Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Manizales

Radicado: 2007-81280-01

Sala: SALA PENAL

Ponente: Gloria Ligia Castaño Duque

Fecha: 2018-09-20

Sujetos procesales: OTONIEL HERNÁNDEZ

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Manizales, veinte (20) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). ASUNTO Procede la Sala a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la Defensa frente a la sentencia proferida el d�a 27 de junio de 2017 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Boyac�, mediante la cual se conden� al se�or OTONIEL HERN�NDEZ como autor responsable del delito de Hurto agravado por el cual le acus� la Fiscal�a.

HECHOS Se refiere que en el mes de mayo del a�o 2005 el se�or Leonel �lvarez y su esposa Mar�a Haidid D�az, le compraron al se�or OTONIEL HERN�NDEZ el establecimiento de comercio �Lubricentro La 14� que se destinaba como lavadero de carros y taller para mantenimiento de veh�culos, incluyendo la negociaci�n la transferencia de mercanc�a para los automotores, tales como aceites, filtros, muelles, bandas y discos para frenos, entre otros.

Los compradores se obligaron al pago de $41�700.000, suma que se pact� que ser�a cancelada en varias cuotas, para lo cual firmaron una letra de cambio, con ocasi�n de la cual se suscitaron diversos problemas de orden personal, que llegaron a cobro ejecutivo, y que condujeron a que el se�or OTONIEL HERN�NDEZ, el d�a 21 de agosto de 2007, se presentara al local comercial al que irrumpi� con insultos y violencia, a efectos de apoderarse de forma ileg�tima de la mercanc�a que tiempo atr�s les hab�a vendido, como efectivamente lo hizo en desmedro del patrimonio de la pareja de esposos que fueron privados de mercanc�a y herramienta que era de su propiedad.

ACTUACI�N DE INSTANCIA 3.1. Surtido el procedimiento bajo los par�metros contenidos en la Ley 906 de 2004, ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal en funci�n de control de garant�as de Puerto Boyac�, el d�a 3 de mayo de 2012 se adelant� audiencia de formulaci�n de imputaci�n, en la cual al se�or OTONIEL HERN�NDEZ se le atribuyeron cargos por el delito de Hurto calificado agravado.

El imputado no acept� los cargos, cerr�ndose en tal momento la diligencia, sin que se tramitara solicitud de medida de aseguramiento alguna. 3.2. Al t�rmino de la fase de investigaci�n, la Fiscal�a present� escrito de acusaci�n en el que endilg� jur�dicamente el delito de Hurto Agravado, en los t�rminos de los arts. 239 y 241 (num. 11) del C�digo Penal, como igualmente lo hizo en la audiencia de formulaci�n de acusaci�n celebrada el d�a 18 de septiembre de 2012 ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Boyac�. 3.3.

El 16 de enero de 2013 se llev� a cabo audiencia preparatoria, con ocasi�n de la cual se present� recurso de apelaci�n que conoci� el Juez Penal del Circuito de Puerto Boyac�, funcionario que al advertir defectos de orden procesal con incidencia sustancial en la tramitaci�n, decret� nulidad (con decisi�n del 5 de abril de 2013) que condujo a que la audiencia preparatoria fuese repetida, como efectivamente aconteci� el d�a 14 de mayo de 2013. 3.4.

Surtidas las anteriores etapas, el juicio oral se instal� el d�a 8 de julio de 2013, present�ndose desde tal momento diversas dificultades en la consecuci�n de los testigos, as� como m�ltiples aplazamientos e intr�ngulis procesales que impidieron la continuidad y celeridad de la actuaci�n, siendo as� como el juicio oral se adelant� en 12 sesiones que se extendieron hasta el d�a 8 de junio de 2017, fecha en la cual, tras escucharse los alegatos de clausura, el Juez emiti� sentido del fallo condenatorio. 3.5.

Adici�nese que durante el desarrollo del juicio oral, hubo una solicitud de prescripci�n de la acci�n penal de parte de la Defensa que fue resuelta de manera negativa en audiencia del 17 de noviembre de 2016, decisi�n que fue apelada y, a continuaci�n, confirmada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyac� (superior funcional tras el cierre del Juzgado penal). LA SENTENCIA A los 27 d�as del mes de junio de 2017 emiti� el Juez el fallo a trav�s del cual comenz� anticipando que la existencia del delito de hurto agravado y la responsabilidad del acusado se sustentaba en las diligencias investigativas llevadas a cabo, resaltando a continuaci�n la contundencia declarativa de aquellos testigos que dieron cuenta de la irrupci�n leg�tima del se�or OTONIEL HERN�NDEZ en las instalaciones del almac�n que sin autorizaci�n orden� cerrar, tal y como as� lo dijeron tambi�n los propios denunciantes, habiendo toda una coherencia y coincidencia acerca del il�cito despojo.

A contracara desestim� el Juez los testigos de descargo por mendaces y ama�ados, y con contradicciones que los alejaron de la claridad presente en los testigos de la Fiscal�a que denotaron con suficiencia el proceder ilegal del se�or OTONIEL, el que se concluy� que no pod�a entenderse como asunto netamente civil, sino que era conducta t�pica, antijur�dica y culpable encuadrable en los arts. 239 y 241 del C.P. A continuaci�n tas� el Juez la pena de acuerdo a tales normas, imponiendo el m�nimo posible de 48 meses de prisi�n, sanci�n frente a la cual concedi� la suspensi�n condicional de su ejecuci�n por cumplimiento de los requisitos de ley.

LA IMPUGNACI�N 5.1. Una vez notificadas las partes actuantes de la decisi�n en estrados, la Defensa interpuso recurso de apelaci�n que sustent� oportunamente y por escrito. Comenz� el apelante censurando la valoraci�n que el a quo realiz� de las pruebas de la Defensa por haber arrimado a una verdad contraria a lo expuesto por m�ltiples declarantes en estrados, como fue que los denunciantes para el momento de los hechos hab�an desocupado el inmueble arrendado por sus propios medios, quedando al interior s�lo cajas desocupadas y unos elementos que eran propiedad de OTONIEL HERN�NDEZ.

