Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 52001-60-00-485-2017-00214

Sala: SALA PENAL

Ponente: Dra. Blanca Lidia Arellano Moreno

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IMPUTACI�N - Constituye condicionante f�ctico de la Acusaci�n. IMPUTACI�N Y ACUSACI�N � Dada la estrecha relaci�n f�ctica que debe subsistir entre estas figuras, el principio de congruencia les resulta tambi�n aplicable; sin embargo, teniendo en cuenta el principio de progresividad, se pueden presentar eventos en los que resulta razonable la introducci�n de cambios a la premisa f�ctica de la imputaci�n. IMPUTACI�N � VARIACI�N DE LA PREMISA F�CTICA: Cuando se trata de imputar un delito m�s grave, o que, trat�ndose de un delito menor, implique el cambio del n�cleo f�ctico de la imputaci�n, no puede calificarse como simples �detalles� o complementos.

NULIDADES � PRINCIPIOS QUE LAS RIGEN. NULIDADES - ARGUMENTO CONSECUENCIALISTA: Procedencia de su aplicaci�n en aras de adoptar la soluci�n menos traum�tica. No obstante se determina que entre la imputaci�n y la acusaci�n, oper� una variaci�n f�ctica, tanto favorable como desfavorable, y que respecto de esta �ltima variaci�n, se incluyeron presupuestos f�cticos que constituyen un nuevo delito, sin haberse adicionado la imputaci�n f�ctica y jur�dica inicial, afectando el principio de legalidad, en tanto no pueden tenerse como simples detalles que hagan referencia a circunstancias complementarias, sino relevantes en el tr�mite procesal que adicionan el n�cleo f�ctico, teniendo en cuenta los principios que gobiernan el instituto de las nulidades y en aplicaci�n del argumento consecuencialista, no es necesario acudir a la invalidaci�n de la actuaci�n, debiendo mantenerse la sentencia condenatoria, al resultar esta decisi�n menos traum�tica, ser m�s pragm�tica y al no existir vulneraci�n al derecho de defensa, siendo que los procesados, suscribieron el preacuerdo que incluy� un nuevo cargo, sin ninguna oposici�n a la acusaci�n efectuada, resultado esta decisi�n m�s favorable a sus intereses.

SUSTITUTIVO DE PRISI�N DOMICILIARIA: REQUISITOS. PRISI�N DOMICILIARIA - EXCEPCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DEL ART. 68A DEL C.P.: No procede. Hay lugar al reconocimiento del sustitutivo de prisi�n domiciliaria, en tanto se cumple con los presupuestos legalmente establecidos; determin�ndose que no era procedente efectuar una valoraci�n de tipo subjetivo relacionada con la gravedad de la conducta, ni aplicar, sin fundamento legal, una excepci�n de inconstitucionalidad del art�culo 68 A del C.P., para incluir en el listado de aquellos delitos respecto de los cuales se proh�be la concesi�n de la prisi�n domiciliaria, los delitos por los cuales se procede, haciendo m�s gravosa la situaci�n jur�dica de los procesados; interpretaci�n extralegal del articulado que vulnera principios democr�ticos esenciales del Estado Social de Derecho, en contrav�a del principio PRO HOMINE.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO SALA DE DECISI�N PENAL Magistrada Ponente: Dra. Blanca Lidia Arellano Moreno Proceso No.: 52001-60-00-485-2017-00214 N�mero Interno: 20062 Procesados: ELE y CLD Delitos: Secuestro Simple, Secuestro Simple Atenuado, Homicidio Agravado y Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal Aprobado: Acta No. 14 del 13 de julio de 2020 San Juan de Pasto, diecis�is (16) de julio de dos mil veinte (2020) OBJETO DE LA DECISI�N Corresponde a esta Sala resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la defensa de los se�ores ELE y CJLD, en contra de la decisi�n proferida el 30 de abril de 2018 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto, por medio de la cual se conden� al primero como coautor responsable de los punibles de Homicidio Agravado, en concurso con Secuestro Simple, Secuestro Simple Atenuado y Porte Ilegal de Armas de Fuego, imponi�ndole la pena principal de 18 a�os de prisi�n; al segundo lo conden� por los mismos delitos a excepci�n del Homicidio agravado, por lo cual la pena principal a imponer fue de 8 a�os y 6 meses de prisi�n. A ambos se impuso la multa de 150 SMLMV vigentes al a�o 2016, y la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas, as� como la privaci�n del derecho de porte o tenencia de armas de fuego por el mismo t�rmino de la pena principal respectivamente, sin la concesi�n del subrogado de la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena, ni del sustituto de la prisi�n domiciliaria.

ANTECEDENTES SUPUESTOS F�CTICOS Conforme al escrito de acusaci�n y la sentencia de primera instancia, se tiene lo siguiente: El d�a 29 de diciembre de 2016, el se�or JEM se traslad� desde el Municipio de la Uni�n (N) hacia el Municipio de Leiva (N) en desarrollo de sus actividades como comerciante acompa�ado de la se�ora JAV. Pasado el mediod�a y cuando emprend�an el regreso, en el sector conocido como El Palmar, el veh�culo en el que se movilizaban fue cercado por dos rodantes, de los cuales descendieron varios sujetos desconocidos que los abordaron, inmovilizaron y los privaron de la libertad, llev�ndolos en uno de los veh�culos hacia la zona rural monta�osa de la Vereda Alto Bonito del Municipio de Leiva (N).

Esa noche descansaron en una casa, y a la madrugada emprendieron camino a p�e tres de los secuestradores con el se�or JEM, mientras que JAV fue dejada bajo custodia de otra persona. En el trayecto el se�or M logra escapar de sus captores y permanecer perdido en la zona durante el 30 de diciembre de 2016. Sin embargo, en la noche fue encontrado en la vereda El Verde por los se�ores JJAG, ELE y MMM lugar donde fue ultimado con m�ltiples disparos.

A la ma�ana siguiente, 31 de diciembre de 2016, la se�ora JAV fue puesta en libertad, mientras que el cuerpo sin vida del se�or M fue desmembrado y sus partes arrojadas a un rio que pasa por el sector sin que hasta el momento se conozca su paradero. Entre los involucrados en los hechos est�n los precitados y CJLD quien no tuvo participaci�n en el homicidio. 2.2.

ACTUACI�N RELEVANTE Al adelantar la investigaci�n penal correspondiente se determin� la autor�a en estos hechos de los se�ores JJAG, ELE, MMM y CJLD, adem�s de los se�ores JMB, OPA y �AB; siendo vinculados los cuatro primeros al presente tr�mite procesal. Para ellos, la captura fue requerida el d�a 23 de enero de 2017 conforme a solicitud elevada por la Fiscal�a Sexta Especializada de Pasto, y que fue atendida por parte del Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garant�as de Pasto.

El 28 de enero de 2017, se hicieron efectivas las capturas de los se�ores JJAG, ELE, MMM y CJLD, en la ciudad de Cali, por lo que fueron trasladados a la ciudad de Pasto, y presentados ante la Jueza Promiscuo Municipal de Nari�o en turno de disponibilidad. El se�or JJAG, fue aprehendido en la misma fecha, en el departamento de Putumayo y presentado tambi�n en la ciudad de Pasto, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de El Tambo, en turno de disponibilidad.

Como consecuencia de lo anterior, el 29 de enero de 2017, se realizaron las audiencias preliminares en las que se declar� la legalidad de la captura, se llev� a cabo la imputaci�n f�ctica en la que se incluy� como hechos jur�dicamente relevantes los acaecidos los d�as 29 y 30 de diciembre de 2016, relacionados con la retenci�n ilegal del se�or JEM y la se�ora JAV, sobre los cuales se adelant� la adecuaci�n jur�dica, endilg�ndose a los vinculados, responsabilidad penal en calidad de AUTORES a t�tulo de DOLO, por las siguientes conductas, en concurso: - Secuestro Extorsivo Agravado respecto de la v�ctima JEM, conforme a los art�culos 169 y 170 numeral 3� del C.P. - Secuestro Simple Atenuado por la retenci�n de JAV, quien fue liberada antes de los 15 d�as, seg�n lo previsto en los art�culos 168 y 171 del C.P. - Porte Ilegal de Armas de Defensa Personal Agravado por la coparticipaci�n criminal, al tenor del art�culo 365 y su numeral 5� del C.P..

Los cargos anteriores no fueron aceptados por los destinatarios de la imputaci�n, procediendo enseguida al tr�mite por medio del cual se les impuso medida de aseguramiento consistente en detenci�n preventiva intramural. Continuando con el proceso, la Fiscal�a radic� escrito de acusaci�n, el 30 de mayo de 2017, el cual se asign� al Juzgado Cuarto Penal del Circuito, adelant�ndose la audiencia correspondiente de formulaci�n el 26 de julio de 2017.

A trav�s de dicha actuaci�n la Fiscal�a adicion� lo que calific� como un complemento f�ctico, ya que hab�a determinado que el d�a 30 de diciembre de 2016, el se�or JEM, en medio de su acci�n de fuga, fue ubicado por sus captores quienes lo ultimaron y lanzaron su cuerpo al rio. El complemento f�ctico aducido, llev� a la Fiscal�a a variar la imputaci�n jur�dica inicial, conforme a los siguientes delitos en concurso: - Respecto de la acci�n desplegada en contra de la v�ctima JEM, Secuestro Simple consagrado en el art�culo 168 del C.P. y Porte Ilegal de Armas de Defensa Personal Agravado por la coparticipaci�n criminal, al tenor del art�culo 365 y su numeral 5� del C.P., en concurso con el delito de homicidio agravado, seg�n lo previsto en los art�culos 103 y 104-2 del C.P., por haberse perpetrado para ocultar el punible de secuestro. - Respecto de la v�ctima JAV, el delito de Secuestro Simple Atenuado, seg�n lo previsto en los art�culos 168 y 171 del C.P. La Fiscal�a aclar� adem�s que para el se�or CJLD, se excluye el cargo relacionado con el delito de Homicidio.

