav�s del ejercicio de la tutela es revivir t�rminos que dej� vencer en silencio no obstante tener a su alcance los mecanismos previstos por la legislaci�n procesal civil para manifestar su inconformidad y obtener, en caso de asistirle derecho, los fines que persigue por esta expedita v�a. 5.6.

En este sentido, conviene recordar lo se�alado por la Honorable Corte Constitucional respecto a la procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales, decantada en varias oportunidades seg�n la cual su tr�mite �no ha sido establecido para reemplazar o sustituir los procedimientos ordinarios existentes, ni como medio alternativo, adicional o complementario de estos; su prop�sito se circunscribe a la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales cuando no existe otro medio de defensa judicial o en el evento de existir �ste, se utilice solo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable� (T-349 de 1998).

En oportunidad m�s reciente, en decisi�n T-742 del 12 de septiembre del a�o 2002 con Ponencia de la Magistrada CLARA IN�S VARGAS HERN�NDEZ, se reiter� que la tutela no puede ser utilizada para sustituir mecanismos ordinarios de defensa que no fueron interpuestos a su debido tiempo, a no ser que se acredite que el actor estuvo imposibilitado por encontrarse en una situaci�n que, desde el punto de vista f�ctico o jur�dico, se lo imped�a por completo y en cuyo caso, la aplicaci�n de la regla antes se�alada le causar�a un da�o de mayor entidad constitucional que el que se derivar�a del desconocimiento del criterio general enunciado.

Estas circunstancias son, desde luego, extraordinarias y deben ser apreciadas en concreto por el Juez, evento en el cual si se verifica que no ha sido su culpa, descuido o negligencia la causa de que las decisiones en su contra hubieran quedado en firme por falta de los oportunos recursos, carece de justificaci�n concreta la eliminaci�n del �nico medio de defensa judicial a su alcance. 5.7.

Por otra parte, tampoco se observa la presencia de un perjuicio irremediable que d� v�a libre al amparo superior, pues para que �ste tenga procedencia es necesario comprobar la inminencia del da�o, la urgencia del titular del derecho para precaver el perjuicio, el cual debe ser real e irreparable, adem�s de injusto y por ello �Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci�n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales� circunstancias que no est�n acreditadas en el sub judice. 5.8.

Resulta evidente entonces que los argumentos en que se cimienta la tutela est�n destinados a su fracaso. 6. DECISI�N: En m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, D.C. en Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

6.1. NEGAR la tutela impetrada por el se�or PEDRO ANTONIO URIBE CARDONA contra el JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de la providencia. 6.2. ORDENAR se comunique esta decisi�n en la forma m�s r�pida posible a las partes. 6.3. DETERMINAR que en caso de no ser impugnado el fallo, se env�e a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisi�n seg�n lo establecido en el art�culo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIF�QUESE. CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA Magistrada B�RBARA LILIANA TALERO ORT�Z Magistrada JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS Magistrado 5.1. Es competente esta Corporaci�n para dirimir la presente impugnaci�n seg�n lo dispuesto en el art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica, los Decretos 2591 de 1991 art�culo 37 y el 1382 del a�o 2000. 5.2. Como primera medida resulta importante se�alar que dentro de los especiales presupuestos que informan el procedimiento constitucional en comento, se halla el de la subsidiariedad seg�n el cual su procedencia est� condicionada a que no haya otro medio de defensa judicial, situaci�n que se acompasa con el asunto sometido a estudio de la Sala, en tanto los mecanismos ordinarios previstos en la ley para el ataque frontal de la decisi�n de la cual se duele el accionante, fueron oportunamente ejercidos por el interesado, obteniendo como resultado, del recurso principal de reposici�n, su despacho desfavorable y el subsidiario de apelaci�n fue objeto de inadmisi�n por parte de esta Corporaci�n mediante providencia del 15 de septiembre del a�o que transcurre con ponencia del Honorable Magistrado Edgar Carlos Sanabria Melo, situaci�n que cimienta la procedencia del presente tr�mite constitucional, en tanto el afectado no cuenta en la actualidad con un mecanismo de defensa de sus derechos, diferente del actual. 5.3.

