11001319900120167663001 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� _� ��&�bjbj 4�bbx}SN�� h r��8��D�$7f ( ( 8 Y)Y)Y)�6�6�6�6�6�6�6$�9�<<��6�Y)7)7)"Y)Y)�6~~( 8 ��6!,!,!,Y)X~( ~8( �6!,Y)�6!,!,�!,( ��q��)X!,�6�60$7!,�< *��<!,!,"�<�C,L Y)Y)!,Y)Y)Y)Y)Y)�6�6�*�Y)Y)Y)$7Y)Y)Y)Y)��<Y)Y)Y)Y)Y)Y)Y)Y)Y) $.: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT� SALA S�PTIMA DE DECISI�N CIVIL Magistrado Ponente OSCAR FERNANDO YAYA PE�A Bogot�, de enero de dos mil dieciocho (aprobado en Sala de 24 de enero de 2018) 11001 3199 001 2016 76630 01 Tal y como se anunci� en audiencia del pasado 24 de enero, se decide el recurso de apelaci�n que formularon los demandantes contra la sentencia que el 5 de septiembre de 2017 profiri� la Superintendencia de Industria y Comercio en el proceso verbal (de protecci�n al consumidor) que promovieron Luz Dary Hidalgo V�lez y Julio Alberto Cely Ni�o contra Inverconsa S.A.S. y CFC Construcciones S.A.

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA REFORMADA. En su condici�n de copropietarios del apartamento 601 ubicado en el conjunto residencial Villa Verde 183, y con fundamento en las acciones de efectividad de la garant�a y publicidad enga�osa previstas en el art�culo 56, numeral 3�, de la Ley 1480 de 2011, los libelistas pidieron que �se declare que hubo informaci�n y publicidad enga�osa por parte de las demandadas al momento de vender el inmueble, sin que hasta el d�a de hoy se hayan realizado las adecuaciones prometidas�; que �se cambie el bien por uno nuevo, id�ntico o de similares caracter�sticas al que ofertaron las constructoras, ubicado en un mismo sector, y del mismo valor respecto del aval�o del inmueble�; que �se indemnice el da�o emergente ($101�927.181), el lucro cesante ($13�689.424), los perjuicios morales ($25�000.000), a la vida en relaci�n ($15�000.000) y psicof�sicos (25 SMMLV) causados por la compraventa del inmueble� y que �se les imponga multa a favor de la SIC, en lo que se considere pertinente�.

Los actores relataron que �el 19 de diciembre de 2011, separamos un apartamento con nomenclatura 701 (�) por un valor de $78�770.156�; que, al celebrar la promesa de compraventa, las demandadas �cambiaron la nomenclatura del apartamento (a 601) y adem�s prometieron que la entrega se har�a, como fecha �ltima, el 26 de mayo de 2014, pese a lo cual se entreg� el 28 de agosto de 2014, por lo que tuvimos que pagar 3 meses de arriendo�; que el aludido inmueble presenta las siguientes irregularidades: (i) �en la zona donde queda el lavadero, hay paredes en superboard que dan al pasillo com�n�;

(ii) �en la sala, al lado del balc�n, hay 2 rejillas de ventilaci�n, que permiten la entrada de agua�; (iii) �la cocina no tiene toma con protecci�n GFCI�; (iv) �la zona sur del edificio tiene una grieta desde el 2� piso hasta el �ltimo, que se proyecta a la alcoba principal, por donde se filtra el viento, el ruido y el polvo y despu�s fue recubierta con un material gris que afea la fachada�;

(v) �se nos prometi� que el calentador estar�a encima del lavadero y qued� en el balc�n, por lo que redujo el espacio de esa zona�. (vi) �la escritura p�blica de compraventa gener� un gasto adicional por un decreto nuevo que se expidi� cuando la constructora estaba en mora de entrega, el cual tuvieron que asumir los compradores�; (vii) �ofrecieron una terraza ecol�gica con zona BBQ, y la terraza que existe no es ecol�gica y tiene ductos sanitarios que transfieren olores desagradables a toda la terraza�;

(viii) �no se entreg� la citofon�a digital prometida, sino una virtual que funciona como cualquier llamada telef�nica y los que no tienen servicio de tel�fono, no pueden acceder a ese servicio�; (ix) �no existen las zonas verdes aleda�as e internas con jard�n que fueron prometidas�; (x) �al sal�n social se le quit� un piso del dise�o original, se le redujo el espacio y se dividi� en peque�os cub�culos que no alcanzan un m�nimo de 20 personas�;

