Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Manizales

Radicado: 17-001-22-13-000-2020-00056-00

Sala: SALA CIVIL - FAMILIA

Ponente: Dr. Alvaro Jose Trejos Bueno.

Fecha: 2020-05-18

Sujetos procesales: IPS FAMI PARAÍSO S.A.S EN CONTRA DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE MANIZALES, VINCULADOS POR PASIVA LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS SAS, EL BANCO DE BOGOTÁ, EL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA Y LA SOCIEDAD PHARMASAN SAS.

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Manizales, dieciocho de mayo de dos mil veinte. I. OBJETO DE DECISI�N Se resuelve en primera instancia la acci�n de tutela instaurada por la Representante Legal de la IPS FAMI PARA�SO S.A.S, en contra del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales; tr�mite constitucional dentro del cual se vincul� por pasiva al Laboratorio Cl�nico Marcela Hoyos SAS, el Banco de Bogot�, el Juzgado S�ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga y la sociedad Pharmasan SAS.

II. DEMANDA Por intermedio de acci�n constitucional se solicit� la protecci�n de los derechos fundamentales a la dignidad humana, m�nimo vital de los trabajadores de la salud, y trabajo, para lo cual implor� ordenar al Despacho judicial accionado el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre las sumas de dinero que se encuentren congeladas en las entidades financieras, as� como las medidas que pesen sobre derechos derivados de contratos de prestaci�n de Servicios de la Salud, con EPS, IPS o dem�s actores del sistema de seguridad social integral; que dicho proceder se efect�e por la C�lula judicial dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci�n del respectivo fallo de tutela; que una vez efectuado el registro de las materias indicadas, se abstenga de ejercer cualquier acto que pueda coartar de alguna manera las garant�as fundamentales.

Como petici�n subsidiaria se clam� disponer el reconocimiento de que los dineros que administra y ejecuta son provenientes del Sistema General de Seguridad Social y administrados por el ADRES, y ellos tienen caracter�sticas de ser inembargables. En sinopsis, como apoyo f�ctico plante�: 1. El d�a 2 de marzo solicit� al Juzgado accionado en contestaci�n de demanda, solicit� que teniendo en cuenta que los recursos que administra y ejecuta son provenientes del Sistema General de Seguridad Social y administrados por el ADRES, tienen caracter�sticas de ser inembargables, se levantara las medidas cautelares que pesan sobre las sumas de dinero que est�n a �rdenes del Despacho, y aquellas que se encuentren congeladas en las entidades financieras, as� como las medidas que pesen sobre derechos derivados de contratos de prestaci�n de servicios de la salud, con EPS, IPS o dem�s actores del sistema de seguridad social integral, tal como se estable en el decreto 1101 de 2007.

Sin que se le haya dado tramite en aquella oportunidad, pues los t�rminos no estaban suspendidos por la medida sanitaria del Covid 19. 2. Con las medidas de embargos ordenadas por el Juzgado demandado se han generado graves perjuicios econ�micos, administrativos y sociales, no solo a la IPS, sino tambi�n a los trabajadores de la salud donde se encuentran madres cabeza de familia, incapacitados y dem�s personal a los cuales se les adeudan salarios y dem�s acreencias laborales y de seguridad social integral, siendo vulnerados los derechos fundamentales, ya que lo percibido por la IPS es fuente principal de sus ingresos; de acuerdo con la jurisprudencia, debe ser evaluado desde un punto de vista de la satisfacci�n de las necesidades m�nimas del individuo, por lo cual es necesario realizar un an�lisis de las circunstancias de cada caso concreto. 3.

Algunos trabajadores no han podido acceder a otro empleo, perdiendo un trabajo decente, derechos, ingresos que les permitan acceder al m�nimo vital y a condiciones dignas. 4. En el oficio circular 0135 de 28 de enero de 2019, proveniente del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales en su �PAR�GRAFO� final se lee con claridad la excepci�n de inembargabilidad de los recursos de los que habla el art. 594 del CGP y dem�s normas concordantes, sin indicarle a las entidades que informaran al Despacho la procedencia de los recursos. 5.

