2003 00071 02 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� ~��}��g� ��bjbjVV E�r<r<L|h ��pp��8ND�T�$"��m$o$o$o$o$o$o$$'��)��$��$��$e!e!e!��m$e!�m$e!e!:�#,5$��_,�i��!$ Y$�$0�$+$ �*% �*5$�*5$$��e!��$�$%!@��$��*��p$�: $TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BOGOT� D.C. SALA CIVIL DE DECISI�N Magistrado Ponente: DR. ARIEL SALAZAR RAM�REZ Bogot� D.C.,. veinticinco de enero de dos mil ocho EF: Ejecutivo Singular de MAURICIO RODRIGUEZ contra INCONAL S.A. Proyecto discutido y aprobado en sesi�n de 24-X-2007.

Radicaci�n 2003 00071 02. Superado el tr�mite que le es propio a la instancia, corresponde al Tribunal desatar el recurso de apelaci�n interpuesto contra la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil seis, proferida por la Juez Quinto Civil Del Circuito en Descongesti�n para el Juzgado Treinta Civil del Circuito de esta ciudad. I.

ANTECEDENTES A. Las pretensiones El se�or Mauricio Rodr�guez, a trav�s de apoderado judicial, interpuso demanda ejecutiva singular en contra de Ingenieros Contratistas Asociados S.A. �INCONAL� S.A. Y CONSORCIO ASFALTAR, con el fin de obtener el pago de las siguientes sumas de dinero: a) $50.000.000 por concepto de capital incorporado en el cheque No FF619574 de Bancolombia; b) m�s los intereses moratorios causados desde el momento en que el deudor se constituy� en mora, esto es, el 30 de septiembre de 2002 a la tasa de 29.24% efectiva anual o a la tasa m�xima legal vigente al momento en que se efect�e el pago de la obligaci�n y c) $10.000.000,oo equivalente al 20% del importe del cheque, por concepto de sanci�n legal por falta de pago, de conformidad con el art�culo 731 del C�digo de Comercio.

B. Los hechos: A. Como sustento de las anteriores pretensiones se adujo en el escrito de la demanda que mediante acta de la Reuni�n de la Junta Directiva, Documento Consorcial No 010 de 2001, INCONAL S.A. y el Se�or Luis Enrique Mayorga Aguirre, constituyeron el CONSORCIO ASFALTAR ante el Instituto Nacional de V�as -INVIAS-, nombrando como representante legal del mismo al se�or Luis Enrique Mayorga Aguirre, quien en calidad de gerente gir� a nombre del se�or MAURICIO RODR�GUEZ el cheque base de la ejecuci�n por la suma de $50.000.000,oo.

B. El t�tulo-valor (cheque) fue presentado para el pago ante el banco librado; sin embargo fue devuelto por la causal de fondos insuficientes. Pese a los reiterados requerimientos extrajudiciales al Gerente del Consorcio demandado, no se logr� obtener el recaudo del derecho incorporado en el t�tulo-valor, ni de sus intereses. C. Lo acreditado en la instancia Mediante auto de 28 de marzo de 2003, se libr� mandamiento ejecutivo por la suma de dinero deprecada en el libelo incoactivo, no obstante, se neg� la sanci�n de que trata el art�culo 731 del C�digo de Comercio (fl. 40 c.1).