(xi) �el conjunto no tiene la entrada peatonal por el lado norte que hab�an prometido, y solo hay una entrada provisional por el costado sur para peatones, veh�culos, etc. (�), las constructoras debieron garantizar el acceso definitivo al conjunto y no lo hicieron, y en cambio las curadur�as les dieron licencia bajo una entrada provisional, y la v�a no es viable pues depende de un hecho futuro e incierto que depender� del desarrollo de la urbanizaci�n vecina�;

(xii) �se entregaron ascensores que no funcionan al 100% y que adem�s no eran nuevos, ya que las constructoras los usaron para subir materiales para terminar la terraza�; (xiii) �se ofrecieron fachadas en graniplast y ladrillo a la vista y en la actualidad hay una parte en ladrillo, pero la mayor�a de las fachadas internas y externas est� en concreto�.

(xiv) �el edificio solo cuenta con un tanque de agua, pese a que debe haber uno para agua potable y otro para la red contra incendio�; (xv) �las salidas de emergencia no cumplen cabalmente con la norma NSR-10 y est�n recubiertas con una reja met�lica que genera la filtraci�n de aguas lluvias y adem�s tienen unas protuberancias en el nivel del suelo que son un peligro para quien use las escaleras de emergencia�;

(xvi) �la planta el�ctrica nunca ha funcionado�; (xvii) �los balcones est�n en deterioro, no tiene el dise�o para impedir la entrada de agua, las barandas no tienen la altura legal y no tienen toma tipo intemperie�; (xviii) �los ba�os tienen malos olores que salen de los ductos que se comunican a trav�s de rejillas y el ba�o principal no tiene ventilaci�n por medio de rejilla�;

(xix) �en muchos apartamentos, el eje para sanitarios qued� mal ubicado, por lo que se debi� romper la placa para correr el tubo de desag�e�; (xx) �el apartamento se entreg� en obra gris y la remodelaci�n de obra civil, m�s muebles acomodados a cada �rea tiene un presupuesto de m�s de $45�000.000� y (xxi) �las puertas de acceso a los apartamentos no quedaron bien instaladas pues no dejaron la hoja de la puerta alineada al marco, lo que no permite instalar la cerradura�.

A�adieron que �en el apartamento convivimos con nuestros dos hijos menores de edad, y el miedo por la inseguridad del inmueble ha hecho que la se�ora Hidalgo V�lez deje de trabajar, para estar pendiente de lo que pueda suceder dentro del conjunto, pues los ni�os no tienen donde jugar y por ello lo hacen donde transitan los veh�culos�. 2.

LA CONTESTACI�N. Las demandadas (representadas por una misma mandataria judicial), excepcionaron Construcciones CFC & Asociados S.A., �inexistencia de informaci�n enga�osa�; �inexistencia de vulneraci�n de los derechos del consumidor�; �culpa de la parte actora en los hechos alegados como fundamento de sus pretensiones�; �enriquecimiento sin causa�.

3. LA SENTENCIA RECURRIDA. El juzgador a quo neg� las pretensiones. Sostuvo que �en las reclamaciones atinentes a las zonas comunes, debe necesariamente tener injerencia el representante legal de la propiedad horizontal, pues as� se colige del art�culo 24 (n�m. 2�) de la Ley 675 de 2001�; que �si bien los demandantes aportaron material publicitario del proyecto constructivo, el Despacho no tiene elementos de juicio suficientes (especialmente t�cnico) que permitan concluir cu�les son las diferencias entre lo ofertado y lo entregado, para lo cual hubiera sido de gran utilidad un dictamen pericial que ilustrara cuales eran las especificaciones estructurales y est�ticas y cu�les fueron las modificaciones que se le hicieron a las zonas comunes, a lo que se a�ade que en la misma publicidad se aclar� que las im�genes que all� figuran, eran meramente ilustrativas�; que �en los hechos y las pretensiones, se confunde lo que es la efectividad de la garant�a con la publicidad enga�osa�; que �los testimonios que se practicaron por solicitud de los demandantes, no ten�an ninguna formaci�n t�cnica en los asuntos que son relevantes para este proceso�; que �tampoco se demostr� la causaci�n de los perjuicios reclamados, ni la causalidad con las conductas que se les atribuy� a las demandadas�; que �no se acredit� la idoneidad del informe t�cnico que se alleg� con la demanda, ni en qu� consisti� la investigaci�n all� plasmada, o cual fueron los m�todos utilizados�; que �las todas las reclamaciones que se aportaron con el libelo incoativo, recaen sobre las zonas comunes, mas no sobre el apartamento de los demandantes y adem�s las efectu� la se�ora Hidalgo V�lez como miembro del consejo directivo y no como persona natural� y que �no est� demostrado que a las demandadas se les hubiera declarado judicialmente responsables de alg�n vicio oculto o de responsabilidad civil�. 4.