El Juzgado cognoscente no tuvo en cuenta al expedir la medida de embargo, la aplicaci�n de las disposiciones legales que protegen a los actores del sistema de seguridad social en salud. 6. Se han realizado varias peticiones a las entidades bancarias donde se encuentran las cuentas congeladas como por ejemplo al Banco Bogot� S.A., a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Defensor�a del Consumidor Financiero, quienes han manifestado que le corresponde al Juzgado respectivo ordenar el desembargo de dicha cuentas y contratos. 7.

Con dicha medida en el tiempo de la emergencia sanitaria que se vive por el Covid-19, se ha imposibilitado el cumplimiento de los fines esenciales de un servicio p�blico, como lo es claramente la prestaci�n de servicios asistenciales en salud y el pago de sus funcionarios. 8. Adem�s no ha podido participar activamente en la prevenci�n y mitigaci�n de efectos de la Pandemia del COVID-19, as� como de la realizaci�n de las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud, como s� han tenido la oportunidad otras IPS, violando igualmente el derecho al trabajo de la empresa, la cual sin flujo de caja no puede realizar sus labores y por ende cumplir a sus trabajadores.

III. TR�MITE PROCESAL El Juzgado accionado alleg� copia digital de las actuaciones judiciales cuestionadas. Se�al� que ha sido cumplidor de la norma que regula el decreto de medidas cautelares y en cada providencia donde se accede a cautelas, se ha hecho la salvedad con destino a las entidades responsables del registro de las medidas, acerca de la inembargabilidad de las cuentas que por concepto del Sistema General de Participaci�n posea el demandado, al tenor del decreto 1101 de 2007.

Rindi� informe pormenorizado de las actuaciones. Se exterioriz� puntualmente que hecha la verificaci�n en el portal de dep�sitos judiciales del Banco Agrario no figura consignaci�n alguna por el Banco de Bogot�. Advirti� que se encontraba surtiendo la permanencia del edicto emplazatorio de acreedores en la p�gina web del Registro Nacional de Emplazados por el t�rmino de quince d�as, as� como estaban corriendo los t�rminos de traslado para efectos de contestaci�n por parte de la ejecutada, de cara a la notificaci�n por aviso desplegada a trav�s de correo electr�nico por medio del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles de Manizales el 14 de febrero de 2020.

Y obra en el plenario una serie de piezas documentales sobre las cuales el Despacho a�n no se ha pronunciado, atendiendo los t�rminos de traslado que se encontraban surtiendo y que por tal motivo no han sido puestas en conocimiento de las partes, como memoriales suscritos por el abanderado judicial de la parte activa respecto a las diligencias de notificaci�n de la demandada, informes de notificaci�n, embargo de remanentes proveniente de un Juzgado de peque�as causas laborales de Pereira, la r�plica a la demanda ejecutiva.

El Laboratorio Cl�nico Marcela Hoyos Rend�n S.A.S. se opuso con fundamento en la improcedencia de la acci�n, puesto que se trata de una queja por la no resoluci�n de su solicitud al Juzgado, pero dicha providencia tiene recursos, por lo que tiene mecanismos ordinarios. Efectu� otras consideraciones acerca de los recursos percibidos por una IPS.

La Superintendencia Financiera de Colombia inform� en compendio que tramit� queja promovida por el aqu� accionante, en contra del Banco de Bogot�, tr�mite resuelto. Adem�s, describi� sus funciones y competencias. Pharmasan SAS precis� que las IPS tienen la obligaci�n legal de marcar sus cuentas con destinaci�n espec�fica de recursos, conforme la ley 1122 de 2007, en su art�culo 13, concordante con la resoluci�n 3042 de 2007 del Ministerio de Salud y el decreto 971 de 2011, de tal forma que se puedan distinguir los dineros del sector salud en forma independiente denominadas cuentas maestras.

El resto de bienes y rentas de la IPS, dirigidos al desarrollo de su operaci�n y que no est�n destinados espec�ficamente a la seguridad social en salud, de forma clara y p�blica en sus estados de cuenta y registros contables p�blicos, se considera embargables seg�n la sentencia C-313 de 2014. Agreg� que la IPS tiene unas obligaciones claras, expresas y exigibles contenidas en t�tulos a su cargo y la solicitud de embargo de cuentas recay� sobre aquellas que no estaban marcadas o creadas con destinaci�n espec�fica por estar compuestas de recursos p�blicos de la salud.