La sociedad INCONAL S.A. se notific� personalmente del mandamiento de pago, seg�n se constata en acta de 17 de junio de 2003. Lo propio sucedi� con respecto al Consorcio Asfaltar, el que actuando por conducto de su representante suplente, el se�or Barreto Cajigas, quien es el mismo representante legal de la sociedad accionada, propuso medios de defensa que se fundamentan en los mismos hechos que sustentaran las excepciones propuestas por Inconal S.A., las cuales se sintetizan as�: a) �Inexistencia de la obligaci�n�, por cuanto el obligado directo es el CONSORCIO ASFALTAR como titular de la cuenta corriente a donde se gir� el t�tulo-valor base de la presente ejecuci�n y no la Sociedad INCONAL S.A. Sin embargo, el Consorcio Asfaltar se�al� que existe �Ausencia de responsabilidad del consorcio Asfaltar frente a la obligaci�n incorporada en el cheque base de la ejecuci�n�, por cuanto la obligaci�n all� contenida no se adquiri� con ocasi�n de la ejecuci�n del contrato celebrado con INVIAS, objeto del CONSORCIO, en tanto que fue adquirida personalmente por el se�or Luis Enrique Mayorga Aguirre como persona natural, representante legal de ASFALTAR b) �Falta de causa�, para lo cual adujo que no existe relaci�n de causalidad alguna para que se librara mandamiento de pago en contra de la Sociedad INCONAL S.A., por cuanto no es obligada directa ni de regreso en el t�tulo-valor base de la ejecuci�n. Adem�s de ello, puso de presente que el CONSORCIO desconoce la causa o negocio jur�dico que dio origen a la creaci�n del cheque base de la acci�n, aunado al hecho de que la cuenta girada, No. 171-073818-50, no se encuentra suscrita por el consorciado se�or Barreto Cajigas, representante legal de la Sociedad INCONAL S.A., quien desconoc�a la existencia de dicha cuenta. c) �Demanda en forma�, toda vez que la demanda original presentada por el actor no se subsan� en tiempo, por cuanto no se prob� la existencia del Consorcio ni su representaci�n legal, como lo orden� el auto de inadmisi�n, incumpliendo de esta forma los presupuestos legales contenidos en el art�culo 88 del C�digo de Procedimiento Civil (fl. 52 C.1). d) �Carencia absoluta de facultades para comprometer al consorcio frente a terceros por parte de quien suscribe el t�tulo base del recaudo ejecutivo� y �cobro de lo no debido�, en tanto que las obligaciones propias del consorcio son las que se generaron en virtud de contratos o convenios celebrados por �ste e INVIAS, de tal manera que el cheque base de la acci�n no compromete la responsabilidad de ninguno de los consorciados, independientemente de la responsabilidad que en forma personal y directa hubiese podido adquirir el se�or LUIS ENRIQUE MA YORGA AGUIRRE (fls. 51 a 54 y 86 a 89 C.1).

Por medio de auto fechado quince (15) de marzo de dos mil cinco (2005), se abri� a pruebas el proceso teniendo como tales las documentales obrantes en el expediente y decretando las solicitadas por las partes. D. La sentencia Precluido el per�odo probatorio y tras surtir el traslado que ordena la ley procesal para que las partes presentaran sus alegatos de conclusi�n, la se�ora Juez de conocimiento, en sentencia de dieciocho (18) de diciembre de dos mil seis (2006), resolvi� declararse inhibida para pronunciarse respecto de las pretensiones de la demanda contra el CONSORCIO ASFALTAR y declarar probadas las excepciones propuestas por la sociedad INCONAL S.A..

En sustento de lo anterior consider�, en primer lugar, que la capacidad para contratar que el legislador ha otorgado a los consorcios, no debe confundirse con la capacidad para ser parte dentro de un proceso, y tampoco pensarse que por estar facultados para celebrar contratos con el Estado tengan personalidad jur�dica, de tal manera que la demanda tal y como fue planteada no pod�a ser dirigida contra el CONSORCIO ALFALTAR por carecer, se reitera, de personer�a jur�dica y, por consiguiente, de capacidad para ser parte en el proceso.

En lo que ata�e a las excepciones de inexistencia de la obligaci�n, falta de causa, cobro de lo no debido, propuestas por la sociedad INCONAL S.A, indic� que en el plenario no se encuentra demostrado que el cheque base de la ejecuci�n se hubiera girado para satisfacer una obligaci�n adquirida en desarrollo de la actividad consorcial; en consecuencia, le correspond�a a la parte actora demostrar el origen del negocio causal y su relaci�n con la actividad del consorcio, pues de lo contrario no podr�a argumentar el efecto de la solidaridad legal de parte de la sociedad INCONAL S.A. en la obligaci�n que se debate para as� vincularla como demandada.

Agreg� el a quo, que como sustento debe tenerse presente el principio de la carga de la prueba (art�culos 1757 C.C. y 177 C. de P.C.), por el cual incumbe a la parte interesada probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur�dico perseguido; adem�s de ello, no se demostr� que LUIS ENRIQUE MAYORGA AGUIRRE tuviera facultad para la apertura de la cuenta corriente No. 171-0173818-50, menos a�n cuando las personas autorizadas para el giro de los cheques no forman parte del consorcio, al paso que la sociedad INCONAL S.A. no aparece como firma autorizada.