Sentado lo anterior y descendiendo al motivo de inconformidad del se�or Uribe Cardona, es del caso recordar que la Corte Constitucional ha se�alado reiteradamente que la acci�n de tutela s�lo procede contra una actuaci�n judicial, cuando el funcionario respectivo actu� en forma arbitraria y conforme a su sola voluntad, en completa desconexi�n con el ordenamiento jur�dico; situaci�n que materializa cuando el funcionario incurri� (1) en un evidente defecto sustantivo, esto es, cuando su actuaci�n se funda en una norma claramente inaplicable al caso concreto; o, (2) en un grave defecto f�ctico, el cual se produce cuando es incuestionable que el fallador carece del material probatorio adecuado para aplicar la norma en que se sustenta el dictamen; o, (3) en un defecto org�nico manifiesto, que se origina en la falta absoluta de competencia del funcionario que profiere la decisi�n; o, finalmente, (4) en un flagrante defecto procedimental, el que se verifica siempre que el juez o el fiscal competente, act�e por fuera del procedimiento legal establecido, actuaci�n calificada como v�a de hecho que justifica la protecci�n superior. 5.4.

En el presente caso, pretende el peticionario que se deje sin efecto el prove�do que limit� las cautelas practicadas, tras considerar que el mismo desconoce los efectos de la figura de la uni�n temporal. 5.5. Al efecto, se�ala el numeral 2� del art�culo 7� del Estatuto de Contrataci�n Estatal, que la uni�n temporal es aquella asociaci�n en la que �dos o m�s personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicaci�n, celebraci�n y ejecuci�n de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondr�n de acuerdo con la participaci�n en la ejecuci�n de cada uno de los miembros de la uni�n temporal.�� 5.6.

Siendo ello as�, de la realidad puesta de presente, advierte la Sala que la protecci�n esgrimida debe prosperar, conforme a las siguientes reflexiones: 5.6.1. Revisado el proceso ejecutivo arrimado al tr�mite constitucional, se observa que, previo el cumplimiento de los presupuestos consagrados en el art�culo 513 adjetivo, el extremo demandante solicit� el embargo de los dineros que le correspondieren a la sociedad HIFO S.A. en el Instituto Nacional de V�as por contratos celebrados con la Uni�n Temporal H.V. en la que aquella tiene una participaci�n del 50% y en la Uni�n Temporal Pavimentaci�n del Choc� una participaci�n del 35%.

Con base en el anterior pedimento, el Juzgado de Conocimiento dispuso, mediante auto del 09 de noviembre de la pasada anualidad decretar �el embargo de los dineros que puedan corresponder a la sociedad demandada HIFO S.A., en el Instituto Nacional de V�as �INVIAS�, por contratos celebrados con la Uni�n Temporal �H.V.� en la cual Hifo S.A. tiene una participaci�n del 50% y en la Uni�n Temporal Pavimentaci�n del Choc�, en la cual Hifo S.A. tiene una participaci�n del 35%.

Of�ciese a INVIAS, limitando las medidas a la suma de $105.780.000.oo MCte.�, orden a la que el oficiado dio contestaci�n el 01 de febrero siguiente, acusando recibo de la comunicaci�n. 5.6.2. Siendo as� lo anterior, observa la Sala que la orden de limitaci�n de la medida impartida por la autoridad accionada, resulta a todas luces improcedente, pues de la simple lectura de la petici�n cautelar y de la orden proferida por la autoridad judicial se deduce que la misma recay� sobre los bienes que le pudieren corresponder a la demandada HIFO S.A. y no, sobre aquellos que se encontraran a favor de la Uni�n Temporal, de ah� que al hab�rse atendido en debida forma por parte del Instituto Nacional de V�as la orden de embargo respecto de los bienes de quien funge como demandada, la limitaci�n que es objeto de reproche por parte del accionante, constituye una injustificada restricci�n de la prenda con la que cuenta el ejecutante para obtener el pago de las sumas reclamadas.

En efecto, obs�rvese que en las precisas circunstancias del asunto puesto a conocimiento, el porcentaje de participaci�n que tiene la ejecutada en las uniones temporales resulta un aspecto que escapa al inter�s del fallador, centr�ndose en cabeza de la entidad encargada de atender la orden judicial, pues sin mayores elucubraciones se observa que se dispuso la cautela sobre los dineros que le correspondieren a la demandada HIFO S.A., entendi�ndose entonces, que solo �stos deben ser puestos a disposici�n del juzgado, sentido en el que se acat� la orden por parte del INVIAS, tal como se colige de la respuesta obrante a folio 27 del cuaderno No. 2, por ende, al no hab�rse extendido la medida a bienes correspondientes de los dem�s integrantes, resulta innecesario limitar el monto de aquellas atendiendo a la participaci�n de cada una en la asociaci�n. 5.6.3.

