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H: 05:30 p.m. Manizales, doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019). ASUNTO Procede esta Corporaci�n a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la Fiscal�a en contra del auto proferido el d�a 17 de enero de 2019 por el Juzgado Penal de Circuito Especializado de Manizales, Caldas, mediante el cual se decret� la cesaci�n del procedimiento seguido en contra del se�or EDINSON S�NCHEZ como autor del delito de Concierto para delinquir agravado, tras su admisi�n de responsabilidad, resultando favorecido por los beneficios propios de la desmovilizaci�n.
HECHOS Consta en el expediente que mediante Resoluci�n N� 091 del 15 de junio de 2004 la Presidencia de la Rep�blica declar� abierto el proceso de di�logo, negociaci�n y firma del acuerdo de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, de ahora en adelante (AUC), de que trata la ley 782 de 2002 en su art�culo 3�. Adem�s, que por medio de la Resoluci�n N� 172 del 8 de julio de 2005, la Presidencia reconoci� para efectos de la coordinaci�n de desmovilizaci�n de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio de las AUC, la calidad de miembro representante de dicho grupo al se�or RAM�N ISAZA ARANGO.
De este modo, el d�a 06 de marzo de 2006, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, remiti� listado suscrito por RAM�N ISAZA ARANGO, con el que, en su calidad de Miembro Representante de las Autodefensas del Bloque Magdalena Medio, reconoci� expresamente como integrante del Bloque a una serie de personas, quienes a su vez manifestaron su voluntad de reincorporarse a la vida civil, estando entre ellos, el se�or EDINSON S�NCHEZ, quien de manera previa, exactamente el 5 de febrero de 2006, hab�a acudido a la sede de la Fiscal�a en Puerto Triunfo, Antioquia, para realizar su entrega voluntaria y con el deseo de reincorporarse a la vida civil. De tal suerte que manifestara el encausado, haber sido reclutado por las AUC cuando a�n era menor edad, aproximadamente desde los 13 a�os, de manera espec�fica al Frente Omar Isaza FOI, en donde cumpl�a funciones de patrullaje, situaci�n corroborada por las listas oficiales de dicho grupo.
ACTUACI�N DE INSTANCIA 3.1. Con ocasi�n de la entrega voluntaria del se�or EDINSON S�NCHEZ, el d�a 5 de febrero del a�o 2006 fue escuchado en versi�n libre, en la que ratific� su participaci�n en el grupo de Autodefensas Unidas del Magdalena Medio, as� como exterioriz� su deseo de reincorporarse a la vida civil. En tal oportunidad se ventil� la opci�n de obtener resoluci�n inhibitoria por el delito de sedici�n en el cual se enmarcaba su accionar, de acuerdo a lo dictado por el art. 71 de la Ley 975 de 2005 y dem�s normas concordantes. 3.2.
Una vez desmovilizado, en pleno goce de su libertad y bajo los compromisos de ley, las diligencias se mantuvieron por varios a�os en manos de la Fiscal�a, sin que se tomase alguna determinaci�n en concreto, hasta cuando mediante Resoluci�n del 28 de mayo del a�o 2012, la Unidad Nacional de Fiscal�as para los Desmovilizados, m�s espec�ficamente, la Fiscal�a Veintisiete Delegada ante los Jueces Especializados, decret� la apertura de instrucci�n frente al se�or EDINSON S�NCHEZ.
En ella se dispuso que, atendiendo la decisi�n C-936 de 2010 de la Corte Constitucional y la decisi�n proferida bajo radicado 26.945 de la Corte Suprema de Justicia (del 2007), no pod�a encuadrarse la conducta del procesado en el tipo penal de sedici�n, as� como tampoco pod�a claudicarse la causa, siendo mandato legal continuar con la actuaci�n y ofrecer los beneficios de que trata la Ley 1424 de 2010. 3.3.
Luego de muchos intentos de notificaci�n de la apertura de la Instrucci�n y para el adelantamiento de la diligencia de indagatoria, mediante una solicitud de antecedentes realizada por la Polic�a Nacional, el 4 de noviembre de 2017, se dio con la captura del se�or EDINSON en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, debido a la orden proferida por el Fiscal 130 Especializado de Medell�n, el 25 de septiembre de 2017 la cual se origin� por el motivo anteriormente expuesto, esto es, la imposibilidad de ubicaci�n del Procesado.
Fue as� como el 7 de noviembre de 2017 se adelant� la diligencia de Indagatoria en la cual el se�or EDINSON, haciendo uso de su derecho a guardar silencio, no exterioriz� m�s que su intenci�n de continuar con lo expresado anteriormente en la diligencia de versi�n libre, es decir, su deseo de obtener beneficios por la desmovilizaci�n. 3.4.
Tras lo anterior, mediante Resoluci�n del 8 de noviembre de 2017, la Fiscal�a defini� la situaci�n jur�dica del se�or EDINSON S�NCHEZ, de quien determin� que deb�a responder por el delito de Concierto para delinquir agravado (Art. 340, inc. 2� C.P.), no as� por el Porte ilegal de armas que era subsumido por la primera ilicitud, como tampoco por la Utilizaci�n ilegal de uniformes e insignias, por haberse actualizado respecto de tales hechos punibles el fen�meno extintivo de la prescripci�n. Al Procesado se le impuso medida de aseguramiento, de manera concreta, detenci�n preventiva en centro penitenciario. 3.5.
Habi�ndose agotado las anteriores etapas se declar� cerrada la instrucci�n, tras lo cual, el d�a 27 de diciembre de 2017, la Fiscal�a profiri� resoluci�n de acusaci�n por el delito de Concierto para Delinquir Agravado. En la referida resoluci�n, se hace menci�n de todos los elementos de convicci�n que vinculan al se�or EDINSON S�NCHEZ como miembro de las Autodefensas del Magdalena Medio, haciendo un esbozo de los elementos f�cticos y probatorios con los que sustenta los cargos y manifestando entonces la competencia por parte del Juzgado Especializado del Circuito de Manizales para conocer de dicho proceso. 3.6.