LA APELACI�N. Adem�s de insistir en sus alegaciones primigenias, y de reprochar el monto que el juez a quo fij� como agencias en derecho, los demandantes alegaron que �en el expediente existe concepto de la subdirectora de investigaciones y control de vivienda de las Secretar�a Distrital del H�bitat, la cual estableci� que se encuentran legitimados para actuar dentro del proceso del protecci�n al consumidor y en los que tengan que ver con la afectaci�n a la copropiedad, fuera de los �rganos de administraci�n de la misma, los copropietarios como directos responsables directos o indirectos del nombramiento de esos �rganos directivos�; que �la firma del otro s� de la promesa, para nada incide en la demanda, puesto que ninguna transacci�n all� se hizo sobre las deficiencias constructivas� y que �en la parte resolutiva ning�n pronunciamiento se hizo respecto de la existencia de la acreditada publicidad enga�osa, pese a haberla mencionado en sus consideraciones, aspecto que se encuentra probado debidamente con los documentos alusivos a la oferta comercial de la constructora�.

A�adieron que �el juez a quo bas� su decisi�n en los testimonios de los ingenieros encargados del desarrollo del proyecto, los cuales, es obvio, no declarar�an en su contra y no se tuvo en cuenta que la Secretar�a del H�bitat determin� que no se cumpli� con los planos del proyecto y por eso se compulsaron copias para que la Procuradur�a investigara a los curadores que aprobaron los planos; que en la misma secretar�a actualmente cursa un proceso para determinar si existen irregularidades en el proyecto y lo que entregaron las constructoras, lo que dar�a lugar a decretar de oficio la suspensi�n del proceso� y que �la fijaci�n de agencias en derecho est� siendo confundida y mal graduada, desconoci�ndose no solo las normas que la gobiernan, sino la procedencia y calidad de los demandantes�.

CONSIDERACIONES 1. Se proferir� decisi�n de fondo, por cuanto se verifica la ausencia de irregularidades que comprometan la validez de la actuaci�n, tema sobre el cual conviene a�adir que no le asiste raz�n a los apelantes, en cuanto sugirieron que la actuaci�n administrativa que actualmente se adelanta en contra de las aqu� demandadas ante la Secretar�a Distrital de H�bitat impon�a suspender, de oficio y por prejudicialidad, este litigio.

T�ngase en cuenta que, de conformidad con el art�culo 161 del C. G. del P., el rese�ado efecto se produce �nicamente �a solicitud de parte formulada antes de la sentencia� y, siempre y cuando, �la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial�, hip�tesis estas que no hacen presencia en este litigio. 2.

Tambi�n desde ahora anuncia la Sala que no encuentra de recibo las razones que tuvo en cuenta el juez de primera instancia, para concluir que los actores carecen de legitimaci�n en la causa respecto de las pretensiones que guardan relaci�n con las zonas comunes del conjunto residencial Villa Verde 183. Y es que, si bien es cierto que la disposici�n, el control y, en general, el manejo de esas �reas son funciones que, en principio, la Ley reserva a la asamblea general de copropietarios y al administrador de la respectiva persona jur�dica, tambi�n lo es que, con su demanda, los actores no pidieron propiamente que se efectuara alg�n ajuste o modificaci�n a esas zonas, sino que �nicamente aludieron a ellas (y a las deficiencias constructivas que, a su juicio, hoy presentan), para evidenciar la �publicidad enga�osa� y el �incumplimiento de la obligaci�n de garant�a� que le atribuyeron a las opositoras, con miras a obtener la reposici�n de un apartamento de similares caracter�sticas a las que, seg�n ellos, les fueron ofrecidas, y el resarcimiento de los perjuicios que dijeron haber sufrido por esas infracciones (pedimentos para cuya formulaci�n los actores est�n legitimados, en su condici�n de compradores, copropietarios y habitantes de la unidad privada sobre la que versa este litigio, a la luz de la definici�n de �consumidor� que contempla el art�culo 5�, num. 3� de la Ley 1480 de 2011). 3.

Sin perjuicio de lo anterior, anticipa la Sala que confirmar� el fallo apelado, en tanto que, como a espacio se expondr� en seguida, aqu� no se demostr� la concurrencia de los presupuestos que el ordenamiento jur�dico exige para la viabilidad de la acci�n de protecci�n al consumidor que incoaron los ahora recurrentes, con fundamento en el art�culo 56, numeral 3�, de la citada Ley 1480 de 2011. 3.1 SOBRE LA DEMORA EN EL PROCESO DE ESCRITURACI�N Y EL CAMBIO DE NOMENCLATURA DEL APARTAMENTO COMPRAVENDIDO.

