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Discutido y Aprobado en Sala de Decisi�n de Octubre 25 de 2005. MAGISTRADA PONENTE: DRA. CLARA BEATRIZ DE ARAMBURO. Procede la Sala a resolver lo que legalmente corresponda en relaci�n con la controversia que se ha suscitado entre los Juzgados Sexto Penal del Circuito y Diecis�is Civil del Circuito de esta ciudad, a prop�sito del conocimiento de las diligencias a que se contrae la demanda EJECUTIVA instaurada por MARIA DEL CARMEN RAMIREZ contra FELIX ANGELINO PRIETO MENDEZ.
I.
ANTECEDENTES A. El Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad mediante sentencia de diciembre tres de mil novecientos noventa y nueve, declar� penalmente responsable al se�or FELIX ANGELINO PRIETO MENDEZ de la comisi�n del delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir y acceso carnal abusivo con menor de 14 a�os, en concurso heterog�neo y sucesivo con lesiones personales por perturbaci�n ps�quica de car�cter permanente en las menores Ang�lica Quintero Ram�rez y Luyeni Cruz Ram�rez, con las consecuentes condenas que en este tipo de acciones ha de realizarse, disponiendo finalmente que una vez ejecutoriada esa decisi�n se enviara las copias que se�ala el art�culo 501 del C�digo de Procedimiento Penal.
En cumplimiento a esa �ltima determinaci�n el citado funcionario remiti� copia del referido fallo, as� como del emitido por la Fiscal�a 232 de la Unidad de Delitos contra la libertad y el Pudor Sexual, junto con las comunicaciones enviadas a la oficina de Registro de Instrumentos P�blicos y folio de matr�cula inmobiliaria del inmueble cautelado dentro de esas diligencias, a la Oficina Judicial de reparto a fin de que las mismas fueran sometidas al repartimiento entre los Juzgados Civiles del Circuito de esta ciudad; todo ello de conformidad con lo preceptuado en el art�culo 58 inciso segundo del C�digo de Procedimiento Penal.
B. Surtido el tr�mite pertinente, esas diligencias, mediante reparto verificado el 25 de mayo de 2000 fueron asignadas al Juzgado 16 Civil del Circuito de esta localidad, despacho judicial que avoc� conocimiento de las mismas mediante auto de junio doce (12) de dos mil (2000). Practicadas las diligencias atinentes al secuestro y aval�o del bien inmueble cautelado, la juez de conocimiento mediante auto de diecisiete (17) de octubre de dos mil dos (2002), orden� devolver las diligencias al Juzgado Sexto Penal del Circuito de la ciudad, bajo el argumento que, habi�ndose declarado inexequible el art�culo 58 del C�digo de Procedimiento Penal por la Corte Constitucional en sentencia de julio 18 de 2001, ese juzgado no pod�a continuar conociendo de �stas (v. f. 128).
Mediante providencia de febrero dieciocho (18) de dos mil cuatro (2004), el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogot�, se abstuvo de avocar conocimiento del referido proceso ejecutivo seguido por Mar�a del Carmen Ram�rez contra Felix Angelino Prieto M�ndez, disponiendo su devoluci�n al Juzgado 16 Civil del Circuito y a su vez proponiendo la colisi�n de competencia, en el evento en que no se aceptaran los planteamiento all� expuestos (v. f. 133).
Devuelto el expediente, el Juzgado 16 Civil del Circuito, bajo la consideraci�n que efectivamente cuando asumi� conocimiento de esas diligencias el art�culo 58 del C. de P. Penal estaba vigente, nuevamente avoc� su conocimiento por auto de junio 23 de 2004, disponiendo que las diligencias permanecieran en secretar�a a disposici�n de las partes.
Bajo esa consideraci�n, el juez de conocimiento prosigui� con el tr�mite encaminado a efectivizar el secuestro del bien inmueble embargado. Encontr�ndose el asunto en esa etapa procesal, la Juez 16 Civil del Circuito advirti� que al no aceptar la competencia el Juzgado Sexto Penal del Circuito, ese despacho judicial hab�a provocado el conflicto negativo, el cual hasta ese momento no hab�a sido considerado por la autoridad judicial encargada de dirimirlo, por lo que procedi� a declarar la ilegalidad de la actuaci�n adelantada a partir del 23 de junio de 2004 y como consecuencia de ello, dispuso remitir las diligencias a la Sala General de esta Corporaci�n para que por conducto de la Sala Mixta correspondiente se resolviera el respectivo conflicto, el que ahora pasa a desatarse.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Conforme con las previsiones del inciso 2� del art�culo 18 de la ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administraci�n de Justicia), esta Sala es competente para conocer del presente conflicto, por haberse suscitado entre despachos judiciales de diferente especialidad pertenecientes al mismo Distrito Judicial.