En consecuencia, declar� probada la excepci�n de falta de legitimaci�n en la causa por pasiva. E. La apelaci�n Inconforme con tal determinaci�n, la parte demandante interpuso recurso de apelaci�n en el que adem�s de refutar nuevamente las excepciones propuestas por el demandado, reiter� que existe solidaridad entre la Sociedad INCONAL S.A. y el consorcio demandado, como quiera que el contrato de mutuo fue respaldado por el CONSORCIO ASFALTAR, sin que fuera responsabilidad suya que la firma de la sociedad INCONAL S.A. est� o no autorizada en la cuenta corriente a la cual se gir� el cheque base de la ejecuci�n. Del mismo modo, arguye que el cheque No. FF 619574 cumple con todos y cada uno de los requisitos previstos en los art�culos 621,712, 713 y siguientes del C�digo de Comercio, por lo que prestan m�rito ejecutivo.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 1. Para resolver la presente controversia debe el Tribunal, previamente, verificar la presencia de los presupuestos procesales que ameritan una decisi�n de fondo, los cuales seg�n doctrina de la H. Corte Suprema de Justicia son: competencia en el juez del conocimiento, esto es la atribuci�n que le otorga la ley para resolver en el fondo la cuesti�n planteada; capacidad del demandante y demandado(s) para ser parte, pues s�lo est� al alcance de quienes son sujetos de derechos; capacidad de �stos para comparecer en juicio o capacidad procesal y demanda id�nea, esto es, correctamente formulada.

Ha sostenido dicha corporaci�n que para obtener resoluci�n favorable sobre el m�rito de la acci�n incoada, deben hallarse reunidos los presupuestos procesales, que son condiciones previas indispensables para que el juez pueda proveer en el fondo del negocio. La falta de uno de tales requisitos constituye no una excepci�n de fondo sino un impedimento procesal. 2.

En principio, advierte el Tribunal que con respecto a la Sociedad INCONAL S.A., no existe duda alguna sobre el cabal cumplimiento de tales requisitos, por cuanto cuenta con la plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, por ser una persona jur�dica capaz de comparecer a juicio ya sea como demandante o demandada. Sin embargo, no sucede lo mismo con respecto al demandado CONSORCIO ASFALTAR, suscriptor del t�tulo-valor base de la ejecuci�n, por las razones que a continuaci�n se pasan a analizar.

Naturaleza jur�dica del consorcio 3. Sobre la naturaleza jur�dica del consorcio ha dicho el Consejo de Estado que un consorcio es �una forma no societaria de relaci�n o de vinculaci�n de actividades de intereses entre distintas personas que no genera otra persona jur�dica ( ) regida por las condiciones que tienen a bien recordar los participantes del consorcio, y por tanto, correspondiente al �mbito de actividad e iniciativa privada, no obstante la responsabilidad solidaria y la penal establecidas en la ley.

(arts. 7� y 52�, Ley 80 de 1993, enero 30 de 1997. Rad. 942). Para la Superintendencia de Sociedades, el Consorcio o grupo de inter�s econ�mico, es �el ente mediante el cual dos o m�s personas naturales o jur�dicas se unen, por un tiempo determinado, con miras a poner en com�n todos los medios necesarios y adecuados para facilitar o desarrollar la actividad econ�mica de sus miembros, para mejorar o acrecentar los resultados de esa actividad.

Es decir, implica una concentraci�n empresarial dirigida a regular la actividad de cada una de las compa��as consorciales, de forma tal que no se origina por la actividad particular de cada una de ellas el menor perjuicio a las otras. El consorcio ejerce una funci�n de coordinaci�n o cooperaci�n de los intereses de los miembros, por tanto, es un medio de que se valen los particulares o las entidades p�blicas para lograr un objetivo com�n de tal manera que no sustituye o reemplaza a los consorciados, pues �stos contin�an actuando en la esfera de sus propias facultades� (Oficio SL-00768, enero 20 de 1988).