Por el contrario, se trataba de cuentas corrientes, no cuentas maestras, compuestas con fondos de origen indeterminado pero determinable, sin destinaci�n espec�fica a la prestaci�n del servicio de la salud. IV. CONSIDERACIONES 1. La parte actora ha implorado la salvaguarda de sus derechos fundamentales, vulnerados, seg�n su �ptica, por la medida de embargo decretada en proceso adelantado en su contra que afecta en grado sumo su desempe�o salubre y cumplimiento de obligaciones laborales. 2.

La acci�n de tutela, bien se sabe, es un instrumento residual y subsidiario encaminado a la protecci�n de derechos fundamentales, mediante la cual se debaten pol�micas de naturaleza constitucional, cuando no existe ning�n otro mecanismo efectivo para su amparo; por ende, no es concebible como suced�neo de figuras procesales predestinadas a alcanzar la satisfacci�n de derechos.

En cuanto a la procedencia excepcional de la acci�n tuitiva contra providencias judiciales, se debe analizar, con ponderaci�n, habida cuenta que su naturaleza no suple mecanismos de soluci�n de la contienda judicial resuelta por el operador jur�dico. Se advierte, por ende, que no es admisible su formulaci�n cuando est� latente la controversia jurisdiccional donde el afectado posee oportunidades para emprender la salvaguarda de sus garant�as esenciales y, menos a�n, puede entronizarse para enmendar las falencias en que se hubiese incurrido en una defensa procesal de intereses.

La Corte Constitucional ha trazado una l�nea de requisitos para la procedencia excepcional de la acci�n de tutela contra providencias judiciales. Tesis recopilada en sentencia T-025 de 2018: � Los requisitos generales de procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales 7. De conformidad con la l�nea jurisprudencial uniforme y actual de esta Corporaci�n desde la sentencia C-590 de 2005, los requisitos generales de procedencia excepcional de la acci�n de tutela contra providencias judiciales son los siguientes: (i) que la cuesti�n que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible vulneraci�n de los derechos fundamentales de las partes;

(ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, es decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci�n de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, o sea, que la tutela se interponga en un t�rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin� la vulneraci�n;

(iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, �sta debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci�n, como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. � Requisitos espec�ficos de procedencia de la acci�n tutela contra providencias judiciales Los requisitos espec�ficos aluden a la concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en raz�n de su gravedad, hacen que �ste sea incompatible con los preceptos constitucionales.

De conformidad con la jurisprudencia vigente de esta Corporaci�n, reiterada en esta providencia, estos defectos son los siguientes: Defecto org�nico: ocurre cuando el funcionario judicial que profiri� la sentencia impugnada carece en forma absoluta de competencia. Defecto procedimental absoluto: se origina cuando el juez actu� completamente al margen del procedimiento establecido. Defecto f�ctico: se presenta cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci�n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi�n, o cuando la valoraci�n de la prueba fue absolutamente equivocada.

Error inducido: sucede cuando el Juez o Tribunal fue v�ctima de un enga�o por parte de terceros y ese enga�o lo condujo a la toma de una decisi�n que afecta derechos fundamentales. Decisi�n sin motivaci�n: implica el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta de los fundamentos f�cticos y jur�dicos de sus decisiones.

Desconocimiento del precedente: se configura cuando por v�a judicial se ha fijado el alcance sobre determinado asunto y el funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida. Violaci�n directa de la Constituci�n: se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisi�n que desconoce, de forma espec�fica, postulados de la Carta Pol�tica.