Posteriormente, el 19 de febrero de 2018, la Fiscal�a Sexta Especializada de Pasto, efect�a un preacuerdo con los acusados, por medio del cual �stos aceptan los cargos y a cambio como �nico beneficio se les reconoce la condici�n de marginalidad, ignorancia y pobreza extremas, contenidas en el art�culo 56 del C�digo Penal, con el fin de obtener una disminuci�n en el monto de la pena a imponer.

La pena de prisi�n fue tambi�n acordada por el monto de 18 a�os para los se�ores JJAG, ELE, MMM,. Respecto del se�or CJLD, se fij� en 8 a�os y 6 meses. En audiencia desarrollada el 30 de abril de 2018, se adicion� el preacuerdo incluyendo la pena de multa que se pact� en 150 smlmv para el a�o 2016, y luego de las formalidades para la verificaci�n del mismo, fue declarado legal por la judicatura, por lo cual se imparti� sentido de fallo de tipo condenatorio.

Inmediatamente y sin dar apertura formal al tr�mite establecido en el art�culo 447 del C.P.P., la defensa intervino para realizar solicitud a fin de que se conceda el sustitutivo de prisi�n domiciliaria a favor de los se�ores ELE y CJLD, ya que se cumplir�a con el requisito objetivo relacionado con el monto de la pena, en tanto que los cuatro delitos por los cuales se fij� el preacuerdo, no se encuentran incluidos en las prohibiciones del art�culo 38 B del C.P. en concordancia con el art�culo 68 del mismo estatuto penal.

Igualmente, porque al aplicarse la menor punibilidad prevista en el art�culo 56 �dem, la pena para cada delito no superar�a el monto de los 8 a�os. Present� adem�s elementos materiales probatorios para acreditar el arraigo de los precitados, en la Vereda Palmar del municipio de Leiva, y la falta de solvencia econ�mica que les impide realizar una reparaci�n integral, pero resaltando su participaci�n en la construcci�n de la verdad atendiendo a los interrogatorios rendidos por los procesados.

Sin correr traslado de la anterior petici�n a las dem�s partes e intervinientes, el se�or Juez, procedi� a emitir la sentencia de condena consecuente con los t�rminos del preacuerdo previamente declarado legal. Sin embargo, imparti� orden negativa en cuanto a la concesi�n de subrogados y sustitutivos, lo que motiva la presentaci�n del recurso vertical de apelaci�n por parte de la defensa.

PROVIDENCIA IMPUGNADA En lo que concierne al objeto de la alzada, el A quo consider� que no es viable conceder ni la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena ni la prisi�n domiciliaria, teniendo en cuenta que si bien los delitos por los cuales se condena a los procesados no se encuentran incluidos en la prohibici�n del art�culo 68 A del C.P., no procede la concesi�n de los anteriores beneficios, al estar de por medio la vida como un derecho fundamental, sobre el cual Colombia por medio de la ratificaci�n de diversos tratados internacionales se comprometi� y asumi� la posici�n de garante.

Agrega el juzgador que la valoraci�n del elemento subjetivo para acceder al sustitutivo de la prisi�n domiciliaria no ha desaparecido, y en ese plano se encuentra en el caso que la conducta es de tal gravedad, que la v�ctima fue literalmente desaparecida al punto de no poder recuperar sus restos. Conceder el sustitutivo de la prisi�n domiciliaria en esas condiciones evidenciar�a la incapacidad del Estado de proteger la vida, por lo cual procede apartarse del criterio de la Corte Suprema de Justicia cuando establece que para la prisi�n domiciliaria �nicamente se debe evaluar el cumplimiento de requisitos de orden objetivo.

Resuelve en consecuencia, no otorgar la prisi�n domiciliaria a los procesados debiendo purgar su pena en el centro de reclusi�n carcelario designado por el INPEC. 4. SUSTENTACI�N DE LA APELACI�N La defensa interpone recurso de apelaci�n dentro del t�rmino legalmente establecido con el objetivo de solicitar sea revocada la negativa de conceder el subrogado de prisi�n domiciliaria para los se�ores ELE y CJLD.

En primer lugar, la defensa considera que la decisi�n de primera instancia carece de asidero legal, ya que ninguno de los argumentos del A quo tienen respaldo en el marco jur�dico que rige la prisi�n domiciliaria, partiendo del articulo 38B de la Ley 1709 de 2014, evidenciando la confusi�n del juez de conocimiento al conservar un �mbito de an�lisis subjetivo para la concesi�n de mentado subrogado.

Aclara el defensor que ha sido la misma ley y no la Corte Suprema de Justicia, la que elimin� el �mbito de an�lisis subjetivo y por lo tanto no se estar�a recurriendo a la figura de apartamiento de un precedente sino a la aplicaci�n de excepci�n de inconstitucionalidad lo cual implicar�a una extensa carga argumentativa para lograr el apartamiento del principio de legalidad.

Precisa que los hechos ocurrieron en el mes de diciembre de 2016 y por ende le es aplicable el r�gimen normativo contenido en los art�culos 38 y 38 B del c�digo penal con las respectivas reformas de la Ley 1709 de 2014, que contempla la prisi�n como sustituto de la prisi�n intramural siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la mentada normativa haciendo �nfasis en el numeral primero �que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena m�nima prevista en la ley sea de ocho (8) a�os de prisi�n o menos� y el numeral segundo �que no se trate de uno de los delitos incluidos en e l inciso 2� del art�culo 68A de la ley 599 del 2000�.

Teniendo en cuenta lo anteriormente se�alado y en relaci�n directa con el preacuerdo pactado, a trav�s del cual se aplica la marginalidad en aras de reducir el monto de la pena estima la defensa que con dicha disminuci�n el m�nimo de los m�rgenes punitivos para el se�or EL quedar�a en 5.5 a�os, as� mismo para el se�or CL el m�nimo punitivo equivaldr�a a 2.6 a�os, superando as� el primer requisito objetivo para acceder a la prisi�n domiciliaria.

Posteriormente hace remisi�n al art�culo 68 A inciso segundo del C.P. observando que no se encuentran los delitos por los cuales fueron condenados los procesados precisando que siendo este un requisito meramente objetivo no da cabida a otro tipo de interpretaci�n, denotando a su consideraci�n el actuar arbitrario por parte del A quo. Bajo tales predicamentos se puede observar con precisi�n que en efecto los requisitos de naturaleza objetiva se encuentran cabalmente cumplidos y por lo tanto existe la viabilidad para el otorgamiento del subrogado de prisi�n domiciliaria para los ahora condenados.

5. PARTE NO RECURRENTE Por su parte el apoderado de las v�ctimas Luz Dary Toro y su hija, manifiesta que se encuentra de acuerdo con la decisi�n adoptada por el A quo espec�ficamente con la negaci�n de los subrogados o sustitutos penales al encontrarse frente a una conducta punible donde se ha violentado el derecho a la vida, se�alando de manera categ�rica que el Estado tiene la obligaci�n constitucional y legal de proteger este bien jur�dico de prevalencia social.

Por ello a la hora de conceder sustitutos o subrogados penales se deben valorar tanto los factores objetivos como los subjetivos vel�ndose por el cumplimiento a cabalidad de los fines previstos de la pena. Trae a colaci�n un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia cuya postura es otorgar un tratamiento severo a los autores que con su conducta lesionen intereses preciados como en el caso concreto lo es la vida.

Anexo a ello estima necesario poner en conocimiento la insuficiente protecci�n efectiva de los derechos de las v�ctimas ya que en el caso que concierne si bien se impuso una pena ante los hechos que protagonizaron los procesados no se encuentran satisfechos a cabalidad los derechos a la verdad y reparaci�n, puesto que no existe manifestaci�n certera por parte de los implicados sobre el paradero exacto de los restos del se�or Jos� Elvio Meza, argumento que encuentra respaldo jur�dico en lo expresado por la Corte IDH en la sentencia del 29 de julio de 1988 mediante la cual precis� que es una obligaci�n de los estados realizar una investigaci�n oficiosa que determine la verdad de lo ocurrido.

Finalizando en que si bien la Ley 1709 de 2014 contempla una serie de requisitos para conceder el subrogado penal de prisi�n domiciliaria estos no son suficientes dando cabida a la valoraci�n del car�cter subjetivo por parte del juez. CONSIDERACIONES DE LA SALA COMPETENCIA De conformidad con lo preceptuado en el numeral 1� del art. 34 de la Ley�906 de 2004, es competente esta Sala para resolver el recurso de apelaci�n formulado por la defensa en contra de la sentencia de 30 de abril de 2018, proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto.

PROBLEMA JUR�DICO En vista de que en la acusaci�n formulada en contra de los se�ores JJAG, ELE, MMM, se adicion� la imputaci�n tanto en su componente f�ctico como jur�dico, relacionado con el delito de Homicidio del se�or JEM perpetrado el 30 de diciembre de 2016, se establecer� qu� tipo de consecuencias jur�dicas se producen en esta instancia procesal.

