520016008802201900015-00 · Tribunal de Pasto

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SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - CRITERIOS DE DEFINICI�N DE LA SANCI�N. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - INTER�S DE LA VICTIMA EN EL AUMENTO DE LA SANCI�N IMPUESTA: A la v�ctima le asiste tal inter�s como una forma de que se cumpla el derecho a la justicia. Conforme la Constituci�n Pol�tica, el Bloque de Constitucionalidad y las normas propias de la legislaci�n espec�fica y teniendo en cuenta la finalidad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, dentro del cual la sanci�n debe conllevar unas funciones de protecci�n, educaci�n y restauraci�n, se considera que la sanci�n impuesta de privaci�n de la libertad en centro especializado para el adolescente y su quantum, se encuentran ajustados a los presupuestos f�cticos y jur�dicos aplicables al caso, en tanto no basta con se�alar la gravedad de la conducta t�pica, pues a fin de dar una tasaci�n objetiva y acorde a las finalidades de la sanci�n, deben contemplarse, entre otros criterios, las circunstancias y necesidades del menor infractor y la necesidad de la sociedad, tratando siempre de enfocar las consecuencias del punible hacia un marco pedag�gico en favor del procesado, garantiz�ndose sus derechos y buscando la reorientaci�n como base de todas las medidas sancionatorias contempladas por la ley de infancia y adolescencia, cuyo prop�sito no solo est� en emitir una sanci�n, sino que esa sanci�n debe imponerse bajo la regla del inter�s superior del menor, es decir, que debe haber una ponderaci�n entre el da�o ocurrido y la necesidad de una sanci�n para el adolescente, debi�ndose tener en cuenta los criterios de proporcionalidad e idoneidad de la sanci�n frente a la protecci�n integral y la educaci�n, pues lo que se pretende es que el menor se rehabilite como �ltimo recurso en un centro cerrado, con una sanci�n que acorde con sus progresos y deficiencias le permita readaptarse a la sociedad con la ayuda de su familia y del Estado.

Determin�ndose que la imposici�n de la sanci�n y el tiempo son adecuados en procura de su rehabilitaci�n y resocializaci�n, pero dada la gravedad del comportamiento realizado debe imponerse la privaci�n de la libertad; no siendo procedente, acceder a la solicitud impetrada por el representante de las v�ctimas, de incrementar la sanci�n impuesta.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente: Dr. H�ctor Roveiro Agredo Le�n Proceso N� : 520016008802201900015-00 No. Interno: 2250 Conducta Punible: Homicidio Infractor: E.D.M.Ch. Decisi�n: Confirma Providencia Apelada Aprobado: Acta N� 6 de 17 de febrero de 2020 San Juan de Pasto, veinte de febrero de dos mil veinte I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO Decide la Sala el recurso de apelaci�n interpuesto por el apoderado de las v�ctimas, contra la sentencia del 23 de mayo de 2019 dictada por el Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Pasto, que sancion� al adolescente E.D.M.Ch., como autor del delito de Homicidio Doloso Simple, e impuso como sanci�n la privaci�n de la libertad en centro de atenci�n especializada por el lapso de 30 meses. 1.

Supuestos f�cticos Conforme a lo obrante en el l�belo se sabe que el 27 de enero de 2019, en el sector de Pejendino Alto del Corregimiento de Buesaquillo del Municipio de Pasto (N), se report� que el adolescente E.D.M.Ch. vociferaba en la calle con el se�or DLMG, persona que en momentos previos acababa de llegar a su vivienda en compa��a de su pareja e hijos en un automotor de su propiedad.

Se refiri� que el joven estaba alterado y quer�a pelear; no obstante, el se�or MG no accedi� al desaf�o, situaci�n ante la cual el adolescente sac� un arma blanca que llevaba consigo y le caus� dos heridas, una de ellas a la altura del pecho, tras lo cual, huye y se refugia en una casa cercana perteneciente al se�or Luis Arturo Morales. Tras los hechos la polic�a hizo presencia en el lugar, siendo enterada de lo sucedido, ingresando con consentimiento del morador al inmueble en el que el adolescente se hab�a refugiado para proceder a aprehenderlo y ponerlo a disposici�n de las autoridades competentes, actos mientras los cuales el se�or DLMG fue trasladado a un centro hospitalario para su atenci�n, lugar donde finalmente fallece en funci�n a las heridas propinadas por el mentado joven. 2.

Actuaci�n procesal y sentencia recurrida 2.1. Ante el Juez Primero Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as para Adolescentes, el 28 de enero de 2019, se llevaron a cabo las audiencias preliminares concentradas de legalizaci�n de aprehensi�n, formulaci�n de imputaci�n e imposici�n de medida de internamiento preventivo, imputando al procesado a t�tulo de dolo y en calidad de autor la conducta de �Homicidio simple� descrita en el articulo 103 del C�digo Penal y en funci�n a la calidad del imputado, estipulada por el articulo 187 de la Ley 1098 del 2006, a lo cual, tras la adecuada informaci�n al adolescente, acept� los cargos formulados por el persecutor, consecuencia de lo cual la togada de cargo dispuso remitir el asunto al Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento para Adolescentes a fin de que se fije fecha para la realizaci�n de audiencia de imposici�n de sanci�n. Por otro lado, en cuanto a la solicitud de internamiento preventivo, resolvi� la judicatura imponer medida de internamiento preventivo al adolescente E.D.M.Ch. por el termino de 4 meses en el Centro de Internamiento especializado del Instituto Santo �ngel de la ciudad de Pasto. 2.2.

En cuanto a la sentencia recurrida, el a quo, inici� remembrando de manera sucinta los f�cticos del asunto y la identificaci�n del procesado. Seguidamente se ocup� de sentar las consideraciones del caso, para lo cual, atendiendo al art�culo 372 de la Ley 906 de 2004 procedi� a evaluar si exist�a un m�nimo de pruebas que lleve al convencimiento de los hechos, circunstancias y de la responsabilidad penal, para indicar que conforme a lo aportado en el l�belo, era admisible llegar a la certeza buscada, encuadrando el comportamiento en la conducta contenida en el art�culo 103 del C�digo Penal, sumado a la existencia de la culpabilidad en tanto que el adolescente procesado ten�a la capacidad suficiente para comprender y determinarse sobre los hechos ocurridos.

Claro lo anterior procedi� a establecer la sanci�n a aplicar, para lo cual record� las que para el efecto se han establecido en el art�culo 177 de la Ley 1098 de 2006. Despu�s, record� que conforme se ha establecido en el art�culo 187 de la misma normativa, los adolescentes que incurran en la comisi�n de la conducta en menci�n en la modalidad dolosa ser�n destinatarios de la privaci�n de la libertad con una duraci�n de 2 a 8 a�os en Centro de Atenci�n Especializada.

Continuando con la labor, record� las sugerencias expuestas por la defensor�a de familia, la Fiscal�a, el representante de v�ctimas y la defensa t�cnica respecto de la sanci�n a imponer, as� como los criterios de definici�n de las sanciones dispuestos en el art�culo 179 del C�digo de Infancia y Adolescencia. Con ello, teniendo en cuenta adem�s la gravedad del punible acaecido, as� como las circunstancias tanto positivas como negativas que enmarcan el contexto del procesado, resolvi� imponer una sanci�n privativa de la libertad en Centro de Atenci�n Especializada.