Las caracter�sticas que son comunes de los consorcios de destacan por la entidad as�: a) Son agrupaciones de empresarios que ejercen la misma actividad econ�mica o actividades conexas o complementarias, y tienen por objeto la ordenaci�n de intereses comunes mediante una organizaci�n com�n; b) Estas agrupaciones no tienen responsabilidad propia, habida cuenta de que cada empresa de las asociadas conservan su personalidad e independencia jur�dica; c) La responsabilidad de los coasociados es solidaria y mancomunada; d) Las empresas se imponen rec�procamente l�mites y prohibiciones; e) La participaci�n puede constituir un fondo com�n; pero no se asimila al patrimonio aut�nomo de las sociedades, y f) Las empresas consorciadas permanecen jur�dicamente aut�nomas, con patrimonios separados y responsabilidad propia respecto a terceros (Oficio.

SL-00768, enero 20 de 1988). 3.1. De all� que el consorcio no sea ni una sociedad de car�cter mercantil ni civil, o una sociedad irregular o de hecho, como tampoco una asociaci�n, tal como se encuentran definidas estas figuras en la ley colombiana; es, en fin, �una modalidad de contrato, no tipificado en la legislaci�n nacional y por tanto, son contratos donde las partes gozan de una amplia libertad para determinar los efectos de dichos convenios.

Si se hace un paralelo entre uno de aquellos entes colectivos y el consorcio, a juicio de la superintendencia se descubren diferencias esenciales. As�, la sociedad mercantil surge, por ejemplo, de un contrato celebrado por dos o m�s personas que se obligan a efectuar un aporte en dinero, en trabajo o en bienes apreciables en dinero, con la finalidad de repartirse entre s� las utilidades que resulten de la actividad social, mientras que el consorcio puede ser constituido por escritura p�blica o por documento privado celebrado entre empresarios que explotan la misma actividad econ�mica, o actividades conexas �y no buscando, en principio, el reparto de utilidades y ganancias�.

Y el instrumento notarial mediante el cual se constituye una sociedad mercantil debe inscribirse en el registro mercantil para que la misma pueda ser oponible a terceros, el documento a trav�s del cual se crea el consorcio s�lo deber� registrarse si con �l se afecta en alguna manera la administraci�n de las empresas que lo integran (art. 28 numeral 6 del C. de Co). �La sociedad legalmente constituida forma �a juicio de la Superintendencia- una persona jur�dica diferente de sus asociados, en tanto que el consorcio no. El grupo de inter�s econ�mico no es una persona jur�dica, y por tanto, carece de los atributos inherentes a tal personalidad, como la capacidad jur�dica, el patrimonio, el domicilio y la nacionalidad�. 3.2 La jurisprudencia colombiana ha se�alado que �El consorcio no se constituye en una persona jur�dica aut�noma e independiente de quienes participan en su conformaci�n. Responde a una forma de articulaci�n de intereses no societaria, sin que el car�cter de quienes participan en su constituci�n puede extenderse al consorcio ni adquirir condici�n de p�blico por el s�lo hecho de administrar recursos estatales� ( ). �Se trata de una unidad asociativa entre personas naturales o jur�dicas que por compartir un objeto com�n se comprometen de manera solidaria a responder de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato� ( ). �De lo anterior se sigue que en el consorcio no se da origen a una persona jur�dica distinta de quienes lo integran por cuanto estos mantienen su personalidad individual, propia e independiente sin perjuicio de que para los efectos de la contrataci�n se obre de consuno mediante representante que para el efecto se designe; sin embargo, la uni�n de entidades o personas consorciales no originan un nuevo sujeto de derecho con capacidad jur�dica aut�noma�. 3.3.

En torno a la capacidad jur�dica del consorcio, ha manifestado la H. Corte Constitucional que la falta de personer�a jur�dica no impide a este tipo de agremiaci�n empresarial, ser sujeto susceptible de contraer derechos y obligaciones, siempre y cuando se encuentren delimitadas en el objeto para el cual fue constituido el acuerdo consorcial.