Radicada la actuaci�n, correspondi� por reparto al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, c�lula judicial que mediante prove�do del d�a 16 de enero de 2018 avoc� conocimiento, verificando desde tal momento la existencia de una acusaci�n debidamente formulada y ejecutoriada, as� como la presentaci�n de una solicitud de parte del acusado de sentencia anticipada. 3.7.
Ante la verificaci�n de que en contra del procesado pesaban antecedentes penales y posible p�rdida de beneficios con la Agencia para la Reincorporaci�n y la Normalizaci�n, el Juez de la causa dispuso oficiar a las entidades habilitadas para clarificar dichas situaciones. 3.8. Antes de proseguirse con la actuaci�n, el 15 de enero de 2019, la Defensa solicit� la nulidad de la actuaci�n, por no aplicaci�n de las normas que regulan el caso del se�or S�NCHEZ, en violaci�n a su derecho fundamental al debido proceso. DECISI�N CONFUTADA.
Tras analizar la informaci�n recopilada, revisar la actuaci�n y contemplar el pedimento defensivo, mediante auto del 17 de enero del a�o 2019, el Juez de la causa decret� la cesaci�n del Procedimiento adelantado en contra del se�or EDINSON S�NCHEZ, en virtud de lo consagrado en la ley 975 de 2005. Para arrimar a tal conclusi�n realiz� el a quo una relaci�n jurisprudencial del asunto, y en especial el manejo que se ha dado a estos asuntos en la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, para determinar que se trataba de una visi�n fundamentada que acog�a, raz�n por la que era dable cesar el procedimiento respecto a aquel ex integrante de las AUC que se desmoviliz� para obtener el beneficio de la Ley 418 de 1997 y la Ley 782 de 2002, que no era otra que una resoluci�n inhibitoria a favor de aquellos que comet�an el delito de sedici�n en los t�rminos del art. 71 de la Ley 975 de 2005, sin que tuviera incidencia la declaratoria de inexequibilidad del referido art�culo (sentencia C-360 de 2006), ni otros pronunciamiento judiciales posteriores al acogimiento del desmovilizado que aplican hacia el futuro.
Determin� el Juzgador que, conforme al criterio de su superior funcional, el sometimiento al proceso de paz del se�or EDISON S�NCHEZ, acogiendo los compromisos de ley, debe representarle los beneficios que en dicho momento se le ofrec�an, esto es, que su conducta se tipificar�a como sedici�n y ser�a pasible de la cesaci�n del procedimiento, como efectivamente se dispuso, con la consecuente extinci�n de la acci�n y la liberaci�n del procesado que hab�a sido afectado con detenci�n. LA APELACI�N. 5.1.
Notificadas las partes actuantes de la decisi�n, el Fiscal delegado para este asunto fue el �nico sujeto procesal que interpuso el recurso de apelaci�n, el cual sustent� mediante escrito oportunamente presentado con el cual ha planteado una censura respecto del derecho que se aplic�, al no ser empleadas las normas que a su juicio correspond�an y que significaban emitir una sentencia de fondo, y no un auto que otorgara un beneficio del cual no era beneficiario el procesado.
En este sentido expres� el Apelante que existe un yerro respecto de la conceptualizaci�n jur�dica en la que se enmarc� la decisi�n, toda vez que el Juez de instancia, al invocar en su providencia la ley 418 de 1997 y 782 de 2002, desconoci� lo preceptuado en la ley 975 de 2005 y por consiguiente, desconoci� la normativa que reg�a el caso.
A tono con lo precedente se aleg� por el Censor que la ley 975 de 2005 en su art�culo 71 no pod�a ser aplicada en raz�n a su declaratoria de inexequibilidad, con el consabido retiro del ordenamiento jur�dico al momento de proferir el auto, por lo que no pod�a seguir surtiendo efectos y tenerse como fundamento para emitir una decisi�n. Se plantea en an�logo sentido con el escrito impugnatorio que el juez de instancia dio lugar a una verdadera v�a de hecho al momento de proferir la decisi�n de cesar el procedimiento, puesto que de esta manera desconoci� el precedente que le era obligatorio seguir, tal y como es la decisi�n bajo Rad. 26945 del a�o 2007, junto a otras de Tribunales y juzgados que le secundan.
En raz�n de lo manifestado solicit� el Fiscal 130 Especializado de Medell�n, que se revoque al auto confutado y, por consiguiente, se emita la respectiva sentencia de fondo que en derecho corresponda, respecto del proceso adelantado en contra del se�or EDINSON S�NCHEZ por el delito de concierto para delinquir. 5.2. El Juez de primer nivel mediante decisi�n del 8 de abril de 2019 confirm� la decisi�n de primera instancia, ratific�ndose en su inicial argumentaci�n y vali�ndose de las m�ltiples argumentaciones que en igual sentido se han ofrecido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales.
Por tanto concedi� el recurso de apelaci�n, al cual dio el tr�mite de ley. 5.3. En el t�rmino de traslado a los sujetos procesales no recurrentes, el Ministerio P�blico reclam� la confirmaci�n del fallo de primera instancia, aduciendo que el se�or EDISON S�NCHEZ ten�a una expectativa fundada en que se le aplicar�an las normas vigentes para el momento de su desmovilizaci�n, sin someterlo a trabas, ni disposiciones legales que no reg�an su caso.