Sobre estos respectos, el Tribunal no ofrecer� mayores consideraciones, por dos razones principalmente: la primera es que, en puridad, ninguna de las rese�adas �irregularidades� (as� se diera por cierto que en efecto se verificaron) concierne propiamente a un asunto de publicidad enga�osa, ni efectividad de la garant�a, sino que ata�en �nicamente a una discusi�n de cumplimiento contractual que, por lo mismo, resulta ajena a la modalidad de acci�n judicial por la que optaron los demandantes.

La segunda, es que los actores reconocieron (en su libelo incoativo, y al rendir su declaraci�n de parte), que las pr�rrogas para la firma de la escritura p�blica de compraventa y la modificaci�n de la nomenclatura del apartamento, fueron decisiones tomadas de mutuo acuerdo y as� mismo lo refleja el �otro s� con el que, el 12 de julio de 2014, los aqu� litigantes modificaron los t�rminos iniciales de la promesa de compraventa (fl. 17, c. 2), contingencia que impide colegir que esas modificaciones involucran una infracci�n contractual, como de alguna manera lo sugirieron los actores. 3.2 SOBRE LA PUBLICIDAD ENGA�OSA.

Contrario a lo que plante� la censura, en la parte resolutiva del fallo de primera instancia s� se desestimaron expresamente los pedimentos que se formularon sobre este tema, pues, finalmente, tras declarar probadas las excepciones de �falta de legitimaci�n en la causa por activa� e �inexistencia de vulneraci�n de los derechos del consumidor�, en el numeral tercero de ese fallo la Superintendencia neg� integralmente las pretensiones (fl. 57, vto.).

Como a espacio pasar a exponerse, esa decisi�n la comparte el Tribunal, pero por razones un tanto distintas de las que esgrimi� el juzgador de primera instancia. a. Sobre publicidad enga�osa, los demandantes limitaron su actividad probatoria a evidenciar las diferencias que, seg�n ellos, se observan entre las zonas -privadas y comunes- del conjunto residencial que inicialmente fueron prometidas, y las que, finalmente, se construyeron.

Tal labor de contraste, aunque indispensable en litigios como el de la referencia, resulta insuficiente, por s� sola, para evidenciar la �publicidad enga�osa� denunciada en la demanda (la cual habr�a reca�do, esto es medular, sobre un inmueble que, para la fecha en que se efectu� la labor promocional, a�n no exist�a). T�ngase en cuenta que, en el mejor de los escenarios para la parte actora, esa eventual divergencia, vista insularmente, podr�a denotar una posible infracci�n contractual (que, aunque censurable, no deja de ser ajena a los presupuestos de la espec�fica acci�n que aqu� se inco�), pero no permitir�a colegir, como lo exige el �xito de la demanda en estudio, que las condiciones constructivas que inicialmente ofrecieron las constructoras, no correspond�an a los t�rminos en que, en ese entonces, estaba ideada la edificaci�n, pues, por v�a de ejemplo, tales diferencias bien pueden obedecer a modificaciones sobrevinientes al momento de la publicidad, que, incluso, habr�an sido advertidas por las hoy demandadas en el material publicitario del proyecto (fl. 62, vto., c. 1) y que, adem�s, fueron aceptadas de antemano por los hoy demandantes en el contrato de promesa que antecedi� a celebraci�n de la escritura p�blica de compraventa (fl. 79, par�grafo 2�, cl�usula 8�).

No se olvide que, de conformidad con el art�culo 5� (num. 13) de la Ley 1480 de 2011, s�lo ser� publicidad enga�osa �aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad�, definici�n que impone asumir que para efectuar el respectivo juicio de reproche, el juzgador debe reparar principalmente en las caracter�sticas que el bien o servicio (o los respectivos planos o dise�os, si se trata de cosas futuras) presentaban al momento en que se ofrecieron al p�blico (esto, se insiste, sin desconocer los eventuales resarcimientos en que podr�a tener que incurrir el oferente por los incumplimientos contractuales o las alteraciones abusivas que unilateralmente introduzca a los productos ofrecidos, lo cual, en estricto sentido, no corresponde a lo que el ordenamiento jur�dico contempla como publicidad enga�osa). b. Adem�s de lo anterior, cabe agregar que los actores no probaron (como les incumb�a, de conformidad con el art�culo 167 del C. G. del P.) que, en la etapa de promoci�n del conjunto residencial sobre el que aqu� se contienden, las demandadas les hubieran ofrecido las especificaciones a que se aludi� en la demanda.