Definido lo anterior, la Sala se ocupar� conforme a la argumentaci�n expuesta por la primera instancia, de determinar si resulta procedente la valoraci�n de aspectos de tipo subjetivo, como fundamento para negar el sustitutivo de prisi�n domiciliaria requerido a favor de los se�ores ELE y CJLD. 6.3.

FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES Los derechos de debido proceso y defensa Estas prerrogativas, se encuentran irradiadas a todo el ordenamiento jur�dico, desde el art�culo 29 constitucional, e impone el respeto irrestricto de las mismas en cualquier actuaci�n procesal, y aunque es reiterativo tal imperativo, vale la pena resaltar su importancia, ante todo en casos en los que excepcionalmente pueden afectarse.

As�, sobre el derecho al debido proceso, la Corte Suprema de Justicia, en el radicado No. 34.022 de junio 8 de 2011 nos ense�a lo siguiente: �9.1. En sentido amplio el debido proceso es una garant�a superior reconocida por parejo en el �mbito supranacional y con estricto desarrollo en el ordenamiento penal interno, de acuerdo con la cual �Nadie podr� ser juzgado sino conforme a la (sic) las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio�.

En materia penal, el proceso tiene una estructura formal y otra conceptual. La primera guarda relaci�n con el principio antecedente-consecuente, inherente al conjunto o sucesi�n escalonada y consecutiva de actos jurisdiccionales con car�cter preclusivo regulados en la ley procesal, los cuales lo integran como unidad dentro del marco de una secuencia l�gico-jur�dica (en la sistem�tica dise�ada en la Ley 906 de 2004: imputaci�n, acusaci�n, audiencia preparatoria, juicio y sentencia).

La segunda, esto es, la estructura conceptual, se relaciona con la definici�n progresiva y vinculante del objeto del proceso penal, el cual no es otro que el de establecer, mas all� de toda duda, por una parte, la realizaci�n de un comportamiento humano de acci�n u omisi�n verificable en el mundo exterior o f�sico, que halla correspondencia en la descripci�n legal y abstracta de una conducta punible; y de otra, determinar la consecuente responsabilidad del sujeto al que se atribuye la respectiva conducta de connotaci�n jur�dico-penal.

La estructura formal del proceso, ha precisado esta Corporaci�n, ocasionalmente, con base en expresos mandatos constitucionales y legales, sustentados en razones de pol�tica criminal, justicia premial, eficacia y eficiencia de la administraci�n de justicia, etc., puede dar cabida a mecanismos que agoten anticipadamente el objeto del proceso, esto es, sin surtirse todas sus etapas.

(�) La estructura conceptual, en cambio, es m�s r�gida que la formal, dado que al referirse a tres aspectos, a saber: personal, f�ctico y jur�dico, que integran el hilo conductor de la pretensi�n punitiva del Estado, una vez los mismos son determinados con las formalidades legales por el �rgano que encarna esa prerrogativa, es decir, la Fiscal�a General de la Naci�n, no pueden ser variados por �sta o por el juez llamado a resolver el asunto, salvo, como ahora se ver�, en cuanto al �ltimo atributo que puede modificarse siempre y cuando ello no implique deterioro del derecho de defensa por lesi�n del principio de contradicci�n ni comporte una situaci�n jur�dica gravosa para el procesado.

S�guese de lo dicho entonces que transgredir el debido proceso significa, ni m�s ni menos, pretermitir un acto procesal expresamente se�alado por la ley como requisito sine qua non para adelantar el subsiguiente, o llevarlo a cabo sin que cumpla los requisitos sustanciales inherentes a su validez o eficacia.� (Subraya fuera de texto). M�s adelante, en el mismo fallo, la Alta Corporaci�n, se refiere al derecho de defensa, en los siguientes t�rminos: �9.2.

Por su parte el derecho a la defensa, aun cuando hace parte integral del debido proceso en sentido amplio, por su especial trascendencia y m�ltiples derivaciones, la misma normatividad superior lo define de manera aut�noma al se�alar que: �[q]uien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por �l, o de oficio, durante la investigaci�n o el juzgamiento; a un debido proceso p�blico, sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho�, categorizaci�n que armoniza con la consagraci�n de esa prerrogativa en Instrumentos Internacionales, y que a su vez se encuentra expresamente regulada en el ordenamiento procesal penal interno.

Como se sabe, la aludida garant�a se compone de un doble cariz, por una parte, el derecho a contar de manera real, efectiva, permanente e ininterrumpida con la asistencia de un abogado de confianza o provisto por el Estado; y de otra, la facultad de intervenir directamente en resguardo de los propios intereses. El cabal ejercicio de la garant�a en cuesti�n, conforme a la normatividad superior, internacional, y reglamentaria interna atr�s aludidas, implica, entre otros aspectos sustanciales, el derecho de quien es sindicado de conocer de manera previa, expresa, clara y sin ambig�edades los hechos que originan la imputaci�n penal y el eventual adelantamiento de una causa criminal, para a partir de all� quedar revestido de la facultad de vigilar el desarrollo regular del procedimiento, ofrecer pruebas a su favor y controlar la producci�n de las de cargo, ser o�do para expresar las explicaciones que estime pertinentes frente a la conducta punible imputada, alegar personalmente o por medio de abogado, o ambas, efectuando las cr�ticas de hecho y de derecho contra los argumentos acusatorios, y recurrir las decisiones adversas, en especial, la sentencia en la que se imponga una pena o una medida de seguridad.

Para el tema que se dilucida en este asunto, importa resaltar la primera de aquellas prerrogativas (el conocimiento acerca de la conducta reprochada), ya que en un Estado Constitucional y Democr�tico de Derecho, la punibilidad de una hip�tesis normativa tiene como exclusivo fundamento la conducta concreta del sujeto en la ejecuci�n de un hecho previsto como delito, y la sanci�n correlativa tiene tambi�n a la vez como sustento solamente ese hecho individual, respondiendo tal concepto a lo que com�nmente se denomina Derecho Penal de Acto.

(�) En conclusi�n, la atribuci�n de un comportamiento reprochado como delictivo debe ser expresa, clara, precisa y circunstanciada � (Subraya fuera de texto). (�) Y no puede constituir excusa v�lida o aceptable para cumplir con esas exigencias la complejidad de los sucesos o la cantidad de hechos investigados, dado que si no es posible delimitar de manera detallada el comportamiento atribuido a una persona y que como hecho hist�rico halla correspondencia en una hip�tesis normativa penal, es porque en realidad no hay m�rito para formular una acusaci�n deviniendo improcedente la convocatoria del ciudadano para someterlo a un juicio en el que la res iudicanda persigue ser transformada en res iudicata penal, con todas las consecuencias que de ello se derivan.

(�) Lo primero guarda relaci�n con la conformidad o uniformidad que debe existir acerca de la persona determinada como sujeto pasivo de la acci�n penal tanto en la imputaci�n como en la acusaci�n (y obviamente en la sentencia). Y lo segundo, esto es, los �hechos jur�dicamente relevantes� (Ley 906 de 2004, art�culo 288-2 y 337-2), implican un condicionamiento dual: de una parte, la precisi�n inequ�voca del comportamiento humano (de acci�n u omisi�n) determinado por circunstancias de modo, tiempo y lugar, atribuido como obra del imputado o del acusado, seg�n sea el caso; y de otra, la ponderaci�n o juicio de valor de esa base f�ctica concretada en la atribuci�n de las normas penales sustantivas en las que halla adecuaci�n tal conducta�.

Principios de preclusividad y progresividad � Imputaci�n � Acusaci�n. Ahora bien, debe agregar la Sala que en el esquema procesal adoptado a partir del acto legislativo No. 02 de 2003, las etapas se deben agotar con respeto del principio de preclusividad, pero adem�s es ineludible tambi�n atender al de progresividad, sin olvidar que persiste en cada fase procesal una base f�ctica que se debe mantener invariable a fin de no afectar el derecho de defensa, lo que constituye el cimiento sin el cual la estructura que se levante resulta totalmente endeble; de lo que deviene que desconociendo el destinatario de la acci�n penal el hecho o hechos por los cuales el Estado decide vincularlo a un proceso, perder�a la oportunidad de presentar su defensa de manera efectiva.

No ocurre lo mismo con aquel componente jur�dico, que puede sufrir modificaciones conforme avanza la din�mica propia de la actuaci�n penal seg�n el principio de progresividad al que se hace alusi�n. Por eso, resulta de trascendencia, rememorar la ense�anza jurisprudencial, sobre estos t�picos: �Para la Sala, la formulaci�n de imputaci�n se constituye en condicionante f�ctico de la acusaci�n, de ah� que deba mediar relaci�n de correspondencia entre tales actos.

