Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 520013105003 – 2017 - 000409 – 01 (004)

Sala: SALA LABORAL

Ponente: Clara Inés López Dávila.

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INEFICACIA DEL ACTO JUR�DICO DE TRASLADO DEL R�GIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACI�N DEFINIDA AL DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD - La falta de asesor�a y de informaci�n clara, completa y comprensible por parte de las administradoras de pensiones, sobre las consecuencias de cambio de r�gimen pensional, da lugar a la ineficacia o la exclusi�n de todo efecto jur�dico del acto de traslado.

INEFICACIA DEL ACTO JUR�DICO DE TRASLADO DEL R�GIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACI�N DEFINIDA AL DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD - CARGA DE LA PRUEBA: Les compete a las administradoras de fondos de pensiones demostrar que el potencial afiliado al momento del traslado recibi� la informaci�n. INEFICACIA DEL ACTO JUR�DICO DE TRASLADO DEL R�GIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACI�N DEFINIDA AL DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD - Ni la legislaci�n ni la jurisprudencia establecen que se debe contar con una expectativa pensional o derecho causado para que proceda la ineficacia del traslado a una AFP por incumplimiento del deber de informaci�n. Con base en el marco normativo y jurisprudencial que orienta la materia, hay lugar a decretar la ineficacia del acto jur�dico de traslado de r�gimen efectuado por la parte demandante, al establecerse que la administradora de fondos de pensiones accionada, al momento de efectuar el traslado del r�gimen de prima media al de ahorro individual, omiti� el deber de brindar informaci�n clara, completa y comprensible y toda la asesor�a necesaria, tanto de los beneficios como de los posibles perjuicios que ello conllevaba; constatando que no se realiz� un an�lisis de su situaci�n particular, resultando dicho traslado lesivo a sus derechos; ineficacia del acto jur�dico que implica privarlo de todo efecto pr�ctico, bajo la ficci�n jur�dica de que nunca se traslad� al RAIS, sino que siempre estuvo afiliado al RPMPD y que ahora se encuentra a cargo, en forma exclusiva, de COLPENSIONES Como consecuencia de la procedencia de la ineficacia y como la conducta indebida parti� del fondo administrador del RAIS, este debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas en el capital destinado a la financiaci�n de la pensi�n de vejez, pues las consecuencias de tal actuaci�n, no pueden extenderse ni a COLPENSIONES ni a la demandante, por lo cual deber� devolver la totalidad de lo ahorrado por concepto de aportes pensionales, bonos pensionales, as� como los rendimientos financieros y utilidades obtenidos, debidamente indexados.

REP�BLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL  TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE PASTO SALA DE DECISI�N LABORAL (ORALIDAD) AUDIENCIA DE ALEGATOS DE CONCLUSI�N Y JUZGAMIENTO FECHA: 1� DE AGOSTO DE 2019 En San Juan de Pasto, siendo el d�a y hora previamente se�alados para la celebraci�n de la presente actuaci�n, los se�ores Magistrados integrantes de la Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, doctores CLARA IN�S L�PEZ D�VILA, JUAN CARLOS MU�OZ y CLAUDIA CECILIA TORO RAM�REZ, nos constituimos en AUDIENCIA P�BLICA dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por CONSTANZA MU�OZ SANTANDER en contra de PORVENIR S.A., PROTECCI�N S.A., UNIDAD DE GESTI�N PENSIONAL Y PARAFISCALES (U.G.P.P.), COLFONDOS S.A. y COLPENSIONES, radicado bajo el n�mero �nico nacional 520013105003 � 2017 - 000409 � 01 (004), acto para el cual las partes se encuentran debidamente notificadas.

La Sala asume competencia del presente asunto para resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandada �PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A., as� como el grado jurisdiccional de consulta que se surte a favor de COLPENSIONES, por cuanto la decisi�n proferida el 22 de noviembre de 2018, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, result� adversa a sus intereses.

PRESENTACI�N DE ASISTENTES y ALEGATOS DE CONCLUSI�N (ART. 82 C.P.L. y S.S. � mod. art. 13 de la ley 1149 de 2007 // art. 107 C.G.P. num. 3�. m�ximo 20 minutos). Escuchadas las partes en alegatos de conclusi�n, se clausura esta etapa procesal � notifica en ESTRADOS. Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue discutido y aprobado un�nimemente por los integrantes de la Sala de Decisi�n Laboral, seg�n consta en el acta No._____ de la fecha y por ello se dicta la siguiente SENTENCIA I.

ANTECEDENTES Pretende la actora, por esta v�a judicial, que se declare la NULIDAD tanto de la afiliaci�n al R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en adelante RAIS, realizada a trav�s de la demandada COLFONDOS S.A., as� como de los traslados realizados a las tambi�n demandadas PROTECCI�N S.A. y PORVENIR S.A. y como consecuencia de ello, se condene a PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES los dineros existentes en la cuenta de ahorro individual de la actora con sus respectivos rendimientos y a �sta �ltima a recibirlos, solicitando adem�s se condene a los fondos de pensiones privados demandados al pago de perjuicios morales en una cuant�a de 200 smlmv, junto con la condena en costas.