Ciertamente, en contrav�a con la exigencias probatorias que en la materia prev� el art�culo 58 (lit. a, n�m. 5�) de la Ley 1480 de 2011, ninguna de las probanzas a folios refleja que las constructoras hubieran prometido una �terraza ecol�gica�; una citofon�a digital instalada y funcional en cada apartamento; un sal�n comunal de dos pisos y con un dise�o interior distinto del que efectivamente fue entregado; una entrada peatonal independiente de la zona de ingreso vehicular; gasoductos de las unidades privadas instalados en la zona de lavander�a y no en los balcones; fachadas en graniplast y ladrillo; tanques de agua independientes para agua potable y para la �red contra incendio� y que las unidades privadas se entregar�an en un estado m�s avanzado de lo que tradicionalmente se conoce como �obra gris�.

Por el contrario, lo que reporta el expediente es que las aqu� opositoras advirtieron expresamente al p�blico (incluidos los ahora apelantes) que: se construir�a una �terraza verde en cubierta con zonas de BBQ� (fl. 63, c. 1), que, a falta de probanzas t�cnicas en contrario, ha de asumirse que corresponde a lo que efectivamente se entreg� (fl. 114, c. 2); que, para citofon�a, �se entregar� una caja con tapa ciega y alambrada en la zona de la cocina de los apartamentos, cuyo sistema no contar� con los cit�fonos instalados, m�s se dejan puntos como opci�n de mejora por parte de la copropiedad� (fl. 87, vto., c. 1); que el sal�n comunal estar�a ubicado, �nicamente, �en el primer piso de la zona comunal� (fl. 63); que la construcci�n de una puerta de ingreso vehicular independiente del acceso peatonal estaba supeditada �a la urbanizaci�n del predio colindante y a la ejecuci�n de la futura calle 185� y que, si ello no ocurr�a, �la alternativa de acceso vehicular y peatonal al proyecto� se har�a "por la esquina sur-oriental del predio sobre la carrera 7�, mediante una franja interior al conjunto y al lado del costado sur� (fl. 72), como en efecto ocurri� (fls. 123 a 126); que el gasoducto del apartamento estar�a instalado en el balc�n (ver plano visible a folio 19, en el que figuran dos firmas que los demandantes reconocieron haber impuesto, en se�al de recibo, desde el 12 de julio de 2014); que el proyecto contar�a con un solo �tanque de almacenamiento de agua� (fl. 92); que las �zonas verdes aleda�as�, que en el contrato de promesa de compraventa se identificaron como �zonas de cesi�n tipo A y Tipo B�, �no son parte de los bienes prometidos en venta en este documento� (fl. 75), a lo que se a�ade que los mismos demandantes reconocieron que en la actualidad ya est� en construcci�n el parque anunciado por las constructoras (cd., fl. 56, c. 3, min. 19:10); y que �el inmueble prometido en venta ser�a entregado �por la promitente vendedora en obra gris, raz�n por lo que desde ahora se deja claro que en la sala de ventas se exhibi� la vivienda modelo en las condiciones en que ser�a entregada y as� mismo se podr� exhibir otra vivienda modelo con acabados, los cuales estar�an a cargo y por cuenta de los promitentes compradores� (fl. 80, cl�usula 14�, num. 1�).

Sobre estos mismos temas, tambi�n es importante destacar que el color de las fachadas que figura en el material publicitario que se aport� con la demanda (que fue el par�metro de comparaci�n del que, sin pruebas t�cnicas adicionales, partieron los actores para denunciar un �enga�o� sobre este respecto), no permite concluir, como lo exig�a el �xito de la demanda, que efectivamente las constructoras anunciaron que ese recubrimiento se har�a con el insumo denominado �graniplast�, por lo que la recreaci�n digital que se imprimi� en esos folletos, no ofrece mayor utilidad a los prop�sitos de la demanda en la medida en que, a voces del art�culo 29 de la Ley 1480 de 2011, en materia publicitaria s�lo son vinculantes para el expendedor del bien o servicio �las condiciones objetivas y espec�ficas anunciadas�.