En efecto, en sentencia C-414 de 1994 se dijo que: �En nuestro r�gimen legal, la capacidad es la aptitud que se tiene para ser sujeto de relaciones jur�dicas, es decir, para realizar sin el ministerio de otra persona, actos con efectos v�lidos en la esfera del derecho, y si bien esa habilitaci�n se vincula con la noci�n de persona, hasta el punto que toda persona, en principio, es capaz, salvo lo que en contrario disponga la ley, no es requisito necesario ser persona para disponer de capacidad jur�dica.

( ) El consorcio es una figura propia del derecho privado, utilizado ordinariamente como un instrumento de cooperaci�n entre empresas, cuando requieren asumir una tarea econ�mica particularmente importante, que les permita distribuirse de alg�n modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros y tecnol�gicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, seg�n el caso, pero conservando los consorciados su independencia jur�dica�. 3.4.

Lo afirmado en p�rrafos anteriores fue reiterado en sentencia de constitucionalidad, en la que analizando la constitucionalidad de la Ley 80 de 1993, en el cual se regula la figura del consorcio y de uniones temporales, se dej� en claro que tales figuras mercantiles son aptas para contratar y, las personas naturales en que radique su representaci�n, est�n llamadas a responder en el evento en que se presenten acciones u omisiones de las cuales se puedan derivar alg�n tipo de responsabilidad As� entonces en sentencia C-949 de 2001 se dijo: �Debe anotarse que en la intervenci�n de los consorcios y uniones temporales como uno de los extremos de la relaci�n contractual, la autonom�a de la voluntad est� expresada por las actuaciones de sus miembros, que son los que al celebrar el respectivo contrato finalmente responden por las acciones u omisiones que se presenten con ocasi�n de la gesti�n contractual consorcial o de la asociaci�n temporal�. �Y si quienes act�an en nombre de los consorcios y uniones temporales son personas naturales que de conformidad con la ley civil tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, es preciso se�alar, que tales personas son las llamadas a responder en el evento en que se presenten acciones u omisiones de las cuales se puedan derivar alg�n tipo de responsabilidad�. (Negrillas y subrayado por fuera del texto). 3.5.

Por su parte, el H. Consejo de Estado dej� en claro que �al no constituir el consorcio una persona jur�dica diferente de los miembros que la conforman, la capacidad para comparecer en proceso reposa en cabeza de las personas naturales o jur�dicas que la integran�. 3.6. As� entonces, es apenas l�gico concluir, como bien lo hizo el juez de conocimiento, que el CONSORCIO ASFALTAR debe ser desvinculado del presente litigio y, por consiguiente, la acci�n ejecutiva debe ser analizada �nicamente con respecto a la Sociedad INCONAL S.A. la que, se reitera, integra el citado consorcio en conjunto con el se�or Luis Enrique Mayorga Aguirre, como persona natural.

El caso bajo an�lisis 4. En el caso que ocupa la atenci�n de la Sala, no hay lugar a dudas que la cuenta No. 17107381850 a la cual se gir� el cheque base de la ejecuci�n, radica en cabeza del Consorcio ASFALTAR como �nico titular, pues de ello se desprende del sello impreso al dorso del t�tulo-valor y del comunicado del banco librado de fecha 29 de agosto de 2005, en el que se informa que las personas autorizadas para el manejo de la cuenta antes mencionada son: Oscar Daniel Garz�n Forero, Julio Enrique Vanegas, Luis Enrique Mayorga y Mar�a Virginia Camargo (fl. 119 C.1).

De esta manera, es claro para el Tribunal que la cuenta corriente bancaria a nombre del Consorcio ASFALTAR es individual precisamente por ser su �nico titular, y las personas que pod�an disponer de los saldos all� dispuestos, sin ser cuentacorrientistas, lo hac�an en virtud de la autorizaci�n expresa que en este sentido otorgara el Consorcio Asfaltar por medio de su representate principal, tal y como es permitido en esta modalidad de cuenta corriente.

Por consiguiente, y como quiera que los consorcios carecen de personer�a jur�dica y, por ende, capacidad de ejercicio para comparecer en juicio, siendo el Consorcio Asfaltar el �nico titular de la cuenta a la cual se gir� el cheque, es f�cil colegir que son las personas que lo conforman, ya sean naturales o jur�dicas, quienes est�n llamadas a responder solidariamente por los actos jur�dicos que se expidieron en el manejo de dicha cuenta bancaria individual.