Iguales pretensiones formula a manera de subsidiarias, pero anhelando que sea la UNIDAD DE GESTI�N PENSIONAL Y PARAFISCALES � UGPP, quien reciba los dineros ahorrados por la demandante. Como fundamentos f�cticos de los anteriores pedimentos se�ala, en s�ntesis, que naci� el 16 de julio de 1960; que realiz� cotizaciones a la CAJA NACIONAL DE PREVISI�N SOCIAL (CAJANAL) desde el 13 de junio de 1990, traslad�ndose al extinto ISS el 29 de mayo de 1995 y luego, el 20 de noviembre del mismo a�o, la entidad Colfondos S.A. promovi� su afiliaci�n al RAIS, sin que mediase asesor�a id�nea para adoptar tal decisi�n. Posteriormente, el 30 de junio de 1998, se traslad� a la AFP Colmena Santander, hoy Protecci�n S.A., para finalmente, el 1� de agosto de 2003, hacerlo a Porvenir S.A., enfatizando que los citados fondos nunca le suministraron la debida informaci�n respecto de las diferencias entre permanecer en RAIS y trasladarse de nuevo a RPM.

Seguido a ello manifiesta que el 1� de diciembre de 2016, en simulaci�n de la pensi�n realizada por PORVENIR S.A., conoci� que al cumplir 57 a�os de edad su derecho pensional ser�a de $2.196.200, misma que resulta inferior a la que obtendr�a en el RPM. *Contestaci�n de la demanda y tr�mite de primera instancia Notificada en debida forma la entidad demandada PROTECCI�N S.A., a trav�s de apoderado judicial, contest� oportunamente sin allanarse ni oponerse a las pretensiones 1 y 4 de la demanda, pero si frente a las dem�s por considerar que en todo caso la actora se afili� de manera libre y voluntaria al fondo pensional que representa, para lo cual se le brind� la informaci�n que estaba disponible y era obligatoria en ese momento para las administradoras.

Haciendo �nfasis en que fue otra la entidad que promovi� el cambio de r�gimen de la accionante, por lo que no puede pronunciarse respecto de hechos relacionados a otros fondos pensionales, por no constarle. Por �ltimo propuso en su defensa varios medios exceptivos de fondo (Fls. 155 a 197). De igual manera, la entidad COLFONDOS S.A., notificada en debida forma y a trav�s de apoderado judicial, contest� el libelo genitor de manera oportuna (Fls. 213 a 256), sin allanarse ni oponerse a las pretensiones 3 y 4 de la demanda pero oponi�ndose a las dem�s, por considerar que en todo caso la actora se afili� de manera libre y voluntaria al fondo pensional que representa y que para ello se le brind� la informaci�n adecuada y precisa sobre las bondades y beneficios del traslado de r�gimen, proponiendo adem�s varios medios exceptivos de fondo.

Siguiendo el mismo hilo procesal, la convocada a juicio PORVENIR S.A, a trav�s de apoderado judicial, al contestar la demanda (Fls. 268 a 312) se opuso a todas las pretensiones argumentando que si bien la afiliaci�n inicial al RAIS la realiz� otra administradora de fondos pensionales, la misma se hizo como resultado de una decisi�n voluntaria, libre y aut�noma de la demandante y en lo que se relaciona con la afiliaci�n a su representada, la misma se realiz� con total consentimiento de la demandante, brind�ndole la informaci�n que estaba disponible y era obligatoria en ese momento para las administradoras.

Por �ltimo propuso varios medios exceptivos en su defensa. Por su parte la llamada a juicio COLPENSIONES, notificada en debida forma, contest� la demanda (Fls. 367 a 372) ateni�ndose a lo que resulte probado respecto de la pretensi�n quinta de la demanda y oponi�ndose al resto por considerar que la afiliaci�n y los traslados realizados por la demandante cuentan con su aprobaci�n, siendo de esa manera imposible la declaraci�n de la nulidad.

En su favor propuso varios medios exceptivos de defensa. Por �ltimo, la Unidad de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social � UGPP, respondi� la demanda de manera oportuna oponi�ndose a todas y cada una de las pretensiones propuestas por considerar que carecen de fundamentos de derecho, proponiendo en su defensa varios medios exceptivos. �!�!El proceso se dirimi� en primera instancia por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, mediante sentencia calendada 22 de noviembre de 2018, declarando la nulidad de la afiliaci�n de la actora del RPMPD al RAIS verificado ante la demandada COLFONDOS S.A. y en consecuencia dio la orden a PORVENIR S.A., administradora pensional a la que actualmente se encuentra afiliada la demandante, para que devuelva a COLPENSIONES la totalidad del capital de la cuenta de ahorro de la demandante a t�tulo de cotizaciones, bonos pensionales (si hubiere lugar a ellos), cantidades adicionales de la aseguradora con los frutos, intereses o rendimientos y a �ste �ltimo a recibirlos.