Defecto material o sustantivo: ocurre cuando se decide con base en normas inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al caso concreto, o cuando se presenta una evidente y grosera contradicci�n entre los fundamentos y la decisi�n�. 3. El caso concreto - A ra�z de la demanda ejecutiva, el Juzgado demandado, mediante prove�do calendado 28 de enero de 2019, libr� mandamiento de pago en favor del LABORATORIO CL�NICO �MARCELA HOYOS REND�N SAS y a cargo de la IPS FAMI PARA�SO SAS por el capital obrante en cada una de las facturas aportadas al tr�mite 496.651.755��, m�s los intereses de mora causados sobre los capitales de cada t�tulo valor, generados desde el vencimiento de cada uno de ellos hasta su pago total. - En la misma fecha se decret� el embargo y retenci�n de los dineros pose�dos por la ejecutada en las entidades bancarias BANCOLOMBIA, BANCO CAJA SOCIAL, AV VILLAS, BBVA, DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOT�, BANCO POPULAR y BANCO DE OCCIDENTE y se orden� librar las respectivas comunicaciones por Secretar�a, siguiendo las disposiciones legales contenidas en el numeral 9 del art. 593 CGP y el Decreto 1101 de 2007, es decir �que el embargo decretado no cobija las cuentas que por concepto de sistema general de participaci�n posea el demandado, las cuales son inembargables�. - El 8 de febrero de 2019 el BANCO DE BOGOT� comunic� que procedi� con el registro de la novedad respecto a las cuentas de ahorros 141198119 � 218159770 � 218159788 � 390246932 en las cuales figura como titular la IPS FAMI PARA�SO SAS, no obstante, advirti� que sobre esas cuentas se registraban embargos pendientes. - BANCOLOMBIA el 13 de febrero siguiente procedi� con el registro de la cautela informando que respecto a la cuenta corriente 328-282251-13 figuraban embargos anteriores, y se aplicar�a una vez los otros fueran evacuados.

Frente a las cuentas de ahorros 328-515824-60, 328-515837-41, 328-515841-36, puso de presente que si bien se registraba el embargo, su saldo se hallaba bajo el l�mite de inembargabilidad seg�n circular 64 octubre 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia. - Otras entidades registraron que la demandada no reportaba productos. - El 5 de marzo de 2019 se rog� el embargo y secuestro de los cr�ditos que tuviera la IPS ejecutada frente a la ASOCIACI�N MUTUAL LA ESPERANZA SALUD - ESS - ASMET SALUD EPS, mediante providencia de 11 ulterior, se accedi� al pedimento y se decret� la cautela solicitada, con las previsiones contenidas en el art. 593 CGP. - El 15 de marzo de 2019 el BANCO DE BOGOT� inform� que procedi� con el congelamiento de la suma de $391.056.185,02, correspondiente al saldo obrante en cuenta; no obstante, el dep�sito no se hab�a realizado por no contar con la identificaci�n de la entidad demandante; el Juzgado accedi� a suministrar la informaci�n pedida. - La EPS ASMET SALUD adujo que adeudaba a la IPS FAMI PARA�SO SAS la suma de $1.001.263.967��, m�s $52.804.296��, por concepto de glosas por conciliar, pero con fundamento en las normas, lo determinado por el Ministerio de Salud y Protecci�n Social y la Procuradur�a General de la Naci�n, los recursos del sistema de seguridad social en salud gozan del principio de inembargabilidad y como consecuencia resulta improcedente la medida cautelar de embargo de dichos recursos, adem�s de asegurar que no es posible emplear las cuentas maestras de las EPS para el pago de dep�sitos judiciales, pues ese tipo de cuentas solo permiten pagos a IPS debidamente registradas y este no es el caso de las cuentas judiciales. - Se inform� la realizaci�n de pago por la ejecutada por valor de 40.410.066��. - El 4 de abril de 2019 el Juzgado cognoscente dispuso que el embargo de remanentes arrimado por el Juzgado S�ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, surt�a efectos legales, en relaci�n con litis donde figura como demandante PHARMASAN SAS y demandada FAMI PARA�SO SAS. - El 5 de junio de 2019 se solicit� por la parte ejecutante la acumulaci�n de procesos con radicaciones 2019-00133 y 2019-00219 tramitados en el Juzgado Doce Civil Municipal de Manizales, petici�n a la cual se accedi� el 14 de agosto de 2019, al paso que se dispuso suspender el pago a acreedores y emplazar a quienes tuvieran cr�ditos con t�tulos de ejecuci�n contra la ejecutada. - Previa solicitud de parte interesada, el Juzgado de instancia decret� los embargos de los cr�ditos que a favor del demandado, ten�a la DTSC, la GOBERNACI�N DE RISARALDA - SECRETAR�A DE SALUD.