CONSIDERACIONES 6.1. Esbozo del asunto a tratar. �Al se�or EDINSON S�NCHEZ, incluido en proceso de desmovilizaci�n de las AUC, fue correcto beneficiarlo con la cesaci�n de procedimiento consagrada en el art�culo 60 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 782 de 2002, con ocasi�n de lo preceptuado en el art�culo 71 de la ley 975 de 2005, o realmente deben aplic�rsele las disposiciones contenidas en la Ley 1424 de 2010 con la que se dio una salida alterna a los investigados y procesados por concierto para delinquir con ocasi�n de su pertenencia al aludido grupo al margen de la ley? En otras palabras: �la pertenencia del se�or EDINSON S�NCHEZ a las AUC deb�a tratarse como un delito pol�tico frente al cual el Estado ofrec�a una decisi�n de cierre de la investigaci�n o, tal y como se solicita por el Censor, deb�a proces�rsele por el delito com�n y lesivo de la Seguridad P�blica que se le endilg�, con la opci�n de los beneficios que una sentencia anticipada le concediera? Con la siguiente argumentaci�n, en clave del principio de legalidad y la vigencia de la ley en el tiempo, se dar� soluci�n a la controversia, la que desde ya se anuncia que no es primer vez que se ofrece y est� dirigida a respaldar la decisi�n de cesaci�n de procedimiento.
Veamos. 6.2. Marco jur�dico que rige el asunto del Procesado. 6.2.1. Tal y como el a quo lo ha anunciado en su providencia, para el momento en que el se�or EDINSON S�NCHEZ se entreg� voluntariamente y expres� su intenci�n de someterse a la justicia (febrero del a�o 2006) estaba vigente el art�culo 71 de la Ley 975 de 2005, que en su tenor literal dictaba: �ART�CULO 71.
Adicionase al art�culo� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr019.html" \l "468" 468�del C�digo Penal un inciso del siguiente tenor: 'Tambi�n incurrir�n en el delito de sedici�n quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal.
En este caso, la pena ser� la misma prevista para el delito de rebeli�n. �Mantendr� plena vigencia el numeral 10 del art�culo� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0067_1993.html" \l "3" 3�de la Convenci�n de las Naciones Unidas Contra el Tr�fico Il�cito de Estupefacientes y Sustancias Psicotr�picas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legislaci�n nacional mediante Ley� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0067_1993.html" \l "1" 67�de 1993'.
As� pues, para el momento en que se llev� a cabo la desmovilizaci�n del aqu� procesado, la exclusiva pertenencia al grupo de autodefensas denominado AUC, en efecto, era legislativamente considerado como un delito de sedici�n, que por su elemento esencial de insubordinaci�n frente al status quo constitucional ha sido definido como un delito pol�tico.
Es decir, por virtud de la ley se convirti� la pertenencia voluntaria a las AUC, naturalmente encuadrable en el delito de Concierto para Delinquir, en un delito pol�tico; lo cual abr�a la puerta para que aquellos que se hab�an unido al grupo ilegal y que no hubieran participado de otros delitos de mayor entidad, pudieran obtener la cesaci�n de procedimiento a que se refer�a la Ley 782 de 2002 (art�culo 24), la cual estaba direccionada a procesados por hechos constitutivos de delitos pol�ticos.
Fue as� como, por virtud del art�culo 71 de la Ley 975 de 2005 que remite inexorablemente a la aplicaci�n de la ley 418 de 1997 prorrogada por la ley 782 de 2002, surgi� para el se�or EDINSON S�NCHEZ y muchas otras personas sometidas a la justicia transicional, una f�rmula para reinsertarse a la vida civil, quedando sin pendientes con la justicia colombiana. 6.2.2.
Sin embargo, con fecha del 18 de mayo de 2006, la Corte Constitucional, en fallo de control de constitucionalidad (C-370) decidi�: �Declarar�INEXEQUIBLE�el art�culo 71 de la Ley 975 de 2005, por vicios de procedimiento en su formaci�n�, por lo que a partir de esa fecha la norma relacionada (al igual que el art�culo 70 ejusdem) se retir� del ordenamiento jur�dico.
Y d�gase desde ya que tal retiro de la norma del ordenamiento jur�dico por un vicio de forma, no resulta ser fundamento para desconocer su aplicabilidad en el caso del se�or EDINSON S�NCHEZ, como quiera que con un razonamiento tal se repudiar�a la disposici�n legal que establece �Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los t�rminos del art�culo� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr008.html" \l "241" 241�de la Constituci�n Pol�tica, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario� (art. 45 Ley 270 de 1996), as� como se rehusar�a aquel criterio jurisprudencial que ha permitido la aplicaci�n favorable de normas derogadas o declaradas inexequibles para quienes durante la �poca de su vigencia encuadraban en los supuestos de hecho que la norma deca�da contemplaba. 6.2.3.
Ahora bien, no s�lo ha sufrido el art�culo 71 de la Ley 975 la declaratoria de inexequibilidad por vicios de forma a la que viene de aludirse, sino que adem�s fue objeto de censura constitucional a trav�s de un control difuso por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, situaci�n que advirti� el Fiscal en su apelaci�n. Respecto de lo decidido por la Corte Suprema, se tuvo que, al interior de un asunto en que una persona tambi�n desmovilizada en vigencia de la referida norma, reclam� se tratara su delito de Concierto para delinquir agravado, como una Sedici�n susceptible de cesaci�n de procedimiento, se determin� que una permisi�n tal constitu�a una grave laceraci�n de garant�as supra-legales intolerable bajo los principios fundantes del Estado, y, por consiguiente, llamada a la aplicaci�n de la excepci�n de inconstitucionalidad que la misma Norma superior otorga a las autoridades judiciales.
En la aludida decisi�n de la Corte Suprema de Justicia (Auto del 11 de julio de 2007, Rad. 26.945), se esbozaron diversos criterios para apartar el concierto para delinquir como un delito pol�tico, indic�ndose que hacerlo atentaba contra la dogm�tica jur�dico-penal, contra los derechos de las v�ctimas y se opon�a a los fines del Estado Social de derecho.
A partir de tal argumentaci�n la Alta Corporaci�n termin� concluyendo: �Es absolutamente contrario a la Constituci�n y a los est�ndares internacionales que las v�ctimas sean burladas en sus derechos al aceptarse que las bandas de grupos paramilitares actuaron con fines altruistas cuando ejecutaron graves acciones lesivas a los bienes jur�dicos penales m�s importantes.