Finalmente conden� en costas �nicamente a COLFONDOS S.A., PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES. Para asumir tal determinaci�n, la A quo concluy� que ni la llamada a juicio COLFONDOS S.A., ni PORVENIR S.A., �ltimo fondo al cual se afili� la demandada, cumplieron con el deber de informaci�n que se ha dispuesto para efectos de traslados de reg�menes pensionales, siendo deber de las administradoras de fondos pensionales asumir tal carga probatoria para acreditar que la accionante recibi� la asesor�a previa a su traslado, con informaci�n clara y completa; por el contrario, encontr� la impartidora de justicia que la informaci�n entregada por la demandada fue gen�rica, sin explicaci�n personalizada sobre ventajas y desventajas de tal decisi�n y que tuvo un �nfasis netamente mercantil y econ�mico, siendo su �nico fin ganar mayor n�mero de afiliados. *Recurso de Apelaci�n

1. PARTE DEMANDADA - COLPENSIONES Inconforme con la decisi�n adoptada por la A quo, la apoderada judicial de la parte demandada - COLPENSIONES - interpuso y sustent� oportunamente recurso de apelaci�n en contra del numeral sexto de la sentencia referente a la condena en costas, trayendo a consideraci�n pronunciamiento de �sta Sala de Decisi�n en donde las mismas se imponen a la parte vencida del proceso, por lo que arguye que teniendo en cuenta que en el presente asunto la nulidad de afiliaci�n y el traslado de ahorros de la cuenta individual de la demandante se impusieron en contra de COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A., no habr�a lugar a la condena en costas a su representada, pues si bien COLPENSIONES result� condenada a recibir los dineros del citado fondo privado, tal condena se realiza como consecuencia directa de la orden de nulidad de afiliaci�n. Sumado a ello agrega que debe ser tenido en cuenta que su poderdante siempre obr� de buena f� y que la demandante radic� su solicitud de traslado de r�gimen cuando le faltaban menos de diez a�os para adquirir su derecho pensional. 2.

PARTES DEMANDADAS- PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A. De la misma manera, PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A., a trav�s de una misma apoderada judicial, interpusieron recurso de apelaci�n con base en los argumentos esbozados en los alegatos de conclusi�n y adem�s, frente a la condena en costas, por cuanto sus representadas actuaron bajo el principio de buena f�, tanto en el proceso judicial como en el proceso de afiliaci�n de la demandante.

II. TR�MITE DE SEGUNDA INSTANCIA Alegatos de conclusi�n� Surtido el tr�mite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisi�n atacada en v�a de apelaci�n por las partes demandadas, siguiendo los lineamientos de los art�culos 57 de la ley 2�. de 1984 y 66 A del C.P.L. y S.S., que regulan el principio de consonancia y en v�a jurisdiccional de consulta en favor de la entidad demandada COLPENSIONES, por cuanto la decisi�n adoptada por la falladora de primera instancia result� adversa a sus intereses, sin limitaciones de ninguna naturaleza por as� disponerlo el art. 69 del C.P.L. y S.S., modificado por el art. 14 de la ley 1149 de 2007, previas las siguientes, CONSIDERACIONES En virtud de lo anterior, le corresponde a esta Sala de Decisi�n plantear para su estudio el siguiente problema jur�dico: i) �Se encuentra ajustada a derecho la decisi�n adoptada por la falladora de primera instancia, quien por encontrar demostrados los presupuestos f�cticos y jur�dicos declar� la nulidad del �traslado de r�gimen pensional� de la demandante al R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado para el a�o 1994 por COLFONDOS S.A., con las consecuencias que de tal decisi�n se derivan, entre otras, que de su cuenta individual en RAIS sean trasladados con destino a la cuenta global del RPM administrada por COLPENSIONES, los aportes realizados, los bonos pensionales recibidos (si hubiere lugar a ellos), los rendimientos y dem�s erogaciones que resulten procedentes?; ii) La figura jur�dica aplicable al caso en estudio es la nulidad del acto de traslado o su ineficacia?; y iii) La determinaci�n de condenar a las demandadas COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A. a pagar sumas dinerarias por concepto de costas procesales, resulta acorde a derecho? Para desatar los anteriores nudos gordianos es necesario precisar, primigeniamente, que la demandante aspira la declaratoria de nulidad del traslado que hiciera al RAIS el 1�. de septiembre de 1994 promovido por COLFONDOS S.A. (Fls. 257 y 315), con la finalidad de regresar al RPM, conducido para ese momento por el extinto ISS, al cual se afili� v�lidamente el 3 de enero de 1990 (Fl. 436), por considerar que la informaci�n suministrada por llamada a juicio fue sesgada y tergiversada en sus consecuencias, en tanto le informaron que pod�a pensionarse a la edad que quisiera y con una pensi�n mayor a la que obtendr�a en el RPM, pero no le mostraron que perder�a las ventajas pensionales de dicho r�gimen, que su pensi�n ser�a m�s baja ni que el acceso ir�a m�s all� de los 57 a�os.