Efectuando aclaraci�n s�mil a la enunciada en otro prove�do de medidas cautelares relativo con la inembargabilidad con soporte en el decreto 1101 de 2007. En ambos casos, se comunic� que a la fecha no figuraban cr�ditos pendientes o que se hab�a procedido con el registro de la novedad, sin que figuraran otros embargos o cesi�n. - El 19 de septiembre de 2019 el BANCO DE BOGOT� exterioriz� que procedi� con el registro de la novedad respecto a las cuentas de ahorros 141198119 � 218159770 � 218159788 � 390246932 y la cuenta corriente 327038519, en las que figura como titular la IPS, a pesar de que esas cuentas no contaban con saldos. - A trav�s de prove�do fechado 28 de noviembre de 2019, entre otros asuntos, se neg� la solicitud de emplazamiento deprecada por la parte activa, al no haberse agotado previamente la notificaci�n personal de la ejecutada. - Mediante auto emitido el 10 de diciembre de 2019 se agreg� al expediente la constancia de permanencia en la p�gina web y medio escrito del edicto emplazatorio de los acreedores y se dispuso su inclusi�n en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. - Atinente con los procesos acumulados se tiene que las radicaciones 2019-00133-00, y 2019-00219-00, tramitados inicialmente por el Juzgado Doce Civil Municipal de Manizales, fungen las mismas partes y en ambas se libr� el respectivo mandamiento de pago y se decretaron medidas cautelares. 4.

Resulta del examen probatorio y f�ctico de la controversia constitucional que la parte accionante se�al� la configuraci�n de menoscabo de sus intereses y de los empleados a su cargo en relaci�n con las cautelas de embargo de cuentas financieras decretadas dentro de proceso ejecutivo adelantado en su contra, aunado a la imposibilidad de atender la crisis resultante de la pandemia mundial; salta a la vista, que en este escenario constitucional no son atendibles sus pedimentos en virtud a que revisado el debate no existe transgresi�n de derechos fundamentales, ni ejercicio arbitrario que le sea atribuible al Juzgado accionado.

Evidencia la Colegiatura que el Juzgado de conocimiento accedi� al decreto de cautelas de embargo de dep�sitos de cuentas y en tal sentido se libraron las comunicaciones pertinentes, mientras en las providencias que se emitieron los ordenamientos se clarific� que no pod�an embargarse los valores atribuibles a seguridad social, aspecto que per se pasaba a ser del resorte de la entidad bancaria que recib�a la comunicaci�n y deb�a proceder, en virtud a que era for�neo al conocimiento del Despacho judicial la naturaleza de cada uno de los dep�sitos bancarios, inclusive era desconocedor de los bancos que pose�an saldos en su favor y los montos resguardados.

Ahora se infiere de la contestaci�n arrimada por el Juzgado demandado que existen aspectos sin resoluci�n, y dada la suspensi�n de t�rminos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura y en raz�n al estado de emergencia le est� prohibido a la fecha un pronunciamiento de fondo respecto del asunto. Determinaci�n que a su vez no est� contenido dentro de la competencia del juez en sede constitucional.

Eso s�, es previsible que el congelamiento de dineros por el Banco de Bogot�, entidad bancaria que inform� poseer saldos en favor de la ejecutada y bajo su guardia, acaeci� desde marzo de 2019, es decir hace m�s de una anualidad, sin que se hubieran adelantado gestiones por el ente ejecutado para restaurar su orden financiero, aunado a la informaci�n suministrada por el Juzgado de instancia relativa a que no existen dep�sitos en la cuenta de la C�lula Judicial por dicho concepto.

En consecuencia, no es del caso que en sede constitucional se entre a examinar aspectos relacionados con soportes, normativa o caracter�sticas de los bienes embargados que no han sido entredichas y decididas dentro de la contienda natural y si bien no se desconoce el estado de emergencia sanitaria no es menos cierto que el proceder de la entidad financiera se produjo hace varias mensualidades lo que desvanece una remota incidencia en el desmejoramiento de las condiciones por la sobreviniente suspensi�n de t�rminos. No son revisables tampoco las apreciaciones de la entidad bancaria y de la Superintendencia Financiera cuando no ha existido una providencia que reval�e y estudie el caso, por cuanto los reparos que se enunciaran verter�an pautas impropias para el juez de la causa, m�xime cuando el mecanismo constitucional no es una instancia adicional a la contienda, la que por supuesto, trae consigo la posibilidad de desplegar el uso de medios ordinarios y extraordinarios de cuestionamiento de las decisiones judiciales desfavorables.