A continuaci�n rese�� el Defensor que de los incumplimientos contractuales de los denunciantes (en cancelar la letra de cambio suscrita y no sufragar los c�nones de arrendamiento) y que dieron lugar a cobro ejecutivo que favoreci� al aqu� procesado, se deriv� la animadversi�n de aquellos, a lo cual adicion� que fue la mora respecto a los pagos derivados del arrendamiento por la que debieron desocupar y no el desalojo que de forma falsaria fue denunciado.

Se reprueba que las decisiones judiciales soporte de lo anterior y que fueron legalmente introducidas como prueba no fueran analizadas, as� como se aleg� que tampoco lo fueron las facturas de Resortes H�rcules y Renosa con las que se demostraba que OTONIEL HERN�NDEZ era el propietario de las hojas de resorte que fueron retiradas. Finalmente, en punto a las cr�ticas frente a la prueba, se censur� que el Juez infiriera la existencia del establecimiento de comercio, as� como la existencia, propiedad y estimaci�n econ�mica de los bienes muebles sin la prueba material legal para esos efectos.

Tras las anteriores cr�ticas de orden probatorio, el Defensor apelante aleg� presentarse una incongruencia f�ctica entre el fallo y el escrito de acusaci�n, luego de lo cual finaliz� aludiendo a la prescripci�n de la acci�n penal, acotando que tal pedimento no fue abordado en la sentencia como as� se hab�a comprometido el Juez de la causa. 5.2.

Los sujetos procesales no recurrentes guardaron silencio durante el t�rmino legal de traslado. CONSIDERACIONES 6.1. Esbozo del asunto a tratar. Ha arrimado el asunto ante este Tribunal por una impugnaci�n con la que la Defensa ha realizado en un primer momento una serie de reparos al justiprecio que el Juez hizo de la prueba, lo cual conduce al despliegue de un nuevo examen del arsenal probatorio acopiado.

Pero como quiera que otros dos tipos de reparos se incluyeron en la impugnaci�n, uno atinente a una vulneraci�n del principio de congruencia, y el segundo referido a la prescripci�n de la acci�n penal, por su trascendencia y capacidad de echar abajo los cimientos del juicio de responsabilidad edificado en primera instancia, ambos se abordar�n de forma inicial y preliminar al examen de la prueba. 6.2.

Congruencia entre la acusaci�n y la sentencia de primer nivel. Para el abordaje de este �tem, es preciso comenzar aclarando que en este punto no se cuestionar� la veracidad de los hechos relacionados con la acusaci�n, como tampoco se concluir� el acierto del Juez al dar por cierto determinado componente f�ctico, sino que teniendo por norte el respeto del debido proceso y del principio de congruencia, se verificar� de manera exclusiva si hay correspondencia entre los hechos incluidos al acusar y al fallar.

Aclarado lo anterior, ind�quese que el C�digo de Procedimiento de Penal en su art�culo 448 dispone que: �El acusado no podr� ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusaci�n, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena�, m�xima procesal que tiene plena incidencia en el �mbito sustancial, como quiera que reclama un juzgamiento que avance de manera paulatina, en el que el acto posterior est� coligado al antepuesto y en el que, sobretodo, las decisiones a adoptar se garantice que guarden relaci�n con lo expuesto, discutido y pedido, lo que en �ltimas permite la preparaci�n de una debida defensa y suprime la eventualidad de decisiones sorpresivas.

Acerca de tal principio de congruencia ha dicho la jurisprudencia nacional: �El mandato all� consagrado ha sido llamado, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, principio de congruencia o de correlaci�n, el que constituye basti�n del debido proceso penal desde la doble perspectiva de garant�a (�ntimamente relacionado con el derecho de defensa) y estructura (como eslab�n), pues le marca al Estado un l�mite en el ejercicio del Ius Puniendi; su car�cter vinculante por antonomasia no puede ser desbordado porque pugnar�a con los mismos sustentos del sistema acusatorio. �Su teleolog�a no hace cosa distinta que exigir una total correspondencia entre el acto complejo de la acusaci�n (escrito y audiencia) el que se extiende hasta el alegato final en el juicio oral y la sentencia en el proceso ordinario, en aras de que el investigado, al momento en que se le acusa, conozca todas y cada una de las circunstancias tanto f�cticas como jur�dicas en que se edifica el pliego acusatorio y de esta manera, planifique su derecho de defensa.� As� las cosas, hemos de decir entonces que el proceso penal colombiano encuentra su eje en el acto de acusaci�n, siendo su formulaci�n el estadio procesal en el que la Fiscal�a asienta de forma definitoria los hechos objeto de censura y su correlativa imputaci�n jur�dica, torn�ndose garant�a para las partes que, dentro de los t�rminos en que all� haya sido fijada, se desenvuelva el juzgamiento, sin desestabilizar la seguridad jur�dica que debe jugar a favor de las partes e intervinientes que esperan una sentencia que, por regla general, deber� ser af�n y coherente con los aspectos f�cticos y jur�dicos adverados desde el momento en que se considera hay rudimentos probatorios para concluir, con probabilidad de verdad, la existencia del delito y su autor responsable, esto es, desde la presentaci�n de la acusaci�n. Se desprende as� lo inviable que resulta que un juzgamiento penal (y la eventual declaratoria de responsabilidad) gire en torno a supuestos de hecho no esbozados ni desarrollados en la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, como aqu� alega el Apelante que ha ocurrido, pero como esta Sala advierte que no se ha dado, toda vez que a la hora de acusar la Fiscal�a dej� en claro el sustrato f�ctico por el que encausaba al se�or OTONIEL HERN�NDEZ, sin que �ste fuese desconocido, tergiversado o variado a la hora de dictarse la sentencia de primera instancia. En este sentido, advi�rtase que al procesado en audiencia del 18 de septiembre del 2012 se le inform� que con fundamento en la denuncia presentada por Leonel Caballero y Mar�a Haidid D�az, se le acusaba por la forma arbitraria e injusta en que los despoj� del almac�n, sin mediar consentimiento ni acci�n judicial alguna, no pudiendo sacar las herramientas ni la mercanc�a con la que se termin� quedando tambi�n de manera ileg�tima.