Ello fue acogido por la A quo, quien soportada en el material probatorio obrante en el plenario, la jurisprudencia que orienta la materia y la normativa aplicable al caso, concluy� que la entidad COLFONDOS S.A., fondo administrador del RAIS, con quien se surti� el traslado con efectos a 1� de septiembre de 1994, omiti� su deber de informar a la actora, tanto en los beneficios como en las desventajas que implicar�a adoptar tal decisi�n y ello, en su criterio, soporta nulitar el acto.

El efecto dado a tal decisi�n es que la demandante retorne al RPM, hoy administrado por COLPENSIONES, en tanto su afiliaci�n al sistema pensional se realiz� inicialmente a Cajanal y luego al extinto ISS, de donde se traslad� al RAIS. Y tal postura argumentativa, si bien es avalada por esta Colegiatura en algunos de sus postulados, ser� modificada para declarar que el acto jur�dico de traslado de r�gimen no es nulo sino ineficaz, con las consecuencias jur�dicas que esto conlleva, con base en el marco normativo y jurisprudencial que orienta la materia, pues la permanencia o no de un afiliado en cualquiera de los reg�menes, �RPM o RAIS- es una cuesti�n inherente al derecho a la seguridad social y, por tanto, redunda en cualquier prestaci�n que en materia pensional provenga de aqu�l. As� las cosas, el principio de seguridad jur�dica se cumple cuando las normas se interpretan y aplican correctamente, en aras de que sean consistentes con las dem�s disposiciones e instituciones compatibles con los valores del ordenamiento jur�dico en general y con los criterios jurisprudenciales que trazan una l�nea interpretativa en torno al tema, tales como la protecci�n de los derechos adquiridos y la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social consignado en el art�culo 48 de la Constituci�n Pol�tica.

La tesis antes expuesta se respalda en lo que a continuaci�n se explica: *Obligaci�n de las administradoras del RAIS de brindar informaci�n clara, completa y comprensible al afiliado, antes de tomar la decisi�n de traslado � incluso de afiliaci�n inicial en materia pensional � INEFICACIA DEL ACTO JUR�DICO En torno a esclarecer el punto toral que ocupa la atenci�n de esta Sala, se tiene que la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Casaci�n y �rgano de cierre de la jurisdicci�n ordinaria, encargada de la unificaci�n e integraci�n de la jurisprudencia laboral, ha mantenido frente al tema una postura invariable en su esencia, con algunas precisiones dadas a lo largo del tiempo.

En efecto desde la sentencia relevante de 22 de septiembre de 2008, radicaci�n 31.989, M.P. Dr. Eduardo L�pez Villegas, citada tambi�n en las sentencias 31.314 de la misma fecha, 33.083 (de instancia) de 11 de noviembre de 2011 y replicada con algunas subreglas especiales en las sentencia SL 12136-2014, SL9519-2015, SL19447-2017, SL17595-2017 y las recientes SL2372-2018, SL4964-2018, SL4989-2018, SL1452-2019, SL1421-2019, SL1688-2019 y SL-1689-2019, advierten que �la reacci�n del ordenamiento jur�dico a la afiliaci�n desinformada, es la ineficacia o la exclusi�n de todo efecto jur�dico del acto de traslado -art�culos 271 y 272 Ley 100 de 1993-; de ah� que, es este, el tratamiento que le corresponde a la Sala darle al examen del acto de cambio de r�gimen pensional por trasgresi�n al deber de informaci�n�; pero adem�s ha sido enf�tica en advertir (sentencia CSJ SL1452-2019), que las AFP, desde su creaci�n, �ten�an el deber de brindar informaci�n a los afiliados o usuarios del sistema pensional, a fin de que estos pudiesen adoptar una decisi�n consciente y realmente libre sobre su futuro pensional -art�culos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, 97, numeral 1.� del Decreto 663 de 1993, modificado por el art�culo 23 de la Ley 797 de 2003 y dem�s disposiciones constitucionales relativas al derecho a la informaci�n, no menoscabo de derechos laborales y autonom�a personal-.

Posteriormente, se agreg� a dicho deber la obligaci�n de otorgar asesor�a y buen consejo -art�culo 3.�, literal c) de la Ley 1328 de 2009, Decreto 2241 de 2010- y, finalmente, se impuso la exigencia de doble asesor�a -Ley 1748 de 2014, art�culo 3.�del Decreto 2071 de 2015, Circular Externa n.� 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera� Por otra parte, expuso: �(ii) En el campo de la seguridad social, existe un verdadero e ineludible deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SL19447-2017), pues dicho procedimiento garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, que el usuario comprende las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliaci�n al r�gimen; esto es que, previamente a tal acto, aquel recibi� informaci�n clara, cierta, comprensible y oportuna.

Luego, el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliaci�n es insuficiente para dar por demostrado el deber de informaci�n�. �(iii) La aseveraci�n del afiliado de no haber recibido informaci�n corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo por el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumpli� esta obligaci�n, por cuanto la documentaci�n soporte del traslado debe conservarla en sus archivos, y en tanto es la obligada a observar el deber de brindar informaci�n y probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento�. �(iv) Ni la legislaci�n ni la jurisprudencia establecen que se debe contar con una expectativa pensional o derecho causado para que proceda la ineficacia del traslado a una AFP por incumplimiento del deber de informaci�n; de modo que procede sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si est� pr�ximo o no a pensionarse, dado que la violaci�n del deber de informaci�n se predica frente a la validez del acto jur�dico de traslado, considerado en s� mismo (negrillas de la ponente)�.