Corolario a ello, en tem�tica referente a la cantidad de tiempo por la cual se impondr�a la sanci�n, estipulo como aspectos positivos la carencia de antecedentes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, as� como la aceptaci�n de cargos como referente de colaboraci�n con la justicia y en misma l�nea los conceptos allegados por el ICBF frente a la escolarizaci�n en el medio de reclusi�n y la voluntad de cambio; no obstante, tambi�n tuvo en cuenta en esa ponderaci�n la gravedad del delito, la repercusi�n social del mismo y las circunstancias de consumo que coligen su caso, decantando entonces en que en virtud a los preceptos de la ley de infancia y adolescencia, la sanci�n se impondr�a en un total de 30 meses. 3.

Argumentos del recurrente El representante de las victimas, apela la decisi�n de primera instancia buscando se modifique y aumente el quantum sancionatorio impuesto por el juez de cargo, refiriendo como sustento de su alzada que el fallo en s� colige una afectaci�n a los derechos de la familia del occiso, en especial de sus hijos menores de edad y la referencia expl�cita a la situaci�n de consumo de sustancias psicoactivas por parte del procesado, incoando as�, sobre el juzgador de segunda instancia una petici�n tendiente a modificar el talante de la sanci�n, solicitando que se aplique el m�ximo contemplado por la ley.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia Esta Corporaci�n es competente para desatar el recurso de apelaci�n interpuesto por el defensor de E.D.M.Ch. contra la sentencia No. 045 del 23 de mayo de 2019 emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto con funciones de Conocimiento para Adolescentes, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 � del art�culo 34 de la Ley 906 de 2004. 2.

El problema a resolver Debe la Sala entrar a examinar si la inconformidad manifestada por el representante de la Victima, en cuanto a la cantidad de sanci�n impuesta, tiene soporte normativo o jurisprudencial que la avale y pueda prosperar, o, por el contrario, carece del mismo y deba entonces confirmarse la decisi�n. 3. Asunto previo Lo primero que se debe precisar, es que con ocasi�n al principio de competencia funcional en el recurso de apelaci�n, la Sala solo se debe pronunciar con ocasi�n a los temas objeto de impugnaci�n y a los inescindiblemente vinculados a �stos.

Sobre el tema la Corte Suprema de Justicia en SP 45223 del 20 de abril de 2016 dijo: ��como lo tiene sentado la Sala, si bien la Ley 906 de 2004 no establece de manera expresa l�mite respecto a la competencia del superior para desatar el recurso de apelaci�n, como s� lo hac�a la Ley 600 de 2000 en el art�culo 204, de todos modos por virtud del art�culo 31 de la Constituci�n Pol�tica, en cuanto consigna los principios de doble instancia y la prohibici�n de la reforma en peor, la decisi�n de segunda instancia s�lo podr� extenderse a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnaci�n y que �stos no constituyan un desmejoramiento de la parte que apel�.

Lo anterior tiene raz�n jur�dica procesal, en tanto que el nuevo sistema contempla que el impulso del juicio est� supeditado a las tesis y a las argumentaciones que los intervinientes aduzcan frente a sus pretensiones, las cuales tienen vocaci�n o no de �xito dependiendo del resultado de la actividad probatoria. Dentro de tal premisa entonces, el sentenciador de segundo grado debe circunscribir su competencia a los asuntos que el recurrente ponga a su consideraci�n, sin que le sea permitido inmiscuirse en otros temas que no son objeto de discusi�n o que han sido materia de conformidad, salvo que advierta violaci�n de derechos y garant�as fundamentales�.

(Subrayas propias de la Sala) Conforme lo anterior, la Sala se pronunciar� sobre el quantum sancionatorio aplicado por el A quo contra E.D.M.Ch., por cuanto el an�lisis de tal t�pico del fallo es el �nico tema objeto de apelaci�n por parte del abogado que impulsa la alzada. 4. Del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes � Ley 1098 del 2006 y Ley 906 del 2004.

En principio, es de precisar que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, surge de la necesidad de implementar un organigrama penal para los delitos cometidos por individuos que aun no ostentan la mayor�a de edad, siendo entonces un marco legal evocado como prerrogativa diferencial frente a infractores con plena conciencia y responsabilidad en el sistema ordinario, pues tal como se podr� observar en el siguiente y sucinto decanto, el Sistema en comento atiende a necesidades dentro de las cuales, si bien, se inmiscuye principios de la ley penal para la protecci�n com�n, tambi�n se estipula un car�cter de primac�a de los derechos de los sujetos cobijados por la Ley 1098 del 2006 en cuanto a la sustituci�n de medidas propiamente punitivas por unas hom�nimas de car�cter correctivo y pedag�gico que reorienten su proceso de formaci�n. En tal l�nea, el sistema en trata se esgrime como un �conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigaci�n y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) a�os (�)�, concepto que a su vez, decanta t�picos relevantes para entender el �nimo normativo de una estipulaci�n penal particular y diferenciada para la poblaci�n adolescente, ab initio plasma como principal de este tipo de procesos a los principios, que en remisi�n del art�culo 141 de la misma normatividad, aducen a las prerrogativas constitucionales generales y espec�ficas, as� como al bloque de constitucionalidad vigente sobre la tem�tica que se trata, lo que en t�rminos m�s amplios conduce a especificaciones particulares de especial relevancia en cuanto a la primac�a de los derechos de los ni�os, ni�as y adolescentes, y a su vez, la estipulaci�n de una responsabilidad punitiva estructurada en medios pedag�gicos donde prime la protecci�n integral de los derechos de quienes son judicializados en virtud a su naturaleza, pero, sin dejar de lado los caracteres por los cuales �(�) El proceso deber� garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparaci�n del da�o�, pues, su teleolog�a normativa se enmarca el proceso en una armonizaci�n de las normas penales con el marco especial de los adolescentes, de los cuales, si bien no se permite una judicializaci�n de manera directa bajo los presupuestos de la Ley 906 del 2004, si se plasma la titularidad de las acciones, el reconocimiento de la responsabilidad y la adjudicaci�n de una sanci�n acorde a la misma con la diferenciaci�n taxativa y esencial entre sus finalidades y las regladas para la pena.

Corolario a ello, es claro que el sistema bajo el cual se rige el asunto en cuesti�n, se trata de un procedimiento con amplitud de garant�as sobre la generalidad de los acusados que cumplan los caracteres de edad estipulados por la Ley 1098 del 2006; no obstante, recalcando su similitud y apego al t�pico de �responsabilidad penal�, es menester frente a los decantos posteriores en el presente asunto, comprender de manera integral los fines de la sanci�n como figura de formaci�n y soporte pedag�gico preventivo, as� como la forma de imposici�n de las mismas y por tanto, la modalidad bajo la cual se estipula la dosificaci�n de las sanciones para adolescentes. 4.1.