De las providencias dictadas por cada uno de los juzgados, el Civil del Circuito y Penal del Circuito, claramente se deduce que el conflicto suscitado entre los mismos, hace relaci�n al factor objetivo de la competencia, es decir, a la materia sobre la cual versa la litis. 2. La ley tiene establecido a cada una de las especialidades que conforman la jurisdicci�n ordinaria (penal, civil, laboral, familia y agraria) el tipo de asuntos que les corresponde dirimir, pero por el hecho de estar integradas en la misma, no por eso pierden su individualidad, o mejor, su car�cter independiente, como se les reconoce en las propias normas que las crearon.
Es as� como a la rama penal le corresponde conocer de la existencia de los delitos para aplicar la respectiva sanci�n, con la consecuente indemnizaci�n de los perjuicios ocasionados (art. 25 C. P.), mientras que la rama civil es residual, en el sentido que le corresponde conocer, dentro de este campo, no solo los asuntos que se le atribuyen, sino todos los que no est�n expresamente asignados a otros funcionarios (art. 12 C. de P. C.).
A lo anterior debe agregarse que la acci�n penal es de car�cter p�blico, mientras que la acci�n civil es privada. 3. En el caso bajo examen, la colisi�n negativa entre los mencionados Juzgados 16 Civil del Circuito y 6� Penal del Circuito de esta localidad, radica en la discrepancia acerca del alcance del art�culo 58 del Decreto 2700 de 1991, frente al surgimiento de la ley 600 de 2000 que consagra el r�gimen procesal penal y la declaratoria de inexequibilidad de su art�culo 58 por la Corte Constitucional mediante sentencia C-760 del 18 de julio de 2001, de donde ambos despachos judiciales entendieron, no ser competentes para adelantar el tr�mite relativo a la venta en p�blica subasta del bien de propiedad del acusado en el proceso penal, que fuera gravado en la acci�n punible para garantizar el cumplimiento y pago de los perjuicios a que fue condenado como pena complementaria.
Sobre el punto, establec�a el art�culo 58 del Decreto 2700 de 1991, que si �hubiere bienes embargados o secuestrados, de oficio se remitir� al juez civil competente copia autentica de la providencia y de las dem�s piezas procesales, para que �ste, previas las formalidades previstas en la ley procesal civil, decrete y proceda al remate de tales bienes��.
Pero el Decreto 2700 de 1991 fue derogado en su totalidad y por ende bajo esa situaci�n quedaba su art�culo 58 por la emisi�n de la Ley 600 de 2000, en la que en forma coincidente en su art�culo 58 el legislador procesal penal, cambiaba la regla y dispon�a: �Ejecuci�n de la sentencia que ordena el pago de perjuicios. La sentencia que ordena el pago de perjuicios, una vez ejecutoriada, prestar� m�rito ejecutivo ante los jueces civiles.
Estos informar�n al juez penal de la emisi�n del mandamiento de pago, deber que le ser� advertido por el juez penal en la sentencia. Recibida tal informaci�n, si hubiere bienes embargados o secuestrados, se dejar�n a disposici�n del juez civil sin levantar tales medidas. Si dentro de los tres meses siguientes a la ejecuci�n de la sentencia condenatoria, el juez penal no es informado de la emisi�n del mandamiento de pago, levantar� las medidas de embargo y secuestro que hubiere decretado�.
Mas, la Corte Constitucional mediante sentencia C-760 del 18 de julio de 2001 declar� la inexequibilidad de la norma antes transcrita, incluso antes de que entrara en vigencia la mencionada ley 600 que lo fue por el propio mandato de su art�culo 536 para el 25 de julio de 2001, o sea, que el mencionado art�culo 58 de la citada ley no alcanz� a tener vida jur�dica, no alcanz� a entrar en vigencia, no tuvo funci�n alguna en el �mbito de la aplicabilidad de esa ley reguladora del c�digo de procedimiento penal.