Adem�s, ha de memorarse que los aqu� demandantes facultaron expresamente, y de antemano, a las opositoras para introducir las modificaciones constructivas que estimaran pertinentes, siempre que las mismas no versaran sobre caracter�sticas esenciales del proyecto (como metraje, ubicaci�n, etc.), contingencia que cobra aun m�s relevancia en este litigio, en la medida en que el costado trasero de las edificaci�n (que fue el que no se cubri� con graniplast), fue revestido con un material de pintura denominado �coraza�, el cual, seg�n lo destac� el testigo t�cnico Jos� Manuel Gonz�lez, es impermeable y de mejor calidad que el graniplast (ver cd., fl. 56, c. 3, min. 2:50:00 y, sobre este mismo tema, fls. 72 a 77, c. 2). 3.3 SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA GARANT�A. Sobre esta tem�tica, cumple advertir que, por tratarse el de la referencia de un proceso de protecci�n al consumidor (y no propiamente una actuaci�n administrativa de desmejoramiento de especificaciones t�cnicas), las deficiencias constructivas a que se aludi� en la demanda, s�lo habr�an podido tener incidencia en este litigio en la medida en que hubieran involucrado un incumplimiento al r�gimen de garant�as que prev� la Ley 1480 de 2011, es decir, que guardaran relaci�n con la calidad, idoneidad, seguridad y buen estado del inmueble materia de controversia o con la estabilidad de esa edificaci�n. Ahora, ante la ostensible dificultad que reviste la adecuada valoraci�n de la discusi�n aqu� planteada, es inocultable la utilidad que para el juez representan los dict�menes y testimonios t�cnicos que para el efecto se recauden, en tanto que, �cuando de asuntos t�cnicos se trata, no es el sentido com�n o las reglas de la vida los criterios que exclusivamente deben orientar la labor de b�squeda de la causa jur�dica adecuada, dado que no proporcionan elementos de juicio en vista del conocimiento especial que se necesita, por lo que a no dudarlo cobra especial importancia la dilucidaci�n t�cnica que brinden al proceso esos elementos propios de la ciencia -no conocidos por el com�n de las personas y de suyo s�lo familiar en menor o mayor medida a aquellos que la practican- y que a fin de cuentas dan, con car�cter general, las pautas que ha de tener en cuenta el juez para atribuir a un antecedente la categor�a jur�dica de causa�.

Pese a lo anterior, los actores no aportaron ninguna probanza t�cnica que evidenciara las siguientes irregularidades: la �grieta del costado sur de la Torre 1 que se extiende desde el 2� hasta el �ltimo piso de la edificaci�n�; la filtraci�n de aguas lluvias por las rejillas de ventilaci�n instaladas en la sala del apartamento; las �tomacorrientes sin protecci�n GFCI en la cocina� (ni la necesidad de instalaci�n de una distinta); la aver�a de la �planta el�ctrica�; el deterioro de los balcones, ni la altura (y su �insuficiencia�) de las barandas all� instaladas (en sentido contrario las demandadas aportaron copia del dise�o de esas barras, que reflejan el cumplimiento de la especificaciones exigidas en la norma t�cnica 4201, fl. 88, c. 2); los �malos olores de los ba�os que salen de los ductos que se comunican a trav�s de las rejillas�; la ausencia de rejillas de ventilaci�n en el ba�o principal (ni lo indispensable de esa ventanilla); la mala ubicaci�n de los �ejes de los sanitarios�; el desnivel del techo, y la consecuente �desalineaci�n� de la puerta de entrada, as� como tampoco la trascendencia que tendr�a el que algunos de los muros divisorios del apartamento estuvieran construidos en �superboard�; de hecho, ni siquiera se allegaron probanzas que ilustraran sobre las caracter�sticas de ese material o su falta de idoneidad para las �reas en que habr�an sido utilizado.

Tambi�n destaca la Sala que, en su intento de demostrar las irregularidades constructivas que denunciaron en su demanda, los actores adosaron a ese libelo incoativo un �aval�o de reconstrucci�n del conjunto residencial Villaverde 183� (fls. 180 a 188), elemento de juicio que no ofrece mayor provecho al �xito de las pretensiones, no s�lo por la falta de acreditaci�n de las calidades profesionales de las personas que lo elaboraron (asunto que resalt� el juez de primera instancia, sin reproche alguno de los apelantes), sino porque ese documento �nicamente involucra una cuantificaci�n de los costos que implicar�a �reconstruir� todas las zonas comunes del conjunto residencial en disputa, pero nada dice sobre las especificaciones t�cnicas de esa edificaci�n, su estado actual, ni mucho menos las razones por las que ser�a necesario adoptar tan dr�stico correctivo como el que all� se cuantific� (es decir, la total reconstrucci�n del proyecto inmobiliario).