De los fines de la sanci�n en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. La sanci�n se estipula como la consecuencia jur�dica de la comisi�n de un punible por parte de un adolescente en el sistema reglado por la Ley 1098 del 2006, cuesti�n que dar�a para equiparar a la sanci�n en el sistema de comento, a la pena en el Sistema Penal Acusatorio de la Ley 906 del 2004, donde a primera vista, ambas figuras se consideran como la reacci�n racional de un conglomerado representado por el aparato judicial, en contra de un individuo que, a sabiendas de la ilegalidad de sus actos, act�o en transgresi�n del pacto social que rige la sana convivencia en la comunidad.

No obstante, es menester resaltar que los principios normativos, remiten taxativamente a tres fuentes de derecho como �bice de las prerrogativas plasmadas en la Ley 1098 del 2006, esto es, la Constituci�n Pol�tica de 1991, la cual, conexa con el Bloque de Constitucionalidad y las normas propias de la legislaci�n espec�fica, coligen el entramado de interpretaci�n a implementar para todas las aristas del procedimiento especial en comento.

As�, previo al an�lisis de la taxatividad normativa que evocan las sanciones en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, es necesario vislumbrar el �nimo de interpretaci�n que decanta nuestra Carta Magna, misma en la cual, su t�pico base vislumbra la salvaguarda de la vida, la justicia, la igualdad y la convivencia pacifica entre sus integrantes, conceptos que a su vez, son explayados en el articulado siguiente que corresponde a los derechos pactados como principales entre los nacionales, dando especial relevancia al derecho a la vida como de esencial protecci�n y origen impl�cito del desarrollo de sus hom�nimos, plant�ndose as�, un llamado de salvaguarda general y a su vez, estipulando en una sobre interpretaci�n normativa, a los delitos que atenten contra la vida como de mayor importancia y en misma l�nea, como aquellos sobre los cuales surca el mayor reproche social, y por tanto, el m�s alto velo del sistema judicial.

En esta l�nea, contando con un marco previo sobre la generalidad normativa que encuadra los principios sancionatorios del sistema diferenciado para adolescentes, considera la Sala pertinente, direccionar la mirada de la judicatura hacia las referencias espec�ficas de la figura esbozada, esto es en principio, iterando lo conceptuado por el art�culo 140 de la Ley 1098 del 2006 sobre la finalidad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y continuando con lo reglado por el art�culo 178 ibidem, el cual reza: �Finalidad de las sanciones.

Las sanciones se�aladas en el art�culo anterior tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa (�)� (Subrayado por la Sala) As�, es evidente que la medida de contraprestaci�n al incumplimiento de las prerrogativas m�ximas de convivencia plasmadas en la normatividad penal por parte de adolescentes, se encuentra una norma en pro de su protecci�n, educaci�n y aunado a ello, en lo que podr�a tomarse como el aspecto de �ndole penal, la implementaci�n de una justicia restaurativa que procura la participaci�n de todas las personas involucradas en el hecho punible para lograr la reparaci�n de una forma integral.

En tal l�nea, es necesario tener en cuenta los l�mites y aspectos que enmarcan a cada uno de los conceptos que evocan los fines de la sanci�n, pues, a partir de ello se estructura el precepto de la misma, su duraci�n y enfoque seg�n el caso. Para iniciar, se habla de una labor protectora del Estado para con el infractor, pues en esencia, tal mandato materializa los postulados internacionales sobre el tema penal en materia de adolescencia, evocando as� la salvaguarda, aun en conciencia del reproche que surca sobre el delito cometido, de enfocar las consecuencias del punible hacia un marco pedag�gico en funci�n a las particularidades del sujeto activo de la conducta, entre estos, la separaci�n en caso de medidas privativas de la libertad, de los centros de reclusi�n o de atenci�n especial, la garant�a de cristalizaci�n de sus derechos en todo momento y la reorientaci�n como base de todas las medidas sancionatorias contempladas por la codificaci�n de infancia y adolescencia. No obstante, en funci�n al factor protector que debe brindar el Estado para con los j�venes que por distintas circunstancias se ven inmiscuidos en comportamientos delictivos, no es posible desconocer que el mismo debe ir m�s all� de una salvaguarda enfocada en la concesi�n de garant�as directas al infractor, pero tampoco podemos desconocer una problem�tica social evidente como la utilizaci�n de menores de edad para la comisi�n de cr�menes en virtud al juzgamiento bajo la justicia diferenciada, para dar un velo de protecci�n enfocado en la generalidad de la poblaci�n adolescente, esto es, estructurando alrededor de los postulados propios de la Carta Magna sobre los ni�os, ni�as y adolescentes, pero de eso se trata de dar una protecci�n especial y diferenciada a todos los adolescentes unos que incurren en la acci�n delictual por vez primera, otros que lo llevan como medios de subsistencia, acci�n social integra que busca el mejoramiento de las condiciones propias de la infancia y la adolescencia frente a sucesos reprochables y contrarios al pacto social que une al Estado.

Ahora bien, en el SRPA la imposici�n de la medida tiene una funci�n protectora, educativa y restaurativa, todo ello basado en el inter�s superior del menor, al punto que la misma normativa ha establecido la protecci�n integral para los menores; al efecto, el art�culo 7� de la Ley 1098 del 2006 indica que: �Se entiende por protecci�n integral de los ni�os, ni�as y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garant�a y cumplimiento de los mismos, la prevenci�n de su amenaza o vulneraci�n y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del inter�s superior.� Bajo tal precepto, queda claro la protecci�n del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes reglado por la misma legislaci�n, otorga protecci�n no solo en su car�cter lineal y explicito, sino que establece un sistema que regula en menor cuant�a y con diferente �nfasis la sanci�n penal. 4.2 De los Criterios de Definici�n de la Sanci�n en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Al tenor, es de tener en cuenta que al igual que en el articulado correspondiente al Sistema Penal Acusatorio y Procesal Penal, en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes se contempla una serie de especificaciones que reglan la dosificaci�n y especificaci�n de las sanciones, misma que si bien, posee menos caracteres que la Ley 906 del 2004, estipula referentes para la limitaci�n en el poder punitivo del Estado y el respeto por las garant�as y derechos humanos de los judicializados.

En tal sentido, el art�culo 179 de la Ley 1098 del 2006 reza: �Criterios para la definici�n de las sanciones. Para definir las sanciones aplicables se deber� tener en cuenta: 1. La naturaleza y gravedad de los hechos. 2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanci�n atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad. 3.

La edad del adolescente. 4. La aceptaci�n de cargos por el adolescente. 5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez. 6. El incumplimiento de las sanciones.� (Subrayado por la Sala) As�, en un an�lisis amplio del precepto mencionado, tanto en el primer como segundo punto es posible decantar frente a la incidencia de los hechos, que en otras palabras, es el da�o causado, las situaciones generales del facto, que en el sistema de comento surcan como principales para la estipulaci�n del quantum punitivo a imponer, mismas que en esencia, pueden traducirse en la concepci�n de ponderaci�n mencionada anteriormente frente a un t�pico tan relevante como el la proporcionalidad e idoneidad de la sanci�n frente a las necesidades del menor, que por la teleolog�a del sistema de responsabilidad para adolescentes debe combinarse con los conceptos dados por los defensores de familia que son quienes dan cuenta de los adelantos del menor en su tratamiento.