Se concluye, entonces, que a pesar de la vigencia temporal y la posibilidad de invocaci�n favorable del art�culo 71 de la Ley 975 de 2005, no es viable su aplicaci�n porque: 1). La Constituci�n establece criterios b�sicos sobre lo que se debe entender por delito pol�tico; 2). Desde la teor�a del delito se puede distinguir y establecer el antagonismo entre los delitos pol�ticos y el concierto para delinquir; 3).
Aceptar que el concierto para delinquir es un delito pol�tico lleva al desconocimiento de los derechos de las v�ctimas; y, 4). Al haber sido declarado inexequible el precepto, no puede seguir produciendo efecto alguno hacia el futuro en el mundo jur�dico, y cualquier juez puede aplicar la excepci�n de inconstitucionalidad por razones de fondo para evitar su vigencia temporal antes de la declaratoria de inexequibilidad por razones de forma�. 6.2.4.
Muy a pesar del anterior pronunciamiento, tras una revisi�n integral del asunto, se encuentra que desconocer la aplicaci�n de la Ley 975 de 2005, adem�s de ser una f�rmula enga�osa que burla la intenci�n de quien quiso entregarse ante las autoridades y contribuir para la recuperaci�n de la paz nacional, constituye una grave lesi�n al principio de legalidad, como quiera que se estar�a desconociendo la normativa vigente para el momento en que el se�or EDINSON S�NCHEZ opt� por desmovilizarse de las AUC, prefiri�ndose de manera irregular criterios novedosos que surgieron cuando ya el procesado se hab�a sometido a la justicia con la leg�tima expectativa de una decisi�n inhibitoria, resoluci�n de preclusi�n de la instrucci�n o eventualmente, una cesaci�n del procedimiento.
De este modo, es necesario hacer una remisi�n al propio escrito de apelaci�n, donde argumenta el Censor que las situaciones jur�dicas consolidadas son intangibles, pero las que no, no pueden ser resueltas con base en una norma que fue apartada del ordenamiento jur�dico, como lo es la ley 975 de 2005. Si bien se interpreta de la anterior argumentaci�n, que lo que pretende el se�or Fiscal, es dar a entender que no exist�a una situaci�n jur�dica consolidada para el se�or EDINSON S�NCHEZ, en lo referente a un derecho adquirido con ocasi�n del tr�mite de su desmovilizaci�n, y que por tal raz�n habr�a perdido la oportunidad de la aplicaci�n de la norma que fuera declarada inexequible, dicha conclusi�n no puede ser de recibo, por las razones a saber: Considera esta sala, que contrario sensu de la interpretaci�n dada por el Fiscal, existe una situaci�n jur�dica absolutamente consolidada en lo referente al derecho que le asiste a EDINSON S�NCHEZ y a cualquier persona, de ser juzgado �nicamente conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, no teni�ndose entonces, raz�n ni fundamento alguno, que pueda desligar el principio de legalidad como prerrogativa humana, de un sujeto que est� sometido a un proceso penal.
En efecto, existen razones que muestran lo inviable de confundir el delito pol�tico con la delincuencia com�n organizada, pero no puede bajo el escudo de la conveniencia, darse la espalda a la legalidad, que es basti�n de legitimidad de un Estado Social de Derecho, en el que no podr�a soslayarse el compendio normativo que regul� espec�fica situaci�n y que fue el est�mulo que condujo a la dejaci�n de las armas y sometimiento a la justicia. Sobre este punto es oportuno recordar que la vigencia de la Ley 418 de 1997 fue prorrogada con algunas modificaciones por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006; que en dicho compendio se establecieron unos beneficios como la cesaci�n de procedimiento, la resoluci�n de preclusi�n de la instrucci�n o la resoluci�n inhibitoria, para los integrantes de grupos armados al margen de la ley, que confiesen, hayan sido o fueren denunciados o procesados por delitos pol�ticos y aun no condenados mediante sentencia ejecutoriada.
Art�culo�24. El art�culo 60 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, quedar� as�: Art�culo 60. Se podr�n conceder tambi�n, seg�n proceda, de acuerdo con el estado del respectivo proceso penal, la cesaci�n de procedimiento, la resoluci�n de preclusi�n de la instrucci�n o la resoluci�n inhibitoria, a quienes confiesen y hayan sido o fueren denunciados o procesados por hechos constitutivos de los delitos a que se refiere este t�tulo y no hayan sido a�n condenados mediante sentencia ejecutoriada.
Para estos efectos, se tramitar� la solicitud de acuerdo con los art�culos anteriores y, una vez verificados los requisitos, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitir� la solicitud al Tribunal correspondiente, o a la Direcci�n de Fiscal�a ante la cual se adelante el tr�mite, quienes deber�n emitir de plano, la providencia que decida la respectiva solicitud, en los t�rminos legales y observando el principio de celeridad.
Si la persona se encuentra privada de la libertad, las citadas autoridades deber�n dar tr�mite preferencial a las solicitudes de beneficios jur�dicos, y en la providencia en la cual se conceda la petici�n de preclusi�n de la instrucci�n o la cesaci�n de procedimiento, deber� revocarse el auto de detenci�n del beneficiario, cancelarse las �rdenes de captura en su contra y ordenar oficiar a los organismos competentes.
La Sala Penal del Tribunal respectivo deber� resolver dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir del d�a siguiente al recibo del expediente. Este t�rmino es improrrogable. Ahora, sin desconocer que hoy en d�a el delito de sedici�n no puede ser equiparable al punible de concierto para delinquir agravado, no excluye ello que en la intenci�n de buscar salida al flagelo de la violencia germinada en el paramilitarismo, por virtud de la propia ley (art�culo 71 de la Ley 975 de 2005 que adicion� el art�culo 468 del C.P.) se adopt� la medida para tratar el concierto de personas en la conformaci�n de grupos de autodefensa como expresi�n sediciosa, susceptible de la aplicaci�n de las opciones procesales que consagr� la Ley 418 de 1997. �Art�culo 71.