Adem�s de esa �experticia�, la �nica probanza que de alguna manera podr�a ostentar naturaleza t�cnica, recaudada por cuenta de los demandantes, fueron las copias de una actuaci�n administrativa adelantada por la Secretar�a Distrital del H�bitat sobre el conjunto residencial sobre el que aqu� se contiende (fls. 27 a 51, c. 2), probanza que, en vez de servir al �xito de las pretensiones, lo perjudica, en la medida en que en dicho informe, la rese�ada entidad destac�, sobre las espec�ficas �irregularidades� que aqu� se denunciaron, que: �en las �reas exteriores se evidencia la existencia de peque�as modificaciones arquitect�nicas con respecto a los planos aprobados, que no afectan las condiciones de uso de las �reas comunes� (fl. 31); que �las escaleras de emergencia s� son herm�ticas hacia el interior, lo que garantiza la protecci�n contra el fuego y el humo� (fl. 30); que �las tomas el�ctricas dispuestas en los balcones para la conexi�n del calentador de tiro forzado se encuentran protegidas, por lo que las sociedades enajenadoras no incurren en deficiencia constructiva� (fls. 32 y 33); que, en cuanto a las cubiertas, acabados y ductos del BBQ, �no se evidencian falencias a nivel de cubierta, los buitrones se encuentran suficientemente prolongados de manera que no se perciben malos olores y no se establece existencia de desmejoramiento de especificaci�n de la ubicaci�n del BBQ� (fl. 33); que �las zona comunes no esenciales corresponden con las aprobadas en los planos arquitect�nicos, por lo que no se establece desmejoramiento de especificaciones� (fl. 34); que �no se establece existencia de falencia en el funcionamiento del sistema el�ctrico� y que �el sistema de cacofon�a no se encuentra ofrecido en el expediente de radicaci�n de documentos, por lo que no es posible establecer existencia de desmejoramiento de especificaciones o deficiencias constructivas� (fl. 34).

La �nica de las �fallas� constructivas denunciadas en la demanda que refrenda el concepto t�cnico en cita, es la ausencia de un sistema de desag�e y un �corta goteras� en los balcones de los apartamentos (fl. 32), deficiencia que, adem�s de no tener la trascendencia necesaria como para ameritar la �reposici�n� de un nuevo apartamento como lo reclamaron los actores, no involucra (o por lo menos no a la luz del material probatorio recaudado) un incumplimiento de la obligaci�n de garant�a a cargo de las constructoras, en la medida en que la foliatura no refleja que esa espec�fica irregularidad hubiera sido objeto de un reclamo previo y directo, como lo exige el numeral 5� del art�culo 58 de la Ley 1480 de 2011, ni, por contera, que se trate de una �falla reiterada� (presupuesto indispensable para la viabilidad de la �reposici�n� que reclamaron los actores, num. 2�, art. 11, ib.).

Tampoco el expediente permite colegir que las demandadas hubieran dejado de garantizar el buen funcionamiento de los ascensores instalados en los edificios que conforman el conjunto residencial, pues, a fin de cuentas, fue precisamente en cumplimiento de esa obligaci�n que las aqu� opositoras lograron, a trav�s de la formulaci�n de una demanda de tutela y un proceso de protecci�n al consumidor en contra de la sociedad proveedora de esa maquinaria (Ascensores Schindler de Colombia S.A.S.) que dicha compa��a ampliara la garant�a legal de los productos y reparara las fallas que inicialmente los mismos presentaban (fls. 99, 82 a 86, c. 2), sin que ninguna de las probanzas a folios refleje que esos inconvenientes se hubieran repetido con posterioridad a la intervenci�n de la expendedora.

En el escenario probatorio que as� se configur�, no queda camino distinto a colegir que anduvo afortunado el juez de primera instancia en cuanto tuvo por no probado el incumplimiento de la obligaci�n de garant�a que, en la demanda, se le atribuy� a las opositoras, pues, como qued� visto, la foliatura no refrenda esa imputaci�n. 4. Cabe destacar que, dado el fracaso de las pretensiones principales, el Tribunal no entrar� a estudiar la viabilidad del reclamo indemnizatorio que tambi�n formularon los demandantes, pues, a fin de cuentas, tal pedimento, por ser de naturaleza consecuencial, estaba supeditado a la demostraci�n de la publicidad enga�osa y al incumplimiento de la obligaci�n de garant�a en que se finc� la demanda. 5.

Tambi�n cabe agregar (por ser otro de los temas a que se refiri� la censura) que ante el fracaso de las pretensiones, no es factible censurar la condena en costas que se le impuso a la parte actora (as� lo prev� el art�culo 365 del C. G. del P.), a lo que se a�ade que el recurso de apelaci�n contra la sentencia, no es la oportunidad id�nea para impugnar la suma que se fij� como agencias en derecho (n�m. 5�, art. 366, ib.).