Ahora bien, es de resaltar que aun cuando el da�o, tal como se ver� a continuaci�n en sustento jurisprudencial, se evoca como el principal pilar de la imposici�n de una sanci�n, en funci�n a sus tipos y a su duraci�n, la codificaci�n ha propuesto el an�lisis de t�picos adicionales, atinentes en misma l�nea al an�lisis contextual del delito cometido, entre estas lo concerniente a la madurez del procesado, la aceptaci�n de culpabilidad (la cual se presenta como un t�pico en beneficio del procesado con incidencias en el an�lisis del fallador y a su vez, la materializaci�n del precepto de econom�a procesal tratado ampliamente en la legislaci�n penal), y lo relativo al incumplimiento de compromisos o sanciones ya impuestas por la judicatura.

De conformidad con lo anterior y retomando la l�nea central del presente ac�pite, se resalta en primer punto el t�pico inicial de la valoraci�n sancionatoria, misma que se contempla a partir de los preceptos del art�culo 179 de la Ley 1098 de 2006, que de manera enf�tica dispone, entre otros aspectos, que el fallador al momento de imponer la sanci�n respectiva deber� tener en cuenta �la naturaleza y gravedad de los hechos�; presupuesto que marca como una inferencia razonable la interpretaci�n amplia de las caracter�sticas particulares que rodearon los factos de juzgamiento, entre ellas, el tipo de delito, el bien jur�dico afectado, el talante de afectaci�n, la modalidad de comisi�n e incluso el modo de desarrollo del mismo.

De lo cual, teniendo en cuenta que la gama de estipulaciones punitivas que cursan con especial recelo en la legislaci�n penal y en sus derivados de aplicaci�n especial como el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, se planta en los delitos con un m�nimo punitivo ordinario de 6 a�os de prisi�n como regla de imposici�n de medida privativa de la libertad para adolescentes entre 16 y 18 a�os de edad, con adecuaci�n de una modificaci�n cuantitativa de la pena entre uno y cinco a�os como m�ximo de su sanci�n y en misma l�nea, con una estipulaci�n especial frente a delitos espec�ficos, tasando entonces una edad de imposici�n de sanci�n restrictiva de la libertad en centro de atenci�n especializada a la comprendida entre 14 y 18 a�os para punibles de �homicidio doloso, secuestro o extorsi�n, en todas sus modalidades (�)� De lo cual, sin �nimo de explayar los lineamientos concernientes a los bienes jur�dicos y su protecci�n bajo el derecho penal, se resalta en concordancia con el legislador, la necesidad de estipulaci�n especial en la Ley 1098 del 2006, de las conductas t�picas mencionadas anteriormente, pues en esencia, coligen la serie de derechos y bienes jur�dicos de indispensable goce para sus hom�nimos y en misma l�nea, en ejemplo especifico del homicidio, aquel que presenta un amplio porcentaje de incidencia en las estad�sticas por fallecimientos violentos en la naci�n. Por lo cual, retomando el hilo referente a la naturaleza y gravedad del facto suscitado como conducta punible cometida por el infractor adolescente como t�pico de incidencia en la imposici�n de la sanci�n penal, es clara la referencia de gravedad especial en delitos que atentan contra bienes jur�dicos, que tal como lo ha estipulado de manera directa el legislador en la Ley 1098 del 2006, evocan una protecci�n especial de mayor �mpetu y recelo por el Estado.

Pero tampoco se puede desconocer que el SRPA es un sistema diferenciado y que su prop�sito no solo est� en emitir una sanci�n producto de un proceso penal garantista, tambi�n resulta importante al imponer la sanci�n el inter�s superior del menor, es decir, que debe haber una ponderaci�n entre el da�o ocurrido y la necesidad de una sanci�n para el menor.

Es clara la norma cuando indica que para la imposici�n de la sanci�n debe tenerse en cuenta la gravedad de los hechos, no obstante la disposici�n que se analiza debe ir de la mano con las normas internacionales que para los NNA se pregonan, as� se se�ala por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en el radicado No. 50313 del 13 de junio de 2018, veamos: �4.3.

En las Reglas m�nimas de las Naciones Unidas para la administraci�n de la justicia de menores aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1985, denominadas Reglas de Beijing, se expone en su Regla 17 que �la respuesta que se d� al delito ser� siempre proporcionada, no s�lo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino tambi�n a las circunstancias y necesidades del menor, as� como a las necesidades de la sociedad� y que �Las restricciones a la libertad personal del menor se impondr�n s�lo tras cuidadoso estudio y se reducir�n al m�nimo posible�.

(�) En la Regla 19 se manifiesta que �El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizar� en todo momento como �ltimo recurso y por el m�s breve plazo posible�. 4.4. Conforme a lo anterior, concluye la Corte: (i) Uno de los objetivos primordiales de la Ley 1453 de 2011 consiste en dar al menor una efectiva oportunidad de �reintegraci�n adecuada� a la sociedad, la cual no se consigue cuando �simplemente se le priva de su libertad� y por el contrario, adquiere �mayor conocimiento de la delincuencia gracias al contacto con otros infractores�.

(ii) Colombia tiene entre sus compromisos internacionales derivados de la Convenci�n de Derechos del Ni�o que la privaci�n de la libertad del menor declarado culpable se utilice �tan s�lo como medida de �ltimo recurso�, adem�s de �promover la reintegraci�n del ni�o y de que �ste asuma una funci�n constructiva en la sociedad� y procurar �otras posibilidades alternativas a la internaci�n en instituciones�.

(iii) Seg�n las Reglas de Beijing la respuesta al delito cometido por ni�os y adolescentes debe ponderar �las circunstancias y necesidades del menor, as� como a las necesidades de la sociedad�, la restricci�n a su libertad impone un �cuidadoso estudio y se reducir�n al m�nimo posible�, adem�s de que se dispone un conjunto de medidas alternativas a la privaci�n de libertad para menores y se reitera lo dicho en otros instrumentos internacionales en el sentido de que la reclusi�n �se utilizar� en todo momento como �ltimo recurso y por el m�s breve plazo posible�. 5.

Entonces, advierte la Sala que las citadas disposiciones nacionales e internacionales pretenden solucionar tensiones propias de la administraci�n de justicia penal para menores infractores, referidas en especial a la rehabilitaci�n versus la retribuci�n, la asistencia estatal frente a la represi�n y el castigo, o tambi�n, la respuesta frente al caso concreto y la protecci�n de la sociedad, consolidando un conjunto de exigencias que de manera general se orientan a no dar prelaci�n a la privaci�n de libertad y s�, por el contrario, a otras medidas que cumplen con el respeto por la dignidad de los ni�os, en particular de sus derechos fundamentales a la educaci�n y al desarrollo de la personalidad, en procura de garantizar su bienestar y futuro, pues resultan incuestionables las m�ltiples influencias negativas del ambiente penitenciario sobre el individuo, con mayor raz�n si se trata de menores, prefiri�ndose entonces los sistemas abiertos a los cerrados, as� como el car�cter correccional, educativo y pedag�gico, sobre el retributivo, sancionatorio y carcelario.