Sedici�n. Adici�nese al art�culo 468 del C�digo Penal un inciso del siguiente tenor: �Tambi�n incurrir� en el delito de sedici�n quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena ser� la misma prevista para el delito de rebeli�n�.
Resalta la Sala. Y tampoco puede dejarse de lado que el citado art�culo se mantuvo vigente desde la sanci�n y publicaci�n de la Ley, esto es, desde el 25 de julio de 2005, hasta que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por vicios de procedimiento en la sentencia C-370-06 del 18 de mayo de 2006 y en la que se enfatiz� que la misma carecer�a de efectos retroactivos, extract�ndose v�lidamente de lo anterior que su inexequibilidad en nada variar�a la situaci�n de quien, como en este evento, se desmoviliz� durante su vigor.
En verdad da cuenta la actuaci�n de que el se�or EDINSON SANCHEZ suscribi� acta de entrega voluntaria el 5 de febrero de 2006, misma fecha en que ofreci� versi�n libre con la que confes� su adscripci�n a las AUC, lo cual denota que lo hizo en aquel periodo en que su caso, ni siquiera por aplicaci�n favorable de la ley, sino como expresi�n de la norma vigente para dicho momento, estaba llamado a definirse a trav�s de una decisi�n formal de clausura, tal y como expresamente se lo hicieron saber en la diligencia de versi�n libre en la que se le advirti�: �(�) Esta diligencia solo se orienta a un eventual beneficio jur�dico de resoluci�n inhibitoria o preclusi�n por el delito de sedici�n por su pertenencia al grupo armado al margen de la ley (�) De la misma manera se le hace conocer que si aspira a alg�n beneficio por estos delitos.
El tramite ser� el previsto en la ley 975 de 2005 (�) se le hace conocer igualmente que si comete alg�n delito doloso dentro de los 2 a�os siguientes a su desmovilizaci�n perder� los beneficios jur�dicos consagrados en la misma ley y que se conceden como consecuencia de su voluntad de reincorporarse del abandono voluntario del grupo�. 6.3.
Acotaci�n en punto al precedente jurisprudencial. Si bien el juez a la hora de decidir no puede dar la espalda al �rgano de cierre encargado de unificar la jurisprudencia, cuenta con la autonom�a como para no ser ciego seguidor de una decisi�n que, claramente, sirve de sendero, pero que no es verdad apod�ctica que no pueda cuestionar, como v�lidamente se cree que lo ha hecho el Tribunal Superior de Manizales, pues aunque se respeta en forma suma el criterio del m�ximo tribunal de la jurisdicci�n ordinaria, en un caso como el presente discurre, no por capricho, ni desavenencia, sino por respeto irrestricto a la ley y a los principios constitucionales, que un desmovilizado del a�o 2006 debe ser juzgado conforme a las leyes que sobre desmovilizaci�n estaban vigentes para ese momento, sin que al apartarse en consecuencia de un criterio judicial contrario encarne una v�a de hecho.
En efecto, la Sala no ha dado la espalda a la decisi�n de la Corte Suprema de Justicia tra�da a colaci�n con la impugnaci�n, ni ha querido tirar por la borda ninguna otra de las decisiones citadas que han adoptado juzgados y tribunales del pa�s, pues precisamente fue su juicioso an�lisis el que nos ha conducido a apartarnos, como v�lidamente les est� permitido a los jueces de un estado que respeta la independencia judicial, siempre y cuando se asuma una carga argumentativa que explique el apartamiento, como aqu� se ha hecho a trav�s de una tesis que se funda nada m�s y nada menos que en el principio de legalidad, sin el cual el derecho fundamental al debido proceso quedar�a en vilo, am�n de las grav�simas repercusiones que para la seguridad jur�dica aparejar�a contemplar que el caso de una persona pueda ser resuelto con normas posteriores y distintas al momento de los hechos.
As� las cosas, hemos de contestar al Fiscal Apelante que la Sala adopta una decisi�n que no contempla indebida o vedada, sino una que se entiende es expresi�n de respeto por la legalidad, estandarte del derecho fundamental a la igualdad y garante de un derecho penal fundado en la dignidad humana; valores todos de raigambre constitucional que reclaman atender la normativa con vigor para el 5 de febrero de 2006, �nico modo posible de no lacerar la legitimidad de un Estado que no puede prometer para luego defraudar, sino que debe respetar las disposiciones de ley dispuestas para la materializaci�n del orden justo que es uno de sus fines esenciales.
No habr� lugar a la paz si los mecanismos para promover su consecuci�n asaltan la seguridad jur�dica de aquellos que, como el se�or EDINSON S�NCHEZ, de buena fe se sometieron voluntariamente a una justicia a la que le reconocieron su falta y se acogieron a un proceso de desmovilizaci�n, con el consecuente respeto de las condiciones que les fueron impuestas para gozar de aquello que ser�a il�gico que posteriormente les fuera arrebatado.
Por manera que avalar la postura del Apelante y por consiguiente, revocar la decisi�n del a quo, significar�a un grave desacierto en el que se estar�a aplicando un criterio judicial posterior a la desmovilizaci�n del encausado, pisoteando la normativa que reg�a para dicho momento y que no fue alterada con la decisi�n de inexequibilidad, como atr�s se rese�� y como acertadamente lo argument� el Juez instructor del asunto.
Al respecto esta misma Corporaci�n en un asunto con identidad tem�tica (Decisi�n del 19 de junio de 2018, Aprobada mediante Acta No. 741, MP: Dennys Marina Garz�n Ordu�a) sell�: �Y, si bien en la actualidad no queda duda que en el ordenamiento jur�dico colombiano no es factible adecuar la conducta de quien conforma un grupo paramilitar, en el delito pol�tico de sedici�n, tambi�n es cierto que, en la coyuntura hist�rica de la desmovilizaci�n del se�or [�], con plena sujeci�n al principio de legalidad, tal opci�n era plenamente viable y patrocinada por la institucionalidad, sin que pueda ahora, asignar efectos retroactivos a la jurisprudencia, en total desmedro de los intereses del investigado�.