Los hechos ser�n inmodificables, pues si bien han de serle imputados al sujeto con su connotaci�n jur�dica, no podr� la acusaci�n abarcar hechos nuevos. (Subraya fuera de texto). �Lo anterior no conlleva una inmutabilidad jur�dica, porque precisamente los desarrollos y progresividad del proceso hacen que el grado de conocimiento se incremente, por lo tanto es posible que la valoraci�n jur�dica de ese hecho tenga para el momento de la acusaci�n mayores connotaciones que implican su precisi�n y detalle, adem�s, de exigirse a�n la imposibilidad de modificar la imputaci�n jur�dica, no tendr�a sentido que el legislador hubiera previsto la formulaci�n de imputaci�n como primera fase y antecedente de la acusaci�n�. En similares t�rminos, la Corte Suprema de Justicia, resalt� la importancia de la estrecha relaci�n f�ctica que debe subsistir entre la imputaci�n y la acusaci�n, como as� lo explic� en su fallo SP 5 jun. 2019, rad. 51007, acogiendo el contenido del art�culo 448 de la Ley 906 de 2004, interpretado de conformidad con los art�culos 29 y 31 Superiores y 8� de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, por lo cual se debe entender que el principio de congruencia resulta tambi�n aplicable, a la relaci�n existente entre la imputaci�n de cargos y la formulaci�n de la acusaci�n; teniendo en cuenta claro est� el principio de progresividad que ya hemos aludido, con base en el cual se presentan eventos en los que resulta razonable la introducci�n de cambios a la premisa f�ctica de la imputaci�n. De ah� que la Corte Suprema de Justicia en el mismo fallo, expresa que la delimitaci�n progresiva de los cargos encuentra desarrollo en la Ley 906 de 2004, en las normas que regulan el dise�o y la ejecuci�n del programa metodol�gico.

El cual, adem�s, est� impl�cito en los siguientes preceptos: �(i) el art�culo 351, en cuanto establece que �en el evento que la Fiscal�a, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y m�s gravosos a los consignados en la formulaci�n de imputaci�n, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputaci�n�; y (ii) el art�culo 339, en la medida en que dispone que en la audiencia de acusaci�n debe concederse la palabra a la Fiscal�a, el Ministerio P�blico y la defensa para que expresen �las observaciones sobre el escrito de acusaci�n, si no re�ne los requisitos establecidos en el art�culo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato�.

Desde otra perspectiva, esa progresividad est� regulada en el art�culo 293, que dispone que �si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscal�a acepta la imputaci�n, se entender� que lo actuado es suficiente como acusaci�n��. Para reforzar su posici�n la Alta Corporaci�n Penal, invoca la sentencia C-025 de 2010, en la cual se enuncia: �En este orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia sentada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en materia de aplicaci�n del principio de congruencia en el contexto de un sistema penal acusatorio, se tiene que (i) se trata de un principio cardinal que orienta las relaciones existentes entre la formulaci�n de la acusaci�n y la sentencia;

(ii) su aplicaci�n se extiende al v�nculo existente entre la audiencia de imputaci�n de cargos y aquella de formulaci�n de la acusaci�n; (iii) de all� que esta �ltima no pueda incorporar hechos nuevos, es decir, no imputados previamente al procesado; y (iv) lo anterior no significa que la valoraci�n jur�dica de los hechos deba permanecer inc�lume, precisamente por el car�cter progresivo que ofrece el proceso penal.

En otras palabras, fruto de la labor investigativa desarrollada por la Fiscal�a durante la fase de instrucci�n, es posible, al momento de formular la acusaci�n, contar con mayores detalles sobre los hechos, lo cual implica, eventualmente, modificar, dentro de unos par�metros racionales, la calificaci�n jur�dica de los hechos�. Y continu� la alta Corte Suprema de Justicia explicando los alcances del precedente invocado: �Del referido fallo de constitucionalidad debe resaltarse lo siguiente: (i) se hace hincapi� en que la fase de imputaci�n desarrolla los art�culos 8� de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, en lo que concierne al derecho del procesado a conocer oportunamente los cargos y a contar con tiempo suficiente para preparar su defensa;

(ii) el an�lisis se centr� en el desarrollo que de esa tem�tica hab�a realizado esta Sala; (iii) concluy�, en armon�a con lo precisado por esta Corporaci�n, que el n�cleo de la imputaci�n solo puede modificarse a trav�s de la adici�n de la misma; (iv) aunque aclar� que en virtud de la progresividad de la actuaci�n, en la acusaci�n pueden incluirse �nuevos detalles�, que pueden determinar el cambio de la calificaci�n jur�dica;

(v) en armon�a con lo establecido en los art�culos 339 y 351, dej� sentado que esos cambios deben ser producto de la actividad investigativa; y (vi) precis� que dichas modificaciones deben ser razonables�. (Negrillas fuera de texto). Tambi�n enunci�, algunos eventos en los que es posible que la premisa f�ctica incluida en la imputaci�n pueda sufrir variaciones, tales como el se�alamiento de circunstancias de tiempo, modo y lugar que no incidan en el cambio de calificaci�n jur�dica o tambi�n la realizaci�n de variaciones que sean favorables al procesado, o en general lo que pueden calificarse como simples detalles que no implique un cambio del n�cleo f�ctico imputado.

Pero cuando se trata de imputar un delito m�s grave, o que, trat�ndose de un delito menor, implique el cambio del n�cleo f�ctico de la imputaci�n, la CSJ explica que, en aras de la igualdad, la seguridad jur�dica y la protecci�n de los derechos del procesado, no puede calificarse como simples �detalles� o complementos a los que hace referencia la sentencia C-025 de 2010.

Ahora bien, como en el sub examine, entre la imputaci�n y la acusaci�n, oper� una variaci�n f�ctica, tanto favorable como desfavorable, miremos lo explicado por la Corte al respecto en el mismo fallo que estamos rese�ando. Los cambios favorables al procesado, operar�an en el siguiente sentido: �En la acusaci�n pueden suprimirse hechos que hab�an sido incluidos en la imputaci�n, si ello resulta favorable al procesado.

Ello puede suceder, por ejemplo: (i) si se eliminan circunstancias gen�ricas o espec�ficas de agravaci�n; (ii) se suprimen aspectos f�cticos y, por ello, hay lugar a subsumir la conducta en un tipo penal menos grave, siempre y cuando ello no implique indefensi�n; (iii) se dan por probados los presupuestos f�cticos de circunstancias gen�ricas o espec�ficas de menor punibilidad, que no hab�an sido consideradas; etc�tera.

Estas modificaciones, adem�s de favorecer al procesado, no conllevan una sorpresa que limite el ejercicio de la defensa, porque los hechos que se mantienen en la acusaci�n ya le hab�an sido informados en la audiencia de imputaci�n, cuyo n�cleo f�ctico debe mantenerse�. En cuanto a los cambios desfavorables al procesado, enuncia la Corte, respecto de la inclusi�n de presupuestos f�cticos de nuevos delitos: �No sobra advertir que se trata de un evento diferente al cambio de calificaci�n jur�dica de los hechos incluidos en la imputaci�n. Este tipo de cambios es relevante cuando, en la acusaci�n, la Fiscal�a se refiere por primera vez a hechos que, individualmente considerados, pueden subsumirse en un determinado tipo penal.

En la decisi�n CSJ SP, 10 dic. 2015, Rad. 45888, la Sala fij� su postura frente a este evento. En esa oportunidad, se formul� imputaci�n, entre otros, por el delito de prevaricato, sobre la base de que el procesado tom� diversas decisiones, que la Fiscal�a consider� manifiestamente contrarias a la ley porque tuvieron como fundamento un decreto que hab�a sido anulado por la autoridad judicial competente.

En la acusaci�n, la Fiscal�a no se refiri� �nicamente a los actos administrativos proferidos a la luz de dicho decreto, si no, adem�s, a que el mismo (el anulado judicialmente) tambi�n era manifiestamente contrario a la ley y, por tanto, con su emisi�n se incurri� en el delito previsto en el art�culo 413 del C�digo Penal. Bajo este presupuesto, la Sala precis� lo siguiente: (i) no puede darse por �sobreentendido� un cargo, cuando el mismo no ha sido planteado expresamente por la Fiscal�a, bajo el argumento de que podr�a inferirse de los hechos �lo que coincide con lo expuesto en la decisi�n CSJSP, 21 mar. 2007, Rad. 25862, analizada en precedencia-;

(ii) en la acusaci�n no pueden incluirse hechos que tipifican delitos aut�nomos; y (iii) en esos eventos, la Fiscal�a puede solicitar la adici�n de la formulaci�n de imputaci�n. Sobre esta base, declar� la nulidad de lo actuado, por la violaci�n de las garant�as debidas al procesado. Sin duda, estas reglas se ajustan a lo establecido en el ordenamiento jur�dico, toda vez que: (i) no puede afirmarse que los presupuestos facticos de nuevos delitos puedan ser catalogados como �detalles�, en los t�rminos expuestos en la sentencia C-025 de 2010;

(ii) aunque el ordenamiento jur�dico consagra expresamente la posibilidad de variar la imputaci�n en el sentido de incluir nuevos delitos e, incluso, optar por otros m�s graves �Art. 351-, tambi�n lo es que el mismo texto legal, as� como las reglas establecidas por la Corte Constitucional y el desarrollo jurisprudencial a cargo de esta Corporaci�n, establecen que ello debe hacerse a trav�s de la adici�n a la imputaci�n; y (iii) lo que mantiene un punto de equilibrio entre las necesidades de la justicia y la materializaci�n de las garant�as debidas a las partes�.

Enseguida la Corte, explica otros eventos en los que se introducen cambios desfavorables al procesado, pero por el momento y en la medida en que los anteriores son suficientes para el estudio que adelantaremos, no se har� una presentaci�n de los mismos. Causales de nulidad Ahora, en cuanto a los principios que habilitan acudir al remedio procesal extremo de declarar la nulidad de una actuaci�n procesal, se fijaron en el procedimiento penal anterior � Ley 600 de 2000 � y la CSJ los expuso en decisiones como la SP de 29 de agosto de 2007 radicado No. 22.672 y SP de 19 de noviembre de 2008, radicado No. 30.539.