En procura de asegurar el inter�s superior del menor es preciso, una vez establecida la materialidad del delito y su responsabilidad, no aplicar sin mayor ponderaci�n la privaci�n de libertad en centro de atenci�n especializada, sino por el contrario, constatar qu� medidas se encuentran acordes a su situaci�n y materializan los prop�sitos del legislador y de la normativa internacional, todo ello dentro del marco del principio de legalidad de las sanciones.� (Subrayas de la Sala) Ello toda vez que en el sentido de contemplar la proporcionalidad e idoneidad de la sanci�n a imponer colocan al juez en una iteraci�n de los preceptos que evoca la imposici�n de una sanci�n frente a la protecci�n integral y la educaci�n; primero, es de recordar que debe tenerse en un �mbito de aplicaci�n de protecci�n directa al adolescente, y tal como lo refiere el art�culo en cita (�las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad.�), todo bajo la regla del inter�s superior del menor.

Ahora bien, como punto final del presente ac�pite es menester aclarar el modo de dosificaci�n y tasaci�n de las sanciones en el Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes, aspecto del cual, dentro de la providencia en cita se explic� lo siguiente: �3.2. Ahora bien, en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, a diferencia de lo que ocurre con los adultos, las conductas delictivas cometidas por los menores no tienen una relaci�n un�voca y directa con la sanci�n, sino que se deja al operador jur�dico una relativa discrecionalidad (principio de flexibilidad) para seleccionar las que correspondan en el caso concreto, de conformidad con unos criterios expresamente se�alados en la citada codificaci�n. El art�culo 179 de la Ley 1098 de 2006, prev� que para definir �las sanciones aplicables� el fallador debe tener en cuenta: (i) �la naturaleza y gravedad de los hechos�;

(ii) �la proporcionalidad e idoneidad de la sanci�n atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos, las circunstancias y necesidades del adolescente, y las necesidades de la sociedad�; (iii) �La edad del adolescente�; (iv) �La aceptaci�n de cargos por el adolescente�; (v) �El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez�, y (vi) �El incumplimiento de las sanciones�.

Impera aclarar que los criterios enunciados en el citado precepto tienen una doble funci�n: cualitativa y cuantitativa. Lo primero, porque se aplican para seleccionar la naturaleza de la medida por imponer o la combinaci�n de varias de ellas; y lo segundo, porque constituyen fundamentos objetivos que deben ser ponderados al momento de establecer la cantidad o magnitud de la respectiva medida sancionadora, valga decir, su duraci�n, excepto, por obvias razones, cuando se trata de amonestaci�n.� Sentido del cual, es evidente que el car�cter de dosificaci�n o tasaci�n sancionatorio en el Sistema de Adolescentes reglado por la Ley 1098 del 2006 en concordancia con la Ley 599 del 2000, conlleva un proceso profundamente diferente con el sistema reglado para adultos, y que la diferencia no solo es por el nombre dado mientras en uno es pena (adultos) en otro es sanci�n (menores), y que para el sistema de responsabilidad de los menores lo pretendido es que el menor se rehabilite como �ltimo recurso en un centro cerrado, por ello y con una sanci�n que acorde con sus progresos y deficiencias le permita readaptarse a la sociedad con la ayudad de su familia y del Estado. 5.

Inter�s de la Victima en el aumento de la sanci�n impuesta. Tanto en el proceso ordinario penal establecido para los adultos, como el proceso que se adelanta para los menores, deben tenerse a unos sujetos en calidad de partes y en calidad de intervinientes, la sistem�tica procesal que rige la Ley 906 de 2004, sistema penal acusatorio, ha definido que en representaci�n del Estado existe un �rgano que se encarga de la acusaci�n, por disposici�n constitucional, y que en trat�ndose de un sistema adversarial, existe un imputado o acusado que debe estar acompa�ado de un profesional del derecho que sea quien lo asesore en las distintas audiencias que tiene reglado este procedimiento.

Pero en nuestro sistema tambi�n pueden concurrir en calidad de intervinientes el Ministerio P�blico y las V�ctimas; si bien la norma procedimental indica que el ente acusador puede representar a las v�ctimas, lo es que tambi�n ellas est�n facultadas para entregar su representaci�n en un abogado. En el procedimiento que se adelanta para los menores infractores resulta similar, solo que como es un procedimiento diferenciado, de conformidad con el art�culo 163 del CIA, tambi�n forma parte de este sistema, adem�s de los nombrados para el sistema de adultos, los defensores de familia quienes velan porque el menor este rodeado siempre de las garant�as fundamentales y al momento de la lectura de la sanci�n deben presentar un estudio socio familiar realizado con su equipo interdisciplinario, que orientar� al Juez para la toma de la decisi�n. En cuanto a las v�ctimas la ley y la jurisprudencia han indicado todas las facultades que tienen en desarrollo del proceso penal, mismas que tienen su fundamento en la verdad, la justicia y la reparaci�n como pilares fundamentales.

Ahora, como el tema que convoca el presente pronunciamiento es precisamente la solicitud del representante de v�ctimas para que se incremente la pena impuesta al menor infractor, conviene advertir lo que sobre la tem�tica se ha dicho, pues, el derecho a recurrir un fallo con el prop�sito de incrementar la sanci�n que se ha impuesto por parte de la v�ctima no ha sido un tema pac�fico; as�, en providencia con radicado 40871 del 16 de julio de 2014 la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia dijo: ��m�s a�n cuando la Corporaci�n ya se ha ocupado del inter�s que tienen para solicitar una pena m�s alta; al se�alar (AP de 30 de noviembre de 2011 Radicado 36901): Como n�tidamente se expresa en el precedente citado, es claro que en aquellos asuntos en los que la investigaci�n y juzgamiento de un delito termina -por la v�a normal o anticipada- con sentencia condenatoria, la parte civil no siempre tiene inter�s para impugnarla, sobre todo si lo hace con el exclusivo prop�sito de que se irrogue una sanci�n m�s gravosa y se niegue cualquier sustituto o subrogado al penado, pues los valores de verdad y justicia, no tienen relaci�n intr�nseca con el monto de pena o el modo de ejecuci�n de la sentencia. En verdad, siempre que la adecuaci�n t�pica sea la correcta y la sanci�n penal se determine discrecionalmente dentro de los l�mites punitivos y los criterios de individualizaci�n consagrados por el legislador, los fines superiores rese�ados quedar�n satisfechos con la declaraci�n de responsabilidad penal del procesado por el juzgador y la imposici�n de la pena correspondiente.� De lo cual podemos colegir que la v�ctima no tiene facultades para pedir que se imponga una pena m�s alta de la se�alada, en cuanto no est�n contenidos en los valores verdad y justicia, menos en reparaci�n. Ahora, en radicado 47588 del 20 de septiembre de 2016, la misma Corporaci�n advirti�: �Inter�s jur�dico de la v�ctima para recurrir la sentencia condenatoria en materia de quantum punitivo.