En otras palabras, el Consorcio Asfaltar es el titular de la cuenta individual a la cual se gir� el cheque materia del litigio, pero por carecer �ste de personer�a jur�dica, quienes est�n llamados a responder por el manejo de �sta, son las personas que lo integran, en este caso, la Sociedad Inconal S.A. y Luis Enrique Mayorga Aguirre. La solidaridad entre los consorciados no obedece a que se encuentren en un mismo grado de obligaci�n cambiaria o que el uno sea avalista del otro, pues tal solidaridad no deriva de las normas que regulan los t�tulos-valores, sino precisamente a la naturaleza misma del consorcio, la cual impone que sean todos sus integrantes quienes respondan solidariamente por las obligaciones que contrae. 4.1 Establecido entonces, que el titular de la cuenta bancaria a que se hizo alusi�n es el Consorcio Asfaltar, y son las personas que lo integren quienes responden solidariamente por los giros que contra aquella se efect�en, es apenas l�gico concluir que en virtud a las normas y principios que rigen la teor�a de la solidaridad por pasiva, el ejecutante pod�a reclamar el pago de la deuda de cualquiera de los deudores seg�n sus consideraciones de conveniencia y, en este caso, lo hizo �nicamente de la Sociedad Inconal S.A. �Quienes act�an en nombre de los consorcios y uniones temporales � Ha dicho la.

Corte Constitucional en sentencia C-949 de 2001- son personas naturales que de conformidad con la ley civil tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, es preciso se�alar, que tales personas son las llamadas a responder en el evento en que se presenten acciones u omisiones de las cuales se puedan derivar alg�n tipo de responsabilidad. Cabe apreciar que la �nica diferencia entre las dos figuras radica en que en la uni�n temporal la imposici�n de sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta o del contrato, se individualiza en cabeza de los integrantes de aqu�lla, seg�n el grado de participaci�n de cada uno de ellos en la ejecuci�n de tales obligaciones, mientras que en el consorcio no se da dicha individualizaci�n y responder�n por tanto solidariamente todos los miembros del consorcio frente a las correspondientes sanciones�. 5.

Ahora bien, en lo referente a la excepci�n denominada �Carencia absoluta de facultades para comprometer al consorcio frente a terceros por parte de quien suscribe el t�tulo base del recaudo ejecutivo�, que interpusiera el representante legal de INCONAL S.A., actuando en representaci�n del consorcio ASFALTAR, considera el Tribunal que �sta no ostentan la fuerza jur�dica suficiente para denegar las pretensiones del libelo, por las razones que a continuaci�n se pasan a exponer (fl. 86 C.1). 5.1 No existe la menor duda que el se�or Luis Enrique Mayorga Aguirre fue designado como representante principal del Consorcio Asfaltar con Nit. 830.084.634-0, pues de ello da cuenta el documento visible a folios 81 a 84 del cuaderno principal, mediante el cual se celebr� el convenio; lo constata la DIAN en informe visible a folio 22 del cuaderno principal y lo ha reconocido expresamente la sociedad ejecutada en el escrito que diera contestaci�n a la demanda (fl. 86 C.1).

Las facultades con las que contaba se encuentran contenidas en el literal d) del convenio consorcial, seg�n el cual: �El representante principal queda revestido por medio de este convenio de facultades amplias y suficientes para presentar la oferta al INVIAS y para firmar el o los contratos con el INVIAS que se deriven en raz�n de la adjudicaci�n de la licitaci�n a favor del CONSORCIO ASFALTAR.

Las dem�s facultades del representante principal ser�n las establecidas en el texto del documento denominado �Acuerdo Reglamentario del Consorcio Asfaltar�, documento que tendr� validez con la aprobaci�n y firma de todas y cada una de las personas que integran el consejo de direcci�n y/o de la Junta de administraci�n del CONSORCIO ASFALTAR�, acuerdo este �ltimo que no fue allegado al plenario.