En la primera de ellas la Alta Corporaci�n ense��: �Se ha dicho, entonces, que s�lo son alegables las nulidades expresamente previstas en la ley (taxatividad); no puede invocarlas el sujeto que con su conducta procesal haya dado lugar a la configuraci�n del motivo enervante, excepto el caso de ausencia de defensa t�cnica (protecci�n); a�n cuando se presente el vicio, puede convalidarse con el consentimiento expreso o t�cito del perjudicado, a condici�n de que sus garant�as fundamentales est�n a salvo (convalidaci�n); quien invoque la nulidad est� obligado a acreditar que la irregularidad afecta garant�as constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la instrucci�n y/o el juzgamiento (trascendencia); y, adem�s, que no existe otro remedio procesal, distinto de la nulidad, para subsanar el yerro que se advierte (residualidad).

A los anteriores principios se han agregado otros como los se�alados en la decisi�n SP de 19 de noviembre de 2008, radicado No. 30.539, que hace referencia al de instrumentalidad de las formas y el de acreditaci�n. Sobre el primero de ellos indica la Corte �No procede la invalidaci�n cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el prop�sito para el cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa�; y sobre el de acreditaci�n, ense�� �Quien alega la configuraci�n de un motivo invalidatorio, est� llamado a especificar la causal que invoca y a plantear los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya�.

Esta orientaci�n se ha extendido por la jurisprudencia a casos regulados por la Ley 906 de 2004, como as� se explic� en la sentencia SP 18 de marzo de 2009, radicado No. 30710, acudiendo a los principios plasmados en el radicado No. 30.539 del 19 de noviembre de 2008: �2. Principios que orientan las nulidades: En el esquema procesal penal de 2004 no aparece una disposici�n en la cual se establezcan expresamente principios orientadores de las nulidades, como s� ocurre en la Ley 600 de 2000, cuyo art�culo 310 regula la materia enumerando seis postulados de esa naturaleza.

Lo anterior, empero, no autoriza para afirmar que la actividad procesal surtida con fundamento en el sistema penal acusatorio previsto en la Ley 906 de 2004 no est� informada por los principios que tradicionalmente han orientado las nulidades ��. La subregla se ha aplicado a casos posteriores como se puede consultar en los fallos SP931-2016 de 3 de febrero de 2016 con radicado 43356 y SP1872-2017 de 15 de febrero de 2017, con radicado No. 34982.

Ya en el plano legislativo, la Ley 906 de 2004, establece de manera expresa y taxativa las causales de nulidad, por lo que �nicamente pueden surgir de aspectos relacionados con la prueba il�cita y la cl�usula de exclusi�n seg�n el tenor de los art�culos 23 y 455, o por falta de competencia del juez seg�n el art�culo 456 y por violaci�n a garant�as fundamentales como el derecho a la defensa y debido proceso, en aspectos sustanciales, seg�n el texto del art�culo 457.

Sustitutivo de prisi�n domiciliaria Respecto de este beneficio, debe decirse que excepcionalmente puede ser concedido como un mecanismo alternativo a la medida intramural, pero resulta indispensable dejar en claro que de todas formas se configura en una restricci�n efectiva y real del derecho de libertad del condenado, solo que se cumple en su lugar de residencia o morada, para lo cual se exige como presupuesto que se cumpla con los requisitos establecidos en el art�culo 38 B del C.P modificado por la Ley 1709 de 2014 y que remite a la vez al art�culo 68A, inciso 2, del mismo estatuto penal, a fin de verificar si la conducta sancionada se encuentra all� enlistada y en caso afirmativo, este mecanismo sustitutivo no se podr� conceder.

6.4. ESTUDIO DEL CASO El an�lisis en concreto, se realizar� por la Sala en el orden establecido al formular los problemas jur�dicos. 6.4.1. Principio de legalidad y garant�as fundamentales Revisando estos t�picos esta Corporaci�n ha declarado la nulidad del tr�mite adelantado, aun despu�s de la emisi�n de sentencias de tipo condenatorio que tuvieron origen en la aceptaci�n de responsabilidad por parte de los procesados de manera unilateral o por consenso efectuado con el ente acusador.

As�, en el caso analizado en el radicado con NI 24163 de septiembre 11 de 2019, MP H�ctor Roveiro Agredo Le�n, se dej� sin validez de manera parcial la actuaci�n adelantada, a partir del auto interlocutorio mediante el cual, el juzgador de instancia convalid� un preacuerdo. Se revoc� la sentencia condenatoria emitida como consecuencia de dicha negociaci�n, entre otras razones porque al tratarse de un delito que gener� incremento monetario, no se aplic� lo exigido en el art�culo 349 de la Ley 906 de 2004, y de paso se vulneraron derechos y garant�as de las v�ctimas.

Igualmente, en el radicado NI 23768, del 3 de septiembre de 2019, MP H�ctor Roveiro Agredo Le�n, se declar� la nulidad de la sentencia por medio de la cual fue condenado el procesado quien hab�a aceptado cargos en la audiencia de formulaci�n de imputaci�n. Ello teniendo en cuenta que el juez de conocimiento no tuvo en cuenta al momento de emitir dicho fallo aquellos elementos materiales probatorios presentados en la actuaci�n inicial y que permit�a verificar si efectivamente exist�a un m�nimo probatorio acerca de la existencia del il�cito y la responsabilidad penal del vinculado, con lo cual se afect� el principio de presunci�n de inocencia. Y a�n en fecha m�s alejada, pero cuyos fundamentos se requiere evocar en esta ocasi�n, en el radicado NI 15021 del 20 de junio de 2016, con ponencia de la suscrita Magistrada, se decret� la nulidad de lo actuado a partir de la Audiencia de imputaci�n, en la cual el procesado hab�a aceptado cargos; en vista de que dicha actuaci�n no incluy� ning�n aspecto del componente f�ctico por el cual se atribu�a responsabilidad al encartado.

Lo anterior para indicar que pese al arribo de un caso para el examen de la sentencia emitida de manera anticipada, el Tribunal ha declarado la nulidad de la actuaci�n cuando se ha verificado la vulneraci�n de garant�as y derechos fundamentales; de ah� que sea necesario poner de relieve lo aqu� ocurrido para establecer s� resulta procedente acoger esta salida procesal.

Proseguimos entonces con el an�lisis de la actuaci�n adelantada en contra de los se�ores JJAG, ELE y MMM, que sigui�, pese a la conexidad sustancial y procesal existente, un camino diferente que resulta necesario analizar con independencia de lo que sucedi� con el se�or CJLD. De los precitados tenemos entonces, que inicialmente se adelant� la imputaci�n que fue formulada el 29 de enero de 2017, exactamente a un mes de ocurrencia de los hechos, que recordemos, tienen que ver b�sicamente con la privaci�n ilegal de la libertad del se�or JEM y la se�ora JAV, utilizando para intimidarlos armas de fuego, lo que acaeci� el d�a 29 de diciembre de 2016, cuando se trasladaban en un veh�culo particular desde el Municipio de Leiva (N) hacia su municipio de origen - La Uni�n (N).

Secuestro que finaliz� porque el primero de los retenidos logr� escapar de sus captores al d�a siguiente de su aprehensi�n y la segunda fue liberada el d�a 31 de diciembre de 2016. La imputaci�n jur�dica de estos hechos fue enmarcada en los delitos de Secuestro Extorsivo Agravado respecto de la v�ctima JEM y Secuestro Simple Atenuado por la retenci�n de JAV, en concurso con el delito de Porte Ilegal de Armas de Defensa Personal Agravado por la coparticipaci�n criminal.

Al presentarse la acusaci�n se incluyeron por parte de la Fiscal�a, los siguientes cambios, lo cual fue explicado y calificado como un complemento f�ctico y jur�dico: Se dio a conocer que el d�a 30 de diciembre de 2016, cuando el se�or JEM, hab�a logrado liberarse de sus captores, fue ubicado, ultimado y su cuerpo desaparecido a trav�s de su lanzamiento al rio.

Tal hecho se enmarc� jur�dicamente en el delito de Homicidio Agravado, seg�n lo previsto en los art�culos 103 y 104-2 del C.P. Se adelant� un proceso de readecuaci�n jur�dica en relaci�n al delito de secuestro extorsivo agravado, ya que la privaci�n ilegal de la libertad finaliz� con el fallecimiento de la v�ctima, raz�n por la cual no hubo una prolongaci�n que se extendiera m�s all� de los 15 d�as.

Tampoco se logr� por parte de los autores la finalidad que se presum�a era de tipo econ�mico. As� las cosas, se cambi� dicha conducta por la de Secuestro Simple, al tenor del art�culo 168 del C.P. Como se ve, se incluyeron cambios favorables y desfavorables a la imputaci�n original, por lo cual resulta necesario comparar esta actuaci�n con los lineamientos jurisprudenciales atr�s invocados, ya que ellos fueron la base de la negociaci�n avalada por el juzgador de instancia, y a�n sin haberse invocado el fundamento jur�dico, tiene relaci�n con lo establecido en el art�culo 351 de la Ley 906 de 2004, en cuanto establece que �en el evento que la Fiscal�a, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y m�s gravosos a los consignados en la formulaci�n de imputaci�n, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputaci�n�.