La enunciada es una tem�tica ya definida por la Corte (CSJ SP16558-2015, 2 dic. 2015, rad. N�44840), en los siguientes t�rminos: (�) la potestad de impugnar sobre lo relacionado con el monto de la pena no est� en cabeza exclusiva de la defensa, pues tambi�n dimana para la Fiscal�a, en virtud del rol que desempe�a; del Ministerio P�blico, si lo que persigue es la defensa del orden jur�dico o la preservaci�n de las garant�as fundamentales, y de las v�ctimas, como acertadamente lo acota la Procuradora Delegada, por estar de por medio su derecho de acceso a la justicia. (�) En cuanto a estas �ltimas, dest�quese c�mo el derecho a reclamar justicia aludido que en ellas recae, implica la imposici�n de una sanci�n condigna a la afectaci�n causada (cfr. CSJ.

SP, abr. 27 de 2011, rad. 35947), el cual se ve seriamente comprometido cuando se advierte que escud�ndose en su discrecionalidad el funcionario judicial impone el m�nimo de pena, desconociendo los criterios de dosificaci�n punitiva previstos en el inciso tercero del art�culo 61 del C.P., de forma, por dem�s, arbitraria. El derecho a la justicia que asiste a las v�ctimas, como con amplitud lo tiene decantado la Sala, surge como desarrollo de la propia Constituci�n Pol�tica, la jurisprudencia constitucional, la ley penal vigente y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

(�) En los anteriores t�rminos, queda claro que si efectivamente hace parte de los derechos de las v�ctimas obtener justicia en el proceso penal para que al perpetrador del delito se le imponga una sanci�n condigna, adecuada, justa o seria, deviene indiscutible la posibilidad de promover impugnaci�n cuando advierten que ello no se garantiza con la establecida.

Esta postura, por dem�s, es consonante con el despliegue que a los derechos de las v�ctimas ha dado esta Colegiatura en su m�s reciente jurisprudencia. (�) El anterior recuento jurisprudencial permite concluir lo siguiente: (i) la Sala tiene sentado que asiste inter�s a la v�ctima cuando aboga por una pena mayor, como ocurre en el evento sub examine, posici�n coincidente con la de la Corte Constitucional, conforme se destac� en precedencia, cuando advierte que el derecho a la justicia que les ata�e conlleva el de la imposici�n de una sanci�n justa, adecuada o seria (�).� En esta providencia la CSJ indica que bajo el an�lisis del derecho a una justicia verdadera, si la v�ctima encuentra que la pena impuesta no est� acorde al da�o causado, puede acudir para la revisi�n de la misma, como una forma de que se cumpla el derecho a la justicia cuyo amparo le esta concedido de tal forma a las v�ctimas.

Debe la Sala indicar que resulta diferente el inter�s de la v�ctima cuando se trata de preacuerdos en los cuales la pena se ha pactado con el aval de aquella o cuando su inconformidad radica en la concesi�n de sustitutos penales, eventos en los cuales la legitimaci�n para recurrir no encuentra sustento dentro de los derechos de las v�ctimas.

Es por ello que la Sala que en el caso se encuentra acreditado el inter�s de la v�ctima en solicitar el incremento de pena. 6. Caso Concreto Al caso de marras, es de precisar que a ilnconformidad del apelante toma curso frente a las argumentaciones que plasma el A quo como sustento del quantum impuesto en la sanci�n de privaci�n de la libertad en centro especializado para el adolescente E.D.M.Ch. por la comisi�n del punible de �Homicidio doloso� en contra de DLM.

A ello, se fij� en primera instancia, la irrogaci�n de la sanci�n mencionada por el lapso de 30 meses, respecto de la cual �sta judicatura evaluar� el an�lisis realizado por el togado de cargo en funci�n a las prerrogativas de los art�culos 179 y 187 de la Ley 1098 del 2006. En principio, se tiene en cuenta de la teleolog�a normativa, que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y en tal l�nea los preceptos a ejecutar dentro de la judicializaci�n del mismo, la sanci�n debe conllevar unas funciones de protecci�n, educaci�n y restauraci�n. De ello, que en el presente t�pico, no basta con se�alar una gravedad general de la conducta t�pica, ni tampoco dar por sentado el car�cter circunstancial del hecho bajo an�lisis, pues a fin de dar una tasaci�n objetiva y acorde a las finalidades de la sanci�n, deben contemplarse adem�s las circunstancias y necesidades del menor infractor y la necesidad de la sociedad, pero igualmente debe considerarse la edad, debe valorarse que ha aceptado los cargos y debe observarse si hay incumplimiento a los compromisos y las medidas impuestas.

Prima facie, se tiene que el hecho ocurri� el d�a 27 de enero de 2019 en el sector de Pejendino Alto del Corregimiento de Buesaquillo del Municipio de Pasto, lugar en el cual el adolescente E.D.M.Ch. tras instigar al se�or DLMG, sac� un arma blanca que llevaba consigo y le atest� dos heridas, una de ellas a la altura del pecho, tras lo cual, pese a ser trasladado al centro hospitalario, falleci� en consecuencia de las lesiones causadas por E.D.M.Ch..

De lo anterior, en funci�n al an�lisis tendiente al primer punto que contempla el art�culo 179 de la Ley 1098 del 2006, se expresa que el juez de cargo debe evaluar �la naturaleza y gravedad de los hechos�, misma que en esencia, trasciende a una mirada que en ponderaci�n, de una evaluaci�n del da�o causado y la modalidad de ejecuci�n de los facticos que decantaron en el punible judicializado.

En tal punto, no cabe duda que la conducta t�pica resulta adecuada frente al se�alamiento de un homicidio doloso por parte del adolescente hacia LM, pues sin motivaci�n alguna, tal como refiere el A quo, ceg� la vida de un ser humano. En principio, se tiene la comisi�n de un homicidio en modalidad de dolo, de lo cual se infiere la b�squeda de un resultado previsible y una ejecuci�n de acciones que decantar�an evidentemente en los f�cticos obtenidos, acto que se complementa y reitera en lo atinente al modo de ejecuci�n del acto punible, esto es, en el entendido que el occiso falleci� fruto de dos heridas de arma blanca, objeto que evidentemente, para el momento especifico solo pod�a tener un fin, siendo tal, la agresi�n y causa de lesiones de parte de su portador (el adolescente) hacia un externo (la v�ctima).

A ello, se tiene por referencia tanto del Acta de Inspecci�n T�cnica del Cad�ver, la Epicrisis allegada por el Hospital Universitario Departamental de Nari�o y el Informe de Investigador de Campo de Polic�a Judicial, en principio, la corroboraci�n de que el deceso de DLMG fue consecuencia directa de las heridas ocasionadas por el procesado, y sobre ello la estipulaci�n de dos laceraciones causadas en regiones que sin duda alguna, infieren una intenci�n de transgresi�n que va m�s all� de un objetivo superficial y diferente al decantado por el ataque.

As�, se tiene que la v�ctima ingres� con �Herida en regi�n mamaria lado izquierdo y herida en regi�n tercio superior brazo� estipulaci�n que per se, itera el argumento anterior sobre la intenci�n presente en la conducta desplegada, siendo �nicamente una agresi�n injustificada tendiente a causar una lesi�n mortal e irreparable en la victima.