Tras la anterior relaci�n f�ctica se dio lectura al tipo penal endilgado, con el que se ratificaba que se censuraba el apoderamiento de cosas muebles, quedando as� aclarados los t�rminos frente a los cuales deb�a defenderse el se�or OTONIEL HERN�NDEZ. Como efectivamente lo hizo en el juicio oral en el que, adem�s de debatirse la causa por la que los denunciantes desalojaron el local comercial que ten�an arrendado, amplia discusi�n se despleg� en punto a la existencia y suerte de los enseres que al interior se encontraban.

Esto es, hubo un claro panorama de confrontaci�n acerca del apoderamiento de la mercanc�a por la que se present� denuncia, se formul� imputaci�n y se acus�. No se advierten as� alteraciones de los hechos que dejasen al descubierto incongruencias lesivas de derechos, como tampoco se hizo a la hora de dictar el fallo, en tanto que en �l se aludi� a las pruebas con las que se acreditaba el contexto de irrupci�n violenta e il�cita al establecimiento de comercio de los denunciantes, con ocasi�n del cual se present� otra realidad espec�fica ya descrita con anterioridad, como fue el despojo de la mercader�a que adentro hab�a. De ah� que en el fallo, en plena correspondencia con el acto de desvalijamiento de bienes muebles que se relacion� a la hora de acusar, se plasmara que con los testigos se apreciaba la manera en que: �Fue despojada la se�ora Mar�a Haidid de sus pertenencias, de sus mercanc�as, y como se apropi� el se�or OTONIEL HERNANDEZ de sus cosas, quien lleg� al establecimiento de comercio, en compa��a de su secretaria y de su hijo y sin explicaci�n alguna orden� el cierre del almac�n y procedi� a tomar posesi�n de �l, apropi�ndose de todo cuanto se encontraba all�, esa actitud lo encuadra, sin temor a equivocarnos en la conducta punible de Hurto agravado, conforme refiri� la Fiscal�a a trav�s de toda la investigaci�n y del juicio oral y p�blico�.

As� las cosas, se desestima la censura de la Defensa en cuanto a la eventual vulneraci�n del principio de congruencia, insistiendo en la permanencia de un mismo sustrato f�ctico: el apoderamiento de mercanc�a, bajo unas circunstancias temporo-espaciales y modales tambi�n igualmente relacionadas. 6.3. Sobre la solicitud de extinci�n de la acci�n penal por prescripci�n. Alega el Apelante que el Juez de primera instancia, que se hab�a comprometido a pronunciarse sobre la prescripci�n en el fallo, finalmente no lo hizo.

Ese argumento ha conducido a que el Tribunal revisara el desarrollo de la actuaci�n, para terminar encontrando que, contrario a lo alegado con la impugnaci�n, la judicatura no ha omitido ni ha evadido dar respuesta a los pedimentos de la Defensa, hall�ndose incluso un pronunciamiento sobre la prescripci�n en sede de segunda instancia como producto de la interposici�n de un recurso de apelaci�n sobre el tema.

Veamos: Cuando se estaba dando curso al juicio oral, al momento de instalarse audiencia el 17 de noviembre de 2016 para agotar la fase de alegaciones de conclusi�n, el Abogado defensor pidi� la palabra para reclamar que se resolviera sobre la prescripci�n de la acci�n, tal y como ya por escrito lo hab�a deprecado en d�as pasados. De acuerdo al acta de la audiencia (folio 286) se encuentra que, en efecto, en dicho momento el Juez de la causa indic� que era un asunto al que no iba a dar tr�mite como quiera que lo habr�a de resolver en la sentencia. En estas condiciones podr�a comenzar a darse la raz�n al impugnante.

Sin embargo, en la misma diligencia los dem�s sujetos procesales (Fiscal�a y Representaci�n de v�ctimas) coadyuvaron que de una petici�n de tal jaez no se aplazara su definici�n para el momento en que se dictara el fallo, sino que era correcto decidirlo inmediatamente, en pro de evitar eventuales nulidades; siendo �ste un razonamiento que el a quo atendi�, y que lo llev� a dar un nuevo rumbo a la diligencia, que se concentr� en la verificaci�n de si hab�a operado el fen�meno de la prescripci�n. Fue as� como la Defensa finalmente no fue repudiada en su reclamo, sino que obtuvo una decisi�n formal y argumentada, aquella que por serle desfavorable, dio lugar a la interposici�n del recurso de apelaci�n que, incluso, suscit� un segundo pronunciamiento sobre el particular, aquel que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyac� concret� en decisi�n oral del 6 de marzo de 2017, a trav�s de la cual se indic� que habi�ndose acusado por el delito de hurto agravado, no podr�a hacerse el c�mputo del t�rmino prescriptivo sin acoger la circunstancia de agravaci�n endilgada, sino por la denominaci�n jur�dica materia de acusaci�n, frente a la cual la extinci�n por prescripci�n se actualizar�a el 18 de marzo de 2020.

As� las cosas, mal hace ahora el impugnante en censurar que no se le haya dado respuesta a su solicitud de prescripci�n, porque al contrario se agot� todo el tr�mite regular y formal establecido por la ley para decidir tal asunto, con ocasi�n del cual se concret� una fecha de prescripci�n. Fecha que ahora la Sala, a pesar del principio de la cosa juzgada, corrobora, toda vez que desde el arribo del expediente al Despacho, al desplegar el estudio preliminar del asunto se verific� que la prescripci�n para el delito de hurto agravado endilgado y por el que en primera instancia se conden� operar�a el 18 de marzo de 2020, si para tal calenda a�n no hay decisi�n de segunda instancia. Por manera que en este caso no hay irregularidad que afecte las bases del juzgamiento, siendo as� oportuno adentrarnos en el estudio de fondo asunto a partir del estudio del alcance demostrativo de la prueba recaudada. 6.4.

Valoraci�n de la prueba. 6.4.1. Cuando se revisa el escrito con el que se ha sustentado la apelaci�n, se encuentra al comienzo una glosa en torno a la indebida valoraci�n probatoria de los �testimonios de cargo�, sin que se desarrollara ning�n argumento sobre el particular y ni siquiera se hiciera una relaci�n gen�rica de los defectos avizorados, quedando as� ausente la sustentaci�n de una manifestaci�n siquiera con la cual evaluar y colocar en entredicho el poder suasorio de las declaraciones ofrecidas por los testigos convocados a instancias de la Fiscal�a. De ese modo, carece la impugnaci�n de una visi�n cr�tica frente a las versiones de los propios denunciantes y de los dem�s testigos de cargo que reforzaron el proceder airoso del acusado y su indebido apoderamiento de la mercanc�a y herramienta que los leg�timos beneficiarios del establecimiento de comercio ten�an al interior del local que hab�an arrendado.