En todo caso, se concluye, el deber de informaci�n incluye, adem�s, la tarea de �desanimar al interesado de tomar una opci�n que claramente le perjudica� y su carga probatoria recae en las Administradoras de Fondos Pensionales y no en la parte convocante a juicio. Adicionalmente en la �ltima sentencia en cita, enfatiza en que �(�) se declarar� la ineficacia de la afiliaci�n del demandante al RAIS, determinaci�n que implica privar de todo efecto pr�ctico al traslado, bajo la ficci�n jur�dica de que nunca se traslad� al RAIS o, m�s bien, siempre estuvo afiliado al RPMPD (�)� Pues bien, en este orden, debe la Sala se�alar que la selecci�n de uno de los reg�menes del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, es libre y voluntaria por parte del afiliado, tal y como lo dispone el literal b) del art�culo 13 de la Ley 100 de 1993, el cual reza: �La selecci�n de uno cualquiera de los reg�menes previstos por el art�culo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestar� por escrito su elecci�n al momento de la vinculaci�n o del traslado.

El empleador o cualquier persona natural o jur�dica que desconozca este derecho en cualquier forma, se har� acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1�. del art�culo 271 de la presente ley�. Y tal normativa, art�culo 271 en cita, establece las sanciones pecuniarias para el empleador o cualquier persona natural o jur�dica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliaci�n y selecci�n de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se�alando en la parte final del inciso 1�., que: �(�) La afiliaci�n respectiva quedar� sin efecto y podr� realizarse nuevamente en forma libre y espont�nea por parte del trabajador�.

A su turno, el art. 272, dispone: �El Sistema de Seguridad Social establecido en la presente ley, no tendr�, en ning�n caso, aplicaci�n cuando menoscabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores�. Igualmente el art�culo 52 del mismo compendio, indica: �El r�gimen solidario de prima media con prestaci�n definida ser� administrado por el Instituto de Seguro Sociales. // Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector p�blico o privado, administrar�n este r�gimen respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan, sin perjuicio de que aquellos se acojan a cualquiera de los reg�menes pensionales previstos en la ley (�)� En consecuencia, esta decisi�n libre y voluntaria del afiliado, deber� apreciarse conforme lo rese�a Nuestro M�ximo �rgano de cierre jurisdiccional y la normativa vigente en la materia; es decir, como aquella especial obligaci�n de informaci�n a cargo de Administradora del R�gimen de Ahorro Individual, adem�s de la asesor�a, que conlleve al logro de una relaci�n contractual transparente, lo que implica incluso, nitidez en la competencia en el mercado, con el �nico prop�sito que la persona emprenda un proceso racional de deliberaci�n frente a las opciones que tiene a su alcance, sopesando las ventajas y desventajas que la misma le traer� a futuro, no solo frente a la posibilidad de acceder al beneficio pensional a una edad en la cual pueda disfrutarlo, sino tambi�n que no le conlleve perjuicios desde el punto de vista econ�mico; dicho de otra manera, al encontrarse en juego la vida digna, la obligaci�n de las administradoras es de un rango superior. *Caso concreto Aclarado lo anterior y descendiendo al caso bajo estudio, advierte la Sala que en efecto, ninguna de las administradoras de fondos pensionales privadas cumpli� con el deber de brindar informaci�n clara y completa a la demandante o al menos no lo demostr� en la presente causa y ello se desprende del material probatorio obrante en el proceso, al no arrimar prueba alguna que permita -al menos indiciar- que brindaron a la demandante una ilustraci�n suficiente en el momento de tomar la decisi�n de los distintos traslados que realiz�, tampoco se aporta la proyecci�n o c�lculo realizada para tal ejercicio.

En tal sentido, los fondos privados convocados a juicio no cumplieron su carga demostrativa, regulada en el art. 167 del C.G.P. y aplicable en esta materia por disposici�n del art. 145 del C.P.L. y S.S., con las consecuencias procesales que tal omisi�n conlleva. Lo cierto es que durante todo el tiempo en que la demandante estuvo afiliada al RAIS, es decir desde 1994, ninguno de los fondos privados por los cuales pas� COLFONDOS S.A., PROTECCI�N S.A., y PORVENIR S.A.- hizo una proyecci�n aritm�tica para consideraci�n y an�lisis financiero sobre su futuro pensional, pues fue tan s�lo el 1� de diciembre de 2016 (fls. 46), mucho tiempo despu�s del cambio de r�gimen pensional, cuando evidencia la lesividad que tal traslado le acarre� en sus anhelos pensionales.