(Negrillas por fuera del texto, fl. 82 C.1). 5.2 As� las cosas, si la Sociedad ejecutada arguye que el representante principal del consorcio excedi� sus facultades al momento de abrir la cuenta corriente bancaria de la cual se gir� el cheque materia de la ejecuci�n, tal situaci�n debi� ser acreditada al interior del recaudo probatorio, pues de conformidad con lo ordenado en el art�culo 177 del C�digo de Procedimiento Civil, �Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur�dico que ellas persiguen�.

Sin embargo, lo que se observa en el plenario es la ausencia de prueba fehaciente en este sentido. Al respecto, la parte interesada debi� allegar la documentaci�n en la cual se estableciera el l�mite a dichas facultades que, para el caso sub judice, ser�a el �Acuerdo Reglamentario del Consorcio Asfaltar�, debidamente suscrito y faprobado por todos los integrantes del consorcio, y del cual se desprender�a sin lugar a dudas si, en efecto, el representante principal no se encontraba autorizado para celebrar el contrato de cuenta corriente bancaria de la cual se gir� el t�tulo-valor base de la ejecuci�n. La carga de la prueba en este aspecto, por supuesto, le corresponde a la Sociedad Inconal S.A., pues resulta evidente que el se�or Mauricio Rodr�guez se encuentra imposibilitado para aportar dicha informaci�n, toda vez que no siendo parte integrante del consorcio, en modo alguno podr�a acceder a la misma.

En armon�a con lo anterior, vale poner de presente el principio general contenido en el art�culo 641 de la ley mercantil, seg�n el cual: �Los representantes legales de sociedades y los factores se reputar�n autorizados, por el solo hecho de su nombramiento, para suscribir t�tulo valores de las entidades que administran�. 5.3 De otra parte, en relaci�n al desconocimiento por parte de Inconal S.A. sobre la existencia de la cuenta corriente No. 07110738850 a la cual se gir� el citado instrumento negociable, encuentra esta Sala que tal argumento es poco cre�ble si se observa que el contador del consorcio, N�stor Alirio Vaca Vargas, quien fuera llamado a rendir testimonio porque as� lo solicit� el extremo pasivo al momento de contestar la demanda, indic� que el CONSORCIO ASFALTAR movi� sus fondos provenientes del convenio y contratos suscritos por INVIAS en dos cuentas corrientes, una del Banco de Bogot� y otra de Bancolombia (Fl. 108 C.1).

Es decir, si el contador p�blico que fuera empleado del consorcio ten�a conocimiento de la existencia de la cuenta a la cual se gir� el cheque materia de la litis, m�s a�n lo debi� tener el consorciado Inconal S.A., cuyo representante principal, el se�or Barreto Cajigas, era a su vez representante suplente del Consorcio Asfaltar. 6. En lo que infiere al desconocimiento de la causa o negocio jur�dico que dio origen a la creaci�n del cheque base del recaudo ejecutivo, basta con memorar que el inciso primero del art�culo 625 del C�digo de Comercio, al acoger la teor�a de la emisi�n en los t�tulos-valores establece que �Toda obligaci�n cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un titulo-valor y de su entrega con la intenci�n de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulaci�n�, y en su segundo inciso presume dicha entrega cuando el t�tulo se halla en poder distinto del suscriptor, presunci�n iuris tantum que desde luego admite prueba en contrario.

De modo pues, que el suscriptor de un t�tulo-valor que aspire a relevarse del cumplimiento de una obligaci�n incorporada en uno de estos instrumentos, deber� demostrar que no hizo entrega del mismo, o que lo hizo pero sin la intenci�n de hacerlo negociable, conforme a la ley de su circulaci�n. En conclusi�n, no existe duda alguna sobre la eficacia del instrumento negociable que ahora se ejecuta, pues su causa, y por supuesto su validez, se configur� desde el mismo momento en que el consorcio ASFALTAR gir� el cheque con la intenci�n de hacerlo negociable; situaci�n que por lo dem�s, fue corroborada por el contador del Consorcio Nestor Alirio Vaca Vargas en la diligencia de testimonio al se�alar que �( ) el se�or MAURICIO RODR�GUEZ les hizo un cr�ditos o pr�stamo a uno de los asociados a ese consorcio, posteriormente el consorcio hizo un giro de un cheque y del cual no supe si ese cheque fue o no realmente pagado.� (fls. 107 C. 1).