Luego, para la Sala no hay ataque que afecte la fuerza inculpatoria de la prueba presentada por la Fiscal�a, lo cual se respalda al realizar una revisi�n del testimonio de los denunciantes (reconocidos como v�ctimas) Leonel Caballero y Mar�a Haidid D�az, en tanto que se aprecia que ambos, tanto por la forma de responder como por el contenido de sus respuestas, denotaron franqueza en la descripci�n de lo acontecido.

Al respecto se encuentra a un par de denunciantes que no recargaron sus palabras ni extremaron sus se�alamientos, sino que con ecuanimidad supieron mostrar un panorama de conflicto germinado en sus relaciones negociales, aquellas frente a las cuales admitieron que hab�an incurrido en incumplimientos que los hac�a deudores morosos, tanto frente al pago del arrendamiento, como de la compraventa del establecimiento de comercio, pero mostr�ndose contrariados porque el se�or OTONIEL HERN�NDEZ el d�a 21 de agosto de 2007 irrumpi� de forma impositiva en el negocio, priv�ndolos de su derecho de ingreso y, por tanto, quedando imposibilitados para disponer de la herramienta y mercanc�a que ten�an adentro, que era suya y de la cual no pudieron volver a disponer.

Adicional a la ecuanimidad y claridad, en la relaci�n de la irrupci�n ileg�tima y subsiguiente apoderamiento de sus bienes muebles, no se encuentran baches, vacilaciones o contradicciones como para predicar la mendacidad de los denunciantes, quienes al contrario fueron categ�ricos y serenos en rese�ar como las relaciones con el se�or OTONIEL HERN�NDEZ se fueron deteriorando, mostrando un panorama claro en el que �ste acudi� a las v�as legales a trav�s de demandas ejecutivas, pero adem�s se vali� de una v�a de hecho para lograr el desalojo de aquellos que perdieron posibilidad de disposici�n de una herramienta que ten�an en su local, y adem�s de importante mercanc�a con la que estaba abasteciendo el que ya era su negocio.

El hijo de los denunciantes, Diego Andr�s Caballero D�az, por su parte corrobor� tal informaci�n, a trav�s de una narrativa tambi�n sosegada con la que ratific� que ellos no dejaron su local de forma voluntaria, sino como producto de la incursi�n violenta del se�or OTONIEL HERN�NDEZ, de quien reconoci� que les permiti� llevarse parte de la mercanc�a, pero qued�ndose con aquella que ten�a m�s salida y, adem�s, con una herramienta que empleaba en sus labores cotidianas, y que ya no pudo recuperar porque no se les permiti� volver a ingresar al local.

Se posee as� en el plano probatorio un tr�pode testimonial convergente que recre� una misma manera de ocurrencia de los hechos: a trav�s del desalojo del local en el que trabajaban, se dio la p�rdida de herramienta y productos para la venta que era de su propiedad. Realidad procesal que encontr� respaldo en el testimonio del se�or Rub�n Dar�o P�rez Agudelo, quien como empleado del establecimiento de comercio (en el lavadero) el d�a de los hechos recibi� la orden de OTONIEL HERN�NDEZ de que cerrara el lavadero, la que fue atendida, tras lo cual se sigui� un espacio de discusi�n con la se�ora Haidid, quien no pudo volver a entrar al local, sin que pudiera tampoco disponer de la mercanc�a que all� hab�a, como tampoco de una herramienta que conoci� directamente que al d�a siguiente del insuceso reclam� Diego Andr�s Caballero, sin que le fuese entregada.

Con tal relaci�n de los hechos, queda claro que los denunciantes no entregaron el local y los bienes que all� hab�a de forma voluntaria, sino que fueron compelidos a ello. Ahora bien, como apoyo probatorio de la privaci�n del poder dispositivo sobre lo que en el local hab�a, acudi� a estrados la esposa de la persona que luego del problema arrend� el establecimiento al se�or OTONIEL HERN�NDEZ (no se cit� al arrendatario por haber muerto), expresando que fue conocido por ella que cuando su esposo hizo la negociaci�n, hubo una parte de la mercanc�a que si bien se incluy� tambi�n en la negociaci�n, el vendedor le pidi� que no dispusiera de ella porque estaba en un tr�mite legal, pero que perdiera cuidado que si ordenaban entregarla, �l le responder�a por lo cancelado, lo cual es informaci�n que ratifica que el acusado s� se apropi� de bienes que sab�a ajenos, y de los cuales dispuso en una subsiguiente negociaci�n de la que no hicieron parte los denunciantes.

As� las cosas, la prueba de cargo denota importante trascendencia y poder demostrativo para esta causa, sin presentar deficiencias o tachas que pudieran abstraerse de su individual an�lisis, lo cual obliga a su confrontaci�n con la prueba tra�da por la Defensa, aquella que arguye el Apelante que ha sido indebidamente desestimada. 6.4.2.

En ese cometido, se encuentra que el primer testigo de descargo que desfil� por estrados fue el se�or Antonio Jos� Grimaldo, quien dio cuenta del devenir del Lubricentro y el Lavadero, indicando que estaba ubicado en predio de propiedad de la Compa��a de Transporte Transboy de la que �l ha sido socio, la cual inicialmente era la que desarrollaba la actividad comercial de servicio automotor, pero que por cesaci�n de pagos de los usuarios, realizaron una transacci�n con el se�or OTONIEL HERN�NDEZ, qued�ndose con el negocio que funcionaba en local del cual la Compa��a sigui� siendo arrendadora.

A trav�s de los anteriores datos dio contexto el testigo, para informar a continuaci�n que con el tiempo el se�or OTONIEL HERN�NDEZ dispuso venderle el establecimiento al se�or Leonel Caballero, para lo cual pidi� autorizaci�n a la compa��a de transportes, siendo este segundo aspecto basilar para ratificar que s� hubo un negocio jur�dico de compraventa entre acusado y denunciante, en el que, como es deducible, �ste s� obtuvo el dominio sobre los elementos de comercializaci�n que compon�an el establecimiento materia de negociaci�n. Luego, se extracta con este testigo que en realidad OTONIEL HERN�NDEZ no ten�a poder de disposici�n sobre la mercanc�a que hab�a al interior del local en el que los denunciantes eran los arrendatarios, y no el acusado, lo cual ratifica lo inviable de que �l ingresara all� y actuara como leg�timo due�o de los bienes que desde tiempo atr�s hab�a vendido.

Y ciertamente pudieron darse incumplimientos en los c�nones de arrendamiento, como as� lo indic� el testigo accionista de Transboy, e incluso puede admitirse en este punto que se pudieron presentar incumplimientos en el pago del precio pactado por el establecimiento comercial y sus haberes, pero no es �sta informaci�n suficiente ni para desdecir que OTONIEL HERN�NDEZ irrumpi� de forma violenta en el local, como tampoco para legitimarlo en un actuar tal.

De ah� que durante la actuaci�n se cuestionara siempre por la existencia de alguna orden judicial o similar que hubiese habilitado al acusado para apropiarse de los bienes que hab�a vendido y que, por consiguiente, no eran ya de su propiedad; la cual brill� finalmente por su ausencia. Por manera que en este preciso asunto en el que el testigo bajo an�lisis ha dado cuenta que OTONIEL HERN�NDEZ le vendi� al se�or Leonel, y que incluso hubo entrega material de la mercanc�a, mal har�a en considerarse apto o id�neo para desmerecer los hechos materia de acusaci�n, encontrando al contrario que termin� siendo relevante para colegir que los denunciantes ten�an leg�timo derecho sobre los bienes muebles denunciados como desaparecidos, sin aportar dato adicional para explicar el proceder lesivo del derecho de propiedad por parte del procesado.

Adici�nese que este testigo reconoci� que no estaba al tanto de lo que acontec�a d�a a d�a en el local, sin poder ofrecer en consecuencia un conocimiento directo del hecho denunciado, centr�ndose as� su deponencia en las acciones legales de la entidad frente a sus arrendatarios, las cuales corresponden a asuntos civiles en los que se rese�� el incumplimiento de los c�nones de arrendamiento que, a no dudarlo, son censurables dentro del �mbito negocial, pero que no por su verificaci�n (admitida incluso por los denunciantes) desdibujan el accionar ileg�timo y de relevancia jur�dico penal del acusado.

En este sentido d�gase que pudieron perfectamente Leonel Caballero y su esposa incumplir el pago mensual del arrendamiento a la empresa de transportes, pudieron tambi�n quebrantar los acuerdos de pago celebrados con el se�or OTONIEL HERN�NDEZ, pero tales contingencias s�lo daban lugar al adelantamiento de las acciones judiciales y an�logas que la ley permite, raz�n por la que su acreditaci�n no explica ni legitima v�as de hecho encaminadas a la reivindicaci�n violenta frente a los compromisos defraudados.

Ahora bien, por estrados pas� tambi�n el testigo Jhon Fredy Soto G�mez en su calidad de revisor fiscal de la Compa��a Transboy, y al ser interrogado comenz� por ratificar la existencia del contrato de arrendamiento entre la empresa y los denunciantes, a la vez que tambi�n indic� haber conocido que tal arrendamiento se origin� en la venta que el se�or OTONIEL hab�a hecho de todo el surtido existente en el local al se�or Leonel Caballero.

Es as� entonces como fulgura una vez m�s la propiedad de los elementos perdidos en cabeza de quien denunciaba, con la correlativa imposibilidad jur�dica del se�or OTONIEL HERN�NDEZ para apropiarse y disponer de ellos. Y si bien el testigo hizo alusi�n a un proceso civil por el incumplimiento de los c�nones, con ocasi�n del cual asever� que los arrendatarios debieron desocupar, trat�ndose �sta de la determinaci�n judicial con la cual se mostraba en consecuencia que la salida de aquellos fue leg�tima y que, por tanto, el desalojo violento era falso, ninguna decisi�n judicial en este sentido soport� documentalmente la manifestaci�n del testigo, en tanto que en el cartulario, muy a pesar de que �sta ser�a pieza probatoria esencial, s�lo se aprecia fallo de responsabilidad por incumplimiento del contrato de arrendamiento que present� el se�or Leonel Caballero en la que -si bien no salieron avante sus pretensiones- no se le orden� el desalojo del establecimiento; y a continuaci�n se encuentra sentencia en proceso ejecutivo singular promovido por Transboy en contra de Leonel Caballero y otros dos demandados, con la que se dispuso seguir adelante con la ejecuci�n del t�tulo ejecutivo, sin disponer tampoco desahucio alguno. Luego, el lanzamiento legal del se�or Leonel Caballero ha quedado como un supuesto de hecho indemostrado, que ciertamente no resulta verificable con el dicho de una persona que no ha sido sujeto procesal y que desde una perspectiva ajena al tr�mite judicial resulta excesivo que, sin soporte forense, de fe de un supuesto del mundo jur�dico, en el que es una providencia consecuente con un tr�mite legal, dictada con las formalidades de ley, la �nica que da cuenta de la habilitaci�n judicial para el desalojo de un bien arrendado.

A lo anterior se suma que con ninguna prueba testimonial ni documental se puso en conocimiento la realizaci�n de un tr�mite oficial de lanzamiento, conoci�ndose en exclusiva que el se�or OTONIEL HERN�NDEZ, en asocio de personas cercanas a �l, acudi� al lugar de los hechos. Por manera que tampoco con el testigo Soto G�mez logra desbarajustarse la fundamentaci�n probatoria de la acusaci�n, menos aun cuando este mismo testigo al ser cuestionado por la suerte de los bienes que hab�a al interior del local comercial, reconoci� no contar con un conocimiento certero sobre el particular, expresando que �l sab�a que OTONIEL HERN�NDEZ no sab�a qu� hacer para lograr que sus deudores le pagaran, por lo que era posible que hubiese tomado la mercanc�a en inventario como parte de pago, siendo �sta una manifestaci�n que, si bien se propuso como opini�n, s�lo servir�a para ratificar, adem�s de las limitaciones declarativas del testigo, la efectiva ocurrencia del apoderamiento ileg�timo denunciado.

Prosiguiendo con los testigos, se encuentra en este punto la deponencia del se�or Rub�n Dar�o Agudelo Restrepo, quien como empleado del lavadero se present� como testigo directo de los hechos, lo cual inicialmente se respalda al verificar que, en efecto, laboraba en inmediaciones al local en el que se dio la situaci�n del 21 de agosto de 2007, pero como no es posible seguir haci�ndolo luego de analizar sus respuestas, toda vez que al ser inquirido por lo sucedido no supo entregar informaci�n acerca de las circunstancias modales en que la se�ora Mar�a Haidid D�az sali� del negocio, generando m�s indeterminaci�n que certezas.

Y en lo �nico que pudo ser categ�rico fue al momento de expresar que percibi� que entre la referida mujer y el se�or OTONIEL HERN�NDEZ se estaba presentando una discusi�n, la cual ciertamente se opone a la tesis de una entrega voluntaria del local comercial. Diciendo lo anterior queda en entredicho la veracidad de la testigo Elizabeth Posada, quien como secretaria del acusado es probable que en estrados estuviese movida a respaldar a quien ha sido su jefe, siendo �ste el factor que la pudo conducir a referir que fue la misma Mar�a Haidid quien pidi� que le recibieran el almac�n, lo cual no resulta de recibo cuando en su mismo testimonio, momentos m�s adelante, rese�� el arrojo violento de las llaves por parte de la mujer, ya que en ello se encierra una contradicci�n en punto a la verdadera intenci�n de entrega pac�fica y libre del local.

Quien pide que se le reciba, no es de esperar que al entregar se altere a punto tal como para terminar acudiendo a un acto violento de arrojo de unas llaves, trat�ndose tal revelaci�n de la testigo como una clara referencia a un episodio que se compadece m�s con lo dicho por Rub�n Dar�o Agudelo, como fue que el d�a de los hechos hubo un escenario de confrontaci�n, propio de una expulsi�n no consentida.

Ahora bien, esta testigo empleada al servicio del acusado (que tambi�n hizo parte del desalojo) adicion� al declarar que luego de que recibieron el local, al interior no qued� nada de propiedad de los denunciantes, encontrando ello oposici�n absoluta en lo declarado por la esposa del siguiente arrendatario que, como ya se hab�a rese�ado, adujo con objetividad -por ausencia de inter�s en la causa- que a su marido se le hizo entrega del local, aclar�ndole que recib�a una mercanc�a que estaba pendiente de un pleito legal.

No acoge entonces la Sala los dichos de la �ltima testigo relacionada, permaneciendo indemne la tesis del desalojo ileg�timo junto a la apropiaci�n il�cita de mercanc�a y herramienta; sin que tampoco pueda desestructurarse a partir del testimonio de Juan Carlos Hern�ndez, porque si bien fue el conductor de la camioneta de acarreos que fue contratado el d�a de los hechos por la se�ora Mar�a Haidid para que le transportase algunos elementos que sacaba del local, es preciso tener presente que la denunciante y su hijo testificaron que cuando fueron expulsados de su negocio, algunos de los bienes que ten�an pudieron llevarse, pero qued�ndose otros adentro, lo cual respalda que hubiesen contratado el transporte de mercanc�a, sin perjuicio de que otra -�la de mayor salida�- quedase junto a herramienta personal en poder del se�or OTONIEL HERN�NDEZ.

Es decir, con la acreditaci�n de que Mar�a Haidid pudo llevarse algunas cosas, no se contradice ni se desdibuja que hubiera sida privada de la disposici�n de otras; m�xime cuando el testigo en cuesti�n indic� que ayud� a montar las cosas, sin ingresar al local, ni saber entonces que quedaba en su interior. Y advi�rtase como el transportador hizo �nfasis en juicio oral al traslado de una caneca de aceite y algunos otros elementos que, ciertamente, no se corresponden con el inventario de los elementos que compon�an el �Lubricentro�.

Finalmente en el an�lisis de la prueba de descargo, se encuentra la Sala con las deponencias de Jhon Geider Rodr�guez S�nchez y Milton Julio Rodr�guez Montilla, las cuales poseen como factor com�n la carencia de informaci�n relevante para la desestimaci�n de la tesis inculpatoria. El primero porque no ten�a conocimiento directo sobre ning�n aspecto atinente al caso en cuesti�n, limit�ndose a expresar que como empleado de OTONIEL HERNANDEZ escuch� acerca de los problemas por pagos de �ste con el se�or Leonel Caballero, sin saber personalmente lo que ocurr�a. Y el segundo porque como usuario del lavadero, s�lo pudo afirmar que el d�a de los hechos llev� a lavar su carro, y luego de que se orden� cerrar el local, instantes despu�s recibi� su veh�culo y se fue, sin conocer bien lo sucedido.

Al cierre de la etapa probatoria se cont� finalmente con el testimonio del acusado mismo, quien tambi�n quiso soportar una hip�tesis, seg�n la cual, la entrega del local fue voluntaria, aspecto que por provenir de la persona que est� llamada a escapar de las fauces lacerantes del aparato represor y que por tanto es interesado sinigual en la causa penal, requiere del respaldo objetivo de sus palabras, como aqu� no lo consigui�, en tanto que s�lo se ha apoyado en el testimonio de una empleada suya, no ha ofrecido elementos de convicci�n neutrales, y en su misma deponencia ha hecho relaci�n a diferencias econ�micas y personales que se oponen a que la entrega del establecimiento comercial y sus elementos componentes fuese tan pac�fico como se ha querido mostrar.

Aunado a lo anterior se encuentra una referencia expl�cita del acusado en punto a que tom� parte de una mercanc�a como parte de pago, lo cual torna m�s probable la tesis inculpatoria, seg�n la cual, OTONIEL HERNANDEZ, en su calidad de acreedor defraudado en los compromisos contractuales y exasperado por no conseguir el recibo de dinero, ech� mano de una estrategia nada extraordinaria pero s� ileg�tima como fue tomar posesi�n del establecimiento que hab�a vendido, como modo de �suplir� la ausencia de pagos.

Comportamiento que no es extra�o, pero que ha operado como una conducta de auto-tutela que, para desgracia del acreedor, est� proscrita dentro del ordenamiento jur�dico que precisamente ha establecido modos legales de reclamaci�n de los derechos para evitar ca�ticos y peligrosos escenarios de auto-protecci�n. La libertad sin control, se convierte en una prerrogativa natural peligrosa en la que la vida, la integridad y los bienes se encuentran en un constante riesgo, apareciendo as� el sistema jur�dico como restricci�n al �mpetu natural, o para mejor decir, como l�mite al instinto de conservaci�n en el que �todo vale�, para restringir y punir desafueros humanos, como el que aqu� se ha permitido el se�or OTONIEL HERN�NDEZ cuando, enervado por la falta de pagos, acudi� a una v�a de hecho con la que quiso saldar el incumplimiento contractual con el arrebatamiento de aquello que ya no era de �l. Conducta que encaja y actualiza el delito por el que aqu� se ha acusado, llevando ello a la confirmaci�n del fallo de primera instancia en el que, si bien el despliegue valorativo de la prueba ha sido muy limitado, se ha arrimado a una decisi�n de responsabilidad que con lo aqu� discurrido es preciso mantener por el apoderamiento de unos bienes que no fueron relacionados con cada una de sus facturas, pero que s� fueron ampliamente descritos en una base de datos (denominada inventario) de la cual fue posible extractar su calidad y valor, sin generarse una determinaci�n tal como para que la duda campeara.

En realidad, con los testigos de cargo, m�s los documentos por ellos aportados, fue evidenciado de qu� se apoder� el se�or OTONIEL HERN�NDEZ. Acusado que es bueno insistir que para penetrar el establecimiento arrendado a favor de Leonel Caballero y hacerse a los bienes de propiedad de �ste, requer�a m�s que su condici�n de acreedor, necesitando una orden leg�tima, la cual aqu� no fue presentada, ni decantada a trav�s de la prueba documental con la que se aportaron varias decisiones judiciales en la que ninguna dispon�a el desahucio de los arrendatarios denunciantes, ni la p�rdida del poder dispositivo de los bienes que al interior del local ten�an.

Reit�rese al respecto que de las decisiones judiciales aportadas al cartulario como prueba, todas ellas resuelven controversias de orden civil, sin habilitar en modo alguno la violenta irrupci�n del acusado para apropiarse de mercanc�a y herramienta sobre la que no ten�a el dominio ni ninguna otra prerrogativa de orden civil. Y si bien al cartulario se aportaron unas facturas de compra de algunos insumos para el servicio automotor a nombre del se�or OTONIEL HERN�NDEZ, es claro que se trata de un documento expedido el 16 de febrero de 2004, es decir, de tiempo antes a la negociaci�n de �ste con el se�or Leonel Caballero, y que comprende elementos que estaban al interior del local que usufructuaba este �ltimo, lo cual conduce a colegir que la factura es s�lo un archivo hist�rico de lo que el procesado en alg�n momento compr� pero que luego incluy� en su negociaci�n con el denunciante, frente al cual no se demostr� que hubiese quedado en posesi�n de bienes que siguieran siendo propiedad del se�or HERN�NDEZ.

Finalmente ap�ntese que en el juicio oral y con la apelaci�n se ha reclamado la estimaci�n de versiones que determinadas personas ofrecieron en los procesos civiles, siendo este momento importante para expresar que no podr� el Juez penal, que en la hora de ahora se rige por un procedimiento penal en el que la pr�ctica de las pruebas se rige por los principios de contradicci�n, inmediaci�n y publicidad, acoger declaraciones ofrecidas por fuera del juicio oral, tray�ndolas como verdad apod�ctica de otros asuntos sobre los que no puede ejercer un control de legalidad ni una estimaci�n cabal del poder suasorio de la deponencia. Es ello lo que se ha denominado prueba trasladada, hoy eliminada de la sistem�tica penal.

Al respecto en la decisi�n AP-5785-2015 (Rad.46153) �En cuanto a las pruebas practicadas en otros tr�mites, debe considerarse que en el sistema reglado en la Ley 906 de 2004 no opera la figura de la prueba trasladada. As�, si una parte considera pertinentes los medios de prueba usados en otra actuaci�n, debe agotar los tr�mites atinentes al debido proceso probatorio.

A manera de ejemplo, si en el otro proceso declararon testigos, debe solicitarlos como prueba para que su contraparte tenga la posibilidad de ejercer a cabalidad los derechos de contradicci�n y confrontaci�n; si el testigo no puede ser ubicado, falleci� o se encuentra en alguno de los presupuestos del art�culo 438, debe sustentar la causal excepcional de admisi�n de prueba de referencia; si pretende aducir como prueba un documento o una evidencia f�sica utilizado con el mismo fin en un proceso diferente, debe cumplir con el deber de autenticarlos.

Lo anterior sin perjuicio de la obligaci�n de cumplir todos los requisitos generales para la admisi�n de la prueba: descubrimiento, solicitud de decreto a partir de la explicaci�n clara y concisa de la pertinencia, etc�tera.� Es �sta �ltima una raz�n adicional para concluir que la prueba presentada por la Defensa no ha tenido el potencial suficiente para derruir las bases de un compromiso punitivo que se ha fincado en unos denunciantes claros, objetivos y contundentes en punto a la manera irregular en que perdieron sus bienes, aquellos que al parecer incumplieron en pagar, pero que no por ello dejaban de ser suyos y que no pod�an perder a trav�s de una v�a de hecho por la que ahora se ratifica la condena dictada en primera instancia. En m�rito de lo expuesto en precedencia, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, SALA DE DECISI�N PENAL, RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el d�a 27 de junio de 2017 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Boyac�, mediante la cual se conden� al se�or OTONIEL HERN�NDEZ como autor responsable del delito de Hurto agravado por el cual le acus� la Fiscal�a.

SEGUNDO: SE INFORMA que en contra de la presente decisi�n procede el recurso extraordinario de casaci�n. Notif�quese y c�mplase Los Magistrados, GLORIA LIGIA CASTA�O DUQUE DENNYS MARINA GARZ�N ORDU�A C�SAR AUGUSTO CASTILLO TABORDA Valentina R�os Gonz�lez Secretaria  Folios 6 y 7.  Escrito de acusaci�n en folios 1 a 4; su formulaci�n oral en los folios 18 y 19.  Folios 31 a 34.  Folios 80 a 98.  Folios 100 a 103.  Ver folios 112, 114, 135, 141, 145, 174, 221, 225, 232, 244, 251 y 296.  Folio 286 y siguientes.  Al respecto, tambi�n observar la sentencia de la Corte Constitucional C-025 de 2010.  Corte Suprema de Justicia, decisi�n del 28 de marzo de 2012.

Rad. 36621. M.P. Augusto J. Ib��ez.  Folio 316 de expediente, o p�gina 20 de la sentencia.     P�gina  PAGE 20 Sistema Acusatorio: 2007-81280-01 OTONIEL HERN�NDEZ Hurto Agravado Rep�blica de Colombia  Tribunal Superior de Manizales Sala Penal 67Kftw{������������ % � ��ƴƦ�Ʀƴ�z�z�r�`N�N"h��CJOJQJ^JaJmH sH "h� VCJOJQJ^JaJmH sH h��mH sH h��5�OJQJ^JmH sH h�?�5�OJQJ^JmH sH h�?�OJQJ^JmH sH h��OJQJ^JmH sH #h��h��5�OJQJ^JmH sH  h��h��OJQJ^JmH sH (h!�h��CJOJQJ^JaJmH sH %h��5�CJOJQJ^JaJmH sH 67Kf�������+ - 4 5 ���������������� $dha$gd��$��dh`��a$gd��$ & Fdha$gd��gd��$��dh^��a$gd��$dh&d P�� a$gd�� $dha$gd��� � � � �  ( - 4 5 E b c � � 9 F � � � � �  ' 7 ��IJ�IJ֜�xcxQx?x?x?x?�?"h<�CJOJQJ^JaJmH sH "h~U�CJOJQJ^JaJmH sH (h-[*h��CJOJQJ^JaJmH sH "h�w�CJOJQJ^JaJmH sH "h�C�CJOJQJ^JaJmH sH +hxtuh��5�CJOJQJ^JaJmH sH "h��CJOJQJ^JaJmH sH "h� VCJOJQJ^JaJmH sH %h��5�CJOJQJ^JaJmH sH +h��h��5�CJOJQJ^JaJmH sH 5 � � }~��������bgtu������������������$ & F��dh^�`�a$gd��$��dh`��a$gd��$ & Fdha$gd��$����dh��]�^�`��a$gd��7 9 B C � |}~���� <IRcd|}��������ʸ���mmmm�T�m1h:f�h��B*CJOJQJ^JaJmH ph�sH "h�M;CJOJQJ^JaJmH sH (h�'�h��CJOJQJ^JaJmH sH +h�'�h��5�CJOJQJ^JaJmH sH h�U&CJOJQJ^JaJ"h��CJOJQJ^JaJmH sH "h�U&CJOJQJ^JaJmH sH "h�GECJOJQJ^JaJmH sH "h�C�CJOJQJ^JaJmH sH ����h�������������Dz���ٚمoY�D��2�"h�NCJOJQJ^JaJmH sH (h�6�h��CJOJQJ^JaJmH sH +h�6�h��5�CJOJQJ^JaJmH sH + *h�g h��CJOJQJ^JaJmH sH (hf/�h��CJOJQJ^JaJmH sH /jh�M;0JCJOJQJU^JaJmH sH (h~U�h�M;CJOJQJ^JaJmH sH "h��CJOJQJ^JaJmH sH "h�M;CJOJQJ^JaJmH sH (h� h��CJOJQJ^JaJmH sH &5\]^ij�����=KP��ŷ����ŷ�t�t�bS�E7�hQ�CJOJQJ^JaJh~U�CJOJQJ^JaJh�N5�CJOJQJ^JaJ#h�Nh�N5�CJOJQJ^JaJ'jh�N0JCJOJQJU^JaJh�NCJOJQJ^JaJh��5�CJOJQJ^JaJ#h�a�h��5�CJOJQJ^JaJh��CJOJQJ^JaJ'jh��0JCJOJQJU^JaJ"h�M;CJOJQJ^JaJmH sH (h~U�h�M;CJOJQJ^JaJmH sH DE����DW��+^_`abcdefg���о�СГЂГ�q��cQ9. *h�Nh��5�CJOJQJ^JaJmH sH #h�Nh��5�CJOJQJ^JaJh�NCJOJQJ^JaJ h)�h)�CJOJQJ^JaJ h~U�hQ�CJOJQJ^JaJhQ�CJOJQJ^JaJh��CJOJQJ^JaJh)�5�CJOJQJ^JaJ#h)�h)�5�CJOJQJ^JaJh)�CJOJQJ^JaJ'jhQ�0JCJOJQJU^JaJhB0�CJOJQJ^JaJgtu{�������������?{����'RX��°�žž�z���h�h�h�hzhVzV�"hm�CJOJQJ^JaJmH sH "h�J CJOJQJ^JaJmH sH "h��CJOJQJ^JaJmH sH "h~U�CJOJQJ^JaJmH sH "h�wCJOJQJ^JaJmH sH "h�W"CJOJQJ^JaJmH sH "h��CJOJQJ^JaJmH sH ( *h��5�CJOJQJ^JaJmH sH +h�>zh��5�CJOJQJ^JaJmH sH u��fgSXgh���!�!�"�"$$%$�$�$�$���������������������$ & Fdha$gd��dhgdx4�$ & F��dh^�`�a$gd��$��dh`��a$gd��$��dh`��a$gd�wXfghlm���<Bfky������q_q_M:M�("h��CJOJQJ^JaJmH sH %h� {6�CJOJQJ^JaJmH sH "h� {CJOJQJ^JaJmH sH "h~U�CJOJQJ^JaJmH sH "hx4�CJOJQJ^JaJmH sH (h!nch��CJOJQJ^JaJmH sH "h�99CJOJQJ^JaJmH sH +h�99h�995�CJOJQJ^JaJmH sH +h!nchx4�5�CJOJQJ^JaJmH sH %h��5�CJOJQJ^JaJmH sH +h!nch��5�CJOJQJ^JaJmH sH y��������x�  � � ! 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