Y a prop�sito de la decisi�n de esta Corporaci�n citada, es preciso adicionar que en ella se consider� que, al fundarse la inviabilidad de favorecer al encausado con el auto inhibitorio por el desmedro que una decisi�n tal, ocasionaba a los derechos de las v�ctimas, y por lo tanto, a c�nones generales del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, tal criterio perd�a poder y se ratificaba la prevalencia del principio de legalidad, ante la verificaci�n de que se est� ante un desmovilizado de quien s�lo se censura su pertenencia al grupo ilegal, sin vinculaci�n conocida ni acreditada a actos concretos de victimizaci�n: �Empero, en este evento no hay duda de que lo atribuido al juzgado era la mera pertenencia a un grupo de autodefensa, sin que, por ninguna parte surja su compromiso con actos de barbarie o de delitos que revistan especial connotaci�n frente a los derechos de v�ctimas concretamente identificadas.
Pues en silencio ha transcurrido e incluso, ni siquiera se ha sugerido, que el desmovilizado hubiese tenido alg�n poder de mando o que se le tildara como uno de los sujetos que organiz�, dirigi�, promovi� �en el sentido natural de la palabra- o encabez� la organizaci�n criminal, como para que, al menos en esa condici�n se pudiera plantear que su acci�n personal apareja un delito de tal magnitud.
Por lo dem�s, tampoco asoma que se le haya endilgado la comisi�n de un delito diferente, esto es, de aquellos que por razones pol�ticas o sociales sean encasillados como de lesa humanidad.� As� las cosas, respecto al se�or EDINSON S�NCHEZ, desmovilizado desde el 5 de febrero de 2006, que a partir de ese momento acat� su compromiso respecto a la no comisi�n de punibles en el periodo de dos a�os subsiguientes a la desmovilizaci�n y cumpli� con los requisitos que le demandaba la ley, es imperativo que obtenga la cesaci�n de la causa, como as� se lo prometi� el Estado; no de manera antojadiza, sino por virtud de la ley.
Valga acotar finalmente que durante el tr�mite fue conocido de dos antecedentes penales del se�or S�NCHEZ, uno por el delito de Porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y otro por homicidio, acerca de los cuales se pudo conocer que fueron cometidos el 7 de septiembre de 2015 y el 26 de junio de 2010 respectivamente, trat�ndose de fechas que sobrepasan, con creces, los dos a�os que establec�a la normatividad vigente como lapso en que deb�a comprometerse el desmovilizado a no cometer nuevas ilicitudes, so pena de perder los beneficios de la Ley 975 de 2005.
Ley 418 de 1997// ART�CULO 63. El indulto, la cesaci�n de procedimiento, la preclusi�n de la instrucci�n o la resoluci�n inhibitoria quedar�n sin efecto alguno si el beneficiario cometiere cualquier delito doloso dentro de los dos (2) a�os siguientes a su concesi�n. Esta condici�n se har� conocer en el acto que contenga la decisi�n correspondiente.
Posteriormente, esto es, en el a�o 2012, fue que la normativa ampli� el compromiso a no delinquir, pero es esta modificaci�n legislativa otra normativa no aplicable al caso del se�or EDISON S�NCHEZ, por virtud del pluri-mencionado principio de legalidad, aquel por el cual en el presente prove�do se califica como correcta la determinaci�n de cesaci�n de procedimiento dispuesto en primera instancia. 6.4.
Acotaci�n final. Naturaleza de la decisi�n. Opci�n de interponer recursos. Si bien la competencia se activ� para desatar la segunda instancia respecto a un auto adoptado por el Juez Penal del Circuito Especializado, es preciso hacer notar que la decisi�n de cesaci�n de procedimiento en las circunstancias que ahora nos ata�en, no correspond�a dictarla a dicho juez, sino que, por disposici�n legal, ata��a al Tribunal Superior.
Recu�rdese al respecto la ya mencionada Ley 782 de 2002 en su art�culo 24, que modific� el art. 60 de la Ley 418 de 1997: Art�culo�24. El art�culo 60 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, quedar� as�: Art�culo 60. Se podr�n conceder tambi�n, seg�n proceda, de acuerdo con el estado del respectivo proceso penal, la cesaci�n de procedimiento, la resoluci�n de preclusi�n de la instrucci�n o la resoluci�n inhibitoria, a quienes confiesen y hayan sido o fueren denunciados o procesados por hechos constitutivos de los delitos a que se refiere este t�tulo y no hayan sido a�n condenados mediante sentencia ejecutoriada.
Para estos efectos, se tramitar� la solicitud de acuerdo con los art�culos anteriores y, una vez verificados los requisitos, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitir� la solicitud al Tribunal correspondiente, o a la Direcci�n de Fiscal�a ante la cual se adelante el tr�mite, quienes deber�n emitir de plano, la providencia que decida la respectiva solicitud, en los t�rminos legales y observando el principio de celeridad.
Si la persona se encuentra privada de la libertad, las citadas autoridades deber�n dar tr�mite preferencial a las solicitudes de beneficios jur�dicos, y en la providencia en la cual se conceda la petici�n de preclusi�n de la instrucci�n o la cesaci�n de procedimiento, deber� revocarse el auto de detenci�n del beneficiario, cancelarse las �rdenes de captura en su contra y ordenar oficiar a los organismos competentes.
La Sala Penal del Tribunal respectivo deber� resolver dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir del d�a siguiente al recibo del expediente. Este t�rmino es improrrogable. As� pues, como la decisi�n de cesaci�n de procedimiento deb�a dictarse por esta Sala Penal, en pro de arrimar a la soluci�n menos traum�tica, con la que se mantenga indemne las garant�as de partes e intervinientes, ahora se dejar� sin efectos la decisi�n adoptada en principio, pero no para devolver las diligencias nuevamente al a quo, sino para proceder a emitir la decisi�n que en primera instancia correspond�a a este Tribunal dictar, aclarando que frente a ella proceden los recursos de reposici�n y apelaci�n. Decisi�n -ya citada- de la Corte Suprema de Justicia respalda tal postura (11 de julio de 2007, radicado 26945): 2.