A este punto, junto con el an�lisis primario del juez de instancia, es posible esgrimir el car�cter da�oso de la acci�n y sobre �l, taxativamente en la l�nea normativa, evocar el car�cter de la naturaleza y gravedad de los hechos, teni�ndose ambos como de fundamental afectaci�n frente al bien jur�dico tutelado que fue cegado por el procesado.

Por otra parte, en consonancia con lo anterior, pasa la Sala el aspecto atinente al segundo �tem de estipulaci�n sancionatoria en el sistema de adolescentes, esto es, el estudio sobre �la proporcionalidad e idoneidad de la sanci�n atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos, las circunstancias y necesidades del adolescente, y las necesidades de la sociedad.� En tal l�nea, concuerda la Sala con la determinaci�n de la primera instancia relativa a idoneidad de una sanci�n privativa de la libertad en centro de atenci�n especializada, exactamente por la gravedad de los hechos y las connotaciones espec�ficas de los mismos; as�, surgen dos aspectos fundamentales para efectuar la tasaci�n del quantum de la medida, uno, relativo a las necesidades del adolescente, y otro, los intereses de la sociedad frente al punible.

Aqu�, se tiene que el menor infractor a pesar de su edad, es consumidor de sustancias psicoactivas, que si bien, con base en los estudios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuenta con el apoyo de su n�cleo familiar, previo al punible se encontraba desescolarizado, y �nicamente ingres� al medio en virtud de la medida de prevenci�n privativa de la libertad en el Centro Especializado Santo �ngel, dentro del cual ha presentado una mejor�a comportamental y una ausencia de conductas de consumo, es de ideal recibo que en tales contextos una problem�tica como la drogadicci�n no tenga cabida; al punto, no debe entenderse como una segregaci�n con base en las conductas que en s� mismas afectan la salud y el bienestar del joven, sino que, teniendo que el medio Especializado de purga de la sanci�n, se evoca como el m�s id�neo la continuidad de un t�pico de rehabilitaci�n y resocializaci�n, en funci�n a la garant�a de los derechos del adolescente, a fin de dar una continuidad a su proyecto acad�mico y de garantizar lejan�a con la problem�tica de consumo de sustancias psicoactivas, la medida adoptada es id�nea y proporcional.

Conexo a ello, en cuanto a las necesidades sociales, se ve una relaci�n intr�nseca con la naturaleza y gravedad del hecho, as� como con las necesidades del adolescente, pues en principio, la sociedad debe comprender los fines del sistema de adolescentes frente al trato diferencial y las propias del CIA, en sus funciones protectora y educativa.

Ahora bien, frente a los dem�s aspectos de an�lisis, entre esto, �La edad del adolescente�; �La aceptaci�n de cargos por el adolescente�; �El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez�, y �El incumplimiento de las sanciones�, es de tener en cuenta, la asertividad del togado de primera instancia en cuanto a que si bien son t�picos que se presentan en benepl�cito del adolescente, pues hace primar el inter�s del menor para que contin�e con su proceso de rehabilitaci�n, aspecto que en s� nos lleva a entender la diferencia de la imposici�n de la sanci�n para menores con la pena aplicada en el sistema para adultos.

As� mismo se coincide con el a quo en el se�alamiento del tipo de sanci�n a aplicar, la integralidad de aspectos contemplados hasta este punto y en funci�n al concepto de necesidad del adolescente se encuentra una dosificaci�n que corresponde a la ponderaci�n de los requisitos legales exigidos para tal fin. Debemos se�alar que el sistema de dosificaci�n que se determina en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, al imponer la sanci�n no conlleva una funci�n retributiva menos vindicativa, como se ha dicho a lo largo de esta providencia es protectora, educativa y restaurativa, es decir, que lo pretendido es buscar la formaci�n de un ciudadano responsable y por ello la necesidad de restablecer sus derechos a fin de que prontamente pueda incluirse en la sociedad, por ello las reglas de Beij�n indican que las sanciones tienen por naturaleza ser cortas.

Y es en el momento de la imposici�n de la sanci�n donde radica la importancia del informe que debe presentar la defensora de familia del ICBF (art�culo 189 CIA) que debe conllevar como m�nimo un informe de: Situaci�n familiar, econ�mica, social, psicol�gica y cultural del adolescente y cualquier otra materia que a juicio del funcionario sea de relevancia para imposici�n de la sanci�n. Este informe es fundamental para la imposici�n de la sanci�n, por cuanto rese�a cual es el estado del menor y si los procesos administrativos en procura del restablecimiento de sus derechos han sido adecuados y bien aceptados por el adolescente, es por ello que se da cuenta de su progreso y del acompa�amiento de su familia.

Para el caso lo resalta el A quo, el menor ingres� a realizar estudios y se observan cambios importantes conductuales, agregando la Defensor�a de Familia que ha recibido el apoyo de sus progenitores, encontrando como �nico factor negativo su consumo de sustancias psicoactivas que fue considerado por el fallador como una enfermedad. Indica el fallador que se trata de un delito grave por lo que la sociedad y la familia esperan una sanci�n, que su edad y su colaboraci�n al aceptar los cargos y con el informe sicosocial del equipo interdisciplinario de ICBF, m�s las circunstancias personales del menor que no son malas, no hay antecedentes, no es persona de la calle, pero que por la naturaleza del hecho no permiten imponer otra sanci�n que la internaci�n para que pueda superar mediante la pedagog�a su temperamento impulsivo y agresivo, que aprenda a acatar normas y superar el consumo de alucin�genos, argumentos que le llevan a imponer una sanci�n de 30 meses de privaci�n de la libertad en centro de atenci�n especializada.

En atenci�n a los anteriores argumentos, la Sala considera que se ha dado cabal aplicaci�n a las normas que permiten la imposici�n de aquella sanci�n que como se dijo se considera adecuada, obs�rvese que se indica que el fallador puede determinar otro tipo de sanci�n con menor severidad, pero dada la gravedad del comportamiento realizado se ha impuesto la privaci�n de la libertad y el tiempo indicado se considera adecuado para que pedag�gicamente el menor se asuma comportamiento socialmente admitidos y reglados.

Debe indicarse al representante de la v�ctima, que estamos ante un sistema de justicia diferente al que se tiene con adultos, donde las penas cumplen una funci�n de prevenci�n general, retribuci�n justa, prevenci�n especial, reinserci�n social y protecci�n al condenado, que lo pretendido es que el menor infractor que ya ha empezado un tratamiento con la intervenci�n del ICBF lo pueda continuar para formar a una persona �til a la sociedad, que aprenda a ejercer leg�timamente sus derechos sin afectar los derechos de los dem�s, por tanto la sanci�n no tiene funciones retributivas y se impone adem�s de los �tem legales del articulo 179 CIA, es en atenci�n al proceso de superaci�n que hasta ese momento adelante seg�n el informe de la Defensor�a de Familia.