En cuanto a la variaci�n favorable a los intereses de los encartados, independientemente de que la Sala comparta o no las razones, no resulta relevante ahondar en ellas, ya que sus t�rminos, se ajustan a lo que ense�a la Corte en materia penal, en tanto que se eliminan los hechos relacionados con el secuestro que inicialmente se adujo por la Fiscal�a continuaba a�n para la fecha de la imputaci�n, esto es el 29 de enero de 2017 cuando en realidad hab�a finalizado el 30 de diciembre de 2016 aunado a que no se materializ� la finalidad que se pens� inicialmente, era extorsiva.

Lo anterior implic� desde el punto de vista jur�dico la eliminaci�n de circunstancias de agravaci�n tanto por la modalidad extorsiva como por la prolongaci�n del secuestro. Ahora, en lo que respecta a la variaci�n desfavorable, se trata de la inclusi�n de presupuestos f�cticos que constituyen un nuevo delito, que tiene que ver con el homicidio del se�or JEM, lo cual, a la luz de la jurisprudencia, afecta el principio de legalidad, por las siguientes razones: 1.

Se trata de una situaci�n jur�dica diversa a la que implica un simple cambio de calificaci�n jur�dica de los hechos incluidos en la imputaci�n. 2. El hecho relacionado con el fallecimiento en manos de tres de los captores del se�or JEM, se menciona por primera vez en la acusaci�n. 3. Ese hecho individualmente considerado se subsume en un delito aut�nomo. 4.

La forma de incluir el hecho nuevo y el delito que se deriva de �l, debe hacerse adicionando la imputaci�n inicial. 5. No se trata de simples detalles que hagan referencia a circunstancias complementarias, sino relevantes en el tr�mite procesal que adicionan el n�cleo f�ctico. Siendo as�, no se trata como lo plante� la Fiscal�a en la acusaci�n, de un simple complemento, por lo que en la l�nea de los principios de preclusividad y progresividad del sistema procesal, que se explicaron oportunamente, el camino jur�dico que debi� recorrer el ente acusador, debi� iniciar por convocar a los procesados a una audiencia para adicionar la imputaci�n f�ctica y jur�dica primigenia, e incluir el hecho relacionado con la muerte violenta de la v�ctima inicialmente secuestrada, en momentos en que estaba huyendo y su subsunci�n jur�dica en el delito de Homicidio Agravado.

Obvi� este recorrido la Fiscal�a y aceler� su actuaci�n, quebrantando la estructura procesal que desde el punto de vista formal debe operar con respeto del principio antecedente-consecuente, o de sucesi�n escalonada y consecutiva de actos jurisdiccionales con car�cter preclusivo, que exige seguir el camino procesal en el tr�mite ordinario de la imputaci�n, la acusaci�n, la audiencia preparatoria, el juicio y la sentencia. Por la v�a anticipada, se omitir�n la audiencia preparatoria y el juicio, pero de ninguna manera excepto en el proceso abreviado, que para el caso no tiene aplicabilidad alguna, puede el Estado representado en la Fiscal�a, acusar sin que previamente se haya formulado la imputaci�n f�ctica, la que seg�n se rese�� por la Alta Corporaci�n de cierre, se �constituye en condicionante f�ctico de la acusaci�n� .

Esta falencia, sin duda alguna afecta los cimientos de la estructura del proceso, respecto del delito de homicidio del que fue v�ctima el se�or JEM, quien fuera inicialmente secuestrado; vulneraci�n que ha motivado al Tribunal en otros casos a acudir a la soluci�n extrema de invalidar la actuaci�n adelantada; sin embargo, se presentan elementos diferenciadores que nos permiten seguir una v�a alterna.

Resulta que las situaciones examinadas en anteriores oportunidades, la alzada fue propiciada por los procesados que alegaban vulneraci�n de sus derechos y garant�as fundamentales e inclusive errores en su consentimiento a la hora de aceptar su responsabilidad penal, lo cual implicaba que no existi� de su parte convalidaci�n de lo que consideraban les generaba un perjuicio hacia su responsabilidad, la pena impuesta o la negaci�n de subrogados y sustitutivos.

Situaci�n diferente se presenta para los se�ores JJAG, ELE y MMM, que nos obliga a mirar con otra perspectiva su panorama procesal, acudiendo al argumento consecuencialista, que se acopla a los principios de convalidaci�n e instrumentalidad a la hora de establecer si la nulidad resulta necesaria. El argumento consecuencialista o tambi�n invocado como teor�a de la decisi�n, ha sido utilizado en varias oportunidades por la Corte Suprema de Justicia, entre ellas en la Sentencia Penal de abril 10 de 2013, radicado 33431, con la finalidad de observar las diferentes variables y analizar aquellas dos proposiciones condicionales de cara a establecer las consecuencias tanto de declarar la nulidad, como de adoptar otra soluci�n, y acoger la menos traum�tica dependiendo de las consecuencias que se generen con la decisi�n adoptada.

Para el sub examine, las dos proposiciones son las siguientes: La primera declarar la nulidad por afectaci�n de la estructura procesal, que implicar�a retrotraer la actuaci�n hasta la decisi�n que declar� la legalidad del preacuerdo, para dejar sin vigencia el mismo y esperar a que la Fiscal�a adelante otra audiencia de formulaci�n de imputaci�n respecto del delito de Homicidio, luego de lo cual se presentar�a escrito de acusaci�n, el cual se acumular�a al ya radicado inicialmente sobre los delitos de Secuestro y Porte Ilegal de armas, para finalmente presentar el mismo pacto que ahora sirve de fundamento de la sentencia condenatoria y dar paso nuevamente a su emisi�n. La segunda alternativa, consiste en mantener la sentencia condenatoria impuesta.

Vemos que la �ltima, vista desde ese argumento consecuencialista, resulta la menos traum�tica; implica tambi�n en t�rminos de ahorro procesal, la m�s pragm�tica y al amparo del principio de instrumentalidad de las formas, se verifica que no procede la invalidaci�n porque la inclusi�n de un elemento f�ctico nuevo en la acusaci�n, busca tramitar en un solo proceso las conductas concursales, sin estar a la espera de adelantar un nuevo tr�mite procesal que culmine con sentencia condenatoria para con posterioridad requerir la acumulaci�n de penas.

Debe eso s� cumplirse el prop�sito procesal pretendido, con la condici�n de que que no se vulnere el derecho de defensa; y es aqu� donde juega papel importante el principio de convalidaci�n, puesto que resulta que los �nicos afectados con el tr�mite adelantado son los se�ores JJAG, ELE y MMM, personas que al haber suscrito y aceptado el preacuerdo que incluy� un nuevo cargo que agrav� su situaci�n jur�dica, no presentaron ninguna oposici�n a la acusaci�n que se incluy� en el mismo.

En definitiva, si bien el Tribunal aborda de manera oficiosa el anterior an�lisis, ello resulta necesario porque se encuentran irregularidades sustanciales, que se deben ventilar, pero a la vez dejar claro que no hubo oposici�n por parte de los afectados, a quienes m�s bien, les atrae beneficios punitivos, y por lo mismo se escoge entre las alternativas existentes la menos traum�tica. 6.4.2.

Prisi�n domiciliaria Manteni�ndose inc�lume la situaci�n jur�dica de los procesados. se debe avanzar en el punto que es objeto de la alzada en los t�rminos presentados por parte del abogado defensor respecto de los se�ores ELE y CJLD. Adicionalmente se incluir� el examen de la situaci�n jur�dica de los se�ores MMM y JJAG, ya que de reunirse los requisitos para ellos, la concesi�n del sustitutivo deviene como un derecho que debe reconocerse.

En esa l�nea, la primera instancia neg� el beneficio a los se�ores LE y LD, adelantando una valoraci�n de tipo subjetivo relacionada con la gravedad de la conducta; lo cual es calificado por la parte apelante, como una forma de aplicar sin fundamento legal una �excepci�n de inconstitucionalidad� del art�culo 68 A del C.P., para incluir en el listado de aquellos delitos respecto de los cuales se proh�be la concesi�n de la prisi�n domiciliaria, los de Secuestro Simple y Porte Ilegal de armas de defensa personal agravado.

La Sala tambi�n lo entiende as�, pese a que el se�or Juez de conocimiento no haga expresa menci�n a dicha salida jur�dica, pues se trata de una posici�n que ya ha asumido en anteriores oportunidades, raz�n por la cual, esta Corporaci�n se ha pronunciado revocando la decisi�n, al encontrar que se trata de una interpretaci�n extralegal del articulado, violatoria adem�s de los principios democr�ticos esenciales del Estado Social de Derecho, en contrav�a del principio PRO HOMINE, en la medida en que se hace m�s gravosa la situaci�n jur�dica del condenado.

Desborda adem�s pese a los esfuerzos por brindar razones que pueden resultar plausibles en otros escenarios, como el que pone de manifiesto la representaci�n de v�ctimas que interviene como parte no recurrente; pero que implica adem�s de aplicar sin piso jur�dico la excepci�n de inconstitucionalidad de la prohibici�n del art�culo 68 A del C.P., un exceso en la facultad juzgadora al exigir requisitos m�s all� de los establecidos por el legislador, para la concesi�n del sustitutivo de prisi�n domiciliaria.

De tal manera que para lo procedente es realizar el escrutinio pertinente respecto de cada uno de los procesados conforme a las exigencias reguladas en el art�culo 38 B del C.P. as�: - ELE y CJLD 1. La pena prevista para los delitos de Secuestro Simple y Porte ilegal de armas de defensa personal agravado, en los t�rminos pactados en el preacuerdo, con la punibilidad establecida en el art�culo 56 del C.P., no supera el tope m�ximo de 8 a�os. 2.