Como se puede advertir, la disposici�n que otorga competencia a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial para resolver las solicitudes de cesaci�n de procedimiento, no establece la posibilidad de que los pronunciamientos que con tal motivo se originen tengan alg�n recurso. 3. Sin embargo, la decisi�n de conceder o no la cesaci�n de procedimiento (o preclusi�n de la investigaci�n), de acuerdo a las reglas generales que aparecen consagradas en las leyes procesales, es de naturaleza interlocutoria.
Contra tal clase de providencias procede tanto el recurso de reposici�n como el de apelaci�n. Pero as� mismo, el art�culo 31 Superior se�ala que �Toda sentencia judicial podr� ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley�, salvedad que no existe en el presente asunto. 4. Igualmente, la legislaci�n procesal tradicionalmente ha establecido que a la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia corresponde �� los recursos de apelaci�n� en los procesos que conocen en primera instancia los tribunales superiores de distrito� (Ley 600 de 2000, art�culo 75-3); y la nueva codificaci�n que introduce un sistema de clara estirpe acusatoria, tambi�n se�ala que esta Corporaci�n tiene competencia para resolver �los recursos de apelaci�n contra los autos y sentencias que profieran en primera instancia los tribunales superiores� (Ley 906 de 2004, art�culo 32-3).
Adicionalmente, y por v�a anal�gica, para los asuntos de justicia de transici�n regulados por medio de la Ley 975 de 2005, se prev� en el art�culo 26 que �la apelaci�n procede contra los autos que resuelvan asuntos de fondo�. 5. En fin, y a modo de conclusi�n, la Sala entiende, con el Tribunal Constitucional, que el principio de la doble instancia constituye "una piedra angular dentro del Estado de derecho", como quiera que garantiza, en forma plena y eficaz, el derecho fundamental de defensa al permitir que "el superior jer�rquico del funcionario encargado de tomar una decisi�n en primera instancia, pueda libremente estudiar y evaluar las argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al convencimiento de que la determinaci�n adoptada se fundament� en suficientes bases f�cticas y legales o que, por el contrario, desconoci� pruebas, hechos o consideraciones jur�dicas que ameritaban un razonamiento y un juicio diferente", elementos de juicio que imponen considerar que contra el auto que decide la solicitud de cesaci�n de procedimiento en los t�rminos de la Ley 782 de 2002, procede el recurso de apelaci�n, surgiendo as� innegable la competencia de esta Corporaci�n para resolver la impugnaci�n que de manera subsidiaria ha promovido la defensora en el presente asunto. 7.
DECISI�N En m�rito de lo precedentemente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, EN SALA DE DECISI�N PENAL, RESUELVE:
PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el d�a 17 de enero de 2019 por el Juzgado Penal de Circuito Especializado de Manizales, Caldas, materia de disenso.
SEGUNDO: CESAR EL PROCEDIMIENTO seguido en contra del se�or EDINSON S�NCHEZ como autor del delito de Concierto para delinquir agravado bajo el radicado 2018-00008-01, tras su admisi�n de responsabilidad, resultando favorecido por los beneficios propios de la desmovilizaci�n en los t�rminos fijados por la ley para el momento de su entrega voluntaria.
SEGUNDO: SE INFORMA que en contra de la presente decisi�n proceden los recursos de reposici�n y apelaci�n. Notif�quese y c�mplase. Los Magistrados, GLORIA LIGIA CASTA�O DUQUE DENNYS MARINA GARZ�N ORDU�A C�SAR AUGUSTO CASTILLO TABORDA Valentina R�os Gonz�lez -Secretaria- Ver folios 4 a 6 del expediente. Ver Folio 7. Folios 9 y 10. Folios 71 a 74. Folio 115. Folios 119 a 121. Folios 124 a 140. Folios 192 a 200. Folio 207. Folio 271 a 281. ART�CULO 24.�El art�culo� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997_pr001.html" \l "60" 60�de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, quedar� as�: Art�culo 60.
Se podr�n conceder tambi�n, seg�n proceda, de acuerdo con el estado del respectivo proceso penal, la cesaci�n de procedimiento, la resoluci�n de preclusi�n de la instrucci�n o la resoluci�n inhibitoria, a quienes confiesen y hayan sido o fueren denunciados o procesados por hechos constitutivos de los delitos a que se refiere este t�tulo y no hayan sido a�n condenados mediante sentencia ejecutoriada.
Para estos efectos, se tramitar� la solicitud de acuerdo con los art�culos anteriores y, una vez verificados los requisitos, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitir� la solicitud al Tribunal correspondiente, o a la Direcci�n de Fiscal�a ante la cual se adelante el tr�mite, quienes deber�n emitir de plano, la providencia que decida la respectiva solicitud, en los t�rminos legales y observando el principio de celeridad.
Si la persona se encuentra privada de la libertad, las citadas autoridades deber�n dar tr�mite preferencial a las solicitudes de beneficios jur�dicos, y en la providencia en la cual se conceda la petici�n de preclusi�n de la instrucci�n o la cesaci�n de procedimiento, deber� revocarse el auto de detenci�n del beneficiario, cancelarse las �rdenes de captura en su contra y ordenar oficiar a los organismos competentes.