RECAPITULACI�N En resumidas cuentas, se confirmar� el fallo apelado, por cuanto los actores no demostraron (seg�n les incumb�a de conformidad con el art�culo 167 del C. G. del P.) los presupuestos que el ordenamiento jur�dico prev� para la viabilidad de la acci�n de protecci�n al consumidor fincada en publicidad enga�osa y en el incumplimiento de la obligaci�n de garant�a, escenario que, por igual, impone dejar inc�lume la negativa que el juez a quo le imparti� al reclamo indemnizatorio que se formul� como pretensi�n consecuencial y la condena en costas de primera instancia que se le impuso a los actores.

No se condenar� en costas de la alzada, debido al amparo de pobreza que el Tribunal concedi� a los apelantes. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot�, Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la Ley CONFIRMA la sentencia que el 5 de septiembre de 2017 profiri� la Superintendencia de Industria y Comercio en el proceso verbal que promovieron Luz Dary Hidalgo V�lez y Julio Alberto Cely Ni�o contra Inverconsa S.A.S. y CFC Construcciones S.A. Sin costas de segunda instancia, dado el amparo de pobreza que el Tribunal concedi� a los apelantes.

Devu�lvase la actuaci�n a la oficina de origen. Notif�quese. Los Magistrados, OSCAR FERNANDO YAYA PE�A MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA GERM�N VALENZUELA VALBUENA CSJ, sent. de septiembre 26 de 2002, exp. 6878, M. P. Jorge Santos Ballesteros. OFYP 2008 00220 01 PAGE 15 OFYPVZ 2016 76630 01 PAGE 4 =jrx�� 1 C ^ y � � � � � � �: @ h l m n p q ~ ��ȵ��ӣ�Ș��ȵȵȘȘ��Ȫtih�b�h"CJ^Jh�b�h"5�CJ\�^Jh�b�h�k mH $sH $h�b�hWw�mH $sH $h�b�h'ymH $sH $h�b�h0q)h�b�h"mH $sH $h�b�h0q)mH $sH $h�\mH $sH $h�b�h�0�mH $sH $h�b�h�b h�b�h"5�mH $sH $h�b�h"OJQJaJh�b�h�EOJQJaJ(<=Pij��p q ~ �� d�1$gd�5;$d\1$a$gdSRFgd�5; $dha$gd�0� $dha$gd�b $dha$gd�0�$a$gd�b $dha$gd�b m$$��`��a$gd�b $dha$gdi!�gdi!� � � � � #AW_`�� = J � � � � � � � n��￯��ߟߏ��o_o_o_o_oh�b�h�5;OJQJ\�^JaJh�b�h~=�OJQJ\�^JaJh�b�h oHOJQJ\�^JaJh�b�h�f�OJQJ\�^JaJh�b�h�k OJQJ\�^JaJh�b�h'yOJQJ\�^JaJh�b�hWw�OJQJ\�^JaJh�b�h)9�OJQJ\�^JaJh�b�heOJQJ\�^JaJh�b�h"OJQJ\�^JaJ% opq��CD<=�� Q(R(�,�,�/�/�/�/�� d�1$gd��$d\1$a$gdSRF d\1$gdM5< d�1$gd�qq d\1$gd��d\gd�\d\gdSRFnq��$eh��*/_cNORT��Ͽ��w�gWgWDg%h�b�hQ L5�6�OJQJ\�^JaJh�b�hZ4pOJQJ\�^JaJh�b�hQ LOJQJ\�^JaJ%h�b�h�k5�6�OJQJ\�^JaJh�b�h�kOJQJ\�^JaJ"h�b�hE�6�OJQJ\�^JaJ%h�b�hE�5�6�OJQJ\�^JaJh�b�hE�OJQJ\�^JaJh�b�h>QvOJQJ\�^JaJh�b�hq�OJQJ\�^JaJh�b�h�f�OJQJ\�^JaJ��NTVjmor��̹��v�v�vcSCh�b�h)9�OJQJ\�^JaJh�b�h�^'OJQJ\�^JaJ%h�b�h�^'5�6�OJQJ\�^JaJh�b�h��OJQJ\�^JaJ%h�b�h�`C5�6�OJQJ\�^JaJh�b�h�`COJQJ\�^JaJh�b�h�A�OJQJ\�^JaJ%h�b�h�A�5�6�OJQJ\�^JaJh�b�h�K�OJQJ\�^JaJ%h�b�h�; 5�6�OJQJ\�^JaJh�b�h�;

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