En esas condiciones, los reproches constitucionales de la sociedad aqu� accionante no tienen vocaci�n de prosperidad, en cuanto, en realidad, son raciocinios extempor�neos y no solo eso sino en sede impropia. La ritualidad de las etapas procesales, sobre todo lo relacionado con medidas cautelares no ha sido controvertido dentro del proscenio ejecutivo, y no se vio afectada su situaci�n en tantas mensualidades, principalmente si el ahora reclamante opt� por el mutismo ante el Juez natural, am�n de que, bajo el manto de la cr�tica situaci�n sanitaria, no puede obtener el recaudo de un mecanismo excepcional para atacar la legalidad de decisiones judiciales o, peor a�n, anticipar una resoluci�n en desmedro de derechos de terceros acreedores que est�n amparados en un leg�timo proceder. 5.

Se enfatiza que dado el car�cter residual y subsidiario de la acci�n de amparo su �mbito de examen est� limitado de modo que no puede suplir decisiones que sean propias de otras controversias judiciales, o para revivir instancias dilapidadas. En tales circunstancias, no cabe deducir la transgresi�n de derechos fundamentales, cuando la parte interesada no ha intervenido y si bien alleg� r�plica, la misma de acuerdo con lo comunicado por el Juzgado de conocimiento no ha sido a�n incorporada y, por supuesto, de ella no se ha dado noticia cabal a la contraparte.

Para finalizar se resalta que no est� demostrada ni vulneraci�n a garant�as iusfundamentales, ni causales espec�ficas de procedibilidad que declarar. Del examen de la disputa judicial controvertida no se observa la configuraci�n de un defecto f�ctico. Tampoco es posible abrir el espacio para reproches en torno a medidas cautelares soslayando las cargas procesales de las partes.

De lo contrario, de acceder a lo suplicado, se abrir�a paso a una instancia alterna, desquiciadora, como la m�s, del orden jur�dico. En suma, no se encuentra procedente la custodia pretendida, luego, se impone denegar las s�plicas elevadas. V. DECISI�N Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en Sala de Decisi�n Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la Ley, F A L L A: Primero: DENEGAR el amparo constitucional invocado por la Representante Legal de la IPS FAMI PARA�SO S.A.S, en contra del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales; tr�mite constitucional dentro del cual se vincul� por pasiva al Laboratorio Cl�nico Marcela Hoyos SAS, al Banco de Bogot�, al Juzgado S�ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, y la sociedad Pharmasan SAS.

Segundo: REMITIR este expediente a la H. Corte Constitucional para la eventual revisi�n del fallo, en caso de no ser impugnado oportunamente. Tercero: NOTIF�QUESE este prove�do a las partes. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE. Los Magistrados, �LVARO JOS� TREJOS BUENO JOS� HOOVER CARDONA MONTOYA RAM�N ALFREDO CORREA OSPINA Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales.

Sala de Decisi�n Civil-Familia.Tutela.17-001-22-13-000-2020-00056-00  M.P. Jaime C�rdoba Trivi�o.  T-666 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.  Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-324/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Mu�oz): �� s�lo en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, - bien por la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidi�, ora porque su contenido sea abiertamente antijur�dico -, el juez constitucional puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de la atribuci�n ilegalmente otorgada.