Ninguna de las conductas enunciadas, se encuentran incluidas en el art�culo 68 A del C.P. 3. La defensa demostr� con elementos materiales probatorios aportados, luego de que el se�or Juez avalara el preacuerdo presentado a su despacho, el arraigo social y familiar de los procesados, padre e hijo entre s�, en el sector de Alto Bonito, del Corregimiento el Palmar, del municipio de Leiva, lugar en el cual adem�s han tenido asentamiento sus familias, al punto que su nacimiento se da en la misma zona; y se han dedicado tradicionalmente al trabajo en el sector rural.

La anterior informaci�n coincide adem�s con el seguimiento adelantado por la Fiscal�a, y los registros obtenidos en la actuaci�n procesal, seg�n se verifica en sus diferentes fases. Para el se�or CJLD Informe de investigaci�n de campo con fecha de 19 de enero de 2017. Audiencia de solicitud de orden de captura, llevada a cabo el 29 de enero de 2017.

Audiencia de legalizaci�n de captura efectuada el 29 de enero de 2017. Boleta de Detenci�n del 29 de enero de 2017. Acta de preacuerdo con fecha 19 de febrero de 2018. Informe investigativo con fecha 27 de abril de 2018. Para el se�or ELE Informe de investigaci�n de campo con fecha de 19 de enero de 2017. Audiencia de solicitud de orden de captura, llevada a cabo el 29 de enero de 2017.

Audiencia de legalizaci�n de captura efectuada el 29 de enero de 2017. Boleta de Detenci�n del 29 de enero de 2017. Informe investigativo con fecha 27 de abril de 2018. Como se ve, hasta aqu� son todos aspectos de �ndole objetivo, en los que bajo ning�n punto de vista se incluyen elementos subjetivos como los invocados por el A quo, por lo cual conforme lo expres� de manera contundente la defensa, no resulta procedente negar el derecho que les asiste a los procesados ELE y CJLD, y en esa medida la decisi�n adoptada al respecto ser� revocada.

Superados adem�s los tres requisitos mencionados, establece el art�culo 38 B del C.P. que el beneficiario del sustitutivo, deber� garantizar mediante cauci�n el cumplimiento de las obligaciones que se relacionan en su numeral 4�., la cual se fija en este caso en el monto de DOS (2) SMLMV para el a�o 2020, y que ser� depositada a �rdenes del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto, en su cuenta bancaria oficial.

Una vez cumplido lo anterior, se comisionar� a la oficina jur�dica del establecimiento carcelario en el que se encuentren los condenados, para hacer suscribir el acta en la que se comprometan al cumplimiento de las obligaciones enunciadas en el numeral 4� del art�culo 38 B del C.P., en la cual se registrar� adem�s al menos dos tel�fonos de contacto uno personal y otro familiar y dos correos electr�nicos, tambi�n personal y familiar.

Dada la situaci�n derivada de la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, el desplazamiento hasta el lugar de domicilio ser� responsabilidad de los procesados, quienes deber�n reportar su arribo a trav�s de las autoridades policivas del lugar m�s cercano al mismo, tales como el corregidor, inspector de polic�a o comandante de la Estaci�n de Polic�a. Se deber� tambi�n informar al personal policivo antedicho para que, se realice la vigilancia respectiva y se informe a la autoridad judicial que tenga a cargo el asunto.

Situaci�n diferente sucede con relaci�n a los se�ores JJAG, ELE, y MMM, para quienes, en principio, tambi�n se cumplen los requisitos previstos en los numerales 1� y 2� del art�culo 38 B del C.P. Sin embargo, aquel relacionado con su arraigo resulta insatisfecho Vemos que para ellos, la Fiscal�a en principio report� como lugar de ubicaci�n para requerir las �rdenes de captura, el municipio de Leiva, dado que en dicho sitio fue donde se perpetr� el delito de secuestro.

As� se hace conocer en el informe de investigaci�n de campo con fecha de 19 de enero de 2017 y en audiencia de solicitud de captura, llevada a cabo el 29 de enero de 2017. Sin embargo, los lugares de nacimiento difieren de dicha zona, en tanto que AG es natural de Isnos � Huila, y MM lo es de Santander de Quilichao � Cauca, y no es que se quiera decir que necesariamente deban coincidir los lugares de origen y de asentamiento familiar y social, s�lo que en este caso, debilitan la claridad respecto de la informaci�n relacionada con el arraigo; adicionalmente porque el primero de ellos en la audiencia de legalizaci�n de captura, imputaci�n y medida de aseguramiento del 29 de enero de 2017, ante el se�or Juez Promiscuo Municipal de El Tambo, inform� que por ese momento resid�a en el Barrio Modelo de Paz, Puerto Caicedo � Putumayo, con sus padres; desprendi�ndose de ello que su ubicaci�n en dicho lugar no era permanente.

Por otra parte, la vinculaci�n de los se�ores JJAG, ELE y MMM, con el movimiento guerrillero denominado FARC, y el rol que al interior desempe�aban cumpliendo �rdenes de terceros, por l�gica elemental, no les permit�a lograr un asentamiento estable. Este aspecto se corrobora con la informaci�n entregada a trav�s de los interrogatorios en los que se constata que precisamente el secuestro que es objeto del presente tr�mite procesal se perpetr� en cumplimiento de una orden emitida por alias CHEPE, como parte de la actividad desplegada por el movimiento guerrillero que exist�a para ese entonces; personaje que adem�s al momento de enterarse de la fuga del se�or JEM, decidi� su ejecuci�n, lo que desafortunadamente fue cumplido precisamente por AG y MM.

Se concluye as�, que para los precitados no resulta procedente conceder el sustitutivo de la prisi�n domiciliaria. Finalizado este examen, se obtiene como respuesta al problema jur�dico formulado que no resulta viable exigir requisitos de �ndole subjetivo relacionados con la gravedad de la conducta para conceder el beneficio antedicho y por ello habr� de modificarse la decisi�n de primera instancia, en los puntos objeto de la alzada.

En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 30 de abril de 2018, por el se�or Juez Cuarto Penal del Circuito de Pasto, el cual ser� del siguiente tenor: NEGAR a todos los sentenciados el subrogado penal de la Suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena. En cuanto al sustitutivo de Prisi�n domiciliaria se negar� a los se�ores JJAG y MMM, y se conceder� a los se�ores ELE y CJLD.

Respecto de quienes se concede el beneficio en menci�n, deber�n suscribir acta en la que se comprometen a cumplir las obligaciones consagradas en el art�culo 38 B del C.P., previo otorgamiento de cauci�n prendaria por el equivalente a DOS (2) SALARIOS M�NIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES al a�o 2020, por cada uno. Una vez cumplido lo anterior, se comisionar� a la oficina jur�dica del establecimiento carcelario en el que se encuentren privados de la libertad, los condenados ELE y CJLD, para hacer suscribir el acta en la que se comprometan al cumplimiento de las obligaciones enunciadas en el numeral 4� del art�culo 38 B del C.P., en la cual se registrar� adem�s al menos dos tel�fonos de contacto uno personal y otro familiar y dos correos electr�nicos, tambi�n personal y familiar.

Dada la situaci�n derivada de la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, el desplazamiento hasta el lugar de domicilio ser� responsabilidad de los procesados, quienes deber�n reportar su arribo a trav�s de las autoridades policivas del lugar m�s cercano al mismo, tales como el corregidor, inspector de polic�a o comandante de la Estaci�n de Polic�a. Se deber� tambi�n informar al personal policivo antedicho para que se realice la vigilancia respectiva y se informe a la autoridad judicial que tenga a cargo el asunto.

SEGUNDO: Se hace saber que en contra de la presente decisi�n procede el recurso extraordinario de casaci�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE 248 BLANCA LIDIA ARELLANO MORENO Magistrada SILVIO CASTRILL�N PAZ Magistrado FRANCO SOLARTE PORTILLA Magistrado JUAN CARLOS �LVAREZ L�PEZ Secretario EL SECRETARIO DE LA SALA PENAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, HACE CONSTAR Que teniendo en cuenta las medidas establecidas en los Acuerdos PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020, PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020, PCSJA20-11526 del 22 de marzo de 2020, PCSJA20-11532 del 11 de abril de 2020, PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020, PCSJA20-11549 del 07 de mayo de 2020, PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020 y PCSJA20-11567 del 05 de junio de 2020, emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura, respecto de la pandemia generada por el virus COVID 19 y aquellas propias emanadas de la Presidencia de la Sala Penal, de manera virtual se deja constancia del registro de proyecto presentado en el asunto arriba referenciado.

Pasto, 23 de junio de 2020. JUAN CARLOS �LVAREZ L�PEZ Secretario  No se registra el apellido paterno porque en algunas actuaciones tanto de la Fiscal�a como del juzgado se registra como URBANO y en otras como BURBANO.  CD No. 2 Audiencias Preliminares � 29 de enero de 2017. Archivo No. 2. Minutos 00:29:20 y ss  Folio 221  CSJ SP, 30 marzo de 2006 rad. 23972  Constituci�n Pol�tica de Colombia, art�culo 29, incisos primero y segundo.  Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, art�culo 8;

Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art�culo XXVI; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, art�culo 14, y Carta Internacional de Derechos Humanos, art�culo 10.  Ley 906 de 2004, art�culo 6.  Cfr. Sentencia de 10 de marzo de 2010, radicaci�n N� 32422.  Constituci�n Pol�tica de Colombia, art�culo 29, inciso cuarto.  Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos, art�culos 9, 10 y 11;

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, art�culos 14 y 15; Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art�culos XXV y XXVI; y Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, art�culos 7, 8 y 9.  Ley 906 de 2004, art�culo 8.  Jauchen, EDUARDO M. �Derechos del Imputado�. Rubinzal- Culzoni Editores, Buenos Aires, 2005, p�ginas 149-154.  Ob.