Fue entonces apoyado en estas circunstancias que el Juzgado 16 Civil del Circuito declin� su competencia para continuar conociendo de las diligencias encaminadas a obtener el remate de los bienes de propiedad del acusado en el proceso penal. 3.1. Revisadas las diligencias, como premisa inicial debe resaltar la Sala, que cuando se profiri� la sentencia condenatoria en la cual, entre otros ordenamientos, dispuso compulsar las copias pertinentes ante el Juez Civil, �sta �ltima determinaci�n tuvo un respaldo jur�dico, cual fue, el art�culo 58 de la Ley 2700 de 1991 el cual se encontraba vigente para �sa �poca, as� como para la fecha en que le fueron asignadas mediante reparto las diligencias al Juzgado 16 Civil del Circuito � 26 de mayo de 2000-, habiendo avocado conocimiento de las mismas en junio doce (12) del mismo a�o. Si esto es as�, no queda la menor duda que habiendo asumido conocimiento de las diligencias la Juez 16 Civil del Circuito, en vigencia del memorado art�culo 58, no se entiende el porque, mucho tiempo despu�s, apoyada en la inexequibilidad de la citada norma, resuelve apartarse del conocimiento del asunto, para radicar la competencia ante el juez penal que profiri� la sentencia de condena, sin observar lo consagrado en el art�culo 40 de la Ley 153 de 1887, disposici�n que haciendo culto a la doctrina que distingue los actos procesales consumados de los no consumados, prev� algunas salvedades que se muestran imperiosas y plenamente justificadas en aras del orden procesal.
La anterior disposici�n concordante con el art�culo 43 de la mencionada Ley, tiene especial importancia en este caso, por cuanto al asumir el conocimiento la Juez Diecis�is Civil del Circuito lo hizo en vigencia de la norma y desde luego, en virtud del principio de la perpetuatio iurisdictiones se determin� lo concerniente a la competencia. Entonces, si el legislador penal previ� que era el juez civil a quien le compet�a decretar y proceder al remate de los bienes gravados dentro de la acci�n punible y habi�ndose cumplido en el caso bajo estudio, la actuaci�n en imperio de la disposici�n que as� lo consagraba, no queda discusi�n alguna sobre ese particular, que es al Juzgado 16 Civil del Circuito a quien le corresponde continuar conociendo de las diligencias encaminadas a obtener la venta en p�blica subasta de los bienes de propiedad del acusado, pues es claro, que cuando se retiran normas que son inaplicables no se puede generar vac�os en el ordenamiento jur�dico, por lo que se impone acudir a las reglas de orden jur�dico que prev�n situaciones similares. 4.
Se tiene establecido tanto por la jurisprudencia como por la doctrina que el proceso de ejecuci�n tiene por finalidad procurar al titular del derecho subjetivo la satisfacci�n de la pretensi�n no cumplida voluntaria y extrajudicialmente por el deudor; su objeto es la realizaci�n de un derecho privado reconocido en sentencia de condena o en otro t�tulo que lleve insita la ejecutividad, es una coacci�n dirigida a lograr el cumplimiento de la obligaci�n. En este tipo de acci�n, el t�tulo es el presupuesto o condici�n de la ejecuci�n y consiste necesariamente en un documento contentivo de una voluntad concreta, de la cual resulta a cargo del demandado o de su causante una obligaci�n expresa, clara y exigible.
Como quiera que a trav�s del proceso ejecutivo se busca la realizaci�n de un derecho privado debidamente declarado o consignado en un t�tulo o sentencia de condena (art. 488 C. P. Civil), es incuestionable que su conocimiento corresponde a la rama civil, especialidad a la cual la ley le ha asignado todos aquellos asuntos que no le corresponden a una especial.
Ahora, si bien es cierto que los jueces penales dentro de algunos tr�mites que se surten en determinadas investigaciones, deben aplicar por remisi�n de la misma norma penal, las disposiciones del C�digo de Procedimiento Civil, ello no quiere decir que tengan que asumir el conocimiento de asuntos asignados a otros funcionarios judiciales, pues es claro que por la misma naturaleza del proceso, como ocurre en el caso que se analiza, es una situaci�n que escapa de la competencia de la rama penal.
En otros t�rminos, los argumentos que diera la juez a quien se le asign� por reparto las diligencias encaminadas a verificar el remate de los bienes cautelados, para sustraerse del conocimiento del referido asunto carecen de fundamento legal. Por lo tanto, es n�tida la materia sobre la cual versan las diligencias y clara la competencia del Juzgado Diecis�is Civil del Circuito para conocer de las mismas a trav�s de las cuales se pretende el remate del bien inmueble embargado, secuestrado y avaluado, para que con su producto se satisfaga la condena impuesta en favor de la demandante y contenida en la sentencia de condena allegada, como as� se dispondr�.
III. DECISION En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D. C., en Sala Mixta de Decisi�n, R E S U E L V E: 1. DISPONER que es el Juzgado Diecis�is (16) Civil del Circuito de esta ciudad el que debe conocer de las diligencias a que se contrae la demanda ejecutiva seguida por MARIA DEL CARMEN RAM�REZ contra FELIX ANGELINO PRIETO MENDEZ, despacho al que se ordena remitir el expediente para la evacuaci�n del tr�mite correspondiente. 2.