En efecto, en el documento en cita aportado por la parte demandante y que goza de pleno valor probatorio por cuanto ninguna de las entidades demandadas lo tach� de falso ni lo redarguy� en su contenido, la administradora del RAIS -PORVENIR S.A.- le presenta varios escenarios de su derecho pensional, a manera de simulaci�n a las edades de 56, 57, 58 y 60 a�os alcanzar�a su pensi�n en un monto de $2.609.100, sin volver a cotizar o de hasta $ 2.837.300 cotizando el 100% del tiempo restante para adquirir el derecho, con tasas que oscilan entre 23.38% y 31.28% del IBC.

Tal grave omisi�n o falencia en la asesor�a y deber de informaci�n a cargo de la entidad administradora en el RAIS, se confirma a trav�s de la declaraci�n rendida por ANGELA MARIA ERAZO GOMEZ, quien conoce a la demandante porque entre los a�os 2002 a 2007 trabaj� como asesora comercial de PORVENIR S.A., dirigiendo una reuni�n con los funcionarios de la Fiscal�a y la Rama Judicial del Departamento del Putumayo, a la cual asisti� la demandante, en la cual solo se habl� de los beneficios que ofrec�a el fondo, con el fin principal de captar un mayor n�mero de afiliados, dejando de lado las desventajas que pod�a generar para algunos trabajadores el permanecer en el RAIS, sin realizar tampoco ning�n tipo de comparativo de su situaci�n pensional en caso de permanecer en RPM.

Por otro lado, la se�ora CARMEN GUERRERO VILLOTA, amiga y compa�era de trabajo de la demandante en la �poca para la cual se traslad� de r�gimen pensional, manifiesta que las asesor�as realizadas por los distintos fondos privados se hac�an de manera general, sin prestar nunca una atenci�n personalizada, que nunca se les habl� de las desventajas de la afiliaci�n al RAIS y mucho menos se realiz� un comparativo con la pensi�n que pod�an recibir en RPM; que por el contrario, se les afirmaba que los fondos que manejaban dicho r�gimen pensional tend�an a desaparecer, mostr�ndoles erradamente que para el cumplimiento de sus expectativas pensionales la �nica opci�n viable era el traslado al RAIS.

En este orden, como la �nica conclusi�n que se obtiene en la presente causa es que las distintas administradoras de fondos de pensiones a las cuales se afili� la accionante, no cumplieron con su doble obligaci�n, por una parte de brindar informaci�n cierta, suficiente y oportuna, adem�s de completa y comprensible, a la medida de quien tiene la experiencia y conocimiento del tema y por otra, la de asesorar a la demandante, llegando incluso, si ese hubiere sido el caso, a desanimarla de realizar el traslado de encontrar que tal decisi�n no favorec�a su derecho pensional futuro, para esta Sala de Decisi�n tal acto jur�dico no puede considerarse v�lido ni tampoco surte efecto alguno en los t�rminos de los art�culos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993; es decir, como lo ha enfatizado la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es indefectible que se declare la INEFICACIA del acto jur�dico -traslado de r�gimen realizado el 1� de septiembre de 1994 -, as� como los traslados subsiguientes suscritos con COLMENA, ING (los que luego se transformaron en PROTECCI�N S.A., debidamente convocada a juicio) y finalmente con PORVENIR S.A., determinaci�n que implica privarlos de todo efecto pr�ctico, bajo la ficci�n jur�dica de que nunca se traslad� al RAIS, m�s bien, siempre estuvo afiliado al RPMPD, a trav�s del ISS, al cual se afili� v�lidamente el 3 de enero de 1990 y que ahora se encuentra a cargo, en forma exclusiva, de COLPENSIONES.

Pero si ello no fuera suficiente para afirmar que la actora nunca se fue del RPM en virtud de la ineficacia del acto de traslado, la Sala itera que fue el legislador quien as� lo regul� en parte final del inciso 1�. del art, 271 de la Ley 100 de 1993, al indicar que �(�) La afiliaci�n respectiva quedar� sin efecto y podr� realizarse nuevamente en forma libre y espont�nea por parte del trabajador�.

As� las cosas, lo que sigue como conclusi�n l�gica de las anteriores argumentaciones, es modificar el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia materia de estudio, para en su lugar declarar la INEFICACIA del traslado del actor al RAIS, as� como de sus posteriores traslados entre administradoras de este r�gimen, realizado por las entidades demandadas, lo que trae de suyo que COLPENSIONES, hoy �nica administradora del R�GIMEN DE PRIMA MEDIA, en favor de quien se surte el grado jurisdiccional de consulta, tenga la obligaci�n de recibir de PORVENIR S.A. � SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT�AS-, la totalidad de los dineros que se encuentren depositados en la cuenta individual de la actora, junto con los rendimientos financieros y utilidades obtenidos a lo largo de su permanencia en el RAIS, los bonos pensionales (si hubiere lugar a ellos) y dem�s sumas de dinero recaudadas desde el tiempo de vinculaci�n de la demandante, como lo orden� la A quo y a cargo de �sta �ltima, la obligaci�n de trasladar, a la ejecutoria de la presente decisi�n, los conceptos antes anotadas a favor de COLPENSIONES para que hagan parte de la cuenta global que se encuentra bajo su administraci�n. Por otra parte, como consecuencia adicional de la ineficacia del acto jur�dico de traslado, les corresponde a las administradoras del RIAS convocadas a juicio, devolver los valores correspondientes a gastos de administraci�n, aquellos que la Ley 100 de 1993, art�culo 13, literal q), adicionado por el art. 2�. de la Ley 797 de 2003, denomin� �comisi�n razonable�, debidamente indexados, los cuales seg�n se expuso en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019 y se ratific� en la citada sentencia SL-1688-2019, con cargo a sus propios recursos.