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos formales se�alados en el art�culo 713 del C�digo de Comercio, adem�s de los generales a que se contrae el art�culo 621 de la misma normatividad, sobre los cuales no encuentra el Tribunal reparo alguno, m�s a�n teniendo en cuenta que la sociedad ejecutada tampoco se ha pronunciado en este sentido.

Por �ltimo, la excepci�n de �falta de demanda en forma� es un hecho que debi� alegarse como excepci�n previa, conforme lo dispone el art�culo 97 del C�digo de Procedimiento Civil, raz�n por la cual cualquier inadvertencia en este sentido, en modo alguno puede frustrar las pretensiones de la demanda. 9. De todo cuanto viene de analizarse se colige que la providencia impugnada ha se ser parcialmente revocada para que en su lugar se ordene seguir adelante la ejecuci�n exclusivamente con respecto a INCONAL S.A. III.

DECISION En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf� de Bogot� D. C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley CONFIRMA el numeral 1� de la sentencia que por v�a de apelaci�n ha revisado y REVOCA los numerales 2�, 3�, 4�, 5� y 6� de la misma.

En su lugar se dispone:

PRIMERO. ORDENAR seguir adelante la ejecuci�n, en los t�rminos del auto de mandamiento de pago en contra de la Sociedad INCONAL S.A.

SEGUNDO. ORDENAR que se practique la liquidaci�n del cr�dito de conformidad con lo previsto en el art�culo 521 del C�digo de Comercio y respetando siempre los par�metros de tasas m�ximas de inter�s establecidas por la Superintendencia Bancaria, de conformidad con lo previsto en el art�culo 884 del C�digo de Comercio en concordancia con el 111 de la Ley 510 de 1999..

TERCERO. ORDENAR la venta en p�blica subasta de los bienes embargados y de los que se llegaren a embargar, previo aval�o, para que con su producto se paguen a la actora el cr�dito y las costas.

CUARTO. CONDENAR en costas de ambas instancias a INCONAL S.A. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y DEVU�LVASE Los Magistrados, ARIEL SALAZAR RAM�REZ 2003 00071 02 EDGAR CARLOS SANABRIA MELO 2003 00071 02 LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ 2003 00071 02 Consejo de Estado, Sala de consulta y Servicio Civil, M.P. Luis Camilo Osorio. 30 de enero de 1997. Rad. 3422-97. Seg�n el art�culo 52 de la Ley 80 de 1993, �Los consorcios y uniones temporales responder�n por las actuaciones y omisiones de sus integrantes, en los t�rminos del art�culo 7 de esta ley�. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo Secci�n Tercera Exp. 30.902, 30 de marzo de 2006. Seg�n el art�culo 52 de la Ley 80 de 1993, �Los consorcios y uniones temporales responder�n por las actuaciones y omisiones de sus integrantes, en los t�rminos del art�culo 7 de esta ley�. (Nd}�� f � � � ��;>> @ � %':P��w��*+@DEY��夙夙��hN�5�\�]�hN�5�6�CJOJQJ\�hN�CJOJQJ]�hN�6�CJOJQJhN�5�6�CJOJQJ\�]�hN�5�6�\�]�hN�5�\�hN�CJOJQJmH sH hN�5�6�hN�CJOJQJhN�5�6�CJOJQJhN�3(5LMN~��: L f g h �� ^��`�$��d�&dP��^��a$ �j �j ��d�^�j `�� d�$�P �P�^�P `�P�a$ ��$a$h � � � � � � � 9:��+��`��$dha$+,�� "�"w%x%,(-(>(?(:*;*++5+6+��$��dh`��a$ ��^�`��`�$dha$��NQhj��#R#�%�%,(>(5+9+>+�.�. 121�1�233O3P3�3�3�37]8��̊̚�}o}�}�}�}�hN�6�>*CJOJQJ]�hN�6�CJOJQJ]�hN�5�6�CJOJQJ\�]�hN�5�6�CJOJQJ]�hN�CJOJQJ\�]�hN�5�6�CJOJQJhN�5�6�\�]�hN�CJOJQJhN�5�6�\�]�aJmH sH hN�aJmH sH hN�]�hN�6�]�hN�&6+�-�-�.�.N0O01 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