Comun�quese lo aqu� dispuesto al Juzgado Sexto (6�) Penal del Circuito de esta localidad para lo pertinente. Of�ciese. COPIESE,
NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE CLARA BEATRIZ DE ARAMBURO Magistrada FERNANDO ADOLFO PAREJA REINEMER Magistrado LUIS ALFREDO BARON CORREDOR Magistrado PAGE 2 CONFLICTO COMP. JUZGADOS 16 CIVIL CIRCUITO Y 6� PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA. ______________ ______________________________________________ Rad. 2005027. ;HJZ������������ � � � � � � � � / G H O k l m n � ���Ÿ���{���o�o�o�o�o��Ջ�Ջ���d�h�F\h@7rCJaJh�F\CJOJQJaJh�F\h@7r6�CJOJQJaJh�F\5�6�CJOJQJaJh0D5�6�CJOJQJaJhZl�5�6�CJOJQJaJhCd5�CJOJQJaJh�F\h@7r5�CJOJQJaJh�F\h@7rCJOJQJaJh�F\h@7r6�aJ"h�F\h@7r5�6�CJOJQJaJ%(;HIJK��������� m n � G �������������������������$a$gdsd�gd�F\$a$gdCd$a$gd�F\d�gd�F\$a$gd�F\6?@��� � *+����������������z��|}������������ָ�֬����������|�|p���pdUdUh�F\h@7rCJOJQJaJhR<�CJOJQJaJh�jXCJOJQJaJh)W�CJOJQJaJhkr�CJOJQJaJh/�CJOJQJaJha�CJOJQJaJh�yiCJOJQJaJ"h�yih�yi5�6�CJOJQJaJhZl�CJOJQJaJhEnCJOJQJaJhsCJOJQJaJ"hshs5�6�CJOJQJaJ!����������78op��%&3"4"�#�#�$�$a&��������������������������gd�F\$a$gd�F\$a$gd�F\$a$gds278:;���������%&')-"."2"3"4"�"�#�����������ϧϚ�{ocoT�cB"h!9�h!9�5�6�CJOJQJaJh�4 h�4 CJOJQJaJh!9�CJOJQJaJh�4 CJOJQJaJh�4 5�CJOJQJaJ"hC;�h�4 5�6�CJOJQJaJh��5�CJOJQJaJh�/�CJOJQJaJh�F\h@7r5�CJOJQJaJh|iCJOJQJaJh�F\h@7rCJOJQJaJh�F\h@7r6�CJOJQJaJ"h�F\h@7r5�6�CJOJQJaJ�#�#�#�#�$�$�$�$r%s%{%�%�%�%�%='A'D'E)F)G);*<*=*@*������˹��������ˎrfWrE"hC;�hC;�5�6�CJOJQJaJh#P&hw�CJOJQJaJh#P&CJOJQJaJh[rl5�CJOJQJaJh[rlh!9�CJOJQJaJh[rlCJOJQJaJh�Tr5�CJOJQJaJ"h�Trh�Tr5�6�CJOJQJaJ"h�Trh!9�5�6�CJOJQJaJh!9�5�CJOJQJaJh��5�CJOJQJaJh!9�h!9�CJOJQJaJh!9�CJOJQJaJa&b&C'D'F)G)<*=*�,�,7/8/�0�0q3r3D6E6�7�7�:�:�::<;<I<J<��������������������������$a$gd�F\d�gd�F\d�gd�F\$a$gd�F\@*B*�,�,�,�,>.K.L.4/5/6/8/�061�2�2o3p3q3r3s3t3E6�����¶����檶�����teSDh�F\h@7rCJOJQJaJ"h�F\h@7r5�6�CJOJQJaJhnQ5�6�CJOJQJaJhC;�5�6�CJOJQJaJhC;�h�CJOJQJaJh/ CJOJQJaJhd�CJOJQJaJhD.fCJOJQJaJh�CJOJQJaJh�a"CJOJQJaJhv<%CJOJQJaJhC;�CJOJQJaJh�.�CJOJQJaJhC;�5�CJOJQJaJE6F6F8_8�9B:�:�:�:�:�:�:�:;;;;3;;;J;K;P;R;b;�;�;!<"<:<I<J<�<�<�<�<�<�<�<�<������������������͚���m��m�a�hiI%CJOJQJaJ"h�F\h@7r5�6�CJOJQJaJh�F\h@7r5�CJOJQJaJh�F\h@7rCJaJh�p#CJOJQJaJh.)7CJOJQJaJh�F\h�CJOJQJaJh@7rCJOJQJaJh�/�CJOJQJaJh�-CJOJQJaJh�F\h@7rCJOJQJaJhQ_CJOJQJaJ&J<�<�<�<�<�<>>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>? 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