En consecuencia, concluye la Sala que la disposici�n de limitaci�n contenida en el prove�do de fecha 23 de junio de la presente anualidad, implica la restricci�n de la cautela ordenada sobre los bienes que son de la exclusiva propiedad de la demandada, con olvido que los mismos constituyen la �nica prenda para lograr el pago de la obligaci�n reclamada, m�xime cuando, seg�n el documento de constituci�n de la uni�n temporal Pavimentos Bogot� la responsabilidad de los integrantes de la misma es solidaria (fol.50), situaci�n que impone a cualquiera de ellos la cancelaci�n total de la obligaci�n, sin perjuicio de la oportunidad de �stos para repetir en contra de los restantes. 5.7.

Puestas as� las cosas no llama a dudas que la determinaci�n adoptada en prove�do del pasado 23 de junio, constituye una v�a de hecho que pone en grave riesgo los principios fundamentales alegados por el quejoso, en tanto son producto de una interpretaci�n alejada de la legalidad, incurriendo en la indebida aplicaci�n del procedimiento propio que regula el tr�mite de las medidas cautelares, con la consecuente infracci�n de normas de orden superior para el extremo activo de la lid, situaci�n que, por ende, debe ser reparada en esta instancia constitucional. 6.

DECISI�N: En m�rito de lo expuesto EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, D.C., EN SALA CIVIL DE DECISI�N, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

6.1. CONCEDER el amparo superior impetrado por PEDRO ANTONIO URIBE CARDONA contra el JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE ESTA CIUDAD. 6.2. En consecuencia, ORDENAR al Juzgado accionado que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci�n del presente fallo, adopte las medidas tendientes a resolver la solicitud de limitaci�n de medidas cautelares elevada por la sociedad HIFO S.A. dentro del proceso ejecutivo que en su contra inici� PEDRO ANTONIO URIBE CARDONA, atendiendo a los par�metros expuestos en la parte considerativa de esta providencia. 6.3.

DISPONER la remisi�n del expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisi�n, en caso que el presente fallo no sea impugnado. 6.4. ORDENAR la comunicaci�n a las partes por el medio mas expedito. NOTIF�QUESE. CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA Magistrada B�RBARA LILIANA TALERO ORTIZ Magistrada JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS Magistrado Sentencia T- 225/93 Sentencia T-231/94 M.P. Eduardo Cifuentes Mu�oz. PAGE PAGE 6 Rad.

Acci�n de tutela 06-1920 5678GHJKL~��˽��pߗ^I4(hoch�CJOJQJ^JaJmH sH (hoch�d�CJOJQJ^JaJmH sH "h�CJOJQJ^JaJmH sH h�d�5�CJOJQJ^JaJ/j�.�C hoch�CJOJQJUV^JaJ hoch�CJOJQJ^JaJ)jhoch�CJOJQJU^JaJh�d�CJOJQJ^JaJ&hoch�5�6�CJOJQJ^JaJ#hoch�5�CJOJQJ^JaJhoch�OJQJ^JaJ67KL~��8 x y z � � o p ��$dha$dh $ ��dh*$a$ $ �0�dh*$a$dhdh$a$$�2dh]�2a$=P�P�P�� 5 6 r w x y z � o p q � � hy��ȱ��~l�]Kl��#hoch�d�5�CJOJQJ^JaJh�5�CJOJQJ^JaJ#hoch�5�CJOJQJ^JaJ hoch�d�CJOJQJ^JaJh�CJOJQJ^JaJ&hoc@��CJOJQJ^JaJmH sH ,hoch�@��CJOJQJ^JaJmH sH hoch�CJOJQJ^JaJ(hoch�CJOJQJ^JaJmH sH "hocCJOJQJ^JaJmH sH p q � � � � stij��`a�� $ �0�dh*$a$dh$dha$y|}�� ^_rty�� # / > ? 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