Pero si ello no resultare suficiente, en caso de existir alguna diferencia o merma, entre los dineros existentes en la cuenta y el valor que deber�a existir en la cuenta global del RPM, si la demandante hubiere permanecido en �l, este ser� considerado como un deterioro y por ello, asumido en forma exclusiva por la demandada PORVENIR S.A. y no por parte de la demandante, como erradamente lo indic� la falladora de primera instancia, ni menos por la cuenta global administrada por COLPENSIONES.

Y tal conclusi�n, que para esta Sala de Decisi�n se encuentra ajustada a derecho como una consecuencia l�gica de la declaratoria de ineficacia del acto jur�dico de traslado, se impone a cargo de quien falt� a su deber de transparencia, entendida �sta como �una norma de di�logo que le impone a la administradora, a trav�s del promotor de servicios o asesor comercial, dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del r�gimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestaci�n definida, de manera que la elecci�n pueda realizarse por el afiliado despu�s de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios.

En otros t�rminos, la transparencia impone la obligaci�n de dar a conocer toda la verdad objetiva de los reg�menes, evitando sobredimensionar lo bueno, callar sobre lo malo y parcializar lo neutro� (tomado de la sentencia SL1688-2019, M.P. Dra. Clara Cecilia Due�as Quevedo), advirtiendo que tal obligaci�n existi� desde la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, como antes se explic�.

As� lo direccion� nuestro �rgano orientador del precedente jurisprudencial, en sentencia 31989 de 2008, con ponencia de la Mag. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calder�n, cuando indic�: �Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora �sta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiaci�n de la pensi�n de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administraci�n en que hubiere incurrido, los cuales ser�n asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del art�culo 963 del C.C. Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del r�gimen de prima media en el que se hallaba el actor antes de producirse la vinculaci�n cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago �ntegro del derecho pensional, obligaciones por las que s�lo ha de responder a partir de cuando le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aqu� demandada�.

En tal sentido, la sentencia materia de apelaci�n y grado jurisdiccional de consulta, ser� modificada en su numeral segundo y adicionada con el numeral octavo, recogiendo en este sentido cualquier postura que en contrario se hubiere adoptado por esta Sala de Decisi�n en pasadas oportunidades. *COSTAS PROCESALES Finalmente, para resolver el recurso de alzada increpado por la apoderada judicial de COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A., de manera breve recuerda esta Sala, como lo ha rememorado ya en anteriores oportunidades, que la persona llamada a juicio y vencida en el mismo, tiene la carga de asumir las costas que en la actuaci�n judicial se ocasionen En este sentido, como se advirti� en precedencia, las administradoras del RAIS convocadas a juicio no cumplieron con su deber legal y ello condujo a la ineficacia de tales actos jur�dicos, por lo que independientemente de las razones de buena fe que motivaron su actuar, deber�n asumir las costas de primera instancia. No corre la misma suerte la demandada COLPENSIONES, en favor de quien se surte, adem�s, el grado jurisdiccional de consulta, porque como acertadamente lo arguye la alzadista, la consecuencia que se desprende hacia tal entidad, es el resultado del acto de ineficacia, en la forma como se modific� en esta instancia. Es por ello que la decisi�n de primera instancia ser� modificar�, en su numeral sexto, para en su lugar absolver a COLPENSIONES de la condena en costas; pero tambi�n para condenar a PROTECCI�N S.A., a asumir las costas de primera instancia, en tanto result� condenada a devolver los gastos de administraci�n percibidos durante la permanencia de la demandante en el mencionado fondo.

En este orden, se hace necesario declarar probada la excepci�n de IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS formulado oportunamente por la demandada COLPENSIONES, pero denegar las restantes, por cuanto estaban encaminadas a enervar las pretensiones de la demanda y como se vio, ello no ocurri�. En este orden el numeral cuarto ser� modificado haciendo uso de las facultades que se otorgan a la Colegiatura al revisar la decisi�n en el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES.

Las costas en esta instancia, conforme se desataron los respectivos recursos de apelaci�n, estar�n a cargo del apelante por pasiva COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A. y en favor de la parte demandante, fijando las agencias en derecho en el equivalente a 2 smlmv; esto es, $ 1.656.232.oo, que ser�n liquidadas en partes iguales por el juzgado de procedencia, como lo ordena el art. 366 del C.G.P. III.