S�lo en las condiciones descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisi�n judicial cuestionada no entra dentro de la �rbita de competencia del funcionario que la profiri� y, por lo tanto, constituye una v�a de hecho por defecto org�nico.  Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-014/01 (M.P. Martha Victoria S�chica M�ndez): �Es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial - presupuesto de la v�a de hecho -, de aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la Constituci�n, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos �rganos estatales de la orden constitucional de colaborar arm�nicamente con la administraci�n de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales.� Se trata de una suerte de v�a de hecho por consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado, actu� confiado en la recta actuaci�n estatal, cuando en realidad �sta se ha realizado con vulneraci�n de derechos constitucionales, al inducirlo en error.� En tales casos - v�a de hecho por consecuencia - se presenta una violaci�n del debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la actuaci�n inconstitucional de otros �rganos estatales.�  Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-292/06 (M.P. Manuel Jos� Cepeda Espinosa).     PAGE 15 PAGE 11 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales Sala Civil-Familia Tutela 17-001-22-13-000-2020-00056-00 GHz{�����������˸���xfTBxf-TfB(h�R�hg\0CJ OJPJQJaJ nH tH "hG`�CJ OJPJQJaJ nH tH "h�!�CJ OJPJQJaJ nH tH "h�l.CJ OJPJQJaJ nH tH (h�R�h�l.CJ OJPJQJaJ nH tH +h��h�R�5�CJ OJPJQJaJ nH tH (h�R�h�R�CJ OJPJQJaJ nH tH %hyghgp5�6�CJ OJQJ\�aJ$-hyghgp5�6�CJ OJQJ\�aJ$mH sH :jhpmlhpml5�6�CJ OJQJUaJ$mHnHtH u*4GHz{������z { � ���������������$��d`��a$gdfC$��d`��a$gdFy$��d`��a$gdL@�$��d`��a$gd�l. $da$gdB_� $da$gd�l. $da$gdL@� $da$gdL@�$ ��d�1$a$gdgp������� 6: ` g � � � ��ʵ���ucN9N'c"h�pCJ OJPJQJaJ mH sH (h�ph�m�CJ OJPJQJaJ mH sH (h�ph�pCJ OJPJQJaJ mH sH "h~xCJ OJPJQJaJ mH sH "h�&�CJ OJPJQJaJ nH tH 1h�R�h�R�5�>*CJ OJPJQJ\�aJ nH tH (h�R�h�R�CJ OJPJQJaJ nH tH (h�R�h�l.CJ OJPJQJaJ nH tH "h�7�CJ OJPJQJaJ nH tH "h�R�CJ OJPJQJaJ nH tH "h7m�CJ OJPJQJaJ nH tH � � �    ^ _ k r z {  � � ����|cM8(h�R�h�R�CJ OJPJQJaJ nH tH +h�R�5�>*CJ OJPJQJ\�aJ nH tH 1h�R�h�R�5�>*CJ OJPJQJ\�aJ nH tH "hfCCJ OJPJQJaJ mH sH (h�0�hFyCJ OJPJQJaJ mH sH "hFyCJ OJPJQJaJ mH sH "h7m�CJ OJPJQJaJ mH sH (h�ph�pCJ OJPJQJaJ mH sH "h~xCJ OJPJQJaJ mH sH "he �CJ OJPJQJaJ mH sH � � ��5� �>S " # �"�"����������������$��d`��a$gd^z�$�nd�1$^�na$gd�_�$�nd�1$^�na$gd�V#$�nd�1$^�na$gd�S$��d`��a$gd�VR$��d`��a$gd� h$��d`��a$gdL@�� � � � � � � � � � � � � ��ʷ��~�kXE2%h1i,CJ OJPJQJ\�aJ nH tH %h� hCJ OJPJQJ\�aJ nH tH %hm:�CJ OJPJQJ\�aJ nH tH %h�s\CJ OJPJQJ\�aJ nH tH %h� CJ OJPJQJ\�aJ nH tH %h�A fjxz��!,1�������5789ew����,����ꮜ����Պ������՜������������Պ����x�������#h4^B*OJPJQJnH phtH #h�R\B*OJPJQJnH phtH #h�3DB*OJPJQJnH phtH )h"?�h�3DB*OJPJQJnH ph�tH #h�SB*OJPJQJnH phtH )h�Sh�SB*OJPJQJnH phtH )h"?�h�SB*OJPJQJnH ph�tH /,-��������  JK���� i�������/8VW���� #.:cd�����������������������شآآ�����آ؍آآآآآآآآ��)h�Sh�R\B*OJPJQJnH phtH #hT>B*OJPJQJnH phtH #h4^B*OJPJQJnH phtH #h�V#B*OJPJQJnH phtH )h�Sh�SB*OJPJQJnH phtH #h�SB*OJPJQJnH phtH 4���34 @BVW_aop����  SW\tu��/0M���� ��������������ƴ��������ƢƢƢƢ�ƢƢƢ�ƢƢ�~#h3hB*OJPJQJnH phtH #h�R\B*OJPJQJnH phtH #hIKvB*OJPJQJnH phtH #h�SB*OJPJQJnH phtH )h�Sh�SB*OJPJQJnH phtH #h4^B*OJPJQJnH phtH #h�_�B*OJPJQJnH phtH.

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