Cit., p�ginas 26 y 27.  Clar�a Olmedo, JORGE A. �Derecho Procesal Penal�. Rubinzal- Culzoni Editores, Buenos Aires, 2004, Tomo I., p�ginas 220-221.  CSJ SP nov 28 2007, rad. 27518 reiterada en SP feb 3 2016, rad 43356.  Negrillas fuera del texto original.  Negrillas fuera del texto original.  CSJ SP nov 28 2007, rad. 27518 reiterada en SP feb 3 2016, rad 43356.  Tambi�n en CSJ AP 5 may 2010, rad. 31319  Una proposici�n condicional responde a una estructura l�gica de acto-consecuencia, y ling��sticamente se representa �si x entonces y�.  TSP, SP 19 jul 2018, radicado No. 520016116211-2017-00281-02 N.I. 24646 MP Silvio Castrill�n Paz  Fl 111 del expediente  CD audiencia preliminar Juzgado 3� Penal Municipal con funci�n de Control de Garant�as de Pasto.

Minuto 00:03:49  CD audiencia preliminar Juzgado Promiscuo Municipal de Nari�o. Minuto 00:05:34  Fl 21 del expediente  Fl 155 del expediente  Fls. 178 a 183 del expediente  Fl 113 del expediente  CD audiencia preliminar Juzgado 3� Penal Municipal con funci�n de Control de Garant�as de Pasto. Minuto 00:02:08  CD audiencia preliminar Juzgado Promiscuo Municipal de Nari�o. Minuto 00:03:55  Fl 19 del expediente  Fls. 163 a 176 del expediente  Fl 111 a 114 del expediente  CD audiencia preliminar Juzgado 3� Penal Municipal con funci�n de Control de Garant�as de Pasto.

Minutos 00:02:44 y 00:03:00  Fl. 89 del expediente  Fl. 95 del expediente  Fls. 83 a 88 del expediente     Magistrada Ponente: Dra. Blanca Lidia Arellano Moreno Proceso No. 52001-60-00-485-2017-00214 N.I. 20062 PAGE  PAGE 20 Magistrada Ponente: Dra. Blanca Lidia Arellano Moreno Proceso No. 52001-60-00-485-2017-00214 N.I. 20062  EMBED PBrush \s \* MERGEFORMAT  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto Sala Penal FIn�       E F N O P g h i k l m p � � � ������۷ۥ�������r`rN`r`r`r#h�+�h�v�5�CJOJQJ^JaJ#h�+�h��5�CJOJQJ^JaJ#h�+�h�F5�CJOJQJ^JaJh�{5�CJOJQJ^JaJ#h�+�he�5�CJOJQJ^JaJ#h�+�h�+V5�CJOJQJ^JaJ#h�+�h325�CJOJQJ^JaJ#h�+�h#�5�CJOJQJ^JaJ#h�+�h�/^5�CJOJQJ^JaJ#h�+�h|�5�CJOJQJ^JaJ  P � � � � � � B C ]^�������������������������$&d P�� a$gd�M$a$gd�M$a$gd8O$a$gd!S $@&a$gd�F$a$gd�F ��gde�  �}d�gd32  ��d�gd�/^� � � � � + @ � � � � � � � � � � � A ��ɷ۷ۦ���p�p\pJ8#h�+�hQ�5�CJOJQJ^JaJ#h�+�hVWU5�CJOJQJ^JaJ&h�+�h/VE5�6�CJOJQJ^JaJ#h�+�h/VE5�CJOJQJ^JaJ#h�+�h�)5�CJOJQJ^JaJ#h�+�h& _5�CJOJQJ^JaJ h�+�h�v�CJOJQJ^JaJ#h�+�h�v�5�CJOJQJ^JaJ#h�+�hU,T5�CJOJQJ^JaJ#h�+�h�F5�CJOJQJ^JaJ#h�+�h3Y 5�CJOJQJ^JaJA B C a � � � � � � � � � � � � � � 3 t z } � � � � ��ʹʨʗʆ����u��udu�uSBd h�+�hq$jCJOJQJ^JaJ h�+�h�CJOJQJ^JaJ h�+�h�CJOJQJ^JaJ h�+�h,�CJOJQJ^JaJ 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de Windows54Microsoft Office Word@z1�K@��R�@�2p�[�@,�����'�'u�����՜.��+,��08 hp���� ���� � �,La Nacion Consejo Superior de la Judicatura��{ DocumentSummaryInformation8������������ hMsoDataStore���������V������ ����1�J2��SE�E�LI4EKL�JP�Q==2���������V������ ����Item ��������6 (TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL T�tulo<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <b:Sources SelectedStyle="\APASixthEditionOfficeOnline.xsl" StyleName="APA" Version="6" xmlns:b="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/bibliography" xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/bibliography"></b:Sources> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <ds:dataProperties������������UCompObj������������v������������������������storeItem ds:itemID="{B25CD26F-8424-4FE0-8B21-E10A2F724FA1}" xmlns:ds="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/customXml"><ds:schemaRefs><ds:schemaRef 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Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,texto de nota al pie,Texto nota pie Car Car Car,Texto nota pie Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car,Footnote Text Char,f,Car,ft,FA,Ca,CCJ0�/���0 �8�Footnote Text Char1,Footnote Text Char Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char Char1,Footnote reference Char,FA Fu Char,texto de nota al pie Char,Texto nota pie Car Car Car Char,Footnote Text Char Char,f Char,Car Char,ft Char,FA Char CJOJ QJ ^JaJmH sH tH.�/���. 8V�Texto nota pie Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,texto de nota al pie Car,Texto nota pie Car Car Car Car,Texto nota pie Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car CJOJ QJ ^JaJmH sH tH &`��� 8V�Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,referencia nota al pie,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Footnote number,BVI fnr,4_G,16 Point,Superscript 6 Point,Texto nota al pie,Footnote Reference Char3,Footnote Reference Char1 Char,Ref. de nota al,RH*^JD��D 8VList Paragraph ��^��m$Z^�Z 8V0 Normal (Web)�d�d[$\$OJQJaJmH $sH $tH $$�/���$ 8Vb_aj^JF�/���F 8Vapple-converted-space^J@U ��@ 8V0 Hiperv�nculo>*B*^Jph�H�H "�NjTexto de globo!CJOJQJaJ\�/��!\ !�NjTexto de globo Car CJOJQJ^JaJmH sH tH \P2\ $�W}Texto independiente 2 #d��x OJQJaJj�/��Aj #�W}Texto independiente 2 Car CJOJQJ^JaJmH sH tH V�RV �W}P�rrafo de lista1 %��^��OJPJQJaJF�bF�j306&5$7$8$H$CJOJQJmHnHu`�r` ��Texto predeterminado'5$7$8$9DH$ aJmH sH V��V ��P�rrafo de lista2 (��^��OJPJQJaJV��V RNP�rrafo de lista3 )��^��OJPJQJaJtR�t +�YKSangr�a 2 de t. independiente*�d��x^� CJOJQJz�/���z *�YK!Sangr�a 2 de t. independiente Car CJOJQJ^JaJmH sH tH "�/���" �]�0�Texto nota pie Car1,Footnote Text Char Char Char Char Char Car1,Footnote Text Char Char Char Char Car1,Footnote reference Car1,FA Fu Car2,FA Fu Car Car Car Car Car Car Car Car Car1,FA Fu Car Car2,FA Fu Car Car Car Car Car Car1,Car Car,ft Car,FA CarCJOJQJmH sH tHV��V >lprrafodelista3-�d�d[$\$OJPJQJaJZ��Z >lmsolistparagraph.�d�d[$\$OJPJQJaJD' ���D �6eRef. de comentarioCJaJ@@ 1�6eTexto comentario0CJT�/��T 0�6eTexto comentario CarOJ QJ mH sH tH LjL 3�6eAsunto del comentario25�\�d�/��1d 2�6eAsunto del comentario Car5OJ QJ \mH sH tH D�@BD �+0P�rrafo de lista 4��^��xCRx 6� 0Sangr�a de texto normal5�d�x^�CJOJQJaJmHsHtH Z�/��aZ 5� 0Sangr�a de texto normal Car CJaJtH F+rF 8�@7Texto nota al final7CJZ�/���Z 7�@7Texto nota al final CarOJ QJ mH sH tH F* ���F �@7Ref. de nota al finalH*PK!����[Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a������(7��I��R�{�pgL�=��r����8�5v&����uQ�뉑8��C����X=����$␴�?6N�JC�������F�B.ʹ'�.�+���Y�T���^e5�5�� � �ð �_�g -�;�����Yl�ݎ��|6^�N��`�?���[��PK!�֧��6 _rels/.rels���j�0 ���}Q��%v/��C/�}�(h"���O� ������=������ ����C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0���O�R�Bd���JE�4b$��q_����6L��R�7`�������0̞O��,�En7�Li�b��/�S���e��е������PK!ky���theme/theme/themeManager.xml �M � @�}�w��7c�(Eb�ˮ��C�AǠҟ����7��՛K 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