DECISI�N En m�rito de lo expuesto, LA SALA DE DECISI�N LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO. MODIFICAR el numeral PRIMERO de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, el 22 de noviembre de 2018, objeto de apelaci�n y revisi�n en el grado jurisdiccional de consulta, de acuerdo a las argumentaciones que anteceden, para en su lugar: �PRIMERO.- DECLARAR la INEFICACIA del acto jur�dico de traslado de la demandante CONSTANZA MU�OZ SANTANDER, realizado el 1�. de septiembre de 1994, del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad verificado inicialmente ante la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANT�AS COLFONDOS S.A. e igualmente declarar INEFICACES los restantes actos jur�dicos de traslado realizados entre las administradoras del RAIS, PROTECCI�N S.A. y PORVENIR S.A. Como consecuencia de lo anterior se DECLARA, que para todos los efectos legales, la demandante CONSTANZA MU�OZ SANTANDER, siempre permaneci� en el R�gimen de Prima Media, hoy a cargo de COLPENSIONES, conservando en consecuencia todos los beneficios que el mismo le brinda en materia pensional�.

SEGUNDO. MODIFICAR y ADICIONAR el numeral SEGUNDO de la sentencia objeto de apelaci�n y revisi�n en el grado jurisdiccional de consulta, de acuerdo a las argumentaciones que anteceden, para en su lugar: �SEGUNDO.- CONDENAR a PORVENIR S.A. a trasladar a la ejecutoria de la presente decisi�n, con destino a la cuenta global del RPM administrada por COLPENSIONES, la totalidad de los dineros que se encuentren depositados en la cuenta individual de la actora, junto con los rendimientos financieros y utilidades obtenidos a lo largo de su permanencia en el RAIS, as� como los bonos pensionales (si hubiere lugar a ellos).

Igualmente a DEVOLVER, con cargo a sus propios recursos, los valores correspondientes a gastos de administraci�n, debidamente indexados. Si luego de este ejercicio financiero aun existiera diferencia entre esta suma de dinero y la que deber�a existir en la cuenta global del RPM, en el caso de que la actora hubiere permanecido en �l, �sta corre a cargo de PORVENIR S.A., en forma proporcional al tiempo que la demandante permaneci� afiliada a tal administradora�.

TERCERO. MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia objeto de apelaci�n y revisi�n en el grado jurisdiccional de consulta, de acuerdo a las argumentaciones que anteceden, para en su lugar: �TERCERO.- ORDENAR a COLPENSIONES a recibir de las demandadas, los conceptos dinerarios descritos en el numeral segundo y octavo de la presente decisi�n, para que sean tenidos en cuenta al momento de reconocer derechos pensionales en favor de la actora�.

CUARTO. MODIFICAR el numeral CUARTO de la sentencia objeto de apelaci�n y revisi�n en el grado jurisdiccional de consulta, de acuerdo a las argumentaciones que anteceden, para en su lugar: �CUARTO.- DECLARAR probada la excepci�n de IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS propuesta por COLPENSIONES y no probadas las dem�s formuladas por COLFONDOS S.A., PROTECCI�N S.A. y PORVENIR S.A.

QUINTO. MODIFICAR el numeral SEXTO de la sentencia objeto de apelaci�n y revisi�n en el grado jurisdiccional de consulta, de acuerdo a las argumentaciones que anteceden, para en su lugar: �SEXTO.- CONDENAR a COLFONDOS S.A., PROTECCI�N S.A. y PORVENIR S.A., a asumir las costas de primera instancia, fijando las agencias en derecho en la suma equivalente a un salario m�nimo mensual vigente, para cada uno de ellos, a favor de la parte demandante, las cuales se liquidar�n en la forma prevista por el art�culo 366 del C.G.P.� SEXTO. ADICIONAR el numeral OCTAVO a la sentencia objeto de apelaci�n y revisi�n en el grado jurisdiccional de consulta, de acuerdo a las argumentaciones que anteceden, en la forma que sigue: �OCTAVO.- CONDENAR a COLFONDOS S.A. y a PROTECCI�N S.A., a devolver, con cargo a sus propios recursos, los valores correspondientes a gastos de administraci�n, debidamente indexados, en forma proporcional al tiempo en el cual permaneci� afiliada la demandante a cada administradora�.

S�PTIMO. CONFIRMAR en lo restante la sentencia objeto de apelaci�n y revisi�n en el grado jurisdiccional de consulta, de acuerdo a las argumentaciones que anteceden. OCTAVO.- CONDENAR en COSTAS en esta instancia a las entidades apelantes COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A., en favor de la convocante a juicio, fijando las agencias en derecho en el equivalente a 2 smlmv; esto es, $ 1.656.232.oo, que ser�n liquidadas en partes iguales por el juzgado de procedencia, como lo ordena el art. 366 del C.G.P. Lo resuelto se notifica a las partes en ESTRADOS y, previa su anotaci�n en el registro respectivo, DEVU�LVASE el expediente al Juzgado de procedencia. Magistrados, CLARA IN�S L�PEZ D�VILA (M.P.) JUAN CARLOS MU�OZ CLAUDIA CECILIA TORO RAM�REZ     Tribunal Superior de Pasto - Sala Laboral � Proceso Ordinario Laboral No. 2017-00409-01 (004) Magistrada Ponente: Clara In�s L�pez D�vila.

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