La Sala Penal del Tribunal respectivo deber� resolver dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir del d�a siguiente al recibo del expediente. Este t�rmino es improrrogable. En la decisi�n se lee: �En suma, con el tr�mite impartido a los art�culos 70 y 71 de la Ley 975/05 se desconoci� el principio de consecutividad, ya que como resultado de la indebida tramitaci�n de la apelaci�n presentada en el Senado ante la decisi�n de negarlos adoptada por las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes, finalmente fueron remitidos a Comisiones Constitucionales que no eran competentes; y una vez aprobados por �stas �ltimas sin tener competencia para hacerlo, fueron introducidos de manera irregular en el segundo debate ante la plenaria del Senado, como si hubiesen sido aprobados por las Comisiones Constitucionales facultadas para ello. � 3.4.4.�As� las cosas,�ha de concluirse que los art�culos 70 y 71 acusados son inexequibles por vicios�de procedimiento en su formaci�n y as� se se�alar� en la parte resolutiva de esta sentencia.� Sentencia C-122 de 2011: �La excepci�n de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por v�a de excepci�n, se fundamenta en la actualidad en el art�culo 4� de la Constituci�n, que establece que��La Constituci�n es norma de normas.
En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci�n y la ley u otra norma jur�dica, se aplicar�n las disposiciones constitucionales��. Esta norma hace que nuestro sistema de control de constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un sistema mixto ya que combina un control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra norma jur�dica por ser contraria a la Constituci�n. De otra parte hay que tener en cuenta que el control por v�a de excepci�n lo puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una norma jur�dica en un caso concreto.
Este tipo de control se�realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad o el particular al momento de aplicar una norma jur�dica que encuentre contraria a la Constituci�n.� La misma Corte Suprema de Justicia, en decisiones posteriores como la adoptada el 3 de diciembre de 2009 bajo el radicado 32.672, ratific� la inviabilidad de encuadrar conductas punibles comunes y lesivas de la seguridad p�blica en la categor�a de delitos pol�ticos: �A nivel interno, ya esta Corporaci�n se ha pronunciado en el sentido que las conductas cometidas por los integrantes de grupos paramilitares, entre ellos, los miembros de las autodefensas que en virtud de acuerdos con el Gobierno Nacional se han desmovilizado, no tienen posibilidad de enmarcarse dentro del concepto de delito pol�tico, porque, entre otras razones, sus actos �no fueron ejecutados con el prop�sito de atentar contra el r�gimen constitucional y legal vigente, (sino) con denunciado apoyo de importantes sectores institucionales y procurando obtener beneficios particulares� �Finalmente, la Corte no conceder� efectos retroactivos a estas decisiones, como lo solicitaron los demandantes, seg�n lo resumido en el apartado 3.1.5. de los Antecedentes de esta sentencia. Por lo tanto, se aplican las reglas generales sobre efecto inmediato de las decisiones de la Corte Constitucional, de conformidad con su jurisprudencia.�. Folio 9. En la misma decisi�n se concluye adem�s: �En cambio, en el sub examine se est� en presencia de una persona que resguardado en el marco jur�dico de la �poca, se desmoviliz� para obtener beneficios por dicho proceder, atribuy�ndosele el delito pol�tico de sedici�n, si�ndole concedida la gracia consistente en resoluci�n inhibitoria, la que, se reitera, pod�a ser revocada en exclusiva si el beneficiado perpetraba delito doloso dentro de los dos a�os siguientes a su concesi�n, no pudiendo con exclusi�n a ese entorno, aplic�rsele en su contra en palmaria contrav�a de su situaci�n jur�dica ya reconocida.� P�gina PAGE 22 Ley 600: 2018-00008-01 EDINSON S�NCHEZ Concierto para delinquir Agravado Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal 67Kfx{����������* + ���������vc�N��;%h�q5�CJOJQJ^JaJmH sH (h� hYACJOJQJ^JaJmH sH %hL-�5�CJOJQJ^JaJmH sH %h~N5�CJOJQJ^JaJmH sH %h�(�5�CJOJQJ^JaJmH sH "h� CJOJQJ^JaJmH sH "h�(�CJOJQJ^JaJmH sH "h~NCJOJQJ^JaJmH sH "hYACJOJQJ^JaJmH sH h�qmH sH 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X"X�Z8�T�tulo 2�d�d@&[$\$5�CJ$\�aJ$mH $sH $tH $NA ���NFuente de p�rrafo predeter.Ri���R 0Tabla normal�4� l4�a�,k ���, 0 Sin lista<@�<YA Encabezado ��8!X�/��XYAEncabezado Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH "@"YA0�Texto nota pie,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,texto de nota al pie,Footnote Text Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Cha,Footnote Text Cha,ftCJaJ`�/��!`YA0Texto nota pie Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH &`��1YA�Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Footnote number,referencia nota al pie,BVI fnr,f,Ref,de nota al pie,FC,Ref. de nota al pie 2,Pie de P�gina,Footnote symbol,Footnote,Ref. de nota al pie2,Nota de pie,Ref1H*,�/��A,YA�Texto nota pie Car1,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,texto de nota al pie Car,Footnote Text Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char Car, Car Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH Z�`��RZYA Sin espaciado$CJOJPJQJ_HaJmH sH tH H�@bHYA P�rrafo de lista ��^��m$V�/��qVYA0Texto independiente CarOJPJQJtH ZB�ZYA0Texto independiente�xCJ^JaJmH $sH $l�/���lYA0Texto independiente Car1$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH B �BYA0 Pie de p�gina �C�"^�/���^YA0Pie de p�gina Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH N^@�Nh00Normal (Web)�d�d[$\$mH $sH $tH $:U`���: h00Hiperv�nculo >*ph�J�/���J�Z8�T�tulo 2 Car5�CJ$OJPJQJ\�aJ$@��@�Z8unico�d�d[$\$mH $sH $tH $D�D�Z8sangria �d�d[$\$mH $sH $tH $ �/�� 'yyb_ajL�"L #� 0Texto de globo"CJOJ QJ ^J aJT�/��1T"� 0Texto de globo CarCJOJ PJQJ ^J aJPK!����[Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a������(7��I��R�{�pgL�=��r����8�5v&����uQ�뉑8��C����X=����$�?6N�JC�������F�B.ʹ'�.�+���Y�T���^e5�5�� ��ð�_�g -�;�����Yl�ݎ��|6^�N��`�?���[��PK!�֧��6_rels/.rels���j�0���}Q��%v/��C/�}�(h"���O� ������=������ 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