El fin retributivo de la sanci�n va encaminado a que el menor infractor tome conciencia del comportamiento realizado, su compromiso de cambio para ser mejor miembro de una sociedad para lo cual su familia reviste un papel de mucha trascendencia. Colof�n de lo anterior, esta Sala, al encontrar que la sanci�n impuesta por el a quo se encuentra ajustada a los presupuestos f�cticos y jur�dicos aplicables al caso, confirmar� la decisi�n emitida por la primera instancia. LA DECISI�N Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

� 1�. �Confirmar la sentencia recurrida por las razones aducidas en la parte considerativa. 2�. �Esta decisi�n se notifica en estrados y se hace saber que en su contra procede el recurso extraordinario de casaci�n. Notif�quese y C�mplase, HECTOR ROVEIRO AGREDO LEON Magistrado Ponente MARCELA ADRIANA CASTILLO SILVA Magistrada AIDA V�CTORIA LOZANO RICO Magistrada JUAN CARLOS ALVAREZ Secretario CD.

Audiencia de Lectura de sanci�n, Audio No. 1, Minuto 1:26:31 Art�culo 139 de la Ley 1098 del 2006 Articulo 44 de la Constituci�n Nacional de 1991 Art�culo 140 de la Ley 1098 del 2006 Articulo 169 de la Ley 1098 del 2006 Pre�mbulo de la Constituci�n Pol�tica de 1991 Ley 599 del 2000 Convenci�n Internacional Sobre los Derechos del Ni�o de 1989, Las Reglas de Beijing de 1985, as Reglas de las Naciones Unidas para la Protecci�n de los J�venes Privados de Libertad de 1990 y Las Directrices de Raid de 1990. Ver Bolet�n No. 95 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar �Adolescentes, J�venes y Delitos: �Elementos para la comprensi�n de la delincuencia juvenil en Colombia�� Art�culo 178 del C�digo de infancia y adolescencia. Art�culo 157 de la Ley 1098 del 2006. �Prohibiciones especiales.

En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes no proceden los acuerdos entre la Fiscal�a y la Defensa. Cuando el adolescente aceptare los cargos en la audiencia de legalizaci�n de la aprehensi�n o de imputaci�n se proceder� a remitir el asunto al juez de conocimiento para que fije la fecha para la audiencia de imposici�n de la sanci�n. El juez instar� a la Defensor�a de Familia para que proceda al estudio de la situaci�n familiar, econ�mica, social, sicol�gica y cultural del adolescente y rinda el informe en dicha audiencia. El Juez al proceder a seleccionar la sanci�n a imponer tendr� en cuenta la aceptaci�n de cargos por el adolescente, y durante la ejecuci�n de la sanci�n ser� un factor a considerar para la modificaci�n de la misma.� � Atendiendo a la diferenciaci�n de los beneficios que cursan en la ley 906 del 2004 frente al allanamiento a cargos por parte de los procesados, estipulando que, en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, no cursa a favor rebaja alguna, sino que, �nicamente se estipula como un punto a favor del procesado en el momento de dictar la sanci�n a condenar por la judicatura. Art�culo 159.

Ibidem �Prohibici�n de antecedentes. Las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes no tendr�n el car�cter de antecedente judicial. Estos registros son reservados y podr�n ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para definir las medidas aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gravedad de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad de la medida.

(�)� (Subrayado por la Sala) Art�culo 187 de la Ley 1098 del 2006. �Durante el a�o 2018 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realiz� 25.807 necropsias por muerte violenta. De �stas el 47,0 % (12.130) correspondi� a homicidios; (�)� �Las cifras de homicidios del a�o 2018 presentaron un incremento luego de ocho a�os de continuo descenso.

La reactivaci�n de los enfrentamientos armados en el territorio colombiano, parece ser la causante de este incremento pasando de 11.737 casos en el 2017 a 12.130 en el 2018.� � Informe �Forenses 2018 Datos para la Vida� del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Proceso No. 33510, Providencia con Reserva Legal, 7 de Julio de 2010, Mg.

P. Julio Enrique Socha Salamanca; Corte Suprema de Justicia. Art�culo 157 CIA Art�culo 138 ley 906 de 2004 C-031 de 2018 CD. De Elementos Materiales Probatorios; Folio 26 del mentado medio magn�tico. CD. De Elementos Materiales Probatorios; Folio 31 del mentado medio magn�tico. CD. De Elementos Materiales Probatorios; Folio 34 del mentado medio magn�tico. Art�culo 4� ley 599 de 2000 Proceso N�: 520016008802201900015-00 No. Interno: 2250 Conducta Punible: Homicidio Acusado: E.D.M.Ch.

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reference,FA Fu,texto de nota al pie,Footnote Text Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Car Car,Footnote Text Char,FA CJPJ^JaJmH sH tH��/��A�z�DTexto nota pie Car,Footnote Text Char Car,ft Car Car Car,ft Car Car1OJPJQJ^JmH $sH $(�/��Q(z��Texto nota pie Car1,Footnote Text Char Char Char Char Char Car1,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,texto de nota al pie Car,Footnote Text Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car Car,FA Car,ft CarOJQJ^JmH sH &`��az��Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,referencia nota al pie,Ref. de nota al pie 2,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Ref,de nota al pie,BVI fnr,Footnote symbol,Footnote,Ref. de nota al pie2,Nota de pie,Pie de pagina,Ref.,Ref1,FC,f,FZ,4_GH*^J<@r<u`� Encabezado ��8!X�/��Xu`�Encabezado Car$CJOJPJQJ^JaJmH $sH $tH B @�Bu`� Pie de p�gina ��8!^�/��^u`�Pie de p�gina Car$CJOJPJQJ^JaJmH $sH $tH 8)`��8�h�N�mero de p�ginaL��L�*�Texto de globoCJOJQJ^JaJ`�/��`�*�Texto de globo Car$CJOJPJQJ^JaJmH $sH $tH �/��]k��Footnote Text Char1,Footnote Text Char Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char Char1,Footnote reference Char,FA Fu Char,texto de nota al pie Char,Footnote Text Char Char Char Char1,Footnote Text Char Char Char Char Char Car CharCJOJQJmH sH tH h�/��h�TPUNICO$$��p�p1$7$8$H$`��a$ OJQJ^J_HaJmH sH tH n�n�PP�rrafo de lista ��7$8$^��m$ CJOJPJQJ^JaJmH sH,X ��,��@�nfasis6�]�:U ��!:��0Hiperv�nculo >*ph�h�2hQnpiedepagjipp#�d�d7$8$[$\$ CJOJPJQJ^JaJmH sH ~��C~�:4Tabla con cuadr�cula7:V$�0��$pQRp&}L Texto independiente 3%�x7$8$ CJOJPJQJ^JaJmH sH R�/��aR%}L Texto independiente 3 CarCJaJV�OrVi�0Style5'$d��1$H$a$CJOJPJQJ^JaJtH $J�o��Ji�0Font Style395�CJOJQJ\�^JaJPK!��[Content_Types].xml��N�0E�H��-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a��(7��I��R�{�pgL�=��r��8�5v&��uQ�뉑8��C��X=��$␴�?6N�JC��F�B.ʹ'�.�+��Y�T��^e5�5�� ð�_�g -�;��Yl�ݎ��|6^�N��`�?��[��PK!�֧��6_rels/.rels��j�0���}Q��%v/��C/�}